TEMA 19. LA ECONOMÍA ESPAÑOLA DURANTE EL FRANQUISMO Y DESDE EL PLAN DE ESTABILIZACIÓN AL EURO.

1. LA AUTARQUIA

1.1. INTRODUCCIÓN

El principal fin de la historia económica debe de ser la de explicar porque ocurrieron ciertas cosas, sin olvidar que, no solo, la historia económica es la que influye en los hechos, sino como sabemos los economistas sino que se podía decir que es al contrario, que son los hechos los que influyen en la economía, ya que la simple cosa de poner un precio a un producto depende de si estamos en situación de monopolio, si nuestro productos tienen sustitutivos, si el mercado se haya intervenido, etc.

Empezaré haciendo unas preguntas y redactando sus repuestas.

¿ Cómo fue capaz el régimen franquista de mantenerse? ¿ Por qué hubo ese cambio en la economía mientras el régimen se mantuvo? ¿ Por qué no se entro en una economía que se hundiera en sus propios errores de política económica?

El cambio en la economía que impuso el régimen del general Franco, es decir, el cambio de pasar de una economía totalmente endógena a una economía más abierta, tubo como fin el de mantenerse y sobrevivir. Sobre todo tubo mucha importancia los hechos exteriores al propio país. Esta cambio hay que decir que fue bueno para la economía española, ya que si hubiera mantenido la política económica, España podría haber entrado en un callejón sin salida que llevaría al país a la ruina total. Franco fue capaz de mantenerse en el poder, gracia a que él fue capaz de adaptarse a las circunstancias para campear el temporal, que apartir de los años 50, le fueron favorables, es decir en pocas palabras fue adaptarse a las circunstancias, que no marcaba él. Estos cambios fue más o menos permitido pero no hay que olvidar que se permitieron con ciertos recelos e incluso manteniéndolo bajo su influjo, ya que él no deseaba que entrara aire nuevo del exterior y que los españoles no conocieran la situación que se vivía en el exterior para mantenerse sin problemas.

Hay que tener en cuenta el freno que supone al crecimiento económico cualquier tipo de barreras al comercio libre y como cita Manuel Jesús González “el comercio voluntario nace de que los dos transactores ganan. Cada vez que sé prohibe un intercambio voluntario o se impide mediante un control de precios que cada cual obtenga libremente el precio mejor que pueda, se está abortando una ganancia mutua de bienestar.”

Los historiadores económicos suelen dividir la etapa económica del régimen franquista en tres grandes bloque, sin olvidar que las divisiones de la historia no corresponde con la realidad, pero esto se realiza coincidiendo con hechos que se consideran importante y que supusieron un cambio social o de cualquier tipo, para que el estudio de los acontecimientos se haga más fácil.

La primera es la etapa de la autarquía (1939-1950), caracterizada por la depresión, la dramática escasez de todo tipo de bienes y la interrupción drástica del proceso de modernización y crecimiento, pequeño pero sostenido, con prospección a crecer, iniciado por el Gobierno de la República. En la segunda etapa (1950-1960) se produce una vacilante liberación, deseo recalca eso de vacilante liberalización ya que se realiza debido a circunstancias particulares, y apertura al exterior que genera un incipiente despegue económico, aunque muy alejado del ciclo de expansión que disfruta el resto de Europa debido a las políticas keynesianas (depresión del 29). Por último, entre los años 1960 y 1974 la economía española se ve favorecida por el desarrollo económico internacional, gracias al bajo precio de la energía, a la mano de obra barata, y a las divisas que proporcionan emigrantes y turismo.

1.2. LA DÉCADA DE LOS CUARENTA

Aunque a partir de 1938 ya se comienza a fijar las bases normativas e institucionales, de la que sería la política económica, conviene arrancar en 1940, para evitar en lo que concierne a la economía, el conflicto bélico interno, ya que estos son muy especiales en lo que respecta a la actividad económica.

Hablando en general puede decirse que se trataba de una economía de mandato más que de una economía de mercado y esto produce un grave problema de incentivos para movilizar suficientemente los recursos productivos.

El aislamiento llevado a cabo por el régimen fue puesto en marcha por el miedo, de que España fuera invadidas tanto por las fuerzas antifascistas, como por Hitler. Llega a tal la obsesión de Franco por la defensa del país, que mantuvo a cuatro generaciones de trabajadores como quintas de soldados, ya que él consideraba la defensa más importante que la prosperidad, con lo que implica retirar mucho capital humano de las actividades productivas. Él pensaba que estar aislado, no tenía porque llevar al país a no realizarse, si no que incluso pensaba que esto sería prospero para España y que el Estado estaba obligado a intervenir en la economía para poder lograr varias metas sociales.

1.2.1. LA RECONSTRUCCIÓN

Los indicadores de crecimiento de esta primera década nos indican unos resultados económicos de retroceso, el perfil que ofrecen las distintas estimaciones disponibles no pueden ser más desalentador. Calculando las tasas de crecimiento anual, antes del 1948, todavía se observan bastantes años de crecimiento con tasas negativas. El único factor que afecta al país de la guerra civil, es las bajas de capital humano, el elemento más decisivo y valioso del desarrollo económico. Otro factor que afecta es el aislamiento, pero no hay que olvidar que este aislamiento fue causa de las políticas económicas seguidas por el régimen. Como ejemplo se puede señalar que el crecimiento del producto interior bruto en la década apenas sobrepasa el 1%.

El segundo elemento específico de la década fue la inflación. Durante le primera mitad de la década, los precios al por mayor suben a la velocísima tasa del 11% anual acumulativo, pero en la segunda mitad del siglo no sería menos, un 16,6% anual acumulativo que es un crecimiento tremendo que termina descoyuntando los mecanismos ordinarios de la más sólida de las economías. Pero aquí no termina todo ya que 1950 los precio se elevan un 18% y un año más tarde, a un 28%.

Ahora bien, las cifras registran más que una parte pequeña del fenómeno inflacionario, ya que habría que añadir a estas el coste de los bienes que supone un sistema que distribuye por colas. Un sistema que distribuye por colas supone una tremenda pérdida de eficacia en la asignación de recursos. Es esta economía de distribución por colas, el dinero pierde el valor, ya que no sirve para competir por los bienes. La política económica se asentaba en una nube de planes, y generaba una catarata de intervenciones que atenazaban la economía en el interior de su frontera de posibilidades productivas, por lo tanto, en decenio de 1940 se produce importantes dosis de paro con altas tasas de inflación, que no sirvió en absoluto de acicate al crecimiento.

El retraso de la economía de estos diez años es espantoso. La agricultura permanece estancada, el sector del transporte no empieza a desperezarse lentamente hasta 1946, la industria manufacturera no despega hasta 1950, en 1951 lo hará las comunicaciones y el comercio, el sector servicio no lo hará hasta mediado de los años cincuenta, etc., pero sin olvidar que es un pequeño y lento crecimiento. Hay que llamar la atención sobre el crecimiento del sector industrial, sobre todo el manufacturero frente al estancamiento del sector agrario.

El crecimiento de la industria sobre la agricultura se debió al programa impulsado de industrialización forzada, concebida como un conglomerado de planes parciales, en plena guerra, para abordar la reconstrucción, ya que se pretendía convertir a España en una potencia industrial y militar. Como se sabe, las políticas económicas, por lo menos deben de estar coordinadas.

La obsesión del régimen fue tal por convertir a España en una potencia industrial y militar, que en las décadas de los 40 y 50 el 60 %de las importaciones eran imputs para la industria y no abonos y equipos para la agricultura. Es decir que en vez de importarle la alimentación de la población, la cual estaba pasando una época de hambruna, y realizar inversiones para mejorar esto, se invertía en la industria para lograr su ambicioso proyecto.

La estrategia industrializadora estuvo, desde sus comienzos, inspirada en el dogma de la sustitución de importaciones. Enseña este dogma que cuantas producciones sean físicamente obtenibles en España, sin consideración de costes ni de ventajas competitivas, deben ser producidas. Se desea sustituir las importaciones por productos nacionales, a costa de lo que fuese (sin tener encuentas las ventajas competitivas), lo cual acaba con la capacidad exportadora del país y provoca una profunda crisis de las cuentas exteriores de la nación. Se publicaron leyes proteccionistas a favor de la industria nacional y para controlar a las mismas, como por ejemplo la que prohibía el traslado o la instalación de una industria sin autorización del Gobierno. Y la demagogia fue tal que incluso un competidor establecido, ante la pretensión de entrada de otro, podía alegar en contra en el Ministerio de Industria lo cual suponía una barrera de entrada a nuevos competidores. Lo que producía esta medida es el atraso tecnológico al desalentar a los empresarios eficientes que podían hacer la vida difícil a los instalados. Incluso en una exposición de motivos de ley, se expone “ crear una economía industrial grande y próspera liberada de la dependencia extranjera, que revalorice las materias primas nacionales”.

Y a todo esta añadieron una colección de controles de precios industriales que trataban de mantener la industrialización por cauces ajenos al mercado. Una consecuencia inesperada de este método de industrializar es que desvió hacia las camarillas industriales, que sin crear valor económico alguno se hallaban bien relacionadas con las esferas políticas y favores entre políticos. Como consecuencia de este caldo de cultivo, aparece el mercado negro.

1.2.2. EL NACIMIENTO DEL INI

Nace con la idea de blindar al régimen contra las difíciles circunstancias y sobrevivir. En 1941 se crea este, el Instituto Nacional de Industria (INI). Aunque no fue el único, fue un elemento importante de la estrategia de supervivencia adoptada en la infancia del régimen.

El motivo de su creación era doble: autarquía e industrialización. Pero la industrialización en sí misma era un objetivo complejo que se resolvía en dos objetivos simples: defensa militar en caso de invasión - nazi o aliada- y defensa económica ante un bloqueo cuya duración se desconocía. Pocas dudas caben de que éste era el motivo de su nacimiento. En la ley fundacional de 25 de septiembre de 1941 se lee que es misión del INI: “Propulsar y financiar, en servicio de la Nación, la creación y resurgimiento de nuestras industrias, en especial de las que se propongan como fin principal la resolución de los problemas impuestos por las exigencias de la defensa del país o que se dirijan al desenvolvimiento de nuestra autarquía económica”. Pero cuando se dulcificó el bloqueo y la invasión se había conjurado, la estrategia del instituto consistió en estimular la industrialización en un escenario de protección mercantilista. En definitiva el INI es el que tenía el control del sector, poder que perderá en 1968, cuando el ministro de industria López Bravo lo subordina al mandato suyo.

Franco veía en el INI y en los planes parciales una forma de resolver los problemas de gestión y atraso relativo de la economía y pensaba en los efectos de una economía dirigida, como sucede en la esfera militar. Lo que pretendía, era crear algo parecido a que había en Italia con el IRI.

Pero se tomaron ideas tan descabelladas por este, como el proyecto de obtener petróleo a partir de esquistos bituminosos de Puertollano, el de obtener acero en la fábrica de SIASA de Avilés a partir de un sucedáneo de la chatarra y algunos más.

1.2.3. EL ABANDONO DE LA AGRICULTURA Y EL PROBLEMA DE LA TIERRA.

La mano intervencionista del régimen alcanza todo los terrenos y este tampoco escaparía de eso. En este sector se realizo una política de intervención en producciones y comercialización. Este fue relegado a un segundo punto a favor del objetivo industrial y más concretamente fue tratada como la sierva de la industria. También es este campo se siguió un dogma: la industria es aquí y en todas partes más productiva que la agricultura. El control era total; precios de los productos agrícolas, superficies de siembra, mecanismos de distribución fueron intervenidos por una colección de organismos para garantizar un mínimo de alimentos y mantener la estructura agraria, como por ejemplo el 3 de julio de 1937 el Servicio Nacional del Trigo, en enero de 1939 se impone una tasa al maíz, en septiembre al centeno, en octubre a los cereales y leguminosas de grano seco y, en 1940, la ley de intensificación de cultivos coacciona a los agricultores para conseguir el autoabastecimiento de productos agrarios. Ni que decir tiene que una política agrícola de planificación central supone una destrucción masiva de incentivo, para la producción y el desarrollo, cosas que son muy importantes para las épocas de penuria. Los precios se asignaban por un método llamado el escandallo, en el que se recogían los costes del producto, se aplicaba un porcentaje de ganancia considerado “justo”, y así, mediante una fórmula polinómica, se alcanzaba el precio que se debía fijar. Muchos de los agricultores fueron empujados a la venta de sus productos en el mercado negro, cuando los precios de compra intervenidos eran raquíticos. Según cálculos realizados sobre las ventas de productos agrícolas en el mercado negro, esto alcanzo el 50% de las cosechas en el momento más agudo.

La producción algunos años estuvo por encima de la producción de la República, pero luego a partir de 1944 se estancó. Quizás el reflujo de población hacia el campo, la comercialización de stocks acumulados, el alza de precios y la sustitución de carne por leguminosas en al dieta pueden explicar ese hecho. No será hasta las décadas de los 50 y los 60 cuando la agricultura española sufrió la transformación estructural más honda de su historia.

1.2.4. EL SECTOR EXTERIOR

Aquí se realizó el control de los intercambios con el resto del mundo y la inhibición de la inversión extranjera. Las relaciones con el exterior conocieron una de las más profundas intervenciones. El cambio oficial se mantuvo al nivel marcado por el arancel Cambó. Se llegó a cambiar a 11,22 pesetas/dólar, cuando las variables económicas de un país con respecto al otro eran abrumadoras, fue un gran error, ya que este tipo de cambio se encuentra muy por debajo del de equilibrio y cuando esto sucede, se generan escaseces de dólares. Montaron un racionamiento de divisas, para distribuirlas a los empresarios seleccionados según el esquema de prioridades del gigantesco arbitrio industrializador.

La manipulación mediante tipos de cambios con las denominadas cuentas especiales respondía, también, al intento de acomodar el comercio internacional a las prioridades de las autoridades, cuando éstas se establecían de espaldas a las ventajas competitivas del país. Un tipo de cambio sobrevalorado significaba una subvención para aquellos importadores que podían obtener divisas a precios por debajo de los de mercado y de modo simétrico, penalizaba a los exportadores que se encontraban con tipos altos para sus productos mientras que subvencionaba a quienes podían transformar divisas en pesetas a tipos favorables. Como es natural, muchos exportadores tenían incentivos para cambiar sus divisas en el mercado libre. Por lo expuesto, España cada vez se encuentra con menos reservas de divisas extranjera.

La penalización de los exportadores contrataba con el estímulo a los importadores y para controlar esto se introdujo el aludido control de cantidades, el mecanismo de racionamiento denominado “cuentas especiales”. El procedimiento implicaba una contracción de la demanda que de modo natural hubiera existido a un tipo de cambio por debajo del de equilibrio. Como sucede en estos casos, aparecieron mecanismos sumergidos de atribución de las ansiadas divisas, mecanismos no basados en su precio sino en atributos personales de amistad o poder. El estrangulamiento del comercio exterior no procedía sólo de nuestra cuarentena internacional, procedía también de la abismal ignorancia de las autoridades.

También se produce un estricto control de las inversiones extranjeras limitando esta al 25% de participación extranjera en el capital de las empresas nacionales, y aunque no se hubiera colocado eso limites al capital extranjero hubiera obtenido el mismo resultado, ya que muy poco inversores extranjeros se hallarían dispuestos a arriesgarse e invertir aquí. Como se sabe, en un país donde son necesarios estos recursos, era un atraso poner estas fronteras, ya que España era un país pobre. Añádese a esto la problemática del mercado de trabajo, muchos hombres en el ejercito y los que no están, son obreros pocos cualificados, y obtenemos el porque de la destrucción masiva de incentivos para la inversión. El régimen para animar a los trabajadores y hacerse cree que ellos se encuentren defendidos, crea el sindicato vertical, que es único que existe, y cuyos responsables eran nombrados por el Gobierno.

España al final de la década sufría el aislamiento mayor del exterior y el comercio exterior sólo suponía un tercio del de 1931.

Pero, además de los controles de precios y cantidades tanto industriales como agrícolas, se obstaculizaba la movilidad de los propios bienes. Para desplazarse entre provincias debería expedirse la correspondiente guía-autorización y las mercancías deberían detenerse en cada fielato para pagar el impuesto de consumo con el que se financiaban los ayuntamientos. Esto suponía un aumento de los costes de transacción de tal importancia que inhibió los intercambios. Pero no sólo las mercancías hallaron frenada su movilidad, también a las personas se les impidió viajar como quisiesen. Por motivos de orden público la posibilidad de estos viajes requería autorización en forma de salvoconducto, tal como lo imponía una circular del 11 de septiembre de 1939, que todavía remachaba otra de fecha 5 de diciembre de 1941.

Como las inflaciones caracterizaron la fase de reconstrucción, y en ausencia de sindicatos con funciones de defender el poder adquisitivo de los salarios, el bienestar de la población descendió en cuantía considerable. El producto interior bruto por habitante no recuperó su nivel máximo de preguerra hasta veinte años más tarde, en 1954.

