—Concepto

Toda desamortización es un intento de sanear la Hacienda. Para que haya un Estado fuerte debe haber una Hacienda saneada, y para que haya una Hacienda saneada es necesario que los contribuyentes puedan pagar sus impuestos. Es el principio liberal de que la suma de las riquezas particulares es la riqueza de toda la nación. Durante la Ilustración se tomaron varias medidas para intentar enriquecer la nación por medio del fomento del comercio y de la industria. Estas medidas fallan por no haber consumidores posibles: la inmensa mayoría de tales consumidores serían los campesinos que están sometidos a una economía de subsistencia. La tierra es, pues, el factor desencadenante. Los labradores no pueden contribuir a Hacienda por esta economía de subsistencia en la que viven a la que se añade una doble fiscalidad: la que les impone la Iglesia, por una parte, y la que les imponen los señores feudales o el Estado. Si le añadimos a esto los grandes gastos a los que deben hacer frente (herramientas y materiales cada equis tiempo y semillas y abonos de forma anual), entenderemos que no tiene ningún sentido pretender que sean consumidores de los bienes que esa industria posible pudiera ofrecerles. Para que puedan entrar en la economía nacional, los labradores deben convertirse en empresarios; en consecuencia, el Estado debe, en primer lugar, quitar los obstáculos de todo tipo con que cuentan para ello y, en segundo lugar, convertirlos en propietarios de sus propias tierras. En el siglo XVIII, un enorme porcentaje de las tierras de España era o bien improductivo (es decir, no cultivable) o bien de bajo rendimiento: pastos, cotos de caza, tierras abandonadas... En 1766 se abre un expediente para intentar obtener datos que permitan elaborar una Ley agraria. El resultado hacía evidente la necesidad de un cambio en la propiedad de las tierras que entonces se hallaban en poder de las llamadas "manos muertas". Estas son tierras el poder de una serie de instituciones (señoríos, Iglesia, Ayuntamientos, el propio Estado) que no pueden vender las tierras por estar vinculadas a ellas. Estas tierras ni son cultivadas ni pagan impuestos de ningún tipo, por lo que no generan riqueza alguna. La solución era evidente: era necesario que el Estado se apropiara de estas tierras y las pusiera a la venta libre a través de la subasta al mejor postor.

Las desamortizaciones son procesos políticos y económicos de larga duración en España (1766-1924), en el cual la acción estatal convirtió en bienes nacionales las propiedades y derechos que hasta entonces habían constituido el patrimonio amortizado (sustraído al mercado libre) de diversas entidades civiles y eclesiásticas para enajenarlos inmediatamente en favor de ciudadanos individuales. Las medidas estatales afectaron a las propiedades plenas (fincas rústicas y urbanas), a los derechos censales, y al patrimonio artístico y cultural de las instituciones afectadas. Con las desamortizaciones se pretendió la formación de una propiedad coherente con el sistema liberal, es decir, la instauración de la propiedad libre, plena e individual que permitiera maximizar los rendimientos y el desarrollo del capitalismo en el campo. La entrada de esta masa de bienes en el mercado se efectuó, en general, a través de dos procedimientos: la subasta al mejor postor como fórmula preferente y más extendida en el caso de propiedades plenas, y la redención por el censatario cuando se trataba de derechos.

—Introducción

En España durante el siglo XIX la agricultura fue la actividad económica más importante. Mas de la mitad de la renta nacional procedía del sector agrícola y ganadero, que ocupaba también un lugar destacado en el comercio de exportación.

Tres notas caracterizan la agricultura española en este siglo:

España seguía aferrada al arado romano y al cultivo de año y vez; este estancamiento agrario explica claramente el retraso de la modernización económica del país.

Por otro lado, España venía sufriendo, desde hacia ya mucho tiempo, una desigual distribución de las tierras. Un pequeño numero de familias de la aristocracia y entidades eclesiásticas poseían grandes latifundios en la mitad sur de la Península; mientras grandes extensiones de tierras, propiedad de la Iglesia o de la Corona, permanecían incultas por falta de capital o iniciativa empresarial, un número muy elevado de braceros y jornaleros aspiraba a un trozo de tierra propia y sufría todo el rigor de las calamidades del campo. La preocupación por mejorar la agricultura y remediar las circunstancias del campesinado se pusieron de manifiesto desde el siglo XVIII.

