EL IMPACTO DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA: EL REINADO DE CARLOS IV.

Al morir Carlos III y acceder al trono Carlos IV, éste heredó el saldo exacto de los excesivos compromisos contraídos por los gobiernos reformistas de su predecesor. El cierre de la etapa reformista pondrá en evidencia la crisis del Antiguo Régimen. En el reinado inaugurado sobrará inhabilidad para corregir desórdenes en el funcionamiento de las instituciones, así como falta de coherencia para imprimir un rumbo certero debido a confusiones y contradicciones.

La transformación en Francia en el verano de 1789, repercutirá en el recién estrenado reinado de Carlos IV y marcará todo el proceso sociopolítico español coetáneo, precipitando la quiebra del Antiguo Régimen en España. El impacto de los acontecimientos franceses lo acusará ante todo la política exterior. Pero la situación interna de España igualmente registrará una singular manera de responder al clima suscitado, propiciando que se dieran respuestas excesivamente inmediatas como resultado del desconcierto ocasionado por los acontecimientos.

Carlos IV comienza a gobernar en 1788. Floridablanca fue su primer ministro, cargo que también desempeñó con Carlos III. Carlos IV, casado con María Luisa de Parma, fue muy dominado por ésta durante todo su reinado. En el año 1789 convocó las Cortes, en las que se anuló la Ley Sálica, vigente desde el reinado de Felipe V. Esta anulación no entraría en vigor hasta el año 1830, cuando Femando VII publicó la Pragmática Sanción, documento necesario para su validez. Las Cortes fueron disueltas poco después por miedo a que produjeran los hechos que acontecían en Francia en ese momento. Alarmados por la situación francesa, donde había estallado ya la revolución, el gobierno español intentó evitar la entrada de cualquier idea revolucionaria cerrando aduanas, censurando la propaganda, etc. En este momento la Inquisición tuvo libertad para censurar libros y confiscar propaganda. Como última medida se cerraron muchos periódicos.

En 1792, Floridablanca es destituido y el conde de Aranda toma el mando del Gobierno. Durante este tiempo intentó mantener al país al margen de Francia, oponiéndose a la idea del consejo de declarar la guerra a Francia. Poco después es retirado de su cargo y se nombra a Godoy al frente del país (1792).

Godoy era un miembro de la guardia real que había ido ascendiendo gracias a los favores de los reyes, en especial a los de María Luisa de Parma. Al no conseguir salvar la vida de Luis XVI, en 1793 estalla la Guerra de la Convención, en la cual España perdió varias plazas del Pirineo y de América. En 1795 se pone fin a la guerra con la firma de la Paz de Basilea. Esta guerra provocó, además de la pérdida de territorios, un gran desprestigio militar y una ruina económica y fiscal. A Godoy le concedieron el título de "Príncipe de la Paz". En 1796 se firma con Francia el Primer Tratado de San Ildefonso por el que se renovaban los pactos de familia con Francia y se establecía una alianza en la guerra contra Inglaterra, que estalla en 1796 y, tras la derrota del Cabo de San Vicente, supone la pérdida de Trinidad y el colapso comercial con América. Por todo ello, Godoy dimite en 1798.

El gran problema de España en los últimos años del s. XVIII era la gran crisis económica. Varios ministros ilustrados, como Saavedra y Jovellanos, intentaron resolverlo pero la intervención española en las guerras anteriores había dejado al país en la ruina. Tras la negativa del Rey de eliminar las exenciones fiscales de la nobleza, comienza la desamortización de los bienes de Iglesia (desamortización y venta de los bienes de organismos eclesiásticos de beneficencia), junto con algunas propiedades comunales de ayuntamientos y de los jesuitas expulsados, medida que no sirvió para arreglar la economía del país.

En el año 1800 se firma el Segundo Tratado de San Ildefonso y Godoy vuelve para dirigir el ejército que venció a Portugal en la Guerra de las Naranjas, causada por la violación del país al bloqueo continental con Inglaterra declarado por Napoleón. En 1803 estalló la guerra y en 1805 se produjo la derrota de una armada hispano-francesa frente a Inglaterra. La Batalla de Trafalgar supuso la destrucción de la flota naval española, necesaria para mantener el control sobre sus colonias americanas, y la reanudación del comercio inglés a través de Portugal.

Debido a las derrotas en las guerras y la grave situación económica y social del país, alrededor del príncipe, apoyado por sus consejeros personales (camarilla), se aglutina la oposición a Godoy. En 1807 se descubrió una conspiración por Fernando para ocupar el trono. Tras el Proceso del Escorial Fernando fue perdonado y sus cómplices encarcelados.

El descontento se acentuó con la firma del Tratado de Fontainebleau (1807), por el que Godoy autorizó la entrada y acantonamiento de tropas francesas en España para conquistar Portugal. Pero los franceses no cumplieron el Tratado y, frente a los 28000 estipulados, introducen 65000 hasta febrero de 1808. Temiendo una invasión, Godoy preparó la huida de los reyes a Andalucía o América. Pero en Aranjuez estalló un motín popular dirigido por la nobleza y el clero (marzo de 1808), que forzó la abdicación de Carlos IV en Fernando. Carlos IV pidió ayuda a Napoleón y éste, ante esta el hecho de que algunos puertos violaban el bloqueo, aprovechando la situación decide invadir España. Intentando mediar entre padre e hijo, Napoleón citó a Fernando VII en Bayona. Al frente del país quedó una Junta de Gobierno con órdenes de colaborar con los franceses. Napoleón consiguió que Fernando abdicara en su padre y éste en él (7 de mayo), con la condición de asegurar la integridad del territorio y la exclusividad de la religión católica.

La Guerra de la Independencia.

En 1808, España se encontraba en pleno proceso de cambio, dentro de la llamada "crisis del Antiguo Régimen". El año anterior, Godoy, primer ministro de Carlos IV, había firmado con Napoleón el Pacto de Fontainebleau (1807), por el cual se establecía una firme alianza frente a Inglaterra que suponía ceder el paso a los ejércitos franceses con el fin de ocupar Portugal. Napoleón tenía sin embargo un proyecto más amplio, que consistía en desalojar a los Borbones del trono es pañol y situar en él a uno de sus hermanos. Con este fin convocó a la familia real española en Bayona, donde obligó a Femando y a Carlos a abdicar en su persona, otorgando después el trono español a su hermano José Bonaparte.

La guerra de la Independencia

En Madrid, el 2 de mayo de 1808, se produjo un amotinamiento contra las fuerzas francesas ocupantes de la capital. Pocas horas después, el general Murat reprimía la revuelta fusilando a centenares de paisanos como escarmiento, mientras la Junta de Gobierno, dejada tras su marcha por Fernando VII, no hacía nada por evitar el castigo.

Al conocerse la noticia de las abdicaciones de Bayona y los sucesos de Madrid, se produjo un gran vacío de poder y la ruptura del territorio español. Para controlar la situación, en las regiones no ocupadas por el ejército francés los ciudadanos más prestigiosos establecieron un nuevo poder, las juntas provinciales, que asumieron la autoridad en nombre de Fernando VII. Hombres de la aristocracia y el clero, militares y letrados de ideología dispar componían estos poderes territoriales, que enseguida sintieron la necesidad de superar la división provincial y establecer un gobierno nacional unitario. De esta forma, con delegados de las juntas provinciales, entre los que se encontraba Jovellanos, quedó constituida en Aranjuez (septiembre de 1808), bajo la presidencia del conde de Floridablanca, la Junta Central Suprema, que tomó para sí los poderes soberanos y se erigió en el máximo órgano gubernativo. En su lucha contra los franceses, la Junta se veía, pues, empujada a tomar medidas revolucionarias a pesar del talante conservador de buena parte de sus miembros.

Las fases de la guerra

En junio de 1808, con el doble objetivo de reprimir los levantamientos populares e instaurar el régimen de José Bonaparte, un ejército de 170.000 hombres se adentró en España, confiando desplegarse en abanico por todo el territorio y controlar así los centros neurálgicos del país. Pero la inesperada resistencia de los españoles desbarató, en un primer momento, los proyectos de Napoleón. Aunque la toma de las ciudades se preveía fácil, Zaragoza y Gerona se resistieron a la ocupación, produciéndose los sitios o asedios que duraron varios meses, una posibilidad que no era recogida dentro de las ideas tácticas que regían el ejército francés. En el sur, el ejército de Dupont, encargado de dominar Andalucía, fue derrotado en julio de 1808 en Bailén, primera derrota en tierra de un ejército de Napoleón. José I se ve obligado a abandonar Madrid y se retira a Vitoria, mientras el ejército francés, desoyendo las órdenes del emperador, se repliega a la línea Bilbao-Pamplona, situándose frente a ellos los 110.000 soldados al mando de Blake, Castaños y Palafox que, faltos de coordinación, no son capaces de llevar una acción conjunta que podría haber expulsado a los franceses de la península.

A partir de entonces, la guerra adquiere una mayor envergadura, impulsada por el deseo de Napoleón de aplastar de forma definitiva la resistencia española. Acompañado de sus más prestigiosos generales (Soult, Ney o Moncey), el emperador entra en España (4 de noviembre de 1808) al frente de un ejército de 250.000 hombres. José Bonaparte vuelve a Madrid mientras la Junta Central debe abandonar la Meseta para buscar refugio en Sevilla y luego en Cádiz. Sólo algunas zonas de la periferia y las áreas montañosas del centro permanecen libres después de un año de guerra, en la que también se había comprometido Gran Bretaña, deseosa de frenar a Napoleón.

Dada su inferioridad militar ante el ejército invasor, los españoles adoptaron, una novedosa forma de combate, la guerrilla, formada por antiguos soldados del ejército español, voluntarios civiles e incluso bandoleros, que atacaban por sorpresa al enemigo en acciones rápidas, valiéndose de su conocimiento del terreno y la complicidad de la población civil. Algunos alcanzaron gran prestigio, como el Empecinado o Espoz y Mina.

En la primavera de 1812, la guerra dio un giro definitivo. Lo que en un principio pareció un paseo militar se había convertido en un atolladero que obligaba a Napoleón a mantener en España un importante conjunto de tropas, cada vez más necesarias en el frente de Rusia. La retirada de efectivos podía llevar a los franceses al desastre, como efectivamente ocurrió en julio de 1812 cuando el general Wellington, al frente de tropas inglesas, portuguesas y españolas y ayudado por las partidas guerrilleras, derrotó a los franceses en Arapiles, cerca de Salamanca, los expulsó de Andalucía y entró en Madrid obligando a José I a abandonar la ciudad.

Una nueva contraofensiva de los franceses restableció sus posiciones, pero la victoriosa campaña de Wellington había revelado la estrategia adecuada para derrotarlos. En la primavera de 1813, el general inglés lanzó de nuevo su acometida sin que los franceses consiguieran parar su avance. Abandonaron Madrid y llegaron hasta Vitoria, donde con sus tropas muy diezmadas sufrieron una grave derrota que se repitió en la batalla de San Marcial (Irún). Vencido también en Alemania, Napoleón llegó a un acuerdo con Fernando VIl (Tratado de Valençay) por el que le devolvió la Corona de España.

El reinado de José I y los afrancesados

José I se rodeó de una "Junta Española" de 91 notables partidarios e hizo publicar en 1808 el Estatuto de Bayona, una especie de carta otorgada que, a pesar de mantener en manos del monarca la mayor parte de las prerrogativas, tenía algunos aspectos liberales, entre los que figuran la libertad de imprenta, la reforma de la Hacienda y las aduanas interiores y otras medidas. Este texto no llegaría a ponerse en práctica, pues lo impediría la guerra contra los franceses.

Pero el gobierno de José I sólo alcanzaba al territorio ocupado efectivamente por el ejército francés. Así, a poco de llegar a Madrid, tras la derrota de Bailén, tuvo que retirarse rápidamente a Vitoria y las tropas francesas retrocedieron hasta el Ebro. Volvería a instalarse en la capital tras la entrada de Napoleón a fines de año. A partir de entonces, el gobierno de José I sólo alcanzaba -teóricamente- a las tierras situadas al sur del Ebro, ya que el resto quedó bajo administración directa de París.

En la España ocupada por las tropas francesas, el rey José I trató en vano de emprender las reformas que el Estatuto de Bayona había proyectado, contando para ello con la ayuda de los afrancesados, partidarios del reformismo ilustrado pero enemigos de medidas revolucionarias. Muchos afrancesados eran funcionarios del Estado que prefirieron seguir fieles a quien ejercía el poder; otros eran eclesiásticos ilustrados que, ante la fortaleza del ejército francés y la ineficacia de las instituciones del Antiguo Régimen, optaron por el invasor. Intelectuales como Meléndez Valdés o Moratín, militares como Vargas y Ponce y el almirante Mazarredo, fabricantes como Gómina o Remisa, clérigos como Llorente o Estala, fueron "afrancesados", convencidos de que solamente con el apoyo de Napoleón podían llevarse a cabo reformas modernizadoras en el ámbito de la enseñanza, el derecho, la economía, etc.

En definitiva, los levantamientos de mayo de 1808 degeneraron en una guerra (1808-1813) que se generalizó por todo el territorio español a lo largo de cinco años, dejando un trágico balance de pérdidas humanas (más de 300.000) destrucciones y saqueos. Esta guerra de la Independencia tuvo carácter nacional y patriótico, pero también de guerra civil -al combatir españoles en ambos bandos- y de guerra internacional, por la participación en ella de tropas anglo portuguesas.

LA REVOLUCION LIBERAL EN ESPANA: LAS CORTES DE CADIZ Y LA CONSTITUCION DE 1812

Cortes de Cádiz

Ante la situación creada por la abdicación borbónica en Bayona se produce un vacío de poder real, se reclama a las instituciones del Antiguo Régimen que asuman la soberanía en ausencia del Rey. Pero el Consejo de Castilla y la Junta de gobierno se pusieron bajo la autoridad de José I. Entonces, tras el levantamiento del 2 de mayo de 1808, los españoles asumieron la soberanía nacional y formaron sus propios órganos de gobierno. Surgieron por todo el país las Juntas locales y, más tarde, las Juntas provinciales. El pueblo español siguió confiando en autoridades como Floridablanca, Jovellanos, Palafox, Blake, etc. Se decidió organizar una Junta Central que asumiera el papel de gobierno de la nación.

Todos los miembros de la Junta estaban de acuerdo en la necesidad de reformar el Antiguo Régimen y se convocaron las Cortes. Se formó una Comisión de Cortes y se realizó una encuesta nacional para saber la opinión del país sobre los cambios que debían hacerse. La elección de representantes se llevó a cabo mediante el sufragio universal de los varones mayores de 25 años. En cuanto a su origen social, había una mayoría procedente de las capas medias urbanas, eclesiásticos y aristócratas. Las opiniones liberales eran claramente mayoritarias. Estas ideas habían penetrado en España procedentes de Francia, en los últimos años del s. XVIII y primeros del XIX pese a la censura oficial. Los liberales postulan un régimen político libre, parlamentario, en oposición al absolutismo monárquico. Las Cortes se componían además de los llamados serviles, que abogaban por la continuación del Antiguo Régimen y el absolutismo real, y por representantes de las colonias españolas en América, también de tendencia liberal.

Las Cortes son inauguradas el 24 de septiembre de 1810. En marzo de 1812 los diputados proclamaron que representaban la soberanía nacional y emprendieron la elaboración de una Constitución, esta comisión fue presidida por Muñoz Torrero. El texto fue aprobado, finalmente, el 19 de marzo de 1812 y sus principales aspectos eran:

• La afirmación de que la soberanía reside en la Nación.

• La división de poderes.

• El poder legislativo reside en las Cortes con el Rey. El Rey puede promulgar, sancionar y vetar leyes (a través del veto suspensivo por dos veces en tres años).

• El poder ejecutivo reside en el Rey, que nombra libremente a sus Secretarios.

• El poder judicial reside en los tribunales.

• Se reconoce la confesionalidad y la exclusividad de la religión Católica.

• Se establece un ejército permanente y una Milicia Nacional, con el objetivo de reforzar el ejército en caso de guerra y servir de cuerpo de defensa del Estado liberal.

• La representación nacional reside en las Cortes, que son unicamerales y elegidas por sufragio universal indirecto de los varones mayores de 25 años.

• Los Regidores (alcaldes) serán elegidos por la población. Se establecen las Diputaciones y los Jefes Políticos en el ámbito provincial.

La Constitución tuvo tres periodos de vigencia: marzo 1812-marzo 1814, enerol820-noviembre 1823 (Trienio Liberal), agosto 1836-junio 1837 (Regencia de María Cristina). Fue la primera Constitución española, de régimen liberal y bastante avanzada para su época. Fue tomada como modelo para constituciones posteriores y para las de los países coloniales de América.

Las Cortes de Cádiz tuvieron otra labor legislativa de la que destaca lo siguiente:

• La abolición del régimen jurisdiccional.

• La desamortización de bienes propios y baldíos.

• La eliminación del mayorazgo, al declararse la propiedad libre y sólo atribuible a particulares

• La supresión de los gremios.

• La libertad de imprenta.

• La legislación religiosa (supresión de la Santa Inquisición).

Estas medidas tienen por objeto cambiar el sistema político español, eliminar el Antiguo Régimen y desarrollar un liberalismo político y económico.

Las Cortes fueron disueltas por Fernando VII y la Constitución suprimida en 1814, al regresar el monarca a España.

La revolución liberal, las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812.

La obra reformista de las Cortes de Cádiz

En mayo de 1808, ante el "vacío de poder" creado por la marcha de la familia borbónica a Bayona, donde Femando VII y Carlos IV abdicaron en favor de Napoleón, habían surgido por todo el país juntas formadas por ciudadanos que se oponían a la presencia del ejército francés en España y se declaran en guerra abierta contra Francia. Comenzó así un período de casi seis años de guerra generalizada y popular denominado "guerra de la Independencia".

En este contexto, la Constitución de 1812 fue elaborada a lo largo de casi dos años por las Cortes reunidas en Cádiz, convocadas por la regencia que había asumido el poder en 1810 por delegación de la Junta Central Suprema. De esta manera, la otra cara de la guerra de Independencia la constituye, sin duda, la labor de las Cortes de Cádiz. Mientras gran parte de la sociedad española se enfrentaba con las armas a los franceses y a sus ideas, unos pocos ilustrados pretendían implantarlas para llevar a cabo, como en Francia, una verdadera revolución burguesa. La gran oportunidad llegó cuando las derrotas militares desacreditaron a la Junta Central, que, refugiada en Cádiz, dio paso en enero de 1810 a una regencia colectiva, especie de gobierno provisional compuesto por cinco miembros muy conservadores pero sometidos a la presión ambiental de la ciudad, sede de una nutrida burguesía mercantil y de importantes colonias de comerciantes extranjeros. Muchos burgueses liberales, funcionarios ilustrados e intelectuales, procedentes de otras ciudades tomadas por el ejército del rey José, se habían concentrado en Cádiz, ciudad-refugio protegida por la marina británica.

Aunque la idea de una reunión de Cortes Generales para reorganizar la vida pública en tiempo de guerra y llenar el vacío de poder ya había sido debatida en la Junta Central, la regencia no se decidió a convocarlas hasta que llegó a Cádiz la noticia del establecimiento de poderes locales en distintas ciudades americanas, situación que podía poner en peligro el imperio español. Después de cien años en los que los Borbones habían gobernado sin reunirlas, las Cortes inauguran sus reuniones en septiembre de 1810 con el juramento de los diputados de defender la integridad de la nación española, y prolongan su actividad hasta la primavera de 1814. Un conjunto de decretos, y, sobre todo, la Constitución de 1812, manifiestan su deseo de trasformación del país mediante la aplicación de importantes reformas que debían convertir a España en una monarquía liberal y parlamentaria.

A causa de las dificultades de la guerra, la alta nobleza y la jerarquía de la Iglesia apenas si estuvieron representadas en Cádiz. Tampoco pudieron asistir los delegados de las provincias ocupadas, a los que se buscó suplentes gaditanos, lo mismo que a los representantes de los territorios españoles de América. Predominaban en las Cortes las clases medias con formación intelectual, los eclesiásticos, abogados, funcionarios, militares y catedráticos, aunque no faltaban tampoco miembros de la burguesía industrial y comercial. No había, en cambio, representación alguna de las masas populares: ni un solo campesino tuvo sitio en la asamblea de Cádiz. Las primeras sesiones de las Cortes congregaron un centenar de diputados, pero su numero fue aumentando hasta llegar a los trescientos.

Desde su inicio, las Cortes demostraron que en nada se parecían a las antiguas. Al auto constituirse en Asamblea Constituyente y asumir la soberanía nacional, los diputados gaditanos ponían en marcha la revolución liberal que contaba ya con el precedente de la Revolución Francesa de 1789. Asimismo, con la concesión de iguales derechos a todos los ciudadanos, incluidos los de América, convertían España y sus colonias en una única nación repartida a ambos lados del océano.

De inmediato surgieron dos grandes tendencias en la cámara gaditana. Los liberales -por vez primera se emplea este término como etiqueta política- eran partidarios de reformas revolucionarias, mientras que los absolutistas, llamados despectivamente "serviles", pretendían mantener el viejo orden monárquico. La prensa de Cádiz, especialmente el Semanario Patriótico, estuvo en su mayoría del lado de los liberales, que siempre dominaron los debates de las Cortes, manteniéndose en cambio los púlpitos de las iglesias al servicio de la ideología absolutista. A pesar del pensamiento reaccionario de la mayor parte del clero, algunos sacerdotes participaron en la tarea legislativa, entre ellos Diego Muñoz Torrero, miembro del equipo redactor de la Constitución y una de las personalidades más relevantes del liberalismo español.

La obra legislativa

Los liberales decretaron la libertad de imprenta -primera formulación del derecho de expresión-, que suprimía la censura para los escritos políticos pero no para los religiosos. En el sentir de los diputados gaditanos, la libre expresión de las ideas era una pieza clave de un sistema basado en la soberanía nacional y un eficaz instrumento de concienciación política y defensa frente a los abusos del poder.

A instancias del pensamiento ilustrado, las Cortes de Cádiz desmontan la arquitectura del Antiguo Régimen, aboliendo los señoríos jurisdiccionales, que impedían la modernización de la administración local y provincial. Se trata de una decisión fundamental en el proceso de refuerzo del Estado, ya que la mitad de los pueblos y dos tercios de las ciudades españolas mantenían todavía alguna dependencia del clero y la nobleza. Son derogados asimismo los gremios, una estructura medieval, para dar paso a las modernas relaciones de producción liberal capitalista. En el campo se decretó también una nueva desamortización, estableciéndose la venta en pública subasta de las tierras comunales de los municipios.

Las Cortes también legislaron en materia religiosa, después de acaloradas disputas entre los diputados, que alcanzaron su mayor vehemencia al decretarse la abolición de la Inquisición, presentada como un obstáculo a la libertad de pensamiento y el desarrollo de la ciencia.

La Constitución de 1812

El día de San José de 1812, los diputados de Cádiz aprueban una Constitución, la primera de la historia de España, que resume su labor legisladora y establece las ideas y el lenguaje del liberalismo español. Es un texto muy extenso porque, en su deseo de evitar interpretaciones contrarias al espíritu de la Constitución, los legisladores gaditanos regularon hasta el detalle todas las cuestiones relacionadas con la vida política y los derechos de los ciudadanos. Su idea de la nación quedó plasmada en el diseño de un Estado unitario, que afirmaba los derechos de los españoles en su conjunto por encima de los históricos de cada reino. Los diputados representan a la nación, lo que supone la eliminación de toda otra representación, regional o corporativa, que ya carecía de sentido en una España dividida en provincias y municipios.

De esta forma, la Constitución de 1812 daba un nuevo paso adelante en el proceso de centralización política y administrativa emprendido por los primeros Borbones. Al mismo tiempo, con su afirmación de los derechos individuales y colectivos de los españoles, ponía los fundamentos para acabar con un modelo de sociedad basado en las exenciones y privilegios. Con el fin de conseguir la igualdad de los ciudadanos, la Constitución de 1812 fijaba una burocracia centralizada, una fiscalidad común, una milicia nacional y un mercado libre de aduanas interiores.

En consonancia con la primera declaración de la asamblea gaditana, la Constitución proclama la soberanía nacional en detrimento del rey, al que se despoja de la función legisladora, atribuida ahora a las Cortes, que tendrían una sola cámara, elegida por sufragio universal masculino mediante un complicado sistema de compromisarios. Para ser diputado se requería, sin embargo, la condición de propietario, lo que excluía a asalariados y campesinos sin tierra. Al atribuir la soberanía a la nación se estaba produciendo un cambio fundamental. Los ciudadanos, de acuerdo con el texto, reconocían a Femando VII como rey de España, pero no como rey absoluto, sino constitucional. Aunque símbolo del liberalismo radical, la Constitución de 1812 refleja el influjo de la religión, definiendo al Estado como confesional y el reconocimiento de las propiedades de los grupos privilegiados.

La aplicación de la Constitución de 1812

La Constitución de Cádiz, tuvo una escasa aplicación. Ni la guerra ni Fernando VII dieron tiempo a la Constitución de Cádiz para implantar sus reformas; solamente en el Trienio Liberal de 1820-1823 y unos meses en 1836. No obstante, años después, otros textos inspirados en ella se encargarían de hacer avanzar a la sociedad española en la conquista de sus derechos individuales y colectivos. Como símbolo del deseo de libertad de los españoles, la Constitución de 1812 permanecería! viva en el recuerdo a lo largo del siglo, prolongándose también en el ideario de los liberales de América de Sur y de Europa.

EL REINADO DE FERNANDO VII: ETAPAS

El reinado de Fernando VII comenzó en el año 1814, al finalizar la Guerra de la Independencia, y terminó en 1833, al morir el Rey. Este periodo se puede dividir en tres etapas:

El Sexenio Absolutista (1814 - 1820)

En 1813 se firma el Tratado de Valençay, por el que Napoleón devuelve la Corona española a Fernando VII, pero éste no regresa a España hasta marzo de 1814. Al llegar al país y ser recibido de manera entusiasta por el pueblo, suprime las Cortes y la Constitución, a la vez que envía al general Elío a detener a los componentes de éstas. Este golpe de Estado se lleva a cabo gracias al apoyo del ejército al Rey, de la nobleza, el clero y el pueblo llano absolutista. Dicho apoyo se expresó en el llamado Manifiesto de los Persas, que reclama la vuelta al Antiguo Régimen. Se anularon todas las medidas adoptadas por las Cortes de Cádiz. En el resto de los países europeos se vivía un proceso similar ya que se restauró el antiguo Régimen y, tras el Congreso de Viena, se acordó la Cuádruple Alianza, sistema para preservar Europa de movimientos liberales o revolucionarios.

Políticamente, este periodo se caracterizó por la gran represión que sufrieron los afrancesados y los liberales, acusados de traición. Se castigó con el destierro, la cárcel y la expropiación de bienes a todos aquellos colaboradores de José I y a los componentes liberales de las Cortes. Fernando VII tuvo un gobierno muy inestable ya que no existía acuerdo en la línea a seguir y los consejeros reales eran incapaces de gobernar el país. España era dirigida por la llamada Camarilla, hombres de confianza del Rey que impedían cualquier medida que no les fuera favorable. Esto produjo seis años de profunda crisis.

Económicamente el país estaba sumido en graves problemas ya que a la ruina producida por la guerra se sumaban la pérdida del comercio colonia, el hundimiento de la producción industrial y la crisis en el campo, propiciada por la restitución de los bienes de la nobleza y la Iglesia y la vuelta de la Mesta.

Todos estos factores fueron agravando el descontento del pueblo y del ejército sensiblemente (dentro del ejército nuevamente se reservaron los altos mandos para la nobleza. Parte de los mandos guerrilleros fueron represaliados y las condiciones de vida eran pésimas. A este malestar se unió el envío de tropas a América). Además el Rey se oponía totalmente al pago de impuestos por parte de los nobles y el clero, y fue destituyendo ministro tras ministro sin solucionar el problema de la Hacienda.

La situación provocó múltiples levantamientos, reprimidos por el gobierno y un acercamiento entre liberales y el ejército, dando lugar a pronunciamientos que buscaban un cambio de régimen y que permitían a los liberales llegar al poder, pues era imposible legalmente, y al ejército, intervenir en política. Poco a poco se reorganizó el movimiento clandestino liberal y comenzó la conspiración contra el Estado Absolutista. Entre 1814 y 1820 sucedieron multitud de pronunciamientos sin éxito (Espoz y Mina, Porlier, Lacy...). Finalmente, triunfa el pronunciamiento del comandante Riego, al frente de las tropas que iban a ser enviadas a América, en Cabezas de San Juan (enero de 1820). Así se restaura la Constitución de Cádiz.

El Trienio Liberal (1820 - 1823)

El golpe de Estado de Riego tuvo éxito gracias al apoyo de guarniciones de diversas provincias españolas y a los levantamientos protagonizados por los campesinos. Fernando VII se ve obligado a jurar la Constitución el 7 de marzo. Este período se caracterizó por la inestabilidad política, producida por diversas causas. En primer lugar la división de los liberales entre moderados, partidarios de un gobierno fuerte, doble Cámara, libertad de prensa limitada, sufragio censitario y defensa de la propiedad y el orden social; y los exaltados o radicales, más jóvenes y a favor de la Cámara única, control parlamentario del gobierno, sufragio universal, libertad de opinión absoluta y anticlericales. Éstos actuaban en los clubes y Sociedades Patrióticas. También contribuyó a la inestabilidad política la actitud involucionista del Rey, expresada a través de los nombramientos de ministros absolutistas, el derecho de veto y la desconfianza ante los ministros liberales. Además conspiró con las potencias de la Santa Alianza para que invadiesen el país y restaurasen el absolutismo. Otro factor fue el de la conflictividad que existía en las calles por parte de radicales exaltados y de absolutistas. Todo ello influiría en los realistas (llamados apostólicos) para llevar a cabo la contrarrevolución.

La legislación reformista de este período se basaba en la supresión de las propiedades vinculadas, desamortización de tierras de propios y baldíos (fue un fracaso), desamortización eclesiástica, reducción del diezmo a la mitad (pagándose al Estado y en metálico), contribución directa sobre la propiedad, y libertad de contratación, explotación y comercialización de la producción agraria. Las consecuencias de esta política fueron contrarias a las esperadas. Se volvió a suprimir la Inquisición y la Compañía de Jesús y se restableció la Milicia Nacional, con el objetivo de que fuera un cuerpo de defensa de la Constitución y de apoyo al ejército. También se produjo la reforma de la Educación. Estaba previsto un plan de reforma de la Hacienda pero no llegó a ponerse en práctica y los intentos de mejora realizados sólo consiguieron irritar a los campesinos, que ya lo estaban anteriormente al igual que la nobleza y el Clero. Empezaron a producirse movimientos contrarrevolucionarios: se formaron partidas realistas con apoyo campesino en Cataluña, Navarra, Galicia y Maestrazgo. Tras el golpe militar de 1822, los liberales más radicales llegaron al poder y Fernando VII fue recluido. En el Congreso de Verona (octubre de 1822) la Santa Alianza decidió intervenir y envió un gran ejército francés (los llamados Cien Mil Hijos de San Luis) que, sin apenas oposición, devolvió al Rey su poder absoluto.

La Década Ominosa (1823 - 1833)

En este período se volvió al Absolutismo y se llevó a cabo una tremenda represión contra los liberales. Se revocan todos los nombramientos del Trienio y se suprimen sus medidas. Dirigido por el ministro Calomarde, se lleva a cabo un plan de medidas para castigar a los liberales y que consta de Comisiones Militares, que procesaron a los militares liberales, las Juntas de Purificación, encargadas de depurar a todos los funcionarios, empleados públicos y profesores liberales; y las Juntas de Fe, que sustituirían a la Inquisición con la obligación de no permitir ningún tipo de publicidad liberal. Además de esto se sustituyó la Milicia Nacional por el Voluntariado Realista.

Fernando VII solicitó la permanencia del ejército francés para mantener el orden mientras se reconstruía el ejército. Su actuación contribuyó a suavizar las medidas represivas y en 1824 se firma un decreto de amnistía, aunque ineficaz por sus numerosas excepciones.

