Conceptos Clave

GDP (Gross Domestic Product) Producto doméstico bruto. Tiene que ver con el valor de los productos finales y servicios producidos por un país en un período de tiempo dado.

GDP = Consumo + Inversión + Gasto gubernamental + (exportaciones - importaciones)

Gini El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad. Normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y todos los demás ninguno). El índice de Gini es el coeficiente de Gini expresado en porcentaje, y es igual al coeficiente de Gini multiplicado por 100.

Introducción

La mala distribución del ingreso que nos caracteriza frente al mundo como una nación en vías de desarrollo, así como al resto de América Latina, no es para nada un tema nuevo en el tapete de la discusión social. Muchos la consideran (irresponsablemente, según creemos) como la única causa de la pobreza, y se habla de Justicia Social. De hecho, en nuestro país, la sensación de riqueza que nos ha proporcionado las alzas en los precios del cobre, como principal fuente de ingresos de Chile, nos enfrenta a una visión crítica del sistema de gobierno: si hay más ingresos nacionales, ¿Por qué el cambio no se hace notar en materias de salud, educación, obras públicas, etc.? Es la distribución del ingreso un tema puesto en duda en todas las áreas sociales, en todos los niveles, y por las más diversas razones.

Por Distribución del Ingreso entenderemos la manera en que una nación, a través de los diferentes entes económicos, como puede ser el Ministerio de Hacienda, prioriza las diferentes necesidades de la gente (entiéndase salud, educación, obras públicas, defensa, etc.), repartiendo sus ingresos para poder acceder a la satisfacción de éstas. Es decir, el Estado en sí, actúa como cualquier jefe de hogar, distribuyendo su sueldo entre las cosas más importantes, sólo que a gran escala. Debemos tener presente, al analizar cualquier función estatal, que la principal y más importante función de cualquier Estado ya sea en su sentido económico, legal, o en cualquiera de ellos, es el velar por el bien común. Esto, en teoría, debería verse reflejado en la manera en que un gobierno distribuye sus ingresos.

Ahora bien, sabemos que en la práctica no es así. Según el Informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas hecho en el año 2000, la diferencia entre el ingreso de los países más ricos y el de los países más pobres era de alrededor de tres a uno en 1820, de treinta y cinco a uno en 1950, de 44 a uno en 1973 y de 72 a uno en 1992. Según el mismo informe, en los rasgos más generales, podemos decir que el 80% de las riquezas se concentran en el 10% de la población mundial, mientras el 20% restante se reparten entre el 90% de las personas.

La experiencia nos ha demostrado que es en los países del Sur, o los países subdesarrollados, en donde se concentra una distribución del ingreso más deficiente que en las grandes potencias económicas, o en los países desarrollados. Esta tendencia, si bien superficialmente puede sonar bastante obvia, no tiene una explicación demasiado simple. Cabe preguntarnos el orden en que las cosas ocurren, es decir: ¿Es la mala distribución del ingreso la que determina que los países sean desarrollados o no, o más bien al revés?

Un estudio de la Distribución del Ingreso tanto a nivel nacional como mundial, no puede hacerse sin considerar las cifras y las estadísticas como fuente de la verdad, por lo cual el presente informe no es sino una recopilación de estos datos a favor de las conclusiones que podamos obtener de ellos.

Una visión histórica:

Las Causas de la Mala Distribución del Ingreso

Históricamente, hemos de reconocer que, si bien la pobreza en sí es una parte constitutiva de la sociedad humana, posiblemente desde sus inicios, las deficiencias en la distribución del ingreso constituyen una problemática social relativamente nueva, cuyo nacimiento tiene estrecha relación con la concepción y nacimiento del concepto de “Justicia social”, acuñado durante la Revolución Francesa (siglo XVIII) , y que, por lo tanto, no se ha presentado como tal a lo largo de la historia del ser humano occidental. Ahora bien, es también cierto que la lucha en contra de la pobreza, y el reclamo por la igualdad de derechos son movimientos tan antiguos como el ser humano mismo.

Remontándonos a la Época Clásica, en las antiguas Grecia y Roma la existencia de la esclavitud nos lleva a pensar que la distribución de los ingresos no era una problemática demasiado importante. Ambas sociedades teocéntricas, guardaban en sus culturas la creencia de que las cosas eran así por el cumplimiento de la voluntad divina, y los entonces gobiernos tenían facultades dadas por seres superiores. Esta idea era, a su vez, impulsada por el determinismo. No obstante, no debemos olvidar la rebelión de los soldados en los inicios de Roma, que clamaban la igualdad de derechos y la protección social para ellos, y que nos habla de la necesidad del ser humano, a través de su historia, de no sentirse en desventaja frente a otros. Tanto en el Imperio Romano como en la antigua Grecia, los sistemas democráticos que heredaron a occidente, siempre contemplaron la esclavitud como un factor presente, aunque silencioso.

La edad media, en que los señores feudales concentraban el poder económico y la atención estaba enfocada en la realización de las cruzadas, y otros fines religiosos, no fue un período en que la preocupación por la Justicia Social tuviese demasiada importancia. Las constantes batallas, y la situación de inseguridad en que se encontraba la población de más bajos estratos sociales, los llevaba a aceptar, a cambio de sus eternos servicios, un trozo de tierra y protección en caso de ataque.