1.3. LA DÉCADA DE LOS CINCUENTA

El blindaje de Franco y los suyos durante los años de la primera década, fue total hasta 1948. El régimen dictatorial no seguirán con su política por una sencilla causa, por seguir en el poder y para ellos debe adecuarse a los cambios experimentados en su contorno.

En pleno bloqueo, los Estados Unidos comunicaron a Franco su pretensión de sustituirle por otro gobernante más afín a los esquemas democráticos occidentales. Él para ganar tiempo, prometio a estos que sólo permanecería el tiempo necesaria hasta encontrar un gobernador capaz de gobernar España, pero Franco lo que deseaba era todo lo contrario, el eternizarse en el poder. Pero la guerra fría vino en su ayuda. Por consejo de Mr. Bevan, ministro laborista inglés, el presidente Truman cambió de opción, ya que le interesaba. Ambos decidieron ayudar a la economía española sin comunicárselo a sus aliados.

El frío general lo detectó inmediatamente y lo optimizó con la estrategia calculada de un militar pegado al terreno. Franco venía oteando el final de la guerra desde mucho antes y así, entre 1943 y 1945, para adaptarse al previsible resultado bélico, ya había nombrado un Gobierno menos germanófilo. Comenzará unas series de movimientos internos para lavar la cara del país frente al exterior e incluso aparece como país neutral al conflicto bélico. Pero no había podido evitar la condena de los aliados en la ONU, que supuso poner al régimen en cuarentena mediante el bloqueo económico y el cierre de fronteras.

En febrero de 1948 una misión militar mandada por el almirante Sherman visitó España y fue recibida por el General, cosa que todo el mundo interpretó como una visita exploratoria de futuros acuerdos militares y de ayuda civil. El primer crédito privado, de una institución como el City Bank, no se hizo esperar. Llegó en el año 1949. En 1950, de la mano de Estados Unidos, España ingresa en la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), y el congreso americano le concede el primer crédito para fines civiles, no militares, pero ya se había quedado privada de la ayuda del Plan Marshall. Lentamente, sintiéndose militarmente menos acosado, se comienza a diluir una de las preocupaciones del General, la de la invasión por parte de los aliados.

Y lo más importante, en lo económico se inicia un perceptible viraje de normalización. En 1948 se introdujo una tímida estabilización, se flexibilizaron los controles de cambio mediante la sustitución de cuentas especial por tipos de cambios múltiples y, en 1951, Franco cambió el Gobierno. En un Gobierno que, con algunas alteraciones, durará toda la década siguiente, un Gobierno que habrá de capitalizar la apertura política cuando se oficialice el perdón internacional del régimen y que habrá de liderar la primera onda de la industrialización mercantilista.

En 1952 se normalizaron los mercados de alimentos y se suprimió la cartilla de racionamiento. En 1953 ambos países firmaron el pacto de defensa mutua, por el cual España arrendaba a Estados Unidos las bases militares de Rota, Torrejón y Zaragoza, y Estados Unidos prestaba ayuda económica, militar y técnica a España. También en el mismo año se normalizan las relaciones con el Vaticano y, en 1955, España ingresa en la ONU. Estos hechos, junto con la vuelta de embajadores, aumentaron muchísimo las expectativas empresariales. A las nuevas señales respondieron con vigor, capitales y hombres, cosa que no hubiera sucedido si el régimen hubiera mantenido su política anterior. Los empresarios pusieron en marcha un amplio proceso de inversión privada. El Estado por su parte elevó notablemente la inversión pública pero montada sobre esquemas algo más racionales. Y todo esto junto permitió a España levantarse de su profundo letargo.

1.3.1. LA INDUSTRIALIZACIÓN MERCANTILISTA

Es así como se conoce a este periodo de crecimiento en esta etapa del franquismo. Los cambios en la política oficial hacia un sistema de precio más libre, permitió disponer de un mecanismo para orientar las energías inversoras, y juntos con las circunstancias vistas anteriormente desencadenó la vivísima elevación de las expectativas empresariales determinantes del auge inversor.

La confianza empresarial, la guerra de Corea impulsora de la exportación de minerales estratégicos, la normalización internacional, la flexibilización de ciertos precios industriales, el comercio exterior de algunos productos agrícolas, la supresión de la cartilla de racionamiento, el empuje de la inversión pública y, desde luego, la ayuda americana nutrieron una onda vigorosa de expansión industrial.

En esta época los precios industriales fueron menos controlados, más flexibles que los agrícolas. Y este diferente perfil hube de atraer capital tanto físico como humano hacia la industria. Fue a las señales alcistas de los precios industriales a las que respondieron con gran sensibilidad hombres y capitales, ya que supuso un reclamo para ambos. Fue este reclamo el que indujo una sustitución de brazo por máquinas en la agricultura.

Este doble fenómeno produjo la gran transformación agraria que habrá de continuarse en la década siguiente. El ahorro rural, por la peculiar estructura del sistema bancario, fue canalizado hacia estos sectores más dinámicos. Pero esto fue una cambio controlado, ya que es consecuencia del instinto del régimen para aprovecharse del cambio de las circunstancias con vistas a sobrevivir y perdurar. Por fin la agricultura comenzó a parecerse a una agricultura moderna y mecanizada en rápido cambio hacia esquemas productivos intensivos en capital.

Grandes efectivos poblacionales se adaptaron a las nuevas señales que emitían los sectores industriales del norte y nordeste y de las grandes ciudades como Madrid, Barcelona y Bilbao, abandonaron las tierras del campo andaluz o extremeño, que eran tierras míseras y pobre. Esta industria creciente encontraba, unos salarios moderados, una oferta de trabajo muy elástica y mucha más disponibilidad de bienes de equipo importados gracias a un sector exterior más holgado, que recibía divisas de la ayuda americana, de las exportaciones de un manojo de bienes agrícolas producidos en el Levante español y de la venta de materiales estratégicos.

Es la época del montaje de grandes acerías como ENSIDESA, de las empresas como SEAT, o las grandes empresas de la industria petrolífera como REPESA. Las políticas del INI cambia y ahora busca infructuosa de una nueva función de producción con una combinación de imputs capaz de mejorar su eficacia. Se decide ahora obtener acero a base de mineral de hierro, o gasolina partiendo de crudos importados, y se aprovecha la colaboración del capital extranjero en el montaje de la industria, beneficiándose del know how (saber hacer de las empresas) tan necesario para la modernización del aparato productivo. La tasa de crecimiento del producto interior bruto alcanzo algunos años el 8,3% y, algunas veces, hasta el 10%, pero el periodo 1949-1959 el crecimiento acumulativo es del 5% anual. Y, especialmente, crecía el componente industrial del producto, que en esta década llegó a cambiar la faz agraria de España. Se puede decir que si hubo una primera industrialización en España esta fue en la década de 1950, basada en la utilización de un sistema de precios interiores más flexible, en la normalización de ciertos mercados y en una generación nueva y sencilla de bienes de equipo, posibilitada por la mayor holgura del comercio exterior, que permitió utilizar y aprovechar la abundante oferta de capital humano.

Los sectores más dinámicos fueron, las industrias del hierro y del acero, de la industria química y de la industria de viene de equipo, transformados metálicos y electricidad. Hay que recordar que este crecimiento se realiza con altas protección exterior y desactivación de no pocos mecanismos de control y rigidez en el interior. Manuel Jesús González dice: “he conseguido detectar que bajo este auge se esconde un importante crecimiento de la importación de bienes de equipo para la industria”. En el decenio de 1950 las importaciones de equipo industrial y semimanufacturas inician una subida vigorosísima que no decae en toda la década. Pero, además, también se consigue dinamizar la producción de energía eléctrica.

También se produce gran número de importaciones a partir de 1951, un año antes de que el producto interior bruto agrícola levante el vuelo, cosa que sucede en el año 1952. Cavestany, el nuevo ministro de agricultura, puso en marcha un intenso proceso de liberalización de mercados que junto con las muevas posibilidades abiertas por el sector exterior determinó la activación de una agricultura dormida durante la década anterior. Y todo este proceso se logró con perceptible estabilidad de precios en el periodo 1952-1947.

No duró mucho la bonanza. El auge se había producido con una política todavía muy cerrada al exterior, y esto fue el cáncer que hizo caer el crecimiento del principio de la década, ya que no se había montado una estrategia de desarrollo orientada hacia el mercado internacional, cosa que si se hubiera realizado hubiésemos cosechado las ventajas de la prosperidad de la vecina Europa, en trance de liberalización y crecimiento.

Los controles sobre el sector exterior seguían significando, sin embargo, un cambio sobrevaluado. Todo el proceso se estrelló finalmente con el escollo de la inflación, nacida de la forma como el sector público venía financiando su déficit provocado por el fuerte proceso de inversión. El Estado forzaba el mercado de capitales, colocando en él unos activos (deudas que eran automáticamente pignorados) que impedía la formación de un genuino mercado y expulsaba al demandante privado de ahorro en dicho mercado. Lo peor era que, por el juego de la pignoración y los tipos de interés controlados, estos productos se abrían paso en las carteras de la banca, que le resultaba atractiva y rentable, pero que esto tiene un inmenso poder inflacionario. El mecanismo de inflación lo activó José Antonio Girón de Velasco cuando en 1956 subió, por dos veces y en apreciable cuantía, los salarios. Los precios se elevaron, la economía perdió su estabilidad en 1957 y los trabajadores, momentáneamente contentados con la subida salarial, perdieron poder adquisitivos. La banca monetizó su deuda para atender la incrementada demanda de crédito por parte de las empresas, cuyas nóminas se doblaron de repente, y los precios levantaron el vuelo. En un mercado protegido, con escasa capacidad exportadora por el modo de crecer ajeno a la competencia internacional, basado en la sustitución de importaciones, no tardó en precipitarse una crisis honda de la balanza de pagos. La crisis revelaba los defectos profundos de la estrategia de industrialización mercantilista: la fuerte pérdida de divisas dificultaba el avituallamiento normal de los procesos industriales en marcha. Un ajuste profundo y una liberalización de más ambiciosas proporciones parecían inevitables si no se quería perder bienestar y, quizá, volver a los tiempos duros de la cartilla de racionamiento y las escaseces. De nuevo el instinto de supervivencia hizo que Franco buscara una salida en la primera generación de tecnócratas, que sería los siguientes que se pondría al frente del país.

2. EL PLAN DE ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA (1959-1961)

2.1. INTRODUCCIÓN

Plan de Estabilización económica (1959-1961): en esos dos años, la economía y la sociedad españolas vivió un auténtico punto de inflexión, un giro importante; o si se prefiere, un rotundo golpe de timón, al pasar de un sistema básicamente liberalizado en lo económico.

Hasta 1950 el nivel general de producción en España se mantuvo por debajo de las cotas anteriores a 1936.

Entre 1951 y 1955 se realizaron progresos más rápidos, dentro de una cierta estabilización de precios que fue posible alcanzar merced a la afluencia de la asistencia económica norteamericana ya la mejora de la coyuntura del comercio exterior. Pero desde mediados de 1955 el desequilibrio del sector público, la política del dinero barato del sistema bancario y las subsiguientes alzas de salarios de 1956 (que se hacían inevitables para atender reivindicaciones huelguísticas) promovieron una inflación creciente que desequilibró la balanza de pagos (a causa del fuerte déficit de la balanza comercial y del estancamiento de las entradas oficiales de la balanza de servicios), lo que originó la baja de la cotización de la peseta en los mercados libres del extranjero.

El déficit presupuestario y el desequilibrio de la balanza de pagos eran los fenómenos patológicos más evidentes de la economía española en 1957. En realidad no constituían sino la exteriorización critica de una serie de problemas estructurales muy graves: lo reducido de la renta nacional, su desigual distribución, la baja capacidad de ahorro, el déficit crónico de la balanza comercial, las deficiencias de un sistema fiscal anquilosado, y la aplicación, durante muchos años, de una política de inversiones financiadas en gran parte mediante mecanismos inflacionistas y dentro de un marco de autarquía económica. Además de ello estaba, naturalmente, el cansancio político que ya producía el régimen de Franco, que no acertaba a encontrar una vía de política económica para paliar la distancia cada vez mayor con la Europa reconstruida por el Plan Marshall (1948-1952).

Ante esta situación la única alternativa verdaderamente racional era estabilizar. Estabilizar, quiere decir ajustar la marcha y restablecer el equilibrio interno y externo de una economía nacional.

La característica fue la cooperación técnica prestada por los organismos internacionales (OECE y Fondo Monetario lnternacional), y la concesión de ayuda económica y moratorias de pagos por parte de Estados Unidos y de países miembros de OECE (Organización Europea de Cooperación Económica) acreedores de España. Si bien es cierto que esa ayuda apenas llegó a ser utilizada, y que el esfuerzo de la estabilización recayó fundamentalmente sobre las clases trabajadoras, sería incorrecto no reconocer que sin él «colchón» de la ayuda exterior ofrecida, el planteamiento del reajuste habría sido mucho más problemático.

2.2. LAS MEDIDAS PREESTABILIZADORAS (1957-1958)

La intención de realizar una política estabilizadora se advirtió en febrero de 1957, al llegar Alberto Ullastres y Mariano Navarro Rubio a los Ministerios de Comercio y Hacienda, respectivamente, tras la crisis política que se había iniciado en febrero de 1956 con las huelgas de trabajadores, y el clamor universitario en pro de una organización más libre del sindicalismo estudiantil. Las reivindicaciones laborales y estudiantiles, y la crisis política de febrero de 1956, reflejaban el agotamiento de la vía autárquica, tanto en lo económico como en lo político.

Se produce un movimiento hacia una política más liberalizadora y separada de grupos como Opus Dei y Falange.

En este contexto del desarrollo de las fuerzas sociales se fueron adoptando una serie de medidas que si no tuvieron un efecto inmediato, indudablemente fueron preparando la economía española para el Plan de Estabilización, que entró en vigor plenamente a partir de julio de 1959.

La primera de esas medidas preparatorias fue la supresión del sistema de cambios múltiples para el comercio exterior a pesar de haberse establecido con (carácter transitorio y circunstancial) en 1948, aún perduraba en 1957. Aparte de devaluar con el fin de forzar la exportación y frenar el deseo de importar, la abolición del sistema de cambios múltiples era un primer paso para entrar en la OECE y en el FMI.

Una vez establecido el cambio único de 42 pesetas = 1 dólar, el cinco de abril de 1957, rápidamente apareció las primas a la exportación; y los retornos a la importación. Todo ello equivalía a volver a los cambios múltiples, para defender las exportaciones de los efectos de la inflación que no había sido frenada. Fue un fracaso por la falta de una política general de estabilización; la devaluación no fue acompañada de las decisiones complementarias, fundamentalmente de los ajustes fiscales y crediticios que hubieran contenido la demanda interior y frenada el alza de los precios.

La medida tomada en primer lugar fue seguida de unas primeras medidas de orden interno. Entre ellas, hay que citar, como la segunda de las medidas, el bloqueo de los salarios y de los sueldos de los funcionarios públicos a lo largo de todo 1957 tras las elevaciones producidas en 1956.

A la anterior le siguió cambios en las medidas crediticias de julio de 1957, elevación del tipo de descuento del 4,5 al 5 por 100, se establecieron topes de redescuento para los bancos y se transmitieron instrucciones a la Banca para que frenara el volumen de crédito, sobre todo el destinado a operaciones especulativas.

La cuarta medida tomada fue reforma tributarla de diciembre de 1957, que permitió la suficiencia financiera y la reducción del déficit del sector público.

Y por ultimo la consiguiente reducción del déficit del sector público.

Posteriormente, a finales de 1958 se sentaron las bases para la reorganización del mercado de crédito a largo y medio plazo a través de la Ley de 26 de diciembre de 1958; y en marzo de 1959 sé público un Programa de Inversiones, con el que se intentaba conciliar el crecimiento de la economía con la estabilidad, fijando y distribuyendo, con criterios de prioridad, las masas de recursos disponibles.

Al finalizar 1958 ya estaba en curso de aplicación toda una política preestabilizadora. El apoyo internacional a esta política fue posible obtenerlo merced al ingreso en tres organismos internacionales. El l0 de enero de 1958, España accedió a la OECE como país asociado, con la previsión de pasar a ser miembro de pleno derecho en plazo breve, precisamente cuando el proceso de estabilización llegase a su fase definitiva. El 4 de julio de 1958, vino el ingreso en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF); el primero de esas dos agencias especializadas de las Naciones Unidas, habría de prestar asistencia financiera y asesora- miento técnico en la fase de estabilización propiamente dicha.

Por tanto, en el verano de 1958 la operación estaba planteada. Faltaba entonces ultimarla en todos sus detalles para ponerla en ejecución, pues la situación de la balanza de pagos y del conjunto de la economía se hacía cada vez más critica. El déficit de la balanza comercial sólo podía ser transitoriamente enjugado con la consolidación de las deudas de algunos de los clearings (procedimiento, en las relaciones de comercio internacional, que tiene como fin la protección coercitiva de los productos nacionales regulando, mediante tratados y convenios entre los Estados, el intercambio de productos y eliminando en los mismos, las monedas), con el práctico agotamiento de las reservas de divisas, y con la multiplicación de los tipos de cambios hasta lo inverosímil, para exportar a costa de cualquier prima.

