El desafío de la modernidad

Prólogo.

La victoria de Franco en la guerra civil supuso la instauración del Nuevo Estado, y una profunda ruptura en la historia de España. La plasmación económica de los planteamientos ideológicos del nuevo gobierno, tendría repercusiones económicas muy negativas tanto en el corto como en el largo plazo. A corto plazo, la puesta en marcha de dichas ideas condujo a una prolongada etapa de estancamiento y corte brusco en el proceso industrializador español que, pese a sus problemas, había ido aumentando en ritmo, volumen y diversidad desde las ultimas décadas del siglo XIX. A largo plazo la discrecionalidad de las autoridades, cuando no la pura arbitrariedad, modificó profundamente las pautas de comportamiento de los agentes económicos. Consolidó como elementos relevantes de su actuación, la especulación, el tráfico de influencias, y en no pocas ocasiones incluso la corrupción, todo ello disfrazado bajo justificaciones ideológicas ausentes de toda racionalidad económica. Al mismo tiempo permitió no ya el mantenimiento de actividades claramente incapaces de ser competitivas, sino la ampliación de su numero y su inoperancia. No es vano afirmar que en durante el Franquismo eran más fáciles los buenos "negocios" que las buenas empresas.

Al mismo tiempo, sin embargo, desde mediados de los cincuenta, tuvieron lugar una serie de transformaciones, y "forcejeos" que configuran la etapa final de la industrialización. Sin duda con notables carencias, y no menos importantes desequilibrios, España era en 1975 una sociedad plenamente industrializada. La profundidad de la transformación entre 1960 y 1975 no puede ser infravalorada. Cualquiera que sea el indicador utilizado, todos y cada uno de ellos reflejan una alteración sin precedentes de los rasgos básicos del funcionamiento de la actividad económica española.

Como en otros muchos aspectos, el Franquismo presentó el progreso económico y la mejora en el nivel de vida como logros propios para justificar su escasa legitimación. Lo cierto es que el régimen dictatorial supuso, en una primera etapa al menos, una prolongada detención en el ritmo de avance hacia una sociedad industrial iniciado mucho antes. Cuando, obligado por las circunstancias, Franco optó finalmente en 1959 por una moderada liberalización exterior y estabilización interna, lo hizo manteniendo no pocas restricciones al funcionamiento natural de los mercados y no menos situaciones de privilegio sin justificación económica desde la perspectiva de la eficiencia o la equidad.

La crisis económica iniciada a comienzos de los años setenta, puso de manifiesto las graves carencias y fragilidades del proceso industrializador español. Pero aun así, durante los 7 lustros estudiados, a pesar de la multiplicidad de rigideces, la mala gerencia económica de las autoridades y el auge de los comportamientos especulativos y demás chalaneos, la transformación de los años sesenta fue la más profunda e irreversible de la historia económica de la sociedad española. Entonces fue cuando se avanzo rápida y sostenidamente en los en el acortamiento de las diferencias en los niveles de renta por habitante respecto a las economías más desarrolladas. Una convergencia todavía inacabada.

Los Años Cuarenta.

El decenio de los años cuarenta engloba los avatares de la agitada vida política, social y económica de la primera etapa del Franquismo. Ya durante la Guerra Civil, en sus últimos años, la maquinaria del régimen comienza a dar sus primeros pasos fijando e introduciendo las incipientes bases normativas y pautas a seguir en la característica política que se practicara plenamente poco tiempo después.

El marco en el que comienza este nuevo periodo, tras el punto de inflexión de la guerra, es desolador. No tanto por las destrucciones físicas y costes económicos directos que generó la guerra, - ampliamente utilizadas por el régimen como instrumento de propaganda para justificar sus fracasos -, cuanto por la desorganización general, la fragmentación de los mercados, las renuentes expectativas de futuro generadas etc.

La producción agraria e industrial eran muy inferiores a las de 1935, las reservas de oro y divisas habían desaparecido, - utilizadas por los republicanos para financiar la adquisición de mercancías y material militar -; el sistema monetario era un caos ante el aumento de la cantidad de dinero en circulación en las dos zonas contendientes, había una seria escasez de alimentos, materias primas y energía; y la red de transportes se encontraba seriamente deteriorada al haber sido unos de los objetivos militares prioritarios de las operaciones de ambos ejércitos.

