Historia

De

España

ESPAÑA s. XVIII

ANTIGUO RÉGIMEN. La España de este siglo se caracteriza por la pervivencia del Antiguo Régimen (igual que en Europa): sociedad estamental, economía agraria y sistema político absolutista.

-Sociedad estamental: la sociedad del antiguo régimen estaba dividida en tres estamentos inmóviles y jurídicamente desiguales. La nobleza y el clero formaban el grupo de los privilegiados, poseían la mayor parte de la propiedad, no pagaban impuestos y ocupaban la mayoría de los cargos públicos; el clero cobraba el diezmo (décima parte de la cosecha) a los campesinos. El tercer estamento abarcaba a los campesinos, la burguesía y las clases populares de la ciudad. Pagaban impuestos y no participaban en política. Los campesinos eran sometidos a un régimen señorial por los privilegiados, los cuales limitaban el poder burguesía, enriquecida por el comercio.

-Economía agraria: la agricultura era la principal fuente de riqueza (ocupaba al 80% de la población). El 80% de la tierra cultivable estaba amortizada (fuera del mercado) en manos de la Iglesia, los Ayuntamientos y la nobleza. Estaba vigente la institución del mayorazgo, que vinculaba la propiedad a un solo heredero que no podía vender las tierras. La corona, la nobleza y la Iglesia poseían señoríos (inmensas extensiones donde ejercían la jurisdicción y recibían rentas). La mayoría del campesinado era arrendatario o jornalero a causa de esta inmovilidad de la tierra (aunque en el norte existían algunos agricultores propietarios y en el Cataluña predominaban los campesinos con contratos enfitéuticos, estables y a perpetuidad). En le norte la subdivisión de la tierra disponible llevó a los subforos (pequeñas parcelas insuficientes para mantener una familia), mientras que en el sur los privilegiados poseían enormes extensiones (latifundios) trabajadas por campesinos en arriendo y jornaleros en unas condiciones pésimas. Existía, además, la competencia de la ganadería ovina cuyos rebaños (en manos de grandes propietarios unidos en la poderosa Mesta) privaban tierras a la agricultura para destinarla a pastos. La industria se reducía a talleres artesanos en las ciudades organizados en gremios caracterizados por el control sobre la producción y la falta de demanda. El comercio era débil y de nivel local. Existían graves problemas de transportes.

GUERRA de SUCESIÓN. Felipe d'Anjou (Borbón, nieto de Luis XIV de Francia) fue proclamado rey de España en 1701 (bajo el título de Felipe V) al morir sin descendencia el último Austria, Carlos II. El ascenso de un Borbón al trono fortalecería la relación entre España y Francia poniendo en peligro el equilibrio entre las potencias europeas. Por este motivo gran Bretaña, Holanda y Portugal apoyaron al otro candidato posible, el archiduque Carlos de Habsburgo. Dentro de España, el candidato austriaco fue respaldado por la antigua Corona de Aragón (especialmente por Valencia y Cataluña) por temor al absolutismo de Felipe V. Todo derivó en una guerra de una década de duración que concluyó en el plano internacional con el Tratado de Utrecht (1713) al manifestar inglese y holandeses su deseo de terminar la guerra reconociendo a Felipe V como rey español ya que el archiduque Carlos ocupó el trono de Austria (al morir José I en 1711), lo que suponía una amenaza mayor. En España, sólo algunas ciudades catalanas opusieron resistencia, pero fueron reducidas en 1914.

REINADO de los BORBONES en el siglo XVIII. La llegada al trono de los Borbones supuso la implantación del absolutismo. Los reinados de Felipe V y Fernando VI se caracterizaron por medidas centralizadoras y reorganizadoras. Carlos III, influenciado por los ilustrados, fue más partidario de reformas.

-Absolutismo monárquico (Felipe V, Felipe VI): los Borbones impusieron un absolutismo monárquico, donde el rey acumulaba todos los poderes (judicial, ejecutivo y legislativo) y gobernaba todo el territorio. Este modelo tendía a unificar y centralizar el territorio. Con los decretos de Nueva Planta impuso la organización político-administrativa de los reinos de la antigua Corona de Aragón como reprimenda por la Guerra de sucesión, mientras que Navarra y País Vasco (fieles al monarca) conservaron cierta autonomía. Con estos decretos el territorio quedaba prácticamente uniformizado bajo las Cortes de España, que en realidad no tenían un poder importante puesto que estaban por debajo del rey. Fernando V tenía un cuerpo de consejeros y en la administración central era auxiliado por secretarías. A la cabeza de la administración provincial estaban los capitanes generales que presidían las Reales Audiencias. Los corregidores controlaban las principales ciudades y los intendentes, que dependían del rey y gozaban de amplios poderes, se destinaban a recaudar impuestos y modernizar la economía. Se intentó reorganizar la Hacienda reformando la recaudación de impuestos, haciendo que los habitantes pagasen en relación a su riqueza incluyendo a los privilegiados. La experiencia se llevó a cabo con éxito en los reinos de la antigua corona de Aragón (equivalente en Valencia, catastro en Cataluña,...), pero no pudo extenderse al resto de España (Catastro de ensenada) por la fuerte resistencia de los privilegiados.

-Reformismo borbónico (Carlos III): su reinado constituyó una etapa interesante puesto que era partidario de algunas reformas, siempre que no atentaran contra el absolutismo (Despotismo Ilustrado). El modelo económico, social y político del Antiguo Régimen fue criticado durante el siglo XVIII por pensadores ilustrados (su pensamiento de caracteriza por la confianza en la razón, mediante la cual el hombre puede conseguir la felicidad; de ahí que se muestren partidarios de la educación y el progreso). Los ilustrados criticaron la sociedad estamental (afirmando la igualdad y la libertad, negando la transmisión hereditaria de privilegios), la organización económica (defendiendo la libertad en el comercio y la industria), se opusieron a que la Iglesia acumulase tanto poder y se enfrentaron al absolutismo monárquico. [Montesquieu defendió la separación de poderes y Rousseau, la soberanía nacional]. La influencia ilustrada provenía principalmente de Francia y en España penetró lentamente, porque los ilustrados españoles sufrían la inexistencia de una burguesía poderosa, la indiferencia de nobleza y clero, y la ignorancia del pueblo. Por este motivo hicieron prioritaria la educación junto a otra preocupación fundamental, la economía, ya que consideraban a España atrasada con respecto a Europa por el excesivo control de los privilegiados sobre las actividades económicas y el desconocimiento de los avances. Al principio, Carlos III encontró ante sus reformas y sus ministros extranjeros una fuerte resistencia (Motín de Esquilache, 1766) de los privilegiados (por pérdida de poder sufrida con las reformas). Los motines cesaron y, junto a ministros españoles (Jovellanos, Floridablanca, Olavide, Aranda, Campomanes), inició sus reformas de carácter progresista con un balance positivo; pero con el límite que suponían las reformas que trastocaban el poder del monarca y los privilegiados. Los ilustrados consideraron la agricultura como la principal fuente de riqueza del país (fisiócratas) y veían al Antiguo Régimen como el principal obstáculo para su progreso. Se organizaron en Sociedades Económicas de Amigos del País, donde analizaban la realidad económica de España y proponían reformas en sus informes. Se impulsaron reformas económicas, administrativas y en contra del enorme poder de la Iglesia. No obstante, las reformas agrarias no se llevaron a cabo por suponer una pérdida de los privilegios que beneficiaban a la Corona, la nobleza y el clero.

Reformas económicas del reinado de Carlos III:

• Limitación de los privilegios de la Mesta.

• Impulsar proyectos de repoblación y de aumento de propietarios y arrendatarios.

• Mejora de las infraestructuras de transporte.

• Ley de Libre circulación de Granos (1765).

• Liberalización del comercio colonial.

• Liberalización de la industria.

• Aranceles y tratados para proteger la economía nacional de la competencia extranjera.

• Se dejaron de considerar deshonrosas las actividades productivas.

Reformas sociales y políticas del reinado de Carlos III:

• Contra la Iglesia (control de la Inquisición, expulsión de los jesuitas)

• Sociales (saneamiento urbano, alumbrado,...)

VALORACIÓN. El siglo XVIII puede considerarse una etapa de transición entre el Antiguo Régimen y las nuevas ideas ilustradas; las cuales fueron el precedente de las revoluciones que, a finales del siglo y a lo largo del siguiente, sustituyeron el viejo orden (heredado de la Edad Media) por una nueva organización social, económica y política (denominada liberalismo burgués).

CRISIS del ANTIGUO RÉGIMEN (1808-1833)

La GUERRA de la INDEPENDENCIA (1808-1814). Carlos IV (hijo de Carlos III) vio con espanto los efectos de las ideas ilustradas en Francia [Revolución Francesa (1789)]. Confió el poder a Godoy (militar de origen plebeyo), el cual era odiado por los privilegiados por sus intentos de reforma, por los ilustrados al verse desplazados y por Fernando VII (hijo y heredero de Carlos III) que lo veía como un competidor. Godoy abordó reformas: desamortización de tierras eclesiásticas, reducción del poder de la Inquisición, promoción de las Sociedades económicas,... En política exterior se alió con Francia y se enfrentó a Inglaterra (en la batalla de Trafalgar, 1805, perdió su flota al destrozar Nelson la armada franco-española). Carlos IV consintió que las tropas de Napoleón atravesasen España para atacar Portugal (1807).

En 1808 estalló el motín de Aranjuez, dirigido por la nobleza y el clero para destituir a Godoy y forzar a Carlos IV a abdicar en su hijo Fernando (alrededor del cual se habían unido los enemigos de Godoy). Ante la situación, Carlos IV solicitó ayuda a Napoleón el cual se dio cuenta de la debilidad de la corona española y se decidió a invadir España. Carlos IV y Fernando VII fueron llamados por Napoleón a Bayona, donde abdicaron y Napoleón nombró rey de España a José Bonaparte (su hermano). En las Cortes de Bayona otorgó una constitución a España: desamortizó tierras del clero, desvinculó los mayorazgos, inició el final del régimen señorial, reconoció igualdad de todos los españoles ante la ley, impuestos y cargos públicos, se abolió la Inquisición y se reformó la administración.

La invasión francesa dividió a los españoles en los afrancesados (una minoría de intelectuales y altos cargos que aceptaron a José Bonaparte y se sentían vinculados con su programa reformista) y el frente patriótico (formado por todos los que oponían resistencia). El frente patriótico lo formaba la mayor parte de la población: el clero y la nobleza se oponían a la invasión, dirigían parte de la resistencia y buscaban la vuelta del absolutismo bajo el mandato de Fernando VII; algunos sectores ilustrados (Jovellanos, Floridablanca) deseaban la derrota francesa para que Fernando VII regresase e iniciase un programa de reformas; los sectores más liberales veían la guerra como la ocasión de acabar con el Antiguo Régimen; gran parte de la población afrontó la guerra como una defensa contra un invasor.

Mientras sucedían los hechos de Bayona, en España se alzó el pueblo contra los franceses el 2 de mayo de1808 en Madrid (aunque fueron reprimidos rápidamente, sirvió de ejemplo para el resto del país). La resistencia popular frenó el avance francés y surgieron Juntas de Armamento y Defensa, que dirigieron la resistencia ante el vacío de poder. Éstas se convirtieron en juntas Provinciales y forzaron la creación de una Junta Central. Las principales formas de impedir el avance francés fueron: los sitios (resistencia de las ciudades soportando bombardeos y falta de alimentos) y la guerrilla (gente de cualquier origen se organizaban en cuadrillas populares para luchar contra el invasor hostigándolo en pequeños grupos y atentando contra sus instalaciones y suministros).

Napoleón, que no esperaba encontrar mucha resistencia, dispuso sus tropas estratégicamente (en Barcelona, Vitoria y Madrid) para ocupar toda la península. Las previsiones francesas no se cumplieron por la resistencia popular: Gerona y Zaragoza resistieron durante meses impidiendo a las tropas avanzar hacia Levante y la victoria española en la batalla de Bailén (1808) impidió la toma de Andalucía y forzó a franceses a abandonar Madrid y a replegarse más allá del Ebro. Napoleón llegó a España y dirigió personalmente las acciones que condujeron al dominio teórico de los franceses sobre todo el territorio (a partir de entonces la resistencia se basó en la guerrilla). En 1812, la campaña rusa obligó a Napoleón a desplazar tropas hacía aquel frente, lo que aprovecharon españoles y británicos al mando de Wellington para forzar a los franceses a abandonar el territorio. En 1813, Napoleón firma la paz en el tratado de Valençay (reconociendo como rey a Fernando VII y abandonando sus tropas España).

La CONSTITUCIÓN de 1812 (Cádiz). La Junta Central, que había dirigido al país durante las primeras fases de la guerra, se disolvió y convocó las Cortes en Cádiz. Sus miembros, en su mayoría liberales, consiguió la creación de una cámara única, aprobar el principio de soberanía nacional y promulgar una Constitución en 1812 (la “Pepa”). La nueva Constitución se basa en la división de poderes: el legislativo lo controlan las Cortes (que representan al pueblo y tiene amplios poderes: elaboración de leyes, aprobación de presupuestos, tratados con el extranjero, mando militar,...); el monarca posee el poder ejecutivo (dirige el gobierno, interviene en la elaboración de leyes por iniciativa o vetando y su poder está acotado por las Cortes, que pueden intervenir en la sucesión al trono y han refrendar las decisiones del monarca); y la justicia recae exclusivamente sobre los tribunales. El sistema electoral era el sufragio universal masculino. La Constitución reconoce la igualdad de todos los españoles ante la ley, el derecho de la propiedad, la libertad de imprenta y reconoce con igualdad a los españoles peninsulares y coloniales. También reorganiza la administración, los impuestos, la Hacienda, implanta el servicio militar obligatorio y una educación primaria pública y obligatoria. Las cortes de Cádiz aprobaron una serie de leyes destinadas a acabar con el Antiguo Régimen (supresión de los señoríos, anulación de gremios, abolición de la Inquisición, desamortización e inicio de la reforma agraria). La Constitución no llegó a ser aplicada por la Guerra ni durante el reinado de Fernando VII, pero su importancia radica en su carácter liberal y el reconocimiento de una amplia gama de derechos, y en haber sido modelo para constituciones posteriores.

El REINADO de FERNANDO VII (1814-1833).

• Retorno al Absolutismo (1814-1820): tras la Guerra de la Independencia, Fernando VII regresó a España. En principio, temía enfrentarse a los liberales y decidió consentir ante ellos comprometiéndose a jurar la Constitución. Cuando los absolutistas (nobleza y clero) le mostraron su apoyo (Manifiesto de los Persas) y movilizaron al pueblo en favor de Fernando VII, éste declaró nula la constitución de Cádiz e implantó el Antiguo Régimen (en el resto de Europa, la derrota de Napoleón supuso que las potencias absolutistas consiguieran restaurar el viejo orden en el Congreso de Viena y la Santa alianza garantizaba la defensa del absolutismo). Restableció las antiguas instituciones, la Inquisición y el régimen señorial. Los liberales fueron detenidos, asesinados o forzados a exiliarse. El gobierno de Fernando VII hizo frente al objetivo de rehacer un país destrozado por la guerra, con la economía en declive y con las colonias en guerra por la independencia mediante los métodos del antiguo régimen. Sus continuos fracasos crearon una gran oposición: la burguesía liberal reclamaba la vuelta a la constitución, los campesinos se negaban al régimen señorial y a los impuestos, y en el ejército dirigentes liberales eran partidarios de reformas. Hubo pronunciamientos liberales que evidenciaron el descontento, pero la represión fue la férrea respuesta de la monarquía absoluta.

• Trienio liberal (1820-1823): en 1820, el coronel Rafael de Carrillo se sublevó al mando de las tropas destinadas a la guerra colonial forzando a Fernando VII a jurar la constitución ante el apoyo de los liberales de las ciudades, la pasividad del ejército y la indiferencia del campesinado. El nuevo gobierno restauró reformas de la Constitución de Cádiz (abolición de gremios, señoríos y mayorazgos, reducción del diezmo) y se intentó acabar con el feudalismo. Se liberalizó la industria y el comercio para beneficiar a la burguesía comercial, y se modernizó la política y la administración. Fernando VII aceptó la Constitución forzado por las circunstancias; paralizó las leyes y reformas que pudo con su derecho a veto, y conspiró contra el gobierno buscando el apoyo de las potencias absolutistas europeas. Las reformas no beneficiaron a los campesinos y en algunos aspectos empeoraron su situación, por lo que se colocaron en contra de los liberales. La nobleza y el clero (perjudicados por las reformas) animaron la revuelta contra el gobierno del Trienio y llegaron a dominar zonas del territorio (establecieron una regencia absolutista en la Seo de Urgel). Las dificultades dividieron a los liberales en moderados (partidarios de realizar reformas con prudencia sin enemistarse con el rey y la nobleza) y exaltados (partidarios de acelerar las reformas y enfrentarse todos los ilustrados juntos contra el monarca).

• Década Ominosa (1823-1833): la Santa alianza respondió a las peticiones de Fernando VII enviando un ejército de 100.000 hombres (los cien Mil Hijos de San Luis, al mando del duque de Angulema) que, ayudados por absolutistas españoles, repusieron a Fernando VII como monarca. Esto supuso la vuelta al absolutismo y una fortísima represión contra los liberales (la mayoría se exiliaron). El gobierno del rey se centró en la represión y en la economía, la cual estaba en crisis (agudizada por la reciente pérdida de las colonias). Se hizo patente que la recaudación era imposible de aumentar sin tocar los privilegios fiscales de la nobleza. El rey optó por recurrir al sector moderado de la burguesía financiera e industrial, poniendo a uno de sus representantes en el ministerio de Hacienda. Esta actitud, junto con no reponer la Inquisición, fue mal vista por los sectores más conservadores, que reclamaban mayor represión contra liberales y mayor poder para los conservadores. Los sectores conservadores más radicales se agruparon alrededor de Carlos María Isidro (hermano del rey y previsible sucesor). Con el nacimiento de la hija de Fernando VII y María Cristina, Isabel II, tuvo lugar un grave conflicto en la sucesión del trono. La Ley Sálica impedía a las mujeres gobernar, pero Fernando VII la derogo (Pragmática Sanción) y declaró heredera a su hija con la regencia de Maria Cristina. Los carlistas se negaron a aceptar la situación y, al morir Fernando VII y proclamarse en el trono Isabel II, don Carlos se proclamo rey iniciando una levantamiento absolutista que supuso el inicio de la Primera Guerra Carlista, entre los partidario del absolutismo agrupados alrededor de don Carlos y los liberales, que apoyaban a Isabel II ya que su madre buscó el apoyo de éstos para conservar el trono.

VALORACIÓN. Las ideas de la Revolución Francesa (1789) derrumbaron al antiguo Régimen en la Europa occidental, abriendo paso al liberalismo, el capitalismo y la sociedad de clases. Las ideas revolucionarias fueron extendidas por los ejércitos napoleónicos durante su expansión; de ese modo penetraron en España ideales que posteriormente quedarían reflejados en la Constitución de Cádiz (1812), la cual comparte muchos principios con la constitución francesa (1789) y la declaración de Derechos del Hombre (1789).

CONFIGURACIÓN del ESTADO LIBERAL (1833-1874)

La PRIMERA GUERRA CARLISTA (1833-1839). En 1833 sectores absolutistas no reconocieron a Isabel (hija de Fernando VII) como sucesora y se sublevaron contra el gobierno de María Cristina (Regente por la minoría de edad de su hija), proclamando rey a don Carlos María Isidro (hermano del difunto Fernando VII).

El Carlismo (tradicionalista y antiliberal) englobó a la nobleza rural, gran parte de clero y una base social campesina (del País Vasco, Navarra y parte de Aragón, Cataluña, Valencia). Temían la supresión del Antiguo Régimen, la implantación de la igualdad jurídica y las reformas tributarias. Ante los carlistas, María Cristina contó con sectores absolutistas que ya fueron fieles a Fernando VII (alta nobleza, altos cargos eclesiásticos, funcionarios,...) y con los liberales moderados (con los que pactó para defender el trono). Pero la guerra creó la necesidad de un apoyo social, por ello la regente accedió a las reformas más progresistas para aglutinar la base popular de las ciudades y de las clases ilustradas.

La guerra se inició con el levantamiento de partidas carlistas en el País Vasco y Navarra, donde controlaron el ámbito rural (las ciudades siguieron fieles a los liberales). Al principio, los carlistas optaron por la guerra de guerrillas. Las vacilaciones del gobierno permitieron al general Zumalacárregui (principal dirigente carlista) organizar un ejército considerable mientras el general Cabrera unificó las partidas aragonesas y catalanas. Don Carlos entró en España y dirigió su ejército hacia Madrid, pero fue incapaz de tomar la ciudad y se replegó hacia el norte. En 1835 murió el general Zumalacárregui, iniciándose la reacción de los liberales. Espartero (general liberal) derrotó a los carlistas en Luchana (1836). Durante los últimos años del conflicto el carlismo se divide, ante la imposibilidad de la victoria, entre transaccionistas (partidarios de pactar la rendición) y los intransigentes (los más próximos a don Carlos y partidarios de continuar la guerra). El general Maroto (jefe de los transaccionistas) acordó con Espartero la firma del convenio de Vergara (1839), donde se establecía la conservación de los fueros vascos y navarros, y la integración de los oficiales carlistas en el ejército real. Con este pacto concluyó la guerra (sólo resistieron las partidas del general Cabrera en el Maestrazgo, sucumbiendo en 1840). En el marco internacional, don Carlos recibió el apoyo de potencias absolutistas como Rusia, Prusia o Austria; Isabel II fue apoyada por Inglaterra, Francia y Portugal (favorables a la implantación del liberalismo moderado en España).

