Política y Administración Pública
Historia del Partido de la Revolución Democrática
LINEA POLÍTICA.
I. La lucha democrática antes del 2 de julio del 2000
El cambio electoral producido el 2 de julio y el contexto en el que se sitúa el proceso de transformación del Partido de la Revolución Democrática se enmarca en el fenómeno internacional caracterizado como globalización o mundialización.
I. Este fenómeno ha producido la consecuente profundización de las desigualdades sociales y económicas. Ha implicado una pérdida de la autonomía relativa del estado frente al capital y el consecuente abandono de políticas públicas y acciones de amplio beneficio social. Ha producido cambios esenciales en el papel y características del Estado, limitando su capacidad de articulación de
identidades y su legitimidad interna
En el marco internacional se han desarrollado cambios sustanciales dentro de nuestro país,
la aplicación de políticas de ajuste estructural y de reconversión económica desde hace por lo menos 18 años
la consecuente reducción de la inversión pública y el abandono del Estado de políticas de bienestar social.
La estabilización de las variables macroeconómicas y el empobrecimiento generalizado de la población.
el debilitamiento y deslegitimación del régimen político autoritario.
El establecimiento de un sistema aún limitado de partidos políticos y la democratización de las reglas electorales
la ampliación de las luchas por la democracia, el debilitamiento de las organizaciones sociales tradicionales y la expansión de espacios de participación en organismos civiles y no gubernamentales
la ampliación de la esfera de influencia y de la independencia relativa de los medios de comunicación frente al régimen político.
La derrota electoral del viejo régimen de partido de Estado, producida el 2 de julio de 2000, es el fruto de proceso histórico de luchas sociales que enfrentaron el autoritarismo del gobierno, como los movimientos ferrocarrilero del 57, magisterial del 56-58, del sector salud del 64, el estudiantil del 68 y la guerrilla de los años setenta. Sin duda la lucha del movimiento feminista por lograr el pleno reconocimiento de los derechos políticos y sociales de las mujeres ha sido un factor determinante para la caída del régimen priista.
Parte de las movilizaciones populares se orientaron en contra de la imposición y a favor del sufragio efectivo y el respeto a la voluntad popular. Se hizo prioritaria, así, la lucha por el cambio de régimen político sobre la base de la superación del sistema de partido de Estado y la democratización. El Partido de la Revolución Democrática se constituyó en favor del respeto a la voluntad popular, el cual fue objeto de represiones en contra de militantes, especialmente los de dirigentes sociales perredistas.
De esta manera el PRD tiene que enfrentar un doble reto: convertirse en un partido político y resistir el hostigamiento del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Mientras mucho políticos se dejaron seducir por modernidad Salinista, nosotros mantuvimos una actitud critica y responsable, exigimos el respeto al voto en todos aquellos procesos en donde fue violada la voluntad popular y por medio de la movilización social.
Nuestro Partido nació en las vísperas del fin del mundo bipolar y de la Guerra Fría, en 1989 se transformó la geografía política internacional. En nuestro primeros años de vida conocimos el crecimiento electoral de la derecha, experimentamos el auge del proyecto neoliberal y padecimos sus consecuencias en el deterioro de los derechos sociales, inequidad y depredación del medio ambiente.
Al tiempo que el PRD confrontaba al régimen de Salinas de Gortari, Acción Nacional fue desarrollando una convergencia estratégica con el gobierno salinista. Durante el sexenio de 1988-1994, el Partido Acción Nacional ayudó al régimen de Carlos Salinas de Gortari a contrarrestar la falta de legitimidad política fruto del fraude electoral del cual surgió aquel gobierno.
También el apoyo para hacer frente al PRD y a movimientos sociales y políticos de oposición, en particular el alzamiento zapatista en Chiapas en 1994, y más recientemente un soporte fundamental para la aprobación del fraude de Fobaproa. En los hechos, la convergencia entre el PAN y el gobierno provocó el retraso de la transición democrática del país.
Las luchas electorales del PRD y otras organizaciones políticas y sociales abrieron un proceso de Reformas a las leyes, procedimientos y organismos electorales. Iniciativas diversas del PRD y el PAN fueron la base para el establecimiento de un sistema más equitativo, aunque aun insuficiente, para la competencia y la calificación de las elecciones.
Entre estas iniciativas destaca la que permitió establecer un organismo independiente del poder ejecutivo para la organización y fiscalización de los procesos electorales.
El 6 de julio de 1997, una mayoría ciudadana imprimió un fuerte golpe al viejo sistema. Al votar por primera vez en su historia por un gobernador en el Distrito Federal, el electorado capitalino decidió arrebatar el gobierno local al presidente de la República otorgando un voto ampliamente mayoritario a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
Antes del 6 de julio de 1997, el PRI había perdido mayorías en varias legislaturas y gobiernos en el ámbito local y estatal. La transición de México a la democracia empezaba a tener resultados en el terreno electoral. El PRD realizó amplias alianzas con movimientos políticos, ciudadanos y sociales que le permitieron ganar nuevas gobernaturas
Sin embargo, el impulso de la transición fue frenado durante los años posteriores, hasta antes de las elecciones de 2000. El presidente de la República logró imponer gran parte de su programa, especialmente el rescate exclusivamente público de los bancos comerciales quebrados y los presupuestos de egresos de 1998 y 1999, a través de pactos con el Partido Acción Nacional.
II. Significado de las elecciones del 2 de julio de 2000
Las elecciones del 2 de julio de 2000 abrieron una nueva situación política en el país. El régimen político mexicano, que había entrado en una fase de declinación, derrotó al PRI alcanzando un punto en que se produjo un relevo en el Poder Ejecutivo Federal, ya que es un acontecimiento histórico de signo positivo. Este hecho sitúa de lleno al país en la senda de la transición política.
La mayoría ciudadana votó en favor de un cambio político, por la remoción del PRI, por el fin del sistema de partido de Estado, contra la corrupción, la impunidad y el autoritarismo. Al mismo tiempo, los votantes determinaron que ningún partido posea la mayoría absoluta para imponer su voluntad política en el Congreso de la Unión.
El impulso fundamental proviene, sin embargo, de ciudadanas y ciudadanos que desean el cambio y un futuro mejor y que tienen conciencia del valor de su voto y de su participación política. El escenario político nacional se caracteriza por la batalla donde diversas fuerzas se disputan la hegemonía en la transición política.
Bajo esta perspectiva social, el PRD está convocado a asegurar la connotación democrática de esta transición democrática: luchar por un Estado Social y Democrático de Derecho.
El régimen priista perdió el sustento económico para reproducir el consenso en amplios sectores sociales vinculados a la estructura productiva. El corporativismo gremial se agotó. Se rompen articulaciones políticas e ideológicas del régimen con los trabajadores, campesinos, medianos y pequeños empresarios y por ello se multiplica con la corrupción, impunidad y el autoritarismo.
La elección del 2 de julio, sin embargo, no determinó por sí misma la creación de un nuevo régimen político nacional. La derrota electoral del PRI abre la posibilidad de iniciar el proceso de democratización del Estado mexicano. Sin embargo, aún persisten numerosos elementos del viejo sistema político en las diferentes gobernaturas y presidencias municipales, la inmensa mayoría de las organizaciones sociales se mantienen bajo la dirección de la vieja burocracia priista, la corrupción sigue siendo parte del sistema, las leyes mantienen su carácter marcadamente presidencialista y autoritario.