Todos estos factores señalados, provocaron una espectacular distorsión en la estructura productiva con consecuencias negativas muy relevantes en los decenios posteriores. De esta forma, aun siendo apreciable, - y no menos dramático desde el punto de vista del ciudadano español -, el impacto directo del conflicto militar, éste no desempeñó un papel decisivo en el estancamiento de los años cuarenta. Fue la actuación económica de los vencedores la que tuvo una trascendencia mucho mayor, como se demuestra al comparar la trayectoria española posterior a 1939 con la de los otros países europeos, beligerantes o neutrales, durante la Segunda Guerra Mundial.

Como se aprecia en el cuadro Nº 1, el lapso temporal necesario para recuperar el nivel de actividad previo al conflicto fue extraordinariamente prolongado. En España el máximo previo al conflicto del producto por habitante no se consiguió hasta bien entrada la década de los cincuenta, es decir, casi quince años después de la finalización de la Guerra Civil. Por el contrario, la inmensa mayoría de los países europeos afectados por la Segunda Guerra Mundial, superaron ese máximo, en su caso anterior a 1939, antes de 1950. Cinco años después de acabadas las hostilidades. Es aquí donde radica la singularidad del caso español. En la lentitud de la recuperación tras 1940, fruto de causas comunes al resto de países europeos, y consecuencia también de causas autóctonas a las que me referiré más detalladamente.

Respecto a las incidencias comunes; es evidente que la Segunda Guerra Mundial, afectó a España al igual que sucedió con otros países no beligerantes, pero también es indudable que podríamos habernos beneficiado de las ventajas que la contienda ofrecía. Los efectos negativos, como, las restricciones al comercio, ruptura de relaciones, interrupción de comunicaciones, accesibilidad a mercados etc., incidieron especialmente por el lado de la oferta a las economías neutrales y no beligerantes. España, con su equipo industrial sin haber sufrido demasiados daños, podría haber estimulado las exportaciones y favorecer la recuperación de su industria. Sin embargo, tal lógica empresa no se llevó a cabo, y esto fue así, no solo debido a circunstancias forzadas o inevitables que la coyuntura imponía, sino lo que es peor aun, por la terca y mal encaminada política llevada a cabo por las autoridades franquistas. Fue esta errada gestión, el caldo de cultivo básico para la ralentización del despegue de la economía española.

Errores tales como la propia alineación de la España franquista con las potencias del eje, que colocaba al país bajo la frustrante situación de la escasez de materias primas y fuentes energéticas, - especialmente petróleo -, y bajo los recelosos ojos de las potencias vencedoras, mirando al país, con la desconfianza natural que se le tiene a un residuo fascista, como era España tras la Segunda Guerra Mundial. Debido a esta fría relación teñida de tintes ideológicos y políticos, España se vio privada de los prestamos aliados, y de las relaciones comerciales que permitiesen la importación de las aludidas materias primas tan necesarias. Otras claras equivocaciones se aprecian cuando las autoridades franquistas establecieron controles a la importación, y racionamiento de divisas, que no eran sino más y más obstáculos que substituían los criterios lógicos de asignación por criterios propios, políticos, de prestigio o “autosuficiencia”, o incluso por los propios intereses de los que ostentaban el poder. El mercado de trabajo estaba seriamente regulado y sus rigideces eran muy notables. Los salarios se ajustaron a niveles inferiores a los de preguerra, disminuyendo el poder adquisitivo y, por tanto, influyendo en los bajos niveles de consumo y productos industriales básicos. La escasez de alimentos, símbolo que caracteriza inequívocamente los años de la posguerra española, ante una fijación de precios arbitraria, independiente de las condiciones de la oferta y la demanda, haría imprescindible el racionamiento, oficialmente establecido el 14 de mayo de 1939 por una orden del Ministerio de Industria y Comercio. La irrealidad de los precios oficiales provocaría de inmediato la aparición de un mercado negro (En el aceite y el trigo las cantidades desviadas hacia este mercado ilegal fueron iguales o superiores a las distribuidas a través de la regulación oficial), sin duda, el rasgo dominante de la vida en la España de los cuarenta. Hasta 1952, no seria posible acabar con el racionamiento del alimento del pueblo por excelencia: El pan. Los estrangulamientos provocados por la política de autarquía, de autosuficiencia hacia el exterior, acabarían siendo espectaculares. La lentitud de la recuperación, es un claro síntoma de ello.

Y adentrándonos de lleno en materia industrial, la política del Nuevo Estado no tendría efectos menos perversos. Empeñados en ignorar el coste de producción (y el de oportunidad), las ventajas de la especialización o la necesidad de adquirir una mayor competitividad, las autoridades impulsaron un fomento de las industrias consideradas de interés nacional en sus planteamientos políticos, distorsionando la asignación de recursos a través de una regulación tan rígida como arbitraria. Toda la maquinaria reguladora franquista, desanimaba y retraía la inversión con gran contundencia y limitaba la capacidad de actuación e iniciativa del empresario.