Se inició una política de reformas para solucionar el problema de la Hacienda. Fernando VII contó con el apoyo de ministros reformistas, como Cea Bermúdez y López Ballesteros, con lo que se moderó un poco el régimen. Esto no consiguió resolver los problemas del país y, además, originó una división dentro de los absolutistas y comenzaron a surgir partidarios del trono para Carlos María Isidro, hermano del Rey y de tendencia aún más absolutista. Empezaron a producirse levantamientos en el norte del país a favor de Don Carlos y los carlistas llegaron a controlar varias plazas importantes (en 1827, en Cataluña: guerra de los Agraviados). El rey intervino y acabó con la sublevación, pero el apoyo de los absolutistas más radicales a Don Carlos y la bancarrota del país hacen tambalearse el gobierno de Fernando VII.

En 1829, Fernando VII contrajo matrimonio con Mª Cristina y en 1830 nació Isabel, por lo que Fernando VII decidió publicar la Pragmática Sanción para derogar la ley Sálica. Los carlistas no la aceptaron y presionaron al rey. En 1832, en los sucesos de la Granja, estando gravemente enfermo Fernando VII, Calomarde consiguió que anulara la Pragmática sanción. Pero la recuperación del rey permitió que volviera a entrar en vigor. A partir de ese momento, Fernando VII delegó en Mª Cristina las funciones de gobierno. Esta, para defender los intereses de su hija, comenzó a acercarse a los liberales más moderados, decretando una amplia amnistía. La muerte de Fernando VII en 1833 supuso el fin del absolutismo, pero la intransigencia de Carlos Mª Isidro, que se proclamó rey, y sus seguidores dio lugar a una guerra civil: la 1ª Guerra Carlista.

Coyuntura internacional y emancipación de las colonias americanas.

Al comenzar el s. XIX, el Imperio español americano lo componían varias entidades administrativas con unas dimensiones territoriales bastante vagas. El espacio geográfico que iba desde México hasta la Patagonia, excluyendo Brasil, se dividía en cuatro virreinatos: el de Nueva España (1535), el de Perú (1544), el de Nueva Granada (1740) y el de Río de la Plata (1776); además de cuatro capitanías generales: la de Guatemala, la de Venezuela, la de Chile y la de La Habana. Sus límites geográficos entre sí y con las colonias portuguesas quedaron delimitados después del Tratado de Madrid (1750).

La independencia, como sinónimo de corte de lazos políticos con la metrópoli, la emancipación, como idea de mayoría de edad con posibilidades de auto valerse, y la revolución como hecho que sugiere un cambio político social, económico e institucional e ideológico, fueron objetivos que conformaron uno de los hitos más importantes de la historia universal, y en particular de la de España durante el s. XIX, y por su amplitud y originalidad puede compararse con su descubrimiento y conquista.

Las causas de la Independencia

Las causas de la independencia de las colonias americanas se remonta al s. XVIII y se deben a la política ejercida por los Borbones y a la estructura social de la América colonia. Estaba constituía por peninsulares, reducido grupo de españoles que desempeñaban importantes cargos públicos; criollos, que controlaban las haciendas y eran el grupo más poderoso económicamente, también muy reducido, pero discriminado respecto al acceso de los altos cargos administrativos; y la población indígena (indios, negros, mestizos, mulatos...), que eran el grupo mayoritario y formaban el campesinado, explotado por criollos y peninsulares. La situación política en la península en aquel momento era claramente desfavorable para las colonias, ya que les excluía de poder establecer relaciones comerciales con cualquier país excepto con España, además de una falta de representación en los organismos peninsulares. Se aumentó la presión fiscal y administrativa, lo que favoreció, a lo largo del s. XVIII, manifestaciones de protesta y levantamientos campesinos que fueron creando un clima de desobediencia (la sublevación en Perú de Tupac Amaru, en 1780). En los años anteriores a la guerra de Independencia se dieron nuevos movimientos, ya independentista y financiados por Gran Bretaña (intento de invasión de Venezuela por Francisco Miranda en 1806). Ya durante la guerra contra los franceses, las colonias pueden llevar a cabo un comercio internacional y esto creó unas buenas relaciones con Inglaterra que prestó ayuda diplomática y fue el primer país en reconocer la independencia de las colonias. Y a todo ello hay que añadir el ejemplo de los EEUU, independizado años antes y que prestó ayuda a las colonias en el proceso independentista. El interés estadounidense era el de aprovecharse de los territorios latinoamericanos como se verá en años posteriores (doctrina Monroe: "América para los americanos ").

Las fases de la Independencia

El movimiento independentista americano va unido al desarrollo de la revolución liberal, que, portadora de una concepción social nueva, adquirió dimensión universal. Está dirigido por las altas elites criollas, sin ningún interés por mejorar la situación económica y social de indios, mestizos y negros. Los indígenas en un primer momento apoyaron a la metrópoli, aunque finalmente optaron por la independencia ante la crueldad de virreyes y generales españoles. El proceso de independencia de las colonias americanas puede dividirse en tres fases:

1ª FASE (1808 - 1815): En los primeros años de la guerra contra Francia se crearon juntas similares a las españolas en las principales ciudades americanas (Caracas, Buenos Aires, Santiago de Chile...) pero a partir de 1809, convencidos de la incapacidad de la Regencia gaditana de resistir, los burgueses criollos comenzaron los movimientos revolucionarios. Este primer intento de independencia no tuvo éxito por la falta de unidad entre los líderes revolucionarios. En Méjico la revolución tuvo un carácter social mucho más marcado. Dirigido por Miguel Hidalgo y apoyado por los criollos primero y, más tarde, por los indios y mestizos después, fue sofocado por el ejército español ejecutando a Hidalgo. Más tarde, Morelos reanudaría el movimiento campesino y declararía la independencia en el Congreso de Anahuac. Fue capturado y ejecutado pero arraigó el nacionalismo en el resto de colonias.

2ª FASE (1816 - 1820): En este periodo se produjo la expansión del movimiento independentista. La situación en España hacia imposible el envío de tropas a América y la restauración del absolutismo reavivó el deseo de independencia. En julio de 1816 se proclamó la independencia de la futura Argentina, mientras que Simón Bolívar actuaba en Venezuela. En enero de 1819 se proclama la República de Gran Colombia, reconquistado por José San Martín en 1817 (Batalla de Carabobo).

3ª FASE (1820 - 1824): Estos años sirvieron para consolidar las nuevas repúblicas y expulsar definitivamente a las fuerzas realistas. En julio de 1821, las tropas de José San Martín entraron en Perú, considerado gran bastión español, y proclamaron su independencia, aunque tuvo que ser reconquistado en 1824 por Simón Bolívar, teniendo lugar la definitiva Batalla de Ayacucho. Con la independencia, al mismo tiempo, de los países de Centroamérica, de los que sólo quedaron como colonias Cuba y Puerto Rico, se puso fin al imperio colonial español en América.

Las consecuencias de la Independencia

Las consecuencias que esta pérdida colonial supuso a España fueron la pérdida de los recursos y mercados de América, que ocurrió cuando más falta le hacía a España para la recuperación tras la guerra. Además la intransigencia de Femando VII, negándose a reconocer la independencia de las nuevas repúblicas, impidió que se pudiera establecer una posible cooperación económica que hubiera beneficiado a España.

Respecto a América, el primitivo ideal de Bolívar de construir un gran estado federal, fue desapareciendo poco a poco. Los territorios que, al principio, quedaron unidos, se fueron disgregando debido a rivalidades políticas y se enfrentaron a menudo entre sí por disputas territoriales, lo que hizo muy difícil el desarrollo de estos países. Además, heredaron alguno de los defectos españoles, como el predominio de la Iglesia y del ejército en la sociedad y el recurso de los pronunciamientos militares para cambiar los gobiernos. Los criollos ignoraron a la población india, negra y pobre, dando lugar a grandes desigualdades sociales. Por otra parte, la independencia política deja paso a una dependencia económica de Gran Bretaña y EEUU.

El pleito dinástico: el carlismo y la guerra civil (1833-1840).

El carlismo es un movimiento político presente en la historia contemporánea de España, que surgió durante la última etapa del reinado de Femando VII y que recogía en su programa la defensa del absolutismo frente al liberalismo. Toma su nombre del pretendiente a la Corona, don Carlos María Isidro, hermano de Femando VII, quien se puso al frente de la insurrección que estalló a la muerte de Femando VII en 1833, aunque tenía precedentes en los ultrarrealistas, que en 1827 protagonizaron algunos levantamientos.

Los factores que explican el surgimiento del carlismo se encuentran en la actitud de diferentes grupos sociales ante las reformas implantadas por el liberalismo: por un lado, amplios sectores de la Iglesia que no aceptan los principios de soberanía nacional y del individualismo liberal burgués, así como tampoco la desamortización de bienes eclesiásticos; por otro, gran parte del campesinado, que recibe las reformas liberales con hostilidad principalmente por haber sido desahuciados de las tierras desamortizadas sin recibir tierras en propiedad o bien por el nuevo sistema fiscal e impositivo. De esta manera, el liberalismo aparece como enemigo del orden tradicional que representaba para muchos un mundo más seguro y estable.

La primera guerra carlista (1833-1839)

A lo largo del siglo XIX se dieron tres sublevaciones carlistas frente al Estado liberal. A la muerte de Fernando VII en 1833, con el pretexto de la cuestión sucesoria entre los partidarios del hermano de Femando, don Carlos María Isidro, y su hija niña doña Isabel, comenzó una cruenta guerra civil que se prolongó hasta 1839. La alianza obligada entre la regente doña María Cristina y los liberales llevó el pleito a una guerra entre el liberalismo y el tradicionalismo absolutista. Esta guerra tuvo como escenario principal el territorio de Navarra y el País Vasco, probablemente a causa de la importancia que tenía en el conflicto el mantenimiento o no de las libertades y privilegios forales de estos territorios frente al Gobierno central. El carlismo hizo bandera del mantenimiento de los fueros tradicionales y de ahí el gran apoyo que tuvo entre algunos sectores de la población vasco-navarra.

Los fueros eran los usos y costumbres por los que se regían los distintos territorios del País Vasco y Navarra, que habían sido respetados por el centralismo borbónico en el siglo XVIII debido al apoyo que estos territorios prestaron a Felipe V en la Guerra de Sucesión. Cataluña, Aragón, Valencia y Mallorca, en cambio, los perdieron en los Decretos de Nueva Planta. En resumen, los fueros establecían un sistema y régimen fiscal propios, exención del servicio militar, derecho civil y derecho penal propios, y un estatuto de hidalguía de todos sus habitantes.

El programa y los apoyos sociales del carlismo en el País Vasco y Navarra

Los principios defendidos por el carlismo tuvieron un gran eco entre la población vasco-navarra ya que preconizaban la defensa de la religión y el mantenimiento de los fueros tradicionales, del sistema señorial y del legitimismo absolutista, encarnado en la persona del pretendiente don Carlos María Isidro ("Carlos V"). Estos principios se oponían frontalmente a las aspiraciones unitarias y modernizadoras de los liberales, que defendían la soberanía nacional la división de poderes, la unificación jurídica de la nación en unas mismas leyes y la reforma de la propiedad, aboliendo los señoríos y los privilegios económicos y administrativos de la Iglesia.

Diversos sectores sociales, campesinos, artesanos y pequeños propietarios, alentados por el clero rural que planteó el conflicto como una cruzada frente a la revolución, apoyaron a don Carlos y nutrieron las filas de su ejército. La alta jerarquía eclesiástica, la burguesía urbana más acomodada y la aristocracia no secundaron el intento de restaurar el absolutismo y apoyaron a Isabel II, ya que las reformas liberales propiciaban su poder social y económico y creaban un mercado unificado.

El desarrollo de la guerra

La guerra comenzó siendo una guerra de partidas, similares a la guerrilla de 1808, hasta que se configuraron unidades militares estables. A favor de los carlistas jugaba el conocimiento del territorio y su capacidad para moverse con rapidez y golpear en los momentos más oportunos al ejército isabelino. Zumalacárregui fue el jefe indiscutible del ejército carlista, garantizando el control del medio rural, pero fracasando en el intento de ocupar Bilbao, principal objetivo estratégico del carlismo. Durante estos años tiene lugar la primera fase de la guerra (1833-1835), en los que es favorable a los carlistas y se produce la batalla de Amezcoas.

A partir de 1835 y hasta 1837 se desarrolló la segunda fase, momento de mayor apogeo carlista. Los carlistas realizaron diversas expediciones a lo ancho del territorio peninsular, llegando don Carlos en persona a las puertas de Madrid en 1835, si bien el intento de don Carlos de pactar con la regente Maria Cristina, favoreció la reorganización de los ejércitos isabelinos. En el Maestrazgo se generó otro foco importante de la revuelta, en la que el general Cabrera, "el tigre del Maestrazgo", dominó el territorio de las sierras de Castellón y Teruel desde su cuartel general en Morella durante seis años.

Los apoyos exteriores fueron determinantes en la marcha de la guerra. Mientras los absolutistas contaban con el reconocimiento de Austria, Prusia y Rusia, Francia, Inglaterra y Portugal apoyaron a los liberales, deseosas de contar con un país estable hacia el que dirigir sus inversiones en un contexto de economía abierta capitalista. La brutalidad de la guerra conmocionó a la opinión pública occidental y así, en 1832, lord Elliot consiguió que ambos contendientes firmasen un convenio que llevó su nombre, estableciendo un código de respeto hacia heridos y prisioneros.

El final del conflicto

El final del conflicto corresponde a la tercera fase de la guerra (1837-1840). Tras el fracaso en el intento de ocupar Bilbao y la retirada del ejército carlista en la batalla del Puente de Luchana, el general carlista Rafael Maroto encabezó un sector del carlismo partidario de llegar a un acuerdo con los liberales para poner fin a las hostilidades. Maroto representaba la facción carlista de los moderados o "transaccionistas", partidarios de llegar a un arreglo con el gobierno isabelino, frente a los intransigentes o "apostólicos", que formaban el círculo de allegados a don Carlos. Maroto ordenó fusilar a los dirigentes navarros pertenecientes a la facción adversaria y llegó a un acuerdo con Espartero, el héroe de Luchana, para poner fin a la guerra. Mientras tanto, el político Muñagorri defendía en sus escritos la defensa de los fueros al margen de la cuestión dinástica, distanciándose así del carlismo.

El acuerdo se firmó en agosto de 1839 y se concretó públicamente en el Abrazo de Vergara entre Maroto y Espartero, por el que se llegaba a un acuerdo honorable que suponía el reconocimiento de los grados militares a los oficiales carlistas y el mantenimiento de las libertades forales para el País Vasco y Navarra. El general carlista Cabrera aún continuó su lucha unos meses más hasta ser derrotado y obligado a abandonar el país en 1840, con lo que se daba fin a la primera guerra carlista.

La Guerra Carlista trajo como principales consecuencias la instauración del liberalismo en España y una gran crisis demográfica y económica enorme que aumentó la deuda externa del país.

Moderados y progresistas durante la minoría de edad de Isabel II. El Estatuto Real y la Constitución de 1837.

Moderados y progresistas

Durante el período de minoría de edad y, más tarde, el reinado de Isabel II, pueden distinguirse entre los liberales dos tendencias políticas: moderados y progresistas. Estas dos tendencias, claramente diferenciados a la muerte de Fernando VII en el liberalismo español, ya se habían manifestado durante el trienio liberal, al dibujarse una tendencia formada por personalidades que habían intervenido en las Cortes de Cádiz y cuyas aspiraciones no iban más allá de conseguir restablecer la Constitución y obtener las libertades básicas, los “doceañistas”, enfrentados a los “exaltados”, que pretendían realizar reformas profundas en la organización del Estado. Son estas dos corrientes las que configuran a partir de 1833 la división de los liberales en moderados y progresistas.

El partido moderado representaba básicamente los intereses de los grandes propietarios, especialmente de los terratenientes, Era partidario de los principios del liberalismo doctrinario. Apoyaba la soberanía compartida, las Corles con el Rey; una monarquía y un gobierno con amplios poderes, unas Cortes bicamerales, con un Senado elegido por el Rey y unos poderes locales también controlados por la Corona; y un sufragio restringido. En cuanto a su política económica, eran proteccionistas con los productos extranjeros. Pero, sobre todo, defendían el orden, por lo que limitaron los derechos individuales y colectivos. Este partido estaba formado terratenientes, nobles y burgueses, además de los altos cargos del Ejército y de la Administración, cuya acción cotidiana se concentraba en la vida parlamentaria.

El partido progresista representaba, dentro de la defensa de la monarquía liberal, la tendencia reformista y los intereses de la burguesía financiera e industrial. Sus principios eran los del liberalismo progresista: soberanía nacional, con un poder legislativo exclusivo de las Cortes y un poder ejecutivo de la Corona y el gobierno, controlado por las Cámaras. Partidarios de las Cortes bicamerales, pero con un Senado electivo y renovable. Defendían que los poderes locales fueran de elección popular, y un sufragio más amplio, sin dejar de ser censitario. Económicamente, eran partidarios del librecambismo. Este partido se apoyaba en las clases medias urbanas, que reclamaban un gobierno eficaz y moderno, y estaban a favor de los cambios. Eran partidarios de los derechos individuales pero no tanto de los colectivos.

A lo largo del reinado de Isabel II, ambas tendencias se alternarán en el poder mediante pronunciamientos de uno y otro signo, elaborando constituciones y promulgando leyes que reflejaban sus posiciones políticas.

La regencia de Maria Cristina

Durante la minoría de edad de Isabel II, su madre, María Cristina, ostenta la regencia de España, si bien se sucederán otras regencias hasta la subida al trono de Isabel. En la regencia de María Cristina el país inicia una tímida evolución hacia la apertura política, aunque los ministros moderados Martínez de la Rosa y Toreno, no llevan a cabo las reformas necesarias para sanear la Hacienda y relanzar la actividad económica. No obstante, se articula una nueva organización territorial del Estado en provincias, con criterios de centralismo y uniformidad. En abril de 1834 se aprueba el Estatuto Real, una especie de “carta otorgada” que marca el intento de efectuar una transición pacífica del absolutismo al liberalismo. Regulaba unas nuevas Cortes, divididas en un Estamento de Próceres y un Estamento de Procuradores cuyos miembros eran elegidos por la Corona, los primeros, y mediante un sufragio muy restringido, los segundos. El objetivo eran unas Cortes conservadoras, pero comenzó a aparecer la división entre moderados y progresistas. El desacuerdo de los progresistas con este gobierno se plasmó en multitud de disturbios en diferentes ciudades que obligaron a María Cristina a aceptar la dimisión de Toreno y a nombrar a Mendizábal jefe de gobierno.

Con la llegada de Mendizábal se inició la revolución liberal. Este emprendió reformas fundamentales, como la ampliación de la Guardia Nacional y, principalmente, la desamortización. Ante el distanciamiento sufrido entre Mendizábal y las Cortes, y la negativa de la regente a admitir los cambios militares de éste, el jefe de gobierno tuvo que dimitir. Se nombra a Istúriz nuevo jefe de gobierno, pero es rechazado por las Cortes y la actuación de la regente despierta el miedo de la vuelta al conservadurismo; comienzan a producirse amotinamientos en varias guarniciones militares. En agosto de 1836 el país está al borde de la revolución y la regenta acepta un cambio de gobierno y se restablece la Constitución de 1812.

Tras el Motín de los sargentos en La Granja (1836), comienza un gobierno progresista con Calatrava al frente y Mendizábal en Hacienda, cuyos principales objetivos eran la instauración de un régimen liberal, el impulso militar para ganar la guerra y la elaboración de una nueva Constitución. Las Cortes comenzaron la realización de una nueva Constitución que actualizara la de Cádiz y sirviera para gobiernos moderados y progresistas. Esta Constitución fue establecida en junio de 1837 y reconocía la soberanía nacional, los derechos individuales y libertades públicas, ampliación del sufragio, unidad jurisdiccional y milicia nacional organizada por los ayuntamientos; reforzaba el poder ejecutivo (atribuido a la Corona), y otorgaba el poder ejecutivo a las Cortes con el Rey. Se establecían dos Cámaras, la de Diputados y el Senado, y el derecho real de elegir a los ministros (que eran propuestos por los electores). Los progresistas, bajo la dirección de Mendizábal, acometieron la desamortización de gran parte de los bienes del clero regular, como una medida fundamental del nuevo modelo económico liberal.

En los años siguientes (1837-1840) se sucedieron los gobiernos moderados y se produjo el fin de la guerra, convirtiendo a Espartero, de talante progresista, en héroe nacional. Los moderados restringieron el sistema mediante diversas leyes sobre imprenta y suspendiendo el proceso desamortizador, así como con proyectos de ley encaminados a reducir la participación electoral y tratando de suspender lo previsto sobre la elección de los ayuntamientos (por los vecinos). Los progresistas, al aprobar la regente la reforma de la Ley de Ayuntamientos, favoreciendo a los moderados, comenzaron a protestar en el verano de 1840, pidiendo la intervención de Espartero. La regente aprobó finalmente la reforma, lo que produjo levantamientos por todo el país. Espartero presentó entonces un programa de gobierno a la regente, que no lo aceptó y marchó al exilio.

La regencia de Espartero (1841-1843)

Espartero asumió la regencia en mayo de 1841, pero fracasó y cayó en 1843. Esto se produjo primero por la división del partido progresista entre los más radicales y el resto del partido. Su política económica (arancel de 1841, que introducía una relativa libertad de comercio), que se basaba en el librecambismo y en la ampliación de la desamortización, ayudó también al fracaso, originando disturbios en Barcelona, por miedo a perder la industria textil. Espartero bombardeó la ciudad, lo que supuso la oposición catalana a su regencia, y el daño a su imagen para toda la opinión pública. En julio de 1843 tiene lugar el levantamiento de Torrejón de Ardoz que obliga a Espartero a exiliarse junto a otros líderes progresistas. Las Cortes declararon mayor de edad a Isabel II con sólo trece años, y fue proclamada reina el 8 de noviembre de 1843.

La primera parte del reinado de Isabel II (1843 -1854): Desarrollo institucional y cambios políticos.

La Década Moderada

Este período se caracterizó por el reaccionarismo de sus gobiernos, que cambiaron continuamente. Narváez fue la figura más importante de la época en la que ejerció como jefe de gobierno y fue el principal impulsor de la Constitución de 1845. Fue el general Narváez el que instaló en el poder a los moderados mediante otro golpe de fuerza.

Las características generales de este período son: la permanencia de un régimen de monarquía liberal de tendencia conservadora; el apoyo de la reina Isabel a los sectores más conservadores, que se alineó claramente con el moderantismo; la presencia permanente de militares entre los gobernantes del país (Narváez, Espartero, O'Donnell.);y en último lugar la exclusión de la mayoría del país de la vida política y su constante degradación de sus condiciones de vida.

Durante la Década Moderada continuó el desarrollo legislativo del Estado liberal en un sentido conservador. Durante diez años se acometieron reformas que limitaron el alcance de las efectuadas por los progresistas. Se establecieron unas duras medidas para favorecer el control político absoluto de los moderados, a la vez que se elaboraba una nueva Constitución. La Constitución de 1845 es una manifestación clara del liberalismo doctrinario. En ella se establece la soberanía compartida, unas leyes que limitan los derechos de los ciudadanos, el estado confesional, la eliminación de los límites al poder real, un Senado vitalicio elegido por la Corona, Ayuntamientos y diputaciones sometidos a la Administración central, el poder de la Corona para disolver el Congreso, y la supresión de la Milicia Nacional. Posteriormente, la Ley Electoral de 1846 restringe el derecho al voto aumentando el nivel de rentas mínimo.

En 1844 se fundó la Guardia Civil, con el objetivo de mantener el orden público y la seguridad en los caminos (su fundador fue el Duque de Ahumada). Otras medidas adoptadas en esta época fueron: las leyes educativas; la primera ley del ferrocarril; la restricción de la libertad de prensa, mediante la Ley de Imprenta; el Código Penal de 1851; la reorganización de la Administración del Estado, encaminada a reforzar el centralismo; y la importante reorganización de la Hacienda en 1845. Las relaciones con la Iglesia mejoraron gracias a la firma del Concordato de 1851, durante el gobierno de Bravo Murillo, Por este concordato la Iglesia reconocía la venta de las propiedades desamortizadas, renovaba el Regio Patronato y apoyaba la monarquía isabelina a cambio de otros reconocimientos (la religión católica como la única de la nación española; el derecho de la Iglesia de poseer bienes y de intervenir en la enseñanza y en la censura sobre publicaciones), regulaciones (de la jurisdicción y atribuciones eclesiásticas; reajuste administrativo de la Iglesia española) y ayudas por parte del Estado (dotación de culto y clero).

En el aspecto político, destacó el problema del matrimonio de la Reina (1846), casada con su primo Francisco de Asís para evitar conflictos con otros países europeos. Entre 1846 y 1849, habiendo fracasado los intentos de casamiento entre Carlos VI, hijo de Carlos V y nuevo pretendiente, e Isabel II, tuvo lugar una nueva sublevación que dio comienzo a la segunda guerra carlista. Se la denomina "guerra dels matiners" y duró hasta 1849. Se desarrolló sobre todo en Cataluña y Levante, y en ella volvió a intervenir el general Cabrera. En el año 1848 se produce en toda Europa una ola de protestas revolucionarias, que coincidiría en España con una crisis económica. Estas protestan fueron sofocadas duramente por Narváez, lo que provocaría la división de los progresistas y la posterior creación del Partido Demócrata (1849). Esta crisis aumentaría durante el gobierno de Bravo Murillo (1851-1852), ya que su política ultra conservadora parecía una vuelta al absolutismo. Con todos los grupos moderados en su contra junto con los escasos diputados progresistas, dimitió y le sucedieron varios gobiernos de carácter muy conservador que provocaron un nuevo pronunciamiento militar frente al gobierno dictatorial de Sartorius, a finales de 1853.

Partidos políticos

• Moderados ! "liberalismo doctrinario”

• Ultra conservadores (autoritarios) ! Bravo Murillo; Martínez de la Rosa.

• Centro ! Narváez.

• Aperturistas ! Serrano; Canovas; O'Donnell

• Progresistas "liberalismo progresista"

• Más o menos moderados o radicales.

• Radicales ! Partido Demócrata.

• Aperturistas ! UNIÓN LIBERAL ! O'Donnell; Serrano; Alonso Martínez.

La segunda parte del reinado de Isabel II (1854 -1868): desarrollo institucional y cambios políticos.

Bienio Progresista (1854-1856)

Mientras en Europa se había producido desde 1848 un reconocimiento del sufragio universal y en España se difundían los ideales democráticos y despuntaba el movimiento obrero, el régimen moderado se iba desprestigiando cada día más. La Revolución de 1854, que fue el producto del gran descontento popular y que fue precedida por un fracasado pronunciamiento de O'Donnell en Vicálvaro (la Vicalvarada), provocaba la caída del Gobierno y el retorno de los progresistas al poder. Los protagonistas de este pronunciamiento publicaron el llamado Manifiesto de Manzanares (redactado por Cánovas) en el que se prometían importantes cambios y que sirvió de gran publicidad. Con el apoyo de varios jefes militares y el apoyo popular, la revolución triunfa en julio de 1854 y se nombra Jefe de Gobierno al General Espartero y a O'Donnell, Ministro de la Guerra.

Se convocan unas Cortes Constituyentes y el Gobierno lo formaron, casi en su totalidad, una coalición de progresistas y unionistas. La Unión Liberal estaba formada por moderados aperturistas y progresistas moderados, tenía vocación centrista y se constituía como la única alternativa al progresismo. Este partido era liderado por O'Donnell. Además del proyecto de la Constitución de 1856, que no llegó a entrar en vigor, se realizaron una serie de importantes mejoras: la Ley de Desamortización, la Ley de Ferrocarriles y la Ley de Sociedades Bancarias y Crediticias. La Ley de Desamortización (1855), llevada a cabo por Madoz, declaraba la venta en subasta pública de todos los bienes amortizados, pertenecieran al Estado, la Iglesia o a los Municipios, siendo estos últimos los que fundamentalmente se enajenaron. La Ley de Ferrocarriles (1855), quería promover la construcción ferroviaria, casi inexistente; se produjo un gran crecimiento pero no pudo rentabilizarse. En cuanto a la Ley de Sociedades Bancarias y Crediticias, contribuyó al surgimiento de un mercado financiero moderno. También se restauraron la milicia nacional, la autonomía municipal y de las diputaciones.

A pesar de estas mejoras se vivía un clima de conflictividad social provocado, junto a otros factores, por el descontento obrero. Esto obligó al gobierno a presentar una Ley de Trabajo por la que se reducía la jornada laboral de los niños, se permitían las asociaciones obreras y se establecían Jurados para resolver conflictos laborales. Esta ley fue rechazada por la oposición y la conflictividad siguió creciendo. Por todo ello, Espartero dimitió y se encargó formar Gobierno a O'Donnell, que tras un breve período fue relevado por Narváez.

Vuelta al moderantismo: la Unión Liberal y el final del reinado

Durante el Gobierno de Narváez (1856-1858) se volvió a una política conservadora con el apoyo real pero con un tímido respaldo de las Cortes. En este gobierno se desarrolló una importante legislación financiera y se aprobó la ley de Instrucción Pública, o Ley Moyano, que estableció el nuevo sistema educativo, vigente hasta el s. XX.

Pero la política conservadora y represiva de Narváez, obligó a la reina a destituirle y llamar de nuevo a O'Donnell, que llevaría a cabo el llamado "Gobierno largo" de la Unión Liberal (1858-1863), un nuevo partido que pretende sobre todo el mantenimiento del orden ante el desarrollo creciente del movimiento obrero. En este período se experimentó una prosperidad económica que ayudó a mantener la estabilidad en los primeros años y el crecimiento de la industria. Aún así se vivieron dos conflictos importantes: el intento de golpe de Estado por parte de los carlistas en San Carlos de la Rápita, en 1860, dirigida por el general Ortega y la insurrección campesina en Loja, ambos sofocados rápidamente.

En cuanto a la política exterior, ésta se basaba en las llamadas "guerras de prestigio" (Marruecos, Conchinchina, México), expediciones coloniales con el objetivo de desviar la atención de los españoles de los problemas internos y de despertar el ideal patriótico.

A finales de 1862 el gobierno de la Unión Liberal comenzaba a estar desacreditado, el partido se venía abajo y comenzaba a reclamarse un cambio político. En marzo de 1863, O'Donnell dimite volviendo Narváez al poder.

El retorno de Narváez y los moderados al poder supuso un endurecimiento gubernamental que llevaría a nuevas conspiraciones. La crisis económica de 1864 y el agravamiento de la situación social, ante la demanda de participación política, la corrupción y el descrédito de la Corte de Isabel II, causaron una serie de conflictos como los sucesos de la Noche de San Daniel (Abril de 1865), el pronunciamiento de Prim en Villarejo de Salvanés (Enero de 1866) y la sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil (Junio de 1866). Estas insurrecciones fueron castigadas muy duramente y causaron la muerte de muchos protestantes.

Así, tras reprimir con fusilamientos la sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil y las manifestaciones de descontento estudiantil por la expulsión de catedráticos demócratas (Castelar, Sanz del Río) se produjo una alianza entre los sectores progresistas y demócratas. En Agosto de 1866, los progresistas, demócratas y republicanos firmaron el Pacto de Ostende, primera vez que se hace un pacto de acción entre diferentes fuerzas políticas. Tras la muerte de O´Donnell se unirían los unionistas. El pacto tenia dos objetivos fundamentales: destruir todo lo existente en las altas esferas del poder político español y constituir una asamblea constituyente elegida por sufragio universal y directo que decidiera el futuro del país. El 17 de Septiembre de 1868 tiene lugar un pronunciamiento en Cádiz, conocido como "La Gloriosa", dirigido por Prim, Serrano y Topete, que supuso la caída de Isabel II y el fin de la dinámica de enfrentamientos entre moderados y progresistas que había marcado todo su reinado.

La crisis del moderantismo y la Revolución de Septiembre de 1868.

