EZLN

El contexto en que hizo su aparición el EZNL, incrementó el interés despertado dentro y fuera de México. En el plano internacional, la caída de los regímenes llamados socialistas, los procesos de diálogo llevados a cabo por las guerrillas centroamericanas con los gobiernos de sus respectivos países, y otros acontecimientos, condujeron a diversos analistas a la conclusión de que la lucha armada estaba cancelada en América Latina. En el plano nacional, la propaganda del gobierno mexicano en torno a su proyecto "modernizador", hizo creer a muchos que México se instalaba ya en el primer mundo, por lo que era inconcebible el desarrollo de una fuerza insurgente en el país. El levantamiento zapatista hizo trizas el mito de la improcedencia absoluta de la lucha armada y echó abajo las imposturas del proyecto salinista.

Pero la perspectiva de la lucha armada y la estrategia política del EZNL mostraban diferencias con respecto a los anteriores movimientos armados. Estas diferencias estaban marcadas por el intento de los zapatistas de articular un lenguaje distinto al de las izquierdas tradicionales y por tratar de construir una nueva concepción del cambio. El EZNL, por ejemplo, se desligaba de la estrategia común a la mayoría de las guerrillas de luchar por el poder estatal, con el fin de usar al Estado para impulsar el socialismo y reafirmar la soberanía nacional frente al imperialismo norteamericano. Si bien en su origen el Ejército Zapatista sostuvo posiciones similares, éstas fueron cambiando gradualmente.

Al apropiarse las comunidades indígenas de la Selva Lacandona del proyecto zapatista, le otorgaron a la lucha armada un carácter singular, con reclamos políticos y éticos de dimensión nacional y universal. Su trascendencia derivaba de su capacidad de articular los problemas locales y regionales con los nacionales; las demandas étnicas con las demandas nacionales, y la democracia con la igualdad de derechos individuales y colectivos. Cuestionando las pretensiones homogeneizadoras del Estado mexicano, con sus secuelas de racismo, discriminación, exclusión y opresión, el EZNL alzaba las banderas de la defensa de la diversidad en la unidad nacional, y la posibilidad de convivencia entre las diversas identidades étnicas (indígenas y mestizas) bajo los principios de respeto e igualdad de derechos. Estos planteamientos tuvieron también resonancia internacional porque colocaron en primer plano cuestiones de gran actualidad, como son la relación entre lo universal y lo particular, y la posibilidad del diálogo y la comunicación entre las diversas culturas en el mundo.

Origen del movimiento zapatista

La incorporación de las comunidades indígenas a la lucha armada fue la conclusión de un intenso proceso de organización y de lucha por los derechos agrarios y la democratización de los espacios rurales, intensificada en los años setenta. Son, pues, estos campesinos indígenas que habían participado en diversas organizaciones con orientaciones distintas, los que constituyen el EZNL.

A principios del decenio de los sesenta, el 70 por ciento de las mejores tierras del estado de Chiapas estaba en manos de los finqueros. Sus familias habían luchado contra el gobierno carrancista y logrado detener la Revolución en el estado, además, habían pactado con el general Obregón la conservación de sus privilegios. Los indígenas que trabajaban en las fincas habían perdido sus tierras a lo largo del dominio colonial y con las leyes de desamortización promulgadas por los liberales en el siglo XIX. Los finqueros eran los herederos y beneficiarios de este proceso de despojo y expropiación de las tierras de los indígenas. La estructura agraria de la región sería levemente modificada por el reparto agrario que se realizó durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas. Pero, comparado con otros estados del país, tal reparto fue insignificante en Chiapas: 450 000 hectáreas que beneficiaron a 30 000 campesinos. La situación de los peones acasillados tampoco varió. Todavía a principios de 1994 habían indígenas sometidos a ese régimen de trabajo.

A partir de los años treinta, los gobiernos federal y estatal estimularon el desarrollo de la ganadería en la región, otorgando importantes apoyos a los finqueros. El modelo favorecido fue el extensivo, que consistía en la utilización de grandes superficies de tierras dedicadas a pastizales. La expansión de la ganadería en Chiapas, que llegó a ocupar el tercer lugar en el país por el número de reses en existencia, se realizó a un costo social y ecológico muy alto: invasiones y despojos de tierras comunales; apropiación de zonas de bosques y selvas; erosión de tierras; desplazamiento de cultivos de consumo básico, etcétera.

Este modelo económico sería la fuente de serios conflictos sociales y agrarios, particularmente a partir de los años sesenta, cuando se dio el mayor impulso a la ganadería en el estado. Los peones expulsados de las fincas que reorientaron su producción hacia la ganadería, se sumaron a las filas de los demandantes de tierras.

Para eludir el problema de la estructura agraria en Chiapas y diluir las presiones de los indígenas sobre la tierra, el gobierno federal fomentó la colonización de la Selva Lacandona. Aunque el flujo de migrantes hacia la selva se había iniciado en los años treinta, a partir de los sesenta se incrementó de manera importante. Indígenas tzeltales, choles, tzotziles, tojolabales y zoques procedentes de los valles de Ocosingo, del Norte, de los Altos, de los Llanos y de los Valles Centrales de Chiapas fueron colonizando la Selva Lacandona. También llegaron campesinos e indígenas de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y el Distrito Federal. Para 1970, se habían asentado en la región alrededor de 100 000 colonos, organizados en ejidos. El ejido constituyó un cambio importante en la vida de los colonos, y sería un elemento importante en la formación de una nueva identidad.