- Valoración: en España existía un enfrentamiento entre los liberales (que pretendían implantar un liberalismo moderado) y los conservadores (que defendían la monarquía absolutista, la fuerte presencia de la Iglesia y la conservación del Antiguo Régimen). Este conflicto se daba a todos los niveles de la sociedad y desembocó (bajo la forma de un conflicto sucesorio) en la Primera Guerra Carlista, en la que el país se vio sumergido en una guerra civil de seis años. Dicha guerra tuvo la virtud de acelerar la implantación del régimen liberal porque María Cristina se vio forzada a pactar con los liberales en busca de su apoyo, permitiéndoles llegar al gobierno. A pesar de que la derrota carlista evidenciaba la derrota de los partidarios del Antiguo Régimen, la defensa de sus valores siguió presentes en algunos sectores de la sociedad.

REGENCIA de MARÍA CRISTINA (1833-1841) y ESPARTERO (1841-1843): implantación del liberalismo. La Guerra Carlista aceleró la implantación del liberalismo en España, porque forzó al bando isabelino a buscar el apoyo de los liberales. Con este fin se promulgó un Estatuto Real (Martínez de la Rosa, 1834) que reconocía ciertas libertades políticas (sin aceptar la soberanía nacional ni la división de poderes) pero que aceptaba un liberalismo censitario (limitaba el poder absoluto de la corona pero por medio de un parlamento formado por clases acomodadas próximas a la Corte, marginando a la mayoría).

El estatuto era insuficiente para algunos sectores liberales. Se produjo entonces una la división de los liberales en moderados y progresistas. La corona sustentó siempre un liberalismo moderado, pero la necesidad de luchar contra el carlismo la forzó a gobernar con los progresistas.

Los progresistas protagonizaron, a través de las Juntas y lasa Milicias, donde expresaron a la regente sus exigencias: reunión de cortes, libertad de prensa, reorganización de la milicia Nacional,.... María Cristina llamó entonces al gobierno al progresista Mendizábal (que inició reformas bajo los límites del Estatuto Real). Pero cuando desamortizó los bienes del clero (para obtener recursos para la guerra carlista) la nobleza y el clero presionaron a María Cristina hasta que destituyó a Mendizábal. Tras su destitución (1836) hubo revueltas progresistas y levantamientos militares, culminando con el levantamiento de la guarnición de La Granja, en el que la regente decidió llamar a los progresistas al poder y restablecer la Constitución de Cádiz.

Los progresistas abordaron reformas orientas a la implantación del liberalismo (especialmente económico) basado en la concepción jurídica de los derechos de propiedad. Iniciaron la reforma agraria: disolución de los señoríos (los señores perdían su derecho a ejercer justicia y se convertían en el nuevo propietario agrario haciendo que los campesinos se conviertan en arrendatarios o jornaleros); desvinculación (se suprime el mayorazgo y las tierras pueden venderse libremente); y desamortización (llevada a cabo por Mendizábal en 1836, cuando disolvió las órdenes religiosas, incautó su patrimonio y lo vendió en subasta pública con el fin de conseguir recursos para luchar contra el carlismo y aminorar el déficit). La liberalización económica se completó con la supresión de los privilegios de la Mesta, la aprobación de leyes que liberalizan la actividad agrícola (supresión del diezmo, libertad de arrendamientos, libertad de precios, almacenamiento y comercio de los productos), la abolición de los privilegios gremiales, la supresión de las aduanas interiores y la implantación de la libertad industrial y comercial.

Las cortes aprobaron la Constitución de 1837, la cual tiene un carácter progresista pero moderado en algunos aspectos respecto a la de Cádiz. En ella se mantiene la soberanía nacional, división de poderes, una amplia gama de derechos (libertad de prensa, de asociación,...) y presenta al Estado como aconfesional. No obstante, se introducía una segunda cámara (el senado) más conservadora, se concedía mayores poderes a la Corona (derecho de veto, disolución del Parlamento, nombramiento de ministros,...) y el sistema electoral era censitario y muy restringido.

En las elecciones de 1837 ganaron los moderados (por lo restringido del electorado). Éstos intentaron desvirtuar los elementos más democráticos y progresistas mediante leyes que limitasen las libertades, aumentasen el poder de la Corona y devolviesen los bienes eclesiásticos. El apoyo de María Cristina a los moderados hizo que se enfrentase a los progresistas, que forzaron (mediante alzamientos) su dimisión. La regencia se le concedió a Espartero (1841-1843) el cual gobernó de forma autoritaria siendo incapaz de cooperar con las Cortes. Aprobó un arancel que abría el mercado a los tejidos de algodón inglés (amenazando a la industria catalana). La medida provocó un levantamiento en Barcelona sofocado por Espartero mediante el bombardeo de la ciudad (colocando en su contra a Cataluña y parte de los progresistas). Los moderados aprovecharon para conspirar contra él por medio de Narváez y O'Donnell, forzando a Espartero a dimitir y exiliarse en 1843. Las cortes decidieron nombrar reina a Isabel II con minoría de edad (13 años).

- Valoración: durante las regencias (1833-1843) se desmantelaron las bases del Antiguo Régimen de forma total e irreversible, llevada a cabo por los progresistas que transformaron el Estado absoluto en liberal, desmantelando jurídicamente el Antiguo Régimen por medio de la consolidación de una nueva concepción de la propiedad.

El REINADO de ISABEL II (1843-1868): los moderados en el poder. Durante su reinado, Isabel II apoyó principalmente a los moderados. Las Cortes tenían una mayoría moderada con el general Narváez al frente, que implantó un liberalismo conservador que reformaba el Estado en beneficio de las clases dominantes y de la burguesía terrateniente (fusión de los antiguos señores y los nuevos propietarios rurales, cuyo predominio económico y social servía de sustento para el nuevo régimen), teniendo el apoyo de la corona y de parte del ejército.

La Constitución de 1845 rechaza la soberanía nacional y la sustituye por el gobierno conjunto del rey y las Cortes (ampliando los poderes ejecutivos del rey y reduciendo el legislativo de las Cortes); reconoce como oficial la religión católica (y se compromete a mantener el clero y el culto); suprime la Milicia Nacional; se restringe el derecho a voto; el Senado es elegido por la reina entre personalidades cercanas a la Corona; se mantiene gran parte de la declaración de derechos de la Constitución de 1837 (aunque se regulan por leyes posteriores, que fueron muy restrictivas); se confiere enormes poderes a la corona (facultad de nombrar ministros y el senado, y de disolver las Cortes). Los moderados mejoraron sus relaciones con la Iglesia y obtuvieron su respaldo tras la firma del Concordato con la Santa Sede (1851, en el que se establece la suspensión de la desamortización de los bienes eclesiásticos y la financiación del culto y el clero).

Los moderados emprendieron la construcción de un Estado liberal en función del interés de las clases próximas a las Corona y de la burguesía terrateniente y bajo los principios del centralismo y la uniformización. Con estos objetivos realizaron reformas fiscales y de Hacienda (1845) para reformar el sistema recaudatorio (centralizando los impuestos); se unificó el Código Penal (1851); se reorganizó la Administración partiendo de la división provincial de 1833 y reforzando los gobiernos Civiles y Militares de cada provincia, cuyos poderes dependían del gobierno central en Madrid (sólo País Vasco y Navarra conservaron, por miedo a los rebrotes carlistas, parte de sus antiguos derechos forales); la Ley de Administración Local (1845) dispuso que los alcaldes de los municipios grandes fuesen nombrados por la Corona; se reguló el sistema de instrucción pública, que pasaba a manos del Estado central; se adoptó un único sistema de pesos y medidas (el sistema métrico decimal); y se disolvió la Milicia Nacional para crear la Guardia Civil (1844, un cuerpo con estructura militar pero con la finalidad civil de mantener el orden y proteger la propiedad).

Los fuertes poderes otorgados a la Corona hicieron que las Cortes fuesen irrelevantes, pues la vida política se desarrollaba alrededor de la corte en forma de poderosos grupos de personalidades (camarillas) que buscaban el favor real, y el restringido número de votantes (1'1%) anulaban cualquier oposición política. El carlismo siguió oponiéndose a Isabel II y sus levantamientos se revitalizaron provocando la Segunda Guerra Carlista (1848-1849, el levantamiento más importante fue la “guerra dels matiners” en Cataluña).

El gobierno era partidario de reformar la Constitución para otorgar mayor poder a la Corona, lo que provocó un levantamiento de progresistas y parte de los moderados que desembocó en el pronunciamiento de Vicálvaro (1854, a cuyo frente estuvo el general O'Donnell). Sectores progresistas y moderados elaboraron el Manifiesto de Manzanares (1854), en el que se reclama que se respete la Constitución (ya que leyes posteriores la anulaban), una reforma electoral (ya que el sufragio era muy restringido), la reducción de los impuestos, la abolición de la leyes centralistas, la restauración de la Milicia nacional y que la camarilla no influyese en los asuntos de gobierno. Al llamamiento se unieron jefes militares y grupos civiles que protagonizaron levantamientos, forzando a Isabel II a llamar a formar gobierno a Espartero y a O'Donnell.

Durante los dos años siguientes (1854-1856) se desarrolló el bienio Progresista, en el que el gobierno restauró los principios de la constitución de 1837, restauró la Milicia e inició reformas económicas orientadas al beneficio de la burguesía urbana y de las clases medias. Las dos acciones más importantes fueron la desamortización de Madoz (1855, mayor que la de Mendizábal) que afectó a los bienes de los Ayuntamientos, la Iglesia, las órdenes militares,... para obtener beneficios (destinados a sanear la Hacienda e invertir en obras públicas para modernizar la economía) y la Ley General de Ferrocarriles (1855), que regulaba su construcción. Las medidas no tuvieron en cuenta las demandas de las clases populares ni la beneficiaban, lo que creó un estado de conflictividad social (la crisis económica produjo levantamientos obreros en Barcelona que demandaban la reducción de los impuestos, la abolición de las quintas y mejoras laborales). El gobierno presentó una Ley del Trabajo que introducía mejoras, pero no pudo impedir en 1856 un grave levantamiento en el campo y las ciudades, que forzó a Espartero a dimitir y a Isabel II a confiar el gobierno a O'Donnell (que sofocó duramente las protestas).

O'Donnell restableció los principios del moderantismo y la Corona confió el gobierno primero a O'Donnell (Unión Liberal) y después a Narváez (moderado), produciéndose una época de cierta estabilidad política (dominada por la vuelta al conservadurismo). Se restableció la constitución de 1845 y se anularon las reformas del Bienio. Los unionistas llevaron a cabo una política exterior agresiva para desviar la atención de los problemas internos y fomentar el patriotismo (expedición a Indochina, intervención en México y victoria de Wad-Ras contra Marruecos, permitiendo la incorporación de Sidi Ifni). El gobierno unionista fue incapaz de afrontar la oposición de progresistas, demócratas y republicanos, y la crisis económica, lo que provocó la dimisión de O'Donnell (1863) y la Reina entregó el poder a los moderados. Éstos gobernaron de forma autoritaria al margen de las Cortes y ejerciendo una fuerte represión; fueron incapaces de mejorar la situación económica (agravada por la guerra en Estados Unidos y la crisis en Europa), por lo que amplios sectores de la sociedad coincidieron en la necesidad de un cambio radical que implicase a la monarquía isabelina.

-Valoración: el reinado de Isabel II fue un largo periodo en el que apoyó a los moderados en el gobierno (con breves interrupciones), hasta que en 1868 se llegó al agotamiento y a la impopularidad del moderantismo y de la monarquía de Isabel II (agudizados por la crisis económica) desembocando en el exilio para los Borbones y en el ascenso de los progresistas al poder.

El SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874). A partir de 1860 la crisis política y económica se unieron creando una inestable situación en la España isabelina. La crisis financiera se originó porque las acciones ferroviarias no eran rentables, lo que hizo que la bolsa cayera estrepitosamente arrastrando la Deuda Pública y otras entidades. La crisis industrial (sobre todo en Cataluña) se debió a que la Guerra de Sucesión de Estados Unidos había hecho detenerse sus exportaciones de algodón, lo que implicó un alza enorme del precio del producto (dada su escasez). Algunas industrias del sector no pudieron afrontar la situación y cerraron (aumentando el paro y descendiendo en nivel de vida de la clase trabajadora). La crisis de subsistencia vino provocada por una serie de malas cosechas a partir de 1866 que dieron como resultado una carestía de trigo (que produjo el aumento de precio del producto).

Cuando O'Donnell fue apartado del gobierno (tras el fusilamiento de los implicados en la revuelta del cuartel de San Gil), lo sustituyeron los moderados con Narváez al frente (después González Bravo), cerrando las Cortes y gobernando por decreto. En 1866 la oposición elaboró el Pacto de Ostende, firmado (en el exilio) por progresistas (Prim) y demócratas para acabar con el moderantismo. El pacto era antiisabelino y la forma de gobierno se decidiría en unas Cortes elegidas por sufragio universal (los demócratas conseguían el sufragio universal, pero cedían en la implantación de una República a una decisión posterior; los progresistas, a pesar de no querer el sufragio universal ni derrocar la monarquía, aceptaron las condiciones para acabar con los moderados). Al pacto se unieron los unionistas (Serrano), que aportaron altos cargos del ejército.

En 1868 gran parte de la población tenia motivos para alzarse contra el sistema isabelino (los negociantes e industriales reclamaban medidas para salvar la Bolsa y medidas proteccionistas; los obreros y campesinos demandaban del gobierno mejoras que les sacasen de su miseria). En 1868 la escuadra concentrada en Cádiz al mando de Topete se sublevó contra el gobierno de Isabel II. Prim se unió a los sublevados y algunas ciudades del sur se alzaron. Surgieron Juntas Revolucionarias que organizaron la rebelión y alzaron al pueblo. El gobierno y la Corona se encontraron aislados, y cuando sus escasas tropas fueron derrotadas en Alcolea, el gobierno dimitió e Isabel II se exilió.

Las Juntas Revolucionarias y la Milicia Nacional habían contribuido a la revolución convirtiendo un golpe militar en un alzamiento popular, pero fueron disueltas por un gobierno provisional formado por los firmantes del Pacto de Ostende. Se cumplieron los objetivos de Prim (progresistas) y de Serrano (unionistas) que era derrocar el gobierno, pero quedaron frustrados los objetivos de los demócratas, los republicanos y las masas populares. El gobierno provisional (con Prim y Serrano al frente) puso en marcha un programa de reformas: reconocimiento de la libertad de imprenta, derecho de reunión, sufragio universal, reforma de la enseñanza, democratización de los Ayuntamientos y la emancipación de los hijos de los esclavos de las colonias. Fueron convocadas elecciones a Cortes constituyentes (la primea vez en España con sufragio universal masculino) dando la victoria a la coalición gubernamental (progresistas, unionistas y una parte de los demócratas) y creando unas minorías importantes (carlistas, moderados y republicanos).

La Constitución de 1869 (liberal democrática) proclamaba la soberanía nacional, el sufragio universal masculino, una amplia gama de derechos, el mantenimiento de culto y clero (pero el Estado es aconfesional), la independencia del poder judicial (como en otras constituciones) creando un sistema de oposiciones a juez y restaurando el juicio por jurado, y la monarquía como forma de gobierno (al rey le correspondía el poder ejecutivo y la facultad de disolver las Cortes, pero por medio de sus ministros que elaboraban leyes en las Cortes y el rey las sancionaba o las promulgaba).

Uno de los principales objetivos fue establecer una orientación capitalista en la economía (para beneficiar a la burguesía), para lo que se fomentó el librecambismo y la apertura del mercado español a capital extranjero (para favorecer la competencia, la iniciativa y fomentar la industria y el comercio del país). Se fijó la peseta como unidad monetaria. El problema más grave era la situación de la Hacienda con una elevada Deuda Pública, la necesidad de sanearla forzó a la venta de parte del patrimonio minero. La Ley de Bases Arancelarias (Arancel Fuiguerola, 1869) liberalizó los intercambios exteriores (acabando con la tradición proteccionista de la España del siglo XIX).

La constitución de 1869 consolidaba los principios liberal-democráticos defendidos por los partidos de la revolución, pero frustraban algunas aspiraciones de carácter popular y republicano (la monarquía disgustó a quienes aspiraban a la implantación de una República, el mantenimiento de culto y clero no era del agrado de los anticlericales, y los campesinos y obreros no vieron mejorar su situación). En esta época penetran en España las ideas internacionalistas, expandiéndose el anarquismo y el socialismo.

-La Monarquía de Amadeo de Saboya (1870-1873): la Constitución de 1869 establecía una monarquía democrática, por lo que era necesario encontrar un nuevo monarca; Prim se encargó de esta tarea, considerando como candidato a Amadeo de Saboya (de la casa italiana y proclive a una concepción democrática de la monarquía). El nuevo monarca fue elegido rey por las Cortes en 1870; ese mismo año llegó a España (habiendo sido asesinado Prim, su principal valedor).

Amadeo I contó con la oposición de los moderados (fieles a los Borbones, los cuales empezaron a organizar un partido alfonsino para restaurar la monarquía borbónica en la persona del hijo de Isabel II, Alfonso; esta opción fue apoyada por la Iglesia y fue Canovas del Castillo quien captó muchos disidentes convenciéndolos de que la monarquía borbónica era una garantía de estabilidad). La élite económica se colocó en contra de Amadeo I porque este permitía leyes que les perjudicaban (abolición de la esclavitud en Cuba, regulación del trabajo infantil,...). Tenía en contra a los sectores que no querían la monarquía como forma de gobierno, es decir, los republicanos y los sectores populares (protagonizaron constantes levantamientos que dieron inestabilidad al reinado de Amadeo I). Los carlistas, beneficiados por el clima de libertad, habían revivido las expectativas de sentar en el trono a su candidato (Carlos VII); mientras que una facción se había convertido en una pequeña fuerza política muy conservadora, otra optó por la vía insurrecta y se alzó en armas en 1872 (el levantamiento se inició en el País Vasco y se extendió a Navarra y zonas de Cataluña, sin representar un auténtico problema pero siendo foco permanente de inestabilidad).

En 1868 se había iniciado en Cuba (con el “grito de Yara”) la Guerra de los diez años (animada por hacendados cubanos y apoyada popularmente al prometer el fin de la esclavitud). El gobierno intentó abolir la esclavitud y conceder reformas políticas, pero se negaron los sectores económicos españoles con intereses en Cuba y frustraron la solución pacífica, convirtiéndose la guerra en un grave problema para España. En 1872 se produjeron insurrecciones de carácter federalista (en las que la acción de los republicanos se combina con las influencias anarquistas, aumentando la inestabilidad del régimen). La desintegración de la coalición gubernamental (progresistas, unionistas y demócratas) dejó al monarca sin apoyos para afrontar los graves problemas del país, lo que obligó a Amadeo de Saboya a renunciar al trono en 1873.

-La Primera República española (1873-1874): en ausencia de monarca, las Cortes proclamaron la República (gran parte de la cámara era monárquica, pero su voto a favor fue una estrategia de los alfonsinos para que la República se deteriorara dándoles tiempo a organizar la vuelta de los Borbones). Los partidarios de esta forma de gobierno era los miembros del Partido Demócrata Republicano Federal (escisión del Partido demócrata en 1868 i con Pi i Margall al frente), que defendían la República, una serie de pactos entre regiones como nueva forma de articular España, Estado aconfesional, ampliación de los derechos democráticos y mejora de las condiciones laborales (por intervención del Estado); contaba con el apoyo de la pequeña burguesía y parte del proletariado y el campesinado, antes de que éste fuera atraído por anarquistas y socialistas. La República motivó a los republicanos a constituir Juntas revolucionarias (Andalucía, Cataluña, Valencia,...); en las ciudades aparecieron revueltas populares reclamando la abolición de los consumos (impopulares impuestos sobre los productos básicos) y de las quintas (sistema de reclutamiento de un joven de cada cinco, que podía librarse mediante el pago al Estado de la redención).

Los dirigentes republicanos (respetando la legalidad) disolvieron la Juntas y sofocaron las revueltas. Fueron convocadas elecciones a Cortes constituyentes que ganaron (aun siendo sufragio universal hubo un 60% de abstención, se trataba de la estrategia de los monárquicos); En 1973, las Cortes reconocieron el régimen de la República federal y elaboraron una Constitución: similar a la de 1869 y con una estructura federal en la que el poder se lo repartían las instituciones autónomas (municipio, región y nación) reconociendo 15 Estados federales más Cuba y Puerto Rico.

La República había acelerado el conflicto carlista: en 1873 se extendió por Cataluña, hizo incursiones por Teruel y Cuenca y se consolidó en el País Vasco y el Maestrazgo (las tropas gubernamentales impidieron la extensión del movimiento, que se prolongaría hasta 1876). En Cuba la situación de la guerra no mejoraba (en parte porque las autoridades españolas en Cuba eran proclives a la restauración borbónica y actuaban al margen del gobierno central). En zonas republicana, la población se radicalizó por las aspiraciones revolucionarias de lo bakuninistas (anarquistas), alzándose en cantones dirigidos por los federales intransigentes (Cartagena, Sevilla, Málaga, Valencia, Alicante, Torrevieja, Salamanca,...). Pi i Margall dimitió ante la necesidad de emplear las armas; lo sustituyó Salmerón que dimitió por motivos similares (ambos eran antibelicistas).

