Introducción

El 4 de octubre de 1934, Lerroux formó un nuevo gobierno, en el que entraron tres ministros de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas). Este hecho originó un gran malestar entre los partidos de izquierda, que temían una radicalización de la República hacia la derecha, el temor se veía agravado por la situación internacional, con el triunfo de los regímenes totalitarios y sus posibles repercusiones sobre España.

La reacción no se hizo esperar. Las organizaciones obreras convocaron el mismo octubre una huelga general, que revistió caracteres de verdadera revolución en Cataluña y en Asturias.

Durante todo el año 1935, el gobierno de la República mantuvo una política socialmente regresiva y represiva. La reforma agraria quedó en suspenso, muchos campesinos tuvieron que abandonar las tierras arrendadas, sobre todo en Cataluña, donde la medida tuvo carácter de represalia; los salarios disminuyeron y aumentó el paro; en año y medio se sucedieron hasta siete gabinetes, en parte por las presiones que el presidente Alcalá Zamora ejercía sobre Lerroux para frenar sus tendencias derechistas; el partido radical se vio afectado por un escándalo de corrupción que se conoció como “estraperlo”, por el nombre de sus protagonistas (Strauss y Perlo), culpables de haber sobornado a funcionarios del gobierno para implantar un juego de ruleta en el Casino de San Sebastián. El nuevo jefe de gobierno, Manuel Portela Valladares, es el encargado de preparar nuevas elecciones. En primer lugar formó un gobierno sin la CEDA y sin los radicales, pero tras los ataques de Gil Robles se decantó por hacer otro gobierno, esta vez estrictamente centrista. En estas circunstancias se convocaron las nuevas elecciones, que tendrían lugar el 16 de febrero de 1936.

Partidos políticos candidatos al gobierno

Para estas elecciones se formaron dos frentes electorales, reflejo de la polarización política que se vivía en España.

La izquierda se agrupa en el conocido Frente Popular. El pacto se firmaba el 15 de enero por estos partidos: Izquierda Republicana, Unión Republicana, Partido Socialista, UGT (Unión General de Trabajadores), Partido Comunista, Juventudes Socialista, Partido Sindicalista y POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista). La CNT (Confederación Nacional del Trabajo) no entraba en la coalición, pero la apoyaba. Su programa electoral consistía en:

• Amnistía general y reintegración de los sometidos a represalias.

• Nueva puesta en vigor de la Reforma Agraria y del Estatuto de Cataluña.

• Reforma de las leyes municipal, provincial y de orden público.

• Derogación de la Ley de Arrendamientos y revisión de desahucios.

• Política de obras públicas.

• Rectificación del “proceso de derrumbamiento de los salarios en el campo”, reorganización de la jurisdicción del trabajo.

• Impulso de la enseñanza primaria y media y democratización de la superior.

La derecha también iba a ir unida a las elecciones. Pero esta unidad se dio de forma más fraccionada y compleja que en el caso de la izquierda. La CEDA consiguió pactar con monárquicos y tradicionalistas. Además, en muchas circunscripciones pactó con radicales y republicanos de centro. No llegó a ponerse de acuerdo en la confección de un manifiesto - programa electoral. La CEDA no quería comprometer su futura acción de gobierno por un acuerdo de más largo alcance con los monárquicos. Por otro lado, Calvo Sotelo había propuesto un programa sin ambigüedades, donde se decía que el gobierno provisional tendría como presidente a un general y donde las cortes iban a ser constituyentes. A lo largo de la campaña electoral Sotelo iba a apelar a la fuerza militar y la importancia de un Ejercito que debía de ser “base de sustentación de la patria”.

Por otro lado, en Euskadi, los nacionalistas del PNV (Partido Nacionalista Vasco) presentaron una candidatura aparte, no cediendo a las presiones a las que le sometió el Vaticano para que se uniera a la CEDA.

En Cataluña, por un lado se presentó la Lliga, a la que se unieron cedistas, radicales y tradicionalistas, y por otro las izquierdas se agruparon en el Front d'Esquerres de Catalunya, el Frente Popular catalán.

La campaña electoral fue intensa, pero sin episodios violentos graves. La izquierda hizo una campaña moderada, sobre todo los comunistas. Los republicanos se ocuparon de realzar el programa que tenía un carácter claramente republicano. Azaña defendía el programa electoral y proclamaba que se dedicaría a la aplicación del mismo desde el gobierno. Los socialistas, con Largo Caballero, querían convencer a sus seguidores que su objetivo era el de realizar la revolución socialista y que eso no se había comprometido al firmar el pacto. Para la derecha, el discurso era la acción antirrevolucionaria, constatada en frases como “Contra la revolución y sus cómplices.”. El radicalismo y la agresividad no estuvieron ausentes en esta campaña.

Resultados electorales y sus consecuencias

Había 473 puestos para 977 candidatos. Los resultados de las elecciones fueron:

Frente Popular 257 diputados

Derecha 139 diputados

Centro 57 diputados

Se hizo necesaria una segunda vuelta en: Guipúzcoa, Vizcaya (con victoria de los nacionalistas), Alava (tadicionalistas), Soria (conservadores de Miguel Maura) y Castellón (Frente Popular).

El Frente popular consiguió imponerse en 37 circunscripciones y en todas las ciudades de más de 150.000 habitantes.

Los datos cuantitativos son muy difíciles de obtener ya que habría grandes diferencias entre el número de votos y el número de diputados. Según Javier Tusell acudieron a votar 9.864.783 de personas, el 70% del censo electoral, obteniendo el Frente Popular 4.656.116 votos; las derechas y centro - derecha 4.503.505; el centro 400.901 y los nacionalistas vascos 125.714.

A partir de este momento comenzaron a producirse movimientos y a tramarse golpes de fuerza por parte de los perdedores. Calvo Sotelo y el general Franco instan a Portela a declarar el estado de guerra. Jose Antonio Primo de Ribera pide armas para la Falange, y los monárquicos presionan a Gil Robles para que encabece un gobierno de fuerza. Fueron muchas las presiones que sufrió Portela. El día 19 abandonó el gobierno, por lo que Azaña tuvo que formar uno, aunque todavía no se había dado una proclamación oficial de resultados.

Estas elecciones, además de corroborar la división política de España, sirvieron para hacer otras lecturas:

La hegemonía del Frente popular en las grandes ciudades, zonas industriales y en las de latifundio en Andalucía y Badajoz.

La eliminación de la derecha clásica en Cataluña y Euskadi marítimo.

La confirmación de una base masiva de derechas en Castilla la Vieja y también en la Nueva.

El voto anarquista es importante pero no decisivo.

Después de realizar la segunda vuelta y repetidas las elecciones en Granada y Cuenca por fraude electoral, la cámara quedó oficialmente constituida así:

Socialistas	99	Nacionalistas vascos	10
Izqierda Republicana	87	Progresistas	6
Unión Republicana	39	Radicales	4
Esquerra Rep. de Cataluña	36	Republicanos conservadores	3
Comunistas	17	Lliga	12
CEDA	88	Agrarios	11
Bloque Nacional	13	Tradicionalistas	9
Independientes de derecha	3	Independientes	10
Mesócratas	1	Varios	6

Estos resultados hicieron que el Bloque Nacional (extrema derecha) se reuniera para realizar una ofensiva contrarrevolucionaria y se le otorgase un voto de confianza a Calvo Sotelo para la reorganización del Bloque. Esta actitud de la extrema derecha también la tiene el sector más derechista de la CEDA, desengañado de la vía legal para ocupar el poder, y pensando en pasar a la vía de hecho.

El día 17 Portela comenzó a sufrir presiones para que declarase el estado de Guerra por parte de Gil Robles y del general Franco. Éste junto a los generales Fanjul, Goded y Rodríguez del Barrio se reúnen para realizar un pronunciamiento. Pero desistieron a causa del poco entusiasmo con que la idea fue acogida por otros militares y porque la Guardia Civil y la de Asalto se oponían. Al día siguiente fue Calvo Sotelo quien presionó a Portela. Esto, junto a nuevos rumores de golpe de estado hicieron que Portela abandonase el gobierno, haciendo que Azaña formase un gobierno, incluso antes de que los resultados fuesen oficiales, cosa que a Azaña no le agradaba.

Las primeras actuaciones del gobierno del Frente Popular son:

• Reanudar la aplicación de la Ley de Reforma Agraria y abrir el Parlamento Catalán.

• Suspensión de juicios de desahucio contra arrendatarios, colonos y aparceros y la reintegración de los yunteros de Extremadura en el uso y disfrute de las tierras que en años anteriores habían utilizado en virtud de la Ley de Intensificación de Cultivos.

• Reintegración a sus puestos de trabajo de todos aquellos que habían sido despedidos por represalia política a partir de octubre de 1934.

El triunfo del Frente Popular en las urnas permitió que los trabajadores del campo y sus organizaciones se convirtieron en la fuerza local dominante mientras que los patronos no parecían dispuestos a ceder y se apoyaban en la fuerza pública existente en las localidades rurales.

La puesta en práctica de la Reforma Agraria trajo consigo multitud de conflictos. Las primeras ocupaciones espontáneas de tierras, a principios de marzo, comienzan en Madrid, y pronto se extienden. La Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT), el sindicato socialista del campo, piensa que la instalación de yunteros en Extremadura es lenta, y organiza una ocupación de fincas para el 25 de marzo, en la que participan 60.000 campesinos. El gobierno reacciona primero enviando tropas, pero luego legaliza la apropiación, considerando que cumple las leyes de la reforma agraria. La superficie abarcada es mucho mayor que la que se les ha entregado en los últimos cinco años. Desde febrero hasta el 17 de julio fueron expropiadas 537.475 hectáreas distribuidas entre 108.000 familias campesinas; era la transferencia de propiedad rústica más importante desde 1931, pero su alcance era limitado, puesto que 7'5 millones de hectáreas estaban comprendidas en latifundios mayores de 500 hectáreas. Los propietarios se resistían. Los enfrentamientos entre campesinos y Guardia Civil se produjeron en varias ocasiones.