La anulación de los mecanismos de mercado dentro del marco general aislacionista se llevó a cabo básicamente por dos vías. Por un lado, un férreo control del comercio exterior sometido a un régimen de completa intervención, para limitar en la mayor medida las importaciones (“... redimir a España de la importación de productos exóticos...”). Y por otro lado, una activa política industrial para conseguir que España fuera una potencia económica y militar -no es casualidad pues, la importancia y el numero de los militares ocupando grandes cargos políticos o económicos, gestionando el poderoso ministerio de Industria y Comercio o decretando leyes tales como la “ordenación y defensa de la industria” de 1939 que clasificaba a las industrias según su valor militar- Tampoco fue ninguna casualidad la larga presencia (desde 1941 a 1963), como presidente y promotor del famoso Instituto Nacional de Industria (I.N.I, símbolo del intervencionismo estatal en la industria del Franquismo, y ejecutor del credo por excelencia de la “industrialización prioritaria”: - producir e industrializarse a cualquier precio-), de Jose Antonio Suanzes, - militar e ingeniero naval, amigo personal de Franco y defensor de la industrialización a todo trance y autárquica -, que al igual que éste, la importancia de la eficiencia o la rentabilidad eran para él objetivos claramente secundarios frente al impulso de la industrialización.

El I.N.I. se constituyo como una gran “empresa de empresas”, cuya incumbencia se centraba en el apoyo, fomento, gestión y/o participación en aquellas empresas y manufacturas que a sus gestores les parecieran acreedoras de apoyo o patrocinio. Los sectores básicos fueron los más avalados, en especial energía (petróleo y electricidad con empresas como Calvo Sotelo, Endesa...) y siderurgia (Ensidesa). Otros sectores en los que intervino activamente fueron el transporte, la minería, la química... Como valoración final a la actuación del I.N.I, se puede decir que pese a la envergadura de su esfuerzo, su labor condujo a una ineficiente asignación de recursos y el consiguiente despilfarro de éstos. Además, como veremos más adelante, la financiación de sus proyectos se llevó a cabo gracias a una serie de “privilegios crediticios” que la permitieron acaparar un gran volumen de recursos financieros, con el consiguiente drenaje de la oferta de fondos para el conjunto de la actividad privada. En resumen, el empeño depositado en la creación de una robusta industria básica se difumina al ponerse de manifiesto la debilidad que ésta atesora a la hora de enfrentarse a un entorno competitivo. Una seria endeblez que ira cogiendo forma con el paso de los años y que pasara factura más adelante.

Y tras estos concisos apuntes sobre la primera etapa del Franquismo, interesa centrarse en el negativo balance económico, tanto en lo referido al crecimiento interanual del PIB como al IPI.

La tasa media de crecimiento del PIB español en pesetas constantes durante la década de los cuarenta esta en torno del 1,2 por ciento. Esta prolongada depresión es una peculiaridad española sin paragón en la historia económica contemporánea europea. Entre 1941 y 1945 la tasa de crecimiento del IPI es negativa, (del -0,8 por ciento equiparándola con la tasa promedio de principios de los años treinta, - no se dispone de datos fiables para el periodo 1936-1940-). Y aunque a finales de los cuarenta, la tasa de crecimiento del IPI comience a arrojar valores positivos, es importante señalar que la magnitud de éstos es notablemente menor que los índices registrados por el resto de economías europeas. Incluso esta diferencia se hace notoria si se compara el caso español con los llamados países mediterráneos. El siguiente cuadro muestra convincentemente, en sus tres primeras columnas, esta clara divergencia:

Nótese el contraste entre España y los países de similar rango industrial: Entre 1946 y 1950, España multiplica su índice por 1.1, en tanto que Italia o Grecia doblan sus respectivos indicadores. De tal manera que, examinados globalmente los 3 lustros abarcados entre 1936 y 1950, ambos incluidos, se puede precisar que el atascamiento español adquiere la categoría de una auténtica recesión . Y no solo en cuanto a producción industrial, sino también desde la perspectiva del bienestar del individuo: Los niveles de renta real per capita sufren un repliegue durante los decenios de 1940 y 1950, sin precedente alguno durante el último siglo y medio.