Fue nombrado jefe de gobierno Castelar (representante de los republicanos más conservadores, Republicanos Unitarios). Castelar gobernó autoritariamente y tuvo un sector en la Corte dispuestos a forzarle dimitir. En 1874 el gobierno de Castelar fue derrotado en las cortes (120 votos contra 100); parecía inminente un gobierno de centro-izquierda y, para impedirlo, el general Pavía, invadió el hemiciclo y disolvió la asamblea (no hubo resistencia, lo que evidenciaba la debilidad de la República). El poder pasó a manos de Serrano (en una coalición unionista y progresista) que intentó mantener un régimen republicano conservador.

En 1874, el pronunciamiento militar de Martínez Campos (Sagunto), proclamaba rey de España a Alfonso XII. El mismo año Alfonso había firmado el Manifiesto de Sandhurst, que establecía el programa de la nueva monarquía (conservadora y católica, que defendería el orden social y el sistema político liberal).

-Valoración: a partir de 1869, los partidos en España adquieren una organización más moderna (pasan de ser grupos con intereses aglutinados ante la figura de un dirigente carismático y se convierten en partidos más populares). En el Sexenio Democrático, que supone un paréntesis de democracia, se consolida definitivamente el sufragio universal masculino y se intenta llevar a cabo un programa de renovación democrática y de recuperación económica. Las nuevas experiencias de gobierno, fracasan por la crisis económica y política de la época y, en el caso de la República, también por la división interna de los republicanos (entre unitarios, más conservadores, y federales, más progresistas; y dentro de los federales entre benévolos, representados por Pi i Margall y partidarios de la legalidad, y los intransigentes, más radicales). Las ideas democráticas se generalizan y la población se vuelve más exigente, coincidiendo con la llegada del socialismo y el anarquismo (que abrirán una nueva etapa en la organización del proletariado y el campesinado). Las exigencias populares (reducción de impuestos y abolición de las quintas) tradicionalmente no se tenían en consideración, pero en esta época los republicanos intentaron prescindir de los impuestos de consumo lo que fue imposible por el déficit de la Hacienda. A pesar del fracaso de los nuevos modelos de gobierno y de que terminaron con la vuelta de los Borbones, se pueden valorar como positivos, pues sirvieron de antecedentes e implantaron definitivamente libertades democráticas.

El PAPEL del EJÉRCITO (1833-1874). Las guerras carlistas hicieron que el ejército se convirtiera en la única garantía de la pervivencia de Isabel II en el trono (también fue indispensable en la época de Fernando VII para conseguir el trono y mantenerse en él). Fue indispensable para forzar a la Corona a entregar el gobierno a progresistas (que sólo accedían al poder la fuerza) o a moderados. En consecuencia, durante el siglo XIX el ejército tuvo una constante presencia en la vida política; de hecho los jefes de los partidos eran cargos militares (Espartero, Narváez, O'Donnell, Prim) y el ejército tuvo un papel destacado en momentos puntuales como el levantamiento de la guarnición de La Granja (1836), el pronunciamiento de Vicálvaro y el Manifiesto de Manzanares (1854, dirigido y apoyado, respectivamente, por jefes militares), la revolución de 1868 y el pronunciamiento militar de Martínez Campos (1874). El ejército no tenía la iniciativa de cambiar de gobierno, sino que era el mero brazo ejecutor de la conspiración política, haciendo que España se acostumbrase a solucionar las crisis por las armas (ello evidenciaba la debilidad del sistema de partidos). Los oficiales se distribuían entre las distintas ideologías; no obstante, muchos altos cargos del ejército comenzaron a ser progresistas (ya desde la Guerra de la Independencia) y esto propició que los progresistas pudiesen llegar al poder, ya que al ser el sufragio tan censitario (hasta la revolución de 1868) sólo podían derrocar a los moderados por la vía revolucionaria.

Las JUNTAS y la MILICIA NACIONAL. Las extensas atribuciones de la Corona, el apoyo que ésta recibía del ejército y el sufragio censitario, marginaban las clases populares de la vida política. Esto provocó la aparición de dos elementos populares (Juntas y Milicia) nacidos en la Guerra de Sucesión y en el reinado de Fernando VII. Las Juntas surgen en momentos de crisis, cuando el gobierno no responde a las expectativas del pueblo, y se constituyen de forma espontánea representando la voluntad popular. Aparecen en toda España y son un elemento esencial en el cambio de gobierno, pues hace que los golpes de Estado se conviertan en revueltas populares, ejercen el poder durante los conflictos y organizan las revoluciones. La Milicia es una alternativa al ejército regular al constituir una fuerza que lucha por los intereses liberales del pueblo y que se encontrará detrás de los levantamientos, pues a ella recurrieron a partir de 1835 los liberales en su intento de derrocar a los gobiernos moderados de Isabel II y de movilizar a los sectores populares.

PARTIDOS POLÍTICOS (1833-1874). El liberalismo hizo que en la vida política aparecieran los partidos. La enorme restricción de voto y la falta de tradición parlamentaria desvinculaban a la mayoría de la población de la política de partidos, haciendo que estos no tuviesen demasiado poder respecto a la Corona. Eran una agrupación de personalidades alrededor de algún notable (muchas veces militar) que respondían a una ideología vinculada por intereses económicos y no a un programa electoral. Los grandes partidos de la época isabelina, que reclamaban un liberalismo monárquico constitucional, eran los moderados y los progresistas.

Los moderados (terrateniente, comerciantes e intelectuales conservadores, parte de la vieja nobleza, alto clero y altos mandos militares) defendían el derecho a la propiedad, el sufragio censitario restringido (para impedir el acceso de las clases populares a la política), la soberanía compartida entre Cortes y Corona (otorgando a esta amplios poderes), la limitación de los derechos individuales (especialmente de prensa, asociación,...) y la influencia de la Iglesia Católica.

Los progresistas (media y pequeña burguesía, burguesía industrial y financiera) defendían el principio de soberanía nacional y el predominio de las Cortes, no aceptan el poder de la Corona en la política, partidarios de fortalecer los poderes locales (Ayuntamientos democráticos, Milicia Nacional,...) y defendían los derechos individuales y colectivos (de prensa, religión,...), el sufragio censitario (reservado a las clases ricas, pero ampliando el electorado); su posición a favor de la reforma agraria y el fin de la influencia eclesial les hacía contar con el apoyo de las clases populares medias, parte de la oficialidad media-baja del ejército y con profesionales liberales. Una escisión de los progresistas dio origen al Partido Demócrata (1849), que defendían el sufragio universal, la ampliación de las libertades, la intervención estatal en la enseñanza, la asistencia social y la fiscalidad para garantizar la igualdad. En 1845, surge un partido denominado Unión Liberal, que era una escisión de los moderados menos conservadores al que se unieron los progresistas más conservadores.

ECONOMÍA (1833-1930)

AGRICULTURA. Para que un Estado se industrializase era imprescindible un desarrollo agrario que contribuyese a un crecimiento económico general. En el caso de España, una de las principales causas del poco peso industrial que representaba a nivel europeo fue el escaso desarrollo agrario, producido por condiciones físicas adversas y porque la tierra era propiedad, mayoritariamente, de clases con poco interés por el desarrollo. La reforma agraria contribuyó a la desmantelación del Antiguo Régimen y a la implantación del liberalismo; de este modo, las reformas agrarias consolidaron la propiedad privada y la sociedad capitalista, lo que acabaría favoreciendo a la industrialización. La privatización de la tierra contribuyó a paliar el déficit público y permitió a las clases con recursos acaparar gran parte de las propiedades, perdiéndose la ocasión de disminuir las desigualdades y de fomentar una expansión agrícola, tal como hubiese ocurrido con una verdadera reforma de la estructura de la propiedad de la tierra. De hecho, ésta venia siendo una de las causas del atraso agrario; ya que los latifundios (presentes en Andalucía, Extremadura y sur de Castilla) tenían muy escaso rendimiento y forzaban a la población a la subsistencia (lo que condujo a movilizaciones campesinas), y los minifundios (característicos de Galicia y de la fachada cantábrica) presentaban una subdivisión que les impedía ser competitivos (provocando una fuerte emigración). El cereal fue el principal cultivo (contando con una gran protección arancelaria) y su precio era mucho mayor que en el mercado internacional, por lo que la población debía invertir más dinero en alimentación lo que impedía el consumo de productos manufacturados.

El escaso desarrollo agrario (que aumentó en otros países al mejorar su productividad) consolidó el retraso español y obstaculizó la industrialización (ya que un mayor desarrollo agrario hubiese permitido que una proporción cada vez mayor de la población ocupase el sector secundario y que aumentase la renta así como la demanda de bienes manufacturados).

DEMOGRAFÍA. A pesar de todo, la desamortización propició un aumento de la producción que acompañó a la progresiva modernización de la economía y permitió la transición demográfica. Este proceso, propio de los países que se están industrializando, se debió a un importante descenso de la mortalidad y, posteriormente, de la natalidad. Las mejoras alimenticias e higiénicas permitieron un descenso de la mortalidad a la mitad, y la mayor urbanización y planificación de la descendencia redujeron la natalidad; ambos factores significaron un crecimiento demográfico considerable pero inferior al de otros países. Dicho crecimiento fue periférico y propició un aumento de la urbanización (haciendo que los grandes núcleos, Madrid y Barcelona, superasen el millón de habitantes y Bilbao, Valencia, Sevilla, Málaga y Zaragoza duplicasen su población, hacia 1930). Otras ciudades menores también aumentaron su población gracias a que se convirtieron en centros industriales o mineros. A pesar de la creciente urbanización, la mayoría de la población seguía siendo rural. La distribución irregular de la población produjo tensiones entre el campo y la ciudad. El aumento de la población y las escasas oportunidades de trabajo, provocaron una fuerte emigración a América Latina. El minifundismo forzó a emigrar a parte de la población en Galicia, cornisa cantábrica y Canarias (Andalucía y Extremadura, a pesar de las deplorables condiciones de vida, muestran un tasa de emigración baja). El analfabetismo fue reduciéndose (siendo el 70 % de la población alfabetizada en 1930), pero en menor medida que en las potencias europeas (el analfabetismo fue un factor desfavorable para el desarrollo económico español).

INICIOS Y OBSTÁCULOS DE LA INDUSTRIALIZACIÓN. Durante el siglo XIX, en España se produce un desarrollo industrial importante pero inferior al de otros países con mayor tradición industrial. Este retraso tuvo diversas causas:

1. Un obstáculo fundamental, derivado indirectamente del escaso desarrollo agrario, fue el escaso poder adquisitivo de la población, que se tradujo en una débil demanda la cual elevó los costes y no estimuló la competitividad.

2. Escasez de fuentes de energía provocada por la falta de cursos de agua aptos para la energía hidráulica y por la mala calidad del carbón.

3. Otro obstáculo lo constituyó la distancia al núcleo central de la industrialización debido a la posición excéntrica de España y que supuso una desventaja manifestada en la dificultad para comerciar, por los elevados costes del transporte en aquella época.

4. También destaca el hecho de que el Estado absorbiese gran cantidad de recursos para hacer frente al déficit público (ya que los impuestos eran insuficientes), elevando de ese modo los tipos de interés, que desincentivaron las iniciativas empresariales al encarecer su financiamiento.

La industrialización española se originó en Cataluña por medio del sector algodonero, cuya importancia radicó en que su producción iba destinada al comercio, contrastando con el resto de actividades de la época. En Cataluña ya existía desde mediados del siglo XVIII una importante actividad manufacturera que producía tejidos de algodón vistosamente estampados. Esta industria se consolidó con la introducción de las nuevas tecnologías en el hilado (de origen británico) y con la prohibición de la entrada de algodón hilado en España (1802). No obstante, el crecimiento de la industria textil catalana se vio frenado por la congelación de los mercados durante la Guerra de la Independencia. Después de este conflicto la producción se reanudó, expandiéndose a pesar de la emancipación colonial y mecanizándose con la introducción de la máquina de vapor (especialmente en la hilatura). Dicha mecanización, necesaria por el aumento de los costes laborales derivados de la relativa escasez de mano de obra tras la Guerra de la Independencia, supuso una disminución de los gastos y de los precios de venta, lo que hizo aumentar la demanda. Esta época de crecimiento del sector se vio interrumpida por la Guerra de Secesión estadounidense que implicó dificultades para proveerse de materia prima. No obstante, a partir de 1874 se inició una fase de crecimiento promovida por la mecanización del tejido. Este dinamismo del sector algodonero, que permitió la industrialización catalana, no supuso la modernización del resto de la economía nacional.

FERROCARRIL. La construcción del ferrocarril se inició en España a mediados del siglo XIX, existiendo en el país un atraso importante en los medios de transporte respecto a otros países europeos. El primer recorrido ferroviario español, que unía Barcelona y Mataró, fue inaugurado en 1848. La implantación de la red se abordó durante el Bienio Progresista con la Ley General de Ferrocarriles (1855), que abrió una etapa de construcción intensa que se frenó con el hundimiento de la acciones del ferrocarril durante la crisis financiera de 1866. Este hecho, unido a que en muchas regiones escasease la industria y que el volumen de intercambios de mercancías fuese tan escaso que no beneficiase a los promotores ferroviarios, produjo la paralización de las construcciones, las cuales, al reemprenderse, se prolongaron hasta las primeras décadas del siglo XX. La construcción del ferrocarril estaba protegida por el Estado, que ofrecía subvenciones por kilómetro de vía construido (por lo que los trazados se planificaron más por el beneficio de la subvenciones que por la eficacia de la línea). Las grandes inversiones que supuso la construcción del ferrocarril propiciaron la entrada de capital extranjero (especialmente francés). La Ley General de Ferrocarriles presentaba aspectos que perjudicaron a la economía española durante el siguiente siglo: la estructura radial de la red con centro en la capital (que respondía al deseo de centralizar el Estado); la mayor anchura de los carriles, debido al problema técnico de superar la difícil orografía española y que dificultó el comercio con Europa por ser necesario un trasbordo de las mercancías al llegar a la frontera; y la autorización a las compañías para importar libremente los materiales para la construcción, haciendo que el beneficio que hubiese supuesto el aumento de la demanda en el sector siderúrgico y de maquinaria no se produjese, al contrario que en otras economías europeas.

El hecho de que la industria española no estuviese a la altura de la construcción del ferrocarril (con su modesta siderurgia y su inexistente construcción de maquinaria) forzó al gobierno a conceder la construcción del tejido ferroviario a empresas extranjeras (en especial porque una implantación más lenta de la red hubiese frenado dramáticamente la economía por la ineficacia de transportar las mercancías por medios antiguos). Los aranceles que posibilitaron la importación del material destinado a la construcción ferroviaria perjudicaron a los fabricantes nacionales, ya que supusieron una oportunidad desperdiciada de impulsar la industria y hacer prosperar la economía. A pesar de los fallos en la construcción del ferrocarril, éste tuvo indudables efectos positivos en la economía del país, pues facilitó el transporte de personas y mercancías, contribuyó a la exportación y articuló el mercado interior.

MINERÍA Y SIDERÚRGIA. El aumento de la demanda internacional de productos mineros, el avance en las técnicas de explotación y la liberalización de los yacimientos mineros, así como la concesión de la propiedad de las explotaciones a empresas extranjeras (francesas e inglesas, especialmente) por el endeudamiento de la Hacienda, propiciaron el aumento de la producción minera. Sin embargo, el desarrollo minero tuvo escasos efectos sobre el conjunto de la economía debido, seguramente, a la fuerte presencia de compañías extranjeras entre las explotadoras. La minería del carbón se desarrolló especialmente en Asturias, por la riqueza del subsuelo y porque la cercanía de la costa facilitaba el transporte marítimo. A pesar de la baja calidad del carbón, la producción asturiana aumentó; al principio, por lo elevados derechos arancelarios y, cuando dejó de ser competitivo por la liberalización el sector en 1869, mantuvo su crecimiento mediante ayudas estatales (de hecho, fue junto al cultivo cerealista uno de los sectores más protegidos).

Por otra parte, la introducción del convertidor Bessemer que transformaba el hierro en acero a partir de mineral sin fósforo, estimuló la demanda de hierro vasco al presentar esta característica tan escasa en Europa y, además, contaba con la ventaja de la proximidad a la costa. Durante la segunda mitad del siglo XIX se crearon en tierras vascas un gran número de sociedades mineras de capital extranjero y, en ocasiones, nacional cuya producción se destinó principalmente a la exportación (en especial, a Inglaterra vía Cardiff) por la escasa demanda interior. Desde comienzos del siglo XX, la difusión de nuevos métodos para obtener acero redujo la demanda del mineral vasco, pero en la zona ya se había consolidado una floreciente industria siderúrgica. Sin embargo, los primeros intentos de implantación siderúrgica se dieron en Málaga, que fracasó por la dificultad de obtener carbón, y en Asturias, que mantuvo cierta hegemonía por ser la única zona del país con yacimientos carboníferos. Pero con la llegada del coque galés, de mayor calidad y más barato que el obtenido a partir de hulla asturiana, se consolidó la siderurgia vizcaína en detrimento de la asturiana. En las últimas décadas del siglo XIX, se fundaron en Vizcaya las tres grandes empresas españolas del sector, introduciendo el convertidor Bessemer y el horno Martín -Siemens representando rápidamente casi dos tercios de la producción nacional. Fue muy importante, en cuanto a la reducción de gastos de transporte, el eje comercial entre Bilbao y la capital galesa, basado en la exportación de hierro a Inglaterra y la importación de carbón hacia el País Vasco. Cantabria también se beneficio de este hecho abriendo altos hornos. La fusión en ésta época de varias empresas originó la sociedad Anónima Altos Hornos de Vizcaya, la siderúrgica española más importante durante gran parte del siglo siguiente.

Los beneficios de la industrialización vasca permitieron una importante industria de bienes de equipo que se diversificó en construcciones mecánicas, navales y metalúrgicas, fomentando a su vez compañías eléctricas, químicas y de seguros, y reclamando grandes aportaciones de capital representadas por los Bancos Bilbao y Vizcaya. De este modo se conformó el tejido industrial en el País Vasco, el cual estimuló la modernización de la industria española, cosa que no había logrado el sector algodonero catalán.

DIFUSIÓN INDUSTRIAL. A partir del último tercio del siglo XIX, la industria española se diversificó y se extendió a nuevas regiones. No obstante, en aquella época el peso de la industria todavía era escaso a pesar del desarrollo textil y siderúrgico. El resto del sector secundario se basaba en actividades industriales tradicionales vinculadas a la alimentación, el calzado, la cerámica o el vidrio. La necesidad creciente de bienes de equipo en la agricultura y en el sector textil, propició la aparición de las primeras industrias metalúrgicas españolas, que no pudieron competir con los capitales de las empresas extranjeras ni con su tecnología, viéndose España, de hecho, forzada a importar gran parte de la tecnología necesaria para desarrollar su tejido industrial. Con la consolidación de la siderurgia vasca, el hierro fue una materia prima abundante y se asentaron nuevas empresas de construcciones mecánicas y navales. El sector químico, especialmente en Cataluña y la Comunidad Valenciana, experimentó un crecimiento importante gracias a la fabricación de medicamentos, pinturas, explosivos y otros productos.

La transformación económica de este periodo se explica por la introducción de la electricidad y del petróleo como nuevas forma de energía permitiendo a España superar el obstáculo que supuso la escasez de fuentes de energía debido a la mala calidad del carbón nacional. Estos progresos aparecieron en el contexto de la segunda Revolución Industrial y, como en la mayor parte de Europa, la electricidad permitió mecanizar la industria, disminuir los costes, reducir los precios, incrementar la demanda y aumentar la producción. Los avances en el tratamiento del petróleo y en la tecnología motora, supusieron la aparición del automóvil y propiciaron una revolución de los transportes durante la primera mitad del siglo XX de la cual se benefició España. El ferrocarril, el telégrafo y, posteriormente, el teléfono y la radio, supusieron una mejora decisiva en la transmisión de la información.

El crecimiento de la economía española presentaba profundos desequilibrios regionales. Además de los núcleos indústriales tradicionales representados por Cataluña y País Vasco, se sumó a las zonas industrializadas Madrid, cuyo desarrollo se debió a un fuerte crecimiento demográfico y a ser la sede de la Administración Central. Estas regiones eran las únicas cuyo producto interior bruto superaba a la media nacional en 1930, a las cuales se añadieron la Comunidad Valenciana (por su exportación citrícola) y, Castilla y León (ya que la emigración mejoró su estadística).

COMERCIO EXTERIOR Y POLÍTICA ECONÓMICA. Durante el siglo XIX, España aumentó sus intercambios con el exterior. Las principales mercancías exportadas a comienzos del siglo XIX fueron el aceite y el vino, y, en cuanto a las importaciones, tejidos de algodón y lino. A finales de siglo, la principal importación era el carbón y el algodón en rama, y las exportaciones más importantes eran minerales, tejidos de algodón y productos agrarios. Esta relación refleja como a principios de siglo la economía se basaba fuertemente en la agricultura y se importaban manufacturas por la escasa industria nacional; sin embargo, a finales de siglo, aunque todavía tiene un peso predominante la agricultura, se aprecia un incremento industrial puesto que se exportan productos elaborados y se importan materias primas. Durante la década de 1820 se produjo la traumática pérdida de las colonias, lo que orientó el comercio español hacia Francia y Gran Bretaña, cuya avanzada industrialización supuso una importante demanda de productos españoles.