Ya en la Edad Moderna, en que los Reyes eran considerados verdaderos dioses, y sólo debían rendir explicaciones de su administración a Dios mismo, concentrando todos los poderes del estado en su persona (“El Estado soy yo” Luis XIV) y heredando su vitalicio poder a sus hijos, es donde se comienza a concebir la idea de una sociedad más justa, en la que es necesaria una separación entre el Estado y la Iglesia, y la supresión de la esclavitud. Pero junto con la Revolución Francesa, que trae un sistema algo más justo, sucede también otro fenómeno no menos importante.

Ocurrida durante el siglo XVIII, la Revolución Industrial, que trajo consigo un gran desarrollo económico y un notable progreso tecnológico, significó también un grave conflicto para la sociedad en sí, conocido como la “Cuestión Social”. Este término se refiere al conjunto de problemas que afectó a los obreros tanto en sus formas de vida como en sus condiciones de trabajo. Al introducirse la máquina en la producción, desapareció el taller familiar que hasta ese momento existía. Surgieron grandes fábricas con gran cantidad de trabajadores. El antiguo artesano pasó a ser ahora obrero. Como consecuencia de esto, no sólo se perdió la relación que unía al trabajador con su obra, sino que el trabajo manufacturero se hizo mucho alcanzó un desarrollo enorme y rápido. Los gastos para montar una fábrica aumentaron notablemente, debido a ala magnitud de las nuevas empresas. Era necesario reunir grandes sumas de dinero, lo que dio nuevo impulso al capitalismo. Se primó, entonces, la propiedad privada y la competencia comercial, lo que impulsa, a su vez, al neoliberalismo.

Y luego, al caer el socialismo que la Unión Soviética representaba, el sistema neoliberal se instaura para siempre en la economía global, dando inicios al fenómeno de la globalización, y al surgimiento de organizaciones internacionales cuya preocupación se enfoca a las problemáticas mundiales, como la ecología, o la pobreza. Y son estas organizaciones las que acuñan, entonces, el término de la distribución del ingreso como un factor sobre el cual cada Estado debe responder a su gente.

El Neoliberalismo y sus Consecuencias en la Distribución del Ingreso.

El Neoliberalismo como sistema económico y comercial, se basa en los términos del capitalismo, dando mucha importancia a la propiedad privada, y protegiendo el derecho a ella, así como al capital en sí, es decir, a los recursos de los que cada uno dispone. Ahora bien, el neoliberalismo no sólo dicta que cada uno de nosotros tenga este derecho, sino además les da la oportunidad a quien quiera y pueda hacerlo, de montar una empresa y entrar a un mercado de competencias. Obviamente, esta es una oportunidad para la cual se necesitan recursos de los cuales no todos disponemos.

Entonces, una parte de la población, que cuenta con una mayor cantidad de recursos, tiene la posibilidad de montar una empresa, y se genera un sistema competitivo que se rige por la ley de la oferta y la demanda. A esto, además, se suma un crecimiento desmedido de la población.

He ahí la fórmula. En los países de capitalismo dependiente, la marginación es consecuencia del modelo de desarrollo capitalista. Este modelo ocasiona el desempleo de campesinos que migran desde las zonas rurales hacia la ciudad, y, dentro de las urbes, se genera una industrialización rápida e intensiva en capital que genera desempleados. Se crea, así, un excedente de población trabajadora, sin empleo y marginada, cuya desocupación e intentos por volver a conseguir un trabajo para poder mantenerse a sí mismos o a sus familias, traen como consecuencia un desvaloro de la fuerza de trabajo: el trabajador se hace reemplazable. De aquí se explica la tendencia, tan nueva como el neoliberalismo, de acceder a trabajos de corta duración en comparación con otros tiempos, en que un obrero podía trabajar en el mismo lugar durante diez o quince años. Resulta, por lo tanto, un error entender a los marginados como un sector social que no cumple función alguna en el proceso de acumulación del capital. Muy al contrario, los pobres juegan una importante función pues son utilizados por el capital ara rebajar los costos salariales de los obreros empleados, y para controlar y reducir la capacidad de acción, reivindicación y resistencia de los trabajadores, segmentan los mercados laborales y, en definitiva, contribuyen a aumentar el control y el poder que las clases dominantes ejercen sobre el trabajo.

La concepción Social de la Mala Distribución de los Ingresos.

La concepción de la Mala Distribución del Ingreso se genera por una necesidad de la población de exigir justicia social y económica, cuando se ve que las riquezas que un país posee no son repartidas con conciencia. Esto se ve sobre todo en aquellos países cuya población esta consciente de que existen ingresos abundantes, pero no ven que este hecho altere su realidad individual.

Denominaremos “Moral de la población” al estado de ánimo y predisposición de los individuos frente a las oportunidades que la sociedad les ofrece para superarse, o para satisfacer sus necesidades. Tiene una estrecha relación con el grado de satisfacción que un individuo muestra para con sus gobernantes, o con el sistema operante, pero dado que las personas más pobres no tienen una conciencia clara de este sistema como tal, y en muchos casos no saben ni se interesan por la ideología de su presidente, o de sus funcionarios públicos de cargos más altos, una definición más general se relaciona sólo con las soluciones que les atribuyen a sus propios problemas, y cómo la sociedad les concede este tipo de oportunidades.