—Antecedentes

Las desamortizaciones dieron un giro diferente a la tendencia poblacional y el constituyen un hecho fundamental a la hora de analizar la historia reciente.

A principios del S.XIX , España estaba sumida en una grave crisis provocada por las perdidas de los mercados coloniales, el agravamiento de la crisis financiera y económica después de la Guerra de Independencia y la actividad reivindicativa llevada a cabo por los campesinos. Ante esta situación no quedaba otro remedio de hacer una serie de reformas y tomar una determinada actitud ante varios aspectos, que provocaran el cambio.

La mayoría de los políticos y economistas se mostraban partidarios de una política de crecimiento económico, teniendo como motor de este crecimiento un incremento de la producción agrícola que permitiera mover el comercio y la industria.

Para llevar a cabo el incremento de la producción agraria, se opto por una serie de reformas entre las que estaba el aumentar las tierras cultivables además de una intensificación de su cultivo.

El aumento de la extensión de las tierras cultivadas comprendía no solo la puesta en cultivo de nuevos terrenos, sino la privatización de un conjunto de bienes pertenecientes a instituciones políticas o corporaciones religiosas. Esta transferencia de tierras a manos privadas se puso en práctica por medio de las desamortizaciones.

La desamortización esta compuesta de la supresión de los derechos jurisdiccionales y señoriales, y la desvinculación( la supresión de las limitaciones jurídicas a la libre disposición de sobre los bienes, en especial de la nobleza).

En la história de España ha habido diversos proyectos e intentos de desamortización, así como desamortizaciones. Todo este proceso se puede dividir en dos etapas, la no vinculada a la reforma agraria y la que si esta vinculada a ella; y cada una de estas etapas esta dividida en dos fases, que a continuación explicaremos:

Proceso no vinculado a la reforma agraria.

Primera fase:

—Legislación desamortizadora de Carlos III (1767-1770)

Aunque este gobierno se incluye en la época de las Monarquias Absolutas, era totalmente reformista, lo cual le opuso a la alta nobleza y al clero, que veian en él un obstáculo a sus intereses. Todo esto hizo que todos los proyectos no llegaran a tener la repercusión que se deseaba por el miedo a poner en su contra a los más poderosos del pais.

Esta legislación solo concierne a los bienes municipales y tiene su raíz en la crisis agraria y en los motines de 1766. Aranda mandaba que los baldíos y las tierras labrantías propias de los pueblos de Extremadura se dividiesen en arrendamiento entre los vecinos mas necesitados, atendiendo en primer lugar a los braceros y a los jornaleros. Esta medida se entendió a todo el reino en 1767. su principal beneficio era común, el fomento de la agricultura y el facilitar a los braceros un terreno propio que cultivar. Pero la vigencia de estas reales provisiones duró poco, fueron derogadas en 1770 y las tierras que quedaban por repartir se decidió que se entregasen, en primer lugar a los labradores de una, dos y tres yuntas y en segundo lugar a los braceros y jornaleros. Con estas modificaciones se abandonaba la finalidad primitiva de las reales provisiones y su preocupación por una reforma social agraria.

—Campomanes

Desde sus puestos en el gobierno del país impulsó reformas económicas profundas: liberalizó el comercio de granos, fomentó la pequeña propiedad agrícola, suprimió los privilegios de la Mesta, impulsó la introducción de mejoras técnicas en la agricultura y la educación de los campesinos. Se manifestó a favor de una industrialización impulsada por la iniciativa privada libre de las reglamentaciones gremiales.

Creó por todo el país una red de Sociedades Económicas para fomentar la formación y la iniciativa empresarial.

Obras de Campomanes:

• Respuesta fiscal sobre abolir la tasa y establecer el comercio de granos (1764)

• Tratado de la regalía de amortización (1765) en donde analiza los perjuicios causados a la economía del país por la propiedad inmobiliaria de la Iglesia.

• Instrucciones sobre las nuevas poblaciones de Sierra Morena y fuero de sus pobladores (1767) en donde expone sus ideas sobre la reforma agraria.

• Memorial ajustado sobre los abastos de Madrid (1768) en donde analiza la crisis económica que desembocó en el motín de Esquilache.