También hubo acciones anticlericales de las masas con la quema de iglesias y conventos.

Otro tipo de conflictividad social, el de las ciudades, se desató en parte por la presión de la CNT en demanda de alza de salarios, pero sólo ya mediada la primavera.

El gobierno aleja a los generales sospechosos de golpismo: a Franco lo envía a Canarias, a Goded a Baleares y a Mola a Navarra. Este último, en el mes de abril, aparece como claro organizador y cerebro de la operación. Entra en contacto con los carlistas y recibe apoyo económico de la CEDA, a la que no tenía ninguna simpatía.

Azaña como presidente de la República

Alcalá Zamora fue el presidente de la República hasta el 7 de abril, cuando se votó su destitución. Había conseguido enemistarse tanto con la derecha como con la izquierda por su actitud de querer “centrar” la República. A partir de entonces fue Martínez Barrio quien se encargó de la Presidencia hasta que el día 3 de mayo Azaña fue elegido presidente.

Azaña, el 1 de febrero, organiza un gabinete sólo con los republicanos de izquierda. Tiene el apoyo de socialistas y comunistas, pero pronto surgen dificultades. Los líderes del ala izquierda del partido socialista, Largo Caballero y Besteiro, no querían participar en el gobierno y querían que se llevase a cabo el programa del Frente Popular para dejar paso a la realización de la Revolución Socialista.

Cuando se destituye a Alcalá Zamora, el esquema planteado por Prieto era el de que Azaña se hiciera presidente de la República y que él mismo fuese presidente del Gobierno. Pero esto no se cumplió ya que Largo Caballero y Besteiro se opusieron a que prieto fuese el encargado de formar gobierno. Entonces Azaña designó la tarea de formar gobierno a Casares. Este escogió un gobierno de intelectuales republicanos, esencialmente de pequeña burguesía, aunque hubiese podido tener vínculos con cierta burguesía media.

El deterioro de la convivencia social se va a producir, por el enfrentamiento entre los partidos políticos, las luchas en el Parlamento y los graves conflictos que se originan tanto en la ciudad como en el campo.

De abril a mayo se produjeron muchos actos violentos, provocando una tensión social. Se produjeron asesinatos como el del magistrado Pedregal, atentados como el que iba en contra de Eduardo Ortega y Gasset o contra los hermanos Badía…La derecha realizaba con estos actos una propaganda de desorden y violencia y criticaba la falta de autoridad del gobierno. Sin embargo, y a pesar de este clima, los campos andaluces habían conocido una situación más tensa en 1919 y 1920.

Dentro del Partido Socialista, Prieto quiere colaborar con los republicanos de izquierda, pero Largo Caballero se niega y desea una alianza con comunistas e incluso, anarquistas, pensando en una futura toma del poder. Los seguidores de Largo controlan la UGT, la federación madrileña del PSOE y las Juventudes Socialistas. El Partido Comunista es partidario de apoyar al gobierno, por lo menos a corto plazo. El número de sus afiliados crece tanto en estos meses que se convierte en un auténtico partido de masas, muy organizado. Sus organizaciones juveniles se fusionan con las socialistas, formándose las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), controladas por los comunistas. Los anarquistas son hostiles al Frente Popular.

También entre los grupos de la derecha los extremismos avanzan, temen la revolución social y se van a organizar mucho mejor. La CEDA se declara a favor de la legalidad republicana, pero el clima general hace que participe también en el boicot parlamentario. La extrema derecha es claramente contraria al orden constitucional. El líder de la derecha, José Calvo Sotelo, protagoniza en el Congreso duros enfrentamientos dialécticos con la izquierda que contribuyen a aumentar el clima hostil.

Falange Española y de las JONS, aumenta considerablemente el número de sus afiliados. Rechaza la moderación cedista; es un partido de acción. El 14 de marzo se le ilegaliza por sus acciones violentas. Encarcelan a José Antonio Primo de Rivera y a otros dirigentes. Los carlistas o tradicionalistas organizan milicias.

En cuanto a la CNT, desligada de todo compromiso, seguía una carrera ascendente de reivindicaciones, transformada rápidamente en huelgas, sobre todo a partir de mayo.

Mientras tanto, las autonomías se desarrollan ya que en Cataluña se recupera su gobierno y su Parlamento y la atribución de nuevas potestades, como las referentes al orden público; en el País Vasco, la Comisión parlamentaria admitió el valor del plebiscito de 1933 y la inclusión de Álava. El Estatuto era ya una realidad. Los gallegos también plebiscitaban su Estatuto el 28 de junio. Andaluces, castellanos, aragoneses, asturianos y valencianos también estaban preparando sus respectivos estatutos de autonomía.

El ocaso de la República

Mientras tanto los conspiradores seguían con su tarea, recuperando contactos y ultimando los preparativos para el golpe. La guerra civil estaba apoyada por una minoría, ya que, en general, eran las personas que estaban en la elite y que veían amenazado su poder económico. Les apoyaron también sectores como el ejército, miembros de la policía…También existía una base social favorable a los sublevados entre el campesinado pobre de la meseta y en la pequeña burguesía provinciana. Para muchos, las elecciones de 1936 significaron una perdida de poder político muy grave. Los grandes propietarios agrarios y los que tenían un capital financiero se sintieron amenazados y para ellos ya no había otra solución.

Desde las cortes, la derecha quería denunciar la violencia registrada en esta época. Gil Robles y Calvo Sotelo hacían completos informes sobre las acciones violentas, sabiendo que muchas de ellas eran realizadas por organizaciones de la derecha que habían asumido la violencia como objetivo estratégico. Querían responsabilizar de estas acciones al Frente Popular. Ambos sabían la marcha de los preparativos para la sublevación que se estaba preparando.

Desde Portugal, el exiliado general Sanjurjo aseguró los contactos necesarios, lo que le emplazó a ser el futuro coordinador del golpe. El general Mola, que se alzó como el “director” de la conspiración, estableció los planes militares y logísticos más elaborados y garantiza los jefes del alzamiento en las distintas guarniciones. Bajo consejo de Sanjurjo, se asegura el apoyo de los carlistas de Manuel Fal Conde. Desde la cárcel de Alicante, José Antonio Primo De Rivera pone las milicias falangistas a disposición de los mandos militares. El 9 de julio, los conspiradores, entre los que se encuentra Luis Bolín alquilan el avión británico (Dragon Rapide) que debe trasladar a Franco desde Canarias a Marruecos para hacerse cargo del ejército de África, donde se iniciaría la rebelión, seguida de un alzamiento de las guarniciones de la Península.

El 12 de julio no se esperaba un estallido inminente. No se encontraban en España varios dirigentes socialistas, que asistían en Londres a un Congreso de la Federación Sindical Internacional, y tampoco los dos máximos dirigentes de las organizaciones juveniles en trance de fusión. Ese día fue asesinado José del Castillo, teniente de Asalto, por unos pistoleros, al parecer pertenecientes a la Falange. Pero la repuesta fue inmediata. Al día siguiente es asesinado el líder de las derechas, Calvo Sotelo, mientras era conducido por guardias de asalto al cuartel de Pontejos.

A partir de ahí se sucedieron los acontecimientos que acabaron en el estallido de la guerra civil española. Como dijo Tuñón de Lara “En la mañana del 17 de julio, cada uno había recibido la consigna. España iba a entrar en el periodo más trágico de su historia”.

Primeros movimientos

En Melilla se comienza con el alzamiento. Es la primera ciudad que ocupan los conspiradores. Solans, Seguí y el comandante Zanón, detienen a Romerales ese 17 de julio en el edificio de la Comisión Geográfica de Límites. Casi al mismo tiempo, Yagüe sale con la Legión para ocupar Ceuta. Mientras en Las Palmas, Franco recibe a las dos de la mañana el telegrama que le comunica la sublevación que lleva a cabo el ejercito en Marruecos. Tras esta noticia decide dejar a Orgaz al frente de la sublevación en Canarias(donde se declaró el estado de guerra) mientras él se dispone a viajar a Tetuán.

Son unos primeros movimientos que en la península no son seguidos por nadie. El Consejo de Ministros se reunieron ese día 17 por la tarde pero no se tomaron medidas. Se quería tranquilizar a la población y no dad importancia a los hechos pero los rumores que llegaban eran que Melilla había sido tomada. Solo las organizaciones obreras, el Inspector de Aeronáutica, y oficiales del Ministerio y del batallón presidencial empiezan a tomar medidas. Pero el presidente del gobierno, Casares, se negaba a ceder armas a las organizaciones obreras.

Franco llega a Marruecos el día 19. Manda un mensaje donde explica que la sublevación liberará a España del caos que sufre. En este momento empieza a considerarse como jefe de las fuerzas del Ejército.

La rebelión comienza a penetrar por Andalucía; en Sevilla, el general Queipo de Llano detiene al general Villa Abrille y al coronel del regimiento de Granada. Por la tarde consigue que los Guardias de Asalto que se atrincheraron en la Plaza nueva con el capitán Escribano, sean reducidos, quedando así la ciudad tomada. Los obreros se movilizan, pero carecen de armamento. En Cádiz se declara el estado de guerra, al igual que en Málaga. En Huelva se resistía y en Jaén el comité del Frente Popular tomó en su mano la situación, en Almería los militares sublevados se hicieron dueños de la situación y en Granada parecía que no ocurría nada.

