EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS EN VENEZUELA PARA EL DECENIO DE 1990

En el decenio de 1990 estuvo presidido por cinco jefes de estados: El segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-1993), Ramón J. Velásquez (1993) y Rafael Caldera (1994-1999).

Pérez asumió su segundo gobierno el 2 de febrero de 1989. Días después de la toma de posesión presentó “El Paquete”, un programa de ajuste económico que consistía en medidas como la liberación de tasas de interés activas y pasivas hasta un 30%, incremento de tarifas de servicios públicos, eliminación de la Oficina de Régimen de Cambios Diferenciales (RECADI), aumento del salario mínimo, deflación del déficit fiscal en un 4%, liberación de precios de la gran mayoría de los productos, plan de consolidación de las zonas marginales, programa de becas alimentarias, consolidación de los ambulatorios de salud, instauración de una Comisión Presidencial para la lucha contra la pobreza, elevar cada año los derivados del petróleo en el mercado nacional con un 100% en el precio de la gasolina y un 30% en los precios del transporte público, entre muchos otros.

Al día siguiente empezó a cumplirse con lo prometido: el Banco Central de Venezuela liberó las tasas de interés, fijó las modalidades con que se financiarían las cartas de crédito del sector privado y se informó que en pocos meses comenzarían a obtenerse los fondos de un crédito stand by por $ 1.500.000.000 otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Mientras tanto, el ministro de Energía y Minas, notificó que los precios de la gasolina incrementaría para el 26 de febrero: Bs. 2,75 la alta y Bs. 2,55 la media. Esto provocó descontento en la población, quién esperaba algo mejor de Pérez. Como consecuencia, se produjo el “Caracazo” o “El día que bajaron los cerros” ocurrido el 27 de febrero de 1989.

Sin embargo, el “paquete” de CAP tuvo los siguientes resultados, la mayoría eran desfavorables: la economía se contrajo a un 8,1%, la tasa de inflación había alcanzado a un 84,5%, las reservas internacionales se ubicaron en $ 7.411.000.000, el déficit en la balanza de pagos disminuyó y el déficit público llegó a un 1,7% del PTB (cifra por debajo de lo que se estimaba al principio). También se logró definir con el FMI un programa que estimaba la entrega de $ 5.000.000.000 en tres años. Se acordó créditos por $ 4.000.000.000 con el BM y se consiguieron 4000.000.000 cada año con el BID.

Al principio de la década de los 90, se logró un acuerdo con la Banca acreedora, pues la deuda se redujo a un 20% y el pago de interés de la misma en un 50%. Pero la economía creció en un 5,3%. El sector de la Banca y los Seguros superó el 23% en su crecimiento y la agricultura se halló en un 1,3%. La tasa de desempleo aumentó en un 10%, la inflación se situó en un 40,7%, se observó un exceso en la balanza global de pagos, pues las reservas aumentaban a $ 11.700.000.000.

Para el año siguiente, la economía sufrió un fuerte crecimiento del 9,2%, en el cual el sector petrolero estaba profundamente vinculado. La gestión fiscal se registró un superávit de BS. 75.000.000.000 gracias a las privatizaciones de CANTV y VIASA, pues hubo una entrada de capital de Bs. 122.000.000.000. Y en los ingresos ordinarios, un 80% era originario de la tributación petrolera. El precio del petróleo bajó a un 16,60%. No obstante, el ingreso fiscal se compensó por el incremento de los volúmenes compensados. Los precios y volúmenes de las exportaciones no derivadas del petróleo disminuyeron y, debido a las tasas de interés positivas y una tasa de cambio devaluada, se incitó el ahorro. Como consecuencia de ello, la balanza de pagos obtuvo buenos resultados. Al mismo tiempo, coincidieron los préstamos del BID y del BM, al igual que la inversión extrajera directa (CANTV y VIASA).

Un año más tarde, se notó un ligero mejoramiento en la población y se creía que así continuaría, pues la tasa de desempleo descendió a un 8,8% y la tasa de población empleada en el sector informal en un 40,5%. También los sueldos y salarios mejoraron y el consumo de alimentos se situó en un 20% aproximadamente. Sin embargo, la población no captaba esa mejoría, pues el saldo seguía siendo negativo y muchas expectativas prometidas al principio de la gestión no se habían cumplido. Las cargas aún se repartía de forma desequilibrada y tampoco lograban evitarse la gran dependencia de la economía.