• Respuesta fiscal en el expediente consultivo sobre los privilegios del Consejo de la Mesta (1771) en donde analiza los perjuicios económicos que sufre España como consecuencia de los privilegios del grupo de presión de los ganaderos transhumantes.

• Discurso sobre el fomento de la industria popular (1774)

• Discurso sobre la educación popular de los artesanos (1775)

Jovellanos

Informe en el Expediente de Ley Agraria (1795)

El informe es la culminación de las ideas agrarias de la Ilustración, y a la vez, el punto de partida de la doctrina Liberal e individualista en que se basaron los intentos de reforma agraria del siglo XIX; aunque no expresa plenamente las ideas del autor -debido a que fué escrita teniendo en cuenta las medidas represivas consecuencia de la revolución francesa- es un ejemplo de compromiso entre algunos elementos derivados de la fisiocrácia y las nuevas concepciones de la economia clásica inglesa de libertad de empresa y uso de la propidad sin restricciones estables.

—Leyes desamortizadores de Carlos IV (1798)

A la crisis fiscal progresiva, Godoy se vio obligado a arbitrar medidas buscando una solución. En 1798 mandó que se enajenasen a beneficio de la Real Hacienda de los bienes pertenecientes a hospitales, hospicios, casas de misericordia, de reclusión, de expósitos, cofradías y patronatos de legos, bajo el interés anual del 3% a los desposeídos. Se iniciaba así la desamortización tal como seguirá realizándose en el siglo XIX, es decir, mediante la apropiación por parte del Estado, y por decisión unilateral de este, de bienes inmuebles pertenecientes a “manos muertas”, venta de los mismos y asignación del importe obtenido con las ventas a la amortización de los títulos de la deuda.

—Godoy

Fue a partir de 1795, con Godoy, cuando la polí­tica belicista del gobierno y el consiguiente crecimiento brutal de la deuda pública obligaron al ministro a iniciar la desamortización. En 1798 el gobierno declaró en venta, como ya vimos, los bienes de una serie de institutos eclesiásticos, y destinó los fondos obtenidos a amortizar la deuda e indemnizar a la Iglesia con el 3% anual del producto de las ventas. Entre 1798 y 1805 se vendieron tierras por valor de 1.600 millones de reales, en total la sexta parte del patrimonio de la Iglesia, pero en vez de destinar el dinero a su fin inicial, se gastó en nuevas campañas militares. El resultado es que en 1808 la deuda ascendía a 7.000 millones, mientras que se había eliminado la asistencia social a enfermos, ancianos y marginados sociales, asistencia que la Iglesia financiaba con las rentas de esas tierras y que el Estado no cubría, lo que condenó a esos colectivos a la miseria.

Segunda fase:

—José Bonaparte y Cortes de Cádiz

—Desamortización eclesiástica

En 1811, durante el reinado de José I Bonaparte, se planteó en las Cortes de Cádiz el problema de la deuda publica. Una de las soluciones que se propusieron fue la de declarar la bancarrota. Pero unos grupos de diputados se opusieron a ello, consiguiendo mediante un decreto en 1813 que se ratificara el reconocimiento de la deuda que se pagaría con cargo a las rentas de tierras afectadas para tal fin: las de los jesuitas, las pertenecientes a las órdenes militares, conventos y monasterios suprimidos o destruidos durante la guerra; las de la recién abolida inquisición... y la mitad de los baldíos y realengos. Las fincas se cederían en publica subasta. Este decreto constituye la primera norma legal general desamortizadora del siglo XIX, pero apenas pudo aplicarse debido al inminente retorno de Fernando VII. Durante el trienio liberal, de 1820 a 1823, se restableció la legislación desamortizadora de las Cortes de Cádiz. Por decreto de 1820 se suprimían todos los monasterios de las órdenes monacales. Con este decreto, uno de las más radicales en este sentido, la desamortización eclesiástica ya no se reduce a medidas parciales, sino que se acomete de forma decidida.

—Fernando VII. Trienio liberal

En el Trienio volvieron a entrar en vigor las decisiones de las Cortes de Cádiz: se aprobó el Decreto de supresión de monacales de octubre de 1820 y se emprendió la desamortización de bienes de propios y baldíos. Una buena parte de los bienes de los conventos fue vendida, principalmente, a inversores burgueses. Pero en 1823 retornó el régimen absolutista, y Fernando VII obligó a restituir los bienes vendidos, lo que provocó la indignación de los compradores, que desde entonces pasaron a apoyar al liberalismo y a enfrentarse al Rey.