Es claro que Chile, en los últimos dos años, es un ejemplo de este factor. Los medios de comunicación masiva, como los noticiarios televisivos o radiales, y los periódicos, se han encargado de mostrarnos los altos precios alcanzados por el cobre, y de recalcarnos lo bueno que esto es para el país. Entonces se genera en las personas esta sensación de riqueza desmedida: los ciudadanos más ingenuos, que generalmente pertenecen a la clase media, a la clase baja, o simplemente a los más pobres, tienden a creer que con estos excedentes que la minería nacional produce deberían producir un cambio radical: de un día para otro, convertirnos en un país desarrollado en todo el sentido de la palabra.

Es obvio que estas personas, al notar que el cambio no se produce efectivamente, y que continúan en su débil situación económica, que a penas les alcanza para satisfacer sus necesidades más básicas, y en ciertos casos ni siquiera para eso, se sientan descontentos con el gobierno de turno, o con el sistema económico en sí, y comiencen a preguntarse por qué esta ola de dinero extra no les alcanza a ellos también. Esta pregunta, cuya respuesta no es para nada obvia ni fácil, les lleva a una situación de angustia y malestar social, lo cual lleva a manifestaciones como huelgas, paros o marchas, y le quita credibilidad a los gobernantes y al Estado mismo.

Hemos, pues, de aclarar que una buena distribución del ingreso no tiene que ver con que las riquezas que el país produce se repartan equitativamente entre todos, a modo de dinero constante y sonante. Esto es absolutamente imposible al considerar que estamos inmersos en un sistema neoliberal, en el cual el Estado tiene muy poco, o nada que ver con el sueldo de cada ciudadano. Una buena distribución del ingreso es más bien aquél sistema financiero nacional capaz de repartir sus ingresos entre las diferentes necesidades del país: planes para la superación de la pobreza, mejoramiento de hospitales y vías públicas, más herramientas para la educación, actualización de las herramientas de defensa, etc. Ahora bien, la responsabilidad del Estado no llega hasta ahí, puesto que, recalcando que su función principal es el bien común, es él quien debe velar por que estos beneficios lleguen a las manos de todos los ciudadanos del país, especialmente quienes más los necesitan.

Es aquí donde Chile, como país, tiene sus principales deficiencias: la mala distribución del ingreso se nota cuando existe una brecha demasiado marcada entre la educación o salud pública gratuita, de la cual el Estado debe hacerse cargo, y los organismos privados, y es en este punto donde se requieren las mejoras. No puede ser que sea necesario pagar para poder acceder a una educación de calidad, o a una salud eficiente, rápida y efectiva.

La función del Estado bajo el Sistema Neoliberal

Aunque el mercado funciona muy bien en determinados aspectos de la actividad económica, como cuando actúa estimulando a los productores a fabricar los bienes que las personas requieren o incentivando a una mejor capacitación laboral, posee también muchos problemas y limitaciones. La producción de bienes, por ejemplo, es en gran parte una respuesta a las necesidades de los que tienen la posibilidad de adquirirlos, pero no garantiza la satisfacción de las necesidades de los pobres. En cuanto al sistema de precios, no siempre es el resultado de las fuerzas impersonales del mercado, en muchas situaciones uno (monopolio) o algunos (oligopolio) participantes del sistema tienen poder para influir en el precio. Por último, cabe señalar que los sistemas de empresas privadas sin regulación suelen ser muy inestables, con períodos inflacionarios seguidos de agudas recesiones.

Ahora bien, el Estado, dentro de un sistema económico neoliberal, tiene un rol bastante limitado. Esto, por el llamado “Principio de Subsidiariedad”, un principio que establece que una estructura social de orden superior no debe interferir den la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de su autonomía y, en consecuencia, del pleno ejercicio de sus competencias, sino que, por el contrario, su función debe consistir en sostenerle, ayudarle a conseguir sus objetivos y coordinar su acción con la de los demás componentes del cuerpo social a fin de alcanzar más fácilmente los objetivos comunes a todos. En pocas palabras, establece que el Estado deberá participar sólo en aquellas actividades en las que puede desempeñarse en forma más eficiente que el sector privado.

¿Cuáles son estas funciones? A grandes rasgos, las funciones económicas del estado se resumen en cinco principales: el gasto, los impuestos, la regulación, la función estabilizadora y la gestión de empresas públicas.

El primero, el gasto, es uno de los mecanismos más importantes con que el Estado se hace presente en la economía. Durante el siglo XIX, la mayoría de los países que ya habían adoptado el sistema neoliberal limitaban su gasto público a las necesidades de las fuerzas armadas, los salarios de un reducido cuerpo de funcionarios y algunas obras públicas. Después de la crisis de 1929 y debido a la importancia que adquirieron las ideas keynesianas, la mayoría de los países afectados aumentaron el gasto público como una forma de combatir la depresión.

Al igual que las familias y las empresas, el Estado cumple una función consumidora. Para su funcionamiento requiere de muchos bienes, pero también debe pagar la contratación de servicios, como los de funcionarios en las distintas reparticiones públicas, los profesores o los carabineros. Cuando el estado compra estos bienes y servicios, hace una demanda directa sobre la capacidad productiva de la nación, es decir, como cualquier otro agente consumidor, puede estimular la inversión para producir determinados bienes y, como generador de empleos, ocupar la fuerza de trabajo existente en el mercado laboral. Realiza, además, transferencias públicas, que son pagos del Estado a cambio de los cuales no hay compensación de ningún bien o servicio por parte de los beneficiarios. Son transferencias los gastos sociales destinados a los sectores más necesitados: planes para la reducción de la pobreza, por ejemplo. Lo son también el pago de las pensiones de jubilación y las prestaciones recibidas por los ancianos.