La derrota del PRI, aunque alentadora, no supone tampoco el inicio de la solución de los grandes problemas sociales de México, entre ellos el de la pobreza, el patrón de distribución del ingreso y las profundas desigualdades sociales y de género. Las acciones, declaraciones y propuestas de Vicente Fox y sus colaboradores, han detentado el poder económico en nuestro país, confirman que el próximo gobierno buscará la continuidad de un proyecto económico que privilegia el libre mercado y la apertura hacia el exterior.
La reforma fiscal regresiva (donde destaca la intención de imponer el IVA a medicamentos), los proyectos de privatización de sectores y recursos estratégicos (como la energía eléctrica y el petróleo) y las políticas de contención salarial y de «flexibilización» laboral anuncian la profundización de la reestructuración económica que continuará deteriorando las condiciones de vida de amplios sectores lesionando los derechos sociales de la población
Los banqueros, empresarios y tecnócratas que se beneficiaron con las políticas económicas salinistas y con el Fobaproa seguirán siendo los grandes beneficiarios del proyecto económico.
El resultado electoral del 2 de julio ha tenido efectos en todos los partidos políticos.
En el PRI, la derrota electoral ha producido una profunda crisis interna. Diversos grupos se disputan el control y la hegemonía del aparato priista, mientras que otros abren la posibilidad de rupturas, en el interior del PRI existe una disputa por las nuevas definiciones políticas e ideológicas. Se intenta superar la imagen de un partido antidemocrático, autoritario. Intentan disociarse de su perfil neoliberal tratando de perfilarse como una
oposición de centro izquierda al gobierno foxista.
Esta situación plantea al PRD dos dinámicas contradictorias. Por un lado, obliga a nuestro partido a definiciones políticas y programáticas más precisas, que clarifiquen la identidad del PRD como oposición de izquierda en la disputa por las preferencias ciudadanas. Por el otro, se abre la posibilidad de establecer acuerdos en el ámbito parlamentario con el fin de frenar las propuestas neoliberales y conservadoras en el Congreso de la Unión.
El PAN, a pesar de ser el partido triunfante en las pasadas elecciones federales cuenta con una presencia en el Ejecutivo reducida. La brecha existente entre Vicente Fox y el PAN durante la campaña electoral se ha exacerbado. Sin que esto signifique que hoy exista una ruptura. Esto no pone en contra directrices ideológicas contrapuestas.
III. Las elecciones del 2 de julio y el PRD
El resultado de las elecciones del 2 de julio de 2000 representa un paso decisivo en la superación de sistema de partido de Estado y abre la posibilidad para la construcción de un nuevo régimen político democrático. Por otro lado, dicho resultado electoral representó para el PRD una derrota político-electoral.
En el 2000 la votación disminuyó a cerca de la quinta parte. Esta derrota se expresa más claramente por el hecho de que, en 1997, Acción Nacional obtuvo casi la misma cantidad de sufragios que el PRD, por lo que se puede considerar que ambos partidos (PRD y PAN) partían de una base electoral prácticamente igual en 1997 rumbo a las decisivas elecciones del 2000.
Cuando fracasó el intento de construir un pacto opositor nacional, con candidaturas de coalición, debido al rechazo del PAN y de Vicente Fox, el PRD y su candidato a la presidencia, Cuauhtémoc Cárdenas, junto con la alianza realizada con el PT, CD, PAS y PSN, no alcanzaron a presentarse como la fuerza capaz de superar al PRI. El PRD perdió la presidencia pero no se desplomó electoralmente.
Entre los factores que contribuyeron a esta situación se encuentran importantes errores cometidos por el PRD como las elecciones internas anuladas, del 14 de marzo de 1999, que proyectaron un desprestigio del Partido ante la ciudadanía. También la decisión inicial de no convertir al gobierno capitalino en un fuerte opositor y de no proyectar los logros de la administración democrática de la Ciudad de México. A esta situación se sumaron intensas campañas en contra del gobierno capitalino, sumado a las posiciones inconsistentes o falta de definición del PRD en varios conflictos, como en el caso de la Universidad Nacional, dejaron un saldo altamente negativo.
Esta derrota política y electoral del PRD ha tenido que ver principalmente con la incomprensión del escenario al que se había arribado en 1997, cuando el PRD se había convertido en fuerza decisiva para el futuro inmediato del país y las responsabilidades que elloacarreaba en cuanto a los obstáculos que había que sortear e iniciativas políticas a desarrollar para mantener esa posición.
Existen también otras causas que explican el resultado electoral obtenido ya que el partido demasiado débil en muchos estados, especialmente en el norte del país, donde el PRD es muy débil es mayor que el correspondiente al PAN. La presencia tan desigual del PRD constituye un problema de gran fondo y limita sus posibilidades electorales.
La derrota que significó para el PRD no haber logrado encabezar la gran corriente opositora nacional, los planteamientos básicos del Partido en materia de nuevo régimen democrático, programa social, superación del neoliberalismo y defensa de la soberanía sigue teniendo vigencia.
Sin embargo, estos no se han actualizado para adecuarse a las nuevas condiciones del país ni se han desarrollado con la precisión y claridad necesarias.
La vigencia de las demandas de igualdad y justicia social obligó a los candidatos de los otros partidos a incorporarlas como parte de su discurso electoral. Nuestro enunciado programático permitió que muchas de las denuncias de la injusticia social realizadas sistemáticamente por el PRD fueron asumidas demagógicamente por el candidato panista.
En la construcción de las alianzas electorales, el PRD priorizó la conformación de una coalición de partidos políticos, la Alianza por México, que resultó un fracaso con un alto costo para el Partido. Las alianzas electorales en al ámbito social no se consolidaron y este fue un espacio fértil para la proliferación del voto útil.
El refrendo del electorado de la capital del país, que se plasmó en el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno y en 11 delegaciones, constituye una victoria muy importante. Sin embargo, es necesario reconocer que disminuyó el porcentaje de votos en favor del PRD y la pérdida de numerosos distritos electorales y varias delegaciones capitalinas.
Todo lo anterior indica que la derrota del 2 de julio, para el PRD, no significa un desastre, sin embargo, debe ser aquilatada en toda su magnitud de tal manera que el Partido logre su relanzamiento como opción de cambio democrático y popular.
Características del Estado mexicano
A pesar de los resultados del pasado 2 de julio, el Estado mexicano sigue siendo autoritario y acusa un presidencialismo exacerbado. Durante décadas, el presidente asumió en la ley funciones que no le corresponden. Las leyes federales el cual se convirtió en un Estado más antidemocrático. Además, la constitucionalidad mexicana ha sido demasiado enmendada al gusto de los gobernantes en turno, de tal manera que varios derechos sociales se han perdido.
Un rasgo más del autoritarismo del Estado mexicano es el de la militarización. La nación se ha visto tomada por las acciones del Ejército bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico y el control de armas. Prácticamente no hay zona del país que no tenga retenes militares. Grave situación sin duda que viola el marco constitucional pasando por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos que se ven sometidos a controles que sólo deberían existir en un régimen de suspensión de garantías.
La conducción del Estado mexicano se sigue caracterizando por el predominio del llamado neoliberalismo económico y social, cuyos objetivos fundamentales son los de estrechar al mínimo posible la responsabilidad social y económica del Estado, entregar en mayor medida a los grupos empresariales nacionales y extranjeros los recursos naturales de la nación —incluyendo las tierras productivas—, y la infraestructura del Estado, encarar la competencia comercial internacional y la concurrencia financiera dentro de esquemas de desregulación, mantener o empeorar el patrón de distribución del ingreso, erosionar la conciencia nacional y las instituciones públicas de carácter social, y concentrar y centralizar en mayor medida la producción y el capital, con una fuerte concurrencia del capital extranjero.