El Sexenio democrático se inicia con el último levantamiento militar y civil de los liberales al viejo estilo, probablemente el mejor organizado y articulado de todos ellos: la revolución de septiembre de 1868, también llamada septembrina o Gloriosa.

El movimiento revolucionario de septiembre es consecuencia de la acumulación de causas muy variadas: ninguna por sí sola —probablemente— hubiera producido la revolución, pero su confluencia hizo posible el triunfo inicial del movimiento septembrino. Las causas económicas de mayor relevancia se refieren a los efectos de la crisis financiera de 1866. Su traducción más amplia supone la caída del valor de las acciones de las empresas ferroviarias, de los títulos de la deuda del Estado y del precio del suelo de las grandes ciudades. En consecuencia, muchos bancos y empresas quebraron y se arruinaron los propietarios. A lo anterior hay que unir las malas cosechas de 1867 y 1868, que ocasionaron carestías y hambre. La situación se agravaba porque la actividad económica se redujo (por ejemplo, se detuvo la construcción de ferrocarriles) y consiguientemente también la oferta de trabajo. La subsistencia de amplios sectores de la población —urbana y rural— se hizo más difícil y, entre las clases populares, se extendió el hambre. Este clima de insatisfacción se traducía en demandas variadas en función de la escala social que se ocupaba. Desde el reclamo de una nueva desamortización por parte de las clases medias, a la supresión de los consumos y de las quintas en las clases populares.

En el terreno político, las causas apuntan a un elemento clave: el agotamiento del régimen político moderado. Los motivos del desgaste eran abundantes. Unos sencillamente biológicos: los principales defensores de Isabel II se murieron, O'Donnell en 1867 y Narváez en 1868. Otros se refieren a la corrupción misma del régimen liberal. Todos están en relación con el empeño de los moderados, sin capacidad para resolver los problemas del país, en mantenerse en el poder a cualquier precio. Eso se tradujo en el desprecio del sistema parlamentario, que aunque no era nuevo en la vida política española, se convirtió ahora en patente. La intervención de la reina a favor de un sector del partido no permitía el acceso al poder de las oposiciones liberales monárquicas más que desde la fuerza: el pronunciamiento.

En esta situación, los partidos de la oposición (progresistas, Unión Liberal y demócratas), carecían de posibilidades legales para alcanzar el poder. O'Donnell, en lo que sería el último intento, pretendió que los progresistas volvieran a participar en las elecciones y ofreció la ampliación del sufragio censitario y las libertades de expresión y reunión. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Ni los moderados ni la reina tenían credibilidad ante progresistas y demócratas. Así las cosas sólo existía una vía para que la oposición alcanzara el poder y pusiera en práctica las reformas que creían necesarias: la revolucionaria. Cuando los unionistas optaron —a la muerte de O'Donnell— por seguir el mismo camino, a los moderados sólo les quedó la posibilidad de intentar resistir.

La preparación del movimiento revolucionario correspondió —como en ocasiones anteriores— al grupo minoritario de la élite política. Sin embargo, en este caso, hubo también un importante movimiento popular que hay que poner en relación con el malestar social y con la difusión de las ideas políticas en las ciudades, merced a la creciente influencia de la prensa política de oposición. Hubo dos intentos revolucionarios anteriores: uno en 1865, otro en 1867. No tuvieron éxito.

En 1865, un artículo de Castelar contra la reina ("El rasgo") ocasiona su destitución como catedrático. Hubo motines estudiantiles en protesta a los que se sumaron los progresistas. La fuerza pública los reprimió con dureza en la Noche de San Daniel.

En 1866, Prim coordinó esfuerzos de militares y civiles progresistas y demócratas para organizar un pronunciamiento. Estaban comprometidos también los sargentos del cuartel de San Gil de Madrid. El movimiento fracasó y la represión fue muy dura. Estas acciones desacreditaban y minaban aún más a los gobernantes unionistas y moderados. Con las muertes de O´Donnell y Narváez, una parte del ejército quedó a la expectativa. Otros muchos jefes y generales unionistas optaron por la adhesión a la alternativa revolucionaria. La resultante suponía la pérdida del apoyo militar para la causa de Isabel II.

La preparación inmediata de la revolución de 1868 se inició en agosto de 1866. Cuarenta y cinco dirigentes progresistas y demócratas(Prim, Sagasta, Ruiz Zorrilla, Castelar, Pi y Margall, etc.) se reunieron en la ciudad belga de Ostende. Allí acordaron unir sus esfuerzos para hacer triunfar un movimiento revolucionario que acabara con la monarquía de Isabel II y el régimen político de 1845, para establecer un régimen liberal democrático. Las características precisas, en concreto y sobre todo la opción sobre monarquía o república, las definirían unas Cortes constituyentes elegidas por sufragio universal masculino y directo. El general Serrano, jefe de la Unión Liberal a la muerte de O'Donnell, decide la adhesión del partido al Pacto de Ostende. El nuevo socio aseguraba el apoyo militar al movimiento revolucionario y, en buena parte, su triunfo efectivo. A la vez, se diluía el carácter radical de la revolución.

La revolución se inicia en septiembre de 1868 con el pronunciamiento de la armada surta en Cádiz. El almirante Topete y los generales Serrano (Unión Liberal) y Prim (progresista) son sus dirigentes indiscutibles. Difunden el manifiesto de la España con honra en el que se proclama la expulsión de la reina y el establecimiento de un gobierno provisional que asegure el orden y la regeneración política del país mediante la proclamación de las libertades —expresión, asociación, reunión— y la convocatoria de Cortes constituyentes por sufragio universal.

Enseguida se suman fuerzas militares y también juntas revolucionarias de carácter civil al movimiento, que se extiende primero por las regiones mediterráneas y andaluza y, luego, con rapidez, por toda España. El encuentro militar de Alcolea, entre las tropas sublevadas y las fieles a Isabel II, supone el triunfo de los primeros y la salida de la reina a Francia.

El Sexenio Democrático: características políticas y problemas de cada una de sus etapas.

Este periodo se divide en varias etapas:

Gobierno provisional (Oct. 68 - Jun. 69)

Al poco tiempo del comienzo de este Gobierno se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes. Los partidos políticos no estaban de acuerdo acerca de la forma de Estado, Monarquía o República. Mientras que los unionistas y progresistas eran partidarios de la Monarquía, los demócratas estaban divididos entre los monárquicos y los republicanos. La opción monárquica aventajó ampliamente a la republicana y se procedió a la elaboración de una nueva Constitución. Las principales características de la Constitución de 1869 eran: la proclamación de la soberanía nacional, con el correspondiente sufragio universal; la Monarquía como forma de estado pero con las competencias del Rey limitadas; la división de poderes; una exhaustiva declaración de derechos; sufragio universal masculino de mayores de 25 años y modelo conservador del Senado, regulación de Ayuntamientos y Diputaciones, libertad de culto pero con el mantenimiento del culto católico por parte del Estado; y el compromiso de regular la situación de las colonias. Esta última medida llegaba tarde ya que la revolución había estallado en Cuba, dando comienzo a la Guerra de los Diez años o Guerra Larga (1868-1878). Una importante medida de este período fue la reforma monetaria y el establecimiento de la peseta como moneda oficial, con la función de emitirla exclusivamente del Banco de España.

Regencia de Serrano (Jun. 69 - Dic. 70)

Aprobada la Constitución, Serrano fue elegido regente y Prim Jefe de Gobierno. En estos años se publicaron diversas reformas para desarrollar la Constitución, como la Ley de Orden Público, la ley Electoral, el nuevo Código Penal, etc., además de la ya mencionada reforma monetaria. A pesar de estas reformas, el descontento popular no disminuía y comenzaron a producirse levantamientos campesinos a favor de la República. Además la situación en Cuba era muy desfavorable para el Gobierno español que se vio obligado a aumentar las levas y los impuestos. En este clima de inestabilidad, Prim emprendió la búsqueda de un nuevo Rey. Descartadas las casas de Francia y Portugal e incluso la de Alfonso, el hijo de Isabel II, la posible entronización de Leopoldo Hohenzollern (Prusia), causó un grave enfrentamiento diplomático entre Francia y Prusia, que tiempo después desencadenaría la guerra entre los dos países. Finalmente, el príncipe italiano Amadeo de Saboya accedió y partió para España. Prim, principal valedor del futuro rey, fue asesinado días antes del desembarco de Amadeo, condicionando así su reinado.

Reinado de Amadeo de Saboya (Ene. 71 - Feb. 73)

El reinado de Amadeo de Saboya fue un fracaso. Primero por el carácter del monarca, que no logró ganarse el apoyo del pueblo español, y segundo, por la ausencia de Prim, que mantenía unido al partido progresista y a la coalición gobernante. La inestabilidad política era enorme y el monarca tenía en su contra a la aristocracia, los terratenientes, los industriales, el clero, los carlistas y los republicanos. En tales circunstancias no es de extrañar que se sucedieran seis gobiernos y tres elecciones generales. Tras la muerte de Prim, el Partido Progresista, mayoritario hasta entonces, se dividió en dos grupos: los constitucionales, dirigidos por Sagasta, y los radicales, liderados por Ruiz Zorrilla. A estos problemas se sumarian el agravamiento de la guerra cubana y el estallido de una insurrección carlista en el País Vasco. Además se produjo un enfrentamiento en el Congreso sobre la abolición de la esclavitud y el auge del movimiento obrero había llevado a las Cortes a prohibir las asociaciones obreras. En tan difícil situación, Amadeo se vio incapaz de gobernar el país y el 11 de Febrero de 1873, al tiempo que rechazaba la propuesta de un golpe militar por parte de algunos generales, presentó su abdicación.

La I República (Feb. 73 - Ene. 74)

La proclamación de la República era la única alternativa, ya que los alfonsinos y carlistas no contaban con el apoyo necesario para la restauración borbónica. Figueras fue nombrado Jefe del Poder Ejecutivo y formó gobierno entre republicanos y radicales, con Pi y Margall como Ministro de Gobernación. La situación del país en este momento era caótica, todavía no se había recuperado de la crisis económica y la República contaba con escaso apoyo popular. Internacionalmente, sólo Estados Unidos y Suiza reconocían el nuevo régimen. En el interior, la mayoría de los partidos pasaron a la oposición. Además, los republicanos estaban divididos entre unionistas o centralistas (Castelar) y federales o federalistas (Pi y Margall). Desde el primer momento se produjeron levantamientos campesinos y surgieron los primeros focos federalistas. El Partido Radical intentó dos golpes de Estado y su fracaso les obligó a abandonar las Cortes. Tras las elecciones a Cortes Constituyentes en mayo se proclamó la República federal como forma de Estado y Pi y Margall comenzó a ejercer como presidente. Se realizó un proyecto de Constitución en 1873 pero no llegó a entrar en vigor porque, a partir de los primeros días de Julio, el país entró en un proceso revolucionario que acabó por hundir definitivamente a la República. Se sucedieron los incidentes como la huelga general proclamada en Alcoy, la insurrección cantonal en buena parte del país y el agravio de la guerra carlista. Pi y Margall dimitió entonces y fue sustituido por Salmerón. Éste dio plenos poderes al Ejército que fue sofocando los focos de sublevación y la Guardia Civil incrementaría sus efectivos. Salmerón dimitió en Septiembre, tras negarse a firmar dos penas de muerte para unos líderes cantonalistas. El nuevo presidente sería Castelar, que buscaba el orden y la autoridad apoyándose en el Ejército. Se puso fin al avance carlista y estaba a punto de caer la sublevación cantonal de Cartagena pero Castelar no contaba con el apoyo suficiente en las Cortes y el 2 de Enero de 1874, cuando se estaba votando un nuevo gobierno, se produjo un golpe de Estado por parte del general Pavía sugiriendo a Serrano Jefe de Gobierno.

Gobierno autoritario de Serrano (Ene. - Dic. 74)

Serrano lleva a cabo una dictadura militar, que dura casi un año, y es un gobierno de transición hasta la restauración borbónica. En este período se estaba desarrollando el Partido alfonsino y hacía efecto la propaganda de Cánovas, dirigente de este partido. En Diciembre, Alfonso XII firmaba el Manifiesto de Sandhurst, en el que prometía una monarquía católica, dialogante, constitucional y democrática. Aunque la idea de Cánovas era una vuelta pacifica a la Monarquía, el general Martínez Campos se adelantó y se pronunció en Sagunto el día 29 de Diciembre a favor de la Monarquía. El Gobierno no opuso resistencia y Alfonso XII era proclamado Rey.

El sistema político de la Restauración (1874-1917): fundamentos, funcionamiento, sistema electoral; conservadores y liberales.

Tras el pronunciamiento del general Martínez Campos en 1874, por el que se reponía en el trono al hijo de Isabel II, Alfonso XII, comentó en España una nueva etapa histórica conocida como Restauración, en la que se acabó consolidando una forma de Estado liberal moderada bajo la hegemonía de una oligarquía burguesa y terrateniente muy conservadora. Esta etapa duraría en teoría hasta 1931, aunque ya en 1923, con la dictadura de Primo de Rivera, se puede dar por finalizada. Experimentó numerosos cambios políticos, pero por primera vez existió una Constitución duradera que materializaba los rasgos políticos del sistema.

El régimen político

Las líneas generales del sistema se contienen en la Constitución de 1876, fiel reflejo del pensamiento de Antonio Cánovas del Castillo.

El proyecto de Constitución canovista que comenzó a elaborarse en 1875, y fue planteado de manera flexible para que diera cabida a los distintos programas liberales. Los principios políticos de Cánovas se resumen en lo que denominaba ''la constitución interna del país'', es decir, las instituciones tradicionales: la Corona y las Cortes. Por otra parte, admirador de la estabilidad del parlamentarismo inglés, Cánovas pretendía establecer un sistema bipartidista en el que dos partidos "de notables" se turnasen en el ejercicio del poder mediante elecciones restringidas a los propietarios y contribuyentes.

Se elaboró una constitución de carácter moderado, que establecía el bipartidismo como sistema de relevo en el gobierno, no reconocía la soberanía nacional de modo suficiente y sancionaba los derechos tradicionales de la Iglesia. Los artículos de la misma fueron aprobados en breve tiempo y con pocos debates. Fue promulgada en junio de 1876 y establecía la "soberanía compartida" del Rey y las Cortes como representante de los principios de autoridad y libertad, y una práctica política que debía efectuarse sobre el principio de la existencia de unos partidos oficiales que aceptaran los reglamentos de la legalidad constitucional. Serían unos "partidos de notables", puesto que la ley electoral de 1878 restableció el sufragio censitario que dejaba la participación ciudadana reducida a no más de un 5% de la población.

La constitución establecía el centralismo político-administrativo como fórmula de organización del Estado, aboliendo los fueros de las provincias vascas por una ley de julio de 1876 que revalidaba la igualdad fiscal y de prestación del servicio militar de todos los ciudadanos españoles. Establecía también la Constitución la unidad de códigos y la igualdad jurídica de todos los ciudadanos. Sólo hay un reconocimiento vago de ciertas libertades políticas (expresión, asociación, etc.).

Otro aspecto de la centralización fue la reorganización de las diputaciones provinciales y ayuntamientos. Se restringió la participación ciudadana en las elecciones de los cargos, dejándose estas a los propietarios; se estableció que en las poblaciones de mas de 30.000 habitantes (casi todas las capitales de provincias y algunas otras ciudades) los alcaldes fueran nombrados por el rey y que los presupuestos provinciales y municipales debían ser aprobados por este.

En resumen, la constitución canovista estableció un modelo moderado, censitario, lleno de limitaciones a los derechos políticos de los ciudadanos. Pero su propio carácter flexible y abierto permitiría que se fuesen introduciendo reformas en años sucesivos que le dieran un talante mas aproximado al de las constituciones democráticas.

A partir de la muerte de Alfonso XII en 1885, se consolidó el turno de partidos ("Pacto de El Pardo"). El nuevo partido liberal-fusionista de Práxedes Mateo Sagasta -que ya había gobernado entre 1881 y 1883- apareció como contrincante del liberal-conservador de Cánovas. Sagasta era más liberal y avanzado que Cánovas: bajo sus gobiernos se introdujo el sufragio universal, se ampliaron las libertades de asociación y expresión e, incluso, se tuvieron en cuenta los problemas sociales, creándose la Comisión de Reformas Sociales.

Pero el régimen, a pesar de las reformas, se basaba en el falseamiento electoral. Los candidatos, designados desde el Ministerio de la Gobernación -"encasillados"- salían elegidos como diputados por el distrito correspondiente gracias al control social que ejercían los hombres influyentes -"caciques"- del partido en esa zona.

A fines de siglo, el sistema político estaba en crisis por diversos factores. La España "oficial" y la España "real" no tenían nada que ver y el sistema era incapaz de resolver los grandes problemas del país: los nacionalismos periféricos, la cuestión colonial y militar y el desarrollo del movimiento obrero. Además, los dos líderes desaparecieron en esos años: Cánovas fue asesinado en 1897 y Sagasta murió en 1903. Tras ellos, una nueva generación de políticos -Antonio Maura, José Canalejas- encabezaron los dos grandes partidos dinásticos que en muchas ocasiones tuvieron que crear "gobiernos de concentración" con políticos de diversas tendencias.

Los fundamentos sociales

El régimen canovista se basaba fundamentalmente en el apoyo de las clases y grupos más conservadores de la sociedad: los latifundistas, la burguesía harinera castellana, la burguesía industrial catalana y sectores de la gran burguesía industrial y financiera vasca. Se ha afirmado que la política económica y social de la Restauración era dictada por el "triángulo" formado por cerealistas castellanos, ferreteros vascos y empresarios del textil catalanes. Pero también se ha hablado de una "España dual" en la que esas zonas industriales convivían con otro país muy atrasado, con un analfabetismo superior al 75% de la población y modos de vida y niveles de renta miserables.

En esas condiciones sociales, la Restauración se apoya en una sociedad organizada en tomo a los "caciques", hombres ricos e influyentes que controlan la vida social en la mayor parte del país. El caciquismo era la forma de vertebración de una sociedad tan atrasada. Además, la Restauración contaba, desde luego, con el apoyo indiscutible de instituciones sociales tan influyentes como la Iglesia y el Ejército.

Pero el desarrollo económico y urbano que se produce en el último tercio del siglo irá generando fuerzas sociales cuyos intereses chocarán con los de la oligarquía. La pequeña burguesía en Cataluña y País Vasco irá creando una conciencia regionalista que busca su expresión política en los primeros movimientos nacionalistas ("Bases de Manresa" en 1892 y PNV en 1895). El movimiento obrero se desarrolla, por un lado, entre el proletariado agrícola del sur, donde predomina el anarcosindicalismo, y entre los obreros de la minería y la industria, que asumen con fuerza las ideas socialistas (PSOE, 1879; UGT, 1885). Además, el republicanismo se mantuvo vivo y pujante entre los sectores urbanos más ilustrados.

A fines de siglo nuevos partidos políticos irán consiguiendo representación en ayuntamientos, e incluso en 1910 un socialista (Pablo Iglesias) se convirtió en diputado. De esta manera, la base social del régimen se fue haciendo cada vez más estrecha y, a pesar de que se introdujo el sufragio universal y se promulgaron leyes que ampliaban las libertades políticas (asociación, expresión, sindicación, etc.), sobre todo con los gobiernos de Sagasta, a finales de siglo empezó a resultar inservible el sistema político para permitir la participación de la “España real” y la solución a los graves problemas del país.

Restauración borbónica y Constitución de 1876

Tras el golpe del general Pavía y la disolución de las Cortes (1874), se establece un régimen militar bajo la presidencia de Serrano. Pero durante este período Cánovas prepara el regreso de la dinastía borbónica al trono español con una propaganda hábilmente dirigida. El 1 de diciembre Alfonso XII firma el Manifiesto de Sandhurst, en el que garantiza una monarquía dialogante, constitucional, democrática y católica. La idea de Cánovas era una vuelta pacífica de la Monarquía pero los generales Martínez Campos y Jovellar se adelantaron pronunciándose en Sagunto el 29 de diciembre. El gobierno no opuso resistencia y el día 31 se proclamó rey a Alfonso XII. El 9 de enero, a su llegada a España, Alfonso ratifica su confianza en Cánovas. Las primeras medidas adoptadas por éste fueron la sustitución de gobernadores civiles, presidentes de Diputación y alcaldes por hombres afines a la Corona. Se restituyeron los cargos perdidos en el Sexenio y se condecoró a los jefes y servidores de la causa alfonsina. Se decretó el cierre de numerosos periódicos y se dieron órdenes estrictas para el mantenimiento del orden público y el control de la oposición. Se aprobaron nuevos tribunales y procedimientos para los delitos de imprenta, se eliminó el matrimonio civil, los juicios por jurado y vistas orales públicas y se restableció el Concordato. A pesar de todas estas medidas la represión fue selectiva y suave, y se mantuvo contacto con los líderes progresistas y demócratas.

La elaboración de una nueva Constitución se encarga a una asamblea elegida por Cánovas y dirigida por Alonso Martínez. En diciembre se convocan elecciones por sufragio universal, aunque fueron manipuladas por el ministro Romero Robledo para asegurar una amplia mayoría canovista e inaugurar la práctica electoral típica de la Restauración. La Constitución de 1876 establecía un sistema político que habría de permitir el ejercicio del gobierno a todos los partidos que aceptaran el sistema liberal y la Monarquía, intentando acabar con el retraimiento político y los pronunciamientos. Los principales aspectos son: Soberanía compartida; restricción de ciertos derechos (imprenta, asociación...); poder legislativo para las Cortes con el Rey, Cortes bicamerales, con senadores elegidos por derecho propio, por designación real y elegidos por corporaciones y mayores contribuyentes; poder ejecutivo ejercido por la Corona; refuerzo del poder judicial; Ayuntamientos y Diputaciones bajo el poder gubernamental; reconocimiento de la confesionalidad católica, manteniendo el culto y el clero, pero con una ambigua libertad de creencias.

Aún con el predominio del talante conservador en el texto se intenta establecer en sistema flexible para garantizar la durabilidad del régimen. Mientras tanto, se termina con el frente carlista, aunque los problemas asociados a él no se resuelven (sentimientos regionalistas y religiosos ultra conservadores). También se logró la pacificación en Cuba mediante la paz de Zanjón (1878). En ella se prometen una serie de reformas cuyo incumplimiento desatará años más tarde la guerra de 1895.

Restauración borbónica y Constitución de 1876

La Restauración sucede a un período extraordinario, encuadrado por los años 1869-1875, y en cuya agitación todo resultó imposible: monarquía y Re­pública, centralismo y federalismo, la guerra —mal conducida— y la paz. —ni siquiera intentada—. La Restauración había de ser norma, equilibrio y estabilidad, final de un estado de excepción, no sólo en el curso de la vida española, sino estado de excepción en el concierto de los pueblos europeos. [J. Pabón, Cambó, I, p. 45]. Cánovas contribuye cual ningún otro a levantar el edificio de la Restauración sobre la base de la monarquía tradicional, aunque en la figura nueva de Alfonso XII. La característica más definitoria del período que adviene tras el pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto es la idea de estabilidad, que emerge ahora y contrasta no sólo con relación al convulso sexenio precedente, sino incluso frente al largo y accidentado período isabelino. El hecho de que el contexto europeo coetáneo venga definido también, incluso previamente, por el orden y el equilibrio, aunque ayuda, no debe hacer olvidar las bases específicas en las que se apoya este singular periodo de la historia contemporánea de España.

Estabilidad que es consecuencia de la integración en el sistema —previa aceptación de la monarquía— de buena parte de las fuerzas políticas y sociales; que se concreta en el turno pacífico de partidos; que, tras el golpe de Pavía y el pronunciamiento de Martínez Campos, trueca militarismo por civilismo, aunque tenga que vérselas de inmediato con los enconados problemas carlista y cubano; que se traduce en un desarrollo económico sostenido, bien que sin poder seguir el ritmo europeo que por entonces se acelera con la segunda revolución industrial; y que está en la base del despertar de la Edad de Plata de la cultura española. Por descontado, teniendo como telón de fondo la Constitución pactada de 1876, la cual, hasta el presente, no ha tenido parangón en longevidad en nuestra historia contemporánea.

Pero no todo son luces en la Restauración canovista. Las críticas de los más prominentes hombres de la generación del 98 y su entorno (Valle-Inclán, Ortega, Unamuno, Azorín, Costa...), pues sus defectos chocan frontalmente con su ideal regeneracionista. Y, de entre ellos, tal vez sea Joaquín Costa, al hablar de «oligarquía y caciquismo», quien encuentra la más concisa y acertada definición, aspectos éstos en los que ha ahondado buena parte de la historiografía posterior.

Es manifiesto que muchos de sus líderes —versus partidos—, más bien consideran al Estado cual si fuese coto o finca propia, viviendo de espaldas al pueblo y sin dejar que éste se inmiscuya en política (Vicens Vives) o, lo que es lo mismo, que las elecciones resultan sistemáticamente un fraude, al estar amañadas de antemano (Romero Robledo es mero ejemplo, bien que paradigmático), no sólo por arte y parte de los conservadores, sino también de los liberales (y ello es más censurable tras el sufragio universal de 1890, propiciado por Sagasta).

No menos grave resulta que sus dirigentes, en exceso conservadores y no sobrados de inquietudes sociales, se muestren incapaces de dar cauce a las nuevas fuerzas emergentes que la industrialización y el incipiente auge regionalista hacen brotar por entonces (socialismo y catalanismo en especial), como tampoco intentan una adecuada reforma agraria que, en especial en Andalucía, reparta la propiedad de modo más justo, al tiempo que mejore el estatus socioeconómico, cultural y vital de los braceros, y vaya acompañada de una verdadera modernización de la agricultura.

La concepción canovista, aun sin desconsiderar su validez y aciertos, ya tiene en sí sobrados gérmenes de conservadurismo, aburguesamiento, falta de inquietudes sociales, y hasta de corrupción, de modo que, superada la gracia inicial, confrontada al desgaste del tiempo, y añadida su escasa capacidad de regeneración, inclusive de adaptación para integrar las nuevas fuerzas emergentes, la acaben haciendo progresivamente inadecuada.

La Restauración monárquica en la figura de Alfonso XII y sus antecedentes

El pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto, con una brigada cuyo mando le presta el general Dabán, y que supone el acto inicial de la Restauración de la monarquía borbónica en la figura de Alfonso XII, no resulta algo casual.

Esquematizando, podríamos incidir brevemente en cinco puntos, que nos encaminan a la Restauración monárquica: el callejón sin salida a que la República ha conducido al país, sumado a una postura internacional cada vez más proclive hacia un giro que aporte estabilidad a España; el golpe del general Pavía, que acaba con el gobierno republicano de Castelar, ya que este último, a pesar de su prestigio, inclusive del viraje conservador, no logra enderezar la convulsa trayectoria anterior; el gobierno provisional del general Serrano en 1874, que no consigue superar su estatus de provisionalidad; la aceleración por entonces de los pasos que Cánovas viene dando desde tiempo atrás, a la espera del momento en que la aceptación de Alfonso XII caiga cual fruta madura; y, finalmente, el pronunciamiento de Martínez Campos y la inmediata y apoteósica llegada del joven monarca a España.

Mas todo va a evolucionar en 1874. No serán los enconados conflictos del carlismo o de la guerra de Cuba, sino: por un lado, el mismo ejército, ya un tanto desengañado de seis años de gobiernos, entre revolucionarios e inestables, que quiere salir de una vez por todas de esta situación de provisionalidad; por otro, la desafección de los grupos sociales más favorecidos, que sólo piensan en el regreso a una situación más estable (dígase favorable a sus intereses); y con el alejamiento cada día más perceptible de las clases medias, pues los ideales utópicos republicanos no conjugados con la estabilidad y el orden, les habían hecho olvidar su fervor inicial. Y, como telón de fondo, la fuerza del alfonsismo que se percibe por doquier, y que dará al traste con los proyectos de presidencia vitalicia del general Serrano.

En efecto, desde la abdicación de Isabel II en su hijo (junio de 1870), y desde que en agosto de 1873 Cánovas se con­vierte en portavoz del partido alfonsino, este historiador viene dirigiendo todos sus esfuerzos en preparar el terreno para que el país, de manera como espontánea, reconozca y acepte la restauración monárquica en la figura del joven príncipe Alfonso.

Para ello orienta su educación, primero en el Theresianum de Viena y luego en Inglaterra, modelo de monarquía constitucional, en la Academia Militar de Yorkton (había prometido un «rey soldado»), al tiempo que se convierte en su portavoz. Por otro lado, intenta allanar el camino, ganándose la adhesión de las clases populares, potenciando los dos círculos alfonsinos establecidos en la capital (conservador y liberal), estimulando la prensa, e intentando captarse al ejército al tiempo que debe frenar la impaciencia de los generales más impetuosos, pues teme que un precipitado pronunciamiento a favor del príncipe aboque en guerra civil, deje al futuro monarca a merced de un general o de un partido, de una sospecha de ilegitimidad, de la cual difícilmente pueda despojarse, al tiempo que le sustraiga la paternidad de la Restauración.

Un hito clave en este encuentro planificado entre el príncipe y su pueblo es el Manifiesto de Sandhurst (residencia del príncipe, próxima a la Academia) el 1 de diciembre de 1874, redactado por el propio Cánovas, en el cual el futuro rey se compromete a serlo de todos los españoles, intentando desvanecer posibles suspicacias o reticencias asentadas, apelando a su talante liberal y reafirmando su catolicismo, pues los carlistas, dada su mayor aceptación entre el clero y los católicos españoles, tienen una vaga esperanza de que Roma se incline por su pretendiente.

La proclamación del nuevo rey en la figura del príncipe Alfonso se realiza el 29 de diciembre de 1874, aunque el método no sea del agrado ni coincida con lo planificado por su principal valedor. Con Sagunto o sin Sagunto, la monarquía habría sido restaurada. El recibimiento apoteósico de Alfonso XII en Barcelona el 9 de enero de 1875, como su posterior entrada triunfal en Madrid cinco días después, resultan muestras evidentes de la adhesión del pueblo, y la presentación de credenciales que un mes más tarde llevan a cabo los embajadores de Portugal, Rusia, Austria, Francia, Bélgica, Alemania o Inglaterra, de reconocimiento internacional; como, por especial motivo, la del nuncio, a primeros de mayo, que significa la pérdida de toda opción por parte del carlismo, a quien, por demás, la suerte de las armas le resulta cada día más adversa en el campo de batalla.

El ministerio regencia que preside Cánovas, y cuyo gabinete causa extrañeza por su heterogeneidad no parece que se confeccione con ligereza. En la idea de sumar fuerzas al proyecto monárquico incluye antiguos moderados como Orovio (Fomento) y Cárdenas (Gracia y Justicia), pasando por otros unionistas (Salaverría y el marqués de Molins, para Hacienda y Marina, respectivamente), algún amigo como Alejandro de Castro (Estado), o progresistas y revolucionarios como López de Ayala (Ultramar), o el mismo Romero Robledo (aunque éste ya había dado un giro notable tras su participación en los hechos de 1868); buena parte de ellos, bien es verdad, con experiencia anterior en el cargo. Y para Guerra, Jovellar, en vez de Martínez Campos, para que no quede la menor duda sobre la paternidad de la Restauración.

La Constitución de 1876

La preparación de la Constitución de 1876 manifiesta claramente el propósito de conciliación. En el ministerio de regencia de 1875, Cánovas reúne una comisión de significados personajes políticos de períodos anteriores y de las más diversas tendencias, los cuales, de común acuerdo, concretan unas bases de legalidad común. Pero Canovas no sólo influye directamente en el proceso, sino que hasta la redacción de muchos artículos se deben a él. El anteproyecto resultante estará dotado de cierta flexibilidad, y a medio camino entre la Constitución moderada de 1845 y la democrática de 1869. El texto definitivo, que en gran medida coincide con el anteproyecto, es aprobado el 24 de mayo en el Congreso con un 87 % de votos a favor (y hasta con un 92 % en el Senado, un mes después), para, tras su ratificación real, aparecer en la Gaceta de Madrid el 2 de julio.