Proceso vinculado a la reforma agraria

Concepto de reforma agraria:

Proyecto político a gran escala cuyo objetivo es un cambio rápido y radical del régimen de propiedad y explotación de la tierra. Bajo esta denominación se encuentran múltiples procesos que deben ser contextualizados en relación a tres cuestiones clave: el alcance, las indemnizaciones y la organización.

La reforma puede afectar a todo un país o a parte del mismo, orientarse a grandes parcelas y latifundios o incluir también medianas propiedades, o estar limitada a criterios de rendimiento. Deberá producir, en todo caso, una transformación profunda de la estructura de propiedad y explotación. Las tierras pueden ser confiscadas (en las economías socialistas) o expropiadas con indemnización. Si se indemniza, puede emplearse el valor fiscalmente declarado de la propiedad (Italia, 1951) o condicionar el pago a la reinversión en la industria (Perú, 1969). La organización de los beneficiarios, en cuanto al tamaño de las nuevas explotaciones y su capitalización, es la clave final del éxito en términos de incremento de la renta familiar disponible.

Primera fase:

—Mendizábal

A partir de 1833 el proceso de desamorti­zación se precipitó por varias causas. En primer lugar, la guerra obli­gaba al Estado a obtener recursos, en un momento en que las arcas estaban vacías y el crédito exterior se había hundido. En segundo lugar, se difundió en el país un clima anticlerical, a causa del apoyo del clero al bando carlista: los asaltos a conventos, los incendios, pro­fanaciones y matanzas fueron frecuentes en los años 1834 a 1836. El Cura y el fraile reaccionario se convirtieron en los chivos expiatorios de las protestas populares provocadas por la escasez, debida a la gue­rra, y por las epidemias. En tercer lugar, los antiguos compradores de bienes desamortizados en el Trienio, expropiados en 1823, presiona­ban al gobierno para que les devolviera sus bienes. Hombres ricos, formaban un grupo poderoso e influyente, esencial para el bando cristino. Por eso no es extraño que los gobiernos liberales fueran poco a poco avanzando hacia la desamor­tización: confiscación de bienes de los conventos destruidos (1834), reintegro de sus bienes a los com­pradores del Trienio (1835) y decreto de exclaustración general (1836), que no hizo sino legaliza lo que ya se había producido: el abandono masivo de los conven­tos, ante el miedo de los frailes a los asaltos populares. El resultado es que sólo subsistieron 300 de los2 000 conventos existentes.

- -En esta situación se publicó la primera de las dos grandes leyes de desamortización de la revolución liberal, la de Mendizábal, la desamortización del clero: en febrero de 1836 se declaraban en venta todos los bienes pertenecientes al clero regular, y se desti­naban los fondos obtenidos a la amortización de la deuda pública. El Decreto formaba parte de un programa que perseguía ganar la guerra allegando fondos y tropas, restaurar la confianza en el crédito del Estado y, a largo plazo, permitir una reforma de la Hacienda. Mendizábal, en el preámbulo, exponía otros objetivos básicos de la desamortización: sanear la Hacienda reduciendo la deuda, conseguir el acceso a la propiedad de sectores burgueses, que mejorarían la prcoducción y la revalorizarían, y crear un sector social de nuevos propietarios vinculados al régimen y al bando cristino.