El arribo a la Selva, sin embargo, no significó estabilidad para los colonos. Aunque a finales de los sesenta el presidente Díaz Ordaz había firmado un decreto que dotaba de tierras a los ejidos de las Cañadas, el presidente Luis Echeverría firmó, en 1972, otro decreto por el cual se creaba la Comunidad Lacandona. Éste último entregaba 614 321 hectáreas de selva a 66 familias lacandonas. El súbito interés por los lacandones contrastaba con el desinterés mostrado hacia los reclamos de otros pueblos indígenas de Chiapas y, en particular, hacia los derechos sobre la tierra de los colonos indígenas que ocupaban formal y legalmente partes de la zona que este decreto afectaba. Como se mostró más tarde, el gobierno no estaba tan preocupado por "restituir" a los lacandones sus tierras, como se argumentó, sino por contener el avance de los colonos en la selva y, sobre todo, pasar el control y la explotación de los bosques a una empresa estatal. En efecto, al poco tiempo, Nafinsa, a través de Cofolasa, firmó un contrato con los lacandones por el cual se comprometían 35 000 metros cúbicos de madera al año, por un plazo de diez años.

El Decreto de la Comunidad Lacandona afectaba a colonos de 37 comunidades asentadas en las cañadas de Avellanal, Amador, Agua Azul, San Quintín, Patihuitz. La población se enteró de la existencia del decreto cuando se les informó que debían abandonar sus tierras y reubicarse en otras zonas.

En el Primer Congreso Indígena de Chiapas, realizado en San Cristóbal en octubre de 1974, los delegados indígenas de todo el estado centraron las discusiones en el tema de la lucha por la tierra y las acciones a seguir. A raíz de este encuentro se fueron conformando dirigencias indígenas y organizaciones regionales y comunales independientes.

El 14 de diciembre de 1975 se registró la primera organización de la Selva con el nombre de Unión de Ejidos Quiptic Ta Lecubtesel (en tzeltal, Unidos por Nuestra Fuerza), que llegó a contar con 51 ejidos. Gran parte de los ejidos habían sido afectados por el Decreto de la Comunidad Lacandona. Los principales objetivos de Quiptic serían la regularización de la tenencia de la tierra y el acceso a servicios básicos.

La situación de los habitantes de la Selva se complicó con la publicación del "Decreto de la Reserva Integral de la Biosfera de Montes Azules", firmado por el presidente López Portillo en 1978. Este decreto se sobreponía a los otros decretos presidenciales y afectaba a numerosas comunidades que se habían establecido en la zona declarada como reserva. La decisión presidencial resultó en una mayor conflictividad. Cuando los pobladores de los viejos y nuevos asentamientos reclamaban la regularización de sus tierras, el gobierno federal aumentaba la presión para que las comunidades establecidas en el área de la Comunidad Lacandona y en la Reserva de Montes Azules se reconcentraran en Frontera Corozal y Palestina. El Ejecutivo pretendía contener y revertir la migración y la colonización de la selva a través de la creación de reservas ecológicas. Pero, como señalaron algunos especialistas, los indígenas tzeltales, choles y tzotziles que migraban a la selva eran expulsados de las zonas agrícolas por la expansión de los ganaderos. La problemática agraria en la Selva, afirmaban, no se iba a resolver si no se resolvían "primero los problemas del latifundio ganadero" en Chiapas, y se creaba "una nueva forma de desarrollo agropecuario en el Sureste". No sirvieron las recomendaciones. El gobierno mantuvo su plan inicial, pues bajo el discurso "ecologista" se encubría el interés en los yacimientos de petróleo y de uranio encontrados en la Selva, y la presencia de asentamientos humanos obstaculizaban la explotación de esos recursos.

El temor al desalojo y la decisión de luchar por la defensa de los derechos agrarios, llevó a los ejidatarios del Norte y Este de Ocosingo a fortalecer su organización. A finales de los setenta se crearon la Unión de Ejidos Lucha Campesina, formada en su mayoría por tojolabales de Las Margaritas, y la Unión de Ejidos Tierra y Libertad. Estas organizaciones, junto con otros grupos de pequeños productores de las regiones de los Altos, Selva y Frontera, y la Unión de Ejidos Quiptic formaron en 1980 La Unión de Uniones Ejidales y Grupos Campesinos Solidarios de Chiapas. Esta fue la primera organización campesina independiente del estado con fuerte representatividad: 180 comunidades de once municipio.