Ante la creciente relación comercial con Europa, en España existían dos posturas enfrentadas durante todo el siglo XIX. Los proteccionistas defendían obstaculizar la competencia exterior para fomentar la producción interior, mientras que los librecambistas abogaban por liberalizar la entrada de productos extranjeros con el fin de estimular la competitividad de la industria española. La política arancelaria del gobierno se rigió por las pautas generales europeas y por la presión ante los sucesivos gobiernos en demanda de protección por parte de las industrias textiles catalanas, los cerealistas castellanos, los sectores mineros asturianos y los siderúrgicos vascos. De este modo se pasó de una etapa librecambista, a una caracterizada por el proteccionismo durante la última mitad del siglo XIX y que obstaculizó las relaciones con el mercado internacional, la incorporación de nuevas tecnologías, la especialización y supuso, en definitiva, un freno, no decisivo pero si importante, del desarrollo industrial español. Las empresas del país tendían a prácticas monopolizadoras, cuyas consecuencias eran el aumento de precios, el descenso de la demanda, el freno del crecimiento y menores posibilidades de las empresas para ser competitivas. La intervención del Estado en esta época fue fuerte y se basó en la implantación de aranceles y en el intervencionismo para reducir los riesgos de las inversiones privadas. Para proteger la producción nacional se dispusieron aranceles y para incentivarla se otorgaron privilegios fiscales, subsidios, primas y pedidos de la Administración. A pesar de que algunas medidas fueron nocivas para la economía, la intervención estatal fue decisiva para la implantación de la tecnología y la mejora del transporte.

VALORACIÓN. Aunque España progresó económicamente en todos los aspectos y se incrementó su industrialización, su desarrollo fue inferior al de otros países europeos (Gran Bretaña, Alemania, Francia, Bélgica,...) debido a múltiples factores como la inestabilidad institucional, el subdesarrollo agrario, la mala estructura fiscal, la falta de iniciativa empresarial, el escaso poder adquisitivo de la población, la excesiva intervención estatal, el perjudicial proteccionismo, etcétera, unidos a una escasez de recursos energéticos, una mala posición geográfica y unas duras condiciones climáticas y orográficas, así como la tardía incorporación al proceso de industrialización y las ocasiones perdidas a lo largo del siglo XIX, especialmente durante la reforma agraria y la construcción del ferrocarril. Sin embargo, el caso español no fue aislado, pues los países de la cuenca mediterránea presentan una evolución similar o inferior.

SOCIEDAD siglo XIX y principios del XX

Clases dirigentes	Nobleza	Pequeña Nobleza
				Gran nobleza terrateniente	Élite rentista/ Caciques
			Burguesía	Burguesía terrateniente
				Burguesía industrial
		Clases Medias
	Clases populares	Clases urbanas	Grupos urbanos (servicios)
				Artesanos
				Proletarios
			Campesinado	Mediano/ Pequeño propietario
				Arrendatario
				Jornalero/ Mozo permanente

CLASES DIRIGENTES. La pequeña nobleza (abundante en el Norte y el centro del país), una vez perdidos sus privilegios, se deterioró económica y socialmente. La gran nobleza también perdió sus privilegios, pero conservó la mayoría de sus tierras en forma de propiedad privada y adquirió nuevas tierras durante las desamortizaciones, por lo que se incrementó su poder económico. A finales del siglo XIX, el carácter rentista de la nobleza y su costoso estilo de vida, forzó a esta élite al endeudamiento y a la cesión de parte de sus tierras, por lo que el patrimonio nobiliario decreció, viéndose superado por las fortunas burguesas (muchos nobles optaron por emparentarse con burgueses). La alta nobleza tenía un gran poder proveniente de su riqueza, de la influencia que ejercieron las “camarillas” en la corona durante el reinado moderado isabelino y de que ocupasen los altos cargos del ejército y del Senado. La nobleza mantuvo sus anticuados valores de vivir de las rentas y no se adaptó al liberalismo, siendo imitados por parte de la burguesía.

La revolución liberal fue formando una burguesía, dinámico grupo ligado a las operaciones comerciales y financieras (que apareció a finales del s. XVIII). Durante el siglo XIX, activos grupos de negociantes liberales fueron los inversores en Deuda Pública y en la Bolsa (especialmente con el ferrocarril), logrando engrandecer sus fortunas. Gran parte de esta burguesía, en lugar de sentirse atraída por la inversión industrial, consiguieron tierras provenientes de la desamortización y se convirtieron en rentistas. Se trataba de la burguesía del Norte y de Andalucía, cuyo centro y residencia era Madrid (durante el reinado isabelino el centro de negocios y de poder fue la capital). La burguesía industrial (limitada a Cataluña y País Vasco, únicas regiones industriales), se preocupó por conseguir del Estado políticas proteccionistas para sus productos. Su escaso número y poder económico en comparación con la burguesía terrateniente, dificultó la implantación de una sociedad industrial en lugar del capitalismo agrario defendido por la burguesía terrateniente. En la sociedad isabelina se formó una relación entre las clases dirigentes: la burguesía aportaba el dinero y la innovación que suponía el derecho y la propiedad, y la nobleza, el pasado y el prestigio social. Muchos burgueses intentaron conseguir un título mediante matrimonios o comprándolo. El peso de los terratenientes consolidó un modelo rentista, en lugar del modelo emprendedor del burgués industrial (abundante en otros países). En Cataluña, y posteriormente en las zonas industriales del norte, los valores del trabajo, el esfuerzo y la austeridad se convirtieron en predominantes. No obstante, la ostentación de riqueza por parte de los burgueses expresaba las aspiraciones de reconocimiento social.

La clase media era un conglomerado que agrupaba a propietarios, comerciantes, pequeños fabricantes, profesionales liberales (abogados, notarios, arquitectos, médicos,...) y empleados públicos (maestros, oficinistas,...), cuya riqueza era muy inferior a la de las clases dirigentes. Su escaso número evidencia la polarización de la sociedad, la escasa industrialización y urbanización, y explica la violencia que tendrá la lucha social. Las clases medias pretendían imitar el estilo de vida de los grupos poderosos, y compartían sus formas de ocio y nivel de instrucción. Eran conservadoras y defendían la propiedad.

El papel de la mujer en las clases altas y medias era el matrimonio, el hogar y las relaciones sociales; su educación era acorde con este fin, pero a partir del Sexenio Democrático aumentó la demanda femenina de educación, pero siguieron alejadas de las universidades. Las mujeres de las clases populares trabajaban como los hombres. Las formas de ocio pasaron a comercializarse (las élites frecuentaban teatros de ópera, cafés, restaurantes, bailes,... y las corridas de toros continuaron siendo la diversión popular). El peso de la Iglesia siguió siendo muy importante, a pesar de que sectores liberales demandaban una laicización de la sociedad y las clases trabajadoras eran anticlericales (al asociar la Iglesia con los grupos poderosos).

CLASES POPULARES. Abarca los grupos desfavorecidos durante la revolución liberal: grupos urbanos, artesanos, campesinos pobres, jornaleros sin tierras y el proletariado.

Las clases bajas urbanas estaban formadas por mujeres que trabajaban en el servicio doméstico (la inmensa mayoría de las mujeres de clase baja, al contrario de las de clase alta, trabajaban), mozos de comercio y pequeños tenderos. El crecimiento urbano permitió la concentración en las ciudades de trabajadores de servicios (empleados de limpieza, alumbrado, transporte, administración, comercio,...) que bordeaban el límite entre las clases medias y las populares. Aunque los privilegios gremiales desaparecieron en la década de 1830, continuó habiendo una fuerte presencia artesana tanto en el medio rural como en las ciudades (en gran parte de España realizaban la mayoría de los productos manufacturados).

La disolución del régimen señorial y las desamortizaciones no alteraron la estructura de la propiedad de la tierra; aunque permitieron la copra de propiedades por parte de agricultores acomodados y burgueses urbanos, la tierra se volvió a concentrar en pocas manos. Los señores conservaron, de forma reforzada con el reconocimiento de propiedad privada, sus tierras en Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura. En Cataluña y Valencia, muchos arrendatarios enfitéuticos accedieron a la propiedad (formándose un grupo de medianos y pequeños agricultores). Desaparecida la servidumbre jurídica del antiguo régimen, los campesinos continuaron sometidos al poder del cacique, a cambio de trabajo, arriendo de tierras, mínima protección,... La situación del campesinado era compleja; existía el pequeño propietario, el arrendatario, el mozo permanente y el jornalero sin tierras. La reforma agraria dio lugar a un amplio grupo de campesinos sin tierra (o parcelas pequeñas) que vivían como jornaleros soportando duras condiciones de vida y bajos salarios. El “hambre de tierras” no se corrigió con la reforma agraria y se acentuó con la privación de las tierras concejiles. Su presencia era predominante en la zona del latifundio (Sur del Tajo). Gran parte del grupo tan solo trabajaba parte del año (siembra, recolección,...), por lo que sufrían paro estacional. La pobreza obligaba a trabajar (por un salario aún más bajo) a las mujeres y los hijos de los jornaleros. El número de jornaleros aumentó en la primera mitad del siglo XIX por el crecimiento demográfico del grupo, por la transformación de parte de los antiguos campesinos de las tierras señoriales en jornaleros y porque (sobre todo en el sur) los pequeños agricultores, agobiados por las deudas, sucumbieron ante la demanda de tierra de los labradores acomodados y los nuevos terratenientes.

El proletariado surge con la nueva organización del trabajo producida por el proceso de industrialización. El limitado proceso de industrialización en España supuso que el número de obreros fuese menor que en Europa, concentrándose en Cataluña y aumentando su presencia a medida que la industrialización se expandía a otras zonas (País Vasco, Asturias, Valencia,...). El patrón compraba la fuerza de trabajo de un obrero a cambio de un salario (no existía ninguna ley que regulase la situación al principio de la industrialización). Las jornadas laborales eran de 12 a 14 horas (todos los días del año) en establecimientos insalubres. Mujeres y niños eran habitualmente empleados en las fábricas (cobraban un salario inferior al de los hombres).

LOS PRIMEROS MOVIMIENTOS SOCIALES. El aumento de la población asalariada en el campo, mientras el trabajo y los recursos se mantenían estables, provocó un grave problema social. Desde principios de siglo, los campesinos sin tierras protagonizaron manifestaciones espontáneas de rebeldía (destrucción de cosechas, bandolerismo,...). Algunos campesinos presentaron pleitos y se negaban a pagar tierras, pero los tribunales fallaban a favor de los terratenientes, lo que aumentó la radicalización. A partir de la nueva desamortización que hizo pasar la mayoría de las tierras comunales a manos privadas durante el Bienio Progresista (1854-1856), las insurrecciones agrarias se convirtieron en una constante en el campo andaluz (donde había hambre crónica durante las malas cosechas). Los levantamientos consistieron en quema de cosechas y escrituras, matanzas de ganado, ocupaciones de tierras y su reparto entre los jornaleros,... A mediados del siglo XIX, tuvo lugar en Andalucía, Aragón y Castilla un fuerte movimiento de ocupación de tierras y en Sevilla hubo revueltas en algunos pueblos. Numerosos campesinos se alzaron en varias provincias andaluzas y formaron un ejército, pero la falta de apoyo político hizo fracasar el movimiento. El afán de tierras continuó y los movimientos campesinos se prolongaron durante más de medio siglo.

Las primeras manifestaciones de protesta obrera tuvieron lugar a partir de 1830 (quema de telares mecánicos en Alcoy, incendio del Vapor Bonaplata en Barcelona) y se basaron en el ludismo (destrucción de máquinas al responsabilizarlas de la pérdida de puestos de trabajo). La mala situación de los trabajadores se debía al desigual reparto de beneficios y salarios, por lo que intentaron cambiar la situación laboral utilizando la unidad de acción y la huelga. El primer sindicato (la Sociedad de Tejedores, fundada en Barcelona en 1840) nació al organizarse los tejedores ante la decisión de los fabricantes de alargar el tamaño de las piezas sin aumentar el salario. Los primeros sindicatos agrupaban a los trabajadores por oficios, reivindicaban mejoras laborales y funcionaban como Sociedades de Protección Mutua. El sindicalismo se desarrolló durante los años cuarenta a pesar de la oposición de los empresarios y del gobierno 8que prohibieron las asociaciones obreras).

La mayor tolerancia del gobierno del Bienio Progresista permitió que proliferase el obrerismo y la subida del precio de los alimentos estimuló las reivindicaciones. Durante el Bienio, tuvo lugar en Barcelona la primera huelga general, la cual reivindicaba el derecho a asociación, la fijación de la jornada laboral,... y culminó con la creación de un comité de patronos y obreros que acordó el aumento de los salarios. A partir de esta época, se asentó el sindicalismo de clase y la huelga.

ANARQUISMO Y SOCIALISMO (1868-1898). La entrada del socialismo en España se produjo a través de Cádiz, el cual promovía un orden social más justo. En Andalucía, Madrid y Barcelona surgieron núcleos socialistas. El republicanismo federal encontró un amplio apoyo de las clases medias y populares. Durante el Sexenio Democrático (1868-1874) los federales defendieron un programa el régimen republicano, la descentralización y mejoras laborales. La falta de apoyo político y la no satisfacción de parte de sus reivindicaciones condujeron a sectores obreros hacia el anarquismo y el socialismo.

Durante el sexenio Democrático (1868-74), la nueva situación de tolerancia permitió la expansión del movimiento obrero y la llegada del socialismo y el anarquismo. La Primera Internacional (creada por Karl Marx, defensor de la lucha de clases y el comunismo) empezó a ser conocida en España por Fanelli (enviado por el anarquista Bakunin). Fanelli fundó los primeros núcleos de la AIT y difundió los ideales bakuninistas como si fuesen los de la AIT, lo que ayudó a arraigar en el proletariado catalán y el campesinado andaluz las idas anarquistas pensando que se trataban del programa de la AIT. En el Congreso de Barcelona (1870) se fundó la Federación Regional Española (FRE) de la AIT, donde se acordó la necesidad de preparar al obrero para la revolución, la huelga como medio de acción y el carácter apolítico del movimiento. La dirección española de la AIT recaía en un Congreso Federal, y en su momento de máxima expansión (1873) contaba con 40000 afiliados y más de doscientas federaciones (Cataluña, Valencia, Andalucía,...). Las ideas marxistas llegaron a España por medio de Lafargue, que impulsó grupos marxistas que desarrollaron (a través del periódico La Emancipación) una campaña del marxismo. Las discrepancias entre marxistas y bakuninistas culminaron con la escisión de la FRE y la fundación por parte de los marxistas de la Nueva Federación Madrileña. El internacionalismo tuvo su momento álgido durante la Primera República, cuando los anarquistas adoptaron una postura insurreccional para provocar el derrumbe del Estado. Con la Restauración, las organizaciones obreras fueron declaradas ilegales y hubo una gran represión (forzándolas a la clandestinidad y haciendo que la Internacional perdiese fuerza). El ascenso de los liberales en 1881, permitió volver a la legalidad y expandirse a los movimientos obreros.

La FRE (bakuninista, de mayor implantación en Cataluña y Andalucía) cambió de nombre (para adaptarse a la nueva legalidad que prohibía las asociaciones internacionales), aumentó su número de afiliados y desarrolló una acción sindical reivindicativa. Los desacuerdos internos y la represión favorecieron que parte de los anarquistas optara por la acción directa, atentando contra los pilares del capitalismo (Estado, burguesía e Iglesia). Los actos más destacados de violencia fueron: atentados contra personajes claves de la Restauración (Cánovas, Martínez Campos), bomba en el Liceo de Barcelona (ataque a la burguesía) o contra la procesión del Corpus (símbolo eclesiástico). Los atentados se respondieron con gran represión indiscriminada, la cual provocó una espiral de violencia que culminó con los procesos de Montjuïc (en los que fueron ejecutados 5 anarquistas). El anarquismo se dividió entre los partidarios de la acción directa y los que propugnaban la acción de masa; estos últimos planteaban una revolución social a medio plazo y la fundación de organizaciones sindicales (a principios de siglo fundaron Solidaridad Obrera y la CNT).

La Nueva Federación Madrileña (marxista), se convirtió en el origen del Partido Socialista Obrero Español (fundado por Pablo Iglesias, 1879) e impulso la creación de un sindicato socialista (la Unión General del Trabajadores). Los socialistas tuvieron mayor presencia en Madrid, Asturias y Vizcaya. El PSOE era un partido marxista partidario de la revolución social y que presentaba un programa que incluía el derecho de asociación, reunión y manifestación, el sufragio universal, la reducción de la jornada laboral y otras medidas sociales. El partido se afilió a la Segunda Internacional, protagonizó huelgas y consiguió concejales en algunos ayuntamientos, obteniendo su primer diputado en 1910. La UGT era un sindicato de masas que se organizaba en secciones por oficios. Aunque la UGT era independiente del partido, estuvieron muy vinculados, y elaboró un programa reivindicativo de mejoras laborales defendiendo la negociación colectiva y la huelga.

Las duras condiciones de vida de la clase obrera empezaron a concienciar a los liberales de que el gobierno debía regular las relaciones laborales. Con este fin se creó la Comisión de Reformas Sociales (para informar sobre la condición obrera y regularla), se aprobaron leyes contra el trabajo infantil y se crearon asilos y barriadas para obreros.

SINDICALISMO Y CONFLICTIVIDAD OBRERA (principios del s. XX). En las primeras décadas del siglo XX aumentaron los militantes sindicales (aunque su número sólo era importante en las zonas industriales). Las viejas federaciones se convirtieron en sindicatos de masa, pero seguían sin tener influencia en la vida política. El nuevo siglo se inició con un ciclo de agitaciones obreras con mayor incidencia en Cataluña (1902, huelga general en Barcelona), Valencia, Andalucía, Asturias, Castilla, País vaso y Madrid. Estos conflictos tenían el fin de oponerse a la pérdida de capacidad adquisitiva obrera, y reclamaban la jornada laboral de 8 horas y el reconocimiento de los sindicatos.

El sindicalismo socialista (UGT) tuvo un crecimiento de afiliación debido a la ausencia de una ideología rígida (su incidencia fue mayor en Madrid y el Norte).

El impulso del anarquismo resultó importante en Cataluña, donde se creó Solidaridad Obrera (federación obrera, apolítica y favorable a la lucha revolucionaria). Solidaridad Obrera contó con su propia prensa y fundó la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), logrando implantarse en Cataluña, Andalucía y Valencia. La CNT era revolucionaria y apolítica, y se basaba en la independencia del proletariado, la necesidad de unidad sindical y la voluntad de derribar el capitalismo; la acción debía llevarse a cabo por medio de huelgas y boicots que culminasen en una huelga general revolucionaria.

La legislación laboral comenzó a formarse a partir de 1900, mediante la promulgación de leyes y reglamentos que regulasen las condiciones de trabajo (estas medidas eran tímidas y de escaso cumplimiento, por la inexistencia de una inspección de trabajo y unos tribunales laborales eficaces). Las organizaciones obreras tomaron conciencia, ante la indiferencia de las autoridades, de la necesidad de educación, convirtiéndola en un instrumento de liberación de la clase obrera. Se impulsó la creación de Ateneos Obreros (lugares de reunión donde se realizaban actividades lúdicas o educativas), de la Escuela Moderna (creada por Francisco Ferrer y Guardia), de la Escuela Nueva (creada por el PSOE) y de Casas del Pueblo (impulsadas por el PSOE).

VALORACIÓN. Los cambios económicos derivados del proceso de reforma agraria y de la industrialización dieron lugar a la configuración de una nueva sociedad de clases, en la que desaparecían los estamentos. La revolución liberal transformó las relaciones sociales al hacer desaparecer los privilegios e igualar a todos los ciudadanos ante la ley. Debido a esta desaparición de los privilegios señoriales y de las diferencias jurídicas, las diferencias y enfrentamientos de clases son por motivos económicos. La riqueza se convirtió el factor básico de definición social, existiendo un acusado contraste entre burgueses y propietarios y las clases populares.

La RESTAURACIÓN MONÁRQUICA (1875-1902)

FUNDAMENTOS DE LA RESTAURACIÓN. El pronunciamiento de Martínez Campos (1874) supuso la restauración de la monarquía en la persona de Alfonso XII (hijo de Isabel II). El sistema político (diseñado por Cánovas y basado en la Corona, los partidos dinásticos y el ejército) tenía un carácter conservador y se asentaba en un sistema parlamentario liberal, pero escasamente democrático. La Restauración fue bien recibida por los conservadores, atemorizados por la radicalización del Sexenio y del obrerismo, con la esperanza de que la monarquía devolviese la estabilidad, y redujese el intervencionismo militar en la política y la proliferación de enfrentamientos civiles. El nuevo sistema se basó en la Constitución de 1876 (moderada e inspirada en la de 1845) la cual defendía los valores tradicionales, la religión y la propiedad, y era compatible con la incorporación de algunos de los principios democráticos del Sexenio. La Constitución establecía la soberanía compartida entre las Cortes y la Corona (a la que se le otorgaba el poder legislativo junto con las Cortes y el nombramiento de ministros). Las Cortes se dividían en 2 cámaras (el Congreso de los diputados y el Senado) y se proclamó la confesionalidad católica del Estado (restableciendo el presupuesto al clero). Contaba con una gran declaración de derechos que se remitía a leyes que tendían a restringirlos (especialmente, los de imprenta, expresión, asociación). La Corona era considerada incuestionable y su papel era ejercer de árbitro político y garantizar la alternancia en el poder. El poder debía ser alternado entre los grandes partidos dinásticos (el conservador y el liberal), que renunciaban a los pronunciamientos. Al ejército se le quería alejar de la vida política, por lo que se estableció la supremacía del poder civil sobre el militar (pero otorgando al ejército libertad absoluta en sus asuntos internos), y se potenció al rey como su símbolo. La despolitización del ejército fue aparente, pues se acabó convirtiendo en un instrumento de presión sobre la vida civil.