Tras estos incidentes Casares dimite. Su explicación es que no tiene medios para hacer frente a la rebelión. Esto ocurría en una reunión ere ministros y Martínez Barrio, Prieto y Largo Caballero sin que la comisión Ejecutiva del partido socialista no supiese nada. Posteriormente Casares se fue a reunir con Azaña. Este último tenía esperanzas en que la situación se pudiese resolver mediante una negociación. Para eso llama a Martínez Barrio para que negocie con los rebeldes. Pero Mola se negó a cualquier tipo de negociación.

Mientras esto ocurría, el alzamiento se extendía esa noche por Castilla: En Burgos, el general González de Lara había sido arrestado por el gobierno y sustituido por Mena, que posteriormente sería detenido por los oficiales de la guarnición; en Valladolid le es arrebatado el mando a Molero, no sin antes ofrecer resistencia, culminando la acción con dos colaboradores de Molero muertos; En Zaragoza se declaró el estado de guerra; en Pamplona, donde la situación era controlada por Mola, fue donde el alzamiento contó con un apoyo popular más notable, ya que existía una mayoría de derechas capaz de dar una base popular.

Las comunicaciones por el Estrecho quedaron por un momento cortadas porque la Marina no secundó mayoritariamente el golpe. Era la encargada de transportar las tropas africanas hacia la península, según tenía pensado Mola, pero sólo en un primer momento se pudo transportar a algunos regulares. Pronto los cuerpos auxiliares y las tripulaciones destituyeron a aquellos oficiales que colaboraban con la sublevación.

Con este panorama, Martínez Barrio abandonó de su empeño por negociar era inútil y dimite.

La rebelión en Madrid y Barcelona

Tras la dimisión de Casares, Azaña decide que sea Ruiz Funes quien sea el encargado de formar gobierno, pero este se niega; es entonces cuando José Giral quien acepta ese puesto. Es el encargado de distribuir las armas a las organizaciones del Frente Popular y a los sindicatos. Su gobierno es el mismo de Casares. Mientras tanto, en Africa, Franco tomaba el mando del Ejército y tomaba represalias contra aquellos que no apoyaban la causa Nacional: Lapuente Bahamonde, el capitán Leret, el comandante de Marina Guimenará y numerosos civiles fueron fusilados a las pocas horas de la sublevación.

Madrid era uno de los principales objetivos de los rebeldes. Los sectores obreros, con sus organizaciones, formaron milicias que fueron coordinadas por los militares de la UMRA (Unión Militar Republicana Antifascista). El organizador de la sublevación en Madrid era el general Rodríguez Villegas, que era el encargado de apoderarse del ministerio de la Guerra. El general Fanjul se haría cargo de la 1ª División y el general en la reserva García de la Herrán del campamento de Carabanchel.

El gobierno pretende armar a las organizaciones populares, pero se disponían de muy pocas armas. Se disponían de 5.000 fusiles de cerrojo y en el cuartel de la Montaña había cerca de 50.000 cerrojos de fusil que iban a ser entregados por el coronel Moisés Sierra, pero el cuartel se encontraba ya en rebeldía. El día 20 por la mañana comenzó el asalto y tras unas horas de lucha el cuartel fue conquistado. En el campamento de Carabanchel, las fuerzas de asalto y los milicianos son apoyados por los pilotos de Getafe y Cuatro Vientos. Los sublevados se rindieron y García de la Herrán resultó muerto.

En Barcelona numerosas guarniciones trataron de tomar la ciudad con el apoyo de algunos falangistas,

pero la Consejería de Orden Público tiene ya dispuestas sus fuerzas. El capitán Federico Escofet coordinaba las operaciones contra los insurrectos. El presidente Companys apoyó todas las operaciones. Los guardias de asalto estaban situados en lugares estratégicos. Les apoyaban los obreros transformados en milicianos, armados a través de los sindicatos. Además las fábricas a través de sus sirenas daban las señales de alarma. Las calles de la ciudad iban a convertirse en el campo de batalla. Casi todas las fuerzas del Ejército siguieron la sublevación. El dirigente de la sublevación en Barcelona era el general Fernández Burriel, en espera de Goded, que estaba en Palma. Cuando llegó a la Capitanía se dio cuenta que la situación no era muy favorable a los insurrectos. El golpe definitivo para éstos fue la actitud de la Guardia Civil, que se puso a las órdenes del presidente de la Generalitat, Companys. Poco después hacen prisionero a Goded.

El domingo día 19 fue decisivo en todo el país. El gobierno se reúne por primera vez esa misma tarde. Se quería armar a las organizaciones populares, pero se disponían de muy pocas armas. La Guardia Civil tampoco apoyó el alzamiento aquí y el general Villegas no se decidió a intentar la ocupación de Capitanía General.

El gobierno ya no tenía ningún control sobre el país y muchas ciudades ya estaban tomadas por los sublevados. En otras, donde los republicanos habían vencido a los sublevados, el poder estaba en manos de los comités del Frente Popular.

La rebelión en otras ciudades

La rebelión ya estaba triunfando en casi toda Castilla la Vieja, Navarra, Salamanca, Zamora, Cáceres, Álava, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Canarias y Baleares. En otras zonas como Asturias, Valencia y el País Vasco (junto con Barcelona y Madrid, anteriormente vistas), la victoria fue para los que defendían al gobierno.

No hubo problemas en Pamplona para los rebeldes. La base social de Navarra, estaba a favor del golpe y muchos voluntarios se unieron a los militares, aunque el jefe de la Guardia civil se mantuvo fiel y junto algunos carabineros y tropas guipuzcoanas, resistieron en los valles del Baztán y Bidasoa. Por lo tanto el triunfo del alzamiento estaba asegurado, al contrario que en el País Vasco. En Bilbao la Guardia civil y la de Asalto está con el gobierno, y los conspiradores contaban con pocos efectivos. Así que el conato de alzamiento fue rápidamente sofocado. En San Sebastián también los rebeldes eran escasos. Se mantuvieron atrincherados en el hotel María Cristina, en espera de los refuerzos que Mola les envió desde Navarra llegasen. Pero esto no ocurrió y los soldados y oficiales se rindieron. En Álava fue determinante el apoyo al gobierno por parte del PNV, indeciso hasta que los hechos se desencadenaron, ya que envió al Ejército para que sofocase la rebelión.

En Castilla la Vieja los insurrectos eran abundantes, dirigidos por el coronel Moreno, que se hizo cargo del mando tras la detención del general Batet, leal al gobierno. También triunfó la rebelión en Andalucía, donde los sublevados mejoraron sus posiciones, dominando Cádiz y Sevilla. Pero no todas las zonas estaban de parte de los conspiradores (Granada, Huelva, Jaén, Almería).

En Asturias la situación era más compleja: el coronel Aranda había ido dando largas al comité Unitario de Oviedo, sin entregar ningún arma. Pero dio 250 fusiles a mineros que se dirigían a Madrid para “asegurar las comunicaciones entre Asturias y Madrid”. El día 19, Aranda se puso al frente de una rebelión con 3.500 soldados y 856 voluntarios falangistas y derechistas, traicionando así a la República. Dominan la ciudad en breves horas. Muchos obreros escapan y se unen a las milicias que se organizaban en la cuenca minera. En Gijón las organizaciones obreras junto con los guardias de Asalto se adueñaban de la ciudad.

En Galicia los generales Salcedo y Caridad Pita, opuestos a la rebelión, fueron detenidos por otros oficiales, que consiguieron el mando de la región. En este caso contaron con el apoyo de la Guardia civil pero no de los carabineros ni de los guardias de Asalto. En Vigo los obreros se opusieron al Ejercito, pero en El Ferrol los enfrentamientos tuvieron más importancia.

En Valencia la situación fue, en un primer momento, incierta. Las dudas de los conspiradores son aprovechadas por las organizaciones populares, que tomaron la iniciativa. El jefe de la división orgánica, general Martínez Monje, sabe que varios regimientos, acuartelados, están comprometidos en el alzamiento, pero no se atreve a tomar medidas. Se constituyó un comité revolucionario que se transformó en comité ejecutivo popular. Mientras los milicianos y los guardias de Asalto rodearon los cuarteles y tomaron la ciudad.

España dividida en dos

Las cosas no estaban saliendo tal y como deseaban Mola y los otros conspiradores. En principio pensaban en tomar el poder de una forma rápida. Pronto se dieron cuneta de que el levantamiento había encontrado muchas más dificultades de las esperadas. Lo que sí consiguió el golpe de fuerza fue el hacer desaparecer el poder del Estado republicano sobre una parte del territorio y de la población. El gobierno había mantenido el control en Cataluña, Valencia, Murcia, Castilla la Nueva, Andalucía oriental y la provincia de Huelva y Badajoz; en el norte, Asturias, Santander, Vizcaya y Guipúzcoa; a esto unimos la isla de Menorca. El levantamiento consiguió asentarse en Galicia, Castilla la Vieja y León, Álava, Navarra, Cáceres, la mitad de Aragón, las provincias de Sevilla, Córdoba, la vega de Granada y su capital, además de Canarias, parte de las Baleares y todo el territorio del protectorado de Marruecos. Había mucha confusión en muchas zonas y pueblos.

En general podemos decir que la industria española estaba dentro del área republicana, al igual que las zonas mineras de Vizcaya, Asturias, Almadén y Cardona- Suria, y zonas con cultivos hortofrutículas. Mientras, los rebeldes habían conquistado la zona ceralista (trigo).

Respecto a las fuerzas militares y de orden que cada bando disponía tras el intento de insurrección, es imposible establecer cifras exactas sobre esto. El Ejército español constaba de compañías, batallones, regimientos y divisiones. Las brigadas eran la mitad de una división y en principio tenían un carácter administrativo, aunque se les fue considerando como una unidad táctica. A esto hay que añadir los marroquíes que participaron en el bando de los rebeldes. También hay que señalar la formación de milicias (150 unidades de milicias)como elemento combativo. Por último hay que sumar a todos estos elementos de combate a los voluntarios, que por razones ideológicas o de otro tipo se integraban en los bandos.