Esta situación de crisis del comercio exterior, coincidió en los últimos días de 1958, con tres sucesos económicos internacionales de importancia. El primero, la declaración de convertibilidad exterior de las monedas de casi todos los países de la OECE y la consiguiente disolución de la Unión Europea de Pagos, lo cual marcó la entrada en vigor de la institución de Acuerdo Monetario Europeo. El segundo, la ampliación por parte de varios países de la OECE de los porcentajes de liberalización de su comercio exterior, un paso más hacia la expansión de los intercambios en Europa Occidental. Por último, en 1959 dio comienzo la aplicación efectiva del Tratado de Roma, constitutivo del Mercado Común.

Mientras los países de la OECE liberalizaban su comercio exterior, en España se había llegado al paroxismo del régimen bilateral, lo cual ocasionaba toda una serie de rigideces a la economía. Esas dificultades habrían de promover el impulso final que llevaría a la decisión política de estabilizar. En el primer semestre de 1959 se desarrollaron los estudios y preparativos para ello.

En enero, el Gobierno dirigió un cuestionario a distintos organismos, al objeto de conocer su opinión sobre las medidas que para conseguir el equilibrio externo implicaría necesariamente la estabilización: liberalización de los intercambios, convertibilidad de la peseta, e integración económica europea (los organismos consultados fueron: Organización Sindical, Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Banco de España; Confederación Española de Cajas de Ahorro, Consejo Superior Bancario, Instituto Nacional de Industria, Instituto Nacional de Estudios Políticos, Facultad de Ciencias Económicas y Consejo de Economía Nacional). Las respuestas fueron todas coincidentes en que eran convenientes la liberalización de los intercambios comerciales y la participación de España en la integración económica europea, y que, en caso de participar en la integración, era pertinente hacer convertible la peseta.

Finalmente, en marzo del mismo año 1959, la OECE publicó su primer informe sobre la economía española, al final del cual, en forma de recomendaciones, se contenía ya un verdadero esquema del Plan de Estabilización:

1. Necesidad de realizar un esfuerzo de deflación para asegurar el equilibrio interno, tanto en el sector público (reducción del déficit del Estado y organismos autónomos), como en el privado (aplazamiento de las inversiones menos urgentes y menos productivas, liquidación de los stocks y, por consiguiente, necesidad de una política de restricción de créditos).

2. Equilibrio externo, a base de reformar el régimen de cambios y pagos exteriores, y liberalización de los intercambios en la medida compatible con los recursos exteriores y las reservas monetarias del país.

3. El éxito de la estabilización (concluía el Informe) permitiría enfrentarse después con los problemas de desarrollo a largo plazo en óptimas condiciones.

2.3. EL PLAN DE ESTABILIZACIÓN (1959)

El Plan de Estabilización tomó cuerpo en el Memorándum que el Gobierno español dirigió al Fondo Monetario Internacional y a la OECE con fecha 30 de junio de 1959. Se contenía la descripción de las medidas a adoptar respecto del sector público, la política monetaria, la flexibilidad de la economía y el sector exterior. En el Memorándum estaba, pues, en grandes líneas, todo el contenido del Plan de Estabilización. El documento fue estudiado por la OECE y el Fondo Monetario Internacional, que le prestaron su conformidad: y para su aplicación facilitaron apoyo financiero, al cual coadyuvaron Estados Unidos y los otros países miembros de la OECE acreedores de España.

El Plan vio la luz pública los días 20 y 21 de julio por medio de una declaración del Gobierno y a través del Decreto-Ley 10/1959, “de Nueva Ordenación Económica”.

[En la declaración del Gobierno se facilitó la cifra de ayuda exterior para el desarrollo del Plan, cuyo desglose era el siguiente: FMI, 75 millones de dólares; OECE, 100; Gobierno de Estados Unidos, 258; moratoria de los países de la OECE, 45; Banca privada norteamericana, 68. En total, 546 millones de dólares. De esos 546 millones, de disponibilidad inmediata eran 50 de los del FMl, 75 de los países de la OECE, y los 68 de los bancos privados norteamericanos. En total, las disponibilidades inmediatas alcanzaban a 193 millones de dólares. A primera vista, esa suma podría haber parecido insuficiente para hacer frente al esperado “tirón” de las importaciones liberalizadas, pero en realidad fueron más que suficientes. E incluso sólo se giró con cargo a esos préstamos parcialmente, precisamente porque el tan esperado “tirón” no llegó a producirse, debido a la recesión interna provocada por las restricciones crediticias, y por la repetidamente citada liquidación de los stocks (que en épocas de escasez de Importaciones habían llegado a ser, paradójicamente, muy voluminosos). La cifra del Gobierno de los Estados Unidos se desglosaba en 105 millones, como "ayuda americana” (45 de apoyo a la defensa y 60 para la compra de excedentes agrícolas), 30 millones de préstamos del Export-1mport Bank, y 123 millones de dólares (equivalentes a 7.400 millones de pesetas) de la contrapartida de la ayuda que, perteneciendo a los Estados Unidos, éstos cedieron al Estado español para reforzar su presupuesto de ingresos].

Con el Plan se pretendían lograr dos objetivos: primero, sentar las bases para un desarrollo económico equilibrado y, segundo, iniciar una mayor integración con otras economías. Alcanzar estos dos fines presuponía, el equilibrio interno y el equilibrio exterior.

La actuación para conseguir el equilibrio interno se manifestó en los sectores público y privado. En ambos se trató de obtener la reducción de las inversiones a la cifra del ahorro voluntario efectivamente disponible, así como frenar la demanda para estabilizar los precios. Habría que limitar para ello el gasto público y privado; en pocas palabras, se hacía preciso contener la expansión de la oferta de dinero. A tal fin se adaptaron dos clases de medidas: de carácter fiscal y de carácter monetario.

2.3.1. LAS MEDIDAS DE POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIAS

En el terreno fiscal se limitó el gasto total del sector público con sus ingresos ordinarios, a 80.000 millones de pesetas. Para ello sé “despresupuestaron” varios servicios, elevando sus tarifas en algunos casos hasta en un 50 por 100(por ejemplo RENFE, las tarifas de la Compañía Telefónica Nacional de España, etc.). La aportación del sector bancario al sector público, calculada en 11.000 millones de pesetas para 1958, se redujo a 3.400 en 1959; ello fue posible merced a la elevación de algunos de los impuestos y de los precios de los monopolios públicos, la asistencia económica del Gobierno de Estados Unidos, y la obtención de 6.000 millones de pesetas en el mercado de capitales.

Las medidas de carácter monetario adoptadas pueden resumirse en las cuatro siguientes:

1.ª No realización de nuevas emisiones de fondos públicos dotados del derecho automático de ser aceptados en todo momento por el Banco de España como garantía de crédito. Se pretendía con esta medida cortar de raíz la más importante causa de la inflación: la pignorabilidad de los fondos públicos que impulsaba la circulación fiduciaria, y que hacía posible la expansión de los créditos bancarios (monetización de deuda pública).

2.ª Limitación del crédito del sistema bancario al sector privado, fijando un tope de 163.600 millones de pesetas. De esta forma, se consiguió frenar, un tanto drásticamente, el ritmo de expansión del crédito bancario. Al propio tiempo se mantuvieron las medidas adoptadas en 1957: tope al redescuento de la Banca privada en el Banco de España, e instrucciones a los Bancos comerciales para que cortasen los créditos especulativos.

3.ª Mayor flexibilidad de los tipos de descuento e interés aplicados por el Banco de España, y consiguientemente de los tipos de las operaciones activas y pasivas del resto de la Banca, de forma que sirviesen como instrumentos de política monetaria. A partir del 3 de agosto de 1959, comenzaron a regir tipos de interés más altos que los anteriores.

4.ª Establecimiento de un sistema de depósitos previos para las importaciones privadas, como medida transitoria de esterilizar dinero, fijándose su monto en el 25 por 100 del valor, que había de ingresarse en el Banco de España. Naturalmente, esta medida tenía también un claro fin comercial: cortar desde el principio la importación con fines especulativos.

2.3.2. LAS MEDIDAS COMERCIALES

Las medidas fiscales y monetarias examinadas eran indispensables para contener la demanda, estabilizar los precios y con ello conseguir una disminución en el deseo de importar. Esto, unido al aporte de la ayuda exterior, hizo posible cubrir el segundo objetivo del Plan de Estabilización: alcanzar el equilibrio externo e iniciar una política comercial más en línea con la seguida por los países de la OECE.

El paso fundamental fue el ingreso de España en la citada entidad, como miembro de pleno derecho, el 20 de julio de 1959. Después de largos meses de negociación en Madrid, París y Washington, el Consejo de la Organización aprobó finalmente un Plan de Comercio y Pagos presentado por el Gobierno español.

En el Plan de Comercio y de Pagos, el Gobierno español se comprometió a liberalizar (el comercio se efectúa libremente) y a globalizar (para exportar o importar se necesita una autorización estatal) una serie de mercancías. La globalización y liberalización no se había de hacer tan sólo frente a los países de la OECE, sino también para todos los demás países que permitiesen la convertibilidad de los saldos de las exportaciones españolas.

La liberalización alcanzó a una serie de alimentos, materias primas y maquinaria, cuya importación en 1950 representó el 54,4 por 100 del comercio privado. La importación de las mercancías liberalizadas se dejó exenta de licencia de importación, y desde agosto de 1959 quedaron de libre importación en cualquier cantidad y de cualquiera de los países antes indicados, sin más que presentar ante el Ministerio de Comercio la correspondiente “declaración de importación”.

La globalización se extendió a una serie de productos que en la importación privada del año 1950 representaban un 35,4 por 100 del total. Por último, quedaron en régimen de contingentes bilaterales de importación los restantes artículos no incluidos ni en las listas de liberalizados ni en ]os cupos globales, y que en la importación privada en el año base representó un 10,2 por 100 del valor total.

En el Memorándum, el Gobierno español se comprometió además a pasar paulatinamente la mayor cantidad posible de mercancías de comercio de Estado a comercio privado, de comercio bilateral a comercio global, y de este último a comercio libre.

Pero el equilibrio externo no podía lograrse con sólo liberalizar y globalizar; eran precisas otras dos piezas fundamentales: la fijación de un tipo de cambio exterior adecuado para ]a peseta y la liberalización de las importaciones de capitales.

El nuevo cambio exterior de la peseta se estableció al fijarse su paridad con el oro (por decreto 1251/ 1959, de 17 de julio), de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Con ello, desaparecieron los cambios múltiples para importación y exportación, y se frenó considerablemente el deseo de importar , por el encarecimiento que el nuevo cambio supuso en las importaciones. Al propio tiempo, por la razón inversa, se fomentaron la exportación y las entradas oficiales de divisas por servicios (turismo, fundamentalmente), que aumentaron rápidamente.

Es interesante subrayar que al devaluarse, se fomentó también la entrada de capitales extranjeros, y se impulsó la emigración a Europa, pues el verdadero valor de las remesas de los emigrantes se “elevó”, al traducirlas en pesetas.

En lo concerniente al Arancel tuvo que ser demorado. Por ello, en agosto de 1959, entraron en vigor, provisionalmente, unos “arancelillos”, en los que figuraban los nuevos derechos para las mercancías liberalizadas y globalizadas; y lo mismo se hizo con ocasión de las ulteriores órdenes de liberalización.

La liberalización de las importaciones de capital se manifestó en el Plan de Estabilización con dos tipos de medidas: la concesión de una amnistía para la repatriación de capital, y la legislación de inversiones extranjeras. La amnistía permitió la repatriación de toda clase de divisas que los españoles tuvieran en el extranjero, con la exención de responsabilidades a que pudiera haber habido lugar por delitos monetarios y régimen tributario.

2.3.3. LA LIBERALIZACIÓN INTERIOR

Las encaminadas a mejorar el funcionamiento del sistema económico en el interior del país. Hay que hacer referencia a la liberalización de los precios, la supresión de los intervencionismos estatales innecesario, el restablecimiento y mantenimiento de la libre competencia, y el reajuste en la política laboral. La tercera fue abordada también en la etapa estabilizadora.

Supresión de intervencionismos. En primer lugar, las mercancías objeto de liberal1zación en el comercio exterior, pasaron a quedar libres de toda intervención de precios en el interior. Como consecuencia de la liberalización de las importaciones, y por la estabilidad conseguida en el nivel de precios. El año 1959 se cerró con la supresión de un total de 19 organismos [Los primeros organismos suprimidos fueron la Junta Superior de Precios, el COMEIM y la Junta de Desguaces, la Delegación del Corcho, tres Fondos de Regulación de Precios (de las Fibras Duras, del Cinc y del Estaño), el Fondo de Regulación del Precio del Cobre, la Delegación del Gobierno para la Ordenación del Transporte, la DOEIS, etc.].

En el artículo 30 del Decreto-Ley de Ordenación Económica quedó prevista la acción del Estado para hacer posible el funcionamiento real de la libre competencia e imposibilitar las actividades monopolísticas.

El propio desenvolvimiento del Plan de Estabilización y la recesión que inicialmente provocó, hicieron ver la necesidad de ir a un régimen más flexible en materia de empleo. Premisa indispensable para lograr esta mayor flexibilidad era la creación de un subsidio de paro, que fue implantado por el Decreto de 26 de noviembre y completado por la Orden Ministerial de 11 de diciembre de 1959.

2.4. LOS PRIMEROS EFECTOS DEL PLAN DE ESTABILIZACIÓN

Los efectos del Plan fueron inmediatos, y en muchos casos realmente alentadores.

Las medidas fiscales y monetarias eliminaron el exceso de demanda interior. Los precios se mantuvieron estables, a pesar de la elevación del tipo de cambio y de la supresión de las intervenciones. La estabilización de los precios pudo imputarse en buena medida a la existencia de grandes stocks de mercancías, a los cuales (una vez garantizado el aprovisionamiento normal) se dio salida durante los últimos cinco meses de 1959 y los primeros de 1960.

La liquidación de los stocks se apreció no sólo en que los precios se mantuvieron estables, sino también en la disminución de la actividad productiva y en el descenso de las importaciones. Esto último, unido al aumento de exportaciones promovido por la elevación del tipo de cambio, por las buenas cosechas, y por el alza de precios que en Europa experimentaron algunos productos, determinó una mejoría sustancial de la balanza de pagos, lo que apoyó la cotización de la peseta en los mercados extranjeros; otro resultado fue la práctica desaparición del circuito paralelo de divisas.

En el interior, se contuvo la inflación, pero se produjo una disminución de la actividad económica; más pronunciada en los sectores que ya experimentaban dificultades antes de ponerse en ejecución el Plan: minería del carbón, industria de construcción de maquinaria, industrias textil y papelera, etc.

En el mercado de trabajo, la cifra oficial de parados apenas experimentó variación, debido a la emigración de los trabajadores (paro en cubierta). Más importante que el aumento del paro fue la disminución de remuneraciones complementarias del salario base (horas extraordinarias y pluses), que desaparecieron enteramente para sectores muy extensos de la población obrera. Ello significó en muchos casos reducciones en sus ingresos de hasta un 50 por 100 respecto de los percibidos antes de la puesta en marcha del Plan. Por otra parte, el potencial problema del paro quedó muy amortiguado por la emigración al exterior. Con él estimulo de un 43 por 100 de elevación en el cambio para sus remesas al país, la emigración laboral experimentó un auge formidable, hasta el punto de que en los años 1959, 1960 y 1961 se situaron en el exterior casi medio millón de españoles (la cifra varia según la fuente de los datos). Con sus transferencias, los emigrantes sentaron una de las bases más sólidas para el éxito del Plan, al contribuir al acrecentamiento de la reserva de divisas.

La reducción de las rentas de distribución, incluidos los beneficios de empresas, se apreció en la contracción del consumo de bienes de consumo duradero y de lujo (compra de pisos, automóviles, aparatos domésticos, asistencia a los locales de espectáculos, etc.). Por último, la completa transformación de las expectativas empresariales, las dificultades del crédito y el mecanismo bursátil originaron conjunta- mente una reducción importante del volumen de inversión que de 111.433 millones de pesetas en 1958 pasó a 101.836 en 1959 ya 99.669 en 1960.

3. PLANES DE DESARROLLO (años -60 y -70).

Entre el PNEE de 1959 y el año 1973, el crecimiento de la economía española sobresale en la OCDE y dobla en promedio al de los países de Europa Occidental. Ahora bien, un crecimiento tan rápido, que habría partido además de una posición inicial poco sólida, no podría de dejar de presentar flancos débiles; éstos se mostrarían abruptamente con la llegada de la crisis.

3.1. DEL PLAN DE ESTABILIZACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO. “LA REACTIVACIÓN”.

Entre el comienzo de la aplicación del Plan de Estabilización (julio de 1959) y las primeras medidas dirigidas a la preparación del Plan de Desarrollo y la petición de asociación a la CEE (febrero de 1962), transcurrió un lapso de dos años y medio, durante el cual la economía española en su conjunto experimento una transformación importante.