La Restauración Borbónica privó a los carlistas de su hipotética legitimidad y el ejército bajo el mando de Martínez Campos forzó la rendición de los carlistas en Cataluña, Aragón y Valencia (el conflicto continuó en el País Vasco y Navarra hasta su total rendición en 1876). La derrota carlista supuso la abolición del régimen foral, quedando los vascos sujetos a los impuestos y al servicio militar comunes a España (se estipuló cierta autonomía fiscal). El fin del carlismo permitió el envío de nuevas tropas a Cuba (donde se puso fin al conflicto tanto por la acción militar como por las negociaciones). La Paz de Zanjón (1878) incluía una amnistía, la abolición de la esclavitud y la promesa de reformas políticas que permitiesen a Cuba tener diputados en las Cortes (el retraso o incumplimiento de estas reformas provocaría posteriores insurrecciones). El fin de la guerra carlista y cubana favoreció la estabilidad del régimen.

ALTERNANCIA EN EL PODER Y OPOSICIÓN. Los dos grandes partidos, el conservador y el liberal, coincidían en lo fundamental: defendían la monarquía, la constitución, la propiedad privada y la consolidación del Estado liberal y centralista. Ambos eran los partidos de las élites económicas y las clases medias (aunque lo terratenientes eran más entre los conservadores y los profesionales entre los liberales). El Partido Conservador (Cánovas del Castillo) aglutinó los sectores más conservadores y el Partido Liberal (Sagasta) reunió a antiguos progresistas, unionistas y algunos ex republicanos moderados. Los conservadores eran más proclives al inmovilismo y a la defensa de la Iglesia, mientras los liberales estaban más inclinados al reformismo progresista y laico. El gobierno se ejercía mediante un turno pacífico y regular entre ambos para asegurar la estabilidad mediante la participación de las dos ramas del liberalismo. Cuando el partido en el gobierno sufría un desgaste político, el rey llama a la oposición a formar gobierno, el líder de la cual convocaba elecciones para obtener una mayoría con la que gobernar de forma estable. Esta alternancia fue posible gracias a un sistema electoral corrupto que se valía de la influencia de los caciques. El ministro de Gobernación elaboraba la lista de los candidatos que debían salir elegidos y los alcaldes y caciques garantizaban su elección. Para conseguir la elección del candidato se adulteraban los resultados (pucherazo) mediante la falsificación del censo, manipulación de actas, compra de votos y amenaza al electorado y a la oposición. Los caciques eran individuos que, por su poder económico e influencias políticas, controlaban una determinada zona rural, donde la población estaba sujeta al cacique que hacía certificados, controlaba el sorteo de las quintas, proponía el reparto de las contribuciones, podía resolver o complicar los trámites burocráticos y proporcionaban puestos de trabajo. Con favores de este tipo recompensaban los caciques la fidelidad electoral y el respeto a sus intereses. El fraude electoral se apoyaba en el trato favorable a los distritos rurales (donde era mayor la influencia caciquil) y a la abstención de gran parte de la población (por no sentirse representados y por el desencanto de la oposición en participar en el proceso electoral).

El turno dinástico funcionó regularmente hasta 1898, cuando la crisis erosionó a los partidos dinásticos. A partir de entonces, en algunas ciudades grandes las fuerzas de la oposición se hicieron con el poder, pero el turno (aunque desprestigiado) duró hasta 1923. El partido conservador se mantuvo en el gobierno desde 1875 hasta 1881. Tras la muerte de Alfonso XII (1885), el temor a la desestabilización del sistema impulsó a conservadores y liberales a acordar un gobierno liberal en el Pacto del Prado. Maria Cristina asumió la regencia hasta 1902, cuando su hijo Alfonso XIII alcanzó la mayoría de edad. Durante el Gobierno largo de los liberales (1885-1890), Sagasta tuvo la oportunidad de hacer varias reformas: abolición de la esclavitud, Ley de asociaciones y sufragio universal masculino (el cual no permitió democratizar el sistema por el control electoral).

El sistema de la Restauración marginaba a amplios sectores de la sociedad, por lo que se concedió un reducido espacio parlamentario a la oposición más acomodadiza y se marginó a los más radicales. La dirección del carlismo, tras su fracaso bélico, optó por el exilio a Francia y por las conspiraciones. No obstante, los carlistas carecían de capacidad suficiente para realizar nuevos levantamientos y, en ocasiones, colaboraron en las insurrecciones republicanas. Un sector del carlismo de carácter integrista creó el Partido Tradicionalista, que defendía el antiliberalismo, la tradición y la Iglesia. El republicanismo debió enfrentarse al desencanto de sus seguidores, a la represión y a la división interna. Parte del republicanismo fundó el Partido Posibilista (Castelar) y optó por participar en la Restauración con un papel testimonial; los sectores más radicales formaron el Partido Republicano Progresista (Ruiz Zorrilla), que protagonizó pronunciamientos pero sin contar con apoyo popular; el resto del republicanismo unitario se organizó alrededor de Salmerón y los federales (más numerosos) siguieron a Pi i Margall. La introducción del sufragio universal (1890) significó la revitalización del republicanismo y estimuló su reunificación con la creación de Unión Republicana, pero el hecho de que el movimiento obrero se identificase más con el internacionalismo les privó de gran parte de su base social.

NACINALISMOS. Durante la Restauración, emergen movimientos de carácter nacionalista como reacción a las pretensiones centralistas que no respetaban las culturas regionales.

-Catalanismo: en 1830 (dentro del Romanticismo y de una España liberal incapaz de desarrollarse económicamente) surgió en Cataluña un movimiento cultural y literario sin aspiraciones políticas, cuya finalidad era la recuperación de la lengua y de la cultura catalana (la Renaixença). Las primeras aspiraciones políticas catalanas surgieron con la creación del Centre Català por parte de Valentí Almirall, que pretendía la autonomía, denunciaba la opresión catalana y reclamaba armonía entre los intereses de las distintas regiones españolas. Un grupo de intelectuales (contrarios al progresismo de Almirall) fundaron Unió Catalanista, de tendencia conservadora y cuyo programa (fijado en las Bases de Manresa) defendía una organización confederal de España y soberanía interna en Cataluña. La convergencia de interese entre los catalanistas y la burguesía industrial, cuajó en la creación de la Lliga Regionalista (1901), que presentaba un programa conservador centrado en la lucha contra el corrupto sistema de la Restauración y a favor de la autonomía de Cataluña.

-Nacionalismo Vasco: en el País Vasco la abolición de los fueron (tras la ultima guerra carlista) dio origen a una corriente que reclamaba los derechos forales. Por otra parte, la industrialización supuso una fuerte inmigración que fragmentó a la sociedad vasca y supuso el fortalecimiento de una corriente de defensores de la lengua y la cultura vascas (euskeros). Sabino Arana formuló los principios del nacionalismo vasco y fundó el Partido Nacionalista Vasco (1894), que se articulaba en torno a los principios de la raza vasca, los fueron y la religión. Defendían la vieja sociedad de forma tradicionalista y antiliberal, reclamando también los fueros. Más tarde, abandonaría los postulados independentistas para impulsar la creación de un partido autonomista.

-Galleguismo: por ausencia de una burguesía, el regionalismo fue más débil y tardío en Galicia, pese a contar con una población campesina con lengua y cultura muy arraigadas. A mediados del siglo XIX se inició O Rexurdimento, que supuso el redescubrimiento de la literatura gallega. Unas minorías cultas responsabilizaban a la subordinación política gallega de su atraso económico (que forzaba a la emigración). Durante la última etapa de la Restauración, el galleguismo fue adquiriendo un carácter político aunque el movimiento fue minoritario.

-Otros nacionalismos: El valencianismo adquirió cierta importancia con la creación de València Nova y Juventut Valenciana, primeros pasos hacia la creación de un movimiento político. En Andalucía comenzó a forjarse un nacionalismo alrededor del Ateneo de Sevilla, al que Blas Infante dio un gran impulso pero no consiguió tener influencia política.

LAS GUERRAS COLONIALES. Entre la Paz de Zanjón y el inicio de la última guerra cubana se produjo la Guerra Chiquita (1879), pero los gobiernos españoles tuvieron casi dos décadas para introducir las reformas prometidas a Cuba. El período idóneo para hacer concesiones fue el Gobierno largo de los liberales, pero la única medida que acabó aprobándose fue la abolición de la esclavitud (1888), ya que las propuestas de dotar de autonomía a la colonia fueron rechazadas en las Cortes. Las tensiones aumentaron con la oposición Cubana a los fuertes aranceles proteccionistas que España imponía para obstaculizar el comercio con Estados Unidos (principal comprador de productos cubanos). El proteccionismo sobre Cuba se reforzó con el arancel de 1891, que creó gran malestar en la isla y en EE UU.

José Martí fundó el Partido Revolucionario cubano, protagonista de la revuelta independentista de 1895 (grito de Baire). La insurrección comenzó en la parte oriental de la isla y entre sus dirigentes contó con Antonio Maceo y Máximo Gómez, que consiguieron extender el conflicto a la parte oriental. El gobierno (presido por Cánovas) respondió enviando el ejército bajo el mando de Martínez Campos. La falta de éxitos decidió el relevo de Martínez Campos por Valeriano Weyler, que empleó métodos más contundentes para acabar con la insurrección (aislar en aldeas cerradas a la población campesina de las tropas insurrectas). La dificultad de proveer de alimentos y asistencia médica produjo una elevada mortalidad civil y militar; además, la guerra resintió la economía cubana. El nuevo gobierno liberal decidió probar una estrategia de conciliación, concediendo a Cuba la autonomía, el sufragio universal, la igualdad de derechos y la autonomía arancelaria. Pero las reformas eran tardías y los independentistas (apoyados por EE UU) se negaron a aceptar el fin de las hostilidades. Al mismo tiempo, se produjo la insurrección de Filipinas (donde la presencia española era menor). El levantamiento filipino fue reprimido y su dirigente (José Rizal) fue ejecutado. En 1898, EE UU declaró la guerra a España tras el hundimiento del Maine. Los americanos intervinieron en Cuba y Filipinas, derrotando a la flota española en Cavite (Filipinas) y Santiago (Cuba). La intervención americana en Filipinas propició un nuevo alzamiento que finalizó con la expulsión de los españoles. En 1898 se firmó la Paz de París, que significó el abandono por parte de España de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que quedaron bajo control americano.

LAS CONSECUENCIAS DEL 98. La derrota de 1898 sumió a la sociedad en un estado de frustración, ya que significó el fin del mito del imperio español (en un momento en que las potencias europeas forjaban imperios coloniales) y la relegación de España a un papel secundario. La prensa extranjera presentó a España como una nación moribunda, con un ejército ineficaz y un sistema político corrupto (esta imagen cuajó en la sociedad). No hubo una crisis política (como se había vaticinado) y el sistema de la Restauración sobrevivió adaptándose a la nueva situación. Tampoco hubo crisis económica y, de hecho, durante los primeros años del nuevo siglo se redujo la Deuda Pública y aumentaron las inversiones de capital repatriado. A pesar de la envergadura del desastre, la estabilidad económica y política pone de manifiesto que la crisis fue más moral e ideológica que real. La burguesía industrial tomó conciencia de la incapacidad de los partidos dinásticos de desarrollar una política renovadora, por lo que apoyaron la expansión de los movimientos nacionalistas (País Vasco y Cataluña).

La crisis colonial favoreció la aparición de movimientos que criticaron el sistema de la Restauración y propugnaron la necesidad de una regeneración y modernización de la política española, los cuales se basaron en las ideas de Joaquín Costa, que proponía dejar atrás los mitos de un pasado glorioso, modernizar el país y alfabetizar a la población (“escuela, despensa y siete llaves al sepulcro del Cid”). También defendía la desmantelación del sistema caciquil y la transparencia electoral. Tras el desastre, apareció la generación del 98, un grupo de intelectuales (Unamuno, Valle Inclán,...) caracterizado por su pesimismo y su crítica al atraso español. La derrota militar supuso un cambio en la mentalidad del ejército, que se volvió más autoritario y comportó el retorno del éste a la vida política, ya que veían en la ineficacia de los políticos la razón de la derrota.

El gobierno de Sagasta estaba desgastado y la Regente llamó al gobierno al nuevo líder conservador, Francisco Silvela, el cual mostró cierta voluntad de renovación dando entrada a figuras regeneracionistas (como el general Polavieja). Se inició una política reformista con proyectos de descentralización administrativa y aumento de los impuestos sobre los productos básicos. Estos impuestos provocaron huelgas y los ministros dimitieron ante las dificultades de reformar, perdiéndose el espíritu regeneracionista. El sistema de la Restauración demostró ser capaz de adaptarse a intentos de renovación y sobrevivió al desastre, quedándose en nada las promesas de renovación.

Valoración. La Restauración constituyó un largo período que se extendió desde el pronunciamiento de Martínez Campos (1874), hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera (1923), con una importante inflexión en 1898. Fue una época de estabilidad constitucional, modernización económica y alejamiento del ejército de la vida política, pero sustentado en el dominio de la burguesía oligárquica, el caciquismo y el fraude electoral. El “desastre” del 98 hizo tambalearse los cimientos del corrupto sistema, planteando la necesidad de reformas destinadas a regenerar la política y la sociedad del país.

CRISIS de la RESTAURACIÓN (1902-1931)

FUERZAS POLÍTICAS. En 1902, Alfonso XIII llega al trono y se inicia la segunda etapa de la Restauración, en la que se intentó modernizar el sistema político (pero el miedo a la democratización plena freno la reforma del sistema, y éste entró en su quiebra). Con Antonio Maura (conservador) y José Canalejas (liberal), llegó al gobierno una nueva generación de político influidos por el regeneracionismo. En el “gobierno largo” de Maura se intentó llevar a cabo la “revolución desde arriba”, un intento de regenerar el sistema a partir de la formación de una clase política que contase con el apoyo de las “masas neutras” (el pueblo), a partir del cual crear un Estado capaz de gobernar eficazmente, de desbancar a los caciques e impedir que las clases populares cobrasen excesivo protagonismo. Con este fin se llevó a cabo una reforma electoral (1907, que no consiguió acabar con la corrupción pero hizo más difícil el fraude), una política social (creación del Instituto Nacional de Previsión y Ley del descanso dominical) y exigió mayor independencia del poder ejecutivo respecto a la Corona. Maura integró al catalanismo en su proyecto, al conceder más autonomía a los ayuntamiento y diputaciones y reconocer las regiones. Tras el gobierno de Maura, José Canalejas formó un gobierno liberal que proponía la modernización de la vida política, la reforma del financiamiento eclesiástico y la separación de la Iglesia del Estado (Ley del Candado, 1910, que ponía coto a las órdenes religiosas). En política social, se llevó a cabo la sustitución del impuesto de consumos por un impuesto progresivo sobre la renta (lo cual trajo consigo la protesta de las clases acomodadas), la reforma de la Ley de reclutamiento (que era obligatorio en tiempos de guerra y se suprimía la redención) y se promulgó una serie de leyes para mejorar las condiciones laborales (normativa sobre el trabajo de la mujer). Canalejas continuó la política de acercamiento a los catalanistas (convencido de que su incorporación al sistema afianzaría su estabilidad) elaborando la Ley de Mancomunidades (que aceptaba la unión de diputaciones y que fue aprobada en 1914, tras el asesinato de Canalejas y estando en el gobierno el conservador Dato).

El no haber aprovechado la crisis del 98 para poner fin a los partidos dinásticos colocó a las fuerzas de la oposición ante la necesidad de renovar sus idearios y sus líderes. El republicanismo la principal minoría parlamentaria opositora; para dar unidad a este republicanismo se nació Unión Republicana (agrupaba a diferentes grupos republicanos bajo la figura de Salmerón), la cual consiguió cierto éxito pero las disidencias internas la llevaron al declive. La mayores discrepancias las planteó Lerroux, quien creó su Partido Radical con un discurso demagógico y revolucionario (consiguió influir sobre las clases populares barcelonesas, pero tras la Semana Trágica perdió su influencia). Vicente Blasco Ibáñez impulsó el blasquismo, un movimiento populista y anticlerical que consiguió controlar el Ayuntamiento de Valencia. El PSOE colaboró con otras fuerzas de izquierdas sin renunciar a sus principios revolucionarios, pactando una alianza entre distintas tendencias republicanas (excepto Lerroux); de esta forma consiguieron los socialistas su primer diputado en el congreso (Pablo Iglesias, 1910).

La GUERRA de MARRUECOS y la SEMANA TRÁGICA. España inició su penetración en el norte de África con la conferencia de Algeciras (1906) y el Tratado Hispano-francés (1912). Bajo el influjo de Gran Bretaña (que deseaba limitar la presencia francesa en el norte de África) se estableció un protectorado franco-español en Marruecos (a España se le concedió la franja norte, el Rif, y los enclaves atlánticos Ifni y Río de Oro). El interés español por esta zona era por los beneficios económicos y por la voluntad política de restaurar el prestigio militar. La presencia española en esta zona estuvo contestada por las tribus beréberes mediante constantes ataques de los rifeños, los cuales obligaron a mantener un fuerte contingente militar que se intensificó cuando en unas operaciones militares en Melilla los rifeños derrotaron a las tropas españolas. Se decidió entonces enviar a Marruecos tropas integradas por reservistas (muchos de ellos casados).

Si el sistema de reclutamiento y la guerra ya eran impopulares, el envío de los reservistas fue la chispa que provocó un importante movimiento de protesta que se inició en el puerto de Barcelona (1909, mientras se realizaba el embarque de tropas a Marruecos). La revuelta se prolongó durante una semana y se constituyó un comité de huelga (con participación republicana, socialista y anarquista) que hizo un llamamiento a la huelga general. Ésta acabó siendo un estallido espontáneo de las tensiones sociales acumuladas que multiplicó los incidentes callejeros (se levantaron barricadas, hubo enfrentamientos con las fuerzas del orden y un sentimiento anticlerical desembocó en el ataque a iglesias). Las autoridades respondieron declarando el estado de guerra y enviando refuerzos. Hubo heridos y muertos, por lo que el movimiento se radicalizó y derivó en una insurrección descontrolada. Cuando el ejército puso fin a la revuelta, la represión fue muy dura y numerosos anarquistas fueron responsabilizados arbitrariamente. Centenares fueron detenidos y 5 ejecutados (entre ellos Francisco Ferrer y Guardia, que no participó directamente en los hechos pero fue acusado de ser su inspirador ideológico).

La fuerte represión levantó protestas en Europa y Maura se enfrentó a una dura crítica liberal y republicana que exigía su dimisión. La oposición a Maura consiguió que Alfonso XIII traspasara el gobierno a los liberales. En Cataluña, las fuerzas de izquierda acusaron a la burguesía y a la Lliga Regionalista de haber apoyado la represión contra republicanos y obreros. De ahí se formó un nacionalismo republicano y socialista que se concretó en la fundación de la Unión Federal Nacionalista Republicana (1910). La Semana Trágica contribuyó al acercamiento republicano-socialista y al nacimiento del Partido Reformista de M. Álvarez (1912). El ambiguo papel de los republicanos lerrouxistas acentuó el desencanto obrero frente al republicanismo, y muchos se pasaron a las filas anarcosindicalistas.

La PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914-1918) y la SITUACIÓN de 1917. En 1913, Alfonso XIII nombró presidente al conservador Dato. España se mantuvo neutral frente a la Primera Guerra Mundial (por el tradicional aislamiento y escasa importancia militar).

-Consecuencias económicas: la neutralidad propició una expansión económica, ya que la guerra redujo la productividad de los contendientes y España se convirtió en suministradora de productos. El incremento de la demanda exterior estimuló el crecimiento de la producción, pero también aumentaron los precios y, en consecuencia, la inflación (aumentaron enormemente los precios de los productos de primera necesidad, especialmente, el trigo), que conllevó un empeoramiento del nivel de vida de las clases populares.

-Consecuencias sociales y políticas: durante la Revolución Rusa (1917) un partido obrero se hizo con el poder y las organizaciones obreras de todo el mundo lo vieron como ejemplo a seguir, estimulando sus aspiraciones revolucionarias; esto atemorizó a la burguesía, que exigió al gobierno medidas represoras contra el movimiento obrero (lo que explica la elevada conflictividad social posterior a la guerra). Al finalizar la guerra, hubo un reconocimiento a la autodeterminación de los pueblos, lo que influyó en el nacionalismo catalán y vasco, que fortalecieron sus demandas de autonomía.

La coyuntura económica derivada de la Primera Guerra Mundial acentuó las desigualdades sociales y creó un clima de tensión, que estalló en 1917, cuando coincidieron las dificultades del sistema político, el descontento militar y la conflictividad social, provocando una protesta generalizada antigubernamental en la que se implicaron la oposición, el ejército y las organizaciones obreras. A pesar de la amplitud de la protesta, el movimiento de 1917 no consiguió sus objetivos, ya que los sectores descontentos no tenían un programa común y no lograron unificar sus intereses. La indecisión militar y el rumbo revolucionario de los sindicalistas contribuyeron al fracaso de la protesta (pero consiguió atemorizar a los moderados).