A pesar de nuestro lánguido pero perseverante crecimiento iniciado a finales del siglo XIX y principios del presente, estos amargos 15 años, nacidos durante la guerra y fortalecidos por el régimen, bloquearon con brusquedad el proceso de industrialización. Acentuando la disparidades existentes con el resto de las potencias europeas y distanciándonos aun más, de la cadencia evolutiva mundial. Las palabras de Carreras se ajustan con precisión a la dura realidad de estos fatídicos años: “El periodo de 1935-1950 resulta ser el único que puede explicar satisfactoriamente el atraso industrial de España”

Los años cincuenta.

El periodo constituye un progresivo cambio en la política económica, e introduce algunas novedades que tendrán consecuencias positivas muy importantes. A pesar de que la política intervencionista y autárquica no se modifico sustancialmente hasta 1959, la introducción de pequeños cambios y una orientación diferente en la política económica, permitirán mayores niveles de crecimiento. Se toman nuevos caminos en lo referente a las relaciones comerciales exteriores, a la regulación de los mercados internos, e incluso a la política agraria (dejando de lado la penosa “política de suministros y racionamientos” del periodo anterior).

De entre los hechos acaecidos a nivel internacional en los comienzos de este nuevo decenio, que tuvieron una cierta influencia en el proceso de flexibilización y crecimiento de la economía, se pueden destacar entre otros: Los oportunos pactos con Estados Unidos a partir de 1951 (que aunque no tan cuantiosos como el famoso Plan Marshall, ayudaron a España a desbloquear el comercio exterior), la apertura exterior francesa frente a España en 1948, el voto a favor de nuestro país de la mayoría de los países hispanoamericanos, varios países de Europa occidental, norteamericanos y Árabes (nótese el hecho de que en 1949 el rey Abdulah de Jordania, visito España, siendo el primer jefe de estado que lo hacia desde 1936) a favor de la revocación por parte de la ONU, el 4 de noviembre de1953, de su anterior resolución condenatoria contra España...

Dicho sea de paso que fueron estos acontecimientos mundiales, los que permitieron a España introducirse lentamente en el concierto de las naciones y no la actuación directa o la legislación de Franco.

Por otra parte, dentro de nuestras fronteras, los hechos ocurridos son no menos relevantes. Sin duda el nuevo gobierno del 51, fue mucho más propicio a la apertura, aunque dicha inclinación no se hiciese notar en el correoso ámbito legislativo. La participación del comercio exterior en la renta nacional aumentó (la proporción paso del 6,8 al 8,7, nada espectacular pero indudablemente significativo de los primerizos cambios). Cambió la estructura de importaciones, aumentando las de bienes de equipo en detrimento de las de alimentos, con los consiguientes estrangulamientos en la balanza de pagos, fenómeno ya tradicional en nuestra economía, que muestra la escasa compatibilidad entre un crecimiento sostenido y un saldo exterior equilibrado.

También cabe destacar a escala nacional, el hecho de que los órganos de representación tuvieron un mayor papel político (ya al menos liberados de la férula de Suanzes, en cuanto que éste se desvinculó del INI en 1951). Sobre todo, se había ido reforzando todo el entramado de órganos y cuerpos profesionales y burocráticos de la Administración de forma que el Estado aparecía regido por una compleja, menos arbitraria y parcialmente desideologizada, normativa legal. Otro factor a tener en cuenta en el crecimiento industrial es la mejora de la relación de intercambio con respecto al sector agrícola. Asimismo los bajos niveles salariales (niveles petrificados, debido a la rígida disciplina salarial impuesta por el régimen), hicieron de la rentabilidad un atractivo reclamo para la inversión empresarial, que, como es lógico aumentó considerablemente.

El resultado de tales simple y “milagrosas” medidas fue un crecimiento importante, en términos del IPI (En promedios quinquenales, el índice elaborado por Carreras arroja una tasa de crecimiento del 6,6 por ciento sobre la media de 1946-1950, y otra del 7,4 por ciento para 1956-1960 sobre la media del quinquenio anterior), en términos del PIB (Con una tasa media de crecimiento anual del 5 por ciento) o en términos de la renta real por habitante (Que se multiplica en la década de los cincuenta por 1,5) Crecimiento que nos alineo de manera uniforme al compás de progresión de otros países europeos, muy particularmente los del sur de Europa.

Recurriendo de nuevo al cuadro Nº 2, se puede hacer una reveladora comparación de los respectivos índices de producción industrial para los diferentes países europeos. Se puede apreciar que España forma junto con Yugoslavia, Grecia, Italia, y las dos Alemanias, un conjunto uniforme de crecimiento industrial. Fijando la atención especialmente en los 4 países mediterráneos, ya se despunta, en la década de los cincuenta, la magna importancia de la influencia y capacidad de remolque que las relaciones exteriores y sus concomitantes efectos tienen sobre nuestra sensible economía.