El material de guerra del Ejército español era anticuado y poco abundante, tanto en armas portátiles como en artillería o carros de combate. La escasa capacidad de la industria bélica forzó la necesidad de obtener armas y equipos en el exterior. Franco, en Tetuán, pide ayuda a los alemanes. Intercede en las negociaciones Johannes Bernhardt, ya que tenía muy buenas relaciones con algunos mandos sublevados y era muy bien visto por las autoridades hitlerianas. También se ponen en contacto con el gobierno italiano, primero con Bolin, que no consigue nada, y posteriormente se envía a Roma una comisión compuesta por Goicoechea, Sainz Rodríguez y l. Zunzunegui, que consigue todo lo que no pudo Bolin.

El bando republicano pide ayuda a Francia, pero la intervención de Inglaterra, que son hostiles a toda ayuda militar al gobierno español, hacen que Francia finalmente no de su apoyo a la República.

Así es el comienzo de los ataques bélicos que se sucederán en España a partir de Julio de 1936., fecha en la que comienza la Guerra Civil, que llevará a este país a una época oscura y llena de sufrimiento.

Introducción

A lo largo del siglo XIX, aparecen en España núcleos intelectuales y grupos políticos que evidencian públicamente las peculiaridades raciales, lingüísticas, culturales y económicas que caracterizan a determinadas áreas geográficas de la Península, y que las diferencian claramente del resto. Un nuevo vocabulario surge durante la centuria para designar este hecho diferencial: provincialismo, regionalismo, nacionalismo.

De esta manera, la irrupción de los nacionalismos se convierte en uno de los hechos más característicos del periodo de la Restauración y en uno de los fenómenos históricos más importantes del siglo XX español.

Los factores que explican la aparición del nacionalismo son diversos, y su incidencia ha de valorarse en relación con el sustrato cultural, social y económico de cada una de las áreas geográficas en las que se produce.. En su génesis cabe destacar la presencia de una lengua y de unas costumbres propias. Por ello, no es casualidad que en todos los nacionalismos peninsulares se encuentren procesos de renacimiento cultural. Que pretenden dignificar el idioma y extender su uso social, recuperar una historia propia más o menos mitificada. El nacionalismo nació como respuesta al modelo estatal, que implanta el liberalismo.

En este periodo, la industrialización catalana era ya una realidad consolidada desde hacía tiempo y aceptada socialmente. Ello contribuyó decisivamente a que el catalianismo se presentara como una fuerza modernizadora y europea, que tenía como objetivo cohesionar a todo el principado en torno a la defensa de sus intereses nacionales. Defensa que era entendida como la mejor contribución que se podía hacer a la verdadera modernización de España.

Los inicios del nacionalismo catalán

El nacionalismo catalán surge durante los años de la Restauración. A fines del siglo XIX, el “hecho nacional catalán” es una de las cuestiones más importantes y conflictivas de la política española.

El fenómeno nacionalista nace en un marco coyuntural preciso, el determinado por la implantación en España del sistema político ideado por Cánovas del Castillo y por la primera crisis de dicho sistema, producida por el “desastre del 98”.

Lo que hoy parece ya difícil de negar es que desde las décadas centrales del s.XIX aparecen en Cataluña una serie de manifestaciones de lo que se podría denominar proceso de formación de una conciencia nacional. Son diferentes signos, explicitados por sectores sociales diferentes, pero que expresan una conciencia de catalanidad. La concreción de esta conciencia, se realiza en diversos ámbitos y bajo contenidos y formulaciones distintos, es lo que se ha denominado catalanismo.

Responde a intereses de clase distintos y en muchos casos enfrentados, lo que genera entre ellos una autentica lucha por la hegemonía. Elementos de ese catalanismo en formación los encontramos tanto entre los industriales proteccionistas como entre la menestralía radical y anticentralista o entre el campesinado, que, bajo las banderas del carlismo, defiende un tradicionalismo foralista.

Son dos los factores históricos que están en la base de esas primeras manifestaciones de catalanismo. En primer lugar, el proceso industrializador que se produce en Cataluña a partir de los años treinta del siglo XIX. Esto pone de manifiesto que Cataluña difiere mucho estructuralmente del resto de España, junto con la propaganda proteccionista del empresariado catalán. Esto también provocó la reacción virulenta de los grupos librecambistas españoles. Como consecuencia se acentuó entre muchos catalanes el sentimiento de formar parte de una comunidad incomprendida e injustamente agredida. En segundo lugar hay que tener presente el proceso seguido por la revolución burguesa en España. El carácter unitario de la revolución liberal en España resulta evidente, así como también parece claro que en ella se comprometieron tanto los grupos dirigentes como los subalternos de la sociedad urbana catalana.

El modelo estatal adoptado por los liberales moderados, férreamente centralista y uniformista, y la política económica seguida por ellos chocarán frontalmente con amplios sectores de la sociedad catalana. Esto junto la transformación de las estructura tradicional de la sociedad catalana, provocan la aparición de la moderna conflictividad de clases y el marco adecuado para comprender el surgimiento del fenómeno catalanista.

La Renaixença

Tradicionalmente se ha considerado que el punto de partida del catalanismo se encuentra en el movimiento de recuperación cultural conocido como la Renaixença. Fue un movimiento cultural que pretendía dignificar la lengua catalana. Su inicio se sitúa en 1833. Sin negar la importancia de este renacimiento cultural, difícilmente se podría entender su papel si no lo insertamos en el contexto sociopolítico en el que se produce, caracterizado por el creciente aislamiento el poder central de las clases dirigentes catalanas y por la intensa conflictividad social que se desarrolla en el principado. Ello dará como resultado, la acentuación de un sentimiento aislacionistas en los sectores burgueses, combatidos por la base en Cataluña y desasistidos por la cima en Madrid, lo que les acercará hacia el conservadurismo regionalista. Por otro lado también se produce la radicalización de los sectores populares urbanos que se traducirá primero en un enérgico anticentralismo y posteriormente en una amplia adhesión a la fórmula federalista. Tanto el conservadurismo como el radicalismo democrático o incluso el carlismo, estuvieron integrados en partidos de ámbito estatal y compartieron en lo esencial las posiciones políticas generales de estas grandes formaciones. Su particularismo no requería aún de una militancia propia y separada de los partidos españoles. Habrá que esperar a la Restauración para que ello se manifieste de forma clara y pública.

La lucha contra el intento de imponer un arancel librecambista en 1849 tuvo consecuencias que trascendieron el ámbito estrictamente económico. Por primera vez de forma explícita, los empresarios catalanes, agrupados en el Instituto Industrial de Cataluña, llevaron al terreno político sus reivindicaciones de clase. Ante las elecciones a cortes de 1850 promocionaron la formación de una candidatura catalana que agrupara a moderados y progresistas y que fuera capaz de hacerse oír y respetar en Madrid. El éxito de la candidatura fue total, pero sus resultados políticos a medio plazo fueron escasos. En 1854 con “la Vicalvarada” se truncó la experiencia. Pero al margen de sus resultados concretos, la campaña desarrollada desde las páginas del periódico del Instituto, El bien Público, por hombres como Manuel Duran i Bas o Joan Illas i Vidal, continuada después desde el Diario de Barcelona, transformado, bajo la dirección de Joan Mañé i Flaquer, en un periódico de opinión política, contribuyó a extender entre las clases adineradas de Cataluña la idea del regionalismo y a acercarlas al grupo de intelectuales y artistas que desde hacía unos años habían empezado a reivindicar la lengua y la cultura catalanas.

Aquí es donde habría que situar el verdadero punto de partida de la Renaixença. Dejando aparte sus elementos precursores, que habitualmente se atribuyen a la Oda a la patria de Bonaventura Carles Aribau y a las poesías en catalán publicadas desde 1839 por Joaquim Rubió i Ors, Lo gaiter del Llobregat, el movimiento renacentista adquiere todo su significado cuando lo insetamos en el contexto de as décadas centrales del s.XX.

“La Renaixença aparece como un movimiento ideológico, de expresión fundamentalmente literaria, que propugnan una determinada definición y representación simbólica de la idea de Cataluña y de la catalanidad” (Llorenç Prats) y que acabará siendo hegemónica en el último tercio del s. XIS, pero que lo será en pugna con otras tradiciones culturales e ideológicas presentes en el panorama catalán de la época. Su contribución más importante fue ideológica, pues proporcionó una visión de Cataluña que servía perfectamente a los intereses que en esos momentos defendía la burguesía regionalista.

No sólo contribuyó a definir a la región como el ámbito de actuación propia, sino que permitió también estrechar las relaciones con otras tendencias particularistas, en especial con la representada por el grupo de Vic, llamado “vigatanisme”, que tras asimilar las enseñanzas de Balmes se distanciaba del integrismo carlista propugnando un catalanismo católico y conservador.

El movimiento republicano federal

En estos años conflictivos, la burguesía estrechó sus lazos con el regionalismo conservador, en especial a raíz del arancel librecambista de 1869. Pero más significativo que esto fue la emergencia de un potente movimiento republicano federal apoyado por las clases populares urbanas. La fuerza de este movimiento democrático ha llevado a considerar que es durante el sexenio cuando aparecen las primeras formulaciones políticas del catalanismo. En estos años se afianza el sentimiento catalanista, y no sólo entre los sectores populares sino también entre otros grupos sociales, como ponen de manifiesto algunos hechos significativos: la fundación en 1870, por un grupo de jóvenes burgueses, de la asociación la Jove Catalunya, la aparición un año después del periódico La Renaixença y la constitución, en 1873, del Centre Catalanista.

Pero el factor más importante es que durante el sexenio es el federalismo. Su origen hay que buscarlo en la oposición desarrollada por un núcleo destacado de federales intransigentes a la práctica habitual de colocar desde Madrid candidatos foráneos en las listas electorales de Cataluña. Los intransigentes eran partidarios de “La Federación”, pero realizada desde la base, es decir, desde la previa separación de Cataluña, que permitiera después realizar el pacto federativo con los demás “estados” españoles.