-Crisis militar: el exceso de oficiales (por las recientes guerras coloniales), el hecho de que los ascensos se obtuvieran por méritos de guerra (lo que beneficiaba a los africanistas) y los bajos salarios (empeorados por la inflación) produjeron gran descontento entre la baja y mediana oficialidad del ejército, que organizó Juntas de Defensa que reclamaban aumento salarial y se oponían a los ascensos por méritos de guerra (manifiesto de 1917).

-Crisis política: ante la crisis, Dato suspendió las Cortes. Por iniciativa catalana (Asamblea de Parlamentarios catalanes) se exigió la descentralización del Estado, convocando a todos los diputados y senadores españoles; el movimiento no tuvo continuidad por la prohibición del gobierno, la negativa de las fuerzas monárquicas a participar, las discrepancias entre la izquierda y los nacionalistas, y la oposición militar.

-Crisis social: el descenso de los salarios motivó una fuerte conflictividad laboral que se tradujo en huelgas promovidas por UGT y CNT (huelga general con incidencia en zona industriales, reprimida militarmente).

A partir de 1917 se crearon sucesivos gobierno de concentración (no consiguieron consensuar un programa común y no fueron posibles las reformas). La crisis de 1917 no puso fin a la Restauración (1874-1823), pero el sistema entró en un desgaste progresivo debido a los nulos deseos de renovación de los dirigentes dinásticos y a la debilidad de la oposición, incapaz de crear una alternativa.

La DESCOMPOSICIÓN del SISTEMA (1918-1923).

-Incapacidad para democratizar el sistema: Ante el fracaso de los gobierno de concentración se volvió al turno dinástico, pero ningún partido alcanzó mayoría suficiente y se recurrió a medidas de excepción. La oposición (republicanos y socialistas) no logró presentar un programa común (el PSOE aumentó su fuerza electoral y un escisión del socialismo creó el Partido Comunista Español, 1921).

-Conflictividad obrera: los sindicatos incrementaron su afiliación, siendo el movimiento huelguístico de gran virulencia en las zonas industriales (tras la dura represión contra los sindicatos en Barcelona se radicalizaron las protestas). Esta conflictividad extrema entre sindicatos y la patronal se tradujo en un estado de excepción permanente en el que grupos anarquistas practicaron un activismo violento y la Federación Patronal contrató pistoleros (1919-1922, pistolerismo en Barcelona). En Andalucía los anarquistas y socialistas impulsaron revueltas (quema de cosechas, ocupación de tierras, reparto de propiedades) motivadas por la miseria campesina (descenso de los salarios) y el hambre de tierras.

-Guerra con Marruecos: en 1921 el general Silvestre inició una campaña para afianzar la zona alrededor de Melilla sin cubrir la retaguardia ni asegurar los suministros. Las cabilas de Abd-el-Krim atacaron por sorpresa en Annual provocando la pérdida del territorio y más de 10000bajas. El desastre de Annual puso en evidencia la deficiencia del ejército (aunque los refuerzos permitieron tomar el control fácilmente), crispó la opinión pública hacía la ya de por sí impopular campaña en Marruecos y acentuó las discrepancias entre el ejército y el gobierno. Se encargó a una comisión indagar las responsabilidades del desastre (Expediente Picasso) que contó con la oposición del ejército (pues de dicho informe podían derivarse responsabilidades a altos cargos militares e, incluso, al rey). Se inició un agitado debate parlamentario que exigía medidas drásticas contra la monarquía.

La incapacidad para democratizar el sistema forzó al gobierno a recurrir frecuentemente al ejército para reprimir la conflictividad social. En este contexto de crisis los militares fueron adquiriendo protagonismo y se convirtieron en una fuerza capaz de salvar la monarquía por la fuerza. El desastre de Annual propició que los sectores conservadores optasen por una dictadura militar, produciéndose en 1923 el golpe de Estado de Primo de Rivera.

La DICTADURA de PRIMO DE RIVERA (1923-1930). Tras el golpe de Estado, Alfonso XIII encomendó a los militares la formación del gobierno. El golpe se justificó argumentando que el régimen constitucional estaba desprestigiado y que había peligro de revolución social; sin embargo, también influyó el deseo de evitar que las Cortes exigiesen responsabilidades por el desastre de Annual y que el sistema acabara por democratizarse. La oposición a la Dictadura la integraban los viejos partidos del turno, los republicanos, los socialistas, los comunistas, los anarquistas, los intelectuales, los sindicatos, algunos sectores del ejército y los nacionalistas catalanes (ante las medidas anticatalanistas del dictador). Fases de la Dictadura:

-Directorio militar (1923-1925): las primeras medidas fueron dirigidas a la suspensión del régimen constitucional (anulación de la Constitución, disolución de las Cortes, prohibición de partidos y sindicatos, y represión del obrerismo). Para liquidar el caciquismo se elaboró un Estatuto Municipal y Provincial (pero no logró su objetivo). Se fundó un partido con el fin de obtener apoyo social (la Unión Patriótica, sin ideología definida). Se retomó el control de Marruecos con la colaboración de Francia (desembarco de Alhucemas, 1925, saldado con gran éxito).

-Directorio civil (1925-1930): intento de institucionalización del régimen con la creación de una Asamblea Nacional Consultiva (de carácter autoritario y cuyos miembros eran elegidos por sufragio indirecto). La Dictadura se benefició de la buena coyuntura económica de los años veinte fomentando obras públicas pero no evitó que el déficit presupuestario aumentase debido a la política intervencionista que llevó a cabo (excesivo proteccionismo, concesión de monopolios,...). La Dictadura pretendió acabar con la conflictividad social mediante la intervención del Estrado (creación de la Organización Corporativa Nacional que se organizaba en comités formados por patronos y obreros cuya misión era regular los salarios y las condiciones laborales), la integración del obrerismo moderado y la represión del radical (se prohibió la CNT).

El relativo consenso inicial de la Dictadura se fue perdiéndose ante los intentos continuistas del régimen; temeroso de que el desprestigio de la dictadura le afectase, Alfonso XIII retiró del gobierno a Primo de Rivera y le sustituyó por el general Berenguer (dictablanda). La transición se hizo tan lentamente que la opinión pública se puso en contra del nuevo régimen y la oposición, aprovechando la menor represión de la dictablanda, se organizó y firmó el Pacto de San Sebastián (1930, por el que republicanos, socialistas y nacionalistas acordaban sustituir la monarquía e instaurar un gobierno provisional para la futura República). En 1931, el almirante Aznar asumió el compromiso de convocar elecciones y volver al régimen constitucional. Mediante este gesto Alfonso XIII pretendía volver a la normalidad, pero se había comprometido excesivamente con la Dictadura y las elecciones se convirtieron en un plebiscito en favor o en contra de la monarquía.

VALORACIÓN. Mientras el sistema político apenas se reformaba, el impacto de la Primera Guerra Mundial (especialmente de sus consecuencias económicas) acrecentó los problemas políticos y sociales. La inestabilidad política, la agudización de las tensiones sociales y las dificultades bélicas en Marruecos propiciaron que los militares impusieran una Dictadura.

LA SEGUNDA REPÚBLICA (1931-1936)

INICIOS de la REPÚBLICA. Las elecciones de 1931 fueron ganadas por los republicanos (más votados en las grandes ciudades). Rápidamente se proclamó la República, ante lo cual Alfonso XIII suspendió su potestad real y se exilió. Se formó un Gobierno provisional con la participación de los firmantes del Pacto de San Sebastián: republicanos de derecha (Maura, Alcalá Zamora), republicanos de izquierda (Azaña), republicanos radicales (Lerroux), socialistas (Largo Caballero, Indalecio Prieto), nacionalistas catalanes y republicanos galleguistas. Siguiendo lo acordado en el Pacto, se convocaron elecciones a cortes constituyentes (ganadas por los republicano-socialistas) y se afrontaron las reformas más inmediatas. Tras la aprobación de la Constitución de 1931, Azaña fue nombrado Jefe de Gobierno y Alcalá Zamora, presidente de la República.

-La Constitución de 1931 (marcado carácter democrático y progresista): el poder legislativo residía en las Cortes (una sola cámara), el ejecutivo en el presidente de la República y el judicial en los jueces; reconocimiento de gobiernos autónomos; expropiación de bienes mediante indemnizaciones y nacionalización de los servicios públicos; amplia declaración de derechos económicos y sociales, acceso a la educación y el trabajo para toda la población y sufragio universal; separación de la Iglesia y el Estado. La Constitución evidenció las profundas discrepancias entre la izquierda y la derecha (los sectores más católicos se opusieron a la no-confesionalidad del Estado y la derecha centralista no aceptó las reformas autonomistas).

SITUACIÓN ECONÓMICA de los años 30. La década estuvo condicionada por la depresión económica mundial iniciada por el hundimiento de la Bolsa de Nueva York en 1929, que provocó la reducción de las exportaciones españolas (por el escaso peso del comercio exterior en la economía española, ésta se vio menos afectada). La mala situación económica provocó conflictividad social.

-Dificultades económicas internas: paro agrícola, reparto desigual de la tierra, escasa financiación empresarial, escasa competitividad internacional, déficit comercial y escasa confianza de los empresarios en el régimen republicano (por sus políticas sociales y de reformas laborales).

-Evolución económica de los años 30: la política de los sucesivos gobiernos de disminuir el gasto público para equilibrar el déficit heredado de la Dictadura de Primo de Rivera tuvo efectos desastrosos para la industria pesada (al reducirse simultáneamente la inversión pública y privada). Las reformas laborales (aumento de salarios, descenso de la jornada de trabajo), disminuyó el beneficio del empresario (aumentando su desconfianza hacia le gobierno) pero elevó la renta de los trabajadores (lo que favoreció a las industrias de bienes de consumo).

El BIENIO REFORMISTA (1931-1933). El gobierno republicano socialista de Azaña emprendió un programa de reformas progresistas.

-Reforma del ejército: para reducir el intervencionismo militar en política y asegurar la obediencia del ejército al poder civil, Azaña quiso profesionalizarlo y democratizarlo. Para ello optó por la reducción del número de efectivos y el exceso de oficiales (reducción del número de unidades, supresión de algunos rangos oficiales, cierre de la Academia Militar de Zaragoza, creación de la Ley de retiro de la oficialidad mediante la cual los militares debían jurar fidelidad a la República o podían retirarse libremente), y por acabar con el fuero especial de los militares (desaparición de la Capitanías Generales, los Tribunales Militares y la prensa del ejército).

-Reforma religiosa: en la constitución se reflejaba una secularización de la vida social (aconfesionalidad del Estado, libertad de culto, suspensión del presupuesto al clero, reconocimiento del divorcio y del matrimonio civil). Se prohibió la enseñanza a las órdenes religiosas y se disolvió la orden de los jesuitas (nacionalización de sus bienes); la Ley de Congregaciones (1933) limitó el poder de dichas órdenes. La República pronto se enfrentó a la oposición de parte de la Iglesia (especialmente de la jerarquía eclesiástica, encabezada por el cardenal Segura) que movilizó a los sectores católicos, lo que despertó el antiguo anticlericalismo popular (quema de conventos).

-Reforma agraria: la reforma de la agricultura era una prioridad para la República por la importancia del sector en la economía (a la que se dedicaba la mitad de la población activa) y por su atraso (excesivo número de jornaleros, la tierra estaba en manos de grande propietarios). Para proteger a los jornaleros y los arrendatarios se fijo la jornada laboral del campo en 8 horas, se establecieron salarios mínimos, se obligó a los propietarios a poner en cultivo todas las tierras aptas y se prohibió poner fin a los contratos de arrendamiento. La Ley de Reforma Agraria (1932) permitía la expropiación con indemnizaciones (excepto para la alta nobleza) de tierras deficientemente explotadas y de los latifundios para asentar en ellas a campesinos. Sus resultados fueron limitados (lo que provocó el aumento de la tensión social) por la lentitud de la burocracia, la falta de presupuesto para las indemnizaciones y la resistencia de los propietarios agrícolas (que se aliaron con los enemigos de la República).

-Reforma del Estado: la constitución de 1931 reconocía el derecho a la autonomía de las regiones con sentimiento nacionalista. El gobierno reconoció el gobierno autonómico de Cataluña (la Generalitat) y se aprobó el Estatuto de Nuria (1932, con la oposición de la derecha) con competencias económicas, sociales, educativas y culturales (oficialidad del catalán). En el País Vasco, el PNV y los carlistas presentaron el Estatuto de Estella, el cual fue rechazando por el gobierno por ser demasiado confesional y poco democrático. El PNV, mediante un acercamiento a las posiciones republicanas, consiguió que se aprobase un estatuto (1936) de carácter democrático. En Galicia el nacionalismo era menos intenso y, tras un proceso lento, se presentó un proyecto de estatuto en 1936 (que no llegó a ser aprobado debido al estallido de la Guerra Civil).

-Reforma social: mejora de las condiciones laborales (semana laboral de 40 horas, aumento de salarios, creación de seguros sociales) y aprobación de la Ley de contratos de Trabajo (que regulaba la negociación colectiva) y la de Jurados Mixtos (que ejercían el arbitraje en caso de desacuerdo). A las medidas se opusieron las patronales, que consiguieron frenar algunos proyectos.

-Reforma educativa: garantía del Estado de educación (liberal, laica y gratuita) para toda la población mediante al incremento del presupuesto educativo, el número de escuelas y el de plazas para maestros.

-Oposición a las reformas: las reformas polarizaron a la sociedad y al régimen republicano se opusieron los sectores más afectados (Iglesia, ejército, propietarios agrarios, patronales,...). La oposición reorganizó la nueva derecha con la creación de la CEDA (1932, partido de derecha católica y autoritaria dirigido por Gil Robles) y con la unión de las antiguas fuerzas monárquicas (los carlistas crearon Comunión Tradicionalista y los alfonsinos, Renovación Española, que, dirigida por Calvo Sotelo, defendía la necesidad del golpe de Estado). Los sectores más radicales fundaron las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS, 1931) de carácter fascista, que se unió a la Falange Española (1933, dirigida por José Antonio Primo de Rivera), cuya ideología (basada en el fascismo italiano) era antidemocrática, defendía el nacionalismo español y defendía la acción violenta contra las izquierdas. Algunos sectores militares aprovecharon el desorden social y el descontento de los conservadores ante las reformas para efectuar un golpe de Estado (como el protagonizado, en 1932, por el general Sanjurjo, que fracasó).

-Obrerismo: la CNT (con un millón de afiliados), se dividió en un corriente moderada (Pestaña, Peiró) de carácter sindicalista y que apoyaba a la República, y otra más radical que fue imponiendo sus criterios (estaba agrupada alrededor de la Federación anarquista Ibérica, FAI). La CNT aprovechó la República para propiciar la revolución fomentando la conflictividad laboral (huelgas generales) y la insurrección campesina. La Federación de Trabajadores de la Tierra (organización socialista vinculada a la UGT) se radicalizó y el Partido Comunista aumentó su afiliación (convirtiéndose José Díaz en su dirigente).

-Conflictividad social: las duras condiciones de vida de las clases trabajadoras, unidas a la lentitud y timidez de algunas reformas, promovieron una oleada de conflictividad social. El bloqueo de la Ley de Reforma Agraria provocó en Andalucía, Extremadura y el sur de Castilla (donde predominaban latifundios) una intensa conflictividad en forma de huelgas, insurrecciones y ocupación de tierras promovidas por anarquista y, en ocasiones, socialistas.

A partir de 1933, la conflictividad alcanzó su punto álgido y se deterioraron con rapidez la situación política y económica. El gobierno republicano-socialista fue perdiendo la confianza de las clases medias por la dura represión de los movimientos obreros y campesinos. Ante este desgaste, Azaña dimitió y se convocaron elecciones para 1933.

El BIENIO CONSERVADOR (1933-1936). Las elecciones de 1933 fueron ganadas por los partidos de centro-derecha, estructurados alrededor del Partido Radical (liderado por Lerroux, que había abandonado su discurso demagógico) y la CEDA (dirigido por José María Gil Robles, que aglutinaba a la derecha católica, tenía simpatías hacia el fascismo y proponía revisar la Constitución). El nuevo gobierno, presidido por Lerroux, se dedicó a desmantelar las reformas del ejecutivo anterior. Se frenó la reforma agraria (devolución de tierras a la nobleza, concesión de libertad de contratación, lo que redujo el salario de los campesinos,...) lo que provocó huelgas campesinas. La paralización de la reforma agrícola enfrentó al gobierno central con la Generalitat Catalana, ya que no se aprobó una ley de origen autonómico que permitía a los campesinos arrendatarios acceder a la propiedad pagando unas tasas. El gobierno central también se enemistó con el nacionalismo vasco al suspender el proyecto de estatuto presentado por el PNV. Se contrarrestó la reforma religiosa mediante la aprobación de un presupuesto para culto y clero; la reforma militar y la educativa siguieron vigentes. El conservadurismo y la paralización de las reformas del nuevo gobierno radicalizaron al PSOE (su corriente más radical, liderado por Largo Caballero, proponía la revolución social, mientras que la corriente más moderada, liderada por Prieto, defendía la colaboración con los republicanos izquierdistas). Ante el enfrentamiento con nacionalistas, la radicalización socialista y el aumento de los conflictos sociales, la CEDA exigió mayor participación parlamentaria y más contundencia para mantener el orden público. El gobierno accedió a las exigencias bajo la amenaza de verse privado del apoyo parlamentario de la CEDA y le concedió 3 ministerios.

-La revolución de octubre de 1934: la izquierda interpretó la mayor entrada al gobierno de la CEDA como un viraje hacia el fascismo, ante lo cual la UGT promovió huelgas en las grandes ciudades (fracasadas por la falta de organización y la contundente respuesta del gobierno que decretó el estado de guerra). En Asturias los mineros (dirigidos por anarquistas, socialistas y republicanos, y organizados en columnas armadas) tomaron pueblos y cuarteles de la Guardia Civil, sustituyendo Ayuntamientos por comités revolucionarios, y sitiaron Oviedo. El gobierno envió al ejército africano para reprimir el levantamiento y, aunque la resistencia asturiana se prolongó durante varios días, los insurrectos fueron derrotados con una durísima represión (el balance de casi 1500 muertos y 5000 detenidos demuestra la radicalización del conflicto, que fue un preludio de la violencia de la Guerra Civil). En Cataluña, ante el temor de la formación de un gobierno de derechas por la pérdida autonomía y de competencias, Lluís Companys (presidente de la Generalitat) proclamó la República Catalana. La rebelión fue rápidamente reprimida mediante la declaración del estado de guerra y la encarcelación del gobierno autonómico y de líderes de la revolución (Azaña, Largo Caballero). La dura represión unió a las fuerzas de izquierda presentando un programa común que exigía la amnistía para los detenidos.

-La crisis del Bienio Conservador: tras la revolución de octubre, se suspendió el Estatuto de autonomía catalán y la CEDA aumentó su influencia en el gobierno presentando un proyecto de modificar la Constitución (restringir las autonomías, abolir el divorcio y negar la socialización de la propiedad). El proyecto no llegó a aprobarse por la crisis interna del gobierno, provocada por la falta de entendimiento entre Lerroux y Alcalá Zamora (presidente de la República) y una serie de escándalos de corrupción dentro del Partido Radical. La situación se enrareció y el gobierno perdió la mayoría parlamentaria, ante lo cual Alcalá Zamora convocó elecciones para 1936.

Las ELECIONES de 1936 y la PREPARACIÓN del GOLPE de ESTADO. La dureza de los enfrentamientos políticos del Bienio Conservador provoco que la política española se polarizara y quedara dividida entre derechas e izquierdas. Los partidos de derechas se agruparon en el Bloque Nacional (CEDA, monárquicos, tradicionalistas y, en algunas provincias, radicales y Lliga Catalana) pero no lograron elaborar un programa electoral consensuado. Las izquierdas (republicanos, socialistas y comunistas) se agruparon en el Frente Popular, cuyo programa exigía la amnistía para los encarcelados políticos y el restablecimiento de la Constitución. La victoria fue para el Frente Popular, con la oposición de los sectores más conservadores.

Azaña fue nombrado presidente de la República y Quiroga presidente del gobierno, el cual (formado por ministros republicanos) decretó la amnistía contra los represaliados del Bienio Conservador, reanudó el programa de reformas del Bienio Progresista y reestableció el gobierno autonómico catalán. Los sectores más conservadores se opusieron a las nuevas reformas, mientras que los sindicatos y los partidos de izquierda movilizaron a las clases populares mediante huelgas y ocupación de tierras. En la derecha, Falange Española ganó protagonismo y fomentó el enfrentamiento y la crispación política, recurriendo a la violencia y formando grupos armados y uniformados que atacaban a los partidos de izquierda. El clima de violencia propiciado por los grupos radicales de derechas, permitió que entre los sectores más conservadores surgiera la idea de recurrir a un golpe de Estado (ante los rumores golpistas, el gobierno trasladó a Franco y Mola, los generales más proclives al golpismo).