Todo el proceso de «reforma estructural» ha llevado al enriquecimiento ilícito de grupos políticos y empresariales ligados al poder. Además, en México, el neoliberalismo condujo a otro peculiar acontecimiento: la quiebra de la banca comercial —privatizada de manera atropellada y corrupta—, fue solventada con fondos públicos legalizados en forma de endeudamiento de la nación a través de un organismo especialmente creado para tal efecto, el IPAB, heredero directo del Fobaproa Durante los 18 años de neoliberalismo mexicano, el patrón de distribución del ingreso se hizo más injusto, la pobreza se incrementó gravemente, parte de la producción agropecuaria atrasada fue conducida a la quiebra, las finanzas públicas fueron llevadas a una crisis estructural, se debilitaron los instrumentos financieros del Estado, la empresa pública fue golpeada sistemáticamente, la capacidad del Estado para conducir el desarrollo económico fue carcomida y la apertura comercial y financiera acentuó la vulnerabilidad del país.
En este marco, las elecciones del 2 de julio de 2000 arrojaron un resultado peculiar: ningún partido alcanzó la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión; el nuevo presidente de la República —primero que no procede del PRI desde la fundación de este partido— será un presidente de mayoría relativa electoral.
Al menos por ahora, las fuerzas políticas de la nación se han dividido principalmente en tres partidos, los cuales son los factores exclusivos de mayoría legislativa. A pesar de su condición claramente minoritaria frente a las otras dos opciones el Partido de la Revolución Democrática es uno de esos factores de mayoría, junto con Acción Nacional y el PRI.
La política del nuevo gobierno dependerá, como muy pocas veces en la historia del país, de la capacidad de conformar mayorías legislativas: México ha entrado de lleno en esta característica de la lucha política. La conformación de mayorías legislativas presenta el reto de construir en la sociedad una correlación de fuerzas que coloque al PRD en una situación favorable frente a las otras opciones políticas.
De esta forma se crearán condiciones propicias para el desarrollo de las negociaciones necesarias en los ámbitos legislativos. Entre ellas destacan las dos mayores entidades del país: la Ciudad de México, gobernada por el PRD, y el Estado de México, gobernado por el PRI.
El gobierno de Vicente Fox
El gobierno de Vicente Fox a impulsar una profundización de la política económica neoliberal, terminará por favorecer al capital especulativo nacional e internacional, y por lo mismo, se fortalecerá la concentración de la riqueza en unas cuantas manos, monopolios nacionales y extranjeros y se intentará profundizar la desarticulación de las funciones del estado-nación reduciendo las funciones de gobierno a tareas meramente administrativas y promoción de facilidades para la inversión privada.
El gobierno de Vicente Fox representa, en el terreno económico, la preeminencia de los grupos e iniciativas del capital financiero. Este gobierno asegura la continuidad de las políticas de ajuste estructural y el impulso a la llamada segunda generación de reformas económicas.
Declaraciones públicas del presidente su gabinete presidencial tienen la intención de transferir la carga financiera del Estado a sectores amplios de la población, restringiendo al mismo tiempo los beneficios de la acción pública y ampliando las facilidades y espacios para la acumulación de capital.
Con el fin de transferir el costo financiero del Estado a los sectores mayoritarios de la población, se promueve la necesidad de una reforma fiscal. En ella se dará prioridad al impuesto al consumo y se protegerá de gravámenes al capital dándole un carácter profundamente regresivo.
A esta concepción responde la iniciativa inaugural de aplicar el IVA a alimentos y medicinas y como parte de ésta política se busca deslindar al gobierno de su responsabilidad para garantizar diversos derechos sociales. Paralelamente se han anunciado diversas acciones encaminadas a promover y favorecer la expansión de la participación privada en los sectores estratégicos de la economía, continuando con una política de privatización y apertura a la inversión extranjera de los recursos naturales y la biodiversidad, de la energía eléctrica y petrolera, y de sectores estratégicos del territorio nacional (costas, frontera e Itsmo de Tehuantepec). Con el mismo fin, el gobierno intentará profundizar la privatización de la tierra y la producción agrícola.
Se propone además la flexibilización de la fuerza de trabajo, el desmantelamiento de los derechos laborales y la contención de las demandas de las trabajadoras y trabajadores Para una nueva ley federal del trabajo, y la políticas de control salarial. Finalmente, el gobierno intentará una reorganización del sistema educativo. En lo que se refiere al financiamiento buscará reducir la inversión estatal transfiriendo los costos a estudiantes y sus familias.
El gobierno de Vicente Fox representa, por su orientación y sus alianzas, a la cultura y el proyecto social de la derecha histórica de nuestro país. Debido a la fuerte tradición mexicana se ha visto precisado, por el momento, a respetar, al menos formalmente, el carácter laico del Estado. Fox ha dado muestras claras de su intención de minar el laicismo mexicano a través de la presencia de expresiones y símbolos de carácter religioso en ámbitos del quehacer público en los que antes estaba vedado.
Una coalición conservadora, encabezada por los sectores más conservadores de la Iglesia católica, aumenta su presencia y su incidencia en la sociedad mexicana al amparo del presidente Fox y el nuevo gobierno. Buscan imponer una moral y una cultura conservadora al conjunto de la sociedad.
Sin embargo, no están claras la decisión y la capacidad del nuevo presidente de la República para impulsar la aplicación de las tesis democráticas las cuales implican cambios inmediatos en la perspectiva de una transición a la democracia y no solamente propósitos generales de largo plazo.
El nuevo gobierno se presenta a sí mismo con una visión de administración eficiente y de corte empresarial. Este concepto se afirma con la integración de administradores provenientes de diversos grupos económicos y líderes de agrupaciones patronales. Cruzada con la presencia de grupos financieros e industriales, es notoria también la participación abierta de poderosos grupos políticos y económicos regionales del norte del país y la de representantes de agrupaciones religiosas profundamente conservadoras como los Legionarios de Cristo y el opus dei.
El gobierno foxista cuenta con una legitimidad amplia entre la ciudadanía. Esta es producto del resultado electoral del 2 de julio. Aparentemente contradictorios. Por un lado, la ciudadanía otorga a Vicente Fox un alto grado de aprobación, permisividad y tolerancia frente a propuestas impopulares, fracasos o escándalos mediáticos. Al mismo tiempo, existe un alto grado de expectación. La ciudadanía espera del gobierno Foxista soluciones a problemas muy diversos en distintos ámbitos. A pesar de todo esto, este gobierno se enfrenta a fuertes resistencias y sobre todo, al desprestigio de la política neoliberal que ha llevado al país a mayores injusticias sociales y a una pérdida de su capacidad soberana.
VI. Líneas de acción política
El fortalecimiento de una opción política de izquierda, con una identidad claramente definida e identificable como un polo político alternativo de frente a la ciudadanía, constituye hoy el reto político principal del Partido de la Revolución Democrática, ante la nueva administración Foxista.
El núcleo de nuestra identidad es el de la igualdad y el combate a la pobreza; que reconoce que la pobreza es producto de desiguales. La clave fundamental está en anclarse en la izquierda tanto en el comportamiento como una fuerza de oposición, como en el ejercicio de gobierno, acompañando y promoviendo acciones con las organizaciones y movimientos sociales y civiles, impulsando políticas públicas e iniciativas legislativas, para favorecer a la mayoría de la población y resistir la lógica neoliberal y conservadora.
El PRD aplicará una política para que el 2 de julio sea un paso trascendente en la transición mexicana a la democracia. Para ello, el Partido contribuirá a profundizar el cambio actuando como oposición socialmente útil, es decir, con una actitud propositiva y constructiva, de presión enérgica y de propuesta para definir el rumbo y características del nuevo régimen político.