Desde 1960, la economía española registró los efectos favorables y desfavorables de las medidas estabilizadoras. La balanza de pagos se cerró en ese año con un saldo favorable de 400 millones de $, y el nivel de precios no sufrió apenas alteración, debido a:

- La política de contención del gasto público y del crédito.

- La liquidación de los stocks.

- La eliminación de la demanda especulativa.

La contrapartida fue la reducción de la renta nacional en 1960 en un 3.6% respecto a 1959. Ese descenso de la actividad económica se manifestó en la aparición del paro obrero. El resultado final de la disminución brusca del poder de compra, fue el aumento de la emigración de trabajadores españoles a ciertos países europeos, principalmente a Alemania, Suiza, Francia y, en menor medida, al Benelux.

Si el paro no hubiera encontrado una fácil espita en la emigración hacia la Europa próspera y eufórica de 1959 y 1960 (que contribuyó a la rápida creación de una saneada reserva de divisas), la situación y la manera de abordarla habrían sido muy distintas.

Los primeros indicios de recuperación, comenzaron en 1960 como consecuencia de la natural variación estacional al alza que se aprecia todos los otoños y por una cierta reacción en los medios empresariales que después de la publicación del Arancel empezaban a superar el shock estabilizador.

Esos primeros indicios se vieron seguidos de una cierta reactivación a lo largo de 1969, que se tradujo en una aumento de la Renta Nacional en un 3.7% respecto a 1960, con lo cual el nivel de producción se colocó de nuevo a la altura de 1959.

Los factores que contribuyeron a la reactivación fueron:

Factores monetarios:

- El descenso de los tipos de interés.

- El alargamiento de los plazos máximos de crédito hasta 18 meses.

- Expansión crediticia.

- Incremento del Gasto Público, especialmente en el sector de inversión.

- Entrada de capital extranjero, lo que permitió un fortalecimiento de las cotizaciones bursátiles.

Factores reales:

- Continuación de las exportaciones al nivel de 1960.

- Agotamiento de stocks y la necesidad de su reposición.

En plena “reactivación” visitó España una misión del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), invitada por el Gobierno para redactar un informe sobre las posibilidades de desarrollo económico. La publicación del Informe del BIRF se hizo unos meses después de haberse creado la Comisaria del Plan de Desarrollo (1962). Quedaba así iniciada una nueva fase de la política económica española, de planificación indicativa.

Los aspectos más criticables del Informe: La ausencia de recomendaciones sobre medidas de reforma agraria, la gran benevolencia sobre el sistema fiscal o ante la existencia de prácticas monopolísticas, las relaciones de España con la CEE, la minimización del problema de desequilibrio, la ciega confianza en una economía de mercado.

En 1962, El Gobierno español manda una carta solicitando “la apertura de negociaciones con objeto de examinar la posible vinculación de España a la CEE en la forma que resulte más conveniente para los recíprocos intereses”. Fría acogida, que se reiteraría en tantas ocasiones.

3.1.1 Causas que explican el crecimiento en esta década.

1. Deseo de los españoles para lograr ese crecimiento.

2. Atraso relativo acumulado por el país. Ante una situación tan precaria cualquier crecimiento económico por muy pequeño que fuese, era grande e importante.

3. La liberalización de las importaciones permitió que disminuyesen los costes.

4. Aumenta la demanda: El modelo de Keynes señalaba que si se incrementaba la inversión, y por tanto el gasto público, se consume más por lo que la oferta responde automáticamente.

5. Apertura al exterior. Esto permitió la entrada de capital extranjero y de divisas.

6. Incremento de los recursos productivos (tierra, capital y trabajo). Entrada de la mujer en el mundo laboral, éxodo rural, incremento de la renta y el ahorro, etc.

Todo ello llevó a la estructura económica española a sufrir una gran modificación.

3.1.2 Cambios en la estructura productiva.

Reequipamiento y modernización de muchas actividades productivas en todos los ámbitos sectoriales:

ð En el sector industrial, que actúa como motor central de la expansión, el crecimiento medio muy intenso se acompaña de profundas variaciones en la estructura interindustrial. Y así, frente a la imagen de fragilidad y de escasa capacidad competitiva que ofrecía el sector en la década de 1950, la industria española se asoma en 1970 con una acusada modificación de la importancia relativa de los diversos subsectores de la producción fabril (industrias químicas, metalúrgicas y de bienes de equipo), una simultáneas intensificación del grado de utilización del capital, un fuerte incremento de la productividad del trabajo y un cierto proceso de especialización productiva.

En resumen:

- Disminuye la necesidad de mano de obra como consecuencia de la mecanización.

- Mayor necesidad de capital, para introducir maquinaría.

- Sectores líderes: energético - químico - construcción - maquinaria

ð En el sector agrario, se registra las más bajas e irregulares tasa de crecimiento y que se conoce como Crisis de la agricultura tradicional. Crisis de un sistema de producción rural basado en la superabundancia de fuerza de trabajo y en la correspondencia entre oferta y demanda de productos alimenticios dentro de un mercado de escasa capacidad adquisitiva y aún muy dividido en cuanto a la distribución de determinados artículos agrarios. Crisis que desencadenan en:

- Las nuevas oportunidades de empleo: Importante por la reducción rápida, a través de la emigración interior y de la salida de trabajadores españoles a Europa, de la abundante población rural.

- Los cambios en la cuantía y composición de la demanda de productos alimenticios: En la demanda de alimentos han sido muy notorios los cambios impuestos por los mayores niveles de urbanización, rentas y consumo, la consecuencia ha sido la aceleradísima erosión de aquellas condiciones de empleo y demanda que hacían posible la continuidad de la agricultura tradicional.

Por tanto, la disminución y el encarecimiento de la mano de obra en el campo y la desadecuación de la oferta agraria respecto de los componentes de la modificada dieta alimenticia, provocarán un cambio extraordinario de estructuras en lo que se refiere al tamaño de las explotaciones, a los niveles de mecanización, a la selección de cultivos, a las redes de distribución y a la configuración mercantil misma de la empresa agraria; transformación estructural espectacular fue la de los incrementos de productividad y de rendimientos en la nueva agricultura española de los años -70 y -80.

ð En el sector terciario, éste se situó a la cabeza de la distribución sectorial del PIB español y del reparto por sectores de la población activa. El vigor del proceso de urbanización entre 1960 y 1975 (prácticamente se dobla el porcentaje de la población española residente en ciudades de más de 100.000 habitantes: del 27.7 % se pasa al 50 %) las transformaciones en los medios de transporte y comunicación, así como la duradera expansión y mantenida importancia del turismo.

Con estos cambios la tasa de crecimiento aumentó(ðPIB). Pero Tamames denomina a este nuevo modelo “Capitalismo mediocre”(libertad y no intervención) porque ni el Estado ni los empresarios fueron capaces de aprovechar las condiciones de crecimiento económico que tenía España. El Estado debería de haber invertido más en infraestructuras.

España podía haber crecido más, cuando puso en marcha su desarrollo económico en los años 60, pues pudo haber elegido entre un modelo de:

- Economía libre.

- Economía planificada: Planes indicativos.

Pero ni uno ni otro, sino un sistema híbrido que no dio muy buenos resultados. En los años 60 el Gobierno pone en marcha una ley de arancel para evitar la entrada de algunas mercancías. “Capitalismo Corporativista” (pedía favores al Gobierno de Franco como poner aranceles para que no entraran productos de fuera y así no competir).

3.1.3 Esquema y crítica de los planes.

El esquema del Plan de Desarrollo 1964-1967 partió del establecimiento de una doble hipótesis de crecimiento: Para la población activa se previó un ritmo del 1 % anual, y de un 5 % para la productividad.

De esas premisas resultó, un ritmo de expansión del PNB del 6% anual; superior al registrado en España en los años 1954-1962 (4.5 %), y así mismo más elevado que el previsto para otros países europeos (Francia, 5.5 %; Italia, 5.6 %).

Después, el II Plan previó un crecimiento menor (5.5 %) por los efectos de la devaluación de la peseta en noviembre de 1967.

El III Plan (1972-1975) fijó un objetivo del 7 % que ya ni lejanamente pudo ser alcanzado.

El Plan constaba de dos partes: una de carácter indicativo (las proyecciones sectoriales en general), y otra de carácter vinculante, concretada en el programa de inversiones públicas y en los sucesivos programas de desarrollo de las industrias concertadas con el Estado.

Pero a pesar de esos propósitos teóricos, lo cierto es que los planes no fueron realmente vinculantes, pues los programas de inversiones públicas no se cumplieron en ninguno de los años transcurridos. Por otra parte, tampoco resultaron indicativos para el sector privado.

3.1.4 Aspectos vulnerables de la economía española.

Aspectos del rápido crecimiento, que desencadenaría en una crisis económica.

1.- Mayor dependencia energética española de aprovisionamientos exteriores, que amplificará la repercusión del encarecimiento de los precios internacionales.

2.- Marcada vulnerabilidad de muchos sectores y empresas industriales ante la agresividad competitiva de los nuevos países industriales, al acceder éstos a la misma tecnología fácilmente adquirible que la industria española incorporó sin un esfuerzo paralelo de investigación y asimilación.

3.- Elevado endeudamiento, en términos absolutos y comparados, de la empresa española, con la consiguiente incidencia negativa cuando, al final de la década de 1970, se elevan los tipos reales de intereses.

4.- Malformación del sector público, cuya debilidad, en términos de insuficiencia, ineficacia y regresividad, compatible, eso sí, con grados muy elevados de intervencionismo.

3.2 LA CRISIS ECONÓMICA DE LOS AÑOS 70.

El impulso industrial forzó los movimientos migratorios internos, de modo que España fue dejando de ser “eminentemente agraria” para convertirse en un país industrial emergente. En definitiva, de la ruptura del submodelo económico primigenio de la autarquía resultó el crecimiento económico acelerado, ciertamente con serios costes sociales: traumas migratorios, penurias de vivienda y educación, peligro aún muy serio para quienes eran valedores de las reivindicaciones obreras, etc.

3.2.1 Políticas.

El nuevo modelo económico llevaba en su matriz la necesidad del profundo e inevitable cambio político a l/p. Tal eventualidad empezó a hacerse evidente al comenzar la década de 1970, cuando la economía y la sociedad española, más compleja y diversificada, entra en contradicción profunda y creciente con el submodelo político (oligárquico, anacrónico y obsoleto), ya incapaz de atender las necesidades económicas y sociales.

- Oligárquico: concentración del poder en la clase política dirigente de origen franquista.

- Anacrónico: al hallarse anclado en un ya lejano pasado, ampliamente superado por la inmensa mayoría de la población.

- Obsoleto: Por resultar incapaz de atender a las necesidades de una sociedad y de una economía mucho más complejas y diversificadas en 1975.

La crisis económica que se desencadenó en 1973 con el alza de los precios del petróleo, se agudizó. Fue así como se hizo patente la gran contradicción de la herencia de Franco: un sistema político de corsé que se resquebrajada por los cambios económicos de la liberalización; y una sociedad que, enfrentada a la crisis económica, buscaría sus libertades con la instauración de un nuevo modelo político.

Frente a esa contradicción, los esfuerzos “aperturistas” de Arias Navarro resultarían vanos. Lo que España necesitaba era un cambio político profundo.

3.2.2 La crisis de la economía española, 1973-1984.

Las dificultades en este período son inseparables de las vividas, en esos mismos años, por el conjunto de las economías europeas como consecuencia de una serie de perturbaciones de ámbito mundial así como de las resistencias mostradas por los países europeos.

Tales dificultades han tenido tres orígenes básicos:

1º) Perturbaciones exteriores procedentes de la política económica estadounidense.

La inflación mundial de 1972-73, el desmoronamiento del orden monetario internacional de Bretton Woods, las intensas fluctuaciones del dólar desde 1973 y el alto nivel de los tipos de interés, en los mercados financieros internacionales, desde el otoño de 1979 tiene, en buena medida, ese origen estadounidense y han generado, sin duda, perturbaciones importantes en las economías europeas.

Es decir, desde el mismo comienzo de la década de 1960, ya se observaban disfunciones en el Sistema Monetario Internacional (SMI) del Fondo Monetario Internacional (FMI). Las reservas oro en Fort Knox iban resultando insuficientes para respaldar la convertibilidad, debido a las crecientes existencias de dólares fuera de EEUU.

Esta situación, contraria a las reglas del SMI asumidas en Bretton Woods en 1944, pudo resolverse, por medio de acuerdos especiales entre el Sistema de Reserva Federal (SRF), y los bancos centrales europeos y de Japón; de forma que estos renunciaron al derecho a solicitar la conversión en oro de sus stocks en moneda de EEUU.

De este modo, el SRF se convirtió a mediados de la década de 1960, en el verdadero banco central del mundo; el ingenioso sistema anterior del patrón de cambios de oro se transformó, de facto, en un sistema fiduciario (confianza de una moneda patrón ya virtualmente sin respaldo); que hacía de divisas norteamericana la moneda de cambio y de reserva virtualmente única del mundo, al dejar de existir la posibilidad práctica de acumular en oro o de pagar con ese metal.

En lo sucesivo, el funcionamiento del SMI se basó en la credibilidad que para los miembros del FMI ofrecía el dólar. Confianza que fue debilitándose a medida que las reservas oro de EEUU, iban disminuyendo más y más; de tal manera que el pacto de no conversión de dólares en oro, se transformó en ostensible imposición permanente.

Por lo que la desconfianza en el dólar se agravó a finales de los años -60, a causa del incremento de los gastos militares norteamericanos en la Guerra del Vietnam.

La coincidencia de una política social sin renunciar a la militar, y viceversa; se tradujo en el más fuerte déficit presupuestario de EEUU. Lo cual unido a la continuidad de las inversiones de sus multinacionales en Europa y en otras áreas, condujo al doble déficit, fiscal y de balanza de pagos. El efecto de ese proceso fue un flujo espectacular de dólares hacia el resto del mundo (eurodólares).

2º) El fuerte encarecimiento de numerosos alimentos y materias primas en 1973-74 y la reiterada elevación de los precios del petróleo en 1973-74 y en 1979-80.

Estas perturbaciones generaron efectos inflacionistas y depresivos en las economías europeas y afectaron negativamente sus cuentas exteriores.

a) El alza de materias primas: El alto grado de liquidez que se generó con los eurodólares entre los años 1968 y 1973 en el sistema mundial, supuso un potente impulso de la actividad económica de los países industriales cada vez más interpenetrados.

La consecuencia fue: un gran tirón de la demanda de materias primas, cuyos precios aumentaron más de un 100 % durante los años 1972-73.

b) El primer choque petrolero: Con la crisis energética de octubre de 1973 se vislumbró por primera vez la posibilidad de que las reservas de divisas de los países industriales resultarán insuficientes para atender a las compras de petróleo; al tiempo que se adivinó el peligro de una fortísima recesión inmediata, como consecuencia de la multiplicación, casi por cuatro, de los precios del petróleo (de 3.5 a 14 $ entre octubre de 1973 y enero de 1974).

c) El segundo choque petrolero: A causa de los sucesos de Irán.

La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) llevó las cotizaciones del barril de 14 a 34 dólares, con todo lo que ello significó de nuevos efectos traumáticos para las economías de los países importadores.

3º) Problemas de rentabilidad y estructura productiva debido a perturbaciones cuyo origen estaba en una rápida modificación del esquema de ventajas comparativas internacionales en favor de un grupo de países de nueva industrialización (Extremo Oriente). La competencia de estos países se mostraba dura y creciente en sectores tales como los textiles, la confección y el calzado, la electrónica de consumo, la siderurgia y la construcción naval, ramas tradicionales de la industria europea y de relevancia considerable en el empleo industrial.

Por una parte el rápido avance de la apertura al exterior requería una flexibilidad mayor de las economías para que éstas pudieran adaptarse a los cambios y las perturbaciones procedentes del resto del mundo; por otra parte, los elementos acumulados de rigidez entorpecían la capacidad de adaptación de las economías europeas. Ese potencial de conflicto no se puso de manifiesto mientras Europa vivió el período de fuerte expansión de las décadas de 1950 y 1960; pero se activó con las importantes perturbaciones de origen externo de la década siguiente.

ðEfectos de la crisis monetaria y de materias primas, debida a los excesos de EEUU:

1.- Caída de la actividad industrial en 1974 y 1975, al disminuir la demanda de todo, menos de los irremplazables crudos, de demanda casi perfectamente rígida.

2.- Incremento notable del desempleo, del ejército de reserva de trabajadores.

3.- Elevada tasa inflacionista, que casi se vio duplicada entre 1973-74, hasta llegar a los dos dígitos, es decir, por encima del 10%.

En definitiva, la confluencia de estancamiento e inflación, por contraste con lo sucedido en los años treinta (paro y deflación), permitió caracterizar la crisis iniciada en 1973 como un fenómeno inusitado de estanflación.

