LA DESAMORTIZACIÓN ECLESIÁSTICA DE MENDIZÁBAL

Al tratarse de un Decreto Real, es clasificado el texto como histórico jurídico.

Juan Álvarez Mendizábal (1790-1853), político y financiero español, presidente del gobierno (1835-1836)y Ministro de Hacienda durante la regencia de María Cristina fue el creador del texto. Es un texto que data del 19 de febrero de 1836, en El Pardo.

Nacido en Cádiz en una familia de comerciantes de origen judío, trabajó como empleado de banca y pronto cambió su verdadero nombre (Juan Álvarez Méndez) por el que se le conoce. Durante la guerra de la Independencia (1808-1814), estuvo vinculado a la administración de las tropas españolas enfrentadas a los invasores franceses. Identificado con las ideas liberales y vinculado a la masonería, desde su cargo de proveedor de las tropas que debían embarcarse para luchar contra la emancipación de las colonias americanas apoyó el levantamiento de Rafael del Riego en 1820. Finalizado en 1823 el Trienio Liberal que había dado comienzo a raíz del triunfo de aquél, y reinstaurado el absolutismo por segunda vez en la persona del rey Fernando VII, hubo de exiliarse en Londres (Gran Bretaña), donde logró enriquecerse con sus actividades mercantiles. Facilitó la financiación de la expedición que, en 1833, restableció en el trono de Portugal a María II de Braganza, quien le recompensó con distinguidos cargos gubernamentales.

Destacada figura del que habría de ser llamado Partido Progresista, en junio de 1835, ya iniciada la primera Guerra Carlista, fue nombrado ministro de Hacienda por el presidente del gobierno español José María Queipo de Llano, conde de Toreno. En septiembre del mismo año, por orden de la regente María Cristina de Borbón, se hizo cargo de la presidencia del gobierno por ausencia de su titular, Miguel Ricardo de Álava. Al mes siguiente, con carácter interino, fue designado nuevamente como tal y siguió ejerciendo ambas funciones hasta que, en mayo de 1836, fue sustituido en la jefatura gubernamental por Francisco Javier de Istúriz. Volvió a formar parte de un gabinete cuando, el 11 de septiembre de 1836, José María Calatrava le designó ministro de Hacienda tras el triunfo de la llamada sublevación de La Granja. Entre las reformas hacendísticas y administrativas proyectadas para aliviar la delicada situación financiera —contenidas en su Memoria de 1837 y reconocidas como una de las principales leyes desamortizadoras españolas—, destacó la supresión de las órdenes religiosas y la incautación por el Estado de sus bienes (con la salvedad de las dedicadas a la enseñanza de niños pobres y a la asistencia de enfermos), que permitió la formación de una quinta militar de 50.000 hombres para luchar contra el carlismo.

El 18 de agosto de 1837, cuando al gobierno de Calatrava lo sustituyó otro presidido por Baldomero Fernández Espartero, finalizó el desempeño ministerial de Mendizábal, misión que le volvió a ser encomendada durante la regencia de aquél, en mayo de 1843, y que ejerció durante sólo dos meses. Un año después de la caída de Espartero y del consiguiente inicio del gobierno del Partido Moderado, hubo de salir de España, adonde regresó en 1847. Falleció en 1853, en Madrid.

El texto va destinado a S.M. la Reina Gobernadora, pero al tratarse de una ley también va destinado a todo el pueblo. Con la intención de acabar con la deuda pública propone llevar a cabo la desamortización eclesiástica.

CRÍTICA DE FLÓREZ ESTRADA AL PROYECTO DESAMORTIZADOR DE MENDIZÁBAL

Este texto se trata de un discurso, por lo tanto es clasificado como texto histórico-circunstancial.

Aunque el texto se trata de un discurso dicho en el Congreso en febrero de 1836, parece ser que también es un artículo de prensa editado a los pocos días de publicarse el decreto de Mendizábal.

Su autor es Álvaro Flórez Estrada (1766-1853), economista y político español. Nació en Pola de Somiedo (Asturias), estudió leyes en la Universidad de Oviedo y comenzó a ejercer como magistrado en esta ciudad en 1798. Participó en la lucha contra la invasión francesa durante la guerra de la Independencia española (1808-1814) y, tras la restauración de Fernando VII, debió exiliarse en dos ocasiones a Gran Bretaña, debido a sus ideas liberales y a la defensa que siempre realizó de la Constitución de 1812. Tras la muerte de Fernando VII regresó a España y resultó elegido diputado poco después. Posteriormente, lideró la oposición liberal radical a la ley de desamortización de Juan Álvarez Mendizábal, por considerarla tímida.

Su obra más importante, Curso de Economía Política (1828), sirvió como libro de texto en gran número de universidades españolas durante muchos años. Su pensamiento sintetizaba las ideas de los economistas clásicos británicos, en especial de David Ricardo, Adam Smith y Thomas Robert Malthus. Aportó, además, interesantes reflexiones en torno al nivel salarial de los trabajadores y a la fiscalidad, sobre la que apuntó la necesidad de su suficiencia y denunció el excesivo peso de los impuestos sobre el consumo. Falleció en 1853 en Noreña (Asturias).

Álvaro Flórez Estrada, durante mucho años, ha sido más admirado o criticado que conocido en su faceta vital e intelectual a pesar de su destacada relevancia en la economía y política de España.

Este texto es de carácter público y de ámbito nacional, y tiene la finalidad de informar las consecuencias que se llevarían a cabo con el decreto de Mendizábal, él apoyaba la desamortización pero no el sistema para llevarla a cabo.

ANÁLISIS

La idea de Mendizábal era desvincular las tierras para crear una clase media agrícola, y de esta manera bajar la deuda pública.

En febrero de 1836 se declaraban en venta todos los bienes pertenecientes al clero regular, y se desti­naban los fondos obtenidos a la amortización de la deuda pública. El Decreto formaba parte de un programa que perseguía ganar la guerra allegando fondos y tropas, restaurar la confianza en el crédito del Estado y, a largo plazo, permitir una reforma de la Hacienda. Mendizábal, en el preámbulo, exponía otros objetivos básicos de la desamortización: sanear la Hacienda reduciendo la deuda, conseguir el acceso a la propiedad de sectores burgueses, que mejorarían la producción y la revalorizarían, y crear un sector social de nuevos propietarios vinculados al régimen y al bando cristino.

Flórez Estrada proponía que el Estado arrendara las tie­rras a los campesinos y dedicara la renta a pagar la Deuda, lo que garantizaría los pagos, satisfaría las peticiones campesinas y serviría para crear la masa adicta a Isabel II que propugnaba Mendizábal. Lo que ocurre es que el ministro no buscaba ni un reparto de las tierras ni una reforma agraria, sino beneficiar a quienes, como él mismo, per­tenecían a la elite financiera y comercial y buscaban consolidar su prosperidad económica con la compra de bienes inmuebles. El resultado es que, sumando lo vendido en el Trienio y en el pe­riodo 1836-1851 (año en que aún se cobraron plazos), el Estado recau­dó unos 4.500 millones de reales, de los que sólo 500 lo fueron en dine­ro, cuando la deuda ascendía ya por entonces a unos 14.000 millones.

COMENTARIO

Las desamortizaciones