La estrategia del PRD se desplegará en dos ejes en materia de alianzas. Por
una parte, orientará su línea de acción para terminar con los cacicazgos políticos, el autoritarismo, el charrismo y el corporativismo del viejo régimen. Por la otra, mantendrá una firme oposición a las medidas neoliberales, conservadoras y reaccionarias.
Para afirmar la identidad nacional para paradójicamente poder atender la perspectiva de la globalización de la democracia; Mercado y Democracia son ahora dos variables centrales en la construcción de los nuevos derroteros de la izquierda nacional y mundial. En esta línea, una alianza de carácter estratégico es la que tenga como objetivo la recuperación de los sectores productivos, con un sector del capital y éste ha de ser el capital productivo.
El PRD desplegará su acción a través de la presentación de propuestas, la realización de movilizaciones populares y la denuncia de actos que afecten los intereses populares y nacionales. La tarea en lo inmediato es construir una correlación favorable a la izquierda, que permita al Partido impulsar los proyectos de cambio que centran su atención en atacar la desigualdad, la pobreza y la marginación. Una nueva relación de fuerzas capaz de garantizar y expandir un régimen de libertades individuales basado en el reconocimiento de la diversidad étnica, religiosa, cultural y sexual en nuestro país.
Con la intención de construir esta correlación de fuerzas favorable el PRD desarrollará un intenso proceso de organización y movilización y una activa política de búsqueda de convergencias con diversas fuerzas políticas y sociales para llevar a cabo reformas de carácter democrático y popular.
La acción del PRD tiene como objetivo fundamental impulsar las propuestas y líneas programáticas del Partido y expresar las demandas y reivindicaciones surgidas de la sociedad, especialmente de las y los trabajadores de la ciudad y el campo. Los ámbitos fundamentales para la acción del PRD son la organización de la sociedad misma, el impulso a la movilización política y social, el ejercicio de gobierno y la participación electoral.
Sin difuminar el carácter opositor de la política general del PRD, éste buscará acuerdos políticos sobre temas o problemas específicos con otras fuerzas con orientaciones políticas divergentes, inclusive un acuerdo global entre las fuerzas políticas nacionales para alcanzar la transición democrática, si ésta se orienta en el sentido que señala el programa del Partido, esto incluye establece acuerdos políticos circunstanciales con el gobierno.
El PRD seguirá insistiendo en los cambios socioeconómicos por los que ha venido luchando, para cuya consecución también se requieren las convergencias políticas con otras fuerzas. Las diferencias existentes en los ámbitos políticos, económicos e ideológicos cierran la posibilidad de establecer una alianza o pacto de largo plazo entre el PRD y el gobierno panista encabezado por Vicente Fox .
El trabajo del PRD se impulsará en contacto estrecho con las organizaciones de la sociedad, apoyando sus demandas y las banderas democráticas en los espacios legislativos, para traducirlas en un nuevo marco jurídico democrático; impulsando acciones y políticas públicas desde los gobiernos perredistas estatales y municipales; y desarrollando una estrategia electoral que nos permita llegar a la victoria.
El PRD tiene el reto de combinar de manera eficaz su actuación en diversos ámbitos de acción política. Es necesario articular la actuación del partido en los movimientos sociales y en la sociedad con las acciones que se desarrollan en espacios legislativos y en los procesos electorales. Para hacer esto posible el PRD deberá desarrollara iniciativas e impulsar proyectos políticos en todos estos ámbitos y tendrá que equilibrar los recursos humanos y materiales que se destinen a cada uno de ellos.
VII. Reforma económica y social
El modelo neoliberal, producto de cuatro lustros de esas políticas por los gobiernos mexicanos, ha fracasado. Este modelo ha provocado un proceso acelerado de polarización social que no ha podido ser disminuida ni aún en los años de mayor crecimiento económico donde se han alcanzado tasas anuales de hasta el 7.6 %. El 10 % de las familias más ricas concentró más ingreso que el 70 % de aquellas que están en las capas inferiores y que no logran satisfacer sus necesidades básicas de alimentación y mucho menos de vestido, vivienda, salud y educación.
La degradación de la situación social es más aguda en estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, así como en otras áreas de concentración campesina e indígena, al igual que muchas colonias populares marginadas de las ciudades. Por esto muchos mexicanos y mexicanas estan obligados a emigrar a Estados Unidos en donde gran parte de ellos sufre sobre explotación, segregación y persecución, y donde carecen de derechos políticos y sociales plenos.
La política salarial debe estar ligada a la recuperación de los salarios, después de casi dos décadas de pérdidas casi continuas. El establecimiento de los salarios mínimos debe ligarse a dos factores básicos: la restauración del salario perdido, los ajustes derivados de la inflación y el mejoramiento del mismo de conformidad con la elevación de la productividad promedio en la economía.
En el establecimiento de los salarios mínimos debe respetarse lo que al respecto señala la Constitución. Esto se hará toda vez que aún cuando se ha incrementado la productividad, no han aumentado los salarios en la misma proporción por considerarse a éstos un factor de inflación.
Para reestablecer el circuito de redistribución efectiva del ingreso se hace indispensable una reforma fiscal que incremente las cargas impositivas a las ganancias de capital en todas sus modalidades y permita los suficientes recursos para cubrir las necesidades sociales en crecimiento (educación, salud, vivienda y, en general, bienestar social) con perspectiva de equidad de género y la inversión pública, especialmente en energía y comunicaciones. Falta una estrategia política cohesionada por una lucha ideológica de izquierda que estructure la propuesta de reforma económica.
La privatización del manejo de los fondos de pensión y el retiro de esta función del IMSS ha generado la imposibilidad de financiar la seguridad social con los mismos recursos e instrumentos de ésta. Mientras se reestablecen los fondos solidarios del Seguro Social, es necesario que el manejo de dichos fondos pase a manos del IMSS con el propósito de financiar el desarrollo de los servicios de la seguridad social y otras actividades de carácter productivo. Asimismo es necesario incrementar, con fondos fiscales, las jubilaciones y pensiones de las y los derechohabientes del IMSS y el ISSSTE.
Los mecanismos de financiamiento a cargo del Estado deben reestablecerse y desarrollarse, de tal manera que la microempresa, así como los ayuntamientos, puedan tener acceso a garantías de crédito, préstamos baratos y apoyo técnico, a través de un sistema nacional de alta prioridad.
De manera especial debe reestablecerse, ahora con eficiencia, el crédito a las productoras y productores agropecuarios, garantizando las condiciones de la comercialización adecuada de los productos básicos. Debe mantenerse el arancel máximo sobre granos básicos fuera de cupo, y elaborar el pliego de revisión del TLC sobre el tema agropecuario.
La deuda del Estado concentrada en el IPAB, heredero del Fobaproa, debe ser revisada mediante la devolución a los bancos de las carteras vencidas, el rescate de los pagarés, la capitalización de los bancos mediante bonos gubernamentales aplicados a los activos bancarios y al capital de los mismos. Junto a esto, se debe aplicar una política de presión económica y moral para lograr que los grandes deudores que cuentan con inversiones en
otros negocios paguen sus adeudos íntegramente. Estas medidas redundarían en la disminución del costo fiscal de la quiebra de la banca comercial.
Las privatizaciones en todas las ramas de actividad donde operan los organismos y empresas públicas deben cesar. La empresa pública debe reorganizarse para operar con eficacia y honradez. Pemex y el sector eléctrico deben contar con autonomía relativa para garantizar la expansión adecuada de la producción y distribución de los energéticos. Ambas ramas deben mantenerse como actividades exclusivas de la nación, obteniendo los recursos financieros necesarios para garantizar su desarrollo.