Es pues la década de los cincuenta, un buen ejemplo para aludir a España dentro de ese “patrón latino” de crecimiento que pone de manifiesto la gran sensibilidad de nuestra economía a todo influjo exterior y nuestra gran dependencia de rubricas como las remesas de emigrantes, las transferencias internacionales o los flujos de capital e ingresos por turismo.

Esta acentuada perceptividad con respecto a los avatares internacionales, será más patente cuanto más amplio sea el grado de apertura de la economía española, y proclama de forma clara el despilfarro que supone el mantenimiento de una economía maniatada frente a sus potenciales capacidades de crecimiento y aprovechamiento de las coyunturas exteriores.

La política paulatinamente liberalizadora de esta década de los cincuenta que marca un punto de inflexión en la industrialización española, alcanzando su cota máxima con el Plan de Estabilización del 59, tiene un par de características que saltan a la vista, y que merece la pena aludirlas. Se trata del carácter de suavización que este decenio tiene respecto a la esclerosis de la década anterior, permitiendo así el lento y trabajado despegue hacia la modernidad. El segundo aspecto manifiesto, es su carácter gadual, resultado no de una gestión intencionada, sino más bien de “un tira y afloja” con las contradicciones internas aun anquilosadas en la estructura económica española.

Pese a la esperanzadora bonanza esbozada en los precedentes párrafos, no deben pasarse por alto la exteriorización de ciertas agudas contradicciones que todo estos retoques y empujes generaron. Tales como: la financiación de grandes obras publicas y empresas (son los años de SEAT, Ensidesa...) recurriendo al crédito bancario que finalmente era monetizado aumentando desfavorablemente las magnitudes monetarias; los estrujones exteriores y las fuertes necesidades de importación, sin respaldo alguno por parte de unas exportaciones reducidas y poco competitivas cuyo valor de transacción estaba dañado por un tipo de cambio arbitrario y sbrevaluado; las rigideces existentes en el mercado laboral, cuyos aumentos salariales nutrían a la inflación; o por citar una ultima, la creación o mantenimiento de las condiciones necesarias para el establecimiento de monopolios (y no necesariamente naturales o legales) que no hacían sino dar una mayor rigidez a la oferta.

Paradojas incubadas y espesadas con el paso de los años, que requerirán, mediado el decenio, de un nuevo paquete de medidas correctoras, en suma, una rectificación enérgica, radical y duradera: El Plan de Nueva Ordenación Económica de julio de 1959, más conocido como el Plan de Estabilización. Su puesta en practica simboliza el fin del sueño autárquico y, al tiempo, el inicio de una etapa de crecimiento acelerado finalizada en 1974. Durante la misma, España se consolidara con insuficiencias y desequilibrios muy notables, como una sociedad industrializada.

Los años sesenta y principios de los setenta.

Con el fin de preponderar el salto que nuestra economía experimenta en la década de los sesenta y principios de los setenta, y para homogeneizar y singularizar esta última y culminante etapa de nuestro proceso industrializador, voy a incluir el año 1959, y las observaciones referentes al Plan de Estabilización, en este tercer apartado temático.

El famoso Plan del 59, - inspirado por Joan Sardá desde el Servicio de Estudios del Banco de España -, tiene un carácter mucho más definitivo y contundente que las anteriores medidas practicadas. La firmeza de las decisiones adoptadas se complementa con la racionalidad económica de las mismas, así como con la propia coyuntura internacional, que no puede ser más oportuna y que no hace sino allanar el camino a los nuevos proyectos.

Los efectos que tendrá a corto plazo se exteriorizaran rápidamente, y a largo plazo, los cambios quedarán férreamente afianzados en las estructuras de nuestra economía.

El Plan de Estabilización estuvo, a diferencia de otras medidas adoptadas anteriormente, respaldado y asesorado por una serie de organismos internacionales, profesionales, y funcionarios capacitados, que le dieron un carácter mucho mas lógico y racional a tenor de las posibilidades, circunstancias y recursos existentes.

El más agudo significado del Plan reside en que implico el reconocimiento de que la senda por la que estaba siendo conducida nuestra economía, era ya un camino que no llegaba a ninguna parte, que no estaba acorde con las nuevas exigencias económicas e internacionales y, que todos sus recursos engendrados durante la Autarquía estaban obsoletos y marchitos.