El cobro de impuestos es un mecanismo del cual provienen parte importante de los ingresos del Estado, a través de pagos legalmente obligatorios, hechos por las personas y las empresas y que el Estado utiliza en los gastos propios de su función.

La función de regulación tiene que ver con las facultades sancionadoras del Estado, que han ido en aumento durante las últimas décadas. Es frecuente que los gobiernos establezcan controles de precios a determinadas industrias, que regulen los monopolios y que protejan a los consumidores en materias relacionadas con la publicidad, la salud o la contaminación. En nuestro país, la función reguladora se realiza a través de una gama importante de servicios dependientes de los ministerios, que dirigen su acción a sectores específicos (SERNAC, por ejemplo).

Las políticas fiscales constituyen estabilizadores automáticos de la economía, porque tienden a reducir mecánicamente la fuerza de las recesiones y/o de las expansiones, sin que sean necesarias medidas discrecionales de política económica. En esta función, el Estado se preocupa de estabilizar las fluctuaciones de la economía y sus ciclos.

No son muchas las empresas públicas en nuestro país, dado que se ha optado por la adquisición de tratados de libre comercio, y una economía más bien adaptada al fenómeno de la globalización, que ha permitido la entrada de empresas extranjeras en gran cantidad. No obstante, es claro el ejemplo de CODELCO (Corporación Nacional del Cobre), cuya presencia tiene una gran incidencia en el carácter altamente capitalizado de la minería, su alta productividad y su importante capacidad competitiva en el mercado internacional, que ha generado ingresos decisivos para el financiamiento de los gastos sociales y militares de los gobiernos posteriores.

Derecho económico:

La Constitución Política del Estado de Chile, promulgada en 1980, considera un capítulo referida al Banco Central:

Artículo 97.- Existirá un organismo autónomo, con patrimonio propio, de carácter técnico, denominado Banco Central, cuya composición, organización, funciones y atribuciones determinará una ley orgánica constitucional.

Artículo 98.- El Banco Central sólo podrá efectuar operaciones con instituciones financieras, sean públicas o privadas. De manera alguna podrá otorgar a ellas su garantía, ni adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos o empresas.

Ningún gasto público o empresa podrá financiarse con créditos directos o indirectos del Banco Central.

Con todo, en caso de guerra exterior o de peligro de ella, que calificará el Consejo de Seguridad Nacional, el Banco Central podrá obtener, otorgar o financiar créditos al Estado y entidades públicas o privadas.

Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Hacienda tiene como tarea dirigir la administración financiera del Estado, proponer la política económica y financiera del Gobierno en materias de su competencia y efectuar la coordinación y supervisión de las acciones que en virtud de ella se ejecuten. Entre sus facultades más importantes se encuentran la elaboración del proyecto de presupuesto del Sector Público y dictar las normas para su ejecución, la administración de los recursos financieros del Estado, la proposición de la legislación relativa a la administración del personal del Sector Público y, especialmente, la referida a dotaciones, remuneraciones, jubilaciones, pensiones y montepíos, entre otras.

La actual política económica del gobierno se basa en el funcionamiento del mercado. El rol del Estado se concentra en la creación de mercados cuando estos no existen; la corrección de las fallas de mercado, cuando éstas sean verificables y existan mecanismos técnicos apropiados para hacerlo; la regulación de mercados que no son plenamente competitivos o donde los factores externos son importantes; y la generación de políticas que permitan a todos los ciudadanos alcanzar condiciones sociales mínimas, las que se reflejan en los programas impulsados en las áreas de salud, educación y vivienda. Entre estos están el Plan Auge, la Jornada Escolar Completa, y los programas de vivienda social del gobierno además de programas como Chile Solidario, por citar algunos.

Ahora, cabe preguntarnos con qué criterios se prepara el Presupuesto de la Nación, puesto que éste tendrá la función de principal guía económica para los dirigentes del estado. El Presupuesto de la Nación es el resultado de un minucioso proceso de análisis, formulación, consulta, discusión y sanción, entre diferentes actores e instituciones. Para asegurar su consistencia económica y financiera, desde el año 2000, éste se enmarca en la regla preanunciada de generar un superávit estructural equivalente a un 1% del producto interno bruto (PIB). Esto significa que al tomar las decisiones de gastos, el gobierno considera sus capacidades reales de financiamiento a largo plazo y evita hacer compromisos con cargo a holguras transitorias, como cuando el precio del cobre está alto o la actividad económica está sobrecalentada. Para que esta regla sea lo más transparente posible, se consulta a Comités de Expertos Externos respecto al precio del cobre de largo plazo y el nivel de producción potencial de la economía que debe incorporarse para su estimación, lo que permite determinar el gasto compatible con la regla del superávit estructural. Estas son las principales etapas de la elaboración del proyecto de Presupuesto:

En abril del año anterior se inicia el análisis por parte de funcionarios de instituciones del Sector Público, expertos externos, autoridades de gobierno y miembros del Congreso Nacional. Simultáneamente, el Ministerio de Hacienda evalúa los resultados de programas incluidos en el presupuesto anterior y analizan los indicadores de desempeño de las instituciones públicas. Esta información define un marco de gastos iniciales que considera aquellos gastos obligatorios por ley o por contrato y la continuidad de programas con evaluación satisfactoria.