El PRD se opondrá a cualquier modificación que altere el régimen de propiedad y gestión del sector energético del país, así como de las concesiones a empresas privadas para la producción y distribución de los energéticos.
El PRD no admite la concurrencia del capital privado en la generación comercial de energía eléctrica, ya que los recursos financieros necesarios están al alcance del Estado de la misma forma que de las empresas privadas, con la diferencia de que éstas reclaman altos márgenes de ganancia. La competencia en el sector eléctrico no es necesaria ni se lograría mediante concesiones a empresas cuya producción tendría que ser, principalmente, comprada por la CFE que es el organismo que posee la red nacional de distribución. La creación de empresas comerciales privadas en el sector eléctrico no sería más que una concesión innecesaria en favor de ciertos grupos extranjeros y nacionales que harían negocio a expensas del Estado.
Los programas asistenciales del gobierno federal deberán sustituirse por un programa nacional de creación de medios de vida, tanto en el campo como en las ciudades, que permita el financiamiento y asesoría de unidades de producción, comercio y servicios que sean una base para el aumento de empleo formal y coadyuven a una mejoría en la distribución del ingreso con equidad de género.
La tenencia de la tierra en manos de ejidatarios, comuneros y nacionaleros debe garantizarse mediante una revisión de las reformas neoliberales del Artículo 27 de la Constitución, con el propósito de impedir la especulación de terrenos y el acaparamiento de las tierras. Las contrarreformas salinistas deben revisarse para impedir la especulación de los terrenos, el acaparamiento de tierras y la puesta en riesgo de la soberanía al traspasar grandes extensiones de zonas costeras a extranjeros como ha sucedido en la actualidad. Para ello, también se tendrá que realizar la ley de inversiones extranjeras y del fideicomiso.
Nuevo régimen político
El país requiere una nueva constitucionalidad. Por esto, el PRD favorece la redacción de una nueva carta fundamental de la República, en la que se exprese un Estado democrático y social de derecho y un nuevo régimen político democrático.
La caducidad del sistema de partido Estado no implica que automá-ticamente desaparezcan las instituciones, leyes y costumbres que correspondieron a tal régimen. Durante los próximos años, seguirá siendo necesario combatir las viejas fórmulas presiden-cialistas y antidemocráticas, las cuales se encuentran en casi todas las leyes y en las formas de hacer la política.
Además de pugnar por las reformas constitucionales que le otorguen mayores facultades a los legislativos federal y de los estados, a las entidades y a los ayuntamientos, es necesario modificar casi todas las leyes en donde se encuentran las «facultades delegadas» a la presidenta o presidente y a las gobernadoras y gobernadores, que permitan una vida digna a todas las personas, tomando en cuenta su condición de género.
En materia de atribuciones de los Estados, se hace indispensable una Convención Nacional Federalista que, sobre la base de una negociación entre la Federación (poderes federales) y los estados (ejecutivo, legislativo y ayuntamientos), se defina con precisión el ámbito de competencia de cada cual, así como la distribución de los recursos fiscales a cada uno de los diversos niveles de gobierno, incrementando las aportaciones especiales a las zonas más pobres del país.
Un nuevo régimen político tendría que dotar a las ciudadanas y ciudadanos de nuevos derechos: votar las leyes del Congreso que sean objetadas por una parte de la ciudadanía mediante el referéndum facultativo; presentación de proyectos de ley que obligatoriamente deban ser votados por el poder legislativo (iniciativa popular); presentación de candidatas y candidatos sin partido en las elecciones; legalización de candidaturas comunes; consulta popular para determinadas decisiones administrativas en el ámbito federal, local y municipal (plebiscito); voto de las ciudadanas y ciudadanos mexicanos en el extranjero; capacidad de los integrantes de los pueblos indios de formar gobiernos regionales con autonomía relativa; revocación de mandato de gobernantes, de legisladoras y/o legisladores.
La reforma de los sindicatos tiene que verse como parte de un nuevo régimen político, ya que éstos, en su mayoría, han operado como organizaciones de Estado. La desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje y la sustitución de las mismas por dos instancias: la de conciliación y los tribunales del trabajo de pleno derecho. Asimismo, es necesario sustituir al poder Ejecutivo como autoridad para el registro de los sindicatos por una institución independiente e imparcial encargada de garantizar el ejercicio del derecho de las trabajadoras y trabajadores de elegir a sus dirigentes mediante el voto directo, secreto y universal.
La reforma de los medios concesionados de comunicación será parte de un nuevo régimen político, para lo cual es indispensable eliminar la estructura oligopólica de la televisión a través de límites a las concesiones a una misma persona o grupo y una nueva política de otorgamiento de las mismas, las cuales deben ser permanentes; el establecimiento del derecho de réplica en radio y televisión; acceso de las concesionaria y concesionarios y el público a la justicia expedita en tribunales de derecho y aplicación de sanciones para quienes violen la ley, incluyendo a quien no respete los derechos humanos de las mujeres.
La reforma de la justicia tiene que proseguir, de tal manera que el ministerio públicofederal y los de los estados sean reconocidos como entidades que no forman parte de la administración pública y cuyos titulares sean nombrados mediante designación de los órganos legislativos.
Debe establecerse de inmediato el servicio civil de carrera federal, tomando en cuenta la condición de género de las mujeres, que otorgue definitividad a los servidores públicos ahora considerados de confianza, excepto a los mandos altos, sobre la base de los concursos de ingreso y promoción. Así, la administración pública del país asumiría un carácter permanente y profesional, mientras los cambios solamente serían de políticas y gobernantes, de conformidad con los dictados electorales de la ciudadanía.
El Distrito Federal debe ser reconocido como un estado más de la Federación, con sus poderes en pleno ejercicio de facultades políticas y con ayuntamientos.
El PRD apoya las justas demandas del EZLN y condena la discriminación, la exclusión, la marginación y la injusticia que padecen los pueblos indios de México y de otros países. En consecuencia el PRD demanda el pleno reconocimiento de los acuerdos de San Andrés, la aprobación de la reforma constitucional promovida por la Cocopa y el reinicio de las negociaciones de paz con el EZLN.
El Congreso de la Unión debe crear una comisión de la verdad sobre los actos de represión política y social y los actos de corrupción del viejo régimen, con el propósito de reivindicar el derecho del pueblo de México a conocer esas páginas negras y tomar conciencia de que todo eso no debe volver a ocurrir.
Es necesario que el Congreso expida también una amplia ley de amnistía a favor de las presas y presos políticos y sociales acusados de delitos federales y que los estados expidan leyes semejantes en lo tocante a los delitos de la jurisdicción local.
El desarrollo contemporáneo de nuestro país se enmarca en un fenómeno mundial de intercambios y competencia en el ámbito global. Este fenómeno, conocido como globalización, se funda en un proceso acelerado de creación de conocimientos, educación, capacitación, y desarrollo de tecnologías. El mundo contemporáneo se basa en una intensa producción y distribución de conocimientos. Los intercambios financieros, comerciales, políticos, tecnológicos y culturales que caracterizan a la globalización ocurren a velocidades instantáneas, en tiempo real.
En su sentido cultural, político, económico e ideológico, la educación constituye un espacio estratégico de la sociedad mexicana hoy en día. El PRD se plantea la necesidad de establecer a la educación pública como ámbito prioritario de la acción pública y de la atención del Estado.