Hacia 1982, la Unión de Uniones entró en crisis por las diferencias internas entre los asesores y dirigentes. La ruptura fue inevitable cuando se constituyó, en octubre de 1982, la Unión de Créditos Pajal Ya Kactic, formada por los pequeños productores de la región de los Altos y Fronteriza. Quiptic y otras Uniones de Ejidos resolvieron romper la alianza y cambiar el nombre a la organización nacida en 1980, por Unión de Uniones Ejidales y Sociedades Campesinas de Producción de Chiapas. La ruptura debilitó la organización y desmoralizó a sus miembros. Con el tiempo los dirigentes lograron reconstituir los lazos políticos entre las comunidades y darle una nueva reorientación a la organización, creando en marzo de 1988 la ARIC (Asociación Rural de Interés Colectivo) Unión de Uniones. La adopción de esta nueva figura significó un drástico viraje programático. Ya no se trataba principalmente de organizar a los campesinos para luchar por la tierra, sino para enfrentar la problemática productiva y de servicios. Así, la Unión de Uniones pasaba de la lucha por la tierra a la lucha por la "apropiación del proceso productivo".

El gobierno federal respaldó esa decisión. Al año siguiente, por resolución presidencial de Carlos Salinas de Gortari, se concedió la dotación y ampliación de sus ejidos a las 26 comunidades de las Cañadas afectadas por el Decreto de la Comunidad Lacandona. Este triunfo no lo pudieron compartir otras comunidades de la Selva, cuya situación agraria seguiría sin resolverse.

Desde finales del decenio de los setenta estaban operando en la región otras organizaciones campesinas como la CIOAC y la OCEZ. La OCEZ (Organización Campesina Emiliano Zapata), se constituyó en 1982 con comunidades tzotziles de Venustiano Carranza y de los Altos. La CIOAC (Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos), vinculada al Partido Comunista Mexicano, tenía presencia en las regiones de la Selva, en la zona fronteriza y el Norte. Ambas organizaciones campesinas fueron muy activas en la lucha por los derechos laborales y agrarios de los peones acasillados; la negativa de las autoridades estatales para atender los reclamos laborales de éstos, los llevó a optar por la lucha agraria a través de la toma de tierras. En 1984, el gobierno federal creó el Plan de Rehabilitación Agraria, con el cual se "planteó solucionar los conflictos recurriendo a la compra de tierras tomadas por los campesinos de las distintas organizaciones (como la CIOAC, OCEZ, CNC, UNTA, CCI, Unión de Uniones, etc.) para incorporarlas al régimen ejidal. En los hechos el PRA se constituyó en un medio para restarle fuerza a las organizaciones campesinas independientes y revitalizar el aparato corporativo de la CNC", así como para dividir y enfrentar a las organizaciones campesinas.

El PRA se aplicó durante el gobierno de Absalón Castellanos, miembro de una de las familias más poderosas de Chiapas. Como se mostró en un estudio sobre los resultados del PRA, el problema agrario no sólo no se había resuelto sino agravado. Mientras que en 1983 existían en el estado 203 predios invadidos, "al finalizar el mandato de Absalón Castellanos Domínguez, en 1988, esta cifra había llegado a las 428 invasiones de tierras".

Absalón pretendió acallar las demandas de tierras por medio de la represión contra los dirigentes y militantes de las organizaciones campesinas independientes y contra la población solicitante de tierras. Como consecuencia, en su gobierno se perpetraron las mayores violaciones a las garantías individuales y los derechos humanos de la población indígena del estado.

En las Cañadas los indígenas fueron asumiendo el plan de formar grupos de autodefensa para enfrentar las amenazas de desalojo y represión por parte de las autoridades chiapanecas, las cuales pretendían hacer efectivos los decretos sobre la Comunidad Lacandona y las reservas ecológicas; también para defenderse de las acciones de despojo de los finqueros, quienes contrataban pistoleros y se servían del apoyo de las fuerzas de seguridad pública del estado para arrebatarle a los indígenas las tierras. Con los grupos de autodefensa, como lo diría más tarde la propia dirigencia zapatista, nacería el EZNL. En otros lugares, el descontento popular se manifestó en las tomas de las presidencias municipales.

Con el gobierno de Patrocinio González la represión contra la población inconforme se pretendió legalizar mediante las reformas al Código Penal de Chiapas, aprobadas por el Congreso local. En estas reformas se tipificaban como motín, sedición, asonada y daño al patrimonio estatal las acciones públicas, con penas de cuatro años de cárcel. Muchas voces señalaron que esas reformas convertían cualquier manifestación de protesta o de carácter reivindicativo en un acto delictivo, afectando el ejercicio de los derechos constitucionales. A resultas de ello, durante el mandato de Patrocinio González, casi todos los dirigentes campesinos estaban presos. En la Marcha por la Paz y los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas Xi Nich, formada por indígenas tzeltales, zoques y choles de los municipios de Palenque, Ocosingo y Oxchuc, entre otros, se denunció la inconstitucionalidad del Código Penal de Chiapas.

Las reformas al Código Penal también pretendían detener las tomas de tierras. En 1989, el gobernador decidió que la lucha por la tierra estaba cancelada en la región del Norte, después de ordenar los desalojos de ex peones que tenían tomadas algunas fincas. En adelante, dijo, sólo se iban a apoyar los programas de producción y productividad. La postura del gobernador se adelantaba a la reforma salinista al artículo 27 de la Constitución, que fue aprobada en el Congreso de la Unión el 6 de enero de 1992. Esta reforma daba por terminado el reparto agrario.