Los federales remarcaban la libertad de Cataluña haciéndolo siempre con referencia directa a la federación española. Ponían de relieve la variedad étnica y cultural de la Península, pero no cuestionaban España como nación, sino la forma centralista y oligárquica del estado. Se diferenciaban de los regionalistas que defendían la libertad de Cataluña. Por ello, no es de extrañar que fueran los federales los primeros en redactar unas Bases para la constitución del Estado de Cataluña y los que intentaran proclamar el Estado Federal Catalán.

El catalanismo progresista: Valentí Almirall

A medida que se recuperaban las libertades, se impulsaron diversas iniciativas, la mayoría vinculadas con los sectores progresistas, en general desengañados con la actuación, a su juicio claudicante, de los núcleos republicanos. Quien mejor ejemplifica y en buena medida personaliza estas actuaciones es Valentí Almirall, que había militado en el ala radical del federalismo, desilusionado por las actuaciones de sus antiguos correligionarios rompió con F. Pi i Margall y dio un giro catalanista a sus actuaciones de madurez. En 1879, aprovechando las posibilidades que ofrecía la renovada legislación de prensa, sacó a la luz el primer diario íntegramente en catalán, del cual fue director , propietario y mecenas, El Diari Catalá, convirtiendo en realidad una aspiración reiteradamente formulada por diversos sectores del catalanismo. Desde sus páginas desarrollará una intensa labor de clarificación ideológica, al tiempo que abogará por la unidad de acción de todos los núcleos catalanistas. En 1880 el periódico lanzó la idea de celebrar un congreso que agrupara a todos aquellos que simpatizaran con el catalanismo. En octubre de ese mismo año se reunía en Barcelona el Primer Congrés Catalanista, con la asistencia de más de ochocientas personas que representaban a diversos periódicos y asociaciones, tales como La Renaixença, el Diari Catalá, la Ilustració Catalana, la Associació de Excursions Catalana o la Associació Catalanista d'Excursions Científiques. También asistieron figuras destacadas de las letras catalanas, intelectuales, profesionales liberales y pequeños comerciantes. Durante sus sesiones se produjo un serio enfrentamiento entre los seguidores de Almirall y los hombres vinculados al periódico La Renaixença. Este enfrentamiento encerraba una clara diferenciación en las concepciones catalanistas de ambos grupos. Aún así, el congreso logró llegar a una serie de acuerdos entre los que destacan la creación de una academia de la lengua catalana, el nombramiento de una comisión que velase por el derecho civil catalán y la formación de un centro cultural y científico para todos los grupos catalanistas.

Almirall rompe con el federalismo ya que existían muchas divergencias políticas con los dirigentes de su partido que por las críticas de La Renaixença allanó el camino hacia la unidad. En 1882 se fundaba bajo la presidencia de Frederic Soler, la primera asociación unitaria del catalanismo: el Centre Calalá. La actividad más importante desarrollada por el Centre fue la movilización de las fuerzas vivas catalanas que culminó con la entrega a Alfonso XII de la Memoria en defensa de los intereses morales y materiales de Cataluña, más conocida como Memorial de greuges.

La ruptura del Centre Catalá y la creación de la Lliga

La publicación del libro de Almirall, Lo Catalanisme, fue el detonante de las tensiones internas que existían en la asociación. La Renaixença, que había encajado mal la orientación política que Almirall había dado al Centre, aprovechó las discusiones suscitadas por la publicación para enfrentarse con Almirall. Tras ganar las elecciones para la presidencia del Centre en 1887 y su oposición a la exposición Universal de Barcelona provocaron la salida de la organización de una parte de sus asociados. Un grupo de ellos fundó la revista La España Regional desde donde defendieron el regionalismo conservador.

Por otro lado La Renaixença junto con el grupo mayoritario de escindidos crearon una nueva organización: La Lliga de Catalunya. Al salir la Renaixença del Centre, éste lo sufrió mucho. Poco más iba a durar. La Lliga desarrollaba una función principalmente cultural, cuya incidencia política era escasas. Pero tuvo una iniciativa trascendente: La Unió Catalanista. El precedente de la Unió se hallaba en la propuesta de Bernat Torroja, presidente de la Associació Catalanista de Reus, que para superar la crisis de 1887 había propuesto, en agosto de aquel año, la creación de un Gran Consell Regional Catalá integrado por los presidentes de las entidades catalanistas y los directores de periódicos afines. El Gran Consell celebraría un mínimo de dos reuniones anuales, fijaría las grandes líneas de actuación y propaganda y dirimiría las diferencias entre entidades. La propuesta surgida en un momento de tensión fracasó por prematura. En cambio, la de la Lliga cuajó en 1891. A la Unió Catalanista se adhirieron entidades, periódicos y particulares. En marzo de 1892 celebró su primera asamblea en Manresa, donde se aprobaron las Bases pera la Constitució Regional Catalana. Las Bases son un proyecto autonomista, en absoluto independentista, de talante tradicional y corporativista. Se estructuran en diecisiete artículos que propugnan la posibilidad de modernizar el Derecho civil, la oficialidad exclusiva del catalán, la reserva para los naturales de los cargos públicos incluidos los militares, la comarca como entidad administrativa básica, la soberanía interior exclusiva, unas cortes de elección corporativa, un tribunal superior en última instancia, la ampliación de los poderes municipales, el servicio militar voluntario, un cuerpo de orden público y moneda propia junto don una enseñanza sensible a la especificidad catalana.

El desastre del 98 en Cataluña

Si prácticamente en toda España la reacción ante la guerra colonial fue de unánime patrioterismo, en Cataluña las raciones fueron más encontradas. Los dirigentes de los partidos turnantes se afanaron en patentizar su españolismo, mientras las voces displicentes dentro del republicanismo fueron más abundantes que en el resto del Estado. También en el seno de la masonería surgieron voces discordantes: así, la Gran Logia simbólica Regional Catalano Balear, que desde 1886 defendía la conversión de Cataluña en un estado federado, propugnó como mínimo a partir de 1893 el derecho de los cubanos a la autodeterminación. En el seno del catalanismo las posiciones fueron diferenciadas. En su mayoría eran solidarios con la concesión de la autonomía a Cuba, en lo que veían un augurio para conseguir la de Cataluña, aunque la propuesta de F. Cambó para que la Unió Catalanista hiciera una declaración a favor de la autonomía cubana, con posibilidad de llegar a la independencia, encontró un apoyo escaso.

El impacto de la derrota fue considerable. Las repercusiones en la opinión pública de la derrota militar frente al os EEUU, que supuso la pérdida de las últimas colonias españolas, fueron muy intensas. La responsabilidad del desastre fue atribuida al sistema político de la restauración y a los hombres y partidos que lo encarnaban. La imputación a lo político fue en esta ocasión clara y contundente. El régimen ideado por Cánovas se enfrentaba así a su primera crisis profunda, y de la experiencia iba a salir muy deteriorado.

El impacto de la crisis fue especialmente intenso en Cataluña. Las estrechas vinculaciones que la industria y el comercio catalanes tenían con las colonias y las posiciones enfrentadas que la guerra de Cuba había suscitado en la opinión pública catalana, explican la fuerte reacción antigubernamental que se produjo.

El empresariado catalán fue el primer sector que se movilizó para aprovechar la situación de desconcierto político creado por la crisis colonial. El Fomento del Trabajo Nacional, la patronal catalana, solicitó la concesión de un concierto económico para Cataluña, petición que consiguió un amplio apoyo. Además, auspició la reunión de las principales corporaciones económicas y entidades ciudadanas al objeto de presionar a favor de la moralización de la vida pública y de la descentralización del estado.

Una vez más el camino de la presión pasaba por dirigirse directamente a la máxima instancia del país. Así, los presidentes de varias asociaciones como Fomento, Institut Agrícola Catalá de Sant Isidre o el Ateneo, acordaron enviar un mensaje a la regente en el que se solicitaba la implantación de la autonomía administrativa para las regiones, la reforma del parlamento en la línea de la representación corporativa.

El desastre había creado las condiciones para una acercamiento entre la gran burguesía, hasta ese momento respetuosa con la Restauración y colaboradora con los partidos dinásticos, y el sector del catalanismo partidario de la acción política. El viejo proyecto de Almirall podía hacerse realidad ahora, porque la burguesía salía de su habitual retraimiento político y porque el catalanismo se presentaba en esos momentos con una etiqueta netamente conservadora.

Ahora bien, el camino de la colaboración estaba abierto pero su transito no fue fácil ni rápido. Las reticencias por ambas partes eran aún difíciles de vencer.

La Solidaridad catalana

Fue un movimiento político que agrupó a la mayoría de los partidos y grupos políticos burgueses de Cataluña( Lliga Regionalista, Unión Nacionalista, Centre Nacionalista República, federales, carlistas y parte de la Unión Republicana). Surgió como contestación a la Ley de Jurisdicciones que sustraía de la civil a favor de la militar todo aquello que afectase al honor del Estado o sus representantes. Con esto Maura lo que quería era castigar y reprimir al catalanismo después de los incidentes ocurridos en la redacción de publicaciones de la Lliga, que se vieron asaltadas por el ejercito.