Se trata de una Constitución pactada («que en unión y de acuerdo con las Cortes del reino [...] hemos venido en decretar y sancionar»; preámbulo), donde «la persona del rey es sagrada e inviolable» (Art. 48), que consagra unas Cortes bicamerales (Congreso y Senado), en las que «la potestad de hacer leyes reside en las Cortes con el rey» (Art. 18), y el poder ejecutivo en el rey y sus ministros; que establece «unos mismos Códigos [que] regirán en toda la monarquía» (Art. 75), y que en el título último precisa que «las provincias de Ultramar serán gobernadas por leyes especiales». En general muy sobria en la formulación de los principios (dejando amplio margen de interpretación al partido en el poder), y, por demás, extremadamente breve (89 artículos en trece títulos).

Los tres puntos en teoría más arduos (soberanía nacional, cuestión religiosa y sufragio universal), tienen salidas harto diferentes. El primero, relativo a la soberanía nacional, se solventa sobreentendiendo que tanto el rey como las Cortes son anteriores a cualquier Constitución escrita, y que el poder legislativo recae en ambos conjuntamente. El segundo, sobre la cuestión religiosa (Art. 11), al final se llega a una transacción, ya que ni se establece una unidad religiosa excluyente, ni tampoco la libertad de cultos.

En el tercer punto, el artículo deja libertad al partido en el poder para actuar como le plazca: cabe el sufragio restringido y el universal. Queda el asunto remitido para una ley posterior, que se traducirá en sufragio censitario en los tres primeros quinquenios, para retornar al modelo de 1869, el del sufragio universal, con Sagasta en 1890.

El reinado de Alfonso XII (1875-1885): el turno de partidos.

En 1876 el sistema diríase sustancialmente configurado. Pero no menos importante es su andadura inmediata posterior, ya que es ahora cuando se estructuran los partidos, la Constitución se desarrolla a través de leyes especiales, es preciso atender a la situación económica y financiera, un tanto postergada en años anteriores, respetar el acuerdo tácito del turnismo que se hace efectivo en 1881, para más tarde responder al reto que se plantea con el fallecimiento prematuro del monarca en 1885.

Los hechos principales que tuvieron lugar durante este reinado fueron el fin de la guerra carlista, aunque no se resolvieron los problemas asociados al carlismo como el sentimiento regionalista (especialmente en el País Vasco) y el sentimiento religioso ultra conservador y tradicionalista. También el fin de la guerra cubana, gracias a la actuación de Martínez Campos y Jovellar y a la negociación, por medio de la Paz de Zanjón (1878). El incumplimiento de las promesas realizadas a los cubanos acarrearía años más tarde la guerra de 1895.

El turno de partidos

En el aspecto político, la característica fundamental es el turno de partidos, ideado por Cánovas e imitando el sistema británico. Para éste, era fundamental para mantener el orden y la estabilidad, un equilibrio político. Si Cánovas y su partido se hubieran perpetuado en el poder, hubieran dado lugar a la aparición de conflictos políticos, como en la época de Isabel II. Por lo tanto, era necesaria una ordenada alternancia entre los dos partidos que aceptan los principios básicos del sistema (partidos dinásticos). Los carlistas y los republicanos quedan excluidos por ello (además no serán legalizados hasta 1881) y el resto de fuerzas políticas son muy minoritarias. En la práctica, la alternancia política no empieza a funcionar hasta 1881, cuando entra a gobernar el recién creado Partido Liberal Fusionista. A partir de 1885, con el Pacto de El Pardo, este sistema queda definitivamente configurado. Cuando un partido considera que ya se ha desgastado en el ejercicio del poder o ha perdido apoyo de los propios grupos que hay en su seno, presenta el Rey su dimisión. El Rey entonces nombra jefe de Gobierno al líder del otro partido, se disuelven las Cortes y se convocan unas nuevas elecciones y, mediante la práctica del fraude electoral (que se haría más frecuente a medida que pasara el tiempo) daba lugar a una mayoría cómoda para el nuevo partido en el gobierno, con una representación minoritaria del otro partido.

Trayectoria política.

Las diferentes fases del Gobierno durante este período fueron:

Primer Gobierno conservador de Cánovas (1875 - Feb. 1881)

Se caracteriza por el establecimiento de una serie de medidas que refuerzan el control del Estado. Estas medidas eran de carácter represivo y destacan entre ellas la Ley de Imprenta (1879), que establece la censura previa de prensa y se considera delito cualquier ataque a la Monarquía o al sistema, bajo pena de supresiones y multas cuantiosas; el control de la Enseñanza Universitaria (1876), impuesto por Orovio, limitando la libertad de la cátedra; y la restricción de la libertad de reunión y asociación, prohibiendo los partidos republicanos y las asociaciones obreras, distinguiendo a los partidos en legales e ilegales (1881). Además de esto, se realiza una reforma administrativa de carácter centralizador (1876), que incluye el control por parte del Estado de Diputaciones y Ayuntamientos, poco después de que una ley deje abolidos los fueros vascos (si bien se establecen unos conciertos económicos que van a resultar muy positivos para el desarrollo vascongado, en especial de Vizcaya); y se publica la Ley Electoral de 1878, en la que se establece el sufragio censitario muy restrictivo (aproximadamente un 5% de la población).

Primer Gobierno liberal de Sagasta (Feb. 1881 - Ene. I884)

Comienza con este gobierno la alternancia que caracterizó el régimen. En 1881, Canovas lleva ya cinco años de presidente de un gobierno refrendado por elecciones. Su partido ha sido revalidado en 1879, en elecciones organizadas durante el intermedio de Martínez Campos. Ahora bien, de intentar seguir obcecadamente en Ministerio, máxime tras la consolidación de la oposición liberal, se habría hecho inviable el turno de partidos. Es por un lado una cierta sensación de cansancio en los conservadores y, por otra, la impaciencia del líder de los fusionistas lo que motiva que el rey acabe llamando a Sagasta para que forme gobierno.

En esta primera etapa liberal la orientación liberalizadora fue bastante tímida. La necesidad de consolidar un partido más heterogéneo, la defección de Serrano, y el breve tiempo que permanecen en el poder, motivan que los grandes proyectos legislativos tengan que ser relegados para posterior turno: así acaece con la Ley de Asociaciones, del Jurado, el Código Civil o la implantación del sufragio universal. Se intentó terminar con las restricciones de la libertad de expresión, se devolvieron las cátedras a los profesores y se permitieron las asociaciones obreras y republicanas y se creó la Comisión de Reformas Sociales(1883), un antecedente del Instituto de Reformas Sociales. Aún así, la timidez de estas medidas provocó disturbios y protestas, que fueron respondidas con dureza por el Gobierno. El Rey encargó entonces formar Gobierno a Cánovas en 1884.

Segundo Gobierno conservador de Cánovas (Ene. 1884 - Nov. 1885)

En enero de 1884 de nuevo Cánovas accede al poder, en el que perma­nece hasta noviembre de 1885.

Entre las causas que, sin duda, contribuyen a una rápida erosión de este gabinete, se encuentran: los alborotos estudiantiles de Santa Isabel, con ocasión de un nuevo intento por parte de Pidal y Mon de limitar la libertad de enseñanza; la primera pérdida de unas elecciones (municipales), en abril de 1885, organizadas por Romero Robledo; el asunto de las Carolinas, al autorizar Canovas a Alemania el establecimiento de un depósito carbonero en Guam; y el cólera de 1885 (a los efectos, la cau­sa principal), mostrándose el gobierno incapaz de hacer frente con una política sanitaria adecuada a un embate que acaba costando 120245 vidas humanas y causa estragos en toda la economía del país, en especial en el comercio. Sin olvidar la trascendencia y excepcionalidad del falleci­miento de Alfonso XII, en noviembre de 1885, que aconsejan un gobierno no desgastado, que acompañe a la regente en una nueva etapa en la que bien podían barruntarse algunas dificultades.

En definitiva, en este período se volvió a una política de mano dura con el objetivo de restablecer el orden público. Tuvieron lugar nuevos enfrentamientos con los republicanos y se decidió el cierre de la Universidad de Madrid. En noviembre de 1885 muere Alfonso XII, que dando como regente su segunda esposa, María Cristina.

La Regencia (1885-1902): las transformaciones políticas y los límites del sistema.

Con la muerte de Alfonso XII (25 de noviembre de 1885) se abría un período muy significativo, caracterizado por la presencia al frente del Estado español de su viuda la reina regente doña María Cristina de Habsburgo-Lorena, en aplicación de los artículos 67 y 72 de la Constitución de 1876. La Regencia alcanzó hasta la mayoría de edad de Alfonso XIII en mayo de 1902. Junto a la consolidación del régimen monárquico en unas circunstancias adversas, la vida política española instituyó unos patrones de comportamiento político declaradamente oligárquicos, sin que ello impidiese la recuperación de una parte notable de los principios que alimentaron la Gloriosa. Al mismo tiempo, la sociedad española conoció profundas mutaciones que alteraron el statu quo sociopolítico sobre el que se había desenvuelto en las décadas precedentes. De un lado, se afirmó el componente civilista del régimen. De otro lado, el centralismo de corte francés que caracterizó al liberalismo español fue respondido por la aparición de unos movimientos nacionalistas y regionalistas que encontraron en la década final del siglo su expresión política en Cataluña, País Vasco, Galicia y Valencia.

En el orden social, el desarrollo y consolidación de un sistema capitalista durante la Regencia alimentó el nacimiento de un movimiento obrero de raíz doble, anarquista y socialista que, siquiera de un modo simbólico, puso en entredicho el engranaje socioeconómico del sistema. Finalmente, los problemas coloniales que se arrastraban desde hacía décadas encontraron su desembocadura en la crisis finisecular que acabó con los restos del Imperio ultramarino y situó España en el ámbito internacional corno una potencia de orden menor. La crisis de fin de siglo alcanzó su expresión más dura en la derrota militar y se plasmo con toda crudeza en el Tratado de París al establecer la pérdida de las colonias antillanas y del Pacífico, restos del que fuera Imperio español preliberal.

En el plano de la política interior, la Regencia representó el triunfo definitivo de los presupuestos de Cánovas del Castillo de establecer un sistema de turno pacífico entre los partidos del sistema y la exclusión de aquellas fuerzas extremas que negaban las bases sobre las que la Constitución de 1876 estableció el juego político. Una Constitución, que se mostraba flexible, como habrían de mostrar las medidas reformistas de los liberales y que, a su vez, establecía con nitidez el marco de los excluidos: aquellos que pusieran en cuestión el régimen político (monarquía), el sistema socioeconómico (hegemonía de la burguesía y, por lo tanto, de los principios del capitalismo) y, en el orden territorial, la unidad de España y sus colonias dependientes. De no menor interés se presentaban igualmente otras cuestiones «accidentales», como el sufragio, susceptible de ampliación, o el papel creciente de la Iglesia en una sociedad en franco proceso de secularización.

El Pacto del Pardo

La muerte del rey afectó de modo inmediato a la dinámica política de la España restauradora. La primera consecuencia fue la entrada en vi­gor de los preceptos constitucionales que garantizaban la continuidad del régimen a través de la Regencia de la reina viuda, María Cristina, cuya aplicación inmediata puso fuera de lugar las aspiraciones de la reina madre. La segunda consecuencia se había concretado días antes de la muerte del rey, cuando Antonio Cánovas del Castillo y Práxedes Mateo Sagasta acordaron la inmediata renuncia de los conservadores al poder y su asunción por el líder liberal. Bajo la idea desarrollada por Cánovas de que la nueva situación requería un nuevo gobierno, la llegada de los liberales significaba la consolidación desde entonces de un sistema de turno pacifico entre los dos partidos dinásticos que arranca del denominado pacto de El Pardo. Con dicho acuerdo ambas fuerzas políticas establecieron un sistema de rotación en el poder que representaba en primer término el dominio total por parte del Ministerio de la Gobernación de las consultas electorales con independencia del tipo de sufragio practicado. El falseamiento electoral sistemático era el único capaz de crear las mayorías necesarias para garantizar la estabilidad del régimen. Su práctica, consolidada hasta la segunda década del siglo actual, constituyó el experimento maduro de un sistema político definido como liberal oligárquico, que permitió una sucesión de gobiernos liberales y conservadores con independencia de la voluntad popular. En definitiva, se comprometen a apoyar la regencia, a facilitar el relevo en el gobierno cuando perdiera prestigio y apoyo de la opinión pública, y a no echar abajo la legislación aprobada por ellos en el ejercicio del poder.

La evolución política de estos años fue la siguiente:

• Gobierno "largo" de Sagasta (1885-1890): El partido obtuvo una gran mayoría en 1885, gracias a la manipulación electoral dirigida por Posada Herrera. Durante el llamado Parlamento Largo se llevó a cabo una mayor reforma del sistema política, que incluye la libertad de imprenta, de expresión y de cátedra (lo que permitió un florecimiento intelectual). La libertad de asociación también fue restablecida mediante la ley de 1887, decisiva para la expansión y el desarrollo del movimiento obrero. En 1889 se aprueba el nuevo Código Civil, elaborado por Alonso Martínez; y se restablece el juicio por jurados. Pero la medida más importante de este gobierno fue el restablecimiento definitivo del sufragio universal (1890), ampliando el derecho al voto a todos los varones mayores de 25 años.

• Gobierno de Canovas (1890-1892): Las elecciones de 1890 dieron la victoria a Cánovas, sin que variara en absoluto el fraude electoral. En esta etapa de gobierno comienza a aparecer la crisis económica de fin de siglo, a pesar de la adopción de medidas encaminadas a la reforma monetaria y a la política proteccionista a través de la Ley arancelaria de 1890 (productos agrícolas) y 1891 (productos industriales).

• Gobierno de Sagasta (Dic. 92 - Mar. 95): Sagasta vuelve a formar gobierno en 1892. Lo más destacado de este mandato fue el proyecto de reforma de la administración y gobierno de Cuba que intentó hacer aprobar el ministro de Ultramar Antonio Maura, aunque finalmente no se llevó a cabo. En este momento se estaba gestando la insurrección cubana, que estalló en febrero de 1895 ("Grito de Baire").

• Gobierno conservador de Cánovas (Mar. 95-Ago. 97)

• Gobierno liberal de Sagasta (Ago. 97- 99).

La acción de estos dos últimos gobiernos estuvo marcada por el problema de la Guerra de Cuba y, además, se inscriben en un período de crisis económica, agitación social y desarrollo de la acción del movimiento obrero. Se producen insurrecciones en el campo andaluz y en la industria de Cataluña y tienen lugar episodios violentos, como el atentado a Martínez Campos y la bomba en el teatro Liceo de Barcelona.

• Gobierno conservador de Francisco Silvela y Marcelo Azcárraga (1899-1901).

• Gobierno liberal de Sagasta (1901-1902).

El reinado de Alfonso XIII hasta 1923: modernización, fracaso de la reforma del sistema y radicalización de la oposición política.

El 17 de mayo de 1902, Alfonso XIII se convirtió en rey, en España. Este reinado estuvo marcado por el deseo de regeneración, tanto entre los integrantes del bloque de poder, como los sectores situados fuera de él. La modernización se intentó y en ciertos aspectos pareció cuajar, pero resultó insuficiente y, en todo caso, no llegó en el momento oportuno. Durante este periodo convivieron los intentos reformistas con la sucesión de crisis que condujeron a la descomposición del sistema restauracionista. Las tres primeras crisis son consecuencia del Desastre de 1898 (Ley de Jurisdicciones, la Semana Trágica de Barcelona y el desencuentro entre Maura y el partido liberal). Las consecuencias económicas y sociales de la Guerra Mundial, la crisis de 1917, que rompió la “paz social”, y la de 1921, en que el rey y el ejército quedaron aislados frente a la alternativa revolución/dictadura, constatan que las posibilidades abiertas en 1902 se fueron cerrando, provocando la desaparición del régimen.

Fases del reinado de Alfonso XIII

1ª Fase de continuidad (1902-1912): caracterizada por la inestabilidad política y la crisis interna de los partidos, fundamentalmente por El Desastre de 1898 y la falta de un líder claro tras la retirada de Silvela y la muerte de Sagasta en 1903. de 1902 a 1907 son los años de toma de contacto del rey con la realidad política. Si entre 1903 y 1905 se suceden gobiernos conservadores con gran inestabilidad ministerial, problemas internos en los partidos y falta de un líder claro, entre 1905-1907 siguen gobiernos liberales. Lo más significativo es la crisis de 1905. Las relaciones entre la prensa y los militares venían siendo conflictivas desde 1895 (críticas al ejército por su actuación en la guerra de Cuba). En noviembre de 1905 dos periódicos catalanes ( Cut-Cut y la Veu de Catalunya) publicaron comentarios y caricaturas muy críticos contra el ejército. Como respuesta, 300 oficiales de Barcelona incendiaron las imprentas de estos periódicos. Esto provocó un grave escándalo y multitud de protestas contra los militares. Para evitar incidentes se aprobó una Ley de suspensión de garantías constitucionales. Pero el ejército siguió presionando para obtener medidas más duras y el Parlamento (con mayoría liberal) acabó aprobando la Ley de Jurisdicciones que establecía que cualquier delito contra el ejército (incluidas las injurias) sería considerado delito contra la Patria y juzgado por Tribunales Militares. Esta Ley tendrá graves consecuencias y su desaparición fue una reivindicación permanente de los partidos de oposición socialistas, nacionalistas y republicanos).

A partir de 1907 y hasta 1909 se produce el Gº Largo de Antonio Maura: (conservador que procede de las filas liberales). Inicia una ambiciosa política de reforma ("revolución desde arriba") que consiste en un intento de saneamiento de la vida política -aunque desde planteamientos conservadores- para acabar con el caciquismo. En este sentido se aprueba la Ley de la Administración Local que pretende revitalizar los ayuntamientos dándoles mayor autonomía. Otras medidas que toma son: la creación del Instituto Nacional de Previsión (antecedente de la actual Seguridad Social), un conjunto de leyes, de tipo proteccionista, para impulsar la economía, y varios de acercamiento a los catalanes, pactando vanas reformas con Cambó (Líder de la Lliga) e iniciando el proyecto de la Ley de mancomunidades, no aprobada hasta años más tarde, pero que, al permitir la asociación o unión administrativa de provincias limítrofes, abría camino a una futura autonomía catalana.

En 1909 se inicia la Guerra de Marruecos y tienen lugar los graves sucesos de la Semana Trágica de Barcelona, un levantamiento popular en protesta por la llamada de reservistas para marchar a Marruecos. La guerra no era demasiado popular y los soldados pertenecían a las clases más pobres. Las organizaciones obreras ya habían alcanzado un considerable grado de organización y los anarquistas llamaron a la huelga general que se prolongó por varios días- con diversos episodios de violencia. Aunque al final el levantamiento fue sofocado, la represión llevada a cabo por el gobierno (con varios fusilamientos incluido el del intelectual anarquista y pedagogo Ferrer Guardia, al que se acusó sin pruebas) acabó provocando la caída de Maura.

Desde 1909, hasta 1913 se suceden gobiernos liberales. El más importante, el de José Canalejas, político con ideas reformistas y modernizadoras que ve la necesidad de entendimiento con la izquierda (socialistas y republicanos que se presentaron unidos a las elecciones de 1910). Inicia una nueva política social y una nueva política con respecto a la Iglesia. Eliminó el impuesto de "consumos" y lo sustituyó por un impuesto sobre las rentas urbanas. Reformó el Servicio Militar haciéndolo obligatorio en tiempo de guerra pero permitiendo, en tiempos de paz, la redención del servicio a cambio de elevadas cantidades ("soldados de cuota"). Se reguló el trabajo nocturno de las mujeres y el contrato de aprendizaje. La ley más importante, de carácter anticlerical, para reducir la influencia de la Iglesia en múltiples aspectos de la sociedad española, y conseguir una efectiva separación Iglesia y Estado es la Ley de asociaciones religiosas o "ley del Candado", que prohíbe el establecimiento en España de nuevas órdenes religiosas. El 12 de Noviembre de 1912 es asesinado Canalejas, lo que frustró los intentos regeneracionistas y agravó la situación en el partido liberal.

2ª Fase: Crisis del Sistema (1912-1917): Periodo caracterizado por la fragmentación de los partidos liberal y conservador. Influencia decisiva de la I Guerra Mundial. En noviembre de 1912 el Rey nombra a Romanones Jefe de G°, en lugar de cambiar de partido y convocar elecciones, lo que será criticado por Maura. En su breve gobierno (1912-1913) consigue que se apruebe la Ley de Mancomunidades.

En 1913 el Rey llama a gobernar al conservador Eduardo Dato (1913-1915), en lugar de a Maura, provocando su separación del partido conservador. También se produjeron escisiones en el partido liberal, por un lado los demócratas de García Prieto y por otro los autoritarios de Romanones. En 1914 se constituye la Mancomunidad de Cataluña, cuyo primer presidente será Prat de la Riba. En Julio de 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. España declara su neutralidad. Sin embargo, la prensa y la opinión pública española se dividió en dos bandos, los aliadófilos, partidarios de los países de la Entente (Inglaterra, Francia, Rusia), en general sectores identificados con ideas demócratas y socialistas; y los germanófilos, partidarios de Alemania y Austria, sectores más conservadores y de derechas.

La Guerra Mundial provocó un espectacular aumento de las exportaciones, creció la industria y se generaron grandes beneficios que enriquecieron a Bancos y sectores financieros. Pero, por otra parte, también hubo una gran carestía y una fuerte inflación. Terminada la contienda, al no haberse sabido administrar adecuadamente los beneficios de ese periodo de expansión, España se vio hundida en una tremenda crisis de gravísimas repercusiones: paro, subida de precios, congelación salarial, inflación. 1918 supuso también el fin del turno de partidos. En estos años se sucedieron diversos gobiernos liberales, conservadores y de concentración.

En un contexto de subida de precios generalizada a pesar de los grandes beneficios industriales derivados de la guerra mundial y la consiguiente agitación social con unos gobiernos ineficaces y los partidos divididos, en el verano de ese año van a coincidir tres conflictos concretos (militar, parlamentario y obrero) que son los que configuran la llamada crisis del 17 y que acabarán propiciando la desintegración del sistema.

3ª Fase de desintegración (1918-1923): Se caracteriza por la descomposición del sistema constitucional, la gran agitación social debida a la crisis económica y el agravamiento de la guerra de Marruecos. Este proceso culminará con el Golpe de Estado de Primo de Rivera en Septiembre de 1923.

Entre 1918 y 1923 se suceden gobiernos de corta duración (en total hubo 11), utilizándose con frecuencia la fórmula del Gobierno de Concentración, que es aquél que reúne a personalidades de distinto signo político, es decir, de distintos partidos; fórmula adoptada en momentos difíciles, para sacar adelante la situación. En España, a partir de 1918, la gran cantidad de problemas de toda índole que se sucedieron junto a la debilidad de los partidos, hizo necesario en varias ocasiones recurrir a esta fórmula política. Destacan los gobiernos de concentración de Maura de 1918 y 1921 en los que participó Cambó como ministro de Fomento.

Hacia 1919 hay un agravamiento de la situación social, coincidiendo con el fin de la Guerra Mundial que marca el inicio de un periodo de recesión económica: subida de precios de productos de primera necesidad (pan y aceite), empeoramiento de las condiciones de trabajo en el campo (se introduce el trabajo a destajo).

En Barcelona estalla la huelga de La Canadiense (5 de febrero de 1919) en protesta por unos despidos. La huelga se extiende, llegando a afectar al 70% de las empresas de Cataluña, paralizándose Barcelona y suspendiéndose el suministro de electricidad. Las medidas represivas del G° de Romanones no consiguen doblegar a los trabajadores; los empresarios deben negociar (18 de Marzo) y, a cambio de la readmisión de los despedidos, se suspende la huelga. Sin embargo algunos patrones no aceptan de buen grado estas condiciones, por lo que se inicia una nueva huelga general de protesta que despierta el pánico entre la burguesía que llega a organizarse en SOMATENES (grupos de autodefensa). En abril los patronos empiezan a ceder y la agitación cesa totalmente cuando el gobierno de Sánchez Toca decreta la jornada de 8 horas e instaura comisiones mixtas de trabajo (obreros y empresarios) para resolver los conflictos. Sin embargo, se endurece la política del gobierno y de la patronal en relación con los obreros y los sindicatos.

Desde 1921 se extrema la represión y la violencia social. Los empresarios recurren con frecuencia al "lock out" o cierre de empresas patronal y al pistolerismo, que con el apoyo de la policía asesinó a los principales líderes obreros. A estas agresiones los elementos más duros del anarquismo respondieron con atentados y sabotajes contra empresarios e industrias (acción directa). El general Martínez Anido, gobernador de Cataluña, decreta la Ley de Fugas, por la cual la policía puede disparar a matar a cualquier detenido que pretenda huir. Con este pretexto se inicia una matanza de sindicalistas.

El desastre de Annual en julio de 1921, en el contexto de la guerra marroquí, provocó una mayor tensión en la sociedad española y una fuerte crítica al ejército y a los políticos.

Durante los dos años siguientes se produce una escalada de violencia y se producen numerosos atentados de uno y otro signo contra políticos (el 2 de Marzo de 1922, asesinato de Dato) y contra sindicalistas ( asesinato del anarquista Salvador Seguí en 1923). Cada vez más voces se levantan a favor de una solución y, en el ejército se empieza a conspirar en la preparación de un golpe de estado que, finalmente llevará a cabo Miguel Primo de Rivera.

Republicanismo y desarrollo del movimiento obrero entre 1975 y 1923.

Además de los partidos "dinásticos" -Liberal-Conservador y Liberal-Fusionista-, existían en la España de la Restauración otras fuerzas políticas que, con muchas dificultades, intentaban participar en la vida parlamentaria. Las principales eran las que representaban los nacionalismos periféricos (catalán, con la Lliga Regionalista, y vasco, con el PNV), el movimiento obrero y el socialismo (PSOE), diferentes corrientes republicanas y los carlistas.

Republicanismo

El rasgo más característico del republicanismo en el periodo de la Restauración, fue su debilitamiento y división en multitud de tendencias más o menos diferentes. Los grupos republicanos estaban formados por intelectuales y profesionales de ideología variada, ya que entre ellos había federalistas (seguidores de Pi i Margall, mantenían posiciones cercanas al movimiento obrero y preocupación por la legislación social) y unionistas, krausistas y conservadores (como Castelar, que acabó por integrarse en el sistema canovista, mantuvieron su lucha por el reconocimiento pleno de las libertades democráticas. Tras el fracaso de la I República, los republicanos más prestigiosos tuvieron que exiliarse para, posteriormente, ir volviendo poco a poco al amparo de la ampliación de libertades.

En la década de los 90, se produjo el resurgimiento del republicanismo como opción política, debido a la implantación del sufragio universal y a que amplios sectores populares urbanos veían en el voto republicano la forma de oponerse al sistema. Aunque en la práctica estuvieran más cerca de opciones socialistas o anarquistas, identificaban la fórmula política republicana como la vía para la consecución de sus objetivos. A partir de las elecciones de 1891, consiguen representantes en las Cortes y en los Ayuntamientos. En las elecciones municipales de 1892, obtienen mayoría en Madrid y en otras ocho capitales de provincia.

Hasta 1923 se fueron creando diferentes partidos republicanos como la Unión Republicana, de Salmerón (1903), que colaboraría en Cataluña con Solidaridad Catalana, o el Partido Radical de Alejandro Lerroux, heredero del partido progresista radical de Ruiz Zorrilla (1908). Otro partido republicano fue el Partido Reformista, de Melquíades Álvarez y Gumersindo Azcárate (1913), integrado por bastantes intelectuales de la Institución Libre de Enseñanza (I.L.E.). Pero el problema fundamental del movimiento republicano fue la falta de unidad.

Movimiento obrero

Al comienzo de la Restauración el movimiento obrero que había ido desarrollándose, fundamentalmente en Cataluña y en Madrid, durante el Sexenio, fue prohibido y las organizaciones obreras existentes pasaron a la clandestinidad. En la última década del siglo XIX, el movimiento obrero experimentó un fuerte crecimiento debido a varias razones: la crisis económica de 1887, que empeoró las condiciones de vida y provocó numerosos despidos, y la libertad de acción y actuación legal de las organizaciones obreras. Los anarquistas se debilitaron bastante debido a la represión que desencadenó la persecución contra una supuesta organización anarquista secreta, "la mano negra", en 1883, así como a las disensiones internas de las organizaciones anarquistas.

Las movilizaciones obreras alcanzaron su punto culminante en 1890, año en que tuvo lugar la primera huelga general de la minería vizcaína a raíz del despido de varios trabajadores. A partir de ese año creció continuamente la implantación de sindicatos por todo el país, y el PSOE, por su parte, comen-zó a obtener concejalías en elecciones municipales de distintas zonas industriales. La movilización obrera consiguió que en los primeros años del siglo XX se aprobasen algunas leyes que mejoraban las condiciones jurídicas de los trabajadores: la Ley de Accidentes de Trabajo (1900), la de Protección a las Mujeres y Niños (1900), la creación del Instituto de Reformas Sociales (1903) y la fundación del Instituto Nacional de Previsión (1908).

La división de la I Internacional también repercutió en España, por lo que el movimiento obrero, a partir de este momento, estará escindido en dos tendencias: la anarquista y la socialista.

El Anarquismo

El pensamiento anarquista tiene su origen en las ideas de Bakunin y, en la versión que triunfó en España, basa sus principios en el rechazo de toda autoridad e institución estatal y su sustitución por colectivos sociales basados en la solidaridad y el apoyo mutuo. Este anarquismo colectivista rechaza también la propiedad privada y las clases sociales. Están en contra de la participación en las instituciones políticas mediante las elecciones y solo aceptan la acción sindical (anarcosindicalismo). Adoptaron dos formas distintas de lucha: la acción directa, en ocasiones violenta (atentados o sabotajes) o la vía pacífica, únicamente a través de la lucha sindical (huelgas y movilización de trabajadores).

En 1881 se constituye en Barcelona la Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE) que se expandió rápidamente por toda la geografía española, aunque las regiones de mayor implantación anarquista eran Cataluña, Aragón, Levante y Andalucía. En 1910 se creó la Confederación Nacional del Trabajo que en poco tiempo experimento un crecimiento espectacular llegando a los 715.000 afiliados en 1919. La C.N.T tendrá un importante papel en los acontecimientos el siglo XX (II República y Guerra Civil).

La participación de anarquistas en acciones violentas (atentados, bombas) y su constante presencia en huelgas y protestas obreras (especialmente durante el primer cuarto del siglo XX), provocó que fueran objeto de persecuciones y represión por parte del poder y que se identificara, erróneamente, a todos los anarquistas con la violencia.

Socialismo

El socialismo utópico (proudhoniano p. Ej.) había penetrado en sectores intelectuales españoles a lo largo del siglo XIX, pero el socialismo científico o marxista tiene su origen en España en 1870, en tomo a la Unión de tipógrafos de Madrid de la que formaba parte Pablo Iglesias. De este núcleo original se fundó, el 2 de Mayo de 1879, en la taberna Labra de Madrid, el partido socialista obrero español (PSOE). Las 25 personas iniciales que formaron el partido redactaron y aprobaron un programa con tres objetivos fundamentales: Abolición de las clases y emancipación de los trabajadores; Transformación de la propiedad individual en propiedad social o colectiva; La conquista del poder político por la clase trabajadora. Además se incluía una lista de reivindicaciones políticas y laborales del proletariado: la defensa de los derechos de la persona, de la enseñanza primaria gratuita y laica, la jornada de 8 horas, la prohibición de trabajo a los niños menores de 14 años, salario igual para hombres y mujeres, descanso de un día por semana, servicio militar obligatorio e igual para todos (no solo para el que no pudiera pagar la exención) y la modificación de los sistemas de arrendamiento de la tierra.