Las manifestaciones de protesta contra las reformas al 27 Constitucional se sucedieron en diversos puntos del estado. Las bases de las organizaciones campesino-indígenas vieron en la reforma al artículo 27 la cancelación de la lucha legal y pacífica por la tierra. Con esta reforma y el fraude electoral de 1988, diría más tarde Marcos, muchos indígenas pasaron a engrosar las filas del EZLN.

En 1991 se había creado la Alianza Nacional Campesina Independiente Emiliano Zapata (ANCIEZ), que agrupaba a 600 comunidades de las regiones de la Selva, fronteriza, el Norte y los Altos. La mayoría de los miembros de esta organización formaba parte del EZNL. La ANCIEZ surgió en un momento de gran debilidad del movimiento indígena y campesino. Tal debilidad derivaba tanto de la sistemática represión gubernamental contra los dirigentes de las organizaciones independientes, como de la crisis que enfrentaban las propias organizaciones ante los cambios en la política agraria, económica y de apertura del mercado, impulsados por el gobierno de Salinas de Gortari. Como resultado, las bases de las organizaciones que sintieron que no encontraban en ellas respuesta a sus necesidades e intereses se incorporaron al EZNL. De hecho, las bases del EZNL fueron durante un tiempo prácticamente las mismas que la de la Unión de Uniones, la CIOAC y la OCEZ.

Construcción del sujeto político

El levantamiento zapatista fue la conclusión de todo un proceso de afirmación, de toma de conciencia, de organización, de lucha y de construcción del sujeto político que se propuso, mediante la acción armada, la emancipación de los indígenas y de la nación. Para el gobierno eso era inconcebible. Atrapado en su propia práctica política y discriminatoria hacia los indígenas, no podía concederle autenticidad a la rebelión zapatista. En su lógica los indígenas eran incapaces de constituirse en sujetos políticos, por lo cual concluyó que habían sido manipulados por grupos externos. Pretendió rehusar su responsabilidad en las causas que habían conducido a los indígenas a rebelarse, culpando a la diócesis de San Cristóbal y a los militantes mestizos del EZNL de haber llevado a los indígenas a tomar las armas.

El gobierno mexicano siempre ha visto con desagrado la vinculación de los indígenas con otros sectores de la sociedad mexicana; en su concepción, los indígenas deben estar exclusivamente bajo la dirección y el control del Estado.

El contacto entre las comunidades indígenas, particularmente de la Selva, y los grupos mestizos implicó:

Por lo que se refiere a la diócesis de San Cristóbal, su estrategia pastoral buscaba articular lo religioso con la vida cotidiana de los indígenas, procurando que éstos tomaran conciencia de su dignidad humana y del valor de su propia cultura; igualmente, que descubrieran las causas por las que vivían en condiciones de miseria y sufrimiento, subrayando que éstas podían ser modificadas a través de la acción política. La interpretación bíblica serviría de instrumento en ese proceso de cambio y de lucha. Las historias de liberación de los pueblos oprimidos, contenidas en las narraciones de los Evangelios, se relacionaban con las experiencia de los pueblos indígenas. En suma, con la acción pastoral se propuso aportar a los feligreses elementos para su valoración humana y su liberación individual y colectiva en la tierra.

La evangelización se convirtió en un medio de expresión de las comunidades, y en un elemento más de cohesión étnica. Los indígenas hicieron una interpretación creativa del Evangelio, adaptando las historias bíblicas a las creencias, las costumbres y la historia de la colectividad. Este tránsito mental, de búsqueda y creación de una nueva identidad, favoreció el desarrollo de una subjetividad colectiva y la construcción de un nuevo sujeto social capaz de dirigir su propio destino. Los indígenas se fueron apropiando del proceso religioso hasta echar los cimientos de una iglesia autóctona indígena, con sus propios diáconos y catequistas. Desde 1974, las comunidades habían planteado a la diócesis de San Cristóbal la necesidad de tener su propio sacerdocio. La diócesis se opuso, argumentando que los indígenas, por sus costumbres, no podrían mantener el celibato sacerdotal. Pero propuso la creación de los tuhuneles o servidores, quienes podían realizar funciones parecidas a los diáconos. Los indígenas aceptaron y eligieron a sus tuhuneles. La petición de formar sacerdotes indígenas se siguió planteando.

Paralelamente a la acción pastoral, se fue desarrollando la organización política de las comunidades de la Selva. En este esfuerzo los indígenas de las Cañadas y de los valles contaron con el apoyo de algunos militantes de organizaciones de izquierda, como la Unión del Pueblo (dividida en dos tendencias: guevarista y maoísta) y Política Popular (también con dos tendencias: Línea de Masas y Línea Proletaria). Fueron los militantes de las tendencias maoístas de ambas organizaciones las que se vincularon con los dirigentes indígenas de la Selva. Los de la Unión del Pueblo llegaron a Chiapas en 1974 y los de Línea Proletaria a finales de 1977. Su asesoría se concentró en la organización y fortalecimiento de las bases de la Unión de Ejidos Quiptic. También apoyaron la formación política de los cuadros indígenas de la organización. A partir de 1983, la mayoría de estos asesores fueron abandonando la organización y el estado de Chiapas. La ruptura entre las comunidades y los maoístas, particularmente con Adolfo Orive y su equipo, se debió precisamente a los intentos de éstos de manipular a las organizaciones indígenas y de negociar con el gobierno a sus espaldas.