El PRD dedicará todo su esfuerzo para preservar el carácter laico y gratuito del sistema de educación publica del país en todos sus niveles frente a los embates financieros e ideológicos de la derecha en el gobierno. Además promoverá un conjunto de iniciativas encaminadas a la realización de una profunda reforma nacional en todos los niveles educativos con perspectiva de equidad de género. La reforma deberá construirse a partir de consenso generados al interior de los propios espacios educativos y de la interacción entre educando, educadoras y educadores, padres y madres de familia y autoridades.
La reforma educativa buscará readecuar al sistema de educación pública a las condiciones actuales del país y a la necesidad de construir una sociedad verdaderamente justa y democrática. Es necesario defender una visión amplia y universal de la educación frente a las reducciones utilitarias y economistas del gobierno federal.
El PRD promoverá un proyecto de educación para la convivencia democrática, para la expansión de los horizontes culturales de todas las mexicanas y mexicanos, para el pleno ejercicio de las libertades democráticas y de los derechos políticos y sociales, para la tolerancia y la pluralidad, para garantizar el acceso de todos las mexicanas y mexicanos a las oportunidades económicas.
En particular el PRD proveerá en el plazo inmediato la ampliación de recursos económicos para el sistema de educación pública, la descentralización de la educación en el Distrito Federal, y la defensa de la autonomía y el adecuado financiamiento público para la educación superior.
La incorporación de nuevas tecnologías a los procesos productivos y a la organización general de la sociedad, la globalización de la economía, la incorporación masiva de la mujer al trabajo asalariado, y el debilitamiento de las organizaciones de defensa de las trabajadoras y trabajadores y sus derechos son algunos de los factores que han contribuido a cambiar el mundo del trabajo.
En la caracterización de «flexibilización laboral» se incluyen prácticas y requerimientos muy diversos como la exigencia de altos niveles de capacitación, el movimiento de la fuerza laboral entre un empleo y otro, la polarización entre niveles laborales y entre salarios, la reducción de jornadas de trabajo y remuneraciones, la pérdida de prestaciones, el cuestionamiento de derechos y mecanismos de defensa de los trabajadores (como el derecho de huelga), la flexibilización de los horarios de trabajo.
Frente a estos nuevos rasgos del mundo del trabajo, el PRD promoverá iniciativas que hagan compatibles la defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores en especial lo referido a hostigamiento sexual y el mejoramiento de sus condiciones de vida, la humanización de las relaciones laborales y la necesidad de incrementar los niveles productivos, se promoverán iniciativas precisas como el establecimiento de seguros de desempleo, la reducción de las jornadas de trabajo, la creación de programas permanentes y sistemas educativos para la capacitación laboral, apoyo para el cuidado y atención de sus hijas e hijos con la creación de centros de desarrollo infantil y se impulsará la vinculación entre sistema educativo tradicional y la organización del trabajo.
Es necesario desarrollar un concepto innovador de sindicalismo para sustituir al viejo esquema de sindicatos corporativos. El nuevo sindicalismo deberá trascender la necesaria democratización de las organizaciones sindicales existentes y construir organizaciones flexibles capaces de asumir la defensa de las trabajadoras y trabajadores dentro y fuera del centro de trabajo. Particularmente, el nuevo sindicalismo deberá ser capaz de garantizar a las trabajadoras y trabajadores en tránsito entre un empleo y otro sus posibilidades de supervivencia y capacitación.
En particular, un elemento fundamental de la articulación de una política moderna en el terreno laboral que debe permear tanto los ámbitos legislativos como las estrategias sindicales, es el de la educación como elemento clave que permita a las trabajadoras y trabajadores enfrentar la inestabilidad laboral, el tránsito permanente de puestos y ocupaciones, y los requerimientos de capacitación.
El PRD promoverá la reformulación progresiva de las leyes laborales. Esta reformulación deberá responder a las iniciativas y estrategias sindicales que enunciadas anteriormente. Tendrán que contemplar además el establecimiento de leyes que garanticen plena equidad frente a las oportunidades de empleo y en las remuneraciones a las mujeres y otros grupos tradicionalmente discriminados en el mundo del trabajo, incluyendo sanciones de hostigamiento sexual.
X. Preservación del medio ambiente
Es preciso reposicionar al Estado mexicano a nivel mundial con una política exterior pacifista y humanista en un medio ambiente equilibrado. Los conflictos bélicos como la vía de solución de los problemas ambientales cobra vidas humanas y afecta a los recursos naturales, ecosistemas y la biodiversidad en forma injustificada. Además promueve la fabricación de armas que ponen en peligro la existencia planetaria.
En este sentido, una activa promoción por la paz, la defensa de los derechos humanos y ambientales debe ser la política que oriente e identifique a México ante el mundo. En el ámbito internacional, el gobierno federal debe respetar, aplicar y enriquecer los acuerdos, convenios y tratados que a partir de un trato justo y equitativo entre países, se comprometan al uso y aprovechamiento de los recursos naturales en beneficio de la calidad de vida de los presentes u futuras generaciones de la tierra.
La descentralización planificada deberá ser la estrategia que permita fortalecer la capacidad científica, técnica, administrativa y financiera en los ámbitos federal, estatal y municipal-comunitario para la conservación de la calidad y cantidad de los recursos naturales y la biodiversidad.
Es necesario fortalecer la educación comprometida con el medio ambiente y defender la diversidad cultural comunitaria que ha permitido al país mantener una de las biodiversidades más amplias del mundo. La administración y procuración de justicia ambiental pronta y expedita estará a cargo de una procuraduría federal del medio ambiente como organismo con personalidad jurídica, autónomo y patrimonio propio. En el aspecto de legislación y medio ambiente es prioritario garantizar para la nación todos los derechos sobre el uso del material genético.
México no está obligado a realizar acciones exigidas por otros países, instituciones o corporaciones que violen los derechos de las mexicanas y mexicanos o extranjeras y extrajeras, ni a dejar sin protección legal a los nacionales en cualquier parte del mundo. El drama de migrantes mexicanas o mexicanos hacia Estados Unidos debe ser encarado mediante acuerdos binacionales que garanticen los derechos de las mexicanas y mexicanos, posibiliten el acceso de éstos a la justicia en Estados Unidos y establezcan políticas acordadas de libre tránsito.
La recuperación salarial y el aumento del empleo permanente en México tendrían que ser el marco general de la solución del problema de la migración de fuerza de trabajo mexicana hacia Estados Unidos, por lo que la política económica de México debe ser radicalmente modificada sin obstáculos provenientes de Estados Unidos.
El gobierno mexicano debe iniciar un procedimiento de revisión del tratado de Libre Comercio de América del Norte, sobre la base de buscar la eliminación de las iniquidades del texto actual y de la reforma de aquellas cláusulas que han resultado, como se preveía, altamente desventajosas para México.
El ingreso del capital extranjero especulativo en los mercados mexicanos de capitales y dinero debe volver a regularse mediante disposiciones de repercusión fiscal para castigar la volatilidad. Asimismo, es indispensable revisar las bases contributivas de las empresas extranjeras con el propósito de que éstas paguen impuestos en México.
La autoridad monetaria debe recuperar capacidad para intervenir en la determinación del tipo de cambio en los casos de severas sobrevaluaciones y subvaluaciones de la moneda nacional, las cuales afectan a la economía en su conjunto.
México deberá seguir concurriendo a las organizaciones de Estados en la búsqueda de los acuerdos, pero propugnando la democratización de tales organizaciones y el respeto de sus decisiones legales, en la dirección de construir bases de gobierno mundial para enfrentar grandes tareas de la humanidad, tales como las derivadas de la defensa del ambiente, los derechos humanos, la paz y la seguridad internacionales, la autodeterminación de los pueblos, la independencia de las naciones y la soberanía de los Estados. Las atribuciones del Consejo de Seguridad de la ONU deben ser revisadas para que la Asamblea General sea respetada en sus resoluciones e impedir la injerencia exclusiva de uno o varios países, bajo la bandera de la ONU, en los asuntos domésticos de otros Estados.