Aunque el gobierno cayó en mayo, en octubre Mendizábal se con­virtió en ministro de Hacienda bajo el gobierno progresista de Calatrava. y a partir de ahí las subastas se reanudaron. En 1838 se aceleraron, y sobre todo desde 1840, cuando la victoria cristina hizo irreversibles las ventas. Además, desde agosto de 1841, bajo la regencia de Espartero, se desamortizaron también los bienes del clero secular. Fue finalmente con la vuelta de los moderados, en 1844, cuando se suspendieron las subastas, aunque el gobierno del general Narváez garantizó las ventas ya realizadas. En total, entre 1836 y 1844 se habían vendido propiedades por valor de 3.274 millones de reales, quedando aún por vender bienes expropiados por valor de 910 millones, de los que tres cuartas partes pertenecían al clero secular. Se había desamortizado el 62% de las propiedades de la Iglesia. Las fincas fueron tasadas por peritos de Hacienda y subastadas después, alcanzando una puja media del 220% sobre el precio de sali­da. Dado el distinto tamaño de los lotes, eran en teoria asequibles para grupos sociales de bajos ingresos, pero en la práctica los propietarios y los inversores burgueses acapararon las compras, puesto que eran los únicos que tenían liquidez, sabían pujar y podían controlar fácil­mente las subastas. Además, comprar era un excelente negocio: sólo se abonaba el 20% al contado, el resto se pagaba aplazado, y se admi­tían para el pago los títulos de deuda por su valor nominal. Como esta­ban muy desvalorizados en el mercado, adquirirlos en bolsa y pagar con ellos era una ganga para el comprador.

Un proceso tan perjudicial para los intereses del Estado no era consecuencia de un error de cálculo. Mendizábal sabía que la admisión para el pago de títulos por su valor nominal produciría esa situa­ción. Es cierto que podría haberse llevado adelante la desamortizaclon con más rendimiento para el Estado, e incluso que podría haberse aprovechado para repartir la tierra entre los campesinos, iniciando así un proceso de reforma agraria. Así lo sugirió, en parte, el diputado Flórez Estrada en un artículo de prensa editado a los pocos días de publicarse el decreto. En él proponía que el Estado arrendara las tie­rras a los campesinos y dedicara la renta a pagar la Deuda, lo que garantizaría los pagos, satisfaría las peticiones campesinas y serviría para crear la masa adicta a Isabel II que propugnaba Mendizábal. Lo que ocurre es que el ministro no buscaba ni un reparto de las tierras ni una reforma agraria, sino beneficiar a quienes, como él mismo, per­tenecían a la elite financiera y comercial. y buscaban consolidar su prosperidad económica con la compra de bienes inmuebles. El resultado es que, sumando lo vendido en el Trienio y en el pe­riodo 1836-1851 (año en que aún se cobraron plazos), el Estado recau­dó unos 4.500 millones de reales, de los que sólo 500 lo fueron en dine­ro, cuando la deuda ascendía ya por entonces a unos 14.000 millones.

Las consecuencias de la desamortización de Mendizabal fueron muy variadas.

1-El desmantelamiento casi completo de la propie­dad de la Iglesia y de sus fuentes de riqueza, toda vez que el diezmo, su otra alternativa, fue igualmente suprimido en 1837. Sólo en 1845 se establecería una Contribución de culto y clero. Para entonces la Iglesia había dejado de ser el estamento privilegiado, aunque conservaba su enorme influencia en las mentalidades y en la educación, que casi monopolizaba.

2-La desamortización no resolvió el problema de la deuda, pero sí contribuyó a atenuarlo. Se consiguió rescatar 5.000 millones de reales de los 14.000 acumulados y se pusieron a tributar una enorme canti­dad de propiedades que hasta entonces habían permanecido exentas, aumentando así los ingresos de la Hacienda. Sólo desde los años cin­cuenta, con la segunda desamortización y el desarrollo económico, se disminuiría de forma drástica la deuda del Estado, aunque siempre quedará una parte de ella consolidada hasta el siglo XX.

3- La desamortización no produjo un aumento de la producción agraria, contra lo que pretendían sus promotores. Los nue­vos propietarios, en general, no emprendieron mejoras, sino que se limitaron a seguir cobrando las rentas y las incrementaron, al sustituir el pago de los derechos señoriales y diezmos por nuevos contratos de arrendamiento. Además, las nuevas tierras que se pusieron en cultivo eran marginales, de baja calidad, por lo que la productividad media descendió. Muchos de los nuevos propietarios vivían en las ciudades, completamente ajenos a los problemas agrícolas.

4- Hay que señalar que la desamortización trajo consigo un proceso de deforesta­ción, pese a las prohibiciones del gobierno en ese sentido.

