ABC Sobre Educación Pública Universitaria

Está en juego un modo de pensar la educación en Colombia, bien como un asunto propio o como seguidores ciegos de un modelo predeterminado desde afuera y cuya mejor representación está en la propuesta de reforma a la lay 30 de 1992, proclamada en desarrollo de la constitución de 1991, de la cual provino la idea normativa de la autonomía universitaria entendida como la capacidad de la que están dotadas las universidades para pensarse a sí mismas, es decir para transformar el conocimiento universal y confrontarse con otras realidades; organizarse según sus propios contextos y necesidades, es decir definir su funcionamiento con base a las tareas de docencia, investigación y extensión y; gobernarse por cuenta propia sin ser parte de ninguno de los tres poderes del Estado, ni corresponder de manera obligada a los designios del gobierno.

A la luz de la ley 30 de 1992, se produjo un crecimiento no calculado de instituciones de educación superior (IES), especialmente de origen privado (las que tienen a un particular o grupo de asociados como dueños o propietarios) y de programas de pregrado y postgrado, en lo que se denomino “creación de carreras a la carrera”, sin nuevos profesores/as, sin nuevas infraestructuras, sin nuevas cafeterías, laboratorios, bibliotecas, campos deportivos, salas de artes, baños suficientes, ni aulas cómodas y adecuadas, como tampoco fuentes de financiación duraderas. Se destacó la reducción de la calidad a la mínima expresión basada en la formula de Tiza, Tablero y Lengua (TTL) suficientes para abrir programas, sin rigurosos planes de estudios, sin soportes de investigación, ni profesorado de planta.

Hoy 20 años después de implantada la ley 30, el país cuenta con 281 instituciones de educación superior entre públicas y privadas, que incluyen los niveles: Técnico, Tecnológico y Universitario. Cada tipología de educación es distinta, sirve a un propósito, no es mejor una que otra por que sí. Hay 32 de estas instituciones que son las llamadas Universidades Públicas, (tres de ellas de carácter nacional pleno: U. Nacional, UPN, UPTC). Las 32 a diferencia de las privadas, son patrimonio de la nación, como lo son los ríos, los bosques o las vías. Esta generación, (la mía, la suya), las recibimos como herencia de las generaciones anteriores y es nuestro deber entregársela a la siguiente en mejores condiciones y con mayores garantías de calidad, acceso y permanencia. La dueña insustituible de las universidades públicas es la nación. Su propietario no es el Estado, ni el gobierno, son todas las personas (somos todos/as) y en esa medida los debates sobre su destino pertenecen a la plaza publica, no al recinto político. A la universidad pública por ser el lugar privilegiado en el que se puede realizar el derecho humano a la educación, pueden asistir con garantías quienes demuestren los meritos requeridos, sin obstáculos de tipo racial, económico, político, sexual o religioso.

Hoy la tensión de fondo tiene que ver con una reforma que se hace urgente y en la que los sectores académicos y sociales están de acuerdo. Sin embargo la brecha que separa al gobierno de la sociedad presente en las movilizaciones, es la concepción, la idea y proyecto de país y de sociedad que se quiere seguir construyendo. De qué Sociedad y de qué Desarrollo se quiera tener, dependerá lo que constituya la nueva ley de educación superior. La metodología es sencilla, fijar una agenda de discusión, llegar a un consenso y luego si preparar la ley, recordando que donde hay sabiduría bastan con pocas leyes. No es un asunto de dinero, baste recordar con un solo ejemplo que para 2012 de 165 billones de pesos del presupuesto nacional 40 serán para pagar deuda externa, si se distribuyera de otra manera, es decir con otra concepción propia de país, habría suficiente para adelantar la educación gratuita y con garantías que se reclama. Por ahora los jóvenes tienen la palabra en las calles a donde se han dirigido para hablar de universidad y de democracia al mismo tiempo. Son jóvenes que resultan interconectados con otros jóvenes del mundo levantados en protestas hace 6 meses en Chile, 4 en España, dos en Londres, 1 en new york, con un común denominador en el que el modelo de pensar y actuar de los gobiernos esta distante de lo que necesitan las gentes para vivir con dignidad. No hay fuentes de empleo, no hay oportunidades, no hay bienestar, hay en cambio oportunidades para la guerra, los bancos, el mercado y las trasnacionales que explotan sin compasión lo poco que queda del patrimonio público, ya fueron los ferrocarriles, luego la salud, ahora vienen por la educación, después por las semillas, mañana vendrán por nosotros.

La reforma propuesta por el gobierno no puede ser discutida en el seno de las decisiones políticas porque hay Unanimidad Nacional en el Congreso (Cámara y Senado), todos los partidos, salvo el Polo, hacen parte del gobierno, así que nada que no quiera el gobierno cabe ni siquiera en la discusión. Si el gobierno retira la propuesta del Congreso, sin condiciones, habrá dado un paso de acierto, hacia un dialogo abierto, franco y responsable, para intentar por lo menos por esta vez, que sea la nación la encargada de construir un proyecto de educación acorde con la realidad y necesidades de este país, salvaguardando la esencia de lo público, del bien común. Por ahora las Universidades Públicas albergan a cerca de un millón de estudiantes y padecen un déficit estructural de nombramientos en planta de la mitad de su profesorado que es ocasionalmente contratado en condiciones precarias, de trabajadores/as y empleados/as y de cerca de 800 mil millones de pesos para poner al día sus deudas, padece también de dependencia de los sectores políticos que poco entienden el sentido profundo de la universalidad del conocimiento, del librepensamiento, del destino propio y del deber de salvaguarda de lo público, del patrimonio construido de manera colectiva que pertenece a esta y otras generaciones de colombianos/as.