XII. Tareas políticas
En el marco de los objetivos anteriores, el Partido de la Revolución Democrática está dispuesto a realizar las convergencias que sean necesarias para impulsar la realización de los mismos. En la situación política actual de México, en que ninguno de los tres partidos más importantes puede decidir los asuntos públicos más trascendentes sin, por lo menos, el concurso de otro, el PRD no se convertirá en el «fiel de la balanza» entre el PRI y el PAN, sino que buscará impulsar los objetivos actuales definidos, en términos generales, en el presente documento, así como los contenidos en su programa.
Para lograr lo anterior, la iniciativa propia del PRD y la expresión de las reivindicaciones de las organizaciones y movimientos sociales y civiles serán los instrumentos políticos principales, junto con el impulso de las movilizaciones populares. El Partido debe desarrollar una política de largo alcance junto a otras fuerzas políticas y sociales de izquierda a nivel nacional, regional y local apuntando hacia la construcción de un gran frente nacional que permita avanzar en la democractización de la vida nacional.
El PRD exigirá siempre la transparencia de las negociaciones con el gobierno y otros partidos. El secreto debe eliminarse de la manera de hacer actividad política en el país. Las conversaciones entre los partidos y los políticos no deben ser secretas; de todo cuanto se analice o se acuerde debe darse cuenta a la opinión pública, quien tiene derecho a conocer la actividad de sus representantes y gobernantes.
Para lograr los cambios políticos constitucionales y legales más urgentes y maduros, el PRD aplicará una conducta de amplia convocatoria hacia las fuerzas democráticas del país, partidos, sindicatos, organizaciones sociales y civiles, grupos políticos, fracciones de los partidos y fuerzas ciudadanas, interesadas en las reformas del Estado y la política, e independientemente de las discrepancias que hubiera en materia económica y social.
El Partido de la Revolución Democrática está dispuesto a las convergencias político electorales con otras fuerzas siempre que se justifiquen a la luz del programa del PRD y de la presente línea política. Las convergencias y coaliciones electorales en las que el PRD participe tendrán que basarse en plataformas comunes, aunque éstas no abarquen todos los temas, y en acuerdos políticos sobre el comportamiento de las fuerzas pactantes durante y después de los procesos electorales. Los términos de estas convergencias deberán ser explicados ampliamente ante la opinión pública.
Las relaciones más importantes del PRD no sólo se dirigen a los partidos políticos y el gobierno, sino hacia ese gran cúmulo de organizaciones sociales y civiles, que expresan intereses e ideas surgidas de la sociedad. Así, el Partido está obligado a convertirse en un medio de reforzamiento de las expresiones que surgen en la base de la sociedad, de sus aspiraciones, demandas y exigencias. El diálogo y la colaboración política tendrán que ser los instrumentos principales de estas relaciones.
Los gobiernos perredistas, en los ámbitos municipal y estatal, deben impulsar en la practica una política económica y social diferente, aún en el marco del neoliberalismo. Promoverán la más amplia participación social y ciudadana, el respeto total a las libertades y los derechos democráticos de la gente. Deberán involucrar a la población en el desarrollo, elaboración y ejecución de los programas de gobierno. Las administraciones perredistas deben establecer un sello muy claro de cómo gobierna la izquierda, cómo gobierna el PRD.
La sociedad debe distinguir en los gobiernos del PRD un verdadero proyecto alternativo al neoliberalismo, al autoritarismo y al conservadurismo. El Partido debe de establecer sistemas de capacitación para sus cuadros y garantizar una sana e intensa relación entre partido y gobierno, una evaluación y una critica constantes para lograr buenos resultados.
En especial, el PRD debe promover un gran cambio en la vida sindical del país. Durante muchas décadas, en México ha predominado un sindicalismo de Estado, creado como parte del sistema corporativo. Con el hundimiento del régimen de partido Estado, el sindicalismo estatal debe ser sustituido por otro de carácter independiente y democrático. Aunque esta tarea será obra de los trabajadores, el Partido de la Revolución Democrática debe promover una reforma de carácter político. En el presente texto ya se ha indicado en qué consistiría, fundamentalmente, dicha reforma. Lo que se requiere, al mismo tiempo, es definir ésta como una de las tareas políticas más importantes de los próximos años.
El PRD defenderá el ejercicio de la autonomía de las universidades y la concesión legal del estatuto de autonomía de las instituciones de educación superior que aún no lo tienen. La aplicación plena del derecho de autogobierno de las instituciones autónomas, establecido en la Constitución, debe llevar a cada una de éstas a ejercer el derecho de definir su propio estatuto orgánico, donde libremente se establezcan las bases de la constitución de los órganos de gobierno y los mecanismos de participación de los universitarios en las decisiones que les competen.
Uno de los problemas que requieren atención especial e inmediata es el relacionado con la rebelión en Chiapas del 1º de enero de 1994 y la compleja situación política creada a partir de este hecho. El Partido de la Revolución Democrática considera que tal estado de rebelión requiere una política de negociaciones entre la Federación y el estado de Chiapas, por un
lado, y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por el otro. Los temas de tales negociaciones consisten precisamente en el contenido de los planteamientos programáticos de los rebeldes.
El tema de los Acuerdos de San Andrés es de orden precisamente constitucional, las negociaciones entre el EZLN y la Federación tendrían que llevarse a cabo con el Congreso de la Unión para abordar justamente la reforma constitucional, así como las negociaciones sobre el entorno político general y otras muchas demandas de los rebeldes zapatistas. Las nuevas negociaciones deben llevarse a cabo a partir del cumplimiento de las tres condiciones planteadas por el EZLN. En el nuevo contexto político nacional las reivindicaciones sobre cultura y derechos de los pueblos indígenas constituyen un paso decisivo en la construcción de un país plural y multicultural en el que prive un profundo respeto a las diferencias. Legislar en este sentido implica iniciar el proceso de un nuevo pacto social para la nación.
El Partido de la Revolución Democrática está comprometido con el movimiento indígena mexicano y con los derechos, demandas y reivindicaciones indígenas, como pueblos, comunidades, familias e individuos. El principio de la política del PRD es que los pueblos indios tienen plena existencia en el país y, como tales, deben ser reconocidos como sujetos de derechos específicos en tanto que pueblos integrantes del Estado mexicano. Tales derechos son políticos, culturales y sociales. En este marco, el Partido debe contribuir a la unidad de acción del movimiento indígena mexicano, a la elevación de su influencia política y al desarrollo de sus luchas en la búsqueda del reconocimiento pleno de sus derechos.
El PRD aplicará una política unitaria frente al movimiento campesino y, más en general, el de los productores rurales, pugnando por la mayor unidad de acción posible entre todas las organizaciones sociales del campo, independientemente de la afiliación partidista de agrupaciones e individuos. Por ello, las legisladoras y legisladores perredistas deben expresar en proyectos de ley las reivindicaciones más importantes de las productoras y productores del campo.
El Partido de la Revolución Democrática deberá dar contribuciones efectivas al desarrollo de tres movimientos que abarcan a la generalidad del país: el movimiento por la equidad entre los géneros y los derechos de la mujer; el movimiento por los derechos de la juventud; y el movimiento en favor de la defensa y protección del medio ambiente. En estos tres movimientos de carácter general nacional radica gran parte de las posibilidades de la democracia en México, por lo que reclaman la mayor atención del PRD y, al mismo tiempo, el respeto para su conducción y forma de expresarse. }
En el campo de la lucha electoral, el Partido de la Revolución Democrática participará en todas las contiendas, buscará las convergencias políticas con diversas agrupaciones y continuará postulando candidaturas externas en la medida y con los métodos que el propio Partido decida. La reforma de la organización del Partido tenderá, en gran parte, a la elevación de la capacidad del PRD para enfrentar los retos de la lucha electoral, la cual seguirá siendo una de las más importantes de su labor política.