Los resultados de las medidas adoptadas en el verano de 1959, son inseparables de dos factores básicos. En primer lugar, y sobre todo, de la fase expansiva dominante entonces en los principales países europeos. En segundo lugar, del empuje industrial interno consolidado a lo largo de un dilatado periodo previo durante el cual se fueron acumulando los componentes y factores apropiados (aumento del stock de capital tanto físico como humano, expectativas al alza, decadencia de la sumisión de la industria a la vieja actividad agraria, progresiva incorporación de la mujer al trabajo, ampliación de una burguesía industrial y financiera que apuesta por una política más liberalizada y emprendedora etc.) capaces de explotar un contexto internacional favorable.

En síntesis, y para adentrarme de lleno en los años sesenta y principios de los setenta, se puede compilar que el Plan de Estabilización fijo un marco, más flexible y coherente, para posibilitar el funcionamiento de la economía en concordancia con el resto de Europa occidental. Concediendo la primacía al sector privado y a los precios de mercado y, asignando al sector publico la tarea de velar por el cumplimiento de las reglas del juego de, más o menos, libre competencia, así como realizar las inversiones necesarias para estimularlo o complementarlo. En una palabra: Liberalización - interna y, sobretodo, externa -. Tan simple solución, como a su vez, eficaz.

El sector a la cabeza de este remate industrial fue, y valga la redundancia, el propio sector industrial. Se intensifico en gran medida el capital y reequipamiento, se incremento notablemente la productividad y competitividad, e incluso se logro un cierto proceso de especialización productiva. Nuestro sector estrella, además de crecer muy rápidamente -sobre todo en lo que se refiere a las industrias básicas -, se tecnifico, y diversifico relegando a las industrias de consumo (excepto la del calzado, que adquiere una dimensión espectacular en estos años)a un segundo plano, aunque por supuesto también crecieron en términos absolutos. El alcance de dicha expansión se puede glosar en una serie de datos muy significativos y concluyentes: Entre 1961 y 1974 la tasa media de crecimiento del PIB es del 7 por ciento, indiscutiblemente impresionante en nuestra historia económica, no solo por su cuantía sino también por su dilatada magnitud temporal. Aunque bien es verdad que esa cifra disfraza las oscilaciones que se producen periódicamente a lo largo de los casi 3 lustros considerados. La participación de la industria en el PIB pasó del 26 por ciento en 1964 al 34 por ciento, en 1974 con un aumento mucho menor de la participación laboral (lo que implica un importante aumento de la productividad del trabajo en las actividades manufactureras, especialmente notorio si se compara con los incrementos de la productividad en las actividades no industriales). Se consuma el desequilibrio entre el desarrollo industrial y el agrícola como una característica fundamental del desarrollo de la economía de los sesenta.

A pesar de que fueron muchas las industrias que prosperaron ostensiblemente (principalmente las químicas, metalúrgicas y de bienes de equipo), fue la del automóvil - con nuestro querido "seiscientos" como buque insignia- la que, paradójicamente (se la presto poca atención en el Plan del 59), simbolizo mejor los años del desarrollismo, revelando la relativa lozanía y potencialidad de nuestra economía, así como el aumento del nivel de vida y poder adquisitivo de los consumidores.

La ventura de la industria relega a un segundo plano a otros sucesos destacables dentro de este periodo de desarrollo sin precedentes. Fenómenos como el florecimiento del sector terciario (con el turismo como rubrica protagonista), éste no solo se sitúa a la cabeza de la distribución sectorial del PIB, sino también en la concentración por sectores de población activa; La ley General de Educación de 1970 impulsada por Villar Palasí, que, a pesar de las insuficiencias presupuestarias para aplicarla y las propias limitaciones derivadas del propio contexto político dictatorial, estimulo la superación de una de las carencias más notables de la evolución de la España contemporánea: La escasa atención prestada a la instrucción y cualificación de la población. Otro fenómeno característico del periodo es el concerniente a la magnitud de los importantes saldos migratorios que acaecen durante esta etapa, fruto de la mejora tecnológica ahorradora de mano de obra. Se consolida así la emigración, como una de las grandes contrapartidas de la modernización. Más de 1,3 millones de españoles se traslado a otros países de Europa, - principalmente Francia y Alemania -, y respecto al territorio nacional, los desplazamientos fueron todavía más espectaculares; de 1962 a 1973, cuatro millones de personas cambiaron su lugar de residencia, siendo los principales destinos Madrid, Cataluña o el País Vasco.