Considerando sus prioridades todas las instituciones del Sector Público desarrollan y presentan al Ministerio de Hacienda propuestas para ampliar programas exitosos o crear nuevos programas, las que postulan a un fondo común posible. Tras un intenso proceso de análisis y discusión técnica de las propuestas de parte del Ministerio de Hacienda y MIDEPLAN, el Presidente de la República realiza una revisión y se define el proyecto de presupuesto para cada institución.

Distribución del Ingreso en Chile

A lo largo de la historia de Chile, se han registrado significativos cambios en materia de Distribución del Ingreso y de Pobreza.

Durante los años setenta y ochenta, la distribución del ingreso se deterioró notoriamente, y se elevaron los índices de pobreza. Esta situación tuvo mucha relación con el empeoramiento de salarios y nivel de empleo, y la caída del gasto social por habitante. El peor año en cuanto a distribución del ingreso y pobreza se registró durante la década de los ochenta, en la cual estaba instaurado el régimen militar en nuestro país. Durante este período, predominó la idea de que la equidad resulta del crecimiento, un fenómeno al que se suele llamar “chorreo”, y que tiene que ver con la idea de que el progreso de los ciudadanos viene de las escuetas sobras de sus gobernantes. Los recursos se “rebalsan”, y con este rebalse la población debe salir adelante.

En los noventa se registró un detenimiento de esta tendencia al deterioro que se observaba durante el régimen de dictadura, y la pobreza se redujo sustancialmente de un 45% en 1987 a un 19% en el año 2003. Las autoridades que marcaron la vuelta a la democracia, se preocuparon especialmente de emprender esfuerzos sistemáticos para mejorar la situación social. Se reestructuraron las prioridades gubernamentales, destinando mayor cantidad de ingresos al gasto social, mediante una reforma tributaria. Se llegaron a acuerdos para mejorar notablemente el salario mínimo, y se introdujeron reformas de protección a los trabajadores. Estas políticas trajeron cambios positivos muy visibles: un salario mínimo 102% mayor que el de 1989, una significativa mejora de un 10% en la tasa de desempleo, y un crecimiento de un 54% en las remuneraciones reales medias. La distribución del ingreso, no obstante, luego de una mejora en la primera mitad de la década de los noventa, retrocedió parcialmente durante el período 1999 - 2002, dado que se incrementó la brecha entre el primer y el último quintil.

La reactivación económica reciente, ha hecho que se registre una pequeña mejora en la distribución desde entonces.

A modo de balance de estas tres últimas décadas, podemos concluir que hoy la distribución del ingreso es mejor que en los ochenta, peor que en los setenta, y notablemente más regresiva que en los sesenta. (Ver Gráfico 1, tabla 1, adjuntos)

Con todo, la relación entre el quintil más pobre y el más rico se elevó de 12,9 veces a 14,9 durante la primera mitad de la dictadura y a 19,9 veces en la segunda mitad de la misma. Todos los antecedentes más consistentes demuestran que la distribución mejoró modestamente durante los noventa, antes del contagio de la crisis asiática. El coeficiente entre el quintil más bajo y el más alto se situó en un promedio de 15,6 veces durante el período comprendido entre 1990 y 1998. Pero, tras la llegada de la crisis, esta cifra tuvo una regresión no menor, situándose en un 17,1 entre los años 1999 y 2002. Cabe comentar que la variable que más incidencia tiene en estas cifras es la que tiene relación con los sucesos laborales, es decir, las leyes de realidad laboral, la tasa de desempleo, la existencia de organismos fiscalizadores, etc.

Chile dentro de América Latina

La posición de Chile dentro del continente latinoamericano es bastante controversial, bastante extraña, por decirlo de alguna forma. Esto si pensamos que existe un consenso general sobre la influencia positiva de la educación en la superación de la mala distribución del ingreso, y de la pobreza.

Chile ya posee un mejor nivel educacional promedio que Argentina, Costa Rica y México, ¿cómo se explica que tenga una peor situación distributiva? Por otra parte, para un latinoamericano promedio, a través de toda su trayectoria de vida, finalizar sus estudios secundarios (12 años de escolaridad) ni siquiera le permite triplicar los ingresos que tiene un analfabeto. La diferencia cuantitativa en el perfil de ingresos sólo se materializa cuando este latinoamericano promedio adquiere una carrera universitaria; una profesión universitaria constituye realmente el mecanismo para acceder a un estándar de vida bastante diferente del de un analfabeto. Pero, no es viable la posibilidad de que todos los jóvenes chilenos (y latinoamericanos) ingresen a la universidad. La solución a este problema, entonces, se muestra bastante difusa.

A rangos generales, Chile posee una de los peores ejemplos de distribución del ingreso de América Latina, a pesar de que se reconoce que también tiene una de las economías más estables, y, a nivel mundial, es uno de los países con más recursos destinados a la educación.

Existe abundante evidencia empírica que sugiere que, al compararse con el resto del mundo, las economías latinoamericanas se caracterizan por su elevado nivel de desigualdad en la distribución del ingreso. Si bien comparten ese rasgo, las distribuciones del ingreso latinoamericanas no son todas iguales. Al interior de la región existe una significativa diversidad en la posición y forma de las distribuciones del ingreso nacionales. Mientras que el coeficiente de Gini de la distribución del ingreso per cápita familiar es 0.451 en Uruguay, resulta sustancialmente mayor en Nicaragua: 0.551 según la EMNV (Encuesta de Medición de Niveles de Vida), 2001.