5- La desamortización provocó un refor­zamiento de la estructura de la propiedad de la tierra: acentuó el lati­fundismo en Andalucía y Extremadura y el minifundismo en el Norte. Las tierras y las fincas urbanas fueron a parar a los antiguos terratenientes locales, a nuevos inversores de la burguesía financiera, industrial o profesional (sobre todo abogados), a especuladores e intermediarios, que traficaron con las tierras o con los títulos de deuda que suministraban a los compradores. Unos y otros, amigos de políticos, caciques o viejos señores, constituirán la nueva elite terrateniente que detentará el poder durante el reinado de Isabel II ya sea en el partido moderado o en el progresista, y por tanto plenamente identificados con el régimen liberal, tal y como había previsto Mendizábal.

6-Los que desde luego no compraron, en general, fueron los cam­pesinos: o no recibían información de las subastas, o no sabían pujar, o no tenían dinero para hacerlo. Cuando lo intentaron se encontraron con lotes demasiado grandes, pujas muy altas o subastas amañadas por los potentados locales, frecuentemente en connivencia con quienes presidían las subastas

7-En las ciudades ocurrió lo mismo. Como la mayoría de los inmuebles estaba en el centro urbano, la desamortización contribuyó a un urbanismo discriminador. la alta burguesía acaparó los mejores edi­ficios del centro, excluyendo a las clases medias, confinadas en las viejas viviendas, y dejando para los obreros los arrabales de la periferia.

La oposición a Mendizábal

Entre las raras voces de los sectores progresistas que se opusieron a Mendizábal destacó la de Flórez Estrada. En un articulo publicado en el Español, en febrero de 1836, se declaraba partidario de la desamortización, pero contrario al sistema propuesto por el ministro de Hacienda.

Su preocupación reformista era fundamentalmente social. Admitía la desamortización para mejorar la condición de las clases rurales y estaba preocupado por favorecer al proletariado agrario. Flórez Estrada volvió a enlazar con el espíritu de los ilustrados: desamortizar para reformar la estructura agraria.

Su propuesta era arrendar en “enfiteusis” por 50 años a los mismos colonos que las estaban trabajando a la Iglesia, con la posibilidad de renovación del contrato al expirar dicho plazo.

Esta propuesta era ventajosa para el Estado, que no perdía la propiedad de los “bienes nacionales” y podía invertir el importe de las rentas en el pago de las deudas. Al mismo tiempo advertía que con las ventas todas las clases de la sociedad saldrían perjudicadas y solo ganarían los especuladores.

Segunda fase:

—Desamortización de Madoz.

La firma en 1851 del concordato con la Santa Sede por el gobierno de Bravo Murillo significó simplemente un paréntesis del proceso.

Aunque el período de Mendizábal se ha llevado toda la "fama", sin duda por las implicaciones anticlericales que supuso la aplicación de la política liberal, las investigaciones recientes cada vez reafirman la mayor importancia, que desde el punto de vista de ventas y de superficies enajenadas, alcanzó la desamortización llevada a cabo por Pascual Madoz.

Durante el Bienio Progresista, con Espartero en el poder, el nuevo ministro de Hacienda propugnó una profunda y desconocida reforma calificada de desamortización "civil".

La ley Madoz pretendía actuar sobre bienes municipales, tanto los terrenos de propios -que ayuntamientos y concejos cedían como parcelas a los vecinos por un determinado período- como comunales -aprovechados libremente por todo el pueblo-; por supuesto, sin olvidarse de continuar vendiendo, liquidando, los lotes eclesiásticos no enajenados durante la etapa anterior.

Como es lógico, el primer año registró un gran volumen de ventas, tendencia muy marcada en la adquisición de edificios donde quizá se presentaran mayores "oportunidades otros picos de incidencia de ventas fueron 1860, 1865 y 1871.

Hablemos en primer lugar de los bienes municipales. Aunque algunos ayuntamientos mantuvieron indemnes sus bienes comunales, sí que es verdad que la mayoría de la tierra vendida procedía de los concejos. Las fincas concejiles se componían principalmente de montes y terrenos en ocasiones de buen tamaño, pero escabrosos, apenas susceptibles de aprovechamiento para ganadería extensiva.

La venta de estos lotes no tuvo excesivo éxito económico. Los potenciales compradores, campesinos que vivían en los pueblos cercanos y que querían utilizarlas como pastizales, no veían aliciente en adquirir unas parcelas que ya disfrutaban tradicionalmente como bienes comunales. Por lo tanto, dado que se había implantado el pago al contado, los pocos interesados esperaban a las segundas subastas para adquirir a bajo precio.