Muchos de los catequistas, quienes se habían convertido en figuras claves en las comunidades, por sus conexiones con el exterior y su manejo del idioma español, asumieron la dirigencia de la organización. El proceso organizativo de las comunidades de la Selva (como de la región del Norte bajo la influencia de otras corrientes políticas de izquierda) implicó la promoción de vínculos entre diversas comunidades y la construcción de identidades políticas y sociales de carácter regional; asimismo, la revaloración de las identidades étnica y su utilización como elemento de cohesión y unidad. También supuso un trabajo previo de reflexión crítica de las condiciones sociales y económicas de la población.

Posteriormente, en la misma lucha fueron aprendiendo las características del sistema político, social, económico y cultural de Chiapas y del país. En este aprendizaje también sus demandas se fueron ampliando. Por ejemplo, la lucha por la tierra, que fue el motivo inicial de las organización, se agregó a otro tipo de reclamos, como el mejoramiento de las condiciones de vida (salud, educación, créditos, comercialización), el respeto y vigencia de los derechos humanos, justicia, democracia, participación política, libertad.

Fue este movimiento indígena politizado y con una larga experiencia de lucha, el que se encontró con el grupo guerrillero de las Fuerzas de Liberación Nacional. El subcomandante Marcos, al reflexionar sobre la historia del EZNL, explicaba que la organización político-militar que arribó a la Selva Lacandona a principios de los años ochenta era marxista-leninista, "con un corte muy cercano en su perfil militar —no político, sino militar— al de las organizaciones guerrilleras de liberación nacional de Centroamérica y Sudamérica. Una organización que se planteaba que la lucha pacífica estaba agotada, que era necesario enfrentar, por medio de una guerra popular, al poder, derrotarlo e instaurar un gobierno hacia el socialismo y hacia la implantación de la dictadura del proletariado y del comunismo. Y en este sentido se planteaba una guerrilla en términos muy cercanos al foco guerrillero".En cuanto a la concepción sobre los indígenas, las FLN no consideraban que se tratara de un sector de la sociedad mexicana con características especificas, sino que era parte del "pueblo explotado, campesinos, y que había que tratarlos como campesinos", organizarlos y "mostrarle el camino".

Cuando algunos de los miembros de este grupo político-militar, formado en su mayoría por mestizos miembros de la clase media, llegaron al estado de Chiapas, establecieron relaciones con una pequeña "élite política indígena". Ambos grupos coincidieron en la necesidad de la lucha armada y de preparar un ejército, no "un grupo guerrillero". También decidieron instalar su campamento en lo más profundo de la Selva Lacandona, donde fundaron el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en noviembre de 1983. Durante los primeros años no tuvieron ningún vínculo con las comunidades indígenas. Fue la élite indígena la que inició los primeros contactos con algunos jefes de las comunidades, a quienes se les planteó la idea de la lucha armada.

Este "primer contacto entre las comunidades indígenas y el grupo político-militar", por intermedio de los jefes y la élite indígenas, coincidió con "un auge de las guardias blancas y de los hechos represivos, sobre todo en la Selva y el Norte de Chiapas". Ante esta situación, los jefes de las comunidades consideraron necesario el entrenamiento para la lucha armada, pero en un principio se planteó sólo como un medio para la autodefensa. El "pacto" que establecieron con la organización político-militar fue también en su inicio de intercambio: instrucción militar a las comunidades a cambio de apoyo logístico a la guerrilla. Los jefes indígenas (tzeltales, choles, tzotziles, tojolabales), quienes llegarán a convertirse en los "intermediarios entre el Ejército Zapatista y las comunidades", hablan con sus familiares y éstos "deciden enviar a sus hijos más jóvenes a la montaña a hacerse guerrilleros". Como producto de esa decisión, los indígenas se "convertirán en mayoría" en el EZNL, a un año de su creación.

La convivencia entre los guerrilleros indígenas y mestizos produjo el "primer choque cultural". Unos debieron de aprender y asimilar los elementos políticos y culturales del otro. Los mestizos de la organización político-militar, como señala Marcos, descubrieron el mundo indígena y la especificidad de la cuestión indígena a través del "viejo Antonio", de los jefes de las comunidades, de los líderes políticos y de los guerrilleros indígenas. También se dieron cuenta de que estaban tratando "con un movimiento indígena de mucha tradición de lucha, con mucha experiencia, muy resistente, muy inteligente también, al que simplemente le servíamos de algo así como brazo armado." Del reconocimiento y aceptación de esa realidad por parte de la organización político-militar, dice Marcos, nació el EZNL que salió el primero de enero de 1994. Si el EZNL no hubiera aceptado esa realidad, "se hubiera aislado, hubiera quedado pequeño, hubiera desaparecido".