A lo largo de los años 80, fue creciendo el número de afiliados y se fue desarrollando su organización interna, basada en el sistema de Congresos, periódicos (El Socialista, 1886) para decidir la línea política y elegir a la dirección del partido. En 1888 se fundó el sindicato socialista UGT que asumió exclusivamente la función sindical y de reivindicaciones laborales mientras que el PSOE quedó como organización política constituyendo, por primera vez en España, un partido de la clase obrera que aspiraba a ejercer el poder. Desde 1890 se comienzan a presentar a las elecciones políticas (generales y municipales) y, en 1891, consiguen sus primeros concejales en las grandes ciudades. En 1910, en coalición con los republicanos, consiguen su primer diputado en el Congreso (Pablo Iglesias).

El socialismo estaba implantado fuertemente en Madrid, Asturias, País Vasco y zonas urbanas de Andalucía. Su crecimiento fue muy rápido. En 1913 el PSOE tenía 14.000 militantes y el crecimiento de la UGT aún fue mayor 150.000 afiliados en 1913 llegando a 211.000 en 1920.

Posteriormente a 1917, tras la Revolución Rusa, se producirá la escisión de los "Terceristas" o partidarios de la III Internacional comunista (KOMINTERN), surgiendo, en 1921, el Partido Comunista de España.

Sindicalismo Católico

También intentan organizarse asociaciones obreras de inspiración católica que hacían una crítica de las injusticias del capitalismo pero rechazaban el socialismo y orientaban los intentos de mejora de las condiciones de vida de la clase obrera de acuerdo con las enseñanzas de los evangelios. Tuvo muy poco arraigo porque era difícil que los obreros y jornaleros relacionaran al catolicismo con las reformas sociales, dado el papel que había jugado la Iglesia en todos los años anteriores. Solo en Castilla y León, Navarra o Galicia llegó a tener una cierta implantación la Confederación Nacional Católica Agraria (CONCA), pero a pesar de que decía defender los intereses de los trabajadores, estaba presidida por un miembro del partido conservador y, entre sus dirigentes, había varios miembros de la nobleza.

Las diferentes formulaciones del regionalismo y del nacionalismo entre 1875 y 1923. Sus consecuencias políticas.

Durante la Restauración va a aparecer un fenómeno nuevo en la política nacional, el sentimiento regionalista o nacionalista que se manifiesta en determinados puntos de la geografía española. En estos lugares existe desde muy antiguo una cierta "conciencia de particularidad regional" que desde siempre se habían intentado mantener frente al creciente proceso de centralismo castellano, que afecto especialmente a Cataluña desde 1714 (Decretos de Nueva Planta, época de Felipe V). Esta "conciencia diferencial" tiene su expresión en unas arraigadas tradiciones locales y en la conservación de una lengua propia, Las transformaciones económicas producidas desde mediados del siglo XIX habían acentuado aun más los contrastes entre las provincias periféricas más industrializadas (Cataluña y el País Vasco especialmente) y la España interior, fundamentalmente rural.

El Regionalismo catalán

Fue el primero en aparecer en estos años, debido a dos factores: la defensa de los intereses económicos y la salvaguarda de su originalidad cultural y lingüística. Los catalanes eran conscientes de un desarrollo económico más rápido en su región que en el resto del país. Querían proteger a sus productos de la competencia extranjera y de ahí la defensa de los aranceles proteccionistas frente a las medidas librecambistas de los distintos gobiernos liberales. En relación con el segundo de los factores, a partir de mediados de siglo se había iniciado una renovación cultural, la Renaixença, que supuse la revalorización de la lengua catalana como vehículo de cultura y la reivindicación del pasado histórico. Esto provoca que el sentimiento de la personalidad catalana se haga más vivo.

Sin embargo hasta 1830 el catalanismo no se manifiesta como una fuerza política con objetivos concretos. Valentín Alairall (1841-1904), director del "Diari Catalá" y seguidor de las ideas federalistas de Pi y Margall, fue el primero en darse cuenta de la necesidad de un partido político catalán que diese unidad y contenido al movimiento. Por ello fundo el Centre Catalán, en el que se redacto el "Memorial en defensa de los intereses morales y materiales de Cataluña" que fue presentado al Rey Alfonso XII en 1885 por Almirall y otros miembros de su intelectualidad catalana como Jacinto Verdaguer y Ángel Guimerá.

Pero no era fácil hacer un partido nacionalista de izquierdas, pues en su mayoría la izquierda representaba a la clase obrera y esta estaba más interesada en la mejora de sus condiciones de vida y trabajo. Durante la Regencia, aparece la figura de Enric Prat de la Riba (1870-1917), que representa el pleno desarrollo del nacionalismo catalán. En 1887 había fundado la LLiga de Catalunya que representaba a la burguesía catalanista y conservadora. En 1891 se crea la Unió Catalanista (fruto de la unión de la Lliga y el Centre Catalán), su primer secretario general será Prat de la Riba y el programa político de este nuevo partido se redacto en 1892 y se conoce como las Bases de Manresa que significan una nueva etapa para el nacionalismo catalán. Estas bases defendían una España federal en la que Cataluña tuviese pleno dominio sobre su administración interna.

El conflicto cubano y la crisis del 98.

En el último tercio del siglo XIX los restos del imperio colonial español ultramarino en el Caribe y el Pacífico se independizaron de España. En la misma época, las potencias europeas acordaban adueñarse de gran parte del planeta en la Conferencia de Berlín (1885). Esto pone de manifiesto la debilidad y escaso peso de España en el contexto internacional y, por otra parte, será la causa de una profunda crisis ideológica y moral en la sociedad española de finales de siglo.

Los comienzos del proceso independentista

En 1868 comenzaron en Cuba los movimientos autonomistas: una sublevación popular dirigida por Manuel de Céspedes ("grito de Yara") dio comienzo a la lucha. Las reivindicaciones se centraban en la exigencia de la abolición de la esclavitud en las plantaciones e ingenios azucareros y en la exigencia de autonomía política, similar a la que en aquellos momentos defendían los republicanos federales en la metrópoli.

La guerra de los Diez Años duró hasta 1878 y concluyó con la Paz de Zanjón, por la que el General Martínez Campos se comprometió a conceder a Cuba formas de autogobierno. Surgió entonces el Partido Liberal Cubano, que representaba a sectores de la burguesía criolla. Frente a ellas, otro sector que agrupaba a los latifundistas azucareros se oponía a todo tipo de reformas. En Puerto Rico se produjo un proceso similar. Los resultados de la Paz de Zanjón fueron escasos: solamente se consiguió la abolición formal de la esclavitud en 1873, con la Primera República.

En la década siguiente se frustraron las aspiraciones autonomistas por la reacción de la oligarquía azucarera y los Círculos Ultramarinos agrupados en la Liga Nacional.

En España, el debate político sobre las relaciones con Cuba dividió a las fuerzas políticas en dos bandos. Por un lado, los conservadores de Cánovas mantuvieron una postura de apoyo a la oligarquía cubana y los grupos empresariales españoles que mantenían sustanciosos negocios con la isla, especialmente los textiles de Cataluña y los harineros castellanos. Este grupo se oponía radicalmente a cualquier cambio político y pretendía mantener una relación puramente de explotación colonial.

Frente a ellos, la izquierda y especialmente los federales apostaban por conceder a la isla su pleno reconocimiento como parte de España y otorgarle un estatuto de autonomía. De hecho, el proyecto federal que se presentó en 1873, durante la Primera República, consideraba a Cuba y Puerto Rico como un estado más de los 17 en que se debería organizar la federación española. A estas posiciones se fueron sumando dirigentes del partido liberal-fusionista de Sagasta, cuyo gobierno de 1893 presentó un proyecto de ley por medio de Antonio Maura que fue rechazado por el parlamento español.

La radicalización independentista

En 1892, José Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano, partidario de la independencia, y en Filipinas José Rizal fundó la Liga Filipina. La propuesta de una nueva ley de autonomía para Cuba de 1895 llegó tarde, y a partir de ese año la guerra se recrudeció bajo la dirección de José Martí, Máximo Gómez y Antonio Maceo. La llegada desde España del general Weyler, que puso en práctica una política represiva muy dura, no impidió el desarrollo de la lucha.

En Filipinas, el general Polavieja capturó y ejecutó a Rizal, pero un nuevo líder, Emilio Aguinaldo, mantuvo la insurrección obligando al gobierno español a enviar nuevos contingentes militares al mando del general Fernando Primo de Rivera.

En 1897, líderes independentistas de Cuba y Filipinas se encontraban ya en estrecho contacto con los norteamericanos. El gobierno de Sagasta llegó al convencimiento de que era necesario reconocer una amplia autonomía, pero en esos momentos se produjo la implicación directa de los Estados Unidos en el conflicto. Las campañas de prensa de Hearst y Pulitzer movilizaron a la opinión pública en contra del colonialismo español. En febrero de 1898, la voladura del acorazado Maine fue el pretexto para una declaración de guerra que se desarrolló en el Caribe y en Filipinas.

Las tres derrotas de Cavite y Manila en Filipinas, y Santiago en Cuba, abocaron a la citada Paz de París. España perdió los restos de su imperio colonial ultramarino en favor de Estados Unidos que se adueñó de Puerto Rico y Filipinas y ocupó Cuba. Por un tratado hispano-alemán, en 1899 se vendieron a ese país las Marianas, Carolinas y Palaos. En 1900, un nuevo tratado hispano-norteamericano establecía la venta de las pequeñas islas de Joló.

Las consecuencias: la crisis del 98

La pérdida de los restos del imperio produjo una conmoción intensa en la sociedad española. Políticos e intelectuales de la talla de Silvela y Joaquín Costa promovieron una profunda revisión de la situación de España. El "desastre del 98" tuvo importantes repercusiones:

• En el aspecto demográfico, a pesar de las numerosas pérdidas humanas -más de 40.000 muertos-, las guerras de Cuba y Filipinas no supusieron graves pérdidas de población por el retorno de emigrados.

• En el ámbito económico hubo un doble efecto. Por un lado, la destrucción de recursos fue enorme, incluidos numerosos barcos de la armada, por otro, los gastos fueron muy elevados, pero en gran parte fueron sufragados con emisiones de deuda publica que tuvieron siempre alta cotización y produjeron sustanciosos beneficios a los inversores; además, algunos sectores productivos mejoraron sus niveles de producción, como las fábricas de armas ligeras y exportadores de alimentos. Por otra parte, tras la pérdida de las colonias hubo una repatriación de capitales que mejoró la balanza de pagos de manera importante.

• En lo ideológico, se produjo una crisis de la conciencia nacional que se expresaría a través de la obra crítica de grandes escritores (Unamuno, Baroja, Maeztu, etc.: la llamada "Generación del 98").

• En lo político, se creó la conciencia en los partidos dinásticos de que era necesario un esfuerzo de modernización del país con fuerte intervención del Estado. Esas propuestas de reforma y modernización política dieron lugar al llamado "regeneracionismo", actitud que mantuvieron tanto conservadores como liberales, de manera que la nueva generación de políticos que sustituyeron a Cánovas (asesinado en 1897) y a Sagasta (muerto en 1903) acometieron numerosas reformas sociales. Moret, Fernández Villaverde y, sobre todo, Maura y Canalejas, representaron esa política "regeneracionista" que duraría dos décadas.

• Finalmente, hay que hacer constar que los nacionalismos periféricos en la Península adquirieron mayor empuje y protagonismo a raíz de estos hechos.

El llamado ''desastre" demostraba, en conclusión, las limitaciones del régimen de la Restauración para afrontar los problemas de la modernización y el progreso de España y señalaba las cuestiones y problemas sociales que iban a marcar la historia del siglo XX.

La cuestión marroquí y sus implicaciones sociopolíticas (1898-1923)

La política africanista emprendida por España a principios de siglo quedaba encuadrada en tres coordenadas: el peso del 98, la tradición histórica española en el norte de África y la rivalidad colonial anglo-francesa.

Tras el "desastre" se manifestaban en España dos posturas sobre la cuestión colonial: una corriente anticolonialista y antimilitarista sostenida por la izquierda y el republicanismo, y otra partidaria de volver a iniciar una expansión colonial al igual que las potencias europeas. En el siglo XIX, Ceuta y Melilla dieron ocasión a que España participara en acciones bélicas: la guerra de África de 1859-1860 giró en torno a Ceuta, con el general Prim como principal protagonista, y la de 1893, y que acabó en un Tratado hispano-marroquí firmado en Sevilla en 1894, en torno a Melilla.

A comienzos del siglo XX, España colaboraría con Francia en su expansión en el África Occidental, mientras otras potencias, como Inglaterra o Alemania, entraban en juego para evitar el dominio francés del Mediterráneo desde las costas de África. Por el Tratado de Algeciras (1906), Francia colaboró con España para garantizar las fronteras del enclave español en el golfo de Guinea y del territorio sahariano de Río de Oro (más tarde, Sahara español). Fueron, por tanto, la presencia francesa y la amenaza de participación de Alemania, y no la idea de "misión histórica" en África, las que llevaron a España a las campañas de Marruecos en las siguientes décadas.

La opinión pública estaba mayoritariamente en contra de estas aventuras coloniales, pero estaban por medio muchos intereses económicos, entre los cuales la minería y la construcción de ferrocarriles eran los incentivos más poderosos para la oligarquía financiera de la Restauración que deseaba resarcirse de las pérdidas coloniales. El capitalismo financiero español había obtenido la explotación de un mineral de hierro de alta calidad en el Rif.

La penetración en Marruecos

Desde 1904, la penetración española en Marruecos había sido "pacifica", y se había producido mediante pactos individuales con las cabilas. En 1909 la situación cambió -guerra de Melilla, que provocó la Semana Trágica de Barcelona- y el gobierno intentó proteger militarmente los intereses económicos españoles ante los ataques de las cabilas insumisas contra el avanzado estado de las obras publicas destinadas a conectar los criaderos de mineral de hierro con el puerto de aquella ciudad. Después de 1912 fueron continuas las presiones militares que consideraban imprescindible someter y "pacificar" el territorio.

Annual

En 1919, terminada la Primera Guerra Mundial, Francia intensificó su acción apuntando la amenaza de instalarse en toda la región sin respetar sus pactos anteriores con España. En respuesta a ello, y también en 1919, el gobierno español inició una especie de carrera de toma de posiciones desde las bases de Ceuta y Melilla. Pero en Marruecos repercutió también el fin de la Gran Guerra porque apareció un nacionalismo revolucionario dirigido por Abd-el-Krim, que se iba a enfrentar simultáneamente con la autoridad "oficial" del sultán y con la administración española.

La guerra llegó en 1921 y con ella el desastre de Annual. Fue el resultado trágico de un esfuerzo por establecer un protectorado que había venido incidiendo negativamente en la economía, en la sociedad y en la política desde 1904.

En 1920 el general Fernández Silvestre realizó avances desde Melilla hacia el interior de la zona oriental del protectorado. El general Dámaso Berenguer, por su parte, penetró desde Ceuta hasta Xauen durante los años 1919 y 1920. Sin embargo, en realidad no había una acción coordinada entre ambos generales. En enero de 1921, Silvestre ocupó Annual y Sidi Dris marchando directamente hacia Alhucemas. Se produjo un ataque marroquí a la posición de Abarran, que acababa de ser ocupada por Silvestre en junio de 1921. En dicho ataque prácticamente perecieron los 300 soldados que habían quedado como guarnición. Inmediatamente comenzó la ofensiva rebelde -desencadenada desde Alhucemas por Abd-eI-Krim- sobre Igueriben y Annual. Alrededor de 14.000 hombres murieron en la llanura que se extiende desde Annual hasta Nador, en las puertas de Melilla.

Las consecuencias de Annual fueron profundas. En el mismo mes de agosto de 1921 se designó al general Picasso para que abriera un expediente gubernativo sobre las responsabilidades de los mandos en la derrota de Annual. Importante consecuencia de la guerra y de Annual fue el descrédito final de los militares y las juntas militares de defensa, cuando en el juicio salieron a relucir la corrupción y la irresponsabilidad de la oficialidad del ejército, especialmente de los "africanistas".

En 1925, ya en plena dictadura de Primo de Rivera, tuvo lugar una operación militar de envergadura, el desembarco de Alhucemas, que finalmente, con la colaboración de Francia, consiguió derrotar a Abd-el-Krim, asegurando ya para el futuro el control militar del protectorado.

La crisis de 1917.

La Primera Guerra Mundial y su impacto en España

Los años de la Gran Guerra (1914-1918) fueron decisivos por la neutralidad de España ante el conflicto y porque 1917 se convirtió en un año esencial para la descomposición del sistema político de la Restauración.

La guerra comenzó en julio de 1914 y a los dos días se publicó el Decreto de Neutralidad y de No-intervención. El conflicto, sin embargo, dividió y enfrentó a los españoles en dos bandos, aliadófilos y germanófilos, y produjo una gran alteración económica, que trajo serias consecuencias.

Los negocios derivados de la neutralidad enriquecieron desmesuradamente a unos y hundieron en la miseria a la mayoría. De ahí que las fortunas reunidas con rapidez pasaran a ser el eje del comentario de la vida nacional. El aumento de la demanda exterior provocó una aguda inflación y una carestía que afectó de modo especial a las clases obreras, de modo que puede decirse que con el transcurso de la guerra fue empeorando la situación del país precisamente porque fueron aumentando las diferencias entre las clases. El rapidísimo enriquecimiento de unos pocos provocó el malestar y la indignación de las clases trabajadoras, que apoyaron la radicalización del sindicalismo a consecuencia de la subida de los precios básicos y de la especulación industrial y comercial.

En el verano de 1917 se produjo una crisis general que debilitó ya definitivamente el régimen de la Restauración. Coincidieron tres revoluciones: una "revolución" de los militares, otra de la burguesía y una última del proletariado.

Las juntas de defensa

Los oficiales se organizaron para reforzar su influencia en el Estado y mejorar sus ingresos. Surgieron unas juntas de defensa para ejercer presión. Sus objetivos eran oponerse al ascenso por méritos de guerra; solicitar una subida de los sueldos (máxime cuando eran evidentes las diferencias con los de Marruecos); enfrentarse a los políticos parlamentarios, quienes aparecían como responsables de las medidas, y exigir que los gobiernos y el pueblo tuvieran mas respeto al Ejército.

El resultado fue la Ley del Ejército de junio de 1918, que determinó la subida de los sueldos y la regulación de los ascensos por una Junta de Clasificación, que, evidentemente, frenaba los ascensos espectaculares.

La Asamblea de Parlamentarios

Fue el segundo capitulo de la crisis de 1917. Las Cortes estaban cerradas desde febrero por miedo del Gobierno a que se plantearan los problemas, y había tantas cuestiones que solucionar, que Cambó, jefe de la Lliga y de la burguesía política catalana, decidió solicitar la apertura de las Cortes para tratar el tema de las Juntas de Defensa. En caso de recibir respuesta negativa, Cambó planteaba que había que constituir una Asamblea de Parlamentarios para imponer un gobierno de concentración con las fuerzas más representativas, y así salvar al país. El Gobierno no atendió a la petición de que se abrieran las Cortes, y a primeros de julio se reunieron en Barcelona cincuenta y nueve diputados y senadores catalanes para señalar que la situación no podía continuar así. El Gobierno disolvió la Asamblea, tachándola de separatista. En los meses siguientes, la fuerza de la Asamblea se fue diluyendo porque ni las citadas Juntas de Defensa ni las derechas aceptaron colaborar. Además, influyó mucho el miedo a la revolución social puesta en marcha con la huelga general de agosto.

La huelga general

Fue convocada en agosto por las razones apuntadas antes sobre el malestar social. En mayo de 1916, el Congreso de la UGT había propuesto una huelga general política para alcanzar con la unión de los partidos republicanos, la salida del rey y la formación de un gobierno provisional. La UGT y la CNT (Confederación Nacional del Trabajo, anarquista) iniciaron sus contactos para pedir al Gobierno respuesta a varios asuntos concretos, entre los cuales el principal era el abaratamiento de las subsistencias. En diciembre ya había existido un intento de huelga general de 24 horas que alcanzó cierto éxito. Dato sustituyó a Romanones en junio de 1917 y no se consideró en la obligación cumplir las promesas de su predecesor. Entonces los sindicatos ratificaron su decisión de llevar a cabo una huelga general que sería pacífica, extendida por todo el país y que se prolongaría lo que fuera necesario.

Comenzó en Valencia con una huelga de ferroviarios y tranviarios que acabó con despidos masivos. Durante el mes de agosto se produjeron huelgas en las principales poblaciones industriales; los huelguistas se enfrentaron al Ejército, hubo muertos y heridos en Madrid, Barcelona y en las regiones industriales de Vizcaya y Asturias.

Pese a la durísima actitud del Ejército, la huelga tardó en ser dominada; en Barcelona, por ejemplo, duró diecisiete días. El factor esencial fue la colaboración del Ejército con el Gobierno en la represión del movimiento.

En conclusión, las convulsiones de 1917 y los acontecimientos que como consecuencia en gran medida del impacto de la Gran Guerra se desarrollan entre aquella fecha y el verano de 1923, supondrán la quiebra definitiva de la monarquía liberal parlamentaria. La Dictadura del general Primo de Rivera, la caída de la propia monarquía y la proclamación de la Segunda República, constituyen las principales derivaciones de dicha quiebra.

Orígenes y acción de la Dictadura de Primo de Rivera. El desarrollo de la oposición al régimen y el hundimiento de la Monarquía.

Desde 1917, el régimen de la Restauración se encontraba sumido en una crisis definitiva. En los años siguientes fue muy difícil formar mayorías estables en el Parlamento, lo que ocasionó numerosas crisis de gobierno a pesar de formarse "gobiernos de concentración". Aumentó la conflictividad social (huelgas generales de jornaleros, escisión en el PSOE con el surgimiento del PCE, pistolerismo patronal y reacción armada de los anarcosindicalistas, etc.).

En esta situación se produjo en 1921 el "Desastre de Annual", lugar de Marruecos en que perdieron la vida 12.000 soldados españoles. El jefe de gobierno, Dato, fue asesinado ese mismo año. En septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña Miguel Primo de Rivera tomó el poder mediante un golpe de estado, que fue reconocido por Alfonso XIII, quien le encargó formar gobierno sin contar con el Parlamento.

El Directorio Militar

Primo de Rivera -que afirmaba que su gobierno sería una etapa transitoria- suspendió la Constitución y prohibió la actividad de los partidos políticos y sindicatos. Todo el poder quedó en sus manos como dictador, rodeado de un consejo asesor de generales. El gobierno se ejercía mediante decretos y los gobernadores civiles fueron sustituidos por militares. La institucionalización de la dictadura se llevó a cabo con la promulgación de un Estatuto Municipal y la creación de un partido político adicto al general, la Unión Patriótica (1924).

La burguesía apoyó sin reservas al nuevo régimen, e incluso la UGT le prestó cierta colaboración. En los tres primeros años se llevó a cabo una política de saneamiento económico, atracción de inversiones y obras públicas, favorecida por la expansiva coyuntura económica internacional.

En el exterior, el éxito más notable fue el desembarco de Alhucemas en 1925. que supuso el control de una amplia zona de Marruecos, tras la derrota de Abd el Krim.

El Directorio Civil

A raíz de los éxitos económicos y políticos, Primo de Rivera intentó consolidar el régimen a imitación del fascismo italiano y, además de la Unión Patriótica como partido único, impulsó la creación de las "corporaciones" (asociaciones verticales de patronos y obreros de un mismo ramo) para sustituir a los sindicatos. En 1927 creó una Asamblea Nacional corporativa en la que estarían representantes de esas corporaciones.

En esta etapa colaboran en diversos ministerios representantes de la burguesía, como el Conde Guadalhorce y José Calvo Sotelo, quienes impulsan la ejecución de obras públicas, el saneamiento de la Hacienda y la creación de algunos monopolios estatales en servicios públicos (CAMPSA. Telefónica, etc.).

Pero la dictadura no llegaría a institucionalizarse. Solo en 1929, se iniciaron los trabajos para redactar una nueva constitución que pudiese consolidar legalmente al régimen.

La oposición y la caída de la dictadura

A partir de 1927 había crecido la oposición a la dictadura de Primo de Rivera: la burguesía catalana comenzó a retirarle su apoyo por la falta de autonomía, sectores del ejército conspiraban, descontentos por el favoritismo hacia los militares africanistas y las sanciones al Cuerpo de Artillería. Las universidades y una mayoría de los intelectuales influyentes exigían el retomo a las libertades constitucionales y denunciaban el apoyo del dictador a la Iglesia. Hubo importantes revueltas estudiantiles en 1928 y 1929; Miguel de Unamuno, uno de los intelectuales más prestigiosos, fue desterrado a Fuerteventura. El anarquismo se reorganizaba creando la FAI (1927). Además, la etapa de la expansión económica tocó a su fin con la crisis general de 1929 (caída del comercio exterior, inflación, paro, etc.).

En estas condiciones, Primo de Rivera presentó su renuncia al rey en enero de 1930. Este encargó formar gobierno al general Berenguer, reponiéndose la vigencia de la Constitución y entrándose en una etapa confusa en la que no se logró la estabilidad política y social.

La complicidad del rey Alfonso XIII con la dictadura posibilitó el crecimiento del sentimiento republicano. Personalidades muy importantes como Ortega y Marañón se proclamaban abiertamente republicanos y fundaban la Agrupación al Servicio de la República. En agosto de 1930, las principales fuerzas políticas suscribieron un pacto ("Pacto de San Sebastián") para promover el establecimiento de una república. En este pacto se encontraban republicanos históricos, regionalistas catalanes, socialistas e incluso algunos relevantes líderes que habían sido partidarios de la monarquía, como Niceto Alcalá Zamora. Surgieron dos líneas de actuación: la revolucionaria (sublevación de Jaca) y otra política que, con una gran campaña de prensa y mítines logró arruinar el prestigio de la monarquía.

En el ejército, sectores de la oficialidad impacientes se sublevaron pretendiendo imponer la república mediante un golpe de fuerza. Fue la sublevación de Jaca, en diciembre de 1930, que fracasó y cuyos líderes, los capitanes Galán y García Hernández, fueron fusilados.

Mientras, para los gobiernos de Berenguer y de Aznar el objetivo prioritario era organizar un escalonado proceso electoral que culminase en unas cortes constituyentes y que, a la vez, permitiera otorgar el necesitado consenso al régimen monárquico. Según el procedimiento establecido había que empezar por unas elecciones municipales que sustituyeran a los ayuntamientos de la dictadura para luego llegar a las elecciones a Cortes.

En esta situación, la convocatoria de elecciones municipales en abril de 1931 fue la ocasión para que las fuerzas republicanas se organizasen y el 14 de abril obtuviesen un gran triunfo en las ciudades. De esa manera, las elecciones municipales se convirtieron en un plebiscito sobre la permanencia de la monarquía con resultado contrario al deseado por el gobierno. La República se proclamó el 14 de abril de 1931. El ejército se negó a prestar apoyo a Alfonso XIII, que tuvo que exiliarse.

Bases socioculturales y fuerzas políticas en la instauración de la II República

La II República puede ser proclamada gracias a la mayoría de concejales republicanos en los municipios urbanos elegidos en las elecciones del 12 de abril de 1931. La República fue proclamándose por todo el país el 14 de abril, sin oposición del Gobierno, consciente de que era la voluntad nacional. Romanones, ministro de Gobernación, recomendó al Rey que abandonara el país y éste partió para Marsella.

El Gobierno provisional que se formó estaba compuesto por miembros de todas las fuerzas progresistas del país (presentes todas ellas en el Pacto de San Sebastián): Derecha liberal republicana, Alcalá Zamora (Presidente) y Miguel Maura (Gobernación); Acción republicana, Manuel Azaña (Guerra); Partido radical, Lerroux (Estado); Partido radical socialista, Álvaro de Albornoz (Fomento) y Marcelino Domingo (Instrucción Pública); PSOE, Fernando de los Ríos (Justicia), Francisco Largo Caballero (Trabajo) e Indalecio Prieto (Hacienda);Partido republicano catalán, Nicolau d'Olwer (Economía); ORGA, Casares Quiroga (Marina). Este Gobierno pretendía modernizar el país por la vía democrática y asumieron como función prioritaria asentar la naciente República hasta el momento de convocar Cortes constituyentes. De esta manera, el bloque oligárquico es desplazado del poder por las clases medias, a las que pertenecían la mayoría de los miembros del Gobierno provisional. Se originan a partir de entonces una serie de problemas, como la fuerte oposición de la oligarquía y la Iglesia (la "defensa de la religión" fue utilizada como propaganda antirrepublicana); la poca organización de las clases medias y la falta de experiencia en el ejercicio del poder les impiden solucionar los problemas del país; los sectores populares (campesinos y obreros) fueron tomando posturas de oposición ante la lentitud de las reformas; y tampoco la coyuntura internacional era favorable para la República: la crisis económica producida por el crack del 29 y la debilidad de los sistemas democráticos a favor de los totalitarismos la perjudicaron.

Aún así, el Gobierno inició una serie de reformas que no podían esperar. Se elaboró una legislación agraria, a cargo de Largo Caballero, que trataba de fijar unas condiciones mínimas y garantizar el trabajo ante el paro creciente, pero estas medidas fueron interpretadas por los propietarios como un atentado contra sus derechos. Manuel Azaña se encargó de la cuestión militar y sus intentos de modernización de las fuerzas armadas provocaron la oposición de jefes y oficiales y fueron vistas como un atentado contra sus derechos y una represalia por su papel en la Dictadura. Marcelino Domingo emprendió una importante legislación educativa. Una de las medidas adoptadas fue la decisión de impartir una educación laica. Esto, junto al abandono de financiación de la Iglesia, provocó un enfrentamiento que ensombreció el comienzo de la República. Los días 11 y 12 de mayo se desencadenó una quema de conventos en diferentes ciudades que supuso un duro golpe a la imagen de la República. En cuanto a la cuestión regionalista se desarrolló un proceso conducente a la aprobación de proyectos de Estatuto de Autonomía. En Cataluña, impulsado por Maciá, el proyecto tuvo la mayor parte de la aprobación mientras que el proyecto vasco, excesivamente religioso y conservador, no tuvo éxito.

Condicionamientos, conflictos y etapas de la II República.

En las elecciones municipales celebradas en abril de 1931, la victoria electoral de las candidaturas republicanas en las ciudades trajo consigo la caída de la monarquía. El cambio de régimen se realizó sin derramamiento de sangre el 14 de abril de 1931, tras la proclamación de la República en Madrid, Barcelona y otras capitales españolas.

Se formó un gobierno provisional presidido por Niceto Alcalá Zamora, firmante del Pacto de San Sebastián, en el que predominaban fuerzas de la burguesía reformista y del movimiento obrero (PSOE) y del que formaban parte representantes de las fuerzas firmantes del Manifiesto a la Nación que en 1930 abogaba por la instauración de la República.

El Gobierno convocó elecciones legislativas en las que triunfaron los partidos republicanos y el PSOE. Este parlamento constituido en junio tomó como primera tarea la elaboración de una nueva constitución.

Los condicionamientos de la II República

En el contexto internacional, una situación internacional de profunda depresión derivada del "crack del 29", si bien la economía española apenas experimentó al principio la recesión, en primer lugar gracias a la depreciación de la peseta, que impidió el hundimiento de precios; y en segundo lugar, porque la española era una economía semicerrada, con una débil relación con los circuitos financieros internacionales.

No obstante, la situación económica interna estaba caracterizada por el estancamiento, insuficiente en el momento en el que el Gobierno republicano se disponía a emprender profundas transformaciones para modernizar el país.

Hubo de esta forma dos factores claramente negativos. En primer lugar, la crisis del comercio exterior, al caer tanto las exportaciones como las importaciones debido a las medidas proteccionistas de otros países. Y en segundo lugar, un aumento claro y creciente del paro. El paro constituyó el problema clave del país y unas de las causas principales de la permanente conflictividad de la II República.