En la convocatoria de elecciones provinciales y generales, se presentó como candidatura única con un programa común, que pedía la derogación de la Ley de Jurisdicciones y de manera ambigua, otras reivindicaciones catalanistas. El éxito obtenido fue rotundo: se obtuvieron 41 de los 44 cargos a elegir, y 200.00votos, 50.000 de ellos en Barcelona, frente a lerrouxistas e integristas. El proyecto de ley de régimen local de Maura, en que la Lliga apoyó al gobierno central en la forma de elección corporativa en lugar del sufragio universal provocó la ruptura de la Solidaridad. En 1908 los lerrouxistas derrotaron a los candidatos solidarios en las parciales de Barcelona y en 1909, en las municipales, los solidarios de izquierda se presentaron por separado, con lo que se disolvió el movimiento

La Semana Trágica apuntilló este movimiento. Fue una insurrección popular que se produjo en Barcelona del 26 de julio de 1909 al 31 de ese mismo mes, cuando Maura reinició la campaña de Marruecos para proteger los intereses mineros en el Rif, lo que provocó una fuerte oposición en todo el país. Los incidentes producidos durante el embarque de reservistas en el puerto de Barcelona los días9, 14 y 18 culminaron con una convocatoria de huelga general, apoyada por socialistas y anarquistas, que se inició el 26. Al día siguiente, la ocupación de algunas calles por el Ejército extendió la insurrección en Barcelona y la provincia.

Los rebeldes formaron barricadas, asaltaron armerías e incendiaron unas 112 iglesias y conventos ante la pasividad del Ejército. El 29, llegados los refuerzo, el ejército ocupó el centro de la ciudad, y el 30 y 31 aplastó los últimos focos de resistencia en las afueras; hubo un centenar de muertos, la mayoría civiles. La burguesía catalana y los radicales de Lerroux se desentendieron del movimiento, dejándolo sin dirección y provocando el caos. Restablecido el orden, el gobierno tildó de separatista la revuelta, ocultó sus verdaderas causas e inició una brutal represión bajo la jurisdicción militar. Entre los miles de detenidos, hubo 175 desterrados, 59 condenas a cadena perpetua y cinco ejecuciones, entre ellas la de Ferrer i Guárdia, a quien, pese a no estar en Barcelona, se lo acusó de dirigir la insurrección. Su ejecución produjo el descrédito de la monarquía y Maura tuvo que dimitir.

La Mancomunidad

La reivindicación de una instancia administrativa única para Cataluña fue constante desde mediados del s.XIX, bien fuera con la supresión de las provincias de 1833, bien con la posibilidad de mancomunar sus servicios y atribuciones. Esta demanda se incrementó a medida que el catalanismo se iba consolidando y la reivindicación aparece formulada en la mayoría de sus propuestas programáticas o reivindicativas y constituyó uno de los epicentros del programa de la Solidaridad Catalana, el conocido como Programa del Tívoli. La victoria de la Lliga Regionalista en Barcelona, en las elecciones provinciales de 1911, le permitió retomar el proyecto. La Diputación de Barcelona acordó entrar en contacto con las otras tres para redactar una propuesta de ley que permitiera aglutinar sus actuaciones. Las respuestas fueron positivas y el 16 de octubre las cuatro diputaciones aprobaron conjuntamente las “Bases de Mancomunidad Catalana”, donde se establecía la formación de una asamblea integrada por todos los diputados provinciales y de un consejo permanente de ocho miembros, dos por provincia. La Mancomunidad asumiría todas las competencias provinciales, que se esperaban incrementar con la delegación de servicios estatales. El proyecto fue entregando al presidente del Gobierno, José Canalejas, el 6 de diciembre de 1911. Al abrirse las Cortes el 1 de mayo de 1912 el Gobierno presentó un proyecto de Ley de Mancomunidades, que fue aprobado en el mes de julio a pesar de los duros ataques recibidos durante el debate. El Senado lo debatió en junio de 1913 y tan sólo se consiguió ratificar el primer artículo. Finalmente, Dato promulgó en diciembre de 1913 un decreto que permitía la creación de Mancomunidades en toda España, aunque únicamente se aplicó en Cataluña, donde la petición había sido refrendada de manera casi unánime por los municipios.

El 6 de abril de 1914 se constituyó en Barcelona la Mancomunidad de Cataluña, bajo la presencia de Prat de la Riba. El nuevo organismo se estructuraba en tres niveles: la asamblea general compuesta por todos los diputados provinciales ( 36 por Barcelona y 20 por cada una de las otras provincias), el consejo permanente con capacidad ejecutiva integrado por el presidente y ocho miembros y el presidente elegido por la asamblea. Aunque era cierto el multipartidismo, la hegemonía de la Lliga fue siempre evidente y a ella pertenecieron los dos presidentes: Prat (1914-1917) y Puig y Cadafalch (1917-1923). Las Diputaciones le traspasaron sus atribuciones, mientras el Estado no le cedió ninguna competencia. La Mancomunidad puso en evidencia como una gestión honesta y atenta a las necesidades del territorio podía ser eficaz pese a disponer de escasos recursos. Realizó una importante tarea educativa y cultural fundando escuelas técnicas o creando instituciones de alta cultura, al tiempo que fomentaba obras de infraestructura impulsando las redes de carreteras, de teléfonos o telégrafos y los servicios de asistencia social. Pese a su breve vida la actividad fue notable y la ciudadanía constató las ventajas de una administración arraigada al territorio y atenta a su modernización, con lo que se incrementó el sentimiento autonomista en amplias capas de la sociedad.

El catalanismo en la dictadura de Primo de Rivera

Primo de Rivera dejó claro desde el primer momento que una de las motivaciones de su golpe de Estado era el peligro que suponía para la integridad española la creciente implantación del catalanismo político. Es sintomático que el pronunciamiento tuviera lugar el 13 de septiembre, a los dos días de una celebración exitosa de la Diada. Pese a ello, la Lliga Regionalista apoyó el pronunciamiento al compartir con el general la animadversión contra Santiago Alba y dar crédito a sus promesas descentralizadoras, que sólo podían engañar a los incautos. La expectación inicial de los regionalistas se desvaneció muy pronto. Primo de Rivera desvirtuó la Mancomunidad y después, el 20 de marzo de 1925, la disolvió. Los ataques de la Dictadura contra la realidad catalana fueron múltiples y diversificados: intentos de desmembración territorial, asfixia económica del Institut d'Estudis Catalans, imposición del castellano como lengua exclusiva en la vida administrativa y en los instrumentos públicos, traducción de topónimos o imposición de cambios en la nomenclatura urbana, boicot a los Jocs Florals, obligación de publicar solo en castellano los anuncios de las obras teatrales en catalán, prohibición de izar la bandera catalana con multas que podían llegar a las 5.000 pesetas o limitación del baile de sardanas, entre otros. La Dictadura contó para estas actuaciones con el apoyo de parte del episcopado, destacando por su beligerancia contra la lengua los obispos valencianos de Girona y Tortosa.

La actitud anticatalana generó conflictos con numerosas instituciones como la universidad, el colegio de abogados, entidades religiosas como los Pomells de Joventut, que impulsaban prácticas devotas con un barniz catalanista, culturales, orfeones, sindicales o deportivas. Más de un centenar de entidades fueron clausuradas. Curiosamente, esta confesada voluntad aniquiladora de la catalanidad cultural dejó una rendija abierta al no limitar ni la publicación de libros, ni la fundación de nuevos periódicos. Barcelona pasó de tener dos diarios en catalán en 1923 a 15 en 1930. Las nuevas cabeceras cubrieron un amplio abanico desde la alta cultura hasta el semanario de divulgación y actualidad. Al mismo tiempo surgieron nuevas editoriales con un dinamismo inusitado dedicadas exclusivamente al libro catalán como Barcino y Llibreria Catalonia, ambas creadas en 1924, o Proa. Fruto de este dinamismo, resultado más de la resistencia pasiva que de un auténtico aceleramiento cultural, en 1930 se publicaron 308 libros, a menudo con tiradas de 3.000 ejemplares. El acoso gubernamental al catalán provocó por primera vez en la historia la solidaridad de los intelectuales castellanos, al firmar 117 de ellos en 1924 un manifiesto de solidaridad.

Si involuntariamente Primo de Rivera impulsó la vida cultural en catalán, la Dictadura generó otro fenómeno político. Por primera vez en la historia del catalanismo se pensó en la vía armada para conseguir una cota de libertad para Cataluña. Se publicaron manuales militares, se organizaron grupos armados y se realizaron acciones de combate. Las dos más importantes fueron el atentado frustrado contra Alfonso XIII (Complot de Garraf, 1925) y el intento de invasión de Cataluña por los Pirineos (Fets de Prats de Molló, 1926), dirigido por Francesc Macià. Ambos fracasaron antes de culminar su realización, pero especialmente el segundo obtuvo una amplia resonancia en la prensa y sirvieron para internacionalizar las reivindicaciones catalanas. Las bases de estas actuaciones eran los sectores independentistas nucleados por Macià en Estat Català, y en especial su sector más radical y clandestino “La Bandera Negra”, con el apoyo económico de las comunidades catalanas de América a través de la suscripción del empréstito Pau Clarís a recuperar con la instauración del Estado catalán. Aunque también otros sectores más moderados, como Acció Catalana, impulsaron un frente militar, primero con la Societat d'Estudis Militars y después con la Organització Militar Catalana. Durante la Dictadura se multiplicaron las octavillas, folleto y prensa clandestina de una creciente radicalidad nacionalista.

En 1928 Maciá aprovechó el eco internacional de su proceso en París para emprender una gira por Europa y América para sensibilizar la opinión internacional ante el caso catalán. Fruto del viaje fue la celebración de una asamblea independentista en La Habana donde se aprobó la “Constitució Provisional de la República Catalana”, que dejaba la puerta abierta a pactos federales con otros “estados libres y republicanos”.

La evidencia del fracaso de la política anticatalana del Directorio la ofrecen los sectores monárquicos hasta aquel momento poco sensibles a las reivindicaciones catalanistas, que a la caída del dictador se apresuraron a cambiar de imagen. En 1930 el partido carlista hizo público su proyecto confederal de Estatuto y el nuevo presidente de la Diputación de Barcelona, el monárquico regionalista Joan Maluquer Viladot, restableció el uso del catalán en las sesiones públicas, pidió la ampliación de la amnistía, restituyó a todos los funcionarios depuestos e intentó promover una opción descentralizadora más amplia que la Mancomunidad, fracasada por la oposición de la s otras fuerzas políticas, mientras recorrían las calles multitudinarias manifestaciones exigiendo la autonomía y la amnistía.