Merece un párrafo a parte el citar un ejemplo más, sin ser ni mucho menos el último o de menor importancia -más bien todo lo contrario -, voy a hacer referencia a los cambios en las respectivas relaciones con el exterior, y a su enorme trascendencia y capacidad de arrastre de toda la economía. Las balanzas de transferencias, de servicios y capitales a largo plazo, tuvieron una función primordial en la compensación del déficit comercial y el sostenimiento de todo el proceso de expansión de los sesenta. Las exportaciones se incrementan (el porcentaje sobre el PIB pasa de entre 1967 y 1974 del 4,7 al 8,0, para conseguir diez años después en 1984 el 14,7), y substancialmente cambian su composición; los productos agrícolas disminuyen sus ventas exteriores a la mitad (El porcentaje sobre el PIB pasa entre 1967 -1974 del 40,33 al 20,36 por ciento), mientras que las exportaciones de bienes de equipo y manufacturas aumentan de modo muy cuantioso su concerniente peso relativo entre las mismas fechas (Los bienes de equipo pasan del 12,96 al 22,32 por ciento y las manufacturas del 24,87 al 36,02).

Tras la evidencia de los datos es pertinente señalar que dicho dinamismo y desarrollo de las exportaciones españolas, no solo se debe al aumento de la demanda sino, lo que es más distinguido, a la mejora de la competitividad en contraste con la tradicional aversión del sector exterior español a enfrentarse a un entorno competitivo (Amparándose bajo el abrigo protector arancelario, la sustitución de productos o mercados etc.).

Sin quitarle protagonismo a los a los fenómenos y avances engendrados o consumados durante el decenio y a los palmarios indicadores económicos anteriormente citados, es preciso incidir en la importancia clave de esta etapa. Importancia que reside en el sentido de la profundidad y el carácter irreversible y definitivo, que se imprime a las transformaciones que se inician, progresan o se completan, durante los quince años que transcurren entre el Plan de Estabilización y los últimos coletazos del desfasado régimen. El periodo final del Franquismo, es pues, el que mejor se ajusta al corsé de la "Revolución Industrial Española", etapa que se extiende desde los sesenta, hasta los primeros años de los años setenta para confluir en la dramática concurrencia de dos hechos clave, el final del largo ciclo de prosperidad de los países desarrollados y la contigua crisis mundial, y el escollo final de la dictadura franquista.

Tras esta breve y “gratificante” exposición de la madurez industrial alcanzada y desarrollada durante el decenio de los sesenta, llega el momento de mostrar que no todo fue un cuento de hadas. La liberalización, no olvidemos, no es precisamente “el amigo que va de la mano” del régimen franquista, y no hay que dejar de lado el hecho de que con Franco y los suyos al poder, todo los cambios que impliquen apertura, mercado, iniciativa privada, flexibilizacion, liberalización etc. Son permutas muy relativas, llevadas a cabo lentamente, con recelo y a regañadientes.

Así pues, ante la tozuda realidad, el régimen tuvo que adaptarse, pero éste lo hizo muy pausadamente, reculando en todo momento. Los controles más evidentes y sólidos desaparecieron, otros simplemente se transformaron o disfrazaron, y, por supuesto, también se crearon otros nuevos más ingeniosos y refinados pero igualmente verídicos y operativos. Los empresarios españoles siguieron desarrollando sus funciones durante estos años, como durante toda la época contemporánea, es decir, en un contexto económico dominado por la discrecionalidad potestativa, la reiterada alteración de las reglas del mercado, y las numerosas restricciones impuestas por los gestores públicos, propensos a respetar, o incluso aumentar, las posiciones de privilegio de una parte de ellos cuya vinculación con el poder político ha sido siempre muy estrecha. La consecuencia directa de la vuelta a los controles fue el renacer de las posiciones privilegiadas, y por lo tanto, una nueva discriminación en la disposición de facilidades para invertir. En suma, más que la remoción de los pesados lazos autárquicos, los planes de desarrollo de los sesenta, fueron, en parte, una sutil, pero eficaz, reconversión de las directrices intervencionistas obsoletas.

Una realidad que muestra la supervivencia de las regulaciones y sus negativos efectos para la actividad económica y empresarial, es la existencia (desde la ley de Bases del Crédito y de la Banca de 1962) de los circuitos de financiación privilegiada.

Hasta 1973-1974, y aun cuando no faltaron modificaciones importantes (como la reforma de 1962, mediante la cual se nacionalizo el Banco de España), el sistema financiero y todo el entramado canalizador, carecieron de una política activa de control de las magnitudes monetarias básicas, regulándose los tipos de interés siempre a un “tipo artificial” más bajo.