La tasa de participación femenina en la fuerza laboral chilena es notoriamente inferior a la de otros países latinoamericanos. Este diferencial de menor participación femenina chilena se observa a través de todos los grupos de ingreso. Además, es posible apreciar en Chile el gran diferencial existente en la tasa de participación femenina para distintos estratos de ingresos; 50% en el quintil más rico y sólo 20% en el 30% más pobre.

Dentro de América Latina, Chile se posiciona en el segundo lugar, sólo superado por Brasil, en el coeficiente Gini. (Ver tabla 2).

Chile en medio de la Globalización

El fenómeno de la globalización, cuya principal característica recae en el predominio del Neoliberalismo como sistema económico, no ha estado ausente de nuestro país: la adquisición de Tratados de Libre Comercio, como principal función económica dentro de la última década, por ejemplo, es un factor que demuestra este hecho.

Actualmente, las economías del mundo han tendido a profundizar el uso de los mercados, bajo la convicción que a través de ellos se logra la mejor asignación de los recursos productivos y un mayor crecimiento económico. Sin embargo, también se ha reconocido desde las bases de la teoría económica, que el mercado no tiene por qué generar una distribución igualitaria o equitativa. No obstante, también se ha argumentado que es posible un crecimiento económico sostenido que genere un mayor nivel de bienestar para el conjunto de la sociedad sin provocar mayores desigualdades en la distribución del ingreso.

En efecto, en nuestro país, el 20% más rico de la población recibe 17 veces más ingresos que el 20% más pobre; en contraste, en los Estados Unidos esta misma relación alcanza a 8.9 veces; y en Perú y Corea del Sur estas relaciones alcanzan a 10.5 y 5.7 veces, respectivamente (PNUD, 1995). (Ver gráfico 2)

El Gráfico 2 presenta el coeficiente de Gini y producto per capita para una muestra de países. Dicha figura, muestra a Chile con un ingreso anual del orden de 5.000 dólares por habitante. Al mismo tiempo, Chile exhibe un coeficiente de Gini entre los más altos del mundo. La figura también muestra significativo número de países, de similar o mayor nivel de desarrollo, con menores niveles de desigualdad. Por otra parte, entre los países de rápido crecimiento (al igual que Chile durante las última década), Malasia y Tailandia, exhiben menores niveles de desigualdad que Chile.

Hemos de destacar que la economía chilena fue una de las que obtuvo el mayor índice de crecimiento durante la década de los noventa. Ha acortado en alrededor de 25% la brecha de ingreso per-cápita con los países de ingreso alto. Chile es hoy la economía más competitiva de la región, acercándose a niveles de economías como España, Portugal, Nueva Zelanda e Israel.

En cuanto a nuestra posición mundial en la temática de la distribución del ingreso como tal, Chile se encuentra en una posición bastante baja, al igual que la mayoría de los países de América Latina, y el primer lugar en esta tabla lo ocupan países como Japón, Finlandia o Alemania.

Las Consecuencias de la Mala Distribución del Ingreso

Como lo mencionamos anteriormente, una mala distribución del ingreso tiene como consecuencia inmediata el decaimiento de la moral de la población, es decir, un descontento de los ciudadanos para con sus gobernantes, o para con el sistema económico dominante, puesto que es en él en quien ven el culpable de sus problemáticas.

Los pobres, enfrentados a las duras realidades que deben atravesar en su cotidianeidad, tienden a ser más bien derrotistas y fatalistas frente a la posibilidad de superar su situación, pues ven en el sistema neoliberal un enemigo que no es real, pero que, mal empleado como está, tiende a hacernos pensar que es él el culpable de las variadas problemáticas sociales. Este derrotismo tiene que ver con la angustia que provoca ver que el país crece entorno a ellos, mientras que sus familias se quedan estancadas en la precariedad, sin mayores oportunidades reales para surgir. En la compleja interioridad del ser humano, las deficiencias en la distribución del ingreso generan resignación por parte de los más necesitados, impotencia y descontento de las clases sociales más bajas, y la falta de ánimos para intentar superarse.

Ahora bien, más concretamente y a largo plazo, la mala distribución del ingreso genera clases sociales, y, por lo tanto, pobreza e injusticia social, aunque no es la única causa de estas. Hemos observado a través de los datos que la mala distribución de los ingresos está siempre ligada con la pobreza. Como todo el mundo sabe existe la extrema pobreza y también la pobreza relativa. Cuando la distribución de ingreso comienza a concentrarse en pocas manos, la pobreza relativa aumenta y también la extrema pobreza. Esta es una experiencia tanto en los países subdesarrollados como desarrollados. Los economistas que hace unas décadas atrás no encontraban relación entre la mala distribución y la pobreza, se han percatado que procesos rápidos de concentración de los ingresos, conducen a la aparición de bolsones de pobreza en lugares y áreas que anteriormente no existían. La concentración de la riqueza y la mala distribución de los ingresos van acompañados siempre con el empeoramiento de los sistemas públicos de salud, subsidios de cesantía y otras prestaciones sociales que permitían grados mayores de equilibrio entre los diversos grupos de la sociedad. El hecho de que los recursos se concentren como ganancias en las manos de unos pocos genera de inmediato una clase que se adueña de los medios de producción, en contra posición a una clase mucho más amplia, de hombres cuyos recursos no alcanzan para solventar el capital necesario para montar una empresa lo suficientemente sólida como para competir en los grandes mercados, y que tiene que conformarse con una pequeña empresa como medio de subsistencia, con pocas posibilidades de crecer. Si bien a aumentado el acceso de los sectores pobres a la economía capitalista el ingreso sigue siendo insuficiente, y las variables de empleo, salud, educación, etc. siguen en contraste con la desigualdad.