ðLa evolución de la economía española desde 1973 a la actualidad ha sido similar a la del conjunto europeo. Los rasgos diferenciales provienen:

1º) De que el efecto de las perturbaciones exteriores fue relativamente más intenso porque nuestra base energética era muy débil, nuestra estructura industrial era endeble y los sectores más afectados tenían una importancia considerable en nuestro esquema productivo.

2º) Porque las rigideces acumuladas en el período anterior eran especialmente fuerte entre nosotros.

3º) Porque en el período de transición política facilitó la acumulación de problemas económicos en los años centrales de la década de 1970 y porque la política de saneamiento y de ajuste, iniciadas en 1977, han sido menos estricta en España que en el promedio de los países europeos.

Todos estos factores han hecho que la evolución de la economía española haya sido en los años -70 relativamente más adversa que en la mayoría de los países europeos.

3.2.3 Etapas básicas para el tratamiento de los problemas.

1.-) Fase de transición política; que se extiende desde finales de 1973 hasta el verano de 1977. Comprende el período final de la dictadura, abierto con el asesinato del almirante Carrero Blanco, reforzado por la enfermedad de Franco pocos meses después y cerrado con la muerte de éste en 1975.

El aperturismo político se inició con el presidente del Gobierno, Arias Navarro que sustituyó a Carrero Blanco, víctima de un atentado de la organización terrorista ETA (1973).

España que había participado en la inflación mundial a principios de 1970, sufrió intensamente los efectos del encarecimiento de las materias primas, y sobre todo, del petróleo en 1973-74, cuyo impacto directo implicó una pérdida de renta nacional disponible de unos 3 puntos porcentuales, transferidos al resto del mundo; la tasa de inflación se aceleró hasta el 17 % y la balanza de pagos por cuenta corriente pasó a registrar un déficit del 3.5 % del PIB como resultado del empeoramiento de la relación real de intercambio y de la contracción registrada por la economía mundial. Las autoridades económicas de los últimos dos años del régimen de Franco trataron de frenar, sin éxito, la contracción de la demanda y la actividad.

1974:Política compensatoria:

Durante 1974 España siguió recibiendo petróleo a 5 $ el barril, merced a los contratos firmados con anterioridad. Pero a partir de abril, las importaciones recogían ya los elevados precios.

La primera y más obvia consecuencia es un encarecimiento de la factura energética nacional. Como la demanda es muy rígida a c/p, porque no tiene sustitutivos, no queda otro remedio que aceptar el nuevo precio. El petróleo importado por España en 1974 aumentó en volumen un 6% respecto al año anterior; sin embargo su coste se triplicó, pasando de 62.000 a 199.000 millones de pesetas. En consecuencia, para consumir prácticamente el mismo petróleo, se tuvo que entregar a los países productores una cantidad adicional equivalente al 3% de la renta nacional de 1974; y algo parecido ocurrió en 1975, 1976 y 1977, si se toma como referencia los precios de 1973.

En definitiva, al incrementarse los precios, se contrae automáticamente la demanda de bienes de consumo. Para no perder poder de compra, aumentan los sueldos a la vez que la inflación (indiciación:ðsalario > ðinflación).

Con la Política compensatoria, se pretendía compensar los efectos de la crisis asumiendo el coste para que el precio del petróleo siguiera igual para los consumidores. Esta política se adoptó porque creían que esta crisis iba a ser transitoria, por lo que provocó problemas en la balanza de pagos.

1975: Política restrictiva:

Para corregir los desequilibrios externos e internos que se habían producido con la política anterior, se bajaron los salarios para que la demanda disminuyera, y así al haber menos oferta poder aumentar la producción.

2.-) Fase de incertidumbre política; que se extiende desde la muerte de Franco hasta la constitución del primer gobierno democrático tras las elecciones generales de junio de 1977.

Arias Navarro formó nuevo Gobierno el 13-12-75. Pero su incapacidad para impulsar el cambio dieron lugar a un periodo de ambigüedades, tensiones e incertidumbres.

El aumento de los salarios se aceleró en un clima social agitado, impulsó al alza la tasa de inflación, anuló rápidamente los efectos de una devaluación de la peseta decidida en febrero de 1976 y alimentó las expectativas de nuevas depreciaciones cambiarias con los consiguientes efectos negativos sobre las cuentas exteriores.

1976: Política expansiva:

Volver a darle dinero a la gente para aumentar la demanda. Hay una sobreindiciación del salario.

Dimisión de Arias Navarro y designación de Adolfo Suárez por el rey para formar el 2º Gabinete de la monarquía.

1977: Política permisiva (1977):

La fuerte tasa de inflación era en buena parte el resultado de una política permisiva, en la que, con fines de lubricar la transición política, se aceptaron fuertes alzas salariales bajo la presión de un sindicalismo muy reivindicante que salía de su clandestinidad.

El crecimiento de la deuda externa obedeció, sobre todo, a la financiación de los fuertes déficit por cuenta corriente de la balanza de pagos, que provocaron las alzas de los precios energéticos internacionales. La fuga de capitales era la respuesta de una parte de las clases más poderosas ante el temor de lo que para ellos podría venir con la democracia.

PIB. Componentes de la demanda 1973-1977 (% de variación sobre el año anterior en pesetas constantes)

1973 1974 1975 1976 1977

1. Consumo nacional................................................ 7.9 5.5 2.7 4.72 2.7

2. Formación bruta de capital.................................. 12.6 10.6 -3.6 -1.4 -4.0

- de capital fijo. 14.3 6.6 -3.9 -2.0 2.0

- variación de existencias. -12.4 87.0 _ -5.0 -41.7

3. DEMANDA INTERIOR...................................... 9.0 6.8 -1.1 3.2 1.1

4. Exportaciones(bienes y servicios)........................ 9.0 0.8 -1.5 10.1 8.5

5. Importaciones(bienes y servicios)........................ 16.5 7.7 -1.1 10.1 -4.7

6. PIB a precios de mercado.................................... 7.8 5.7 1.1 3.0 3.3

En resumen, los rasgos negativos de la situación económica que se revelaban en los meses previos a la muerte de Franco, eran demostrativos de una auténtica recesión: estancamiento en la actividad general, paro creciente, fuerte tasa de inflación, y endeudamiento exterior en rápido aumento.

Después de un crecimiento en torno al 0.6 % del PNB en 1975, en 1976 apenas se superó el 1.5 %. La cifra de parados acabó por situarse entre 700.000 y 900.000. La inflación alcanzó la cota del 22 %, amenazando con llegar al 30 % en 1977. La deuda externa desbordó los 12.000 millones de $, y la fuga de capitales se mantuvo en volúmenes elevados según todos los indicios.

Para afrontar la recesión se publicaron cuatro paquetes de medidas económicas.

* Los paquetes nº 1 (30/11/1973) y 2 (29/10/1974): en época de Barrera de Irimo como ministro de Hacienda en el Gobierno Carrero Blanco, y después con Arias Navarro, tuvieron un marcado carácter expansivo; en la línea tradicional del cambio de marchas o stop and go.

* Los paquetes nº 3 (7/4/1975) y 5 (19/11/1975): se promovieron sin pena ni gloria tras la dimisión de Barrera como ministro de Hacienda porque nadie vio en sus medidas nada realmente serio. Simplemente se estaba ganando tiempo.

3.3 EL PLAN DE URGENCIA ECONÓMICA.

Tras los resultados de las urnas del 15 de junio de 1977, el Gobierno de UCD que salió del proceso electoral, presidido por Suárez, y vicepresidido en lo económico por Enrique Fuentes Quintana, publicó una “Declaración programática”. En ella se planteaba la puesta en marcha de un Plan de Urgencia Económica, del cual la manifestación inmediata y más importante fue la devaluación de la peseta y el anuncio de la reforma fiscal.

ð Reforma fiscal: congelar los salarios y los precios para frenar la expansión de la masa monetaria y corregir el déficit presupuestario.

ðDevaluación de la peseta: Devaluar era inevitable, puesto que en los últimos meses antes de las elecciones generales, la peseta había quedado claramente sobrevaluada. Lo cual incentivaba fuertes importaciones para especular, en espera de ganancias considerables tras la previsible devaluación. Además por razones de inseguridad política, había una considerable fuga de capitales.

El Gobierno surgido de las elecciones generales de 1977 comenzó a atacar los problemas acumulados mediante una devaluación de la peseta, apoyada en un proceso de restricción monetaria; al mismo tiempo, buscó un acuerdo con las diversas fuerzas políticas y, a través de ellas, con las organizaciones sindicales y patronales, para quebrar el proceso de crecimiento de los salarios que estaba viviendo la economía y poner coto a las expectativas de aceleración inflacionista. Se iniciaba así un política basada en:

* El deseo de forzar los ajustes de un modo gradual, de manera que sus costes pudieran diluirse en el tiempo.

* El deseo de lograr un consenso social que facilitase el avance de las adaptaciones necesarias.

4. LOS PACTOS DE LA MONCLOA.

A lo largo de los meses de agosto y septiembre de 1977, los problemas económicos no dejaron de agudizarse: más paro, más inflación, grandes sociedades anónimas no podían afrontar sus deudas a c/p, y miles de PYMES en la incertidumbre de su supervivencia.

En los aspectos económicos de los Pactos de distinguieron dos grandes partes:

1. Las políticas de saneamiento económico, con las medidas a traducir en actuaciones inmediatas a c/p, sobre todo para frenar la inflación.

Además se encontró con dos dificultades adicionales: el nuevo impacto energético y el endurecimiento de las políticas europeas.

2. Las políticas de reforma, de modo que simultáneamente con la superación de la crisis, se pusiera en marcha el proceso de creación de empleo y de democratización de las instituciones económicas y sociales.

Con estas políticas, se aspiraba a resolver una situación difícil, caracterizada por:

ð Tasa de inflación de intensidad próxima al 30 %, que de no contenerse habría llevado a un alza de precios, durante 1978 del orden de 40-50 %, ya con rasgos típicamente sudamericanos; y de consecuencias imprevisibles en cuanto a asignación de recursos, repercusiones sociales, y dureza de inevitable y subsiguiente plan estabilizador

ð Desempleo en la cota de las 90.000 personas (6.6% de la población activa), con apenas 300.000 parados con seguro; todo ello, como consecuencia de la fuerte caída de las inversiones por las prolongadas secuelas de la crisis energética y las incertidumbres del cambio político.

ð Un endeudamiento exterior de 14.000 millones de $ (equivalente a 1.2 billones de pesetas), que representaba un importe superior al triple de las reservas de oro y divisas del Banco de España.

ð Un panorama sin precedentes de centenares de miles de millones de pesetas de deudas intraempresa en el sistema económico, con fuertes presiones sobre las entidades financieras.

La situación descrita, afectaba a todas las unidades de producción de bienes y servicios. Y por igual al sector público con crecientes déficit presupuestarios de la Hacienda, y al sector privado con toda suerte de dificultades de tesorería y pagos.

Se trataba de una crisis generalizada que se debía a la pesada herencia de años de modelo autoritario.

Cifras más significativas de los Pactos de la Moncloa.

% aumento medio

Variables: previsto para 1978

Recaudación de la Seguridad Social ............................................... 13.4

Crédito bancario............................................................................... 16.0

Disponibilidades líquidas................................................................. 17.0

Gasto global de la Seguridad Social................................................. 18.0

Masa salarial bruta........................................................................... 20.0

Gastos totales del Estado.................................................................. 20.0

Pensiones.......................................................................................... 21.4

Gastos de inversión pública............................................................. 22.0

Masa salarial bruta........................................................................... 22.0

Gastos totales del Estado.................................................................. 29.2

Pensiones.......................................................................................... 30.0

Gastos de inversión pública.............................................................. 30.0

Previsiones: 1977 (%) 1978 (%)

Participación del estado en la Seguridad Social........ 3.50 8.20

Presión fiscal (ingresos/PIB)...................................... 11.95 13.00

Presión Seguridad Social........................................... 10.87 10.56

Total C+D.................................................................. 22.82 23.56

4.1 POLÍTICAS DE SANEAMIENTO.

4.1.1 Presupuestos y Seguridad Social.

El incremento del presupuesto del Estado para 1978 se limitó, a fin de no superar en más de un 21.4 % el de 1977 en los aspectos consuntivos, y en no más del 29.2% el total.

En el gasto público, se dedicó especial atención a la lucha contra el paro, para el cual el Estado se comprometió a aumentar sus inversiones un 30%; asignando al propio tiempo 100.000 millones de pesetas para mejorar los fondos del subsidio de paro (60.000 millones), y a fin de evitar el aumento de las cuotas de la Seguridad Social.

En líneas generales, las previsiones presupuestarias no se cumplieron.

4.1.2 Política monetaria.

Reducir el crecimiento de los precios, a base de no sobrepasar el 17 % en el crecimiento de las disponibilidades líquidas.

Establecer un margen a vigilar en la evolución de los activos líquidos en manos del público(ALP), el equivalente a la oferta monetaria ampliada, M2, incluyendo las cuentas de ahorro y a plazo.

El Banco de España se ocupó de seguir la evolución de los ALP como expresivos de la liquidez del sistema y, por consiguiente, premonitorios de la posible marcha de los precios. El Banco actuó, en consecuencia, manejando el tipo de interés y otros mecanismos, para que la evolución de los ALP se mantuviera dentro de los límites previstos.

Los objetivos monetarios de los Pactos se cumplieron razonablemente.

4.1.3 Precios y rentas.

El control se limitó a los productos básicos de más influencia en el coste de la vida; al tiempo que se puso en marcha un nuevo índice de precios de consumo con base 1976=100. Por lo que el IPC se vio reducido.

En lo consecuente a salarios, se acordó que en los convenios colectivos de 1978 podría pactarse aumentos hasta de un 22% de la masa salarial bruta, manteniéndose así la paridad con el crecimiento previsto de los precios a ese mismo nivel. En definitiva, lo que se hizo fue cambiar de método: en vez de subidas salariales con arreglo al IPC del año anterior, se pactó tomar como referencia la inflación prevista para el año siguiente.

En síntesis, el sacrificio que se pidió a los trabajadores en el documento de la Moncloa consistió en que a lo largo de 1978 no mejorasen el nivel de vida según las pautas anteriores. Sólo aceptando ese principio, resultó posible la recomposición de los excedentes de las empresas y la transferencia de fondos a la inversión. Se trataba, pues, de solidaridad de los ocupados con los parados; y de sabiduría política de todos, para comprender que si se quería salvar la democracia había de sanearse la economía, aceptándose ciertos sacrificios.

4.1.4 Empleo

A partir del 1/11/1977, la contratación temporal de personas que no hubiesen accedido nunca a un puesto de trabajo. El Estado pasó a hacerse cargo de la seguridad social por un 50%, a fin de estimular al máximo esa forma de ocupación y crear así nuevo empleo.

En la Moncloa, el despido libre, pero se convino la contratación temporal.

Los objetivos de empleo de los Pactos no se cumplieron. En cierto modo, con el virtual estancamiento del PIB (en torno al 1.5% de expansión en el período 1977-81), no podía frenarse la formación del impresionante embalse de paro que generaron los choques petroleros. Y paralelamente, con el mayor asistencialismo desde los presupuestos, iba creándose el nuevo marco propicio a una tasa natural de desempleo cada vez más elevada.

4.2 POLÍTICAS DE REFORMA.

4.2.1 Reforma fiscal.

El IRPF absorbería los impuestos a cuenta. Se suprimieron así las ya vetustas figuras impositivas de la contribución rústica y urbana, y también el Impuesto sobre el Rendimiento del Trabajo Personal (IRPTF). El IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio ya se habían modernizado y creado, respectivamente, con la Ley de MURF (Medidas Urgentes de Reforma Fiscal) que se elaboró en el verano de 1977.

Con la reforma fiscal se pretendía una distribución de la carga tributaria más justa, y una mayor racionalidad del sistema. Ambos propósitos se consiguieron en buena medida, y la recaudación fiscal creció de manera alentadora.

Pero en tiempo de crisis y de necesidades por doquier, ese aumento recaudatorio no bastó para lograr un sistema tributario suficiente. Por el contrario, el déficit iría creciendo con un rápido incremento de la deuda, que en gran medida se instrumentó a base de pagarés del Tesoro, fiscalmente desgravable hasta por un 22%.

Esa financiación con déficit tendría los típicos efectos:

- Mermar los efectivos de capital disponible para el sector privado.

- Contagiar al alza los tipos de interés de todo el sistema productivo, con grave desaliento de la inversión.

4.2.2 Control del gasto público.

Una reforma fiscal carece de sentido si paralelamente no se plantea un mejor control del gasto público.

1º Asumió el compromiso de introducir para 1979, el sistema de presupuestos por programas en las inversiones públicas en sanidad, seguridad social y obras públicas.

2º Se planteó especificar la distribución territorial de las inversiones para favorecer la justicia distributiva en el gasto público, a base de promover una mayor aportación de recursos públicos a las zonas menos desarrolladas

A pesar de las previsiones, el control del gasto público no llegó a mejorar. Siguieron las grandes diferencias entre presupuestos iniciales y liquidados, con déficit crecientes, y con grandes cambios en su realización por secciones. Y en cuanto a la distribución territorial no llegó a cuajar en nada verdaderamente decisivo para la áreas de menor desarrollo relativo.