El bienio republicano-socialista (1931-1933)

La nueva constitución republicana fue aprobada en diciembre de 1931 y en ella se configuraba España como una "república de trabajadores de toda clase" y como un Estado único compatible con la autonomía de las regiones. Se implantó el sufragio universal -por primera vez incluido el voto femenino- y un Parlamento unicameral. Las primeras elecciones dieron la mayoría a los partidos republicanos de izquierda y al PSOE, que fue el partido más votado. Este Gobierno puso en marcha durante dos años, frente a la oposición de la derecha confesional católica y grandes movilizaciones de los sindicatos obreros, una serie de profundas reformas. La cuestión religiosa se planteó estableciendo la separación clara entra la Iglesia y el Estado -laicismo-, decretándose la disolución de la Compañía de Jesús por anticonstitucional, suprimiéndose el presupuesto del clero, apartándose a las órdenes religiosas de la enseñanza, introduciéndose el divorcio, el matrimonio civil y los cementerios civiles, y aprobándose una Ley de Congregaciones Religiosas (1933) restrictiva. La reforma militar supuso el retiro, manteniendo sus sueldos, de una parte del excesivo número de oficiales con que contaba el Ejército, y la creación de una nueva policía civil, la Guardia de Asalto. La cuestión regional se abordó otorgándose a Cataluña (1932) su estatuto de autonomía e iniciándose el proceso hacia la autonomía en otras regiones y nacionalidades. La educación recibió un gran impulso y durante ese período se construyeron cerca de 7.000 escuelas y se amplió el presupuesto. La reforma agraria fue otro gran objetivo: se creo el Instituto de Reforma Agraria y se inició la expropiación de fincas (previa indemnización) para entregar a los campesinos.

Pero la crisis social era muy fuerte y las movilizaciones campesinas, organizadas sobre todo por la CNT, presionaban al Gobierno, dando lugar a enfrentamientos como los sucedidos de Casas Viejas (Cádiz) o Arnedo (Rioja). Por otra parte, la derecha intentó una sublevación militar en agosto de 1932 (general Sanjurjo en Sevilla), que fracasó.

El bienio derechista

A finales de 1933, el presidente Alcalá Zamora disolvió el Parlamento y convocó elecciones legislativas, que fueron ganadas por los partidos de centroderecha. La abstención promovida por los anarquistas y el voto femenino fueron causas del triunfo derechista. Las derechas acudieron unidas en la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), presidida por Gil Robles, y consiguieron algunos diputados más que el Partido Radical de A. Lerroux. La coalición de ambos formó gobierno y comenzó una política de paralización de las reformas del bienio anterior. Inestabilidad y violencia fueron las notas de ese período.

En octubre de 1934 estalló una insurrección violenta que pretendía la continuación de las reformas sociales y detener el avance del fascismo, Participaron en ella un sector amplio del PSOE y la UGT, grupos anarquistas y fuerzas catalanistas. Hubo levantamientos y luchas en Madrid y numerosas ciudades, pero donde tuvo más eco fue en Cataluña, donde Companys proclamó el Estado Catalán en la República Federal Española, y en Asturias, donde los obreros tomaron el poder. La "revolución" fue aplastada por los militares y la represión fue durísima, con 30.000 encarcelados. La política reaccionaria de la CEDA se recrudeció en los meses siguientes.

El Frente Popular

Debilitado el Gobierno por numerosos escándalos y por la oposición política, Alcalá Zamora convocó nuevas elecciones para febrero de 1936. Las fuerzas republicanas, nacionalistas y de izquierda se coaligaron en el Frente Popular, cuyo programa consistía en volver a las reformas del primer bienio. En esta ocasión, la derecha apareció dividida entre la CEDA, el Bloque Nacional (Calvo Sotelo) y el Partido Radical, además de un partido de corte fascista, la Falange Española de las JONS.

Las elecciones dieron el triunfo al Frente Popular por amplia mayoría. Pero el país entró en una tase de enfrentamientos: sectores de la derecha participaban en una conspiración con elementos militares, carlistas, falangistas, etc. Se produjeron numerosos atentados obra de pistoleros de Falange y, a veces, de grupos de extrema izquierda. En estas condiciones, el Gobierno intentó continuar las reformas. Manuel Azaña desplazó a Alcalá Zamora en la presidencia de la República.

En julio, tras el asesinato del teniente Castillo, de la Guardia de Asalto, fue asesinado en respuesta el líder de la derecha José Calvo Sotelo. Unos días más tarde estallaba la sublevación militar que conduciría a la Guerra Civil.

Realizaciones políticas sociales y educativas en la II República. La vida cultural.

El mayor número de reformas se llevaron a cabo en el primer bienio. Son:

Reforma Militar

Desde el Desastre de 1898, dentro del Ejercito existían una serie de problemas, en entre los que se destacan: el elevado numero de mandos militares en relación al numero de soldados y los escasos recursos bélicos con los que contaba el ejercito español. Ante esta situación. Azaña, Ministro de la Guerra y presidente de Gobierno, decide tomar una serie de medidas para profesionalizarlo, entre las que se encuentran: Ofrecer el retiro a los mandos militares que lo deseen; eliminación de los grados de capitán y teniente general; eliminar todas las jurisdicciones militares; reorganizar el sistema de acceso al ejercito; exigir la formación para el ascenso; suprimir la prensa del ejercito.

Gracias a la aplicación de las reformas emprendidas por Azaña, se consigue solucionar el problema del numero de mandos militares, reorganizar el sistema de accesos y de ascensos en el ejercito y la subordinación del ejercito al poder civil. Pero Azaña fracasó en su reforma militar, debido a que este no pudo dotar al ejercito de dinero ni de material bélico ya que esta época se notaban fuertemente los efectos del Crack del 29.

Reforma Laboral

Esta reforma es llevada a cabo por el dirigente socialista Largo Caballero, el cual consigue que las condiciones de vida de los trabajadores, especialmente asalariados y campesinos, mejoraran notablemente.

Como objetivos encontramos la mejora de las condiciones de los trabajadores y en especial de los campesinos, el establecimiento de jurados mixtos que supone el aumento de la representación de los trabajadores y disminución en la representación de la patronal para favorecer unas mejores condiciones de negociación, la extensión y unificación de los seguros sociales, una política laboral encaminada a la equiparación de ambos sexos, y una escuela única, publica y mixta.

Reforma educativa

Esta reforma es llevada a cabo por el socialista Álvaro de Albornoz, el cual se centra en la enseñanza primaria, siendo su principal objetivo conseguir una escuela única, pública, gratuita, obligatoria y mixta. Pero a esta reforma se oponen la Iglesia y los sectores de la derecha católica, ya que a la Iglesia se le prohibía el ejercicio de la enseñanza, debido a la aplicación del articulo de la Constitución. La cuestión religiosa será el problema más duro.

Política Regionalista

Fue una de las más importantes llevadas a cabo en este período, ya que, si anteriormente los nacionalismos estuvieron prohibidos, durante este período los nacionalismos renacen con mucha más fuerza, sobre todo en Cataluña con Ezquerra Republicana, que en las elecciones municipales de abril consiguen la presidencia de la Generalitat, siendo su presidente Francesc Macia. La Generalitat comienza a redactar un proyecto de autonomía, que será presentado posteriormente a cortes. A este proyecto se le conocerá como Estatuto de Nuria. El parlamento aprobaría el proyecto, pero con algunas modificaciones, ya que el Gobierno catalán gozaría de unas competencias propias, mientras Defensa, Aduanas y Asuntos Exteriores serian competencia del Gobierno Central.

En el País Vasco la situación era diferente, ya que el partido nacionalista más importante era el PNV, dirigido por Juan Antonio Aguirre. El PNV todavía no tenia gran peso político en dicha región. El PNV también realizó un proyecto de autonomía, conocido como Estatuto de Estella. Este proyecto será menos unánime que el propuesto por los nacionalistas catalanes, por lo que la oposición del Gobierno Central, será mayor y por ello, el proyecto no se aprobaría hasta agosto de 1936, una vez iniciada la Guerra Civil.

Reforma Agraria

Es la reforma más importante durante el Bienio Progresista. Esta reforma fue presentada en las Cortes por Marcelino Domingo, y finalmente fue aprobada en 1932, el mismo día que el Estatuto de Nuria, tras el fracaso del golpe militar de Sanjurjo. Debido a la lentitud en la tramitación de esta reforma, se producen graves conflictos y huelgas organizadas por la CNT.

La reforma agraria pretendía acabar con el paro agrario mediante una política de redistribución de la tierra, y nuevos asentamientos campesinos. Para ello se preveía expropiar indemnización tierra de los grandes de España y mediante indemnizaciones de latifundios y tierra mal explotadas; se querían realizar entre 60 y 70 mil asentamientos de campesinos al año, si bien en dos años solo se había logrado entregar tierras a 20 mil campesinos.

Para el desarrollo de la Ley se crearon: el Instituto de Reforma Agraria (IRA), al que la falta de recursos y la excesiva burocracia para garantizar la legalidad del proceso, lo hicieron ineficaz; el Banco Nacional de Crédito Agrario, para financiar la reforma y dar prestamos a los campesinos y a las cooperativas agrarias. La oposición de la Banca Privada lo hizo fracasar.

El segundo bienio se caracteriza por la paralización de la mayoría de las reformas puestas en marcha durante el periodo anterior. De esta forma se deroga la ley de términos municipales; se decreta la libertad de contratación y de salarios lo que provoca abusos patronales, paro y hambre; se devuelven las tierras a la nobleza y se paraliza la reforma agraria; se aprueba en agosto de 1935 una nueva ley de reforma agraria, que seria la contrarreforma de la anterior; se paraliza la reforma militar y se pone en puestos clave a militares abiertamente antirrepublicanos; se amnistió la Sanjurjada; se paraliza el proceso autonómico, se frena la discusión del estatuto de estado Vasco. En 1934 se suspende el estatuto de la Generalitat; se paraliza el proceso de secularización; y se establece una enseñanza mixta. Hay además un endurecimiento de la política de orden publico y el gobierno actúa con extrema dureza contra las manifestaciones.

Con el Frente Popular, los grupos de izquierda abren las cárceles y salen los presos de octubre de 1934. Portela Valladares dimitió y Alcalá Zamora manda formar gobierno a Azaña. Durante su mandato se reponen en sus puestos a los funcionarios, se restablecieron el estatuto catalán y el Parlament, y se reanudó el plan de reforma agraria. Azaña alcanza la presidencia de la República destituyendo a Alcalá Zamora y forma gobierno su amigo Casares Quiroga con miembros de izquierda republicana y Unión Republicana. Durante el periodo del frente popular se realizan más asentamientos que durante todo el periodo del bienio Derechista.

La vida cultural

La proclamación de la República en 1931 trajo consigo una movilización de los intelectuales y de la vida cultural del país.

En los meses anteriores al 14 de abril fueron muchos los personajes del mundo de la cultura que se declararon favorables al movimiento republicano. El 9 de febrero de 1931 José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala publicaron el manifiesto constituyente de la Agrupación al Servicio de la República.

El Gobierno puso en marcha sus programas de reforma educativa y una política de extensión cultural, mediante subvenciones a iniciativas de cultura popular y la fundación de las Misiones Pedagógicas, que fueron las encargadas de llevar la cultura a los pueblos. Ya en el Segundo Bienio, muchos intelectuales se apartan de la vida política, mientras que en el tercer periodo, la brevedad del mismo y las circunstancias impiden continuar las reformas. Es por tanto durante el primer periodo cuando se realizan las reformas más significativas de la II República.

Sublevación y Guerra Civil. Desarrollo militar.

En la tarde del 17 de julio se inicia la sublevación en la guarnición de Melilla. En la mañana del 18, la sublevación penetra en la Península. La Guerra Civil ha comenzado. Las causa que explicarían la misma pueden ser:

Causas estructurales: Los problemas fundamentales de la España contemporánea que la república intento resolver para lograr la modernización y democratización real del país, fueron la base de los principales conflictos que enfrentaron a amplias capas sociales: el problema agrario y la resistencia de la oligarquía terrateniente a la reforma agraria; el problema social y laboral. estableciendo leyes protectoras del trabajo; el problema religioso, que se centró en el intento de establecer un estado laico y provocó la reacción de sectores de la Iglesia; el problema educativo, y el problema de la organización del Estado (los estatutos de autonomía eran un motivo de oposición en la derecha españolista y unitarista, sobre todo en el ejército).

Causas próximas: Como elementos que explican el crecimiento de los antagonismos sociales, se pueden señalar la recesión económica ligada a la crisis mundial, que a partir de 1932 empeora las condiciones de vida de gran parte de la población; la reacción a las medidas antisociales del gobierno de la CEDA en 1934, con la sublevación de octubre y los enfrentamientos armados, y la existencia en Europa de regímenes fascistas (Alemania e Italia) interesadoen impedir el desarrollo de movimientos revolucionarios, así como el surgimiento de frentes populares para oponerse al crecimiento del fascismo.

Factores desencadenantes: El más importante fue el desarrollo de una vasta conspiración. a partir de 1933, con elementos militares. falangistas, carlistas y alfonsinos, que se preparaba para un levantamiento armado. Esta conspiración se aceleró con el triunfo electoral del Frente Popular en febrero de 1936. Una vez producido el levantamiento, su propio fracaso en las principales ciudades por la reacción de las milicias obreras hizo que se transformase en guerra civil. La inmediata ayuda exterior de Italia y Alemania a los sublevados fue un factor esencial en la prolongación de la lucha.

El desarrollo militar

A grandes rasgos, la evolución militar de la guerra es la siguiente:

-Año 1936. Durante los meses de julio a diciembre se produjo una acusada expansión del ejército "nacional", que llega a ocupar aproximadamente la mitad del territorio a fines de año. La extensión ocupada corresponde a las zonas en que triunfa la sublevación de julio (Valle del Duero, Galicia, gran parte de Aragón, Navarra, Baleares y Canarias y cuenca baja del Guadalquivir). La ofensiva de las "columnas" del ejército rebelde dirigido por Franco se dirige desde el sur hacia Madrid, ocupando a su paso Extremadura y levantando el sitio al Alcázar de Toledo. Por el norte, el avance desde Navarra se dirige simultáneamente hacia el País Vasco (columna Beorlegui), ocupando Irún y San Sebastián (13 de septiembre), y hacia Madrid por Somosierra. Tras el fracaso franquista en la ofensiva sobre Madrid, donde es contenida la agresión por las milicias populares y con la colaboración posterior de las Brigadas Internacionales, se consolidan los frentes.

-Año 1937. La segunda fase de la guerra se extiende hasta la primavera de 1938, y registra pocas variaciones. Algunos avances republicanos a comienzos de 1937 (batalla de Guadalajara), son seguidos por nuevas conquistas franquistas (caída de Vizcaya en junio), un nuevo avance republicano en el centro y La Mancha y la posterior ampliación de la zona franquista en otoño con la ocupación de toda la comisa cantábrica por Franco. Asturias cae en manos de los "nacionales" en octubre y, a finales de año, se registra la conquista de Teruel por la república. En todo este período de avances y retrocesos el saldo es favorable para Franco, pero no cambia sustancialmente la geografía de la guerra.

-Años 1938-1939. La fase final, que comienza en febrero de 1938 con la reconquista de Teruel por los "nacionales", abre una nueva tendencia de progresivo y rápido avance con la consiguiente ampliación de espacio controlado por Franco. Con la llegada al Mediterráneo en abril de 1938, la república perdió parte sustancial del territorio. En el verano de 1938 el ejército "nacional" ocupó amplias zonas de Levante y avanzó hacia Cataluña tras la costosa Batalla del Ebro. En los tres meses de 1939 se produjo primero un rápido avance hacia Barcelona, que cae en febrero, y la llegada a la frontera francesa a finales de febrero. La república solamente contaba ya con el territorio de Levante, Madrid y parte de La Mancha. En el mes de marzo, las disensiones republicanas en Madrid -sublevación de Casado y Junta de Defensa- provocan el derrumbamiento del frente de Madrid y la llegada del ejército franquista sin apenas resistencia a Valencia y Alicante, concluyendo así la ocupación del territorio.

En cuanto al interior, el desgaste de la guerra y el reconocimiento del gobierno de Franco por Francia e Inglaterra provocaron fuertes disensiones dentro del bando gubernamental. En marzo de 1939 el coronel Casado, apoyado por un sector del PSOE encabezado por Besteiro y unidades militares anarquistas, formó una Junta de Defensa en Madrid que se enfrentó al gobierno y pretendió negociar con Franco. Se desencadenó una "guerra interna" en el bando republicano entre los partidarios de resistir -principalmente los comunistas-y los decididos a rendirse a Franco. En estas condiciones, las tropas franquistas avanzaron sin resistencia sobre los frentes de Madrid y Levante, dando fin rápidamente a la contienda.

Consecuencias de la Guerra Civil

Demográficas: La guerra supuso una fractura demográfica importante. Por un lado, el impacto en pérdidas humanas fue muy considerable. Se estima que las victimas de la contienda superaron el medio millón de personas, incluyendo muertos en combate y represaliados en retaguardia. Además habría que contabilizar los ejecutados por los vencedores tras la guerra, que no bajarían de 50.000 personas. A estas cifras hay que sumar, al menos, otras 300.000 personas exiliadas a Francia y países latinoamericanos, principalmente.

Hay que señalar también que en los años de la posguerra se produjo un estancamiento e incluso un retroceso de la población urbana, debido al desmantelamiento de la economía industrial y de servicios y a la necesidad de buscar la subsistencia cerca de la tierra.

Políticas y culturales: Fueron las consecuencias más importantes desde el punto de vista histórico. Se estableció una dictadura militar que se prolongaría durante casi cuarenta años, con la pérdida de libertades políticas y la persecución de cualquier forma de disidencia. La Ley de Responsabilidades Políticas (1939) envió a cárceles y campos de concentración a todos los combatientes del bando republicano que no se exiliaron, calculándose que todavía en 1945 permanecían encarcelados a consecuencia de la guerra unos 100.000 españoles. En muchos casos sus condenas incluían trabajos forzados (construcción de vías terreas y carreteras, reconstrucción de obras publicas, edificación del Valle de los Caídos, etc.). El régimen era, sobre todo, un Estado policial.

El aislamiento cultural y científico de España fue otra consecuencia. La mayor parte de las fuerzas de la cultura, que habían apoyado a la República, fueron aniquiladas o marcharon al exilio. Un 90% de los intelectuales se exiliaron, casi al completo la Generación del 27.

En cuanto a la política exterior, el carácter dictatorial del régimen franquista llevó a España a una situación de compromiso con los regímenes fascistas que se prolongó hasta 1942 y fue seguida por una fase de aislamiento recrudecida en 1946 por la condena de la ONU al régimen y la retirada de embajadores. Este aislamiento duro hasta la firma de los acuerdos con los Estados Unidos en 1953 y el ingreso en la ONU en 1955.

Económicas: Los años cuarenta fueron los "años del hambre". La destrucción de recursos económicos e infraestructuras es de muy difícil calculo. La cabaña ganadera se redujo en la guerra en un 60%, mientras la producción agrícola bajó en un 25% aproximadamente. En todo caso, la destrucción global superó el 25% del PIB. La Hacienda Pública estaba arruinada y sin reservas financieras, La inflación multiplicó por diez el índice de precios en la década siguiente a la guerra. Se produjo un estancamiento económico durante toda la década, de manera que no se recuperó el nivel de renta de 1935 hasta ya entrados los años cincuenta. El índice de producción industrial de 1929 se recuperó en 1950. Por otra parte, España no pudo beneficiarse de las ayudas estadounidenses para la reconstrucción del Plan Marshall de 1947 por el tipo de régimen dictatorial y el consiguiente aislamiento internacional que provocó la dictadura.

La evolución política.

El bando republicano

La sublevación había provocado la inmediata dimisión del gobierno dirigido por Santiago Casares Quiroga y el encargo del presidente Manuel Azaña a Martínez Barrio para formar nuevo gobierno. El fracaso de este en sus gestiones para paralizar el movimiento insurgente y sus recelos a entregar armas al pueblo, le llevaron también a dimitir el mismo 19 de julio. Buscando un nuevo consenso político, Azaña confió a José Giral, perteneciente a Izquierda Republicana, la inmediata formación de un nuevo gobierno integrado por prohombres del republicanismo moderado, que comenzó la entrega de armas al pueblo.

Hasta el fin de la guerra, las instituciones republicanas siguieron funcionando sobre la base de la pluralidad y con la constitución en vigor, a pesar de las limitaciones que imponía la situación bélica. La dinámica de los partidos y organizaciones republicanas, con posiciones diferentes acerca de la marcha de la guerra y las medidas políticas consiguientes, provocaron cambios de gobierno y enfrentamientos a veces sangrientos en el propio bando republicano.

El día 5 de septiembre de 1936, el presidente Azaña encargó formar gobierno a Francisco Largo Caballero, líder de la izquierda del PSOE, quien formó un gabinete de amplísima coalición que integraba nacionalistas vascos y catalanes, republicanos, socialistas y comunistas. Unos días más tarde se integraron en el gobierno cuatro ministros anarquistas. Una medida notable fue la aprobación el 1 de octubre del Estatuto de Autonomía del País Vasco. A principios de noviembre el gobierno abandonó Madrid, gravemente amenazado por las columnas del sur, trasladándose a Valencia. Madrid quedó bajo la autoridad de una Junta de Defensa dirigida por el general Miaja, con la colaboración del general Pozas, que obtuvo una gran victoria moral al hacer fracasar los intentos del ejército franquista de tomar la capital.

El gobierno de Largo Caballero acometió las principales reformas políticas y militares en los meses siguientes. A pesar de algunos retrocesos militares, compensados con la victoria republicana en Guadalajara, la confianza en la victoria era grande. Sin embargo, nuevos factores vinieron a complicar la situación.

El Partido Comunista de España, que contaba con unos 10.000 afiliados nada más comenzar la guerra, vio aumentar su protagonismo por diversas causas: la disciplina interna, el control de los suministros rusos que empezaron a ser esenciales en el esfuerzo de guerra dado el bloqueo de suministros de los países occidentales amparado en el Comité de No Intervención y, por fin, la división entre las demás fuerzas republicanas. El PCE preconizaba la unidad ante todo para enfrentarse a un enemigo que se caracterizaba por su unidad de acción. De hecho, había logrado unir en Cataluña a todos los partidos socialistas y comunistas en un nuevo partido, el Partido Socialista Unificado de Cataluña. Asimismo, la política del PCE buscaba la alianza con los sectores de la burguesía media, pequeños empresarios y campesinos, con el lema de "primero ganar la guerra", mientras otras fuerzas (anarquistas, POUM) entendían que había que tomar medidas revolucionarias y colectivizadoras para poder contar con el apoyo popular que llevase a la victoria.

Los enfrentamientos llegaron a su culmen en mayo de 1937, con combates en Barcelona entre partidarios de ambos. En esa lucha fue detenido y asesinado el líder más prestigioso del POUM, Andréu Nin. A partir de esas fechas de crisis, el gobierno republicano pasó a estar dirigido por Juan Negrín, del PSOE, partidario de la máxima unidad de las fuerzas republicanas y apoyado en los comunistas.

Tras la caída del frente norte en octubre de 1937 y las derrotas de 1938, particularmente la sufrida en la batalla del Ebro, las esperanzas republicanas estaban en quiebra. Por otro lado, la política de concesiones y "apaciguamiento" mantenida por los ingleses frente a Hitler se concretó en el Pacto de Munich en octubre de 1938 con la cesión de Checoslovaquia, gesto que hacía temer lo peor a los dirigentes republicanos.

En ese momento, la consigna del gobierno de Negrín de resistir a ultranza hasta que se desencadenara el inminente conflicto europeo, no fue interpretada igual por todos los combatientes republicanos. Un sector, en el que se integraban militares profesionales pero también dirigentes socialistas como Besteiro, o combatientes anarquistas como Cipriano Mera, había decidido ya la rendición a Franco confiando quizá en un trato honorable al vencido. Esto llevó a los combates internos en Madrid, una vez conocida la caída de Barcelona, y al hundimiento de la resistencia republicana en el centro peninsular.

La movilización popular que provocó la sublevación demandaba cambios en la organización económica y social que el gobierno republicano llevó a cabo desde los primeros momentos de la guerra. Así, se redujo el precio de los alquileres de viviendas; fueron incautadas y nacionalizadas industrias de los partidarios de la sublevación (2 de agosto de 1936); continuó la reforma agraria y la expropiación de fincas abandonadas, que fueron cedidas en usufructo perpetuo a sus cultivadores; se nacionalizaron industrias básicas como CAMPSA y las compañías ferroviarias, y se estableció el control estatal sobre los bancos.

Pero el aspecto más llamativo y transformador radicó en las colectivizaciones de empresas y, sobre todo, de explotaciones agrarias, que fue llevado a cabo por las organizaciones sindicales campesinas. Las colectivizaciones afectaron a cerca de tres millones de hectáreas en extensas áreas de Aragón, Levante y Andalucía, y a un total de 156.822 familias. Mientras las organizaciones campesinas de la CNT y UGT apoyaban plenamente la colectivización, el PCE mantuvo sus reservas a estas medidas.

El bando franquista.

La unidad de acción caracterizó la evolución política en el bando rebelde. La muerte del general Sanjurjo en accidente de aviación el día 20 de julio de 1936, cuando se dirigía a Burgos para encabezar la rebelión, puso en primer plano la figura del general Franco, a la que solamente podían hacer sombra personajes como Mola, quien también fallecería en junio de 1937.

La Junta Técnica creada por los rebeldes en Burgos funcionó como embrión de un nuevo gobierno, hasta que en septiembre de ese año una reunión de generales en una finca de Salamanca acordó nombrar a Francisco Franco generalísimo y jefe de un nuevo estado aún sin definir. En los meses siguientes, Franco -designado interlocutor privilegiado por Hitler y Mussolini y jefe incontestable de las tropas marroquíes- lograría hacerse con la jefatura política y militar del nuevo estado.

La sublevación, que en el sur se había hecho al grito de "Viva la República", fue adquiriendo nueva orientación cuando Franco adoptó en agosto la bandera roja y gualda y oficializó el grito de "Viva España", ganando la adhesión de monárquicos de distinto signo. La inexistencia de una dirección clara en la Falange -preso en Alicante su líder José Antonio Primo de Rivera, que sería juzgado y fusilado en noviembre-, le permitió, con el concurso de Ramón Serrano Suñer y más tarde del líder falangista Raimundo Fernández Cuesta, ponerse también a la cabeza de ese cada vez más numeroso contingente. Con respecto a la CEDA, Gil Robles se adhirió con entusiasmo a la sublevación y se puso a las órdenes de Franco, pero este no permitió su presencia en España y, al igual que el dirigente carlista Fal Conde, permaneció retirado en Portugal. Mola, por su parte, tampoco había permitido a don Juan, hijo del destronado Alfonso XIII, permanecer en sus filas.

De hecho, todas las actividades políticas habían sido suspendidas en septiembre de 1936. A comienzos de 1937, toda la España sublevada estaba liderada por el general más prestigioso, y este era Franco. En febrero de 1937 estableció como himno nacional la Marcha Real y a finales de mes, tras algunas refriegas entre falangistas en Salamanca y la condena a muerte del Jefe Nacional de Falange Manuel Hedilla, el generalísimo se constituyó en Jefe Nacional del Partido Único que, con el nombre de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, surgió para agrupar políticamente a toda la España rebelde a la república.

Aún seguiría funcionando unos meses más la Junta Técnica creada en Burgos, pero en enero de 1938 se constituyó el primer gobierno del nuevo estado. A partir de ese momento, el poder en todos sus aspectos radicaría en el Cuartel General del Generalísimo. El primer gobierno de Franco constituía un agregado de las fuerzas conservadoras, formado por tradicionalistas, falangistas y, sobre todo, militares.

La dimensión interna e internacional del conflicto español (1936-1939).

La Guerra Civil supone a nivel nacional una confrontación entre la zona leal a la República y los que apoyan a los sublevados. Al mismo tiempo supone un proceso de revolución obrera en la zona republicana, frente a una contrarrevolución y gestación de un Estado autoritario en la zona sublevada. A nivel internacional supone la Primera fase de la II Guerra Mundial, un antecedente de enfrentamiento entre democracia y fascismo que se va a producir poco después.

Al estallar la guerra, España, se quedó dividida no solo territorialmente, sino también ideológicamente, debido a los intereses enfrentados en cada bando, la guerra civil se convirtió en una lucha de clases. El bando sublevado representaba: al mundo rural, católico y tradicional, a los grandes propietarios, al gran capital, a la Iglesia (que calificó la guerra como una cruzada de liberación); El bando republicano estaba representado por el mundo urbano e industrial, los partidos de izquierdas, las organizaciones obreras, el nacionalismo catalán y una parte del vasco (Guipúzcoa y Vizcaya), que aunque católicos, antepusieron sus intereses autonómicos a la defensa de la unidad de España que hacían los sublevados, y la mayoría de los intelectuales. Por último, las clases medias, se quedaron en el bando que les tocó con mayor o menor entusiasmo.

En la mañana del día 21, el golpe había triunfado en 29 capitales de provincia, mientras que 21 permanecían leales al gobierno. La zona bajo el control de los sublevados abarcaba dos amplias regiones del sur y norte de la península, además del norte de África, Canarias y Baleares. La zona Republicana también estaba partida en dos, aunque el núcleo principal permanecía más unido que el territorio rebelde. Los Pirineos y la costa Mediterránea y parte de la Atlántica, quedaron bajo control republicano. La relación de fuerzas era bastante equilibrada.

La República controlaba las regiones industriales: la siderurgia, la industria mecánica, la textil, buena parte del hierro y el carbón. Además contaban con reservas de trigo en la Mancha y cultivos como el arroz y los cítricos en Levante.

El bando Nacionalista, por su parte, tenia las reservas de cereal y ganado del norte, el carbón leones y las minas de Riotinto. Sin embargo, la República contaba con un recurso muy importante a su favor, las reservas de oro del Banco de España.

Pero esa superioridad, se resquebrajaba si atendemos a los efectivos militares. Aunque teóricamente la mitad de las unidades del ejercito de tierra permanecía bajo el control republicano, la gran mayoría de los oficiales se habían sublevado y las unidades estaban prácticamente desarticuladas, lo que obligo al gobierno republicano a recomponer un ejercito sobre la base de los entusiastas, pero bisoñas milicias obreras.

En el orden internacional, la república había contado con un resuelto apoyo de la URSS y de algunos otros países, como México, así como de la opinión pública democrática. La URSS fue el principal proveedor de material para el ejército de la república, cobrado con las reservas de oro del Banco de España. Sin embargo, las potencias democráticas occidentales se habían mantenido distantes del conflicto mediante el Comité de No Intervención. En cuanto a combatientes, las Brigadas Internacionales fueron unidades de voluntarios que en número cercano a los 50.000 intervinieron en batallas decisivas, como la defensa de Madrid en 1936 y la batalla del Ebro.

Por su parte, el bando sublevado contó desde el primer momento con apoyo resuelto de los regímenes fascistas de Italia y Alemania, que enviaron tropas y material en abundancia, fiando el pago de los suministros para ser cobrado en materias primas en la posguerra. Alemania envió la Legión Cóndor, con importantes elementos técnicos y aviación, junto a unos 15.000 hombres. Italia envió unidades regulares, denominadas "Cuerpo de Tropas Voluntarias" en número superior a 75.000 soldados. También combatieron junto a Franco unidades de voluntarios irlandeses y portugueses (los "Viriatos").

Ante el crecimiento de los fascismos y la política agresiva de la Alemania nazi, Inglaterra y Francia se inclinaron en 1938 por el "apaciguamiento", es decir, por una actitud de complacencia ante el expansionismo nazi. En octubre de 1938, Inglaterra firmó con Hitler el Pacto de Munich, que supuso un repliegue ante sus pretensiones sobre Checoslovaquia. Ello supuso indirectamente el abandono definitivo de cualquier apoyo a la república, dada la estrecha alianza entre Hitler y Franco.

Fundamentos ideológicos y sociales del régimen franquista.

El franquismo fue el régimen político instaurado por el general Franco a lo largo de la Guerra Civil de 1936, consolidado y desarrollado institucionalmente en los años posteriores a su victoria. El sistema político vigente en España desde 1939 a 1975 fue una dictadura personal, en la que todo el poder se concentraba en la persona del general, con paralelismos en los regímenes fascistas de Alemania e Italia.