Dado que la mala distribución del ingreso genera pobreza, con ella genera también todo lo que de ésta deriva: indirectamente, la mala distribución del ingreso origina problemas como la drogadicción, la delincuencia, la falta de acceso a una educación privada, la marginación social y económica, etc.

¿Podemos mejorar la Distribución del Ingreso?

Antes de comenzar a plantearnos soluciones al complejo problema de la Distribución de los Ingresos, hemos de considerar que, dada la amplia diversidad de factores que influyen en ella, cualquiera de las ideas viables que surja, tendrá resultados a largo plazo. Por lo tanto, es probable que, a estas alturas, Chile no alcance a convertirse en un país desarrollado para el año 2010, como muchos aventuraron a prever, sino que tardará mucho más en solucionar sus problemas internos de distribución, y, por lo tanto, pobreza y lo demás.

Entre las herramientas comúnmente mencionadas para mejorar (modificar) la distribución de los ingresos se menciona las políticas de educación, tributarias y de gasto social. Estas políticas por sí solas o en forma conjunta presentan características, al menos desde la perspectiva teórica, que permitirían mejorar la distribución de los ingresos.

En este sentido, políticas de inversión en educación orientada a sectores de bajos recursos incrementarían la productividad e ingresos de los beneficiarios. Sin embargo, este tipo de políticas requieren de un tiempo de maduración, por lo que sus efectos sobre la distribución del ingreso sólo serán observados en el largo plazo.

Para comenzar a educar bien, es necesario, primero, elevar la calidad de las instituciones educativas públicas, para poder aminorar la brecha entre la educación de aquellos que pueden pagar una educación privada, y los que no. Y es que hoy en Chile, los que no tienen los suficientes recursos, deben conformarse con una educación bastante mediocre. Y al mejorar la calidad de la educación, no nos referimos a iniciar una “Operación Colador” para que los jóvenes con aptitudes extraordinarias accedan a educación de calidad, dejando atrás a quienes no gozan de estas aptitudes, sino más bien, que el Estado, de una vez por todas, tome en serio su rol del “bien común”, y asegure para todos las oportunidades para superar las situaciones de pobreza. La decadente situación educativa actual no nos hace sino reflexionar sobre el sistema en general: en un país con índices de pobreza relativamente altos y con una desigualdad de ingresos astronómica, como hemos visto en los datos y tablas, ¿es conveniente y ético dejar la educación y salud de las personas en manos de privados?

Es cierto. Como lo hemos dicho, Chile es uno de los países a nivel mundial que más ingresos gasta en la educación. No obstante, las altas cifras que se invierten en esta materia no sirven de nada, si no existe la adecuada administración de ellas. Los acontecimientos de los que hemos sido testigos en las últimas semanas (Colegios Britania, por ejemplo) dan un triste espectáculo de nuestro país a los ojos del mundo. Es necesario que el Estado cumpla su rol fiscalizador y regulador en todos los ámbitos.

Este cambio, además, debe generarse a nivel general. No puede ser que el Estado destine recursos a actividades como el deporte, y que éstos vayan a parar a ambiciosos bolsillos de gente acomodada, enriqueciéndola y empobreciendo a aquellos en riesgo social. El Estado debe fiscalizar los dineros que destina.

Ahora bien, no podemos enfocarnos en mejorar la calidad de la educación con el objetivo de que todos los jóvenes logren sacar adelante carreras universitarias, y profesionalizarse en las diversas áreas. Como lo mencionamos antes, el que todos los jóvenes de Latinoamérica o de Chile logren terminar sus estudios superiores, no sólo es poco probable, sino que además no considera lo que, en materia de antropología, podría denominarse un “desarrollo sostenible”. Tras un par de décadas, nuestro país estaría totalmente falto de población dedicada a oficios técnicos, lo cual no tiene una importancia menor, e incluso, habría una gran cantidad de población con carreras universitarias en situación de cesantía, lo cual también generaría un descontento social y una problemática no menor.

Es necesario para esto, la revisión del sistema laboral completo. Si los jóvenes están concientes de que los oficios técnicos tienen una valoración mucho menor a la que poseen las ocupaciones profesionales, aquellos que no puedan acceder a una educación superior son presa del derrotismo, y se auto- condenan al estancamiento social, mientras que los que sí pueden sacar adelante una carrera, no consideran siquiera la opción de optar por una técnica. Finalmente, esto empeora la brecha entre ricos y pobres.

Por otra parte, el gasto social juega un papel preponderante como herramienta de corto plazo para mejorar la distribución del ingreso. Su efectividad depende de los montos destinados a gasto y la efectividad de la focalización. En efecto, en 1990, el Coeficiente de Gini que considera ingresos netos alcanza a un 0.55, el que se reduce significativamente a 0.52 al considerar políticas sociales. Si consideramos la razón de quintiles, observamos que en 1996, a nivel nacional, la razón entre los ingresos promedios del quintil más rico respecto al más pobre (Q5/Q1) se reduce de 17 veces a 11 veces. Estas conclusiones se mantienen para distintos indicadores y zonas geográficas. También se observa un impacto creciente de las mejoras en la distribución del ingreso producto del gasto social. Este mayor impacto estaría explicado por mayores montos asignados y mejor focalización.