4.2.3 Reforma educativa.

Se preconizó, la participación de los sectores sociales en todos los niveles educativos, a fin de controlar la calidad de la enseñanza. Se previo la promulgación de sendos estatutos para los centros educativos, y también para el profesorado. Estos textos fueron efectivamente promulgados.

Además el Gobierno se comprometió a crear durante 1978 un total de 400.000 puestos escolares de EGB, 200.000 preescolares y 100.000 de BUP. Para un esfuerzo tan importante, se emitió 40.000 millones de Deuda Pública Especial. Con deficiencias múltiples y algunos retrasos, el programa fue efectivamente cumplido.

4.2.4 Urbanismo, suelo y vivienda.

Previsiones:

- El 31/3/1978 presentar a las Cortes un nuevo régimen de expropiación del suelo urbano y urbanizable.

- Antes del 30/6/1978 hacer un inventario de suelo edificable.

- Descentralizar la política de vivienda, para agilizar al máximo.

- Mejorar el crédito hipotecario, y así facilitar el ahorro para adquirir una vivienda.

- Crear fondos inmobiliarios como nuevo modo de inversión colectiva.

El sector se vio duramente golpeado por la crisis económica, y las previsiones de vivienda social resultaron seriamente incumplidas. Tampoco se apreciaron mejoras notables en los temas de urbanismo, donde prosiguió el confusionismo en una mezcla inextricable. Con todo un intervencionismo asfixiante desde los ayuntamientos hasta el MOPU.

4.2.5 Reforma de la Seguridad Social.

Lo más trascendente consistió en reconocer el principio de que la Seguridad Social tendría que estar definitivamente bajo la inspección del Ministerio de Hacienda, y sometida a control parlamentario.

Se adquirieron compromisos puntuales de cara al futuro: confeccionar un catálogo de enfermedades profesionales, ampliar las normas preventivas sanitarias, establecer el servicio de planificación familiar en favor de la paternidad responsable, e incluir la psiquiatría.

Otros acuerdos fueron: Aumento de aportación del Estado, Seguro de desempleo, Equiparación de la Seguridad Social Agraria al Régimen General, Prestaciones.

Todas las medidas mencionada fueron efectivamente adoptadas, aunque con retrasos y disfunciones. Las reformas institucionales proyectadas se acometieron por el Real Decreto Ley 36/1978, conforme al cual el INP se desglosó en una serie de entidades gestoras de la Seguridad Social:

- El INSS, de prestaciones económicas de la Seguridad Social, absorbiendo a las Mutualidades Laborales.

- El Insalud, destinado a la gestión y administración de los servicios sanitarios.

-El Inserso, para las prestaciones complementarias de las del sistema de la Seguridad Social.

• El INAS, centrado en los servicios de asistencia social del Estado.

Por otro lado, se creó el INEM, que se enmarcó directamente en el Estado.

En materia de seguridad social y temas conexos hubo una nueva configuración.

4.2.6 Cambios en el sistema financiero.

Se alcanzaron compromisos concretos en lo relativo a órgano de gobierno del Banco de España y crédito oficial, así como en materia de las PYMES, viviendas y otras actividades creadoras de empleo; y cuanto a las Cajas de ahorro, se previó un sistema electoral para representar a depositantes, trabajadores y entidades locales. Se previó un nuevo régimen para las cajas rurales para que dependiesen del Ministerio de Economía.

En el mercado de emisiones, se planteó la necesidad de potenciar los títulos de renta fija.

4.2.7 Energía.

La crisis energética era uno de los grandes problemas, tanto por el alto y creciente consumo nacional de energía, como por la fuerte dependencia de los abastecimientos exteriores y su inevitable repercusión en la balanza de pagos.

Para ir resolviendo tales problemas, se propició la política de conservación y ahorro de energía, la diversificación de las fuentes de abastecimiento y el aprovechamiento de los recursos propios en las áreas nuclear, de hidroelectricidad y en el carbón. Todas las medidas conexas a tal fin, se incluirían en el Plan energético Nacional (PEN).

4.2.8 Estatuto de la empresa pública.

Se previó:

1. Que antes del 30/6/1978 se remitiría a las Cortes un proyecto de estatuto; conforme al cual se crearía un órgano de coordinación de todas las empresas públicas del país.

2. Incluir el principio de regionalización de las inversiones en las bases de ese estatuto, para disminuir los desequilibrios de renta entre las dos Españas.

3. Introducir un régimen de incompatibilidades.

4. Que la empresa pública no siga siendo un mecanismo de socialización de pérdidas y privatización de ganancias; todas las adquisiciones y enajenaciones debían estar sometidas a rigurosos criterios de valoración.

El incumplimiento del estatuto de las empresas pública, fue uno de los mayores fracasos de los Pactos de la Moncloa. Con ello, los números rojos de esta clase de entidades, fueron en alza. De ahí que quince años después la privatización se plantearía como una necesidad.

4.2.9 El Programa Agrario.

Se anunció la elaboración de un plan de ordenación de cultivos. Se aceptó la idea de revisar la Ley de Arrendamientos Rústicos, para favorecer el acceso de los arrendatarios a la propiedad. En cuanto a la política de precios, se adquirió el compromiso de que en su fijación estarían todos los sectores interesados.

Los problemas básicos:

ðFalta de movilidad de la propiedad de la tierra, con incidencia de una fuerte rígidez de mercado, paro crónico, baja productividad, e infrautilización de los recursos.

ð Inadecuación y petrificación del sistema agroalimentario, por sus rasgos de alto ritmo de inflación y subaprovechamiento de las producciones de base.

ðMecanismos de financiación no específicos, con el consiguiente freno para la inversión agraria, la creación de empleo, y la modernización de las empresas.

ðErosión y desertificación de extensas zonas rurales, muy peligroso para la conservación de la naturaleza y con grave incidencia en la contracción de oportunidades productivas.

En la actividad pesquera, los propósitos de los Pactos se sintetizaron en:

- Extensión de las aguas jurisdiccionales españolas al límite de las 200 milas.

- Reforma de la estructura administrativa relacionada con la pesca.

- Elaboración de un plan reestructurador del sector.

En resumen, el Programa Agrario y de Pesca de UCD, fue uno de los desarrollos más importantes de los temas estructurales de los Pactos de la Moncloa.

RESULTADO

Se dio absoluta prioridad a la política de saneamiento(precios y salarios, medidas urgentes de carácter fiscal, presupuestos, medidas monetarias), en tanto que las reformas estructurales (salvo la fiscal) fueron quedando para decisiones a tomar en su día. Los Pactos de la Moncloa frenaron el deterioro pero no transformaron a fondo la estructura económica del país.

4.3 LA DERECHIZACIÓN DE LA UCD.

En 1978, la UCD y el Gobierno abandonaron los Pactos. Suárez cometió un error y es que en vez de ir con UCD a un verdadero centro-izquierdo, dejo escorar a su partido hacia la derecha. Años después cuando Suárez intentó ese giro centro-izquierdo con el CDS, ya era más difícil: el PSOE había ocupado gran parte del espacio político centrista.

Esa derechización fue la tónica general del Gobierno de Suárez:

ðEl Decreto-Ley del Fondo de Garantía de Depósito, favoreció a la Banca.

ðEl Decreto-Ley sobre gestión urbanística, significó el ofrecimiento de suelo público a los grandes promotores inmobiliarios privados, incluso gratuitamente y sin garantías efectivas de precios accesibles para las viviendas sociales.

ðLa contrarreforma fiscal se puso en marcha, con un aumento de los impuestos indirectos(IVA). Se ampliaron las desgravaciones fiscales.

ðSe acentuó la prioridad para la opción nuclear, con el desprecio absoluto de las energías alternativas, y con una política de financiación a l/p que suponía la utilización de fondos públicos para el mayor lucro de un monopolio privado de dudoso porvenir; y tendente a favorecer una sociedad más policial y autoritaria.

ðEn cuanto a la política asistencial, hubo resistencia a negociar lo devolución del patrimonio obrero, y a fomentar la división entre centrales sindicales.

ðRechazo a poner en marcha una mínima planificación (libertad de mercado).

4.4 EL ALARGAMIENTO DE LA CRISIS Y EL PEG.

Tras las elecciones de marzo de 1979, la investidura de Suárez marcó la tónica de lo que sería la política económica en los ulteriores gobiernos de UCD: un “gota a gota” sin rumbo nítido, con medidas favorecedoras de los intereses de los grupos financieros, y sin ningún énfasis en cambios importantes.

El nuevo artífice de la gestión de la UCD, fue Fernando Abril Martorell, sucesor de Fuentes Quintana desde marzo de 1978.

En respuesta a ese vacío de políticas denunciado por la oposición, Fernando Abril presentó en el Congreso, en septiembre de 1979, un Programa Económico del Gobierno (PEG).

En el PEG se afirmaba que el ajuste de la economía española se veía afectado por las incertidumbres que, en el contexto internacional, se habían originado a raíz del nuevo panorama energético.

La conclusión del PEG, al considerar que el origen de todos los males estaba en la crisis energética, inducía a aceptar el empobrecimiento real de la colectividad, como consecuencia de la mayor transferencia de recursos al exterior, que era necesario afrontar para mantener el aprovisionamiento de productos energéticos.

En el PEG se manifestaba una esperanza: “la situación de atraso colectivo y baja productividad de la economía española, ofrece la posibilidad de conseguir tasas de crecimiento real superiores a las registradas, en promedio, por los países industriales”.

Se apreció una nueva consagración de la tesis conservadora oficial de un sistema económico predominantemente privado, y de unos presupuestos sin déficit que distorsionaran el flujo de créditos al sector privado. Con lo cual se estaba a favor de una contracción del sector público, y de un retorno al principio de subsidiaridad de empresas pública. El programa se refirió también al funcionamiento del sector público.

En cuanto a la seguridad social se retrasó en un año el compromiso adquirido en los Pactos, de llevar hasta un 20% la contribución financiera del presupuesto del Estado.

Con la política dubitativa del PEG, el declive económico prosiguió. Paralelamente, crecía la economía sumergida, y se consolidaba la prolongación del paro en vez de incentivarse la búsqueda de trabajo.

4.5 LA MOCIÓN DE CENSURA Y LA CUESTIÓN DE CONFIANZA.

Los avatares políticos de la transición fueron debilitando más y más al Gobierno de UCD, en permanente agonía ante la crítica. En ese clima, el cúmulo de indicadores de paro, precios y demás, acabó por desbordarse las sesiones ordinarias de las Cortes. Y fue así como, por primera vez, se planteó por el PSOE la moción de censura al Gobierno en mayo 1980. El debate parlamentario que suscitó, tuvo un gran impacto. Pero el candidato a la presidencia, Felipe González, no acertó a esbozar un programa convincente de medidas transformadoras.

Tras el verano de 1980, el presidente Suárez remodeló su gabinete, cesando a Abril Martorell, para después plantear la cuestión de confianza al Congreso de los Diputados. Pero a pesar de pedir la confianza, Adolfo Suárez no presentó un verdadero programa de política económica, seguía vigente el PEG. Suárez se limitó al simple enunciado de once directrices que supusieron un reconocimiento del fracaso de toda una política económica, con sus secuelas de estancamiento, paro e inflación. De tal situación se derivó la profunda crisis interna de UCD, que se hizo patente en el Congreso de ese partido a principios de 1981, inmediatamente después de la súbita e inexplicada dimisión de Suárez, que abriera la crisis de Gobierno. Y en el proceso subsiguiente de investidura (amenazado por el golpe de Estado frustado de los días 23 y 24 de febrero de 1981), se produjo la presentación de un nuevo programa de política económica.

4.6 LA ETAPA CALVO SOTELO.

Con ocasión de la atormentada investidura de Calvo Sotelo, hubo de producirse la obligada presentación de algo parecido a un nuevo programa de política económica. Los principales rasgos de la política económica planteada por Calvo-Sotelo en el debate de su investidura en febrero de 1981, son:

ðMáximo énfasis en la opción nuclear: en el contexto de un PEN actualizado para incluir nuevas centrales nucleares.

ðPromesa de una mayor aportación del Estado a la financiación de la Seguridad Social.

ðPlanteamientos de moderación salarial: Había que frenar la inflación y reconstruir los beneficios de las empresas. Se planteó que los aumentos de productividad deberían ir por delante de los salarios reales. De esta propuesta surgiría el ANE (Acuerdo Nacional de Empleo).

ðPromesas de reconversión industrial.

ðAdaptación de los reglamentos agrícolas de las Comunidades Europeas, sin crítica alguna a la reforma comunitaria de la PAC. Y en la pesca, se dieron por buenos los tratados bilaterales con las Comunidades Europeas, Marruecos, Portugal, EEUU y Cánada.

ðPlanificación del sector público, pero planteada como un simple programa de inversiones para racionalizar el apoyo desde el Estado a los intereses de los grupos de presión.

Las previsiones de Calvo Sotelo, ni siquiera llegaron a materializarse en un PEG, y las únicas formalizaciones fueron el ANE y el Decreto-Ley de 1981 de reconversión industrial

Contenido esencial del ANE (que se firmo el 9-6-1981):

1.- Una banda de crecimiento salarial para 1982.

2.- Un descenso en el tipo de cotización de la Seguridad Social.

3.- Elementos de flexibilización en el sistema de relaciones laborales (regulación de contratos temporales y a tiempo parcial).

El ANE también incluía la ampliación de la cobertura del subsidio de desempleo, nuevos módulos en el cálculo de las pensiones de jubilación y algunas medidas de fomento del empleo.

4.7.- POLITICA DE LOS AÑOS 80 - 90 :

En las elecciones generales del 28 de octubre de 1982, debido a la depresión económica y el ambiente general de crisis originado por la explosión interna de UCD y los problemas internos del PCE, el triunfo del PSOE fue arrollador; de forma que a partir del 4 de diciembre de 1982 pasó a gobernar con una holgada mayoría en el Parlamento.

El nuevo Gabinete, presidido por Felipe González, confió la elaboración de la política económica al nuevo ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, quien siguió desde el principio una tónica de corte muy conservadora, en la que se dio prioridad absoluta a la lucha contra la inflación. Para ello, se mantuvo la anterior política de forma aún más acusada, de contención de la expansión de la masa monetaria, a base de drenar liquidez del sistema; al tiempo que se acentuó la moderación salarial, de modo que los niveles de retribución quedaron por debajo de la tasa de inflación prevista. Todo ello, coincidiendo con los efectos de una primera devaluación de la peseta, en diciembre de 1982, y de una fuerte depreciación de la misma a lo largo de 1983, condujo a la mejora del nivel de las exportaciones y la reducción del déficit por cuenta corriente de la balanza de pagos.

Sin embargo, puede decirse que a lo largo de 1983 el programa económico del PSOE se tradujo en un aumento importante del desempleo, 200.000 parados más, y en una considerable disminución de la actividad en el sector secundario, como consecuencia de la política de reconversión industrial, que llevó a importantes reducciones en la capacidad instalada de los sectores en crisis (siderurgia, construcción naval, textiles, electrodomésticos, aceros especiales, manufacturas de cobres, etc.).

El primer bienio del gobierno del PSOE (1983-84), generó una situación económica de falta de horizontes. Prevalecieron las recetas monetaristas frente a algunos tímidos intentos de planificación que no fueron a más. Todo se fió a una recuperación económica internacional, que si bien tuvo algunas incidencias en las exportaciones españolas, no llegó a adquirir suficiente fuerza como para detener el proceso de aumento del paro. Así, no es extraño que a comienzos de 1984, ya resultara imposible, por la fuerte oposición sindical, llegar a un acuerdo sobre moderación salarial como los introducidos desde los Pactos de Moncloa en 1978. La promesa electoral de crear 800.000 puestos de trabajo durante la legislatura fue rectificada por el propio gobierno en una punta de resignación ante el desempleo.

Por lo demás, el creciente nivel de paro, unido a las actitudes permisivas respecto del consumo de drogas blandas, y al menor rigor en las prisiones preventivas favoreció un clima de fortísimo crecimiento de la delincuencia, que se tradujo en una auténtica psicosis de inseguridad ciudadana, lo cual dio a la crisis económica una componente sociológica hasta entonces no tan manifiestamente apreciada.

Entre las medidas de política económica del PSOE durante 1983, 1984 y 1985, habría que destacar:

La reconversión industrial, prácticamente en la misma línea de UCD, con algunas innovaciones en materia de fondos de promoción de empleo, sociedades de gestión sectorial, zonas de urgente reindustrialización, y créditos participativos. Pero aun con esto el problema siguió siendo el mismo la falta de empleo.

La revisión del Plan Energético Nacional (PEN), con una cierta moratoria nuclear, y con un pacto eléctrico que incluyó medidas de saneamiento financiero de las empresas eléctricas.

La introducción de nuevos coeficientes obligatorios para la Banca y las Cajas de Ahorro, a fin de contar el Estado con financiación suficiente para cubrir el fortísimo y creciente déficit fiscal.