Después del fallido golpe de Estado del 4 de febrero, el Presidente manifestó su deseo de modificar la política de ajuste como suspender los aumentos de gasolina hasta tanto no se fijara un criterio racional que tomara en consideración la condición de país energético que tiene Venezuela y estabilizar los precios de la “cesta básica” y de las medicinas, al igual que las tarifas de los servicios públicos. Al final estos proyectos no se llevaron a cabo, aparte de que hubo otro fallido golpe de Estado el 27 de noviembre de ese año.

Acusado por cometer actos de corrupción, a Pérez se le fue suspendido el cargo y el tachirense Ramón J. Velásquez tomó su lugar en 1993 para regir de forma interina hasta la culminación del período de CAP. Con el objeto de activar la economía del país, que estaba sumamente contraída, aprobó una ley habilitante mediante la cual el jefe de Estado tendría facultades extraordinarias para decretar sobre materia económica y fiscal. Estas leyes era dictados con altísima urgencia como establecer el Impuesto al Valor Agregado (IVA), la Ley General de Bancos y otros institutos financieros, la reforma a la Ley del Sistema de Ahorro y Préstamo y la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta. En su gobierno estimuló el proceso de descentralización al aprobar la transferencia de mayor número de competencias a los estados y al crear el Fondo Intergubernamental para la Descentralización (Fides). No obstante, se descuidó aún más el control sobre la gestión fiscal, elevando la inflación hasta un 45,9%, y el crecimiento fue apenas de 0,7% en ese año. La apertura hacia una economía de mercado se paralizó en su totalidad y, en algunos sentidos, se determinaron retrocesos hacia el conocido intervencionismo estatal.

A inicios de 1994, Rafael Caldera asumió su segundo mandato en plena crisis económica. Había propuesto lograr la modernización y competitividad de la economía como combatir la inflación, la política de austeridad en el gasto público, apertura de la economía en el marco de la reciprocidad, reactivación de los procesos productivos (sector agrícola, turismo, pequeña y mediana industria...), etc. Igualmente afirmó que nunca acudiría al FMI, promesa que fue incumplida años más tarde.

Además, a causa de la intervención del Banco Latino, el derrumbe e intervención de miles de instituciones bancarias y la fuga de capital por concepto de auxilios financieros que el Estado le otorgó a la banca, muchos ahorristas estuvieron afectados, al igual que la confianza y credibilidad de nativos y extranjeros en los banco, sumándole al grave desequilibrio en la economía del país a causa de la sustracción del dinero. Todo lo mencionado se produjo en el mismo año en que Caldera tomó el poder.

Una gran baja de las reservas monetarias internacionales fue el resultado de esos enormes robos de dinero. Por esta razón Caldera se vio obligado a poner un control cambiario, que fue desmontado en 1996.

En ese año, empezó el empleo del programa de Estabilización y Reformas Estructurales conocido como "Agenda Venezuela", respaldada por el FMI con el objeto de estimar un aumento de la gasolina de un 500%,  devaluar la moneda en casi un 100%, reponer el equilibrio macroeconómico, pisotear la inflación, etc. Éste previó aspectos como el aumento de los impuestos, la interrupción de los controles de cambio, la liberación de las tasas de interés y el orden en el gasto público. El descenso de 1,6% del producto interno bruto (PIB), una tasa de inflación de 103,2% y una tasa de desempleo de 12,4% fueron los efectos de este programa en 1996. El porcentaje de inflación mencionado con anterioridad ha sido el más alto que se ha registrado en la historia económica de Venezuela y la caída del PIB es la tercera que se reconoce de forma continua. La popular Agenda Venezuela, la cual supuestamente permitiría el mejoramiento de la economía, terminó siendo una copia de las fórmulas del FMI, sin el capital humano que se necesita para dirigir un proceso autónomo de diseño y ejecución de un programa global y coherente de política económica.

Es importante mencionar que durante su gobierno se aumentó el impuesto al consumo suntuario y ventas al mayor hasta 16,5%, al igual que el precio de la gasolina entre el 500 y 600%. Del mismo modo se prolongó el proceso de privatización de los activos del Estado; se libró del régimen cambiario de manera que el mercado fuese el que instituya el valor de la divisa extranjera; se amplió el proceso de Apertura Petrolera a la inversión privada; se inició la privatización de las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), de las compañías eléctricas del Estado; se otorgó en concesión la construcción, mantenimiento y administración de carreteras y autopistas a empresas extranjeras, etc.

También cabe destacar que arrancó un proceso de apertura petrolera, considerada por varias personas como la introducción a la privatización del sector; no obstante se hizo realidad uniendo esfuerzos de los sectores privado, nacional e internacional, para la explotación, exploración y refinamiento del petróleo y del gas natural. Pero la crisis mundial en los mercados del crudo influyeron en este proceso de forma negativa.

Bibliografía

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