Conclusiones

La mala distribución del ingreso es un problema que afecta, en mayor o menor medida, a todos los países. Y es que, no importa quien sea o los ideales que tenga, cualquier persona que se vea enfrentada a la administración de recursos a gran escala, se siente inmediatamente tentado a usufructuar para sí parte de esos recursos. Esto es una realidad inherente al ser humano.

Ahora bien, a grandes rasgos hemos de desmitificar un poco el problema de la distribución de los ingresos: la importancia de una buena administración de los recursos que un país genera recae en su capacidad para mejorar sus índices de desarrollo humano, cuyos objetivos no son opuestos al del desarrollo económico, como suele entenderse. El desarrollo humano no está para nada lejos del objetivo de la economía. Debería más bien existir una complementariedad entre ellos, a tal punto que, si la economía pretende generar riquezas y producir las coordinaciones necesarias para ello, el desarrollo humano debe utilizar estas riquezas para sus propios objetivos: crear un ambiente propicio para que los seres humanos disfruten de una vida prolongada, saludable y creativa, mejorando la situación de la salud, la educación y las posibilidades de consumo. ¿Por qué esto no es así? Principalmente, porque para tener un desarrollo humano positivo, no basta con tener un crecimiento económico positivo, sino que además, debe existir una buena distribución de los ingresos. Es esta la razón por la cual Brasil, que tiene un rol tan activo en la economía global, tiene un índice de desarrollo humano tan bajo, o por qué Chile, que posee la economía más estable de Latinoamérica, no se convierte en un país desarrollado. Es un error ver al desarrollo humano y al económico como elementos entre los cuales se debe escoger, puesto que son absolutamente complementarios, pero es cierto que el último es un llamado de atención a las políticas sociales, y su forma de administración.

Dado que las realidades laborales están sometidas a los cambies en la tecnología, cultura y economía, y la modernización hace que estos sean muy fuertes y de grandes proporciones, las políticas de gobierno debe estar orientadas a la preparación para admitir estos cambios de manera sustentable, es decir, que no afecten el desarrollo humano. Esto es vital, para mantener una buena distribución del ingreso, pues se mantienen también las condiciones laborales.

La distribución de los ingresos es una de las tantas condiciones económicas que deben estar presentes para el correcto desarrollo social, pero, juega además, un rol inverso. Cuando los ciudadanos ven que los ingresos son repartidos de manera equitativa, y este factor les ayuda a superar sus situaciones adversas, se generan las condiciones sociales que ayudan al desarrollo económico: confianza interpersonal, diversidad y tolerancia cultural, disposición a la cooperación, etc. Estos recursos sociales están debilitados por la totalización del mecanismo de mercado, por sobre el de la sociedad, además de la debilidad de la política y la sociedad civil, lo que desemboca en una “naturalización” de la errónea lógica derrotista.

Hay que tener claro que si bien han existido importantes logros en materia de reducción de la pobreza a nivel mundial, estos no han sido acompañados o no han ido al mismo ritmo que los avances esperados en la distribución del ingreso. En los últimos años ésta se ha mantenido inalterada, o mejor dicho "intachable", sin modificaciones positivas; es más, se indica que ha sido relativamente estable (si se utilizan estudios con metodologías comparables) en los últimos 30 ó 40 años. Algo que, por lo demás, parece ser una característica de distintos países y regiones en el mundo. La carencia de progresos en esta materia ha generado una preocupación en distintos ámbitos de la vida nacional. Y esta preocupación se explica no tanto por la ausencia de avances sino principalmente porque la distribución del ingreso en Chile se caracteriza por ser relativamente desigual.

Por otro lado, la distribución del ingreso es solamente otra de las tantas problemáticas sociales que aquejan a nuestro ya desgastado Chile. Es difícil saber si es causa o consecuencia de factores como la educación o las situaciones laborales, y por lo tanto definir cuál es el problema de fondo para buscar una solución. Reconocemos más bien, que es parte de un ciclo de injusticias sociales que desembocan en un empobrecimiento de los más pobres, y un enriquecimiento de los más ricos.

Específicamente en este tema, las soluciones deben, sean cuales sean, encontrar un origen en las clases con más acceso a los recursos, en su propia conciencia y en su conocimiento de los ciclos económicos. Y es que la democracia como práctica social, la participación entendida como la transferencia del poder efectivo de la gestión de los grandes problemas de la sociedad, las aspiraciones de igualdad, parten del reconocimiento de que en un sociedad los derechos no pueden distribuirse en forma desigual, porque esa distribución desigual niega la propia condición de esos derechos.

Por último, sólo nos queda decir que, en un país con índices de crecimiento acelerado, con posibilidades reales de surgir y convertirse en un país desarrollado, y con las enormes ventajas comerciales que Chile posee, es un triste espectáculo ver que la distribución del ingreso es tan desigual, y que esto nos tranca como nación. Nos hace pensar que, quienes están a cargo de ella, no sienten esas ganas de que el país crezca, sino que sólo buscan la satisfacción de las necesidades propias. Es de esperarse que esta situación mejore, puesto que los niveles de la educación pública y las desigualdades en la distribución de los recursos son las únicas barreras que nos separan de convertirnos de una vez en un país desarrollado en plenitud.

Keynes planteó a comienzos del siglo XX, que si una economía está deprimida por ausencia de capitales para invertir, existe un sustituto a la inversión privada: el Estado.

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