Los guerrilleros indígenas no sólo tradujeron a los mestizos del EZNL la cultura y experiencia política de las comunidades indígenas; también transmitieron a éstas la perspectiva del cambio revolucionario que habían asimilado de la organización político-militar. En este proceso de asimilación y traducción por parte de la guerrilla indígena, se produjo una transformación de la idea y el sentido de la revolución. Las comunidades indígenas hicieron su propia aportación con "elementos humanitarios, éticos, morales". La revolución, señala Marcos, "se transforma en algo esencialmente moral", y en "el garante de que la dignidad se cumpla, se respete". Con este intercambio de ideas, los guerrilleros indígenas convierten la "relación entre la guerrilla y los pueblos en una relación política, y la construyen en una relación orgánica".

En esa relación política "se empieza a dar el proceso de transformación del EZNL, de un ejército de vanguardia revolucionaria a un ejército de las comunidades indígenas, un ejército que es parte de un movimiento indígena de resistencia, dentro de otras formas de lucha". Así, cuando el EZNL "se imbrica con las comunidades, pasa a ser un elemento más dentro de toda esa resistencia, se contamina y es subordinado a las comunidades. Las comunidades se lo apropian y lo hacen suyo, lo colocan bajo su férula".

Aunque la sede del EZNL se encontraba en los campamentos de la Selva Lacandona, habían pequeños grupos guerrilleros en la región de los Altos haciendo trabajo político. En 1988, la guerrilla estaba formada por cientos de combatientes, apoyados por algunas familias de las comunidades indígenas. Al año siguiente se dio un ingreso masivo al EZNL tanto de combatientes como de pueblos y comunidades indígenas. En 1992, en el contexto de las celebraciones y contracelebraciones del quinto centenario del "descubrimiento" de América, los jefes indígenas de las comunidades y regiones zapatistas plantearon que había que iniciar la guerra. Se decidió hacer una consulta, que se realizó en los últimos meses del año, en unas 500 comunidades de las etnias tzotzil, tzeltal, chol y tojolabal, de las regiones de los Altos, Selva y el Norte. La mayoría se inclinó por iniciar la guerra. Con ello comienza una nueva fase organizativa en lo político y militar. Se decide "cambiar la estructura de la dirección" del EZNL, que formalmente seguía "estando en la organización político-militar", y pasar a los representantes de las comunidades indígenas el mando del EZNL. Así, en enero de 1993, los representantes de las etnias mencionadas en las distintas zonas, pueblos y regiones bajo influencia zapatista, se constituyen en comandantes del EZNL. Con estos comandantes indígenas se crea el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZNL (CCRI-CG), que será la dirección colectiva suprema. De esa manera, "la organización político-militar urbana es desplazada del poder por una organización colectiva, democrática, indígena y plural".

Propuesta política

El día primero de enero de 1994, el EZNL dio a conocer en la Primera Declaración de la Selva Lacandona las causas y los objetivos de su insurrección armada. Los zapatistas fundaron la legitimidad de la insurrección contra el gobierno en la forma en que había accedido al poder el presidente (mediante el fraude electoral) y en el carácter injusto y opresivo del régimen. También establecieron las metas de la rebelión. Por una parte, exigieron la destitución del presidente de la República y llamaron a que los otros poderes de la nación (el Legislativo y el Judicial) "se aboquen a restaurar la legalidad y la estabilidad de la Nación deponiendo" al mandatario. Este planteamiento, que desconoce al Ejecutivo y reconoce a los otros poderes, junto con la disposición de los zapatistas de que en las zonas liberadas por ellos se permitiría a la población civil "elegir, libre y democráticamente a sus propias autoridades", fue señalado como una ruptura con "los patrones tradicionales de los movimientos armados". Sin embargo, por otra parte, el EZNL se mantuvo en la perspectiva de esos movimientos con su declaración de guerra al gobierno y al ejército federal mexicano, como "pilar básico de la dictadura", y su determinación dea "avanzar hacia la capital del país venciendo al ejército federal mexicano, protegiendo en su avance liberador a la población civil", así como con su decisión de no dejar "de pelear hasta el cumplimiento" de las once "demandas básicas de nuestro pueblo formando un gobierno de nuestro país libre y democrático".

En diversas entrevistas y comunicados realizadas en los días que siguieron al levantamiento, la dirigencia zapatista se deslindó de ciertas inferencias de este último planteamiento, dejando en claro varios puntos centrales: a) que el EZNL no quería el poder ni que se instalara un gobierno suyo; b) que no se consideraba la vanguardia; c) que el camino que eligieron, el de la lucha armada, fue el que les dejaron las autoridades gubernamentales, pero que no era el único válido para la lucha por el cambio en el país, y d) que se abrían "a otras corrientes y a otras formas de lucha, en el afán de generar un movimiento realmente nacional y revolucionario que concilie estas dos demandas fundamentales, libertad y democracia".

Los zapatistas mantuvieron como eje central de su planteamiento político el reclamo de un gobierno de transición a la democracia, como la vía adecuada para arribar a un régimen democrático en México. Sin embargo, en la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona, de enero de 1996, los zapatistas revisan su propuesta original. La idea del gobierno de transición fue transformada por la propuesta de construir "el proyecto de la transición a la democracia", que sería un proyecto de nación distinto y opuesto al que sostienen el PRI y el PAN. No obstante este señalamiento, el EZNL no fijó una posición clara con respecto al PRD, con el que podría tener ciertas afinidades. Por otra parte, sólo enunció los principios del proyecto a construir, cuando en sus propuestas anteriores había trazado las características más importantes que debía adoptar el gobierno de transición.

