LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

El Plan de Estabilización

Los Pactos de la Moncloa

Incorporación monetaria a la UE

Mediada la década de los cincuenta, los principales interesados en las reformas económicas -la banca y las grandes empresas- disputaron el poder a los equipos políticos anteriores que, con su ideología autárquica, desaprovecharon las posibilidades de vincular España al progreso normal de las economías occidentales. Hacia 1957, el Estado español estaba al borde de la bancarrota.

El gobierno constituido por Franco en 1957 representó la eliminación de los ideales económicos de la Falange y el nacimiento de un grupo político, los tecnócratas modernos en lo económico y conservadores en lo político. El régimen se decidía a liberalizar la economía española, ofreciendo oportunidades a las inversiones extranjeras, que hasta entonces habían estado muy limitadas.

El Plan de Estabilización fue el conjunto de medidas de política económica aplicadas a partir del decreto-ley de 21 de julio de 1959. El Plan de Estabilización intentó adaptar a las nuevas circunstancias existentes en la economía española a las condiciones del entorno internacional dentro del marco económico actual. Las medidas actuaron sobre el sector público, la política monetaria y la liberalización del comercio interior y exterior.

Después de unos años de gasto imprudente e inflación galopante, el Plan llevó a España a una forzada austeridad, pues

• recortó el gasto público,

• restringió el crédito,

• congeló los salarios,

• limitó las horas extra,

• devaluó la peseta, fijando una nueva paridad con el dólar, estableciéndola en 60 pesetas/dólar,

• alentó las tendencias liberalizadoras en el terreno económico.

Asimismo, el plan ponía fin a muchos controles comerciales e industriales internos y favorecía las inversiones extranjeras.

También se abordó la demorada reforma fiscal, con nuevas estimaciones tributarias y persecución del fraude, lo que aumentó los ingresos ordinarios del Estado, pero no alteró el anacrónico sistema impositivo vigente debido a

• la desigualdad en el pago de los impuestos,

• la desproporción salario-impuesto.

Al no embarcarse en una verdadera reforma fiscal que afectaría a su público, las clases medias, el Estado franquista se vio obligado a mantener unos presupuestos austeros que impidieron modernizar las Fuerzas Armadas, el sistema educativo o las infraestructuras.

Los efectos del programa de estabilización fueron inmediatos, pero tuvieron un alto coste, sobre todo en la clase trabajadora, a la que se privaba de las horas extraordinarias, mientras que la limitación de crédito a los negocios casi doblaba el desempleo.

La consecuencia fue que muchos españoles emigraron a las regiones industrializadas de la periferia y otros buscaron trabajo en el extranjero. Para suavizar los efectos negativos de la política estabilizadora, EE.UU., el Fondo Monetario Internacional y la banca privada concedieron a España importantes ayudas.

“Considerando otra vez el conjunto del periodo 1950-1973, la tasa española de crecimiento anual del producto por habitante (5,9 por 100) no está excepcionalmente alejada de la alemana (5,0 por 100), ni de la italiana (4,8 por 100), ni de la francesa (4,1 por 100), que partían de niveles superiores de desarrollo. Es más, si la comparación se efectúa exclusivamente con los países mediterráneos y en términos de crecimiento de la producción industrial, el ritmo de avance español, con ser muy fuerte, resulta similar al de Italia, Grecia y Yugoslavia, y tanto en la década de 1950, ya se vio antes, como en al de 1960: de 1958 a 1969 el IPI español se multiplica por 2,5, exactamente igual que el de Gracia, don décimas superior al italiano y una por debajo del de Yugoslavia, situándose estos cuatro países mediterráneos a la cabeza de toda Europa en cuanto a ritmo de crecimiento de los IPI respectivos.

Todo lo cual matiza, insisto, en la supuesta excepcionalidad del “milagro económico” español. Lo que resulta excepcional históricamente es el largo ciclo de expansión del conjunto de la economía occidental; y el crecimiento sólo ligeramente superior de la economía española con relación a la media de los países de la OCDE durante los años sesenta se enmarca, además, en la tendencia general observable en los últimos decenios al recorte de las distancias de los países de la Europa meridional y de desarrollo más reciente respecto de los del Norte y de los países en desarrollo más maduro en la Europa de la OCDE”.

García Delgado, J. L.: “Industrialización y desarrollo durante el franquismo”.

-LOS PRINCIPALES PROBLEMAS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO DE UCD

Los puntos económicos fundamentales de actuación del nuevo gobierno adelantaban la dirección de la transición:

• reanudación de negociaciones con la CEE,

• combatir la inflación y el déficit exterior,

• afrontar el paro,

• llevar a cabo una reforma fiscal.

En los últimos diez años del franquismo, la prosperidad económica sirvió para que los grupos sociales menos favorecidos tuvieran una compensación a la falta de libertad mediante el disfrute de un mejor nivel de vida y la integración en la sociedad de consumo. No se realizó una distribución de la renta más justa, pero la riqueza aumentó desmesuradamente. Mientras el mercado, tanto interior como exterior, sostuvo sus cuotas de pedido, el único problema español fue el de la adecuación del sistema político a la realidad económica.