Elementos ideológicos del régimen franquista

Todos podrían resumirse en el profundo antiliberalismo de las leyes y medidas políticas que promulgó y llevó a la práctica. Las formas externas, el lenguaje utilizado y la simbología del franquismo procedían principalmente de la Falange Española, el partido fundado por José Antonio Primo de Rivera en 1933, a los que añadiría algunos elementos del Tradicionalismo, en el partido único que constituyó en 1937 como Falange Española Tradicionalista y de las JONS.

Otro de los elementos fue la visión nacional-católica del régimen. Se trataba de un fundamentalismo religioso según el cual Franco se consideraba a sí mismo como hombre providencial elegido por Dios para la salvación de España. El franquismo fue un régimen militar en el que siempre estuvo presente el recuerdo de la Guerra Civil y la victoria. El orden que Franco estableció no se concibe sin el ejército, a cuyos oficiales asignó un papel relevante. Durante los cuarenta años de dictadura, el ejército gozó de prerrogativas muy amplias, incluida la existencia de la jurisdicción militar para cualquier tipo de delito. Al mismo tiempo, el régimen configuró un verdadero estado policial, con un enorme aparato policiaco que garantizase el orden público y persiguiese cualquier forma de disidencia.

En la organización del Estado, el régimen fue centralista, desapareciendo toda la legislación republicana que había reconocido la autonomía de municipios, regiones y nacionalidades. Por otra parte, tuvo un acusado carácter nacionalista, en el que toda la retórica oficial se llenaba de alusiones al pasado grandioso de España.

En esencia fue, como todos los fascismos, un régimen totalitario, en el que el Estado intervenía en todos los aspectos de la vida social (económica, cultural, etcétera) y que establecía la adscripción obligatoria de las personas a instituciones oficiales. Como en todo régimen totalitario, se producía una identificación entre la nación, el partido único y el jefe político ("el Caudillo").

Fue, finalmente, un régimen político corporativo y populista: por medio de Falange Española Tradicionalista promovió la incorporación pasiva de las masas y las convocó en contadas ocasiones con el objeto de mostrar su adhesión al régimen, sobre todo ante la opinión internacional.

Las leyes fundamentales

La institucionalización del régimen fue lenta y se produjo en respuesta a acontecimientos externos y a presiones de quienes en España querían asegurar su continuidad. Por ello promulgó un conjunto de leyes complejas y, a veces, contradictorias, que se planteaban según las necesidades políticas del régimen. Las más importantes fueron:

- El Fuero del Trabajo (1938), que articulaba las relaciones del mundo del trabajo, con las libertades sindicales prohibidas.

- La Ley Constitutiva de las Cortes, promulgada en 1942, fue aconsejada por la evolución de la Segunda Guerra Mundial, que ya empezaba a decantarse a favor de las democracias occidentales. Con esta ley, el franquismo establecía unas "Cortes orgánicas" formadas por miembros natos por sus cargos y otros nombrados directamente por Franco.

-Terminada la Segunda Guerra Mundial, se promulgó en 1945 el Fuero de los Españoles que era en apariencia una declaración de derechos, pero en realidad proponía un sistema político autoritario de carácter confesional con derechos limitados. También ese año se promulgó la Ley de Referéndum.

-En 1947 fue sometida a plebiscito la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, por la que se confirmaba a Franco como jefe de estado vitalicio y se le reservaba el derecho de nombrar sucesor.

-En 1958, sin previa deliberación en las Cortes, Franco promulgó la Ley de Principios del Movimiento Nacional, por la que todos los cargos y funcionarios eran de hecho miembros natos del Movimiento obligados a jurar sus Principios Fundamentales.

- Publicada y sometida a referéndum en diciembre de 1966, la Ley Orgánica del Estado introdujo algunas novedades funcionales, como la separación de los cargos de jefe del estado y presidente del gobierno, aunque este último cargo no se cubrirá hasta 1973.

Los apoyos sociales

El franquismo duró casi cuarenta años gracias a un conjunto de apoyos sociales que esencialmente fueron:

- La oligarquía financiera y terrateniente que, apoyando al franquismo, consiguió la restauración de su poder político y su hegemonía como clase social.

- Sectores amplios de las capas medias urbanas y del pequeño campesinado en las regiones centrales del país, que fueron durante mucho tiempo el apoyo social de masas que el franquismo requería.

- La Falange, la Iglesia y el Ejército fueron los tres pilares institucionales del franquismo. La Iglesia cumplió durante mucho tiempo el papel legitimador del régimen, obteniendo a cambio numerosos privilegios en la vida social, la enseñanza y la moral pública. La fidelidad de las fuerzas armadas fue la condición esencial de la supervivencia política. La permanencia del régimen se fundamentó en un control absoluto de los mecanismos de propaganda y educación, solo debilitado en los últimos años del período.

De la autarquía a la apertura económica: 1939-1959.

Tras la Guerra Civil, la recuperación económica fue muy lenta. Hasta 1950 no se alcanzaron los niveles de renta de 1935. La guerra mundial no supuso para España ninguna ventaja económica, como si ocurrió con la guerra de 1914. En esta ocasión, España estuvo vinculada económicamente sobre todo a las potencias fascistas, a las que pagó durante varios años las ayudas recibidas en la guerra. Según afirman los historiadores de la economía, España no aprovechó la situación de guerra para estimular las exportaciones y favorecer la recuperación de su industria. Las autoridades franquistas llevaron a cabo una política que favoreció poco la producción industrial, en parte por su profunda ignorancia en cuestiones económicas, que provocó un largo estancamiento de la economía nacional y, sobre todo, por el alineamiento de la España franquista con las potencias del Eje, que colocaba al país en el campo mas escaso de materias primas y de productos energéticos, en concreto de petróleo.

Como plasmación de esa política económica, fue creado el INI (Instituto Nacional de Industria) en 1941. Fue un instrumento del Estado franquista encargado de relanzar la industria española en esos años de la posguerra. Canalizaba el ahorro hacia empresas publicas que desarrollaron sectores industriales básicos en los años de la autarquía: siderurgia, líneas férreas y aéreas, industria naval, cementeras, etc. Su modelo fue el Istituto di Ricostruzione Industriale del fascismo italiano y plasmó el principio de intervencionismo estatal en la economía propio de los regímenes fascistas.

Los años cuarenta fueron los "años del hambre". La destrucción de recursos económicos e infraestructuras es de muy difícil calculo. La cabaña ganadera se redujo en la guerra en un 60%, mientras la producción agrícola bajaba en un 25% aproximadamente. En todo caso, dicha destrucción superó el 25% del PIB. La Hacienda Pública estaba arruinada y sin reservas financieras. La inflación multiplicó por diez el índice de precios en la década siguiente a la guerra. Se produjo un estancamiento económico, de manera que no se recuperó el nivel de renta de 1935 hasta ya entrados los años cincuenta. El índice de producción industrial de 1929 se recuperó en 1950. Por otra parte, España no pudo beneficiarse de las ayudas norteamericanas para la reconstrucción del Plan Marshall de 1947 por el tipo de régimen dictatorial y el consiguiente aislamiento internacional que provocó la dictadura.

La estabilización y el crecimiento económico (1959-1973).

Desde el comienzo de la década de los cincuenta, la autarquía económica se hizo insostenible. Se suprimió e! racionamiento y se estableció la libertad de precios, comercio y circulación de los productos alimenticios. Los salarios seguían tasados y las relaciones laborales eran reguladas por el Ministerio de Trabajo, al frente del cual estuvo durante diecisiete años un falangista, Girón.

A partir de 1951 comenzaron las negociaciones con los Estados Unidos, que concluyeron en un Tratado de Ayuda Mutua por el que a cambio de instalar bases militares en España, los Estados Unidos proporcionarían ayuda económica. Se abrió así un período de crecimiento industrial muy intenso y regular, que no cesaría hasta 1974. Pero España seguía siendo predominantemente agraria. La mayor parte de los españoles de 1950 trabajaba o vivía del producto de la tierra, mientras que los artículos agropecuarios seguían siendo fundamentales en la nómina exportadora, especialmente al aceite, los agrios y el vino.

También comenzó a desarrollarse ya en los años cincuenta una corriente de turismo hacia España que empezó a proporcionar ingresos decisivos para lograr el equilibrio de la balanza de pagos. La devaluación de la peseta en 1959, que estableció el cambio de la moneda a 60 pesetas por dólar, provocaría de inmediato mayores entradas de divisas y turistas.

En 1957, Franco formó un nuevo gobierno que supuso el nacimiento de un grupo político, lus tecnócratas, modernos en lo económico y conservadores en lo político, cuya gestión inaugura una era de desarrollo en la historia del franquismo. Comenzó así la liberalización de la economía, ofreciéndose oportunidades a las inversiones extranjeras, que hasta entonces habían estado muy restringidas. Para cumplir tal objetivo, se necesitaba pasar antes por un Plan de Estabilización, que se puso en marcha en julio de 1959.

El Plan de Estabilización llevó España a una forzada austeridad, pues recortó el gasto público, restringió el crédito, congeló los salarios, limitó las horas extra y devaluó la peseta. Asi mismo, el plan ponía fin a muchos controles comerciales e industriales internos y favorecía las inversiones extranjeras, siendo en su conjunto la operación económica de mayor alcance realizada por el Estado en el período 1939-1959.

Los efectos del programa de estabilización fueron inmediatos pero tuvieron un alto coste sobre todo para la clase trabajadora. Para suavizar los efectos negativos de la política estabilizadora, los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y la banca privada concedieron a España importantes ayudas.

Cuando en 1957 se produjo el nacimiento del Mercado Común, los tecnócratas del Opus Dei estaban muy atentos a las oportunidades que la integración europea podía ofrecer a la economía española. En 1959, el franquismo pidió al Mercado Común el establecimiento de conversaciones para entrar en el grupo, algo que no le sería concedido nunca a causa de su naturaleza dictatorial.

Entre 1962 y 1975 se pusieron en marcha tres Planes de Desarrollo, de duración cuatrienal. Mediante la planificación económica y la propaganda que alrededor de ella realizó el régimen, el desarrollo se vendió como mercancía política. El cerebro de los planes fue el catedrático de Derecho Administrativo y miembro del Opus Dei, Laureano López Rodó, quien en 1962 estaba ya al frente de la Comisaría del Plan de Desarrollo.

Los planes de desarrollo señalaban las direcciones de inversión preferentes, asignaban recursos ajustados a ellas. También estimulaban la iniciativa privada con ventajas fiscales y crediticias y preveían la creación de "polos de desarrollo" en siete ciudades: Burgos, Huelva, Vigo, La Coruña. Valladolid, Zaragoza y Sevilla.

No todos los objetivos se alcanzaron, pero España tuvo en los años sesenta una de las tasas de crecimiento más altas del mundo. La producción industrial aumentó entre 1960 y 1973 con una tasa anual del 10%. La rápida industrialización de España exigió una cuantiosa importación de bienes de equipo que pudo realizarse gracias al continuo flujo de divisas procedente del turismo y de los ahorros enviados por los emigrantes desde distintos países europeos. Entre 1960 y 1970, un millón de trabajadores españoles emigraron, a través de los conductos legales, sobre todo a Francia y Alemania, pero los que salieron sin sus documentos en regla casi alcanzaron ese mismo número. La inversión de capital extranjero, especialmente alemán y norteamericano, también facilitó la compra de las materias primas necesarias, a la vez que el aumento de las exportaciones ofrecía buenas partidas de divisas, destinadas inmediatamente al desarrollo.

Entre 1960 y 1973 la parte del PIB correspondiente al País Vasco, Madrid, Cataluña, Baleares y Canarias creció hasta llegar a representar el 46%, mientras que las demás regiones se repartían el resto. Ninguna variación experimenta la tabla de clasificación de las provincias de acuerdo con sus ingresos por persona. Las de mayor nivel de vida -Guipúzcoa, Vizcaya, Barcelona, Madrid, Alava- en 1955 conservaban su puesto en 1970, mientras que las más pobres -Orense, Almería, Jaén, Cáceres, Granada- no conseguían abandonar la cola. Como consecuencia de la planificación del gobierno, surgieron algunos enclaves industriales en Valladolid, Vigo, Zaragoza o Burgos, pero las dos Castillas, Aragón. Extremadura y Andalucía no habían logrado aún salir de su atraso.

La sociedad española comenzó a cambiar rápidamente. Desde 1962, en que España contaba con 31 millones de habitantes, hasta 1973, cuatro millones de personas abandonaron sus pueblos de origen para dirigirse a Europa, a las regiones prósperas de España o a sus capitales de provincia.

En cuanto a derechos sociales, en 1963 se promulgó la Ley de Bases de la Seguridad Social, que reemplazó todo el sistema de seguros sociales existentes por un régimen de previsión general similar al desarrollado en Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de la nueva Seguridad Social, un número creciente de españoles accedería a pensiones de jubilación, extendiéndose también la cobertura sanitaria hasta completarse a comienzos de los años noventa.

En resumen, el desarrollo económico de los años sesenta produjo cambios fundamentales en la estructura económica de España, colocándola en el puesto número diez de los estados por su producción industrial. En los años setenta, a raíz, de la crisis general de la economía capitalista occidental ocasionada por la subida de los precios de la energía, se produjo una desaceleración y un estancamiento económico coincidiendo con la muerte del dictador y el inicio de la transición a la democracia.

Fuerzas de oposición y conflictos sociopolíticos durante el franquismo.

Como en toda dictadura, la oposición política al franquismo tuvo que manifestarse desde la clandestinidad y estuvo sometida a la represión policial y judicial del régimen. Una constante en los cuarenta años de duración del régimen fue la existencia de presos políticos, censura y control de los medios de comunicación y marginación de los represaliados y enemigos políticos. La oposición política al franquismo provenía inicialmente de los partidos y sindicatos derrotados en la guerra, que a duras penas mantuvieron sus organizaciones. pero a medida que pasaron los años, surgieron nuevas formas de oposición e incluso dentro del propio régimen se produjeron deserciones y actitudes en demanda de libertades democráticas.

La oposición en los años cuarenta y cincuenta.

En la inmediata posguerra, la oposición monárquica al general Franco tuvo sus valedores principales en círculos de la aristocracia y entre una serie de generales, como Aranda, Moscardó o Várela. En 1945, derrotado el fascismo europeo, don Juan emitió una declaración marcando distancia con el franquismo y reclamando la restauración de la monarquía. Las maniobras de Franco, aplazando sus decisiones, desplazando a sus compañeros de armas a destinos irrelevantes y proponiendo la Ley de Sucesión en 1947, por la que España se constituía en monarquía (sin rey, de momento), le permitió neutralizar esta oposición complaciente con su autoritarismo.

La oposición democrática de los partidos obreros se manifestó mediante la lucha armada de los guerrilleros o "maquis", que llegaron a protagonizar una invasión de varios miles de hombres en el valle pirenaico de Aran. La guerrilla acabó fracasando ante la falta de apoyo de las potencias aliadas. El movimiento obrero apareció débilmente en los años cuarenta. Hubo algunas protestas a partir de 1945 (en Cataluña) y en 1947 (País Vasco). Pero hasta los años 1956-1958 no se produjeron fuertes movilizaciones en las zonas industrializadas del país: País Vasco y Asturias. Precisamente en las huelgas de la minería asturiana de 1957 y 1958 comenzaron a surgir comisiones de trabajadores que serán el embrión de las futuras Comisiones Obreras.

La oposición en los anos sesenta.

En esas fechas, el principal partido clandestino era el PCE, que mantenía una política basada en la "reconciliación nacional" y pretendía derribar la dictadura mediante una huelga general política. Para esta estrategia se quería crear

Personajes

REYES CATÓLICOS: Título que denomina a los reyes españoles Fernando II el Católico e Isabel de Castilla, que remaron de finales del siglo XV a principios del XVI Se unifica Castilla y Aragón aunque se mantienen independientes las instituciones propias de cada corona. Con la unión de estos reinos se forma el Estado Moderno, caracterizado por el autoritarisrno monárquico, unidad religisoa, se produce una reorganización administrativa y política, se expulsan a los judíos y se implanta el tribunal de la Inquisición. Destaca la expansión territorial gracias al descubrimiento de América en 1492, con lo que se inicia la expansión atlántica. Termina la resistencia musulmana (conquista de Granada) CARLOS I; Rey de España en la primera mitad del XVI y emperador de Alemania, hijo de Felipe I y de Juana. Recibe una gran herencia de sus abuelos, los RR.CC., con lo que se consolida la hegemonía en Europa. Se produce pues, una gran expansión territorial tanto por conquista como por herencia. Con su reinado se defiende el catolicismo frente a la reforma protestante, sobre todo a partir del Concilio de Trento y la Contrarreforma.

Se va consolidando el poder real y se sostendrán una serie de guerras gracias a la entrada de metales preciosos de América.

FELIPE II: Rey de España en la segunda mitad del XVI. Hijo de Carlos I, continúa la política de su padre: el absolutismo y defensa del Catolicismo. Continúa las guerras europeas pero el desastre de la armada invencible pondrá fin al esfuerzo por conservar la unidad católica y la hegemonía hispánica en Europa. Sólo la victoria contra los turcos de Lepanto y la anexión a Portugal a justificaron el esfuerzo bélico. Este esfuerzo conducirá a la bancarrota.

FELIPE III: Rey de España a principios del XVII. Hijo de Felipe II. Se vive una época pacífica. Tras el agotamiento económico se tiende a los acuerdos diplomáticos. Deja los asuntos de Estado en manos de validos como el duque de Lerma, que usan su cargo para su enriquecimiento personal después este duque, es sucedido por su hijo el duque de Uceda. De su reinado destacamos la expulsión de los moriscos que produjo grandes consecuencias económicas.

FELIPE IV: Rey de España a mediados del XVII. Deja los asuntos de Estado en manos de su valido el conde duque de Olivares, que realizo una política exterior dirigida a mantener la hegemonía española, (tratado de Westfalia) Lleva a cabo también una política reformista que consistía en la asimilación de los territorios españoles a las leyes de Castilla. Esto da lugar a la crisis de 1640, que provoca revueltas en Cataluña duramente sofocadas, y la independencia de Portugal.

CARLOS II: (el hechizado). Rey de España en la segunda mitad del siglo XVII. Hijo de Felipe IV. Fue el último rey de los Austrias de España. Su madre gobernó durante su minoría. No tuvo descendencia. Su reinado supuso el fin de su supremacía española en Europa, perdiendo la posesiones que conservaba en Europa. Gobernó por medio de sus validos y su muerte produjo un enfrentamiento internacional por la sucesión al trono español.

FELIPE V: Rey de España en la primera mitad del XVIII y primero de la casa de Borbón. Hijo del Gran Delfín Luis y nieto de Luis XIV (rey de Francia). Sube al trono tras la guerra de sucesión, mediante el tratado de Utrecht. Realizó una política de reformas políticas y administrativas encaminadas a la centralización del Estado. Firma los decretos de nueva planta como castigo a la corona de Aragón. Se reafirma el papel del estado incluso frente a la iglesia mediante el Regalismo. Instauró la ley sálica y llevo una política de alianza con Francia mediante los " pactos de Familia".

Hechos

CRISIS DEL XVII: Declive económico, político y demográfico que se dio en España en el siglo XVII: Algunos de los factores de esta crisis fueron el abandono de la inversión productiva, perdida de metales preciosos en el pago de guerras yen la importación de mercancías. A estos factores tenemos que sumar el descenso de la población debido a la guerra de los Treinta Años, las rebeliones de Cataluña y Portugal y además por la proliferación de epidemias.

Territorialmente España perdió numerosas posesiones y con ellas la hegemonía que poseía. No obstante, es el gran periodo del arte, la literatura y cultura española.

GUERRA DE SUCESIÓN: (1704-1715). Conflicto bélico que enfrentó a diversos países Europeos con el fin de alcanzar la corona Española. El rey español Carlos II nombró heredero en su testamento a Felipe V. Las potencias Europeas se alarmaron por la posibilidad de que un Borbón Francés reinara en España. Había dos frentes: uno que apoyaba a Carlos de Austria (Aragón) y a Felipe V (Castilla). El conflicto termina con la subida al trono de Felipe V. Esta guerra también fue una guerra civil entre Castilla y Aragón

TRATADO DE UTRECHT (1713): Conjunto de convenios firmados en dicha ciudad con los que se puso fina la guerra de sucesión. Felipe V fue reconocido como rey de España y significó el fin de la hegemonía de Luis XIV y las posesiones españolas. Se concede a Inglaterra el monopolio de asientos de esclavos negros procedentes de África y así inicia una preeminencia política.

Conceptos

ESTADO MODERNO: Forma de organizar el estado llevado a cabo por los Reyes Católicos a finales XV y principios del XVI Se caracteriza por el robustecimiento del poder real por medio de una monarquía autoritaria. También se lleva a cabo una reorganización política y administrativa por medio de las audiencia, consejos, chancillerías... Se consigue la unidad territorial con la conquista de Granada en 1492 y la unidad religiosa, mediante la expulsión de los judíos, conversión forzosa de los musulmanes y la persecución de los herejes mediante el tribunal de la Inquisición.

MONARQUIA HISPANICA: Imperio universal formado en el siglo XVI durante el reinado de Carlos I y Felipe II. Este imperio estaba formado por reinos nacionales y territorios completamente diferentes y vinculados por dos elementos de unión: el catolicismo como religión común y la subordinación a la autoridad del monarca. Durante el XVI la monarquía hispánica se convirtió en hegemónica en Europa.

INQUISICION: Tribunal de la Iglesia católica creado en la Edad Media para castigar a los herejes. Bajo el reinado de los RR.CC., fue puesta en marcha bajo el mando de la Corona. Durante el antiguo régimen fue utilizada por los reyes para conseguir la unidad política, religiosa e ideológica. Fue abolida por las Cortes de Cádiz, restablecida por Femando VII y desapareció con la instauración del Estado liberal.

GREMIOS: Asociación de artesanos de ámbito local con la intención de defenderse En España se desarrolla a partir del siglo XIV en Cataluña, y a finales del XV en Castilla. El municipio era el organismo, delegado por el soberano, con atribuciones en material gremial. El gremio estaba gobernado por autoridades superiores, asesorado por una junta y reglamentado por el Cabildo (comunidad de eclesiásticos). Durante los reinados de Carlos III y Carlos IV se abolieron y fueron legalmente suprimidos en las Cortes de Cádiz.

Personajes

FERNANDO VI: Rey de España a mediados del XVIII. Hijo de Felipe V. Mantuvo una política de neutralidad y se centró en una política de reconstrucción y reformas interiores que, en gran medida fueron llevadas a cabo por su primer ministro, el marqués de Ensenada.

CARLOS III: Rey de España y Nápoles que reinó en la segunda mitad del XVIII. Hijo de Felipe V es el gran representante del despotismo ilustrado. Impulso numerosas reformas administrativas, culturales y económicas encaminadas a la modernización del país. Reinicio los pactos de familia. Expulso a los jesuitas y siguió una política regalista. Su actitud reformadora provocó el motín de Esquilache. Urbanizó Madrid.

CARLOS IV: Rey de España de finales del XVIII y principios del XIX. Hijo de Carlos III, muy dominado por su mujer, María Luisa de Parma. Con ideas modernas, continua la política ilustrada de su padre gracias a sus ministros. En 1789 se convocan unas cortes donde aprueba la pragmática sanción, que anula la ley sálica, pero no se llegó a publicar. Dejo el gobierno en manos de Godoy, Floridablanca y Aranda. Floridablanca reacciona de una forma defensiva frente a la revolución francesa, censurando todo tipo de ideas revolucionarias. Con Aranda se mantiene una política de neutralidad.

Godoy inicia una guerra contra Francia como aliada de Inglaterra. Al final España firma la paz de Basilea con Francia y se enfrenta así a Inglaterra, aliándose con Francia (tratado de San Ildefonso), que acaba perdiendo. También mantiene una guerra contra Portugal que gana. Tras el motín de Aranjuez se produce la abdicación de Carlos IV.

MANUEL GODOY: Político español de finales del XVIII y principios del XIX. Su relación con la reina María Luisa de Parma le subió a altos cargos del gobierno. Declaró la guerra a Francia, la cual perdió. Firmó con Francia el Tratado de san Ildefonso y le llevó a una guerra contra Gran Bretaña. También declaró la guerra a Portugal. Las derrotas de san Vicente y Trafalgar frente a los británicos quitaron el prestigio a España. En su política interior llevo a cabo un gobierno regalista y de cierto tono liberal. En el motín de Aranjuez fue derrotado y exiliado.

Hechos

TRATADOS DE SAN ILDEFONSO: Acuerdos firmados en la granja o San Ildefonso entre 1796 y 1800 durante los reinados de Carlos III y Carlos IV. El primer tratado entre España y Portugal, firmado por Floridablanca, delimitó las fronteras hispano-portuguesas en América. El segundo tratado entre España y Francia, firmado por Godoy selló una alianza defensiva y ofensiva entre dichos países. Tras su publicación se produjo una guerra contra el Reino Unido.

BATALLA DE TRAFALGAR (1805): Combate naval entre la flota franco-española y la británica. Las escuadras francesa y española zarparon de Cádiz. Los británicos atacaron a la formación franco-española y esto produjo grandes estragos en estas, que perdieron la mayor parte de sus navíos y sufrieron grandes perdidas humanas, mientras que la flota británica quedó prácticamente intacta.

Conceptos

ANTIGUO RÉGIMEN: Conjunto de instituciones políticas y sociales que caracterizaron a-los países europeos antes del triunfo de la revolución industrial y el liberalismo. Sus principales rasgos eran: el absolutismo político, la existencia de estamentos sociales privilegiados (nobleza, clero) a los que se sometía un tercer estado (estamento no privilegiado) y el predominio de la agricultura como base de la economía y de la vida rural frente a la urbana.

SOCIEDAD ESTAMENTAL: Sociedad basada en la tradición, la riqueza, nacimiento y el conjunto de toda la población entorno a la superioridad de las clases dominantes. Existe una jerarquía social fundamentada en el privilegio que enfrenta a los dos estamentos privilegiados, el clero y la nobleza, con tercer estado que carece de ellos.

REGALISMO: Sistema en el que se concedían regalías eclesiásticas a los soberanos. En estas, debían someterse la autoridad de la monarquía tanto sus súbditos como la iglesia. Esto se concretaba en el pago de donativos de la iglesia a la monarquía, reivindicación del nombramiento de los obispos y el derecho a publicar o retener las bulas papales. El estado consiguió imponer sus exigencias, enfrentándose a la inquisición y a los jesuitas.

DESPOTISMO ILUSTRADO: Política que se impuso en Europa en el siglo XVIII. Esta política mezclaba el estado absoluto y única forma de gobernar por la cual se intentaba beneficiar al pueblo e impulsar reformas orientadas a modernizar la sociedad. La frase "todo para el pueblo, pero sin el pueblo" resume perfectamente este concepto.

REFORMISMO ILUSTRADO: Denominación al Despotismo Ilustrado en España: Empezó a tener importancia a partir del reinado de Femando VI (siglo XVIII) con tímidas medidas de modernización de el marques de Ensenada. Pero fue el reinado de Carlos III (2ª mitad del XVIII) donde los ministros ilustrados tomaron las riendas del gobierno y emprendieron una labor de recogida de información y de propuestas de reformas encaminadas a modernizar el país.

SOCIEDADES ECONÓMICAS DE AMIGOS DEL PAÍS: Organismos Españoles no estatales surgidos en la 2ª mitad del siglo XVIII con el fin de promover el desarrollo. Especialmente económico, del país. Inicialmente se relacionaron con el movimiento del los círculos culturales y pronto adquirieron sus características propias muy relacionadas con el Despotismo Ilustrado. En el siglo XIX desaparecieron casi todas.

PROPIEDAD VINCULADA: Forma de denominar a los bienes fijados con perpetuidad a una institución o familia, que quedan fuera del circuito comercial. Es un tipo de régimen de propiedad característico del feudalismo. Pueden distinguirse los siguientes tipos de bienes vinculados: los bienes de la iglesia, los bienes de un feudo o señorío, los bienes de los patrimonios familiares o mayorazgo, los bienes comunales y los sujetos a instituciones de beneficencia.

DECRETOS DE NUEVA PLANTA: Serie de decretos que en la España de principios del siglo XVIII suprimieron el gobierno propio de los reinos de Aragón, Valencia, Mallorca y del principado de Cataluña. Fueron promulgados por Felipe V en respuesta al apoyo que las instituciones de estos territorios había prestado al "archiduque Carlos de Austria, más tarde el emperador Carlos VI en la guerra de Sucesión. Obedecen también, a la tendencia centralizadora que el rey había conocido en su Francia natal. Esta tendencia consideraba que la mejor forma de gobernar sus reinos y territorios era con unas mismas leyes y con unas instituciones similares que fueran totalmente dependientes de la Corona.

Personajes

FERNANDO VII: Rey de España a principios del XIX. Hijo de Carlos IV y enemigo de Godoy, conspiró para derribarlo. Tras el motín de Aranjuez subió al trono pero en Bayona se vio obligado por Napoleón a devolver el trono español, quedando en manos de su padre, y sucesivamente en José I, hermano de Napoleón. El pueblo se levanto en armas y Femando VII volvió al trono, derogo la constitución de 1812 e instauro el absolutismo. Persiguió a los liberales afrancesados e instauró la inquisición. Femando VII se vio obligado a firmar otra vez la constitución de 1812 y se produjo un Trienio Liberal que acabo con la invasión de "Los 100000 hijos de san Luis"; le sigue así una Década Ominosa (1823-33) que se caracterizo por la instauración del absolutismo y la publicación de la pragmática sanción.

JOSÉ I: Rey de Nápoles y España a principios del XIX. Hermano de Napoleón. Contó con el odio del pueblo español. Procuro encontrar las soluciones para convertir el reino en una nación floreciente económica y socialmente (ideas ilustradas). El pensó que la riqueza estaba mal distribuida y poco trabajada. Las principales medidas que tomó fueron ordenadas por Napoleón. Su corto remado no fue estable debido a la situación de España en ese momento.

WELLINGTON: Militar y político británico de finales del XVIII a mediados del XIX. Luchó contra Napoleón en Portugal. Jefe de las tropas británicas en la península, mantuvo una actitud prudente y distante con las Cortes de Cádiz, limitándose a defender Lisboa. Dirigió las tropas anglo prusianas que derrotaron definitivamente a Napoleón en la batalla de Waterloo del año 1815. De vuelta a Gran Bretaña apoyó la intervención de Los 100000 hijos de san Luis en España.

JOVELLANOS: (1744-1811), literato, economista y político español, máximo representante del pensamiento de la Ilustración española. En 1778 se trasladó a Madrid con el nombramiento de alcalde de casa y corte, y dos años después fue designado miembro del Consejo de Órdenes Militares. Protegido por Pedro Rodríguez de Campomanes, fiscal del Consejo de Castilla, ingresó en la Junta de Comercio y Moneda y en la Sociedad Económica Matritense. La muerte de Carlos III y el temor a la extensión de las ideas de la Revolución Francesa crearon en España un ambiente hostil, y en 1790 Jovellanos fue enviado a Asturias en un destierro encubierto. Rehabilitado en 1797 por Manuel Godoy para el cargo de ministro de Gracia y Justicia, volvió a ser desterrado en 1801 al castillo de Bellver (Mallorca). Liberado en vísperas del alzamiento contra las tropas napoleónicas del 2 de mayo de 1808, ocupó un cargo destacado en la Junta Central. Huyendo de la ocupación francesa, murió el 27 de noviembre de 1811 en el puerto de Vega (Asturias).

FLORIDABLANCA : (1728-1808), político e intelectual español, primer secretario de Estado y del Despacho (1777-1787), jefe de la Junta Suprema de Estado (1787-1792). Hombre clave de la Ilustración española, preocupado por los problemas del país, se comprometió a solucionarlos mediante la acción política. Actuó junto al fiscal Pedro Rodríguez Campomanes, en una línea regalista, y apoyó decididamente la expulsión de los jesuitas (1767). Fue primer secretario de Estado de 1777 a 1792. Sus propuestas reformistas intentaron modificar comportamientos tradicionales de la sociedad española. Muerto Carlos III, fue confirmado en sus cargos por Carlos IV, pero su política varió a partir de 1790, a raíz de los sucesos revolucionarios de Francia (Revolución Francesa). En 1792 fue desterrado. Volvió a la política activa después de la ocupación de España por las tropas francesas, y fue presidente de la Junta Suprema Central en 1808 hasta su muerte, ocurrida en ese mismo año en Sevilla.