En resumen, Primo de Rivera consiguió que con muy escasas excepciones todo el pueblo catalán asumiera como mínimo la opción autonomista. En septiembre de 1930, una delegación catalana pluripartidista, presidida por el jurista F. Maspons Anglasell, asistió al VI Congreso de Nacionalidades Europeas, con la voluntad de internacionalizar las reivindicaciones catalanas.

La llegada de la República

Durante 1928 y 1929 se agudiza desde distintos frentes la oposición al régimen dictarorial de Primo de Rivera. A principios de 1929 es evidente que el dictador no cuenta ya con el apoyo ni del rey ni del ejército y que gran parte de los españoles no aprobaba su permanencia en el gobierno. El 26 de enero de 1930 y sin consultar al rey, Primo de rivera remite una circular a los capitanes recabando su apoyo. La falta de éste, la desconfianza de Alfonso XIII y el aumento generalizado de la oposición a su régimen, hace que Primo de Rivera presenta su dimisión al rey el 29 de enero.

Tras esta dimisión, la monarquía decide que sea Dámaso Berenguer el encargado de formar gobierno, que mantiene los impulsos autoritarios de la etapa anterior criticada y desprestigiada y, a la vez, debe restablecer la legitimidad democrática dentro de la monarquía. Sin embargo, sectores importantes de la ciudadanía buscan ya la solución republicana.

El 17 de agosto de 1930 se firma el Pacto de San Sebastián, que significa una alianza entre los diferentes sectores de la oposición republicana, formando un gobierno provisional presidido por Niceto Alcalá Zamora. Los intelectuales crean la Agrupación al Servicio de la República, inspirada por Ortega y Gasset. En el ejército, algunos de los altos mandos ya no ven mal la solución republicana, aunque sin el entusiasmo de jóvenes oficiales que protagonizaron la sublevación de Jaca, proclamando la república el 12 de Diciembre de 1930 y que son detenidos y fusilados; en Madrid el levantamiento republicano no llega a producirse.

En febrero de 1931 es nombrado jefe nominal de gobierno el almirante Juan Bautista Aznar que forma un gabinete de concentración monárquico con un programa político más definido. Pero este último intento de salvar la monarquía es inútil, pues en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 los concejales antimonárquicos son mayoría en las zonas no controladas por el caciquismo rural.

La República en Cataluña

El 12 de abril de 1931 el veredicto de las urnas fue contundente: los electores dieron un varapalo sin paliativos a las opciones monárquicas o accidentalistas y a los partidos de obediencia española. La victoria republicana y autonomista fue inapelable. En Barcelona en solitario y en la mayoría de las otras localidades en una coalición republicano-catalanista, la Esquerra Republicana de Catalunya, liderada por Macià, se hizo con las mayorías municipales. El catalanismo de izquierda se había consolidado bajo la Dictadura primorriverista. El mensaje electoral era nítido: el pueblo catalán quería la aplicación del pacto de San Sebastián de agosto de 1930.

A mediodía del 14 de abril Lluís Companys proclamó la República en Barcelona y poco después Maciá el “Estado Catalán”, con intención de integrarlo en la Federación de Repúblicas Ibéricas. Macià no se quedó en los gestos y recién proclamada la República catalana nombro su primer Gobierno de coalición con representantes de Estat Català, Esquerra Republicana, Unió Socialista de Catalunya, Unió General dels Treballors, un radical, Acció Catalana Republicana y ofreció una cartera a la CNT, que la rechazó en nombre del apoliticismo, sustituyó al capitán general y al presidente de la Audiencia. En realidad, la actuación de Macià no iba encaminada a una ruptura con España, proclamando la independencia, sino a provocar desde una situación de fuerza el cumplimiento de lo acordado en San Sebastián, la concesión inmediata de una amplia autonomía, que quería federal.

La respuesta del gobierno republicano provisional fue rápida y cauta. En lugar de impulsar un enfrentamiento de consecuencias impredecibles, envió el 17 de abril a tres ministros para negociar una salida digna para las dos partes. Los negociadores llegaron a un acuerdo rápido y el mismo día 17 se hizo pública una nota conjunta. Según lo pactado, su sustituía la República catalana por la Generalitat, que asumía todas las funciones de las Diputaciones que se abolían en el territorio catalán y se ponía en marcha el proceso de elaboración del Estatuto que el gobierno se comprometía a presentar como ponencia ante las Cortes Constituyentes.

La mayoría de los partidos catalanes aceptaron el nuevo compromiso. Las voces discrepantes surgieron como era de esperar de Estat Català, que acusó a Macíà de traidor, y de manera más sorprendente de la izqierda radical. Lo más destacables de estas reacciones, que no pasaron en ningún momento de la salida de tono léxica, es que contra los tópicos que fijan en los partidos burgueses la reivindicación radical del catalanismo, otorga el protagonismo a grupos de izquierda. El decreto del 29 de abril, establece la legalidad del uso del catalán en los parvularios y escuelas primarias, fue acogido con entusiasmo al creer que reflejaba la sensibilidad de las nuevas autoridades.

El Estatuto de autonomía

En aplicación de lo acordado el 17 de abril, la Generalitat convocó elecciones para constituir la Diputación Provisional de la Generalitat de Catalunya, que habían de integrar 45 miembros elegidos por los ayuntamientos el 24 de mayo. El retraimiento de la Lliga y de los otros partidos descalabrados en las elecciones de abril facilitó la presencia la presencia única de representantes de la izquierda nacionalista con una holgada mayoría de la ERC. La Diputación se constituyó el 9 de junio y designó una comisión de seis miembros para redactar el borrador del texto autonómico. La comisión se reunió en el santuario de Núria, donde se ultimó el anteproyecto el 20 de junio. Aprobado por la Diputación Provisional, fue sometido a votación el 2 de agosto. Votó el 75% del censo y obtuvo el 99% de votos positivos. Con muy pocas excepciones, todos los partidos políticos recomendaron votar sí, a pesar de hacer constar algunos sus discrepancias por considerar el texto excesivo (los carlistas) o menguado (el BOC) en distintos artículos.

Macià entregó el texto a Alcalá-Zamora, el cual lo presentó a las Cortes el 18 de agosto. Lo que hasta este momento había sido un periplo plácido y previsible, sufrió con la entrada en las Cortes un vuelco, también previsible, que le empujo a un viaje azaroso. En primer lugar, su discusión estuvo condicionada por los debates constitucionales, sin duda prioritarios, a la vez que estos debates y sus consecuencias en el articulado de la constitución condicionaban el futuro del Estatuto. El Estatut de Núria, como se conoce al proyecto de 1931, partía de una propuesta federalista y contemplaba la posibilidad de una federación con el país Valenciano y las Baleares, mientras ambas posibilidades eran negadas tajantemente por la Constitución que propugnaba un Estado integral y negaba la posibilidad de unión entre los territorios autónomos. Establecía el catalán como única lengua oficial en Cataluña, mientras la Constitución proclamaba por primera vez de forma explícita el castellano como lengua oficial de la República. Reivindicaba la transferencia de la competencia exclusiva en numerosos apartados, buena parte de los cuales pasaron a ser potestad única del Gobierno.

A partir del 6 de mayo de 1932 se inició la discusión parlamentaria. Desde el primer momento quedó claro para la mayoría de los diputados que el Estatut de Núria no era una propuesta a ratificar con modificaciones mínimas, sino un anteproyecto susceptible de reformar en todo su articulado. Las suspicacias hacia un supuesto independentismo encubierto hicieron aflorar de manera inmediata los resortes del centralismo homogeneizador y uniformista desde todos los ángulos del hemiciclo desde la derecha tradicional hasta las minorías socialista y republicana. La autonomía catalana se convirtió en un regateo constante que se tradujo en un progresivo diluir de sus contenidos. Las sesiones borrascosas se multiplicaron con el paso de los días empujando a una sensación de desaliento progresivo en numerosos sectores del catalanismo, que veían rotas sus expectativas de un ensamblaje amigable dentro de la República. Los obstáculos para su aprobación se habrían ido multiplicando a no ser por un hecho totalmente ajeno a la discusión teórica. Fue de manera paradójica la Sanjurjada del 10 de agosto de 1932, justificada por el riesgo de la desintegración de España, la que obligó a las izquierdas parlamentarias a cerrar filas para atajar los posibles obstáculos a la consolidación del nuevo régimen y la necesidad de recuperar la alianza con los catalanistas lo que impulsó a la mayoría a apoyarlo. El Estatuto fue aprobado por las Cortes el 9 de septiembre de 1932 y Alcalá-Zamora lo firmó el día 15 en San Sebastián.

Los recortes afectaron a tres puntos básicos: educación, finanzas y capacidad legislativa. El texto definitivo definía Cataluña como una región autónoma, desaparecía la referencia a la soberanía, imponía la cooficialidad lingüística suprimiendo el derecho a dirigirse a los poderes estatales en catalán, reducía las competencias legislativas de la Genetalitat, limitaba las de la enseñanza, orden público y judiciales, entre otros muchos recortes. Ante tantas modificaciones a la baja no debe sorprender que el Estatuto generara dos reacciones contrapuestas: satisfacción por haber conseguido la autonomía y desengaño, en parte superado al considerarlo pese a todo un instrumento útil para avanzar en el diseño de una legislación propia. Contribuyó a incrementar la decepción la lentitud en el traspaso de las competencias otorgadas que no se culminó en ningún momento, mientras los servicios transferidos se valoraron por debajo de su coste, lo que generó un progresivo déficit.