-Preparación del golpe de Estado: tras las elecciones de 1936 Franco intentó declarar el estado de guerra y un grupo de generales acordó un alzamiento, pero no tuvieron éxito por la falta de organización. El general Mola (artífice del golpe de Estado) organizó un pronunciamiento simultáneo en todas las guarniciones militares con el apoyo del ejército de África (dirigido por Franco). La conspiración tuvo apoyo político en las fuerzas más derechistas (que buscaron apoyo civil), de los monárquicos, de los Tradicionalistas, de la Falange Española de las JONS y del fascismo italiano (y, posteriormente, del alemán). El general Mola pretendía establecer una Dictadura Militar (que eliminaría el peligro de revolución social que suponía el triunfo del Frente Popular), tras la cual volver a la República o a la Monarquía. La CEDA deseaba la vuelta de la monarquía alfonsina, los carlistas la monarquía tradicional y la Falange, un régimen fascista inspirado en el italiano. La sublevación se inició en Marruecos el 17 de julio de 1936 (pocos días después del asesinato de Calvo Sotelo, que no fue determinante para la sublevación) y al día siguiente se extendió a toda la península.

VALORACIÓN. La República fue recibida con entusiasmo popular ante el ambicioso programa de reformas que abordó y que eran necesarias para modernizar el Estado, la economía y la sociedad. Sin embargo, la República encontró grandes obstáculos en el contexto internacional (crisis económica a nivel mundial tras la caída de la Bolsa de Nueva York y enfrentamiento entre el fascismo y la democracia en Europa) y en el interior (consenso débil, fuerte y heterogénea oposición desde derecha e izquierda, inestabilidad política, conflictividad social, falta de cultura democrática,...). En conclusión, la propia debilidad de la República permitió que, en lugar de ser la vía para crear un marco de convivencia democrática, se convirtiese en el caldo de cultivo donde se gestaron las tensiones sociales que polarizaron a la política española y que fueron aprovechadas por los enemigos de la democracia para dar el golpe de Estado. El fracaso del golpe militar en gran parte del territorio derivó en la Guerra Civil (1936-1939).

La GUERRA CIVIL (1936-1939)

El ALZAMIENTO. El pronunciamiento militar se produjo el 17 de julio de 1936 en Marruecos y un día después en la península. El alzamiento triunfó en las zonas agrarias más retrasada y conservadoras (España interior, Galicia y Andalucía occidental), y en algunas capitales del interior (Sevilla, Zaragoza). Fracasó en la España más desarrollada e industrializada del este y el norte, y en las grandes ciudades (Madrid, Barcelona, Valencia). Tras el triunfo del Frente popular, la burguesía republicana y el obrerismo socialista llevaron a cabo un programa de reformas que atentaba contra los privilegios de las clases dominantes; este fue el motivo por el cual las clases privilegiadas creyeron que se avecinaba una revolución y optaron por el golpe de Estado.

Sublevados: militares conservadores, propietarios agrarios, monárquicos de derecha, la Iglesia, fascistas y tradicionalistas (temían el ascenso del pueblo y la pequeña burguesía al poder).

-Los bandos

Leales: clases populares (obreros, jornaleros), pequeña burguesía, socialistas, comunistas, anarcosindicalistas y clases populares republicanas.

Europea: enfrentamiento entre fascismo, democracia y comunismo; al igual que se avecinaba a nivel mundial.

- Visión del conflicto

Española: enfrentamiento entre las clases dominantes de la Restauración y los grupos emergentes (burguesía y obrerismo).

INTERNACIONALIZACIÓN del CONFLICTO. La opinión democrática mundial estuvo a favor de la República, así como la URSS. Las potencias fascistas (Alemania e Italia), Portugal y el Vaticano, a favor de los sublevados. Francia (que apoyaba a la República) y Gran Bretaña se mostraron neutrales por temor a que se extendiese el conflicto; con este fin se firmó el tratado de No-Intervención entre 27 países, que dificultó la adquisición de armamento a la República (ante lo cual envió las reservas de oro a la URSS para comprar armas), pero no evitó la llegada de ayuda.

	Aliados	Ayudas
NACIONALES	Alemania	Legión Cóndor (aviación)/ armas
		Italia	Corpo de Truppe Volontarie/ armas/ mandos
SUBLEVADOS	URSS	Brigadas internacionales (voluntarios antifascistas, comunistas, anarquistas,...)/ armas/ mandos

FASES de la GUERRA.

1. Avance hacia Madrid (“guerra de columnas”, Julio 1936-Noviembre 1936). Unificación de la zona sublevada del Norte con la del Sur por parte del ejército africano dirigido por Yagüe. Franco libera el Alcázar de Toledo (donde residían sublevados). Ante el inminente ataque a Madrid, el gobierno de la República se trasladó a Valencia e hizo un llamamiento a la resistencia de la capital. Madrid resistió heroicamente con un ejército formado en gran parte por milicias voluntaria, las Brigadas Internacionales y la Columna Libertad (anarcosindicalista).

2. Batallas entorno a Madrid (Diciembre 1936-Marzo 1937). Regularización de ambos ejércitos (formación del Ejército Popular de la República). Los sublevados intentaron cercar la capital, dando lugar a la batalla del Jarama (1937, que produjo desgaste en ambos bandos) y a la de Guadalajara (1937, primera victoria republicana importante).

3. Ocupación del norte (Abril 1937-Octubre 1937). Combates en la franja cantábrica (bombardeo de Guernica por parte de la Legión Cóndor, 1937). Para forzar a desviar tropas nacionales, los republicanos realizaron una ofensiva en Brunete y Belchite, pero no evitaron que los nacionales tomaran la franja norte (una importante región industrial). Ante la debilitación de la República, se produjo un gran éxodo hacía la zona republicana (especialmente a Cataluña).

4. Avance hacia el Mediterráneo (Diciembre 1937-Abril 1938). El ejército republicano se refortaleció con la integración de las milicias y las Brigadas Mixtas bajo el mando del general Rojo. Los republicanos lanzaron una ofensiva sobre Teruel (tomando la ciudad) y que fue contestada por los nacionales con la campaña de Aragón (mediante la cual dividieron en dos zonas a la República, cruzando el Maestrazgo y llegando al Mediterráneo en Vinaroz). Una de las zonas divididas era Cataluña, que podía haber sido atacada por Franco pero no lo hizo por temor a acercarse a la frontera francesa en un momento de gran tensión internacional y decidió atacar hacia Valencia.

5. Batalla del Ebro (batalla más importante, Julio 1938-Noviembre 1938). Una vez reforzado el ejército republicano, éste lanzó una fuerte ofensiva sobre el río Ebro a su paso por la provincia de Tarragona. La contraofensiva nacional frenó el ataque y dejó mermado el bando republicano, iniciándose la ofensiva sobre Cataluña. Franco entró en Barcelona sin lucha y la toma de Gerona supuso el exilio a Francia de miles de refugiados y del gobierno republicano (instalado en Barcelona desde 1937), catalán y vasco.

6. Final de la guerra (1 de abril de 1939). A principios de 1939 la República se reducía a la Zona Centro (desde Madrid hasta la región mediterránea desde Valencia hasta Almería). Negrín (jefe del gobierno de la República) volvió del exilio para continuar la resistencia con el apoyo de los comunistas, mientras que Azaña (presidente de la República) dimitió desde París. En Madrid se sublevó el coronel republicano Casado por la creciente influencia de los comunistas dentro de la República. Besteiro y otros socialistas crearon la Junta de Defensa para negociar una “paz honrosa” para evitar prolongar la guerra inútilmente, pero Franco no aceptó ninguna condición y obligó a entregar las armas. Poco después entró sin resistencia en Madrid y, a continuación, ocupó Albacete, alicante y Valencia, dando la guerra por finalizada.

La ZONA REPUBLICANA. El alzamiento militar provocó en la zona republicana una revolución social dirigida por la CNT, la FAI y la UGT, y no apoyada por el PSOE y el PCE, que pretendía la colectivización de la industria (Cataluña, donde la revolución tuvo especial fuerza al formarse el Comité Central de Milicias Antifascistas), la agricultura y los servicios. L revolución se extendió a toda la zona republicana (formándose Consejos), donde hubo una reacción espontánea contra los sectores sublevados (Iglesia, propietarios, clases acomodadas) en forma de persecución, asesinatos, saqueos e incendios de iglesias y conventos (a veces llevados a cabo por delincuentes comunes), detenciones y requisas de los bienes de estos colectivos. Los perseguidos huyeron al extranjero o a la zona sublevada.

-Derrumbe del Estado: al producirse la sublevación, el gobierno republicano dimitió e intentó negociar el fin de la insurrección infructuosamente. Grial (republicano) fue nombrado feje de gobierno y, como la mayor parte del ejército estaba en el bando sublevado, entregó armas a las milicias y propuso crear un ejército voluntario para defender la República. El Estado perdió su poder a partir del verano de 1936, cuando se unificaron los Consejos Regionales bajo el liderato de las fuerzas del Frente Popular y de los sindicatos.

-Gobierno de Largo Caballero (Septiembre 1936-Mayo 1937): se llamó a formar gobierno a Largo Caballero (socialista y líder obrero) para unificar todas las fuerzas republicanas. Formó un gabinete con republicanos, socialistas, comunistas y anarcosindicalistas. Para recomponer el poder del Estado disolvió Juntas y Comités (pero reconociendo los Consejos Regionales), y creó el Ejército Popular (militarizando las Milicias e integrando a las Brigadas Mixtas). El gobierno de Largo Caballero tuvo serios problemas (los cuales acabarían debilitándolo) por su enemistad con los comunistas y con la insistencia anarcosindicalista de colectivización. Para contener la revolución, se produjo un enfrentamiento en Barcelona (“fets de maig”) entre los anarquistas (CNT) y el POUM (Partido Obrero se Unificación Marxista) contra los comunistas y republicanos que controlaban el gobierno catalán, saldándose con la derrota anarquista y la disolución del POUM.

-Gobierno de Negrín: Largo Caballero fue perdiendo apoyos y su gobierno entró en crisis. Le sustituyó el gobierno del socialista Negrín (muy influenciado por el comunismo, por la ayuda de la URSS), el cual nombró ministro de guerra a Prieto. Su política se basaba en resistir a ultranza (“¡Resistir es vencer!”) a la espera de que estallase la 2ª Guerra Mundial y que la derrota fascista a nivel europeo supusiese la derrota del fascismo español; sin embargo, el Pacto de Munich (1938) por el cual Gran Bretaña y Francia reconocían la política expansionista de Hitler supuso un revés para esta esperanza. También buscó una salida negociadora a la guerra mediante el programa de los Trece Puntos (en los que demandaba la permanencia de la República después de la guerra), pero fueron rechazados por Franco. Tras la derrota de Teruel, empeoraron las condiciones de vida en la República y el plan de paz de Negrín se redujo a tres puntos, que fueron rechazados por Franco: salida de las tropas extranjeras, ausencia de represalias y establecimiento de una democracia.

La ZONA SUBLEVADA. La falta de un proyecto común por parte de los sublevados permitió la supremacía del ejército en la creación del nuevo Estado. Surgieron las Juntas de Defensa Nacional (bajo dirección militar) que suspendieron la constitución, prohibieron los partidos políticos y paralizaron las reformas. La muerte de Sanjurjo (líder de la revolución) permitió que Franco fuese considerado jefe supremo del alzamiento (especialmente después de que liberase el Alcázar de Toledo y de que Hitler y Mussolini le reconociesen como único interlocutor válido). De la necesidad de crear un partido único para dar inspiración política al alzamiento surgió Falange Española Tradicionalista y de las JONS (que integraba fascistas y carlistas), siendo Franco nombrado jefe del Partido y del Estado. En 1938 se formó el primer gobierno de Franco (llamado desde entonces “Caudillo de España”), el cual promulgó Leyes Fundamentales en la zona sublevada, como los Fueros del Trabajo (1938; de inspiración fascista, sentó las bases del sindicalismo vertical y de la prohibición de la huelga), censura y control ideológico, leyes favorables a la Iglesia y la Ley de Responsabilidades políticas (1939).

VÍCTIMAS y REPRESIÓN. Hubo numerosas víctimas civiles y militares producidas por los combates, la represión indiscriminada e ilegal en ambos bandos y las penalidades de la guerra (hambre, enfermedades, bombardeos,...).

-Represión ejercida por la República: represión descontrolada contra las clases que apoyaron el alzamiento por parte de las milicias y los partidos. Se hizo común la represión y asesinatos políticos en cárceles clandestinas y la detención y ejecución de personas (“paseos”), ante lo cual el Estado creó los Tribunales Populares. Personalidades ejecutadas: Melquíades Álvarez, José Antonio Primo de Rivera (y otros líderes de la Falange),...

-Represión ejercida por los nacionales: fue ejercida por el ejército de forma sistemática contra todos los posibles enemigos, produciendo un mayor número de víctimas que los republicanos y prolongándose después de la guerra. Fueron especialmente graves las matanzas de civiles en Málaga, Sevilla o Badajoz y los sublevados mataron a todos las personalidades republicanas que apresaron: García Lorca, Lluís Companys, Juan Peiró, Besteiro,...

-Exiliados: desde el principio de la guerra la población civil republicana se vio obligada a desplazarse ante el avance de los nacionales (especialmente hacia Levante y Cataluña). Hacía el final de la guerra, medio millón de personas de todas las edades y condiciones cruzaron la frontera francesa. La mitad regresó a España a los pocos meses, mientras que el resto vivió en el exilio. Un grupo importante de exiliados embarcaron a América Latina (especialmente a México, que apoyó siempre a la República) o a la URSS.

VALORACIÓN. La Guerra Civil Española fue un enfrentamiento entre las clases dominantes que veían peligrar su hegemonía y los emergentes grupos que demandaban reformas democráticas, y que estalló en el complicado contexto de los años treinta, en los que el país estaba polarizado y las tensiones entre clases maximizada. El alzamiento militar se convirtió en Guerra Civil ante el fracaso del golpe de Estado en importantes zonas del territorio y la rápida ayuda internacional que recibieron ambos bandos. El conflicto tuvo una fuerte repercusión internacional, existiendo el temor a que pudiera extenderse a otros puntos en un clima internacional extremadamente tenso debido al ascenso del fascismo en Italia y el nazismo en Alemania.

La posguerra FRANQUISTA (1939-1959)

CONSOLIDACIÓN del RÉGIMEN. Se implantó una Dictadura basada en el fascismo, de carácter antiliberal, antidemocrático y totalitario (concentración de todo el poder en la figura de Franco, el “Caudillo”), además de anticomunista. La doctrina del Estado franquista se denominó Movimiento Nacional.

-Desmantelación de la República: supresión de la Constitución de 1931, de los partidos políticos, de los sindicatos y de los estatutos de autonomía.

-Leyes fundamentales (pretendían dar imagen de legalidad): Fuero del Trabajo (1938); Ley constitutiva de las Cortes (1942); Ley del Referéndum Nacional (1945); Ley de Sucesión (1947); Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958); Fuero de los españoles (1945, especie de declaración de derechos); Ley Orgánica del Estado (1967).

-Franco: Jefe del Estado, del partido, Generalísimo de los tres ejércitos, Caudillo de España

-FET y de las JONS: partido único

-Cortes: “Órgano Superior de participación del pueblo español en las tareas del Estado”. Representantes elegidos por el poder (presencia Estructura del nuevo Estado eclesiástica).

-Justicia: subordinada al poder.

-Organización territorial: Gobernadores civiles en cada Provincia y Capitanías Generales.

-Sindicatos Verticales (basados en el fascismo italiano): empresarios y trabajadores integrados en un mismo sindicato por ramas de producción (afiliación obligatoria).

-Falange: aportaba la política fascista (nacional sindicalismo). Fue perdiendo poder progresivamente tras la derrota fascista en la 2ª Guerra Mundial. A partir de 1945 al régimen le interesa depurar la simbología fascista para guardar las apariencias.

“Familias” del Régimen -Ejército: columna vertebral del sistema, que aportó una visión de unidad nacional el nacional y el nacional patriotismo. Su fidelidad fue recompensada con numerosos ascensos para altos cargos.

-Iglesia: tuvo una gran influencia y se hizo del catolicismo el fundamento principal de la ideología del régimen y de la educación. Por su apoyo recibió privilegios y el control de la enseñanza.

-Puritanismo y control social: el franquismo impuso un control social e ideológico. Se produjo una vuelta al campo de la población (debida a las dificultades de la vida en la ciudad derivadas de la guerra), ante la cual el régimen ensalzó el valor de la vida sencilla. Se crearon organizaciones de encuadramiento ideológico de afiliación obligatoria (Frente de Juventudes y Sección femenina de la FET y JONS). Se impuso una férrea censura y se introdujeron en la enseñanza clases de Formación del Espíritu Nacional.

POLÍTICA INTERNACIONAL.

-Durante la Guerra mundial: el franquismo se encontraba ligado a las potencias fascistas por la ayuda recibida durante la Guerra civil. Al estallar la 2ª Guerra Mundial, España se declaró neutral. No obstante, la afinidad con el bando que, entonces, se suponía que sería vencedor y la oportunidad de obtener ventajas para el país motivó entrevistas de Franco con Hitler (Hendaya) y Mussolini en 1940. Las potencias del eje presionaron para la integración de España y, entre 1941 y 1942, se declaró no beligerante (fue enviada al frente ruso la División Azul, formada por voluntarios). En 1943 España se declara neutral de nuevo ante la situación desfavorable del Eje (se plantea cuidar la relación con los aliados y se retira la división Azul).

-Aislamiento del Régimen: Don Juan de Borbón insistió en su política de restauración monárquica (manifiesto de Lausana). Ante el apoyo franquista a Alemania, la ONU no admitió a España, recomendó la retirada de los embajadores del país (1946) y ejerció un boicot político y económico. El régimen apeló a la resistencia contra una conspiración internacional “judeo-masónico-marxista” y contra el comunismo.

-Intentos de apertura: a partir de 1947, iniciada la Guerra fría, las relaciones con las potencias anticomunistas (EEUU) se volvieron más favorables. En 1950, España fue admitida en la FAO y en la UNESCO., y la ONU retiró las recomendaciones de 1946 y permitió el ingreso de España (1955). En 1953, España firmó un concordato con la Santa Sede (lo que fortalecía la influencia de la Iglesia) y tratados militares con EEUU (España cedía bases en su territorio a cambio de ayuda económica).

ECONOMÍA. La Guerra Civil tuvo repercusiones muy negativas:

-Descenso de la población activa.

-Reducción del número de trabajadores especializados (por el exilio de las clases medias afines a la República).

-Reducción de la producción agraria e industrial.

-Destrucción de infraestructuras e instalaciones fabriles.

-Desaparición de reservas de oro y divisas.

El régimen pretendió utilizar estos factores como justificación de la mala situación económica. No obstante, el deterioro de los medios de producción no fue tan grave como para provocar la lenta recuperación. Ésta se debió a la política autárquica que llevó a cabo el régimen (basada en el aislamiento y el intervencionismo), que provocó el bloqueo del crecimiento económico, la reducción de la competitividad y el desaprovechamiento de la coyuntura favorable tras la 2ª Guerra Mundial.

-Autarquía: se fundamentó en el control de las importaciones y exportaciones, y en el fomento de la industria de bienes de equipo por su importancia militar (recibió ayuda del gobierno, lo que generó un gran gasto público). Se fundó el Instituto Nacional de Industria (1941, INI), se nacionalizó la red de ferrocarriles (RENFE) y se crearon empresas públicas. El Estado controlaba el mercado y los productores estaban obligados a venderle toda la producción a un precio fijado, siendo la Administración la única que podía vender la producción (también a un precio regulado). Muchos productores escondieron la producción para venderla en el mercado negro, del cual obtenían mayores ganancias (los estraperlistas realizaban transacciones al margen de la ley, con la participación de funcionarios y altos cargos, que recibían comisiones). La política autárquica provocó que el sector de bienes de consumo tuviera una escasa evolución, lo que condujo (junto a la caída de la producción del sector primario) a una gran escasez de productos imprescindibles (forzando el mantenimiento de las cartillas de racionamiento). La mala situación provocó un empeoramiento del nivel de vida, desigual distribución de la renta (a lo que contribuyó la fijación de salarios) y la caída del cambio de la peseta.

Las ayudas extranjeras (especialmente la argentina de Perón) paliaron esta escasez, pero no evitaron los primeros los primeros conflictos sociales que surgieron entre 1945 y 1947, prolongándose durante la siguiente década. La autarquía fracasó porque la escasez de divisas y su utilización para exportar alimento impidieron importar las materias primas y los bienes de equipo necesarios para el desarrollo industrial.

REPRESIÓN. La Dictadura franquista reprimió siempre a sus enemigos (todos los que apoyaron a la República o no manifestaron su adhesión al nuevo régimen). Mediante la Ley de Responsabilidades (1939) el régimen pretendía la depuración total de los colaboradores de la República. A esta ley se añadió la de Represión al Comunismo y la Masonería (1940). Las cárceles estuvieron llenas de presos políticos y hubo numerosas ejecuciones dictaminadas por juicios militares.

EXILIO. A finales de la Guerra Civil y tras la contienda, abandonaron España más de 400000 personas hacia Francia y Latinoamérica, principalmente. La mayoría regresó tras el inicio de la 2ª Guerra Mundial y la promesa del régimen de no proceder contra quienes no hubiesen cometido delito (promesa que fue incumplida). La emigración a México provocó un gran impacto en aquel país, pues en ella figuraban escritores, intelectuales, políticos y numerosos profesionales cualificados. Allí se creó unas Cortes y un gobierno en el exilio (se mantuvo hasta 1977).