Por el contrario, la transición de la dictadura a la democracia habría de coincidir con la llegada a España de los efectos de la crisis económica mundial delos años setenta: recesión de mercados, acumulación de stocks, cierres de empresas, destrucción de empleo, quiebras, etc. El peor de todos fue el encarecimiento súbito y desmesurado del precio del petróleo y otras materias primas, sobre cuya compra barata estaban basadas muchas economías. Junto al consecuente aumento de los costes de producción, una inflación desorbitada, favorecida por el incremento del déficit del Estado, se convertía en la amenaza cotidiana de fábricas, empresarios y trabajadores.

Desde 1975, las condiciones económicas empeoraron y los enfrentamientos sociales por la obtención de rentas se agravaron. Las estructuras políticas del franquismo, en plena desintegración, no estaban en condiciones de soportar ni la crisis económica. Los años sucesivos se tradujeron en un avance de reivindicaciones salariales. Parte del empresariado inició una retirada, con cierre de fábricas y negocios, liquidación de stocks y desinterés inversor, por lo que la renta se redujo.

En 1977, el índice de inflación se situaba en un 26 por 100 anual, un índice que sobrepasaba las tasas de todas las naciones industrializadas. El paro afectaba al 6 por 100 de la población activa, mientras la producción por obrero se dañaba.

-LOS PACTOS DE LA MONCLOA

Los Pactos de la Moncloa se firmaron el 25 de octubre de 1977 por el Gobierno y representantes de los partidos políticos, y que habían sido precedidos de una fuerte devaluación de la peseta.

Estos acuerdos, a cargo del Gobierno, el empresariado y los partidos-sindicatos, tuvieron como objetivo fundamental la ratificación por la clase obrera del modelo económico y social, establecido enseguida en la Constitución. Los Pactos preveían

• reducir la inflación,

• acometer la reforma fiscal de la Seguridad Social y de la empresa pública.

Asimismo, los firmantes se comprometían a

• apoyar un nuevo marco de relaciones laborales, consistente principalmente en establecer los aumentos salariales conforme a la inflación prevista más un incremento.

Los efectos de los Pactos de la Moncloa se dejaron ver pronto en la mejora del clima de paz social, que se convirtió en el descenso de la conflictividad y la regulación de las relaciones laborales. Si bien la práctica de acuerdos sociales se ha mantenido vigente, la legitimación electoral dotaría a los futuros gobiernos de una capacidad de maniobra en política económica prácticamente ilimitado. Así, se ha intentado salir de la crisis con

• altos índices de paro subvencionado,

• indulgencia fiscal,

• permisividad de cierre empresarial,

• rebaja del valor añadido del trabajo en el precio final del producto.

Este ambicioso conjunto de objetivos no podía realizarse a corto plazo. Sí se emprendió enseguida la reforma de Hacienda, que trató de resolver la falta de recursos del Estado, debido a la ausencia de una política fiscal moderna. “Hacienda somos todos”. Los ministros Ordóñez y Fuentes Quintana trazaron en 1977 una reforma fiscal basada en la implantación de tres grandes contribuciones:

• las relacionadas con la renta de las personas físicas y sociedades,

• los impuestos sobre el gasto,

• los gravámenes del patrimonio y las transmisiones.

Se inició también una política de persecución y castigo de los defraudadores, que más tarde sería mejorada notablemente por los gobiernos socialistas. En 1981, los impuestos directos superaban a los indirectos, lo que suponía que, por primera vez en su historia, la fiscalidad española era progresiva.

• Moneda única. La mayor ventaja. Entre otras ventajas, la creación de una nueva moneda fuerte y estable (contrastadas con la mayoría de las antiguas monedas de algunos países de la UE en comparación con el dólar y el yen), capaz de competir en el mercado financiero con el dólar y el yen. Uno de los inconvenientes es el caso de Reino Unido, que, aunque ha incorporado a su economía el euro, no quiere prescindir de una moneda tan fuerte como la libra. Por ejemplo, aunque todos los comercios ingleses están obligados a aceptar euros, muchos se muestras reacios a aceptar euros como medio de pago.

• Supresión de aduanas y aranceles, que ya existía antes de la creación de un sistema monetario común. Esto, entre otros, evita la creación de medidas proteccionistas excesivas que paralicen el comercio en la zona UEM.

• Reducción de los tipos de interés y unificación de los tipos de interés por el BCE, para que los países no aprovechen las circunstancias de su posición o situación en la historia para imponer tipos altos de interés.

• Mayor transparencia en los precios de productos y aumentar la competencia en los distintos países. Los salarios en los países recién incorporados a la UE son menores que los de otros países de la UE, por lo que el coste en la producción de los mismos es menor. Esto hace que los productos sean más competitivos y que las economías (entre ellas la española) deban ser más productivas para que sus productos sean más competitivos.