La elevación de la presión fiscal, tanto en los impuestos directos como en los indirectos, en buena parte para atender a la burocracia en expansión y a la ineficacia de las empresas y servicios públicos.

La expropiación de RUMASA, llevada a cabo el 23 de febrero de 1983, con un elevadísimo coste (560.000 millones de ptas, financiados con deuda pública).

El estancamiento e incluso el retroceso del poder adquisitivo de las clases trabajadoras, con un efectivo estancamiento a largo plazo, puesto que el criterio primordial paso por reducir la inflación.

La expansión, también espectacular, de la economía sumergida, para huir del burocratismo y de las alzas de la presión fiscal.

La obsesión por la moderación salarial.

El énfasis en la política monetarista, con el rechazo sistemático de cualquier intento de planificación global y de cualquier clase de posible corresponsabilización obrera en las empresas publicas.

En julio de 1985 con el reajuste del Gobierno al intentar Boyer concentrar todo el poder en el área económica, precipitó su dimisión. Su sucesor fue Carlos Solchaga, lo único que ofreció fue una política de continuidad.

5.- ESPAÑA Y LA CONSTRUCCION EUROPEA

La apertura de la economía española al exterior ha sido lenta y ha estado condicionada por factores extraeconómicos, fundamentalmente por razones políticas derivadas de la ausencia de libertades. Esa larga historia tiene varios eslabones, alguno de los cuales conviene recordar: el Plan de Estabilización Económica de 1959, la planificación del crecimiento de la década de los sesenta, las políticas de ajuste a la crisis aplicadas de 1974 a 1982, la integración en Europa, sancionada en 1985 y 1986 (Tratado de Adhesión y firma del Acta Única Europea) y nuestro ingreso en el mecanismo de cambios del Sistema Monetario Europeo en 1989.

El proceso de globalización de los mercados y la internacionalización de las economías exige la actuación rápida por parte de los distintos Estados. España, por razones históricas de carácter político, no entró en la dinámica de la integración económica hasta la llegada de la democracia. Por otro lado, este proceso de integración económica no es reciente, sino que por el contrario empieza a desarrollarse en la década de los cincuenta, aunque su relevancia como parte del proceso de mundialización se manifiesta con mayor claridad en la actualidad.

La economía española tenía que dar respuesta, al igual que las demás economías occidentales, por lo menos en los siguientes retos:

• Necesidad de reforzar y afianzar el crecimiento económico tanto a c/p como a l/p, al mismo tiempo que se consolidan los avances obtenidos en la reducción de inflación.

• Necesidad de una fuerte reducción del desempleo global.

• Necesidad de reducir los niveles de pobreza y del afianzamiento de niveles de bienestar.

• Necesidad de mejorar los niveles de productividad y competitividad que toda economía abierta necesita.

Todo este proceso de acomodación de la economía española a Europa supone, en primer lugar, grandes transformaciones de la misma, con su correspondientes costes y sacrificios.

El objetivo Europa implicaba ir deprisa, quemar etapas, hacer las transformaciones necesarias. La conducción de la economía española tenía que acelerarse, pues había poco tiempo. Maastricht impone muchas cosas, pero también los tiempos. Nuestra fecha de examen fue prevista para 1998 y esta suponía acelerar al máximo todas las políticas de ajuste para el cumplimiento de las condiciones de convergencia establecidas, y que nos permitieran entrar en la Europa de la primera velocidad, sin tener que esperar hasta el 2001.

En 1977 el presidente Adolfo Suárez pidió formalmente la entrada de España en las Comunidades. Desde entonces hasta 1985 el proceso negociador no cesó, culminando en este año nuestra entrada en la Comunidad Económica Europea. El reto de España en su primera fase había concluido, apuntándose la sociedad española, toda la sociedad, el éxito de esta empresa. Concretamente fue el 12 de junio de 1985 con la firma del Tratado de Adhesión, cuya entrada en vigor quedó fijado para el 1 de enero de 1986, con un período transitorio de siete años.

España, no tenía ningún rol importante fuera de Europa, había que integrarse y esforzarse en conseguir cuanto antes la plena incorporación a la Comunidad Económica Europea. Este compromiso quedaría corroborado en posteriores acuerdos con las autoridades comunitarias, concretamente en el Acta única Europea, suscrita por España en febrero de 1986 y el ingreso de la peseta en el mecanismo de cambios del Sistema Monetario Europeo en junio de 1989.

Después, en diciembre de 1991, en la ciudad holandesa de Maastricht se aprobó el Tratado de la Unión Europea que posteriormente fue suscrito el 7 de febrero de 1992. En él se desarrolla la política de convergencia a seguir con vistas a homogeneizar las políticas de los Estados comunitarios, con parámetros a respetar de cara al gran objetivo de la Unión Económica y Monetaria.

También en Maastricht hay una serie de modificaciones del Tratado de Roma referentes a la libre circulación de mercancías, capitales, pagos, etc. Pero sobre todo avanza en la política monetaria común, sentándose las bases de la Unión Económica y Monetaria.

En abril de 1992, y para atender los objetivos de Maastricht de cara a la Unión económica y monetaria, se dio a conocer el Plan de Convergencia de la economía española por parte del Gobierno de España.

6.- LA SENDA HACIA LA CONVERGENCIA .

El Tratado de Maastricht implica, entre otras cosas, poder alcanzar a una economía europea distinta, mucho más abierta, dinámica y competitiva que la nuestra. Pero también más eficiente, justa y solidaria. Para ello, la economía española ha tenido que ajustarse, y en base a criterios de convergencia establecidos para todos los países miembro, diseñar una política económica global (el Plan de Convergencia de la economía española) para llegar a la meta fijada de primavera de 1998 en las mejores condiciones para nuestra entrada en la moneda única, en la disciplina del euro.

No obstante, para que España se incorpore a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria tiene que cumplir una serie de criterios importantes (Convergencia Nominal), con el horizonte fijado en los primeros meses de 1998.

Inflación: Los Estados miembros deberán tener un comportamiento de precios sostenible y una tasa promedio de inflación, observada durante un periodo de doce meses antes del examen, que no rebase en más de 1.5 puntos porcentuales la de, como máximo, los tres Estados miembros con mejor comportamiento en materia de estabilidad de precios. La inflación se medirás utilizando el índice de precios al consumo sobre una base comparable, teniendo en cuenta las diferencias en las definiciones nacionales.

Finanzas Públicas: La relación entre el déficit de las Administraciones Públicas real o previsto y el producto interior bruto a precios de mercado no debe superar el 3%, a no ser que esta relación haya disminuido sustancialmente y continuamente y se haya acercado hasta este nivel de referencia, o bien que el exceso sobre el nivel de referencia sea sólo excepcional y temporal y que la relación permanezca cercana al nivel de referencia.

La relación entre endeudamiento de las Administraciones Públicas y el producto interior bruto a precios de mercado no debe superar el 60%, a menos que la misma haya bajado suficientemente y se esté acercando al nivel de referencia a un ritmo satisfactorio.

Tipos de cambio: El Estado miembro deberá haber respetado los márgenes de fluctuación normales del mecanismo de cambios del Sistema Monetario Europeo (SME) sin experimentar graves tensiones durante, al menos, los dos últimos años antes de la fecha de la evaluación. En particular, el Estado miembro no debe haber devaluado su pariedad central contra ninguna otra divisa miembro de SME por propia iniciativa durante el mismo período.

Tipos de interés: Durante los meses anteriores al examen, el promedio de los tipos de interés nominales a largo plazo no debe exceder en dos puntos porcentuales a, como máximo, los de los tres mejores países en términos de estabilidad de precios. Los tipos de interés se medirán sobre la base de obligaciones del Estado a largo plazo o títulos comparables, teniendo en cuenta las diferencias en las definiciones nacionales.

Otros: También se examinarán otros criterios, tales como el grado de integración d los mercados, el saldo de la balanza de pagos por cuenta corriente, los costes laborales unitarios y otros índices de precios, así como la compatibilidad entre la legislación nacional y lo que establecen el Tratado y el estatuto del Banco Central Europeo respecto a su independencia y a la de los bancos centrales nacionales.

Interpretar la convergencia económica de España con Europa como una sacrificio nuevo y especial que hay que realizar encuentra sus raíces en un cierto pesimismo histórico, que se deriva de nuestro pasado aislamiento, autárquico, proteccionista e intervencionista. Es evidente que la convergencia exigía sacrificios, pero sacrificios asumibles.

En cualquier caso, el Programa de Convergencia que el Gobierno diseñó en 1991 y presentó en primavera de 1992 supone una combinación de políticas de oferta y demanda. El Programa de Convergencia expone las necesarias reformas estructurales y los cambios de orientación en las políticas de demandas. Políticas económicas, todas ellas, de vital importancia para España, con o sin Maastricht.

El Programa de Convergencia que el Gobierno ha elaborado es un programa realista y perfectamente viable que, en última instancia, asegura no solamente el éxito de la convergencia nominal sino también de la convergencia real, es decir, un crecimiento sostenido nítidamente por encima del que por término medio vayan a registrar nuestros socios comunitarios; y defiende también una estabilidad a medio plazo que nos permite conseguir un mayor nivel de bienestar y alcanzar nuestros objetivos en materia de política social.

Además, desde la baja tasa de participación que caracteriza al mercado de trabajo español como consecuencia tanto de una elevada tasa de paro. Como de una todavía inacabado proceso de incorporación de la mujer al mercado de trabajo, existen poderosas razones de equidad social y de eficiencia económica que hacen imprescindibles que el proceso de crecimiento se apoye en una creación de empleo sostenida. Para maximizar el crecimiento y la generación de empleo, el Gobierno ha optado por desarrollar una política económica cuyo objetivo es colocar a la economía española en una senda de crecimiento estable y no inflacionario.

6.1.- EL PLAN DE CONVERGENCIA .

Para cumplir los requisitos citados anteriormente se debían cumplir unos objetivos marcados por Maastricht. Los objetivos se dividían en Medidas estructurales y en Medidas de Política Macroeconómica.

Medidas estructurales:

• Mercado de trabajo:

- Movilidad funcional y geográfica de la mano de obra. - Refuerzo del proceso de búsqueda de empleo. - Formación profesional.

• Liberalización y desregulación económica: Eliminación de monopolios.

• Entidades de crédito y seguros: Refuerzo de la transparencia de las operaciones.

• Organismos públicos: Simplificación institucional de los organismos públicos.

• Empresas públicas: no aumentarlas. Congelación del volumen de recursos públicos canalizados hacia las empresas públicas.

• Sanidad: Medidas organizadoras, presupuestarias y de gestión para mejorar la eficiencia.

Medidas de Política Macroeconómica:

• Política Monetaria: Mantenimiento de la política monetaria con la entrada de la peseta en el SME.

• Política fiscal y presupuestaria: Mantenimiento de la presión fiscal individual del año 93 y del gasto en infraestructuras del conjunto de las Administraciones Públicas (en torno al 5% del PIB). Reducción paulatina del déficit público (hasta alcanzar el 1% del PIB)

6.2.- CAMBIO DE COYUNTURA ECONÓMICA.

El cambio de coyuntura económica de 1992 y 1993 hace necesario replantear la política de convergencia; en efecto, el Programa de Convergencia de España sentaba las bases que debía poner a la economía española en una senda de crecimiento sostenido y de cumplimiento de las condiciones de estabilidad que el Tratado de Maastricht fija como requisitos previos a la entrada en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. Se planteaba así un patrón de crecimiento de la economía española que, en contraste con comportamientos pasados, hacía compatibles la vuelta a una fase de expansión con la reducción de la tasa de inflación y de los desequilibrios de las cuentas con el exterior.

Transcurridos más de dos años desde la aprobación del Programa de Convergencia, las previsiones macroeconómicas que se hicieron en el mismo han quedado ampliamente desfasadas, de forma que las expectativas de retorno inmediato a una etapa de crecimiento intenso se vieron frustradas en la realidad. Este proceso de deterioro, sin embargo, no ha sido particular de la economía española, sino que ha abarcado al conjunto de economías comunitarias que, entre 1991 y 1993, han sufrido la peor recesión de su historia reciente y que se ha saldado primero con una fuerte desaceleración y más tarde con una caída de la producción y del empleo, así como con la generación de niveles importantes de déficit público y la acumulación de stocks de deuda pública a ritmos insostenibles a medio plazo.

En el campo de las reformas estructurales, se han conseguido avances muy notables que, siguiendo las líneas marcadas en el Programa de Convergencia, están contribuyendo a mejorar el funcionamiento de nuestra economía, haciéndola no sólo más eficiente, sino también más equitativas.

7. LA UNIÓN EUROPEA (UE): (AÑADIDO AL TEMA)

Organización supranacional europea dedicada a incrementar la integración económica y política y a reforzar la cooperación entre sus estados miembros. La Unión Europea nació el 1 de noviembre de 1993, fecha en que entró en vigor el Tratado de la Unión Europea o Tratado de Maastricht, ratificado un mes antes por los doce miembros de la Comunidad Europea (CE) —Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Reino Unido, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y España. Con la entrada en vigor del Tratado, los países de la CE se convirtieron en miembros de la UE, y la CE se convirtió en la UE, que en 1995 se vio ampliada con el ingreso en su seno de Austria, Finlandia y Suecia.

Con el Tratado de la Unión Europea, se otorgó la ciudadanía europea a los ciudadanos de cada Estado miembro. Se intensificaron los acuerdos aduaneros y sobre inmigración con el fin de permitir a los ciudadanos europeos una mayor libertad para vivir, trabajar o estudiar en cualquiera de los estados miembros y se relajaron los controles fronterizos. Se fijó como meta conseguir una moneda única europea para 1999.

Antecedentes

La CE, precursora de la UE, surgió de lo que en principio eran tres organizaciones independientes: la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), creada en 1951, la Comunidad Económica Europea (CEE, también calificada a menudo como Mercado Común) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (o Euratom), ambas fundadas en 1957. Las tres instituciones se unieron en 1967, dando vida a la CE, cuya sede se estableció en Bruselas (Bélgica). Para más información sobre los orígenes de la UE.

Organización

La toma de decisiones en la UE se divide entre las instituciones europeas supranacionales y los gobiernos de los estados miembros. Los tres principales órganos de la UE son la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros (compuesto este último por ministros de cada uno de los gobiernos de los estados miembros). El Tribunal Europeo de Justicia actúa como árbitro final en asuntos legales o disputas entre instituciones de la UE, o entre éstas y los estados miembros.

Comisión Europea

La Comisión Europea es el brazo ejecutivo de la UE. Elabora normas y las presenta al Consejo de Ministros. La Comisión Europea también representa a la UE en las relaciones económicas con otros países u organizaciones internacionales. La función administrativa de la Comisión afecta a los fondos y programas de la UE y al reparto de ayudas a otros países.

Consejo de Ministros

Principal cuerpo legislativo de la UE, está formado por los ministros de los gobiernos de los estados miembros y auxiliado por el Comité de Representantes Permanentes (o embajadores) de cada Estado miembro.

Consejo Europeo

El país que asume la presidencia del Consejo de Ministros convoca reuniones de los máximos líderes de los estados miembros, por lo menos, una vez cada seis meses. Esta cumbre de los jefes de Estado y de gobierno se llama Consejo Europeo. Tales reuniones tienen un carácter regular desde 1975. El Consejo Europeo se convirtió en parte oficial de la estructura de la CE en 1987.

Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo es el único órgano de la UE cuyos miembros son elegidos directamente por los ciudadanos de los estados miembros. Tan sólo un órgano consultivo en un principio, sus competencias aumentaron tras la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea. Se reúne en Estrasburgo (Francia), aunque la mayor parte del trabajo de sus comisiones se realiza en Bruselas (Bélgica) y su Secretaría está ubicada en Luxemburgo. Sus actuales 626 escaños se asignan en función de la población de cada Estado miembro. En 1994 Alemania tuvo la mayor representación, con 99 escaños.

Los distintos comités del Parlamento Europeo revisan la legislación propuesta por la Comisión Europea. Estos comités proponen enmiendas a las leyes antes de presentarlas al Consejo de Ministros. El Parlamento puede vetar una propuesta después de haber llegado al Consejo de Ministros si está en desacuerdo con la posición de éste. También interviene en la preparación del presupuesto de la UE y puede rechazarlo si no se llega a un acuerdo dentro del Consejo.

Comités

Una vez que el Tratado de la Unión Europea incrementó el poder político del Consejo Europeo, otros órganos asumieron un papel consultivo similar al que antes tuvo el Parlamento. El Comité Económico y Social es uno de ellos. Sus miembros son nombrados cada cuatro años por el Consejo de Ministros para representar a empresarios, trabajadores y otros grupos de interés. El Comité tiene estrictamente una función asesora, pero el Consejo de Ministros y la Comisión Europea están obligados a consultarlo en muchas decisiones legislativas. Otro grupo importante es el Comité de las Regiones, creado por el Tratado de la Unión Europea para acercar la UE a los ciudadanos y permitir que se expresen las autoridades regionales y locales. Carece de poder legislativo pero tiene que ser consultado sobre temas relacionados con cuestiones económicas y sociales.