Hechos

TRATADO DE FONTAINEBLEAU: (1807). Tratados firmados entre Francia y España por el cual España permitía el paso de un ejercito francés a través del territorio español rumbo a Portugal. Los antecedentes son la idea que Napoleón tenia de España, como un país débil, imagen dada por la monarquía. Atravesando España la iría ocupando para su posterior expansión francesa, pero esto tuvo como consecuencia la guerra de la independencia española.

MOTIN DE ARANJUEZ: (1808). Conspiración de Femando VII y partidarios suyos para que su padre abdicara sobre él y expulsar a Godoy. El desastre de Trafalgar y los pactos de Godoy con Napoleón provocaron la indignación de todos y cuando este se iba a ir con los reyes a América, fueron sorprendidos en el palacio de Aranjuez. Esto produjo la abdicación de Carlos IV en su hijo Femando VII.

ABDICACIONES DE BAYONA: Se trata de unas abdicaciones de poder en las que Napoleón reunió a la familia real en Bayona y allí obligo a Femando VII a devolver los derechos de la corona a Carlos IV y a este a abdicar en su hermano José I. Estas abdicaciones datan de mayo de 1808.

LEVANTAMIENTOS DEL 2 DE MAYO: Reacción popular en Madrid. Se produce tras la salida de la familia real y la forzosa de Femando VII. Además la situación política y económica era caótica. Esto, junto a la ausencia del monarca condujo al levantamiento popular. En dicho levantamiento, frente a palacio, Murat dio ordenes de disparar y hubo varios muertos.

ESTATUTO DE BAYONA: Es una carta otorgada que quiso instaurar Napoleón en España en 1808. Esta respondía a las intenciones reformistas moderadas del emperador. Napoleón buscaba dar una apariencia legal al régimen, conectando con la tradición y con las aspiraciones de cambio de los afrancesados (reforma del sistema absolutista para evitar su transformación revolucionaria).

BATALLA DE BAILEN: Batalla que enfrenta al ejercito de Napoleón contra un ejercito español en Bailen en 1808 dirigido por el general Castaños. Las tropas francesas acabaron por rendirse y la derrota tuvo resonancia Internacional, pues era la la vez que Napoleón era derrotado en tierra firme. Esto hizo replegar a las tropas francesas y que José I se trasladase a Vitoria.

TRATADO DE VALENÇAY: Acuerdo firmado el 11-12-1813 por el que Napoleón reconocía a Femando VII como rey de España y comprometía a respetar los territorios que pertenecían a la corona española antes de iniciarse la guerra. Fernando VII tuvo que devolver las plazas fronterizas en suelo francés, evacuar las tropas británicas de España y mantener en sus cargos a los seguidores de José I.

Conceptos

JUNTAS: Órgano de poder revolucionario surgido por iniciativa popular a partir de las abdicaciones de Bayona y el levantamiento del 2 de mayo de 1808. Su objetivo era organizar la defensa armada frente al ejercito español y asumir el poder. Hicieron valer su autoridad frente al aparato administrativo de la monarquía. Básicamente estaban formadas por miembros de clases dominantes que actuaron como representantes de la nación.

GUERRILLA: Grupo armado de paisanos que lucha contra un ejercito enemigo. No sólo estaban compuestas por civiles, sino también por delincuentes, soldados... Los mandos surgen del pueblo de entre los que demuestran mayor habilidad, pero también hay oficiales del ejercito. Rehuyen del ataque frontal. Solo atacan cuando tienen garantías. Cuentan con e1 apoyo de la población civil que les proporciona información, escondite, víveres etc. Sus objetivos clave son las líneas de comunicación, la retaguardia, los abastecimientos y los convoyes de armas. Fueron decisivas para la derrota francesa.

ABSOLUTISTAS: Partidarios de mantener el sistema de monarquía absoluta propia del antiguo régimen. En las cortes de Cádiz los diputados absolutistas se configuraron como una tendencia política enfrentada a los liberales.

LIBERALES: Diputados de las Cortes de Cádiz partidarios de realizar transformaciones políticas y sociales inspiradas en el modelo de la revolución francesa: soberanía nacional, división de poderes, constitución, derechos individuales...

AFRANCESADOS: Denominación dada por el pueblo a los colaboradores y partidarios de José I y Napoleón. Fueron sobre todo políticos, intelectuales ilustrados, que consideraron la oportunidad de llevar a cabo la obra reformista en España iniciada por Carlos III. Con la salida de España de los franceses y la vuelta de Femando VII tuvieron que emigrar a Francia y no pudieron volver hasta el Trienio Liberal. Los que se quedaron fueron represaliados.

SOBERANÍA NACIONAL: Principio liberal por el cual el poder reside en la nación, considerada como el conjunto de los ciudadanos y se expresa en su voluntad colectiva. Este principio se opone a la monarquía absoluta y fue planteada por Rousseau en el contrato social. En España se introduce en la Constitución de 1812.

DIVISIÓN DE PODERES: Principio de la teoría liberal que establece la separación del poder del estado en diferentes partes independientes entre sí: judicial y ejecutivo inicialmente, y en el Estado Moderno también se incluye el legislativo.

Personajes

RAFAEL DE RIEGO: (XVIII-XIX). Militar y político español. Participó en la guerra de la independencia contra los franceses. Difundió los principios de la masonería en los cuarteles. El 1 de Enero se pronunció en cabezas de San Juan y recorrió Andalucía proclamando la Constitución de 1812. En 1823 opuso resistencia a las tropas de la Santa Alianza (100000 hijos de San Luis), fue hecho prisionero y ejecutado.

GENERAL TORRIJOS: (XVIII-XIX). Militar español. En 1808 intervino en los sucesos del 2 de mayo en Madrid. Participó en la defensa de varias ciudades en la guerra de la Independencia española. Conspiró a favor de la Constitución de 1812. Se hizo miembro de la Sociedad de Amantes del Orden Constitucional. Tras la vuelta del Absolutismo con Femando VII se exilió en Inglaterra y colaboró desde la masonería con los independentistas de América. Traicionado fue detenido y fusilado por orden del Consejo de Ministros.

Mª CRISTINA DE NAPOLES; (XIX): Regente de España (1833- 1840). Se casó con su tío Fernando VII. A la muerte de este se apoyó en los liberales para defender los derechos sucesorios de su hija Isabel frente a su tío Carlos María Isidro de Borbón, sustentado por tradicionalistas (la guerra Carlista). Mediante el estatuto real concedió algunas libertades, pero los progresistas exigieron un constitucionalismo pleno (Constitución de 1837). Tuvo que entregar la regencia a Espartero y exiliarse.

ESPOZ Y MINA:(1781-1836): Guerrillero español, destacó durante la guerra de la Independencia española y después fue un militar de ideología liberal. En 1812 ascendió a mariscal de campo. No aceptó la disolución de la guerrilla e intentó un golpe militar, y al fracasar se refugió en Francia. Con el triunfo de la revolución de 1820 regresó a Navarra y proclamó la Constitución en Santesteban. Nombrado comandante general de Galicia en 1821 fue luego destituido. Ingresó en la masonería. Combatió contra los realistas en Cataluña. Claudicó ante las tropas francesas de los Cien Mil Hijos de San Luis, en 1823, y se refugió en Inglaterra. Volvió a España y participó en la primera Guerra Carlista, en la que, al parecer, se vio envuelto en el fusilamiento de la madre del general carlista Ramón Cabrera. Falleció en 1836 en Barcelona.

SIMÓN BOLÍVAR: (XVIII- XIX). Militar y político sudamericano, nacido de una rica familia de criollos. Se convirtió en el máximo conductor de la revolución que culminó con la independencia de Sudamérica, por lo que se le conoce como el "libertador". Junto a Miranda fundó la Sociedad Patriótica. Emergió como líder militar en numerosos combates y provocó el proceso de conformación política e institucional de los territorios liberados mediante la formación de la república de la Gran Colombia.

JOSÉ SAN MARTÍN: (XVIII- XIX). Militar y político argentino. De ideas liberales es uno de los principales líderes independentistas. Fue ascendiendo en su participación en sucesivas guerras: del Rosellón, Naranjas, Bailén, que le valió el ascenso a Capitán Mayor. Entre 1816 y 1821 encabezó las campañas de liberación de Argentina, Chile y Perú. Tras entrevistarse con Simón Bolívar le cede el mando. Tras la independencia de las colonias abandonó la política.

Hechos

PRONUNCIAMIENTO DE RIEGO: Rebelión político-militar contraria al absolutismo de Femando VII encabezada por el general Riego en cabezas de san Juan (Sevilla) el 1 de Enero de 1820. Riego sublevó a unas tropas que se encontraban preparadas para embarcar hacia América.Su éxito se debió al apoyo de otros jefes militares y otras fuerzas políticas. A consecuencia de este pronunciamiento se proclama la constitución de 1812 y comienza un periodo denominado Trienio Liberal.

BATALLA DE AYACUCHO: 9-XII-1821. Ultimo combate importante de las guerras de emancipación de las colonias, que acabó con la victoria de las fuerzas independentistas, a las ordenes de Sucre, frente al ejército español comandado por José de la Serna. Significó la culminación de la independencia de Perú. Supuso la pérdida del último núcleo importante de la resistencia española en América.

Conceptos

MANIFIESTO DE LOS PERSAS: Manifiesto firmado en 1814 por 69 diputados de las cortes ordinarias y entregan a Fernando VII en Valencia. En el se reclamaba la vuelta al Antiguo Régimen y a la situación anterior a la guerra de la Independencia española. Se reivindicaba el carácter ilimitado del poder del rey. También significó la unidad entre los estamentos privilegiados y la Corona para detener cualquier cambio en el sistema social y político. Y también se aseguraba la existencia de una conspiración de liberales, masones y afrancesados contra la monarquía.

SANTA ALIANZA: Acuerdo firmado en 1815. Tras la derrota de Napoleón en Europa se reúne el Congreso de Viena en 1815, donde se estableció una alianza entre los monarcas absolutistas para prestarse ayuda en caso de futuras amenazas liberales. Cuando en España se produce el restablecimiento del liberalismo tras el pronunciamiento de Riego en 1820, se reúne Congreso de Verona (1822) en virtud de la citada alianza. En este congreso se decide enviar un ejercito francés, los 100000 hijos de San Luis, para acabar con el gobierno liberal.

CIEN MIL HIJOS DE SAN LUIS: Ejercito francés enviado a España en 1823 por la Santa Alianza para restablecer en el trono a Femando VII. Tras el pronunciamiento de Riego, y el consiguiente trienio liberal, los requerimientos de Femando VII hicieron que en el Congreso de Verona fuera apoyado por la Santa Alianza. Así, un ejército comandado por el duque de Angulema, sin encontrar apenas resistencia y con el apoyo del clero y de las masas realistas, condujeron a la capitulación de las Cortes.

PRONUNCIAMIENTOS: Forma de rebelión político militar que tiene su origen en España en 1815, debido a la situación de dominación opresiva que se vivía en esa época. Generalmente lo encabezaba un militar que sublevaba a las tropas a su mando. Si cuenta con el apoyo de otros jefes militares y de fuerzas políticas podía tener éxito, como por ejemplo el pronunciamiento de Riego, de Topete, de Prim y Serrano. Es un fenómeno característico de la vida política en España durante el siglo XIX y parte del XX.

SOCIEDADES PATRIÓTICAS: Asociaciones de carácter político que surgieron en el trienio liberal, con el objetivo de difundir las ideas liberales y la constitución. Son el antecedente de los partidos políticos y pueden considerarse como el inicio de la actividad política moderna en España. Tienen su origen en los cafés en los que se leía prensa y se discutía sobre la situación política. Fueron prohibidos por su extremismo ideológico a los pocos meses de aparecer.

PRAGMÁTICA SANCIÓN: Norma otorgada por el monarca español Femando VII en 1830, que tuvo su origen en una decisión que adopto, aunque no llegó a publicarse, esta suponía la derogación de la ley sálica que negaba a las mujeres el derecho a la sucesión del trono. Fernando VII pretendía así que el hijo que esperaba, fuese su sucesor aunque este fuese una mujer, anulando así las expectativa de su hermano Carlos y dando lugar al movimiento carlista.

Personajes

Mª CRISTINA DE BORBÓN O NAPOLES: (XIX). Regente de España desde 1833 a 1840. Se casó con su tío Fernando VII. A la muerte de éste se apoyó en los liberales para defender los derechos sucesorios de su hija Isabel II frente a su tío Carlos Mª Isidro, sustentado por los tradicionalistas (1ª guerra carlista). Mediante el Estatuto Real concedió algunas libertades, pero los progresistas exigieron un constitucionalismo pleno (Constitución del 37). Tuvo que entregar la regencia a Espartero y exiliarse.

CARLOS Mª ISIDRO: (XVIII-XIX). Hijo de Carlos IV, hermano de Femando VII y primer pretendiente al trono de España. La promulgación de la Pragmática Sanción provocó un conflicto dinástico entre los partidos de Carlos Mª Isidro y los defensores de Isabel II (su sobrina). Al finalizar la contienda (Abrazo de Vergara) se traslada a Francia.

BALDOMERO ESPARTERO, DUQUE DE LA VICTORIA: (XVIII-XIX). Militar y político español. Fue regente desde 1840 al 43. Combatió contra Francia en la guerra de la Independencia. Intervino en Venezuela y Panamá contra los independentistas. Con ideas liberales combatió en la guerra Carlista. Al finalizar esta ocupó la presidencia del Gobierno provisional y más tarde como regente único del Reino. Debido a sus desaciertos se vio obligado al exilio. Presidió el gobierno de nuevo durante el Bienio Progresista (1854-1856).

FRANCISCO MARTÍNEZ DE LA ROSA: (XVIII-XIX). Político y escritor español. Diputado liberal en las Cortes de Cádiz. Durante el Trienio Liberal fue elegido diputado y nombrado presidente del gobierno. En 1834 fue nombrado presidente del consejo de ministros por Mª Cristina de Borbón para asegurar el apoyo a Isabel II. Elaboró el Estatuto Real, de carácter moderado, que fue contestado por los sectores más liberales que provocaron su dimisión.

JUAN ÁLVAREZ MENDIZABAL: (XVIII-XIX). Político español. En 1820 apoyó la sublevación de Rafael Riego. En 1835 fue llamado por el gobierno para reorganizar la Hacienda pública y ese mismo año fue nombrado presidente del gobierno. De su política destaca la concesión de prestamos por la banca francesa, el alistamiento militar general y la desamortización de bienes eclesiásticos. Tras ser destituido, volvió a ocupar un puesto en la Hacienda, después del motín de la Granja.

Hechos

CONVENIO O ABRAZO DE VERGARA: Acuerdo firmado en 1839 entre el isabelino Baldomero Espartero y el carlista Rafael Maroto, con el que finalizó la guerra carlista española. Con él se pactó la rendición carlista, pero con un reconocimiento de los grados y empleos de los vencidos, lo que equivalía a reconocer un resultado en tablas, y el compromiso a respetar los fueros.

Conceptos

CARLISMO: Régimen político e ideología de los carlistas, seguidores del infante Carlos Mª Isidro, que pretendía suceder en el trono a su hermano Femando VII, por carecer éste de descendencia masculina. Este movimiento sociopolítico español se deriva del pleito sucesorio sobrevenido a la muerte de Fernando VII, en el otoño de 1833, entre los partidarios de los derechos al trono de su hermano Carlos María Isidro, y los de su hija Isabel II, heredera según la Pragmática Sanción que derogaba la Ley Sálica. Esta ideología se basaba en el principio de legitimidad dinástica, resumido en el lema "Dios-Patria-Rey" como una monarquía católica autoritaria se acompañaba, entre otros ingredientes, de un componente foralista (defensor de un ordenamiento jurídico y político propio referido a un "fuero" anterior) amparado en la descentralización del Antiguo Régimen rechazada por el liberalismo uniformador. Este movimiento fue apoyado por el campesinado, la baja nobleza y el clero.

ESTATUTO REAL O DEL 34: Carta otorgada promulgada en forma de Real Decreto, aprobada por la regente Mª Cristina en 1834 y vigente hasta 1836. Inspirada en la carta francesa de Luis XVIII fue redactada por Martínez de la Rosa. En sus 50 artículos se regulaban unas cortes, su estructura, la forma y tiempo de reunión y sus limitaciones. Dividía las Cortes en dos cámaras, con un Estamento de Próceres (senado), al que se accedía por herencia, y el Estamento de Procuradores, elegidos por método restrictivo y con menos poder,

ESTAMENTO DE PRÓCERES: Cámara de las cortes creada en el Estatuto Real durante la regencia de Mª Cristina compuesto por la nobleza, clero y miembros ricos de la burguesía. Los puestos eran por designación real y vitalicios, por lo que era una cámara muy conservadora. Se exigía una renta anual muy alta para ser miembro de esa cámara.

ESTAMENTO DE PROCURADORES: Cámara de las cortes creada en el estatuto del 34 durante la regencia de Mª Cristina. Su participación era electiva mediante sufragio restrictivo e indirecto. La convocatoria corría a manos de la Corona. Solo podían discutir lo que se les consultaba, aunque tenían derecho de petición, y podían ser disueltas por el rey.

CONSTITUCIÓN DE 1837: Ley fundamental establecida en 1837, de tendencia progresista, pero con concesiones moderadas. Reconocía la soberanía nacional, realizaba una declaración de derechos individuales, reforzaba el poder ejecutivo atribuido a la Corona, y otorgaba el poder legislativo a las cortes y al rey. El rey tenía derecho a convocar, suspender o disolver las Cortes, y podía ejercer el veto sobre las leyes aprobadas por ellas. Se establecían dos cámaras: la de diputados (elección directa y sufragio censitario) y el Senado (elegidos por el rey). El rey nombraría a sus ministros, pero podían ser objeto de censura por las Cortes.

CONSTITUCIÓN: Conjunto de leyes o principios fundamentales que regulan las grandes líneas del comportamiento y del procedimiento de los poderes públicos y de las relaciones entre estos y los ciudadanos. Los principios que establece la constitución son superiores a todas las normas superiores existentes. Son un fenómeno político que surge a partir de las revoluciones burguesas. Generalmente están expresadas en un documento escrito aunque hay casos de constituciones no escritas, como la de Inglaterra.

MODERADOS: Miembros del partido moderado, partido liberal español (1836-1868). Representaban el liberalismo doctrinario, caracterizado por rechazar la soberanía nacional. El poder legislativo compartido entre las cortes y el rey, la monarquía y gobierno con amplios poderes, cortes bicamerales con un senado elitista elegido por la corona, poderes locales controlados por el rey, el cual debía elegir a los alcaldes, defendían los intereses de los terratenientes y limitaban los derechos individuales y colectivos. Eran partidarios también del sufragio restringido, del proteccionismo, y de los impuestos directos. Este grupo lo formaban la oligarquía terrateniente, los nobles, la burguesía y las capas altas del ejercito. Controlaban la prensa y la vida parlamentaria.

LIBERALISMO DOCTRINARIO: Doctrina característica del partido moderado (partido liberal español). Caracterizado por su rechazo a la soberanía nacional, el poder legislativo compartido con las cortes y el rey, la monarquía y el gobierno con amplios poderes, cortes bicamerales con un senado elitista elegido por la corona, poderes locales controlados por el rey, que debía elegir a los alcaldes, defendían los derechos de los terratenientes, limitaban los derechos individuales y colectivos y eran partidarios del sufragio restringido.

PROGRESISTAS: Partidarios del partido progresista, partido liberalista radical español (1ª mitad del XIX). Sus ideas se basaban en el liberalismo progresista, que defendía la soberanía nacional (limita el poder del monarca), un poder legislativo que recaía en las cortes, el poder ejecutivo sobre la corona y un gobierno sometido al poder de las cámaras. Partidarios de cortes bicamerales, con un senado electivo y renovable. Poderes locales de elección popular y un sufragio censitario. Defendían los derechos individuales pero no tanto los colectivos. Eran, también, partidarios del sufragio restringido, pero con una renta más baja. Estaban representados por la burguesía media. Apoyan a las clases medias urbanas.

LIBERALISMO PROGRESISTA O RADICAL: Doctrina característica del partido progresista. Eran partidarios de la soberanía nacional (limita el poder del monarca), un poder legislativo que recaía en las cortes, el poder ejecutivo sobre la corona y un gobierno sometido al poder de las cámaras. Partidarios de cortes bicamerales, con un senado electivo y renovable. Poderes locales de elección popular y un sufragio censitario. Defendían los derechos individuales pero no tanto los colectivos. Eran, también, partidarios del sufragio restringido, pero con una renta más baja.

SUFRAGIO CENSITARIO O RESTRINGIDO: Ejercicio del derecho al voto que permite éste solo a los ciudadanos que dispones de rentas y bienes y contribuyen fiscalmente. Puede ser directo, cuando el elector elige él mismo a sus representantes e indirecto si los electores eligen a unos delegados encargados de elegir a los representantes.

SUFRAGIO UNIVERSAL: Ejercicio del derecho a voto que permite a todos los ciudadanos con el requisito de edad y nacionalidad ejercerlo. Puede ser directo, cuando el elector elige él mismo a sus representantes, e indirecto, si los electores eligen a unos delegados encargados de elegir a los representantes. En España no se consiguió hasta 1890 para los hombres y hasta 1931 para las mujeres.

Personajes

ESPARTERO: Célebre general y político español de mediados del XIX. Tomó parte en las campañas de América y en la guerra civil de los 7 años. Obtuvo numerosas victorias sobre los carlistas en la guerra contra ellos. Puso fin a la Guerra Carlista mediante el Convenio de Vergara, por el cual obtuvo el título de duque de la Victoria. Fue regente desde 1840 a 1843, y más tarde presidió el gobierno desde 1854 a 1856. El rey Amadeo de Saboya le otorgó el título de Príncipe de Vergara. Murió en Logroño en 1879.

CARLOS Mª ISIDRO: Hijo del monarca español Caries IV y hermano de Fernando VII durante la mitad del XIX. Fue el primer pretendiente del bando carlista al trono español, tras la promulgación por porte de su hermano Femando VII de la Pragmática Sanción, la cual hacía que el no pudiese acceder al trono y lo hiciese su sobrina Isabel en su lugar. Vivió fuera de España hasta el comienzo de la Guerra Carlista y vino a apoyarla. Murió en 1845 cediendo su puesto a su hijo Carlos Luis (Carlos VI) si la dinastía hubiera ido por ese camino.

FCO. MARTÍNEZ DE LA ROSA: Político y escritor español durante los dos primeros tercios del XIX Fue diputado liberal en las Cortes de Cádiz. Fue desterrado a la vuelta de Femando VII, y volvió a España con el triunfo del liberalismo en 1820. Fue presidente del gobierno durante unos meses y volvió a ser desterrado a la vuelta de Fernando VII. Durante la regencia de Mª Cristina de Borbón, fue nombrado presidente de gobierno y elaboró el Estatuto Real. Llegó a ser ministro de Estado y embajador en ciudades como París o Roma.

JUAN ÁLVAREZ MENDIZÁBAL: Político y financiero español, presidente del gobierno de 1835 a 1836. Fue de ideas liberales, y favoreció el levantamiento de Riego en 1820. En 1835 fue nombrado ministro de hacienda, pero a la vez se fue haciendo con la presidencia del gobierno, puesto al que accedió en 1835. Cabe destacar en su obra gubernamental la reforma de la Ley Electoral, y sus Desamortizaciones, mediante las cuales intentaba sacar al país de la crisis económica que venía arrastrando años atrás.

CONVENIO DE VERGARA: También llamado "Abrazo de Vergara", se firmó en 1839 entre el isabelino (liberal) Espartero y el carlista (absolutista) Maroto y puso fin a la Guerra Carlista. El líder carlista Carlos Mª Isidro no estuvo de acuerdo con este Convenio. A pesar de todo. Espartero, prometió hacer algunas concesiones a los fueros vascos y liberar a los prisioneros carlistas que aceptaran el convenio. Con este convenio, Espartero, recibió el título de Duque de la Victoria.

CARLISMO: Movimiento sociopolítico español durante la 2ª mitad del XIX derivado del pleito sucesorio que llegó con la muerte de Femando VII entre los carlistas partidarios del reinado de Carlos Mª Isidro y los isabelinos, partidarios de Isabel II, heredera del trono español según la Pragmática Sanción, que anulaba la Ley Sálica que impedía reinar a las mujeres. Este movimiento provocó las tres guerras civiles de ese siglo, conocidas con el nombre de Guerras Carlistas.

ESTATUTO REAL: Ley fundamental del Estado, promulgada en 1834 por el gobierno de Francisco Martínez de la Rosa, y durante la regencia de Mª Cristina de Borbón. En él se regulaban las nuevas Cortes, rechazaba la soberanía nacional, establecía un sistema de Cortes bicamerales. Estamento de Próceres y Estamento de Procuradores. Este estatuto tuvo validez hasta 1836.

ESTAMENTO DE PROCERES: Es una de las dos cámaras en que España quedó dividida por el Estatuto Real en 1834. Esta cámara era la cámara alta, y sus representantes, eran unos natos y otros electivos. Estaba formada sobre todo por miembros de la nobleza, del clero y altos burgueses. Esta separación establecida por el Estatuto estuvo vigente hasta 1836.

ESTAMENTO DE PROCURADORES: Es una de las dos cámaras en que España quedó dividida por el Estatuto Real de 1834. Esta cámara era la cámara baja, y sus representantes eran elegidos mediante sufragio censitario por provincias para representar ese Estamento. Esta separación establecida por el Estatuto estuvo vigente hasta 1836.

CONSTITUCIÓN DE 1837: Constitución promulgada en el año 1837 por el gobierno progresista de Calatrava Fue una constitución pactada entre progresistas y moderados y en ella se exponen las idea de Soberanía Nacional, se establecían numerosos derechos individuales, se reforzaba el poder ejecutivo, atribuido a la Corona, y otorgaba conjuntamente el legislativo a las Cortes con el Rey. Se establecían dos cámaras, la de Diputados, por elección directa y por sufragio censitario, y el Senado, cuyos miembros eran elegidos por el Rey.

MODERADOS: Fueron los miembros del partido moderado, que me una organización política del XIX y que fue el principal partido del reinado de Isabel II. Nació en 1834 con Francisco Martínez de la Rosa, pero tuvo su mayor apogeo con el general Ramón María Narváez en la década moderada. Apoyaron el liberalismo doctrinario, y terminó con la Revolución de 1868. Fue continuado con el nombre de Partido Conservador.

PROGRESISTAS: Fueron los representantes del partido progresista, que fue una organización política del XIX y que fue el segundo partido en importancia en el reinado de Isabel II. Nació de los exaltados del Trienio Liberal, y sus máximos representantes fueron Mendizábal y Espartero, Gobernaron en 1835, en la regencia de Espartero (1840-1843) y en el Bienio Progresista (1854-1856). Firmaron en 1866 el Pacto de Ostende con Serrano y Prim contra Isabel II.

LIBERALISMO DOCTRINARIO: Postura liberal que defendían los representantes del partido moderado en el XIX, y por la cual se rechazaba la Soberanía Nacional, y se defendía la Soberanía Compartida. También defendían la existencia de unas Cortes Bicamerales, el sufragio censitario, decía que el poder legislativo debía residir conjuntamente en el Rey con las Cortes, y que el Rey debería elegir a los alcaldes. A este tipo de liberalismo se le oponía el defendido por los progresistas.

LIBERALISMO PROGRESISTA: Postura liberal que defendían los representantes del partido progresista en el XIX, y por el cual se defendía la Soberanía Nacional, establecía que el poder legislativo residía exclusivamente en las Cortes. Defendían la existencia de unas Cortes Bicamerales pero con un Senado renovable y electivo. En él se dice que los poderes locales deberían ser de elección popular. Pretendían tener un sufragio más amplio pero eran partidarios del censitario. A este liberalismo se le opone el doctrinario.

SUFRAGIO CENSITARIO: Forma de volar, que fue defendida en el XIX tanto por los progresistas como por los moderados, Este tipo de sufragio consiste en que solo pueden ejercer el derecho al voto todos aquellos ciudadanos que cumplan unas determinadas condiciones antes expuestas, ya sean de tipo económico, educativo, social...

SUFRAGIO UNIVERSAL: Forma de votar por la cual todo ciudadano puede ejercer el derecho al voto, siempre que sea mayor de 18 años. En España, este tipo de sufragio se consiguió instaurar con la Constitución de 1931, durante la segunda República.

Personajes

FRANCISCO SERRANO: Militar y político español de mediados del XIX, combatió en la I Guerra Carlista junto a Baldomero Espartero, de quien fue estrecho colaborador durante su regencia. Al caer Espartero, se exilió y conspiró contra los gobiernos moderados. Ocupó distintas capitanías generales durante el gobierno de la Unión Liberal. Conspiró contra la reina creando el Pacto de Ostende junto a los demócratas. Fue trasladado a Cananas por el G° de González Bravo, pero escapó y protagonizó junto a Prim y Topete la revolución de septiembre de 1868. Presidió el primer G° Provisional del sexenio, fue regente y gobernó de forma autoritaria en 1874.

PRIM: Militar y político español de mediados del XIX, combatió en la I Guerra Carlista con lo que empezó a destacar como militar. Defendió el proteccionismo de la industria catalana. Participó en la Guerra de Marruecos y dirigió la expedición española en México. Tras ser desterrado a Oviedo, conspiró contra la reina y contribuyó a la creación del Pacto de Ostende junto a los demócratas. Protagonizó la revolución de 1868 junto a Serrano y Topete. Le fue encargado el Ministerio de la Guerra en el G° Provisional de Serrano y en 1869 accedió a la presidencia de G° sin abandonar el Ministerio de la Guerra. Murió en un atentado en 1870.

TOPETE: Almirante y político español de mediados del XIX. Después de distinguirse en la campaña contra el Perú y Chile, en septiembre de 1868 tomó la iniciativa de la insurrección que arrojó del trono a Isabel II y se sublevó en Cádiz junto a Serrano y Prim. El G° Provisional le otorgó la cartera de Marina y fue vicepresidente de las Cortes. Dimitió ante la venida de Amadeo de Saboya como rey. Venció en varios combates a los carlistas. Se retiró de la vida política tras reconocer como rey a Alfonso XII.

AMADEO DE SABOYA: Rey de España de 1870 a 1873. Hijo del rey Víctor Manuel II de Italia. Tras la Revolución de 1868 en España, se instauró una monarquía constitucional. Amadeo aceptó el cargo, y a su venida a España se produjo el asesinato de Prim, que era el hombre que más le apoyaba. La vida política española careció de estabilidad, hubo conspiraciones republicanas y borbónicas, gobiernos efímeros, levantamientos carlistas, atentados, separatismo en Cuba. Anunció su abdicación a la Corona española (1873).

ESTANISLAO FIGUERAS: Político español de mediados del XIX, fue presidente de la I República en 1873. Comenzó su vida política en 1840 en el Partido Progresista, pero en 1849 ingresó en el Partido Demócrata. En 1867 fue encarcelado y desterrado a Pamplona por Narváez. Tras la Revolución de 1868, en 1873, fue nombrado presidente de la I República, pero acabó escapando a Francia. En la Restauración colaboró con Manuel Ruiz Zorrilla en pro de la unidad republicana.

PI I MARGALL: Político español de la segunda mitad del XIX, fue Ministro de Gobernación de febrero a junio de 1873, durante la I República, y fue presidente de ésta de junio a julio. En 1849 ingresó en el Partido Demócrata e impone las bases del republicanismo federal. Tras la Revolución de 1868, volvió a España y dirigió el Partido Democrático Republicano Federal. Desde Gobernación disolvió las juntas locales e intentó instaurar de nuevo los ayuntamientos. Tras la I República, defendió la Asociación Internacional de Trabajadores y la independencia cubana en el Parlamento.