Propuestas organizativas

A partir del cese al fuego el 12 de enero de 1994, el EZNL se adaptó a la nueva situación, reajustando su estrategia política y enlazándose con la llamada "sociedad civil", la cual se presentaba como su principal interlocutor, retaguardia política y convocante en sus diversas iniciativas de organización.

El EZNL intentó un primer acercamiento con la llamada sociedad civil a través de la convocatoria a participar en la Convención Nacional Democrática (CND). La CND se llevó a cabo del seis al nueve de agosto de 1994, en el Aguascalientes de la Lacandona. Los asistentes intentaron definir los términos, las condiciones y perspectivas de la lucha para la desarticulación del sistema político autoritario y la construcción de un nuevo sistema democrático. Con ese objeto, la CND debía convertirse en una organización de lucha civil y pacífica.

Sin embargo, los propósitos de la CND no fructificaron. Mencionemos algunas dificultades internas que llevaron a su fracaso:

En la Tercera Declaración de la Selva Lacandona, los zapatistas lanzaron una nueva propuesta. Llamaron a los diversos sectores sociales "que luchan por la democratización de la vida nacional, a la formación de un Movimiento para la Liberación Nacional"(MLN), el cual concibieron como "un frente amplio de oposición". Los zapatistas invitaban a la CND y a Cuauhtémoc Cárdenas a que encabezaran el movimiento. El EZNL propuso como objetivos del MLN, la lucha "de común acuerdo, por todos los medios y en todos los niveles, por la instauración de un gobierno de transición, un nuevo constituyente, una nueva carta magna y la destrucción del sistema de partido de Estado". Los mismo objetivos que se habían planteado para la CND. Por otra parte, el EZNL invitaba a diversos sectores sociales a incorporarse en la CND, si no tenían partido, y al MLN "si militan en alguna de las fuerzas de oposición". Esto es, la CND se concebía como el espacio de los sin partidos, y el MLN de los militantes de organizaciones de oposición.

En febrero de 1995, en la ciudad de Querétaro, se intentó echar los cimientos del MLN. Pero la CND no sólo no se había consolidado como organización, sino que estaba en crisis; y los conflictos con algunos de los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática, que constituía la principal fuerza política con la que en principio se construiría el MLN, entre otros motivos, hicieron que esa nueva propuesta quedara también en el camino.

A los pocos días de que concluyó aquel encuentro en Querétaro, el nueve de febrero, el gobierno de Ernesto Zedillo emprendió un operativo policiaco contra la dirigencia zapatista y de cerco militar de los rebeldes y bases civiles de apoyo. La sociedad civil se movilizó nuevamente para a detener la guerra y retomar la vía política y de diálogo con el EZNL. El once de marzo de 1995, entró en vigor la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, y el nueve de abril se reunieron las partes en conflicto para dar inicio a una nueva fase de diálogo.

A finales de septiembre, los rebeldes lanzaron una nueva iniciativa: el Diálogo Nacional entre el EZNL y la sociedad civil. Los zapatistas invitaban a formar Comités Civiles de Diálogo para participar en la Mesa Civil de Diálogo Nacional. Definieron las características del temario y los participantes, los cuales no debían ser partidarios ni clandestinos.

En la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona, de enero de 1996, el EZNL invitó a la sociedad civil a participar en la construcción del Frente Zapatista de Liberación Nacional, que sería la organización independiente, civil y política del EZNL. Los integrantes de este frente debían rechazar la búsqueda del poder; asimismo, no debían aspirar "a desempeñar cargos de elección popular o puestos gubernamentales en cualquiera de sus niveles". Esta propuesta fue materia de numerosas polémicas. Hasta ahora, los resultados no han sido muy alentadores. La razón principal, probablemente, radica en el hecho de que, a partir de las elecciones de 1988 (en las que la candidatura a la presidencia de Cuauhtémoc Cárdenas obtuvo la preferencia del electorado) y, sobre todo, después del triunfo de julio de 1997 en el Distrito Federal, la vía electoral —con obvias intenciones de acceder al poder político— recibió un nuevo aire. Por lo demás, las organizaciones y los movimientos locales han luchado por la democracia y el poder municipal desde hace mucho tiempo. En consecuencia, la iniciativa del FZLN como fuerza política que no busca el poder, ha resultado poco atractiva para esos sectores y grupos en vieja lucha por la democracia.