RESISTENCIA y OPOSICIÓN. Los grupos guerrilleros (maquis) de diferentes tendencias continuaron actuando coordinados por el PCE (intento fallido de invasión por el Valle de Arán). La oposición política estaba en el exilio, desde donde intentaron reorganizarse y buscar apoyos contra el régimen. El PCE impulsó en el interior del país el antifranquismo en el movimiento obrero.

VALORACIÓN. La victoria franquista en la Guerra Civil supuso la implantación de un régimen dictatorial que el bando sublevado había empezado a construir desde 1936. Con las autoridades republicanas exiliadas o encarceladas, el régimen intentó establecer durante la posguerra un Estado totalitario (que hasta el final de la 2ª Guerra Mundial se inspiró en el fascismo) y una economía autárquica. A partir de 1959 se produjeron una serie de cambios que llevaron a una nueva etapa de la Dictadura.

FRANQUISMO (1959-1975)

CRECIMIENTO ECONÓMICO. A partir de finales de los años 50, la economía española experimentó un crecimiento espectacular (el “Desarrollismo”).

-Causas: la fase expansiva de Europa, la consolidación a lo largo del siglo de una base industrial, la entrada de capital extranjero y las medidas liberalizadoras adoptadas en 1959 (sin los efectos deseados).

-Medidas estabilizadoras: se basaron en el Plan de Estabilización (1959) que supuso la reducción del intervencionismo, del déficit público y que facilitaron los intercambios con el exterior. Se añadieron los Planes de Desarrollo Económico y Social (3 planes cuatrienales) que se centraron en solucionar deficiencias estructurales (dotando de infraestructuras y materias primas) y fomentar polos de desarrollo (para reducir los desequilibrios regionales promoviendo nuevas zonas industriales).

-Consecuencia: gran expansión, que situó a España en el grupo de los países industrializados (pero con un PIB inferior). La tasa de crecimiento de la producción industrial y del PIB fue superior a la europea. La liberalización favoreció la entrada de tecnología y capital extranjeros. La industria y los servicios se convirtieron en las actividades principales de la economía en detrimento de la agricultura (la cual se mecanizó). Aumentaron los salarios y, en consecuencia, la demanda de bienes de consumo.

-Características del desarrollo español: las diferencias entre el dinamismo económico de las distintas regiones provocó una emigración a las zonas más desarrolladas (Madrid, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, Navarra) y los progresos en la agricultura (que redujeron la mano de obre necesaria) provocaron el éxodo rural hacia las ciudades. La mejora tecnológica limitó la necesidad de mano de obra (la cual emigró a Francia y Alemania). La economía española tenía una fuerte dependencia del exterior, ya que el crecimiento económico fue posible gracias a la llegada de de tecnología y de capital extranjeros, y a que Europa absorbió la mano de obra excedente. El desarrollo del turismo, procedente de Europa, fue fundamental para el crecimiento económico (por los grandes ingresos).

-Aspectos negativos: desequilibrios regionales, renta por habitante inferior a la europea, tendencia a la subida de los precios, escasa creación de empleo (por la llegada de tecnología y la reducción de la ocupación agraria), fuete emigración al extranjero (gracias a lo cual la tasa de paro se mantuvo) y escasa liberalización financiera.

MODERNIZACIÓN SOCIAL. Los cambios económicos comportaron cambios en la sociedad que supusieron una apertura cultural que debilitó al régimen. Aumentó la población (especialmente urbana) debido al incremento de la natalidad.

-Cambios de la estructura social: los avances económicos propiciaron la aparición de una gran masa de obreros industriales (que dará lugar a un nuevo movimiento obrero), el aumento de las clases medias y de la burguesía urbana (prácticamente inexistente hasta entonces). La población rural descendió y sólo perduró la figura del jornalero en Andalucía y Extremadura.

-Cambios en el comportamiento: la generalización de la enseñanza provocó cambios en las pautas culturales, la drástica reducción del analfabetismo y el aumento de universitarios (que, junto con la entrada de publicaciones clandestinas, aumentaron la información del exterior). La familia aumentó su movilidad y los hogares se equiparon con electrodomésticos y coche. La Iglesia experimentó una apertura tras el Concilio Vaticano II, distanciándose del régimen.

PERSISTENCIA del RÉGIMEN. El régimen pretendió hacerse pasar por un Estado de Derecho a partir de la década de los 50, ante lo cual los falangistas perdieron poder en beneficio de los tecnócratas (técnicos procedentes del Opus Dei que no discutían la política de la dictadura y que situaban al crecimiento económico como garantía de estabilidad). Surgió un enfrentamiento entre falangistas y tecnócratas, los cuales eran partidarios de la designación de Juan Carlos de Borbón como sucesor (dictaminada por Franco en 1969, bajo el título de Príncipe de España y no de Asturias). Ante las tensiones internas prevalecieron las posturas inmovilistas, representadas por Franco y Carrero Blanco (el cual, nombrado presidente del gobierno en 1970, tendrá un papel decisivo en los intentos continuistas).

La conflictividad social fue contestada con una dura represión: estado de excepción (1969 y 1970), detenciones, violencia policial,... El Consejo de Burgos (1970) condenó a muerte a militantes de ETA, los cuales no fueron ejecutados ante la presión internacional.

-Límites de la apertura política: Ley de Prensa de Fraga (1966, en la que se suprimía la censura previa pero se fijaban multas para las publicaciones osadas); Ley Orgánica del Estado [1967, fue la pieza fundamental de la institucionalización del régimen y separó al Jefe de Estado (Franco) del Jefe del Gobierno (Carrero Blanco)]; Ley de Libertad Religiosa (1967, que establecía cierta tolerancia religiosa); y se promovió la participación de los trabajadores en las elecciones sindicales (para revitalizar el sindicalismo vertical).

FORTALECIMIENTO de la OPOSICIÓN. Las transformaciones de los años sesenta y la dura represión permitieron a la oposición antifranquista vertebrarse y erosionar a la Dictadura. Por los mismos motivos se incrementó la conflictividad social en forma de protestas políticas y huelgas (las cuales eran ilegales). Apareció un nuevo sindicalismo basado en la lucha reivindicativa y que se organizó alrededor de Comisiones Obreras (CC OO, 1964), un movimiento independiente y democrático. En las universidades aparecieron organizaciones estudiantiles frente al SEU (Sindicato Español Universitario, de afiliación obligatoria), que protagonizaron movilizaciones (duramente reprimidas). Tras el concilio Vaticano II aparecieron en algunos sectores católicos una actitud antifranquista (especialmente en las comunidades cristianas de base). Surgieron nuevos movimientos sociales, manifestaciones masivas (a partir de los 60) y una gran conflictividad laboral.

-Grupos políticos de la oposición: en el “contubernio” de Munich (1962) se organizó la oposición política exterior e interior. El PCE realizó una penetración en las organizaciones de masas, acercándose a todas las fuerzas antifranquistas. El PSOE salió reforzado del Congreso de Suresnes (1973), donde se impusieron los jóvenes militantes del interior frente a la antigua dirección en el exilio. Aparecieron nuevos partidos como la Izquierda Demócrata Cristiana y pequeños grupos de carácter maoísta o trostkista en ámbitos estudiantiles (de los que se desgajaron grupos terroristas, como el FRAP). Los partidos nacionalistas resurgieron en el País Vasco (donde el PNV continuó con su hegemonía y surgió ETA, organización terrorista que propugnó la lucha armada) y en Cataluña (creación de Convergencia Democrática de Cataluña).

CRISIS FINAL del RÉGIMEN (1973-1975). La incapacidad del régimen para adaptarse a las demandas sociales y el contexto internacional hicieron que la dictadura entrase en su crisis definitiva. Carrero Blanco era el personaje clave para mantener la unión del franquismo y garantizar la continuidad del régimen. Sin embargo, Carrero blanco fue asesinado en un atentado de ETA (1973), ante lo cual se abrieron dos posturas dentro del franquismo: los inmovilistas y los aperturistas.

Se formó un nuevo gobierno presidido por Arias Navarro (1974) el cual habló de una apertura del régimen, pero mostró que éste era incapaz de democratizarse. Al enfermar Franco gravemente y fracasar los intentos aperturistas, un grupo de altos mando militares (el búnker) frenó cualquier apertura y ejerció la violencia fascista.

-Organización de la oposición: el PCE (referente del antifranquismo) impulsó la Junta Democrática (1974, englobaba a CC OO, monárquicos, carlistas, independentista y a la extrema izquierda) que propugnaba la creación de un gobierno provisional que implantase un régimen democrático, la amnistía y libertades políticas y sindicales. El PSOE impulso la Plataforma de convergencia Democrática (1975, integrada por UGT y PNV entre otros) con un programa similar al de la Junta.

La mejor organización de la oposición hizo aumentar las manifestaciones en las calles. La represión siguió siendo muy dura y se promulgó una Ley Antiterrorista (1975), en virtud de la cual fueron ejecutados varios militantes de ETA y del FRAP (lo que provocó protestas internacionales).

-Conflicto de Sahara: España aceptó su descolonización con autodeterminación ante la presión del Frente Polisario, pero el rey Hassan de Marruecos (con el apoyo de EE UU) organizó la Marcha Verde, ante la cual España entregó al Sahara a Marruecos y Mauritania.

En 1975 Franco falleció, dejando al régimen en una profunda crisis y creyendo que dejaba todo “atado y bien atado”. Con su muerte se abrió la transición democrática que supuso el desmantelamiento de la Dictadura y la implantación de un régimen constitucional.

VALORACIÓN. El extraordinario crecimiento económico de este período (1959-1975), determinó un profundo cambio social que trajo con sigo la difusión de nuevas actitudes y pautas que demandaban mayor libertad y democracia. Por contra, el franquismo se mantuvo como una dictadura basada en el inmovilismo político y fue su incapacidad para reformarse ante las nuevas demandas sociales y los intereses de modernización lo que precipitó la crisis del régimen, cuya única respuesta a la oposición política fue la represión. Con la muerte de Franco (1975) fue imposible la continuidad de la Dictadura, la cual di paso a la transición democrática (las dictaduras de Grecia y Portugal, últimas en la Europa occidental, habían caído un año antes).

La TRANSICIÓN y la ESPAÑA DEMOCRÁTICA (1975-1996)

La TRANSICIÓN POLÍTICA (1975-1978). En 1975, se designó a Juan Carlos I como jefe del Estado (a título de rey) tras la muerte de Franco. Arias Navarro continuó al frente del gobierno, así como la división del franquismo entre inmovilistas y aperturistas. Ante la imposibilidad de llevar a cabo cambios políticos significativos, la oposición toma la iniciativa. Mientras que la oposición moderada era partidaria de cambios desde la legalidad, la oposición radical pretendía una ruptura democrática con la creación de un gobierno provisional elegido por sufragio universal. En este sentido la oposición se organizó formando Coordinación Democrática (unión de la Junta Democrática, dirigida por el PCE, y de la Plataforma de convergencia Democrática, vinculada al PSOE).

-Movilizaciones populares: movilizaciones populares de vertiente laboral y política que reivindicaban libertad, amnistía y autonomía. Conflictos laborales con contenido político, siendo el más grave la huelga general de Vitoria.

-Amnistía: el elevado número de presos políticos que dejó el franquismo hizo que la amnistía se convirtiese en la principal exigencia (Coordinación Democrática la consideró una prioridad para la reforma democrática). En 1976 se redactó una reforma que permitió una primera amnistía, llegando esta por decreto-ley en 1977 (sus efectos fueron limitados).

-La reforma política: el rey mostró sus diferencias con Arias Navarro y este dimitió (1976), siendo sustituido por Suárez (representante de la rama reformistas del franquismo y partidario de cambios desde la legalidad). Inició contactos con líderes de la oposición (algunos en el exilio) y adoptó algunas medidas significativas (tímida amnistía). Propuso una audaz Ley de Reforma Política (LRP, aprobada en 1976), que proclamaba la democracia y la soberanía popular, preveía la conversión de las cortes en un Congreso de los Diputados y un Senado elegidos por sufragio universal, y la convocatoria de unas elecciones democráticas con el concurso de los partidos políticos (esta ley representaba el desmantelamiento del franquismo). La aplicación de la ley, que contaba con el apoyo de la monarquía, requirió la negociación con las familias del franquismo (a raíz de ello, el búnker, el núcleo duro del franquismo, queda asilado) y fue aprobada por la mayoría de loas procuradores de las Cortes (ya que se les garantizaba la no exigencia de responsabilidades a los implicados en la dictadura y la ilegalidad de los comunistas). El éxito de la Ley hizo que la oposición se replanteara su estrategia (renunció a su rechazo a la monarquía y a su ruptura democrática).

-Elecciones democráticas (1977): se legalizaron todos los partidos (incluido el PCE, en 1977) y se desmanteló a las organizaciones franquistas. Todo ello provocó acciones violentas (como los asesinatos de abogados laboristas vinculados al PCE en Madrid). La tensión también provino de la actividad terrorista (ETA, GRAPO). Los principales partidos eran Unión de Centro Democrático (UCD), Alianza Popular (AP, liderada por Fraga), el PSOE (liderado por González y Guerra), el PCE (dirigido por Carrillo y Dolores Ibárruri), y los nacionalistas (PNV, ERC). El triunfo fue para UCD (liderada por Adolfo Suárez), siendo el PSOE la segunda fuerza más votada. Este éxito de la izquierda dio prioridad a la elaboración de una Constitución que se basase en el consenso, para lo cual fue designada una comisión con representantes de las principales fuerzas parlamentarias.

-Constitución de 1978(vigente en la actualidad): de carácter progresista (y con cierta ambigüedad fruto del consenso) reconoce a España como un “Estado social y democrático de derecho” organizado como una monarquía parlamentaria (donde la Corona tiene función representativa y el ejército se somete al poder civil). Declara al Estado no confesional, deroga la pena de muerte, y contiene una declaración derechos y libertades políticas, sociales y económicas muy amplia. Reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, admitiendo como lenguas oficiales el castellano y las demás lenguas en sus Comunidades Autónomas.

ESTADO de las AUTONOMÍAS. Clavero Arévalo (ministro para las Regiones) fue el máximo responsable del proceso hacia las autonomías, el cual constó de dos etapas:

-Preautonomía (proceso anterior a la Constitución): las regiones históricas accedieron a la autonomía por vía urgente, al solicitarlo las asambleas parlamentarias constituidas en varias regiones y aprobarse por referéndum. La primera preautonomía se le concedió a Cataluña (fruto de la negociación entre Tarradellas y Suárez), restableciéndose la Generalitat de Cataluña (1977); en el País Vasco se materializó el Consejo General Vasco (1978, negociado entre el gobierno y la asamblea de parlamentarios vascos, a los que no se sumaron los navarros); y en Galicia se creó la Xunta provisional (1978).

-Estatutos de Autonomía: la Constitución reguló definitivamente el proceso autonómico, mediante el cual todo el territorio quedó configurado en Comunidades Autónomas en las que se habían formado órganos legislativos (parlamentos autónomos) elegidos por sufragio universal, y órganos ejecutivos (gobiernos autónomos). Su plasmación jurídica tuvo lugar mediante los Estatutos de Autonomía (aprobados en las Cortes tras ser ratificados por referéndum), que contenían las competencias e instituciones de cada región. Todas las comunidades Autónomas se regían por el Artículo 143 (excepto Navarra, que por su sistema foral tiene un mecanismo especial, y las nacionalidades históricas más Andalucía, regidas por el artículo 151, procedimiento más rápido y completo).

CRISIS ECONÓMICA. La transición política coincidió con una crisis económica producida por la subida de los precios del crudo. Errores en la lucha contra la crisis (incorporación al sector público de algunas empresas en quiebra) de los gobiernos de la UCD agravaron los efectos:

-Alza de los precios y pérdida de competitividad.

-La crisis fue muy dura en el sector industrial, donde el gran consumo energético elevó los costes de producción y los precios de venta (los sectores siderúrgico, naval y de transportes, fueron los más afectados).

-Elevado aumento del paro.

El déficit comercial fue paliado con la depreciación de la peseta (que favoreció el mantenimiento de las exportaciones) y el turismo.

-Los Pactos de la Moncloa (1977, firmados por partidos y sindicatos, y ratificado en el Congreso): supusieron el primer gran conjunto de medidas destinado afrontar la crisis en España. Sus objetivos eran reducir la inflación (mediante le control del gasto público, la racionalización del consumo energético y la devaluación estratégica de la peseta) y una reforma tributaria y de la Seguridad social, para modernizar el sistema tributario y repartir los costes de la crisis.

Los GOBIERNO de UCD (1979-1982). En 1979 se convocaron elecciones y las ganó UCD, iniciándose una etapa caracterizada por el consenso derivado de los Pactos de la Moncloa, que comportó la promulgación del Estatuto de los Trabajadores (1979). UCD entró en una fase de desgaste debido a diversos factores:

-El proceso autonómico (en las elecciones autonómicas UCD perdió votos).

-Las divisiones internas (Suárez no consiguió un liderazgo incontestable).

-Aumento de la violencia terrorista (ETA, FRAP, GRAPO).

-El PSOE presentó en las Cortes una moción de censura (1980).

-Golpe de Estado del 23 de febrero (1981): fue protagonizado por militares franquistas que condenaban el proceso democrático, reivindicaban el franquismo y no aceptaban la legalización del PCE, el desarrollo de las autonomías, el terrorismo y la anunciada reforma del ejército. Consideraron que el momento oportuno para dar el golpe era durante la envestidura como presidente de Calvo Sotelo (tras la dimisión de Suárez); Tejero entre en el Congreso manteniendo rehenes a los diputados, mientras Milans del Bosch se sublevaba en Valencia sacando los tanques a la calle. El rey, en una alocución televisiva, condenó a los sublevados e hizo fracasar el Golpe de Estado, lo que significó la desaparición de la amenaza militar. Estos hechos, entre otros, provocaron el declive definitivo de UCD (incluso Suárez la abandonó).

La ETAPA SOCIALISTA (1982-1996). Las elecciones de1982 se saldaron con un espectacular triunfo del PSOE por mayoría absoluta (hundimiento de la UCD y del PCE, ascenso relativo de AC y consolidación de PNV i CIU). El PSOE fue capaz de recoger las aspiraciones de cambio de un amplio abanico social (desde la burguesía liberal hasta la base obrera, pasando por las clases medias) y configurarse como un partido moderno, cohesionado alrededor de Felipe González. El cambio socialista suponía la liquidación definitiva del franquismo y un amplio programa de reformas, que tenía como prioridad la lucha contra la crisis económica, la reconversión industrial, la racionalización de las administraciones y el avance hacia el Estado de Bienestar, impulsando un sistema de protección social (pensiones, Seguridad social, sanidad pública).

Las reforma económica de abordó con una política de ajuste y reconversión destinada a animar la inversión privada, reducir la inflación y aumentar los beneficios. Esta etapa, en la que se buscó el acuerdo con los sindicatos, daría paso (aprovechando la favorable situación económica internacional) al desarrollo del Estado del Bienestar.

En el campo educativo se introdujo la Ley de Reforma Universitaria (LRU, 1983) que permitía la creación de universidades privadas y la LOGSE (1990), que prolongaba la escolarización hasta los 16 años.

Para la reforma militar se procedió a poner fin a la autonomía del ejército para que quedara sujeto al poder civil y a reducir su la plantilla para profesionalizarlo. Se integró polémicamente en la OTAN.

La entrada en la Comunidad Económica Europea era una prioridad, y con el consenso de todos los partidos España se hizo efectiva en 1986.

Los sindicatos (CC OO y UGT) reivindicaban la revisión de la política social constatando la distancia entre el ajuste salarial de los trabajadores y el insuficiente gasto social. La intransigencia del gobierno a estas peticiones provocó una huelga general (1988), junto con una fractura social y conflictividad.

En 1989 el PSOE volvió a ganar las elecciones (aunque con una pérdida de votos); Alianza Popular se transformó en el Partido Popular con un nuevo líder, José María Aznar.

El resultado electoral y la huelga general hicieron que el PSOE pactara con los sindicatos reorientando su política social (aumento de pensiones y cobertura del desempleo), lo que provocó el descontento de la patronal. Las rectificaciones no impidieron el declive del PSOE, debido a diversos factores:

-Escándalo tras conocerse la política por parte del ministerio del interior de tolerancia con el GAL (grupo que perpetraba atentados contra ETA).

-Escándalos de corrupción económica, ya que algunos individuos (Guerra, Roldán) aprovecharon sus cargos para obtener beneficios económicos y se produjo una financiación ilegal de los socialistas.

-Desde 1992 el crecimiento económico se había desacelerado, agravando las dificultades.

-Grieta en la cohesión del PSOE, al haber graves diferencias entre González y Guerra.

En las elecciones de 1993 el PSOE perdió la mayoría absoluta y gobernó pactando con los nacionalistas (lo que supuso un giro hacia la derecha y mayor sensibilidad a las demandas nacionalistas), la oposición de derechas realizó durísimas campañas de denuncia a raíz de los escándalos económicos y el PSOE experimentó una crisis política y de identidad por su división interna. Estos factores unidos a la grave crisis económica propiciaron que el Partido Popular ganara las elecciones en 1996. El nuevo gobierno (al contar con una fase internacional de crecimiento) redujo el elevado desempleo heredado de la etapa socialista y mejoró la economía.

VALORACIÓN. A raíz de la Transición España ha conocido una etapa de democracia, crecimiento y modernización sin precedentes, que ha culminado con la creación del Estado de Bienestar y con la incorporación del país a la Unión Europea. A pesar del adelanto, España se encuentra aún por debajo de las naciones más desarrolladas.