El sistema llevado a cabo consistió en el establecimiento de los coeficientes de inversión obligatoria, soportado por el sistema crediticio, de tal manera que la mayoría de los recursos, eran absorbidos por diversos organismos públicos y “preferentes”. De nuevo, entre otros, el famoso INI, pudo financiarse a tipos inferiores a los del mercado con la contrapartida del despojo de la posible oferta de crédito para el conjunto de las actividades privadas y de las empresas. Entre 1962 y 1979, entre el 35 y el 45 por ciento de los recursos encauzados por el aparato crediticio, fueron absorbidos por esos circuitos privilegiados.

Este sistema entró en crisis con el famoso Caso Matesa, que tuvo notables repercusiones políticas y que no hizo sino evidenciar que el Estado no podía asumir un papel para el que no estaba capacitado.

En los últimos años de la dictadura franquista, se asistió a un gradual debilitamiento de estas políticas. El ocaso del régimen, y la posterior transición política, introdujeron un sentimiento de incertidumbre en los empresarios que afecto a su toma de decisiones y a las expectativas de inversión. El legado industrial que dejará el Franquismo adolecerá de un sinfín de carencias y debilidades que la crisis pondrá de manifiesto, embistiendo sin piedad las frágiles estructuras sobre las que se asentó nuestra economía durante los años del desarrollismo. La crisis nos afectara de lleno, dejando al país superviviendo como impotente testigo de lo que pudo ser y no fue... Y... De lo que fue sin llegar a ser.

Conclusión.

Tras esta pequeña incursión en la historia económica del Franquismo, y pese a mis relativamente exiguos conocimientos sobre un tema tan complejo y enrevesado de evaluar, dadas las tensiones existentes entre las posibles alternativas y los indefinidos efectos de éstas, me veo dispuesto a dar mi modesta opinión.

A tenor de lo que he podido leer y/o escuchar, mi valoración personal es que la labor económica desempeñada por las autoridades franquistas fue una alternativa demasiado cara y perjudicial tanto para las generaciones que la sufrieron como para las posteriores.

Cicerón dijo que “solamente pueden unirnos los buenos sentimientos; el interés no ha formado jamas relaciones estables”. Bien es verdad que tras una tan agitada y traumática etapa como es una guerra civil, es difícil lograr una armonía y “unión de sentimientos”. También se puede concretar, que incluso es humano y natural, especialmente en un cargo político, el velar por sus más directos “intereses” dada su efímera permanencia en la cima del poder. Pero pese a estos condescendiente asertos, creo que no hay justificación alguna en legitimarse bajo unos postulados que privan o reducen la libertad del individuo, ya sea en el ámbito personal, el social o el económico.

Soy partidario del tópico de que el régimen democrático es el menos malo, y creo que esa habría sido la mejor situación imaginable. No solo por los propios postulados que su doctrina implica, sino por las propias circunstancias que se dieron tras la Guerra Civil. Es evidente que si España se hubiese asemejado al resto de las potencias, el grado de cooperatividad habría allanado a nuestro país el camino hacia el desarrollo (nos habríamos beneficiado del Plan Marshall o del ingreso temprano en la Comunidad por citar dos de los casos más visibles) Y la búsqueda de esa tan ansiada convergencia habría sido mucho menos vacilante, más rápida y fructífera.

Ante los penosos resultados arrojados por la gerencia franquista durante sus primeros lustros de su gobierno, es cabal situarse bajo una critica contundente en contra de la labor del régimen, y apoyar cualquier medida económicamente más lógica, justa, y liberal. Desde mi punto de vista, creo que la excesiva rigidez de la etapa inicial del Franquismo fue un rotundo fracaso pagado injustamente por todos los españoles que sufrieron las consecuencias. Y, respecto a la segunda etapa (cuando se empiezan a dar los primeros y temerosos pasos hacia una tenue liberalización) El momento en que se empieza a vislumbrar un relativo progreso y se consigue un notable desarrollo tanto económico como social, se puede considerar como un logro del Régimen, y en efecto eso es lo que hicieron ellos, apuntarse el tanto. Ganancia obtenida, más que por las disposiciones adoptadas, por las medidas que se dejaron de aplicar. Personalmente no subestimo la soberbia terquedad y la excesiva lentitud que el Franquismo atesoró a la hora de enfrentarse a sus errores. Debido a esto, considero que la rectificación que supusieron los cambios y sus perceptibles efectos positivos, no constituyeron un logro justificado e imputable al régimen, sino más bien una consecuencia fruto de la empecinada realidad. La misma realidad a la que el Franquismo quiso desafiar, y a la que, tras ser derrotado, no supo reconocer.

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