Este desfase programático puede deberse a que el EZNL intentó (después de su Primera Declaración) desligar sus reclamos de la toma del poder (para separarse de las guerrillas tradicionales y ampliar el apoyo social a su causa, más allá de ciertos sectores de izquierda). Pero en ese cambio de postura, válida, desvinculó la lucha por la democracia de la lucha por el poder; en cambio, otras organizaciones democráticas han ido articulando la lucha por la democracia con la lucha por la conquista de los espacios de poder (municipal, regional, estatal, federal), revalorándola. Al desencuentro contribuye, sin duda, que la difusión de los significados más profundos de la postura neozapatista frente a la cuestión del poder ha sido confusa y conducida con notable incompetencia por sus diversos intérpretes. Traducciones simplistas han alimentado viejos sectarismos. Por otra parte, en sus inicios el EZNL supo articular muy bien la cuestión étnica con la cuestión nacional. Pero a partir de la Cuarta Declaración, en el discurso zapatista se empezó a notar una tensión entre lo étnico y lo nacional: en ocasiones realzaba lo nacional sobre lo étnico, y en otros momentos invertía el énfasis. Paradójicamente, en el momento en que se discutía en el diálogo de San Andrés el tema sobre Derechos y Cultura Indígena, y los dirigentes de las organizaciones indígenas más importantes del país —invitados por el EZNL como sus asesores en el diálogo— construían los consensos en torno al proyecto de autonomía, articulando lo étnico con lo nacional (democracia, pluralidad, descentralización, reformas a la Constitución, reforma profunda del Estado, nuevo federalismo, etc.), el EZNL lanzaba su Cuarta Declaración que, en varios sentidos, se distanciaba de lo que se estaba discutiendo. Por ejemplo, en la declaración mencionada se asumía que no había un proyecto de transición democrática, cuando en el diálogo los indígenas estaban construyendo parte muy importante de lo que habría de contener ese proyecto. También se planteaba en esa declaración formar un frente con individuos y organizaciones que no aspiraran al poder, cuando en el diálogo los asesores indígenas estaban discutiendo los espacios de poder político que históricamente se les había negado a los pueblos indígenas. En fin, el énfasis puesto en la organización del frente terminó por diluir lo étnico y los contenidos mínimos de un nuevo régimen democrático en el país. Lo étnico-nacional se presentaba dislocado, o al menos ya no aparecía como en el primer año de vida pública del EZNL. Posteriormente, con la suspensión del diálogo a finales de 1996, debido a la falta de cumplimiento por parte del gobierno federal de lo pactado en el diálogo de San Andrés sobre derechos y cultura indígena, lo étnico aparece en el discurso zapatista en primer plano, pero desarticulado de los cambios nacionales que ello implicaba.

Significado de la rebelión zapatista

El significado de la rebelión zapatistas ha residido fundamentalmente en tres cuestiones: 1) impugnó seriamente el proyecto "modernizador" del salinismo; 2) impulsó el consenso en torno a la impostergable transición a la democracia en el país, y 3) colocó la cuestión indígena en su dimensión nacional y le dio proyección política a los reclamos de autonomía de los pueblos indios.

El levantamiento zapatista coincidió con la entrada en vigor del TLC, lo que le imprimió un carácter simbólico. El mensaje fue que la supuesta modernización y entrada de México al primer mundo era una farsa: el país seguía siendo subdesarrollado puesto que millones de mexicanos, particularmente los pueblos indios, vivían en la miseria, y sus necesidades básicas no estaban resueltas. El modelo neoliberal, en lugar de solventar esas carencias, había agravado las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos y frustrado cualquier esperanza de mejoría. El TLC no significaba para esos mexicanos la superación de su situación, sino su liquidación.

Antes del levantamiento zapatista, el gobierno salinista había sostenido que las reformas económicas recetadas por el neoliberalismo eran prioritarias para superar la crisis económica, y que las reformas democráticas que exigía la oposición podían esperar. ¿Hasta cuándo? Nunca se dijo, aunque era claro que las reformas neoliberales sólo podrían aplicarse manteniendo el régimen autoritario. Con la rebelión zapatista, el fastidio latente de la sociedad contra el régimen afloró y la exigencia de democracia se extendió.

El problema de la reforma electoral se colocó de nuevo en el centro del debate político nacional. La reforma electoral de 1996, que incorporó gran parte de los reclamos de los partidos de oposición y también del EZNL, aunque no cubrió cabalmente todas sus propuestas, en gran medida tiene su origen en la presión ejercida por el grupo armado y el descontento social desatado. El EZNL pudo, con toda razón, adjudicarse el mérito de los cambios experimentados a raíz del proceso electoral del seis de julio de 1997; pero en lugar de ello se puso al margen. Nadie le hubiera disputado su gran contribución.

La impugnación del sistema político mexicano por parte del EZNL, y sus propuestas de cambio de la vida política del país, definidas en términos de democracia, igualdad de derechos y libertades de individuos y colectividades étnicas, despertó la simpatía de los mexicanos. Así, los indígenas, que habían sido considerados el sector más atrasado y tradicionalista, se colocó de pronto al frente de la lucha por la democracia, las libertades y justicia. Reforzados por el zapatismo, los indígenas cuestionaron la política excluyente y homogeneizadora del Estado. México era una nación conformada por diversas etnias o pueblos indios, que reclamaban respeto a su existencia y la igualdad de trato. El país, señalaban, no podría alcanzar la democracia y justicia si no se reconocían los derechos de estos pueblos. De modo que la atención puesta en las demandas zapatistas ha impulsado un debate nacional en torno a la legitimidad de los derechos de los pueblos indios, en particular su derecho a la autodeterminación y a la autonomía como ejercicio concreto de ese derecho, como no se había dado en el país en todo lo que llevamos de vida independiente. Al margen de lo que ocurra en el futuro inmediato, este es un mérito histórico de los insurgentes zapatistas.