El desarrollo para la práctica interna se realizó a través del Estatut del Règim Interior aprobado por el Parlamento catalán el 25 de mayo de 1933, que regulaba la configuración del poder autónomo en: un presidente, elegido por los diputados, que asumía la representación del poder central; el parlamento, elegido por sufragio universal, y el Consejo Ejecutivo, presidido por el presidente o por el primer consejero que hubiera designado. El único Parlamento constituido llevó a cabo una notable labor legislativa.

Los problemas en la República

Las elecciones al Parlamento catalán de 1932, con la consolidación de la ERC como partido hegemónico, marcaron el inicio de la recuperación de la Lliga, mientras ponían en evidencia la endeblez del marxismo, el separatismo y los partidos de derechas de ámbito estatal. Cataluña, a pesar de contar con un gobierno de centro-izquierda, no se ahorró las tensiones sociales agudizadas por la crisis económica de os años treinta y por la victoria conservadora en las generales de 1933. A lo largo de ese año, el Parlament aprobó tres leyes importantes. El Estatut de Règim Interior, la ley municipal y la ley sobre los conflictos en los contratos de explotación agraria. Representan respectivamente la culminación de la construcción del edificio autonómico, la aplicación de la autonomía política y la sensibilidad social. El mismo año la Generalitat recibió el traspaso de las competencias de justicia y orden público, mientras desaparecían los gobernadores civiles.

La muerte de Macià supuso la elección como nuevo presidente de Lluís Companys, quien constituyó un gobierno de concentración de izquierda con representantes de ERC,ACR,PNRE,USC y un sector de EC, con Dencás como consejero de Gobernación. Después de las municipales de enero de 1934 la Lliga se retiró del Parlament, acentuando el clima de crisis política. Por otra parte se evidenció la radicalización social del independentismo y la catalanista de los partidos marxistas. No era una confluencia circunstancial, ya que las interrelaciones ideológicas y personales fueron siempre intensas.

El conflicto, potenciado por la ideología contrapuesta de los Gobiernos estatal y autónomo, estalló al aprobar el Parlament la Llei de Contractes de Conreu. No era una ley revolucionaria: establecía el derecho a acceder a la propiedad de la tierra a quien la había trabajado directa e ininterrumpidamente durante más de dieciocho años, dando así esperanzas a más de 70.000 campesinos (payeses). Su lenta tramitación se aceleró ante las municipales de 1934 y fue aprobada por unanimidad el 21 de marzo, con la ausencia de los diputados de la Lliga. La ley fue promulgada simbólicamente el 14 de abril. Inmediatamente el Institut Agrícola Catalá de Sant Isidre, inició una férrea oposición que contó con el apoyo político de la Lliga, la cual exigió en el Parlamento español al Gobierno, presidido por el radical Samper, un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, que fue presentado el 4 de mayo. El argumento central, recogido por el Gobierno, era la falta de competencias del Parlament para legislar sobre la materia, en lo que constituía una muestra clara de cómo la Lliga anteponía la defensa de los intereses económicos de sus votantes potenciales a la de las potestades autonómicas, contradiciendo el deseo expresado en su declaración programática de 1933 de aspirar a una fórmula de autonomía mucho más amplia. El Tribunal dio la razón por trece votos contra diez a la impugnación, derogando no sólo los artículos polémicos sino toda la ley. La sentencia colocaba a la Generalitat en una situación incómoda, al poner en entredicho su capacidad legislativa, y su respuesta fue aprobar de nuevo en el Parlament un texto idéntico al primero el 12 de junio.

La intervención de Alcalá -Zamora y las negociaciones entre el Gobierno catalán y el de Samper lograron evitar una nueva impugnación, al pactar la introducción de enmiendas en los puntos más conflictivos en el reglamento de la ley, después de que los diputados de ERC se retiraran de las Cortes. El acuerdo se rompió con la constitución del Gobierno Lerroux, que daba entrada por primera vez a tres ministros de la CEDA. La tensión se generalizó por toda España con la convocatoria de una huelga general como punto de partida para una revolución socialista-comunista, que tuvo su máximo seguimiento en Asturias. En Cataluña la Alianza Obrera la inició el 5 de octubre, con el apoyo del CADCI y la inhibición de la CNT. Los sindicatos pidieron armas y la proclamación de la República Catalana. La primera petición fue desatendida, pero el 6 Companys proclamó el Estado Catalán de la República Federal Española, mientras invitaba a construir en Barcelona un Gobierno republicano provisional. No fue, pues, un acto secesionista. La proclamación de Companys estaba condenada al fracaso desde su inicio, más aún después de su negativa de armar al pueblo. Su actitud sólo puede explicarse por la voluntad de frenar una auténtica revolución social, poniéndose al frente de un pronunciamiento político que asumía su dirección y la desactivaba, y por la necesidad de evitar la pérdida del control por la ERC de los sindicatos, en especial el agrario, que constituía una de sus principales fuentes de votantes. La actuación se justifica también por la presión de los distintos grupos de izquierda marxista e independentista a favor de una defensa radical de los acuerdos del Parlament. A partir del mes de junio las declaraciones de los partidos obreristas fueron de una catalanidad radical y combativa, desde el PSOE hasta el BOC, pasando por el comunismo ortodoxo.

El fracaso de la proclamación del 6 de octubre, secundada por la mayoría de los ayuntamientos, facilitó una dura oleada represiva con la clausura de centros políticos y sindicales, la supresión de periódicos, la destitución de ayuntamientos y miles de detenidos, sin que hubieran tenido una actuación directa en los hechos, resultado de una voluntad punitiva a menudo arbitraria y con componentes de venganza de clase o ideológica. La ocasión se aprovechó para clausurar el Parlament, suspender el Estatuto y reconvertir la Generalitat en un organismo sin temple, al hacer recaer las responsabilidades de los dirigentes ocasionales de las instituciones en los organismos que dirigían, pese a la casi total ausencia de actos violentos, a diferencia de lo ocurrido en Asturias. La Lliga jugó un papel ambiguo aceptando formar parte en minoría en el Gobierno de la desdibujada Generalitat, lo que le confirmó su imagen de cómplice de los enemigos de la autonomía y la alejó de ella a sectores de las clases medias, pese a que paralelamente, desde finales del mismo octubre, denunciara al gobierno central por aprovechar la situación creada par suprimir o recortar las facultades autonómicas. En nombre de la Lliga, el vicepresidente del parlamento catalán, impugnó ante el Tribunal de Garantías la ley de 2 de enero de 1935, que vaciaba de contenidos a la Generalitat.

La actuación gubernamental, contra las personas y las instituciones, provocó la radicalización ideológica de los grupos republicanos, tanto en las reivindicaciones nacionalistas como en las sociales, ante la vulneración de la autonomía y la represión indiscriminada. El resultado fue la división de la sociedad en dos bloques bien definidos, que se evidenciaron en las generales de 1936: por un lado, las izquierdas; por el otro, las derechas más o menos regionalistas. Las primeras, acentuaron el cariz nacionalista y preconizaron la restauración de la Generalitat con las competencias totalmente desarrolladas y defendieron una opción de estado federal. Las segundas se mostraban dubitativas frente a la autonomía, ya que las propuestas de la Lliga quedaron a menudo diluidas por el empuje centralista de sus aliados.

El catalanismo durante el gobierno del Frente Popular

El Front d'Esquerres, que centró su campaña electoral en la reivindicación de una amplia amnistía y la recuperación del sistema autonómico, obtuvo el 59% de los votos, gracias en parte a que el anarquismo no preconizó la abstención al estar interesado en obtener la libertad de sus presos. Las elecciones evidenciaron el sentir político de la mayoría de los catalanes, pero conviene recordar que los dos ejes centrales de su campaña fueron compartidos por el Frente Popular: la petición de amnistía era lógica por afectar a sus simpatizantes por un igual, mientras que la defensa de la Generalitat evidenciaba un giro notable en la sensibilidad de los partidos españoles de centro y de izquierda que la rebelión antirrepublicana de julio de 1936 impidió cristalizar. No sólo en la primavera de 1936 se multiplicaron las propuestas estatuarias para distintas comunidades, sino que, mucho más significativo, los miembros del Gobierno catalán fueron aclamados en todas las estaciones ferroviarias en su viaje de regreso desde los penales donde cumplían las penas impuestas por la insurrección de 1934, por aquellos que dos años antes les habían denostado.

El 29 de febrero el Parlamento, con la abstención de la Lliga, ratificó a Companys en la presidencia de la Generalitat. El tono del lenguaje reivindicativo se fue agudizando. Había textos de diferentes partidos políticos y procedencias, que en su conjunto y con los matices correspondientes, ponen en evidencia tanto la reivindicación de la personalidad política catalana en su máxima representación, la independencia republicana, como el afán de reconstrucción española posterior a través de la federación, lo que en el fondo implica la superación ideologista de la fase estrictamente autonomista. Esta radicalización se puso en evidencia el 28 de abril, cuando fueron asesinados por la CNT los hermanos Miquel y Josep Badia, dirigentes históricos y destacados activistas de EC, en venganza por su actuación en la Consejería de Orden Público en la anterior etapa autonómica. Todos los partidos no sólo condenaron el atentado, sino que se sumaron al homenaje, por los componentes de “patriotas” de las víctimas, y su entierro se convirtió en una multitudinaria manifestación de luto.

Una nueva etapa

El Alzamiento del 18 de julio supone un parón en el transcurso de la política de la República. Nuestro estudio del Nacionalismo Catalán concluye en este momento histórico del final de una etapa donde se comenzó a construir una España de las autonomía. El futuro traerá consigo, tras un retroceso en esta evolución del nacionalismo, una etapa donde las reclamaciones que aquí se citan, llegan a realizarse. Pero eso será objeto de estudio en otra ocasión.

Bibliografía

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