En la situación política del país, especialmente a partir de las elecciones del 2 de julio de 2000, el PRD debe convocar sistemáticamente a aquellas personas o agrupamientos que se mantuvieron en la esfera del partido oficial pero que no se involucraron en la corrupción, los fraudes electorales y las políticas antipopulares, con el propósito de tejer relaciones de colaboración y convergencia, incluyendo los pactos electorales.
En la medida en que en el PRI se presenten escisiones de carácter regional y nacional, la dirección política del Partido deberá analizar las circunstancias y alcances de las mismas con el propósito de elaborar iniciativas concretas, las cuales, debidamente aprobadas por el Partido mismo, puedan llevar a procesos de unidad de acción y unidad orgánica.
Las gobernantes, los gobernadores, así como las legisladoras y legisladores del PRD aplicarán la política general decidida por el Partido, de conformidad con el Estatuto y la línea organizativa del mismo, de tal manera que se vaya conformando una forma perredista de gobernar, completamente identificable por la ciudadanía.
Dentro de las tareas políticas del PRD sobresalen aquellas relacionadas con la propaganda permanente. La relación del partido con las ciudadanas y ciudadanos se debe realizar, en buena medida, a través de la difusión de las posiciones, planteamientos, proclamas, iniciativas y movilizaciones del Partido. Para ello, no son suficientes los medios de comunicación existentes, sino que se requiere el desarrollo de medios propios, financiados por el Partido, tanto en el nivel local como nacional. Los órganos de dirección del PRD en todos los niveles estarán obligados a promover la creación y desarrollo de los medios partidistas de difusión y a ligar éstos con la Línea política del partido y las actividades del mismo.
Luchas sociales
El crecimiento de la pobreza en México, así como la disminución relativa y absoluta del salario y la ruina de numerosas productoras y productores rurales, constituyen el medio en el cual se desarrollarán nuevas luchas de carácter social.
El Partido de la Revolución Democrática no pretende dirigir tales luchas, pero está obligado a otorgarles todo su apoyo político y participar militantemente en su promoción.
Uno de los elementos que pueden contribuir al despliegue de los movimientos sociales es la unidad de acción de las organizaciones y grupos de ese mismo carácter que ya están planteando reformas económicas y sociales, y llevan a cabo luchas reivindicativas. La dispersión y desarticulación de esas agrupaciones no es un factor positivo para construir un renovado movimiento social con suficiente fuerza. Por ello, es necesario aplicar una política unitaria, tendiente a coordinar las luchas reivindicativas, sin sectarismo ni exclusivismo.
La lucha por el aumento de salarios podría convertirse en un factor de unidad de acción de las trabajadoras y los trabajadores del país a condición de que éste se planteara como algo de carácter general, rompiendo con el viejo sistema de negociaciones particulares y separadas en el tiempo. La tesis de que el aumento de los salarios solamente genera mayor inflación es falsa, pero sirve como elemento de contención de las justas aspiraciones de las trabajadoras y trabajadores. En la actualidad, una de las bases de la unidad de acción del sindicalismo mexicano podría ser justamente la reivindicación salarial.
Es necesario revitalizar la vieja demanda de la reducción de la jornada de trabajo a 40 horas con pago de 56, la cual se ha conquistado sólo de manera parcial en algunos sectores o empresas. Esta reivindicación podría ser, ahora, uno de los elementos en los que se base la unidad de acción de los sindicatos.
En el campo, los problemas más acuciantes tienen que ver con los precios de los productos, el crédito y el agua. El abandono de la responsabilidad del Estado de apoyar la producción agropecuaria, especialmente de los alimentos básicos, ha generado un nuevo movimiento reivindicativo, generalmente vinculado al problema de los subsidios, las tasas de interés y las obras de infraestructura. La unidad de acción entre campesinas, campesinos y pequeñas propietarias y propietarios está presentándose como algo relativamente nuevo.
El Partido de la Revolución Democrática tiene que impulsar esa unidad de acción, sin olvidar que uno de los sectores más olvidado, relegado y oprimido del campo mexicano sigue siendo el de las obreras y obreros agrícolas, cuyo derecho a la sindicalización debe ser reconocido sin cortapisas, al igual que la seguridad social y el salario.
Con el nuevo sistema de jubilaciones y pensiones, impuesto al país por los neoliberales, la Federación se ha hecho cargo del pago directo de las percepciones de jubiladas, jubilados y pensionadas y pensionados derechohabientes del IMSS. Es, por tanto, la Federación quien tiene la responsabilidad de reponer, a partir de fondos fiscales, la capacidad adquisitiva de jubilaciones y pensiones, deteriorada durante años.
Una de las luchas por venir será la defensa de las instituciones públicas de seguridad social, las cuales se encuentran en una muy mala situación económica. Corresponde a los sindicatos, en primer lugar, exigir una política para el desarrollo de la seguridad social, que comprende también la atención médica. Las reformas del IMSS y del ISSSTE tendrán que ser parte de la reforma socio-económica del país. El PRD combatirá la privatización de la atención médica de primer nivel de los derechohabientes, ya anunciada por Vicente Fox, y propondrá el fortalecimiento financiero y profesional de estas instituciones.
El movimiento magisterial mexicano es uno de los más sobresalientes de las últimas décadas. El PRD respeta la total independencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y, al mismo tiempo, apoya las luchas reivindicativas y profesionales de este sector movilizado de las maestras y maestros de México.
Asimismo, el PRD respeta la independencia del SNTE, y propugna por la democratización de este sindicato, la construcción de nuevas bases de unidad sindical en tanto sindicato nacional no incorporado a ningún partido político, no solo de manera formal sino en la realidad, y el desarrollo del sindicalismo magisterial pluralista y democrático como instrumento fundamental de la elevación profesional de las maestras y maestros y la reforma de la educación nacional.
Grandes movimientos en defensa de la gratuidad de la educación superior han conmovido al país desde 1986-87. Esta lucha social no solamente es de carácter económico sino que entraña un contenido ideológico al sostener el derecho de la juventud a la educación y el carácter público de la misma, frente a las concepciones elitistas y mercantilistas predominantes en los círculos dirigentes del PRI y el PAN, así como en sectores de la gran empresa, los cuales han apoyado los frustrados intentos de incrementar las colegiaturas en la UNAM desde hace más de diez años.
Junto a lo anterior, es previsible el desarrollo del movimiento en favor de la
democratización de las instituciones educativas y el reconocimiento pleno del derecho constitucional de éstas a determinar sus estatutos orgánicos. El papel de la universidad mexicana en la lucha por la democracia política ha sido evidente a través de más de tres décadas, pero se requiere también la democratización de los centros de estudio y la eliminación de las estructuras autoritarias que correspondieron en gran medida al carácter del régimen político mexicano.
Los movimientos en la defensa y ampliación de las libertades, por la tolerancia, la laicidad y los derechos de las minorías son fundamentales en esta nueva etapa de la vida del país. Desde el PRD y el amplio espectro del movimiento social y ciudadano es necesario hacerle frete a la intolerancia, el conservadurismo, las visiones confesionales que están a la orden del día, impulsadas fundamentalmente desde el gobierno foxista y su partido.
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