Respecto a las edificaciones, se vendieron tabernas concejiles, mesones (quizá no muy rentables), desde casas procedentes de distintas instituciones (beneficencia, estado, parroquias) hasta molinos.

¿Qué pasa mientras con las propiedades eclesiásticas?

Como veremos, el monasterio de Nuestra Señora de Montesclaros se ve plenamente inmerso en esta oleada desamortizadora. Similar cuestión se plantea con las propiedades del clero secular. Después del freno impuesto por los políticos moderados, si Mendizábal dictó la sentencia de muerte, Madoz se encargó de su ejecución. Se reinicia la venta de los restantes bienes parroquiales y de otras instituciones, "beneficios", inmuebles y multitud de parcelas.

El tipo de terreno predominante son "tierras" y "prados" (casi 2/3 del total de superficie) en su mayoría procedentes del sector eclesiástico; seguidos de los propios municipales. En segundo término figuran (cerca del 30%) los terrenos, dehesas y montes de menor calidad. Las fincas pertenecientes al Estado, Beneficencia o Instrucción Pública (escuelas) representaron cuotas mínimas.

—Consecuencias

En la primera mitad del Siglo XIX se inicia el proceso desamortizador que, desde 1836 hasta finales del Siglo, va a contribuir a la reforma jurídica de la propiedad de la tierra. Felix González Marzo, ha estudiado la desamortización en la provincia de Cuenca ("La desamortización de Madoz en la provincia de Cuenca" y "La desamortización de la tierra Eclesiástica en la provincia de Cuenca") y Albino Feijoo Gómez lo ha hecho en la Región ("La Desamortización del Siglo XIX en Castilla-La Mancha"; 1988).

Con carácter general la desamortización resultó ser un eficaz instrumento jurídico, aprovechado y auspiciado por la burguesía, en cuanto nueva clase social emergente, y por los terratenientes del antiguo régimen, para reformar la estructura de la propiedad de la tierra. La venta en pública subasta de los bienes (fundamentalmente rústicos) de la Iglesia, Estado, Nobleza... "manos muertas" en definitiva, a partir de 1.836, contribuyó a la concentración de la propiedad, a pesar de las intenciones expresadas en el texto del Decreto por el que se inicia la desamortización de los bienes eclesiásticos, pretendiéndose que tanto los grandes como pequeños propietarios, así como los "labradores aplicados" y "jornaleros con alguna esperanza o con la protección de algún ser benéfico", pudieran tener acceso a la compra de las tierras. La realidad fue que quienes adquirieron las tierras en su inmensa mayoría fueron los grandes propietarios y personas que sin tener hasta ahora tierras poseían grandes cantidades de dinero que invirtieron en la compra de propiedades; muy poco adquirieron los labradores acomodados y nada los jornaleros.

Otro aspecto a tener en cuenta en el proceso desamortizador, y que afectó considerablemente (en sentido negativo) a los pueblos, fue la inclusión de los "bienes de propios y comunales" de los municipios entre los susceptibles de desamortizar y por tanto vender, pues ello supuso la descapitalización de muchos municipios y la privación a muchos de sus vecinos de los "mínimos de subsistencia" que obtenían del aprovechamiento de los bienes comunales o del arriendo de los bienes de propios. Albino Feijoo Gómez, en el libro citado, lo expresa claramente: "La desamortización de los bienes de propios fue llevada a cabo contra la voluntad de los pueblos. Los pueblos no deseaban la enajenación de sus bienes de propios y comunales, oponiéndose a ello desde el siglo XVIII con bastante éxito. El éxito en la defensa de sus propiedades se debió a varias causas, entre las que no hay que olvidar la imposibilidad del Estado de hacer frente a los gastos de obras públicas, salarios de empleados públicos, médicos, maestros y otros gastos municipales que recaían en las haciendas locales; y también por el apoyo que los mayores propietarios de cada pueblo ofrecían a los Ayuntamientos, ya que ellos eran los principales beneficiados de los montes y pastos del Común y del arrendamiento de sus propios. Sólo en 1.855, cuando se plantea una desamortización de propios sin atisbos de reparto social de la tierra, y claramente favorable a "los ricos", como había sido la desamortización de Mendizábal, el Gobierno triunfa sobre los pueblos. Los pueblos pierden el apoyo de los mayores propietarios, que ahora ven la posibilidad de legalizar su dominio útil sobre las tierras de propios que tenían en arriendo, a través de compras favorables; y legalizar ocupaciones de bienes comunales que venían llevando a cabo desde mucho tiempo atrás, explotando grandes superficies de estas tierras como si las tuviesen arrendadas en exclusividad e incluso incorporándolas a fincas lindantes."

En lo que respecta a la desamortización en Villalgordo del Marquesado, y tomando datos de Félix González Marzo, en el primer proceso desamortizador (se materializó en el año 1.844) se enajenaron 154,86 Hectáreas por importe de 84.141 reales, procediendo las tierras desamortizadas exclusivamente de la Iglesia (Cabildo, Capellanías, Parroquia). En el segundo proceso desamortizador iniciado por Pascual Madoz en 1855, se enajenan en Villalgordo 2 fincas del clero, 1 del Estado, 1 de la Instrucción Pública y 1 de Propios (horno de pan cocer), por un valor total de 155.828 reales.

Respecto a los bienes de propios de titularidad municipal enajenados en virtud de las procesos desamortizadores, aún en 1.915 no ha procedido el Estado a su liquidación, pues en sesión de 4 de abril de este año el Ayuntamiento acuerda dirigirse a las oficinas de Hacienda para que"...se solicite la liquidación a favor de este municipio por el capital que representa la venta de los bienes de propios vendidos de este pueblo por las leyes de Desamortización...."

Aunque el total de hectáreas desamortizadas y enajenadas solo significasen un 10% aproximadamente de la superficie del término municipal (poco más de 3.000 Hectáreas), fueron adquiridas en su gran mayoría por quienes ya poseían buen número de tierras, con lo que el proceso de concentración de la propiedad en unas pocas familias se acrecentó y ha sido la característica fundamental de la estructura de la propiedad agraria aún en nuestros días.

—Valoración de las desamortizaciones (Conclusión)

La importancia de las medidas desamortizadoras es una cuestión discutida, no solo por el dinero que aportó al Estado, o por la superficie desamortizada, sino porque fue una medida que afectó a otros aspectos de la vida social y económica del país, como el derecho, la hacienda, la agricultura, las inversiones, las clases sociales, etc.

La desamortización fue una gran oportunidad perdida para repartir la tierra a los campesinos y transformar las bases mismas de la agricultura española.

La necesidad de obtener dinero planteó la desamortización de forma beneficiosa para quienes tenían medios para comprar, lo que significaba decretar el despojo de los campesinos, puesto que se enajenaba gran parte de sus tierras comunales.

—Clases sociales beneficiadas y perjudicadas

El resultado no estuvo a la altura de las expectativas liberales.
En palabras de Fernández de Pinedo, la desamortización significó "la entrada de la tierra en el circuito comercial", aunque ello no modificó la estructura de la propiedad ni produjo un mayor equilibrio social. Tampoco supuso una renovación sustancial de las explotaciones agrarias; se actuó, en ocasiones, con interés especulador y no se mejoró el rendimiento final de la tierra, al continuar con sus usos tradicionales.

Pequeños propietarios rurales y una pujante burguesía mercantil o protoindustrial (sobre todo harinera), económicamente fuertes, se vieron beneficiadas ampliando sus fincas (que en Campoo, pese a todo, adquieren modestas dimensiones) o buscando "invertir" en un eje tan favorable como el camino de Reinosa que unía Castilla con Santander. Por ello estos grupos se adhieren de alguna manera al movimiento liberal, propulsor de estas innovaciones, al prestar su apoyo político. En la desamortización de Madoz, se aprecia sin embargo, una mayor participación de labradores.

Por defecto, la desamortización perjudicó las condiciones de vida de pequeños campesinos y ganaderos que perdieron sus derechos sobre las fincas comunales privatizadas. El clero, en el blanco de las reformas, se vio muy afectado en sus propiedades patrimoniales; los municipios sobrevivieron a la medida y las conservaron en gran parte. Por ello no es de extrañar que entre el clero y las capas sociales desfavorecidas anidase un sentimiento conservador de autoprotección, que se tradujo en el reiterado apoyo que prestaron al carlismo.