Tribunal Europeo de Justicia

El árbitro final de todas las materias legales de la UE es el Tribunal Europeo de Justicia. Los jueces que lo integran, al menos uno por cada Estado miembro, son elegidos para un periodo de seis años. El Tribunal media en las disputas entre los gobiernos de los estados miembros y las instituciones europeas, y entre las instituciones europeas entre sí, así como en las apelaciones contra fallos y decisiones de la UE. Los tribunales de los estados miembros remiten a menudo al Tribunal Europeo de Justicia casos relativos a puntos poco claros de la legislación de la UE. El Tribunal emite fallos de cumplimiento obligatorio que ayudan a los tribunales nacionales a la hora de dictar sentencia. Los fallos del Tribunal Europeo de Justicia sientan precedentes legales y se convierten en parte de la jurisprudencia de cada Estado miembro.

Historia

La II Guerra Mundial (1939-1945) devastó la economía del continente. Algunos europeos esperaban que la reconstrucción de Europa Occidental llevaría a un acuerdo para crear un Estado europeo unificado. Pero la idea de una Europa unida se quebró con el comienzo de la Guerra fría y la desconfianza que todavía inspiraba Alemania Occidental. Dos franceses —Jean Monnet, estadista y financiero, y Robert Schuman, ministro de Asuntos Exteriores— creían que Francia y Alemania podrían superar su secular antagonismo si existían incentivos económicos que estimularan la cooperación. En mayo de 1950, Schuman propuso la creación de una autoridad común para regular la industria del carbón y del acero en Alemania Occidental y Francia; la oferta se extendía también a otros países de Europa Occidental. La idea fue bien recibida por el gobierno de Alemania Occidental y por los de Bélgica, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. Junto con Francia, estos cinco países firmaron el 18 de abril de 1951 el Tratado de París por el que se creó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) en agosto de 1952. El gobierno británico rechazó el carácter supranacional de la CECA y optó por no unirse a esta organización.

En junio de 1955, en Messina (Sicilia, Italia), los ministros de Asuntos Exteriores de los seis estados que conformaban la CECA decidieron estudiar las posibilidades para lograr una mayor integración económica. Este nuevo esfuerzo desembocó en la firma del Tratado de Roma (25 de marzo de 1957), por el que se creaban la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom). Esta última resultó tener poca importancia ya que cada gobierno nacional mantuvo el control sobre su programa de energía nuclear.

Comunidad Económica Europea

En términos económicos, el Tratado de la CEE estableció un plazo de doce años para la eliminación de las barreras comerciales entre sus miembros, la implantación de un arancel común para las importaciones del resto del mundo y la creación de una política agrícola conjunta. Políticamente, el Tratado otorgó a los gobiernos nacionales un papel mayor que el del Tratado de la CECA, aunque también determinó que la CEE fuera más supranacional conforme progresaba la integración económica.

Como respuesta a la CEE, el Reino Unido y otros seis países no comunitarios formaron la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) en 1960. En 1961, tras el evidente éxito económico de la CEE, el Reino Unido inició negociaciones para su ingreso. Pero en enero de 1963, el presidente francés Charles de Gaulle vetó la candidatura británica, especialmente por sus estrechos lazos con Estados Unidos. De Gaulle volvió a vetar la entrada británica en 1967.

Creación de la CE

Las características económicas básicas del Tratado de la CEE se fueron cumpliendo gradualmente y las tres comunidades (CEE, CECA y Euratom) se unieron en julio de 1967 en la Comunidad Europea (CE). Sin embargo, no se hizo ningún progreso sobre ampliación o cualquier otra propuesta hasta que De Gaulle hubo dimitido como presidente de Francia en mayo de 1969. El siguiente presidente francés, Georges Pompidou estaba más abierto a nuevas iniciativas dentro de la CE.

En diciembre de 1969 y a su propuesta, se celebró una reunión de los líderes de los estados miembros en La Haya (Países Bajos). Esta cumbre preparó el terreno para la creación de una forma de financiación permanente de la CE, el desarrollo de un marco de cooperación en política exterior y la apertura de negociaciones para el ingreso de Reino Unido, Irlanda, Dinamarca y Noruega.

Ampliación de la CE

En enero 1972, casi después de dos años de negociaciones, se firmaron los tratados para la adhesión de los cuatro países aspirantes el 1 de enero 1973. Reino Unido, Irlanda y Dinamarca se adhirieron como estaba previsto; sin embargo, en un referéndum los noruegos votaron en contra de su ingreso.

En el Reino Unido continuó la oposición a la pertenencia a la CE. Después de que el Partido Laborista volviera a ocupar el poder en 1974, llevó a cabo su promesa electoral de renegociar las condiciones de la pertenencia británica (especialmente las financieras); la renegociación acabó en cambios marginales, pero creó un periodo de incertidumbre en el interior de la CE. Un gobierno laborista dividido confirmó la pertenencia a la CE y convocó un referéndum nacional sobre el tema en junio de 1975. A pesar de la fuerte oposición de algunos grupos, el pueblo británico votó a favor de la permanencia.

En 1979 y 1980, el gobierno británico, que afirmaba que el valor de su contribución superaba con mucho el valor de los beneficios recibidos, intentó una vez más cambiar los términos de su pertenencia. El conflicto se resolvió en la primavera de 1980, cuando varios países miembros aceptaron pagar una mayor contribución a los costes de la CE. En 1984 se acordó que el Reino Unido recibiría una disminución parcial de su contribución anual neta a la CE, comenzando con una rebaja de 800 millones de dólares para ese año.

Grecia ingresó en la CE en 1981 y, tras ocho años de negociaciones, en 1986 se adhirieron España y Portugal. Otros acontecimientos importantes en las décadas de 1970 y 1980 fueron la ampliación de la ayuda de la CE a países menos desarrollados (especialmente a antiguas colonias de los países miembros); la institución del Sistema Monetario Europeo para dar una cierta estabilidad a las relaciones entre las monedas de los estados miembros, y los avances para eliminar las barreras comerciales interiores y el establecimiento de un mercado único.

Sistema Monetario Europeo

El 13 de marzo de 1979 se estableció el Sistema Monetario Europeo (SME) como primer paso hacia la consecución de una unión económica y monetaria. Los planes iniciales para alcanzar la total unión monetaria en 1980 habían sido demasiado optimistas; las monedas de los estados miembros fluctuaban unas contra otras, y la devaluación de algunas de ellas limitaba el crecimiento económico y favorecía una subida de la inflación. El SME pretendía estabilizar los tipos de cambio y frenar la inflación, al limitar el margen de fluctuación de cada moneda miembro en una pequeña desviación desde un tipo de cambio central. Se introdujo una unidad de cuenta europea común (ECU) mediante la cual se podía establecer el tipo de cambio central. El ECU se compone de todas las monedas de la CE con un peso acorde con la importancia económica de cada país. Cuando una moneda alcanza el límite del margen de fluctuación, que está situado en un 2,25%, los bancos emisores de los respectivos países deben intervenir vendiendo la moneda más fuerte y comprando la más débil. EL SME también exige a los gobiernos que adopten políticas económicas apropiadas para prevenir la continua desviación del tipo de cambio central. El SME ayudó a mantener tasas de inflación más bajas en la CE y aligeró el impacto económico de las fluctuaciones monetarias durante la década de 1980.

Hacia el Mercado Único Europeo

El avance más significativo en la CE durante la década de 1980 fue la marcha hacia la puesta en práctica de un mercado único europeo. La campaña hacia el mercado único fue promovida por Jacques Delors, antiguo ministro de Economía y Finanzas francés, que se convirtió en presidente de la Comisión Europea en 1985. En la cumbre de Milán (Italia), la Comisión propuso un plazo de siete años para eliminar prácticamente todas las barreras comerciales que aún existían entre los estados miembros. El Consejo Europeo aprobó el plan, y el propósito de alcanzar el Mercado Único Europeo el 1 de enero de 1993 aceleró las reformas en la CE e incrementó la cooperación y la integración entre los estados miembros. Finalmente, todo ello llevó a la formación de la Unión Europea.

Un obstáculo para la total integración económica era la Política Agraria Común (PAC). Durante la década de 1980 la PAC recibía las dos terceras partes del desembolso anual de la CE (los ingresos se obtenían de impuestos sobre las importaciones por encima del 2% del impuesto sobre el valor añadido recaudado por los países miembros). La PAC alentaba la producción de grandes excedentes de algunos productos que la CE tenía el compromiso de comprar, lo que era un modo de conceder subsidios para unos países a expensas de otros. En una cumbre de emergencia celebrada en 1988, los líderes de la CE establecieron unos mecanismos para limitar esos pagos; en el presupuesto de 1989, y por primera vez desde la década de 1960, las ayudas a la agricultura representaron menos del 60% del gasto total de la CE.

Acta Única Europea

El calendario fijado para alcanzar el Mercado Único puso al descubierto la necesidad de un poder mayor de la CE para resolver las cuestiones anejas a la eliminación de las barreras comerciales antes de la fecha tope. El Consejo de Ministros tenía que alcanzar acuerdos unánimes sobre cada decisión, con lo que, de hecho, se daba a los estados miembros poder de veto y se demoraba el proceso político. El Acta Única Europea, introducida en diciembre de 1985 y aprobada por los doce miembros en julio de 1987, introdujo los mayores cambios en la estructura de la CE desde el Tratado de Roma de 1957. Entre las modificaciones incluidas figuró la introducción del sistema de mayoría cualificada que ayudó a acelerar el proceso de creación del Mercado Único.

El Acta Única Europea introdujo también otros cambios importantes; el Consejo Europeo, que había aportado el impulso principal para la consecución del Mercado Único, consiguió personalidad jurídica; el Parlamento Europeo logró tener mayor voz e influencia, y los estados miembros acordaron unificar normas fiscales, sanitarias y del medio ambiente. Además, se estableció el Tribunal de Primera Instancia para atender las apelaciones a las decisiones de la CE que presentaran personas, organizaciones o empresas; y cada Estado miembro decidió alinear su política económica y monetaria con la de sus vecinos, utilizando el SME como modelo.

Cambios en Europa y en la CE

Los partidarios de una unión económica y monetaria argumentaban que no habría mercado único mientras que las restricciones sobre las transferencias de dinero y las primas de cambio limitaran el flujo libre de capitales. Se sugirió un plan en tres etapas para alcanzar la Unión Económica y Monetaria (UEM). Al mismo tiempo la Comisión Europea propuso una carta social sobre derechos humanos. Reino Unido se opuso a ambas propuestas, manifestando su preocupación de que su soberanía se vería amenazada si se incrementaba el poder de la CE. Sin embargo, se sumó al proyecto de la UEM cuando los cambios operados por toda Europa provocaron la necesidad de una respuesta rápida unida de la CE.

Cuando el comunismo se desplomó en Europa del Este, muchos de los países de su órbita buscaron en la CE ayuda política y económica. La CE aceptó concertar acuerdos de ayuda militar y de asociación con muchos de esos países pero descartó adhesiones inmediatas. Una cumbre de emergencia, celebrada en abril de 1990, hizo una excepción con la Alemania Oriental permitiendo que este país fuera automáticamente incorporado a la CE tras la reunificación alemana. En la misma cumbre, la República Federal de Alemania y Francia propusieron una conferencia intergubernamental para conseguir alcanzar una mayor unidad europea después de los grandes cambios políticos que habían tenido lugar. La primera ministra británica, Margaret Thatcher, se opuso a una mayor unidad, pero en 1990 John Major se convirtió en primer ministro y adoptó una actitud más conciliadora hacia la idea de la unidad europea. La Conferencia Intergubernamental, junto con una conferencia similar que preparaba la UEM, comenzó a trabajar en una serie de acuerdos que desembocaron en el Tratado de la Unión Europea.

Tratado de la Unión Europea

Representantes de cada país de la CE negociaron el Tratado de la Unión Europea en 1991, y en diciembre el Consejo Europeo se reunió en Maastricht (Países Bajos), para examinar un borrador. Tras intensas negociaciones entre los miembros, el tratado final fue firmado por el Consejo Europeo el 7 de febrero 1992. Una disposición del Tratado establecía que los electores de cada Estado miembro tenían que aprobar la Unión Europea por referéndum; el Tratado fue ratificado en octubre de 1993. La Unión Europea se estableció el 1 de noviembre, fecha en que el Tratado entró en vigor. El 1 de enero de 1995 se produjo una cuarta ampliación de la UE con el ingreso de Austria, Finlandia y Suecia. Ese mismo mes, el hasta entonces primer ministro luxemburgués, Jacques Santer, elegido el año anterior para ejercer la presidencia de la Comisión Europea, sustituyó a Delors al frente de la misma. El futuro reto de la UE pasaba por afrontar el cumplimiento de lo acordado en Maastricht. En este sentido, el 15 de diciembre de 1996 se aprobó el estatuto jurídico del euro (nombre adoptado un año antes para la futura moneda única europea), el nuevo SME y el llamado Pacto de Estabilidad, por el que los estados miembros deberían continuar sus respectivas políticas de convergencia una vez que, en 1999, comience a utilizarse el euro.

Si bien el Tratado de la Unión Europea firmado en Maastricht marcó las directrices sobre las que habría de construirse el futuro europeo, pronto se consideró la inevitable necesidad de revisarlo, especialmente para adoptar una reforma institucional que permitiera, a corto plazo, el previsible ingreso de nuevos estados miembros. Tal percepción fue la que surgió en la Conferencia Intergubernamental que tuvo lugar el 29 de marzo de 1996. Con la intención de elaborar un nuevo tratado de la UE que reformara el de Maastricht, se celebró una cumbre del Consejo Europeo en Amsterdam (Países Bajos), en junio de 1997, con el objetivo de abordar la reforma de algunos de los más importantes y controvertidos puntos de la Unión: reforma de sus instituciones, defensa, libre circulación, justicia, flexibilidad y empleo. Los dos primeros puntos, fundamentales para la consolidación de la UE, no fueron revisados. Respecto a los cambios institucionales (reducción del número de comisarios por Estado miembro en la Comisión, reparto del poder en el Consejo de Ministros y cuestión del voto, entre otros), las diferencias entre los jefes de Estado y de gobierno asistentes obligaron a retrasar la adopción de reformas hasta una nueva Conferencia Intergubernamental. Únicamente se llegó al acuerdo de que, cuando la UE se viera ampliada, sólo existiría un comisario por país en la Comisión. La cuestión del sistema defensivo en que habrá de enmarcarse la UE fue, igualmente, pospuesta, debido a la oposición británica a plantear la integración de la Unión Europea Occidental (UEO) en la UE. El Tratado de Amsterdam quedó, por tanto, carente de resoluciones auténticamente reformadoras: la ratificación del Pacto de Estabilidad y el acuerdo para fomentar políticas activas de empleo (financiadas por el Banco Europeo de Inversiones, BEI) fueron sus principales logros. Por lo que respecta a España, en Amsterdam se reconoció el estatuto de Canarias como región ultraperiférica, que permitiría a las Islas acogerse a un régimen económico y fiscal propio en virtud de su peculiaridad.

Perspectiva

La UE representa el deseo de paz y cooperación entre estados europeos soberanos. A través de una cooperación y un crecimiento mayores la UE puede convertirse en un gran rival económico para Norteamérica y Asia. Sin embargo, el objetivo a largo plazo de un único Estado federal europeo, como imaginaron los primeros postuladores de la cooperación económica europea, ha sido ya en gran parte rechazado.

Se espera que el número de países miembros de la UE crezca antes del final de la década. Turquía solicitó su ingreso en 1987 (y el 6 de febrero de 1995 firmó con la UE un acuerdo para el establecimiento de una unión aduanera a partir de 1996), Chipre y Malta en 1990 y Suiza en 1992. Se supone que algunos países de la Europa del Este solicitarán también su admisión. Suiza retiró más tarde su solicitud de ingreso para no violar su histórica neutralidad.

Otros potenciales aspirantes son los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). En 1991 la CE y la EFTA alcanzaron un acuerdo para crear el Espacio Económico Europeo (EEE) por el que se establecía un mercado único para bienes, servicios y capitales. El EEE, que entró en vigor el 1 de enero de 1994, eliminó las barreras entre la UE y la EFTA, que son el mayor socio comercial el uno del otro.

BIBLIOGRAFÍA:

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL:

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Barcelona, Ed. Ariel, junio 1994. 5ª Edición p.p.164-185

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GONZALO, Anes: Historia económica de España siglo XIX y XX.

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TAMAMES, Ramón y RUEDA, Antonio: Estructura Económica de España.

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NADAL, Jordi: La economía en el siglo XX. Editorial Ariel S.A., 1991. 4ª edición.

TAMAMES, Ramón: La economía española: 1975-1995. Editorial Temas de Hoy , S.A.., 1995. 1ª edición.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

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VÁZQUEZ MONTALBÁN, Manuel: “De Franquito a ¡Franco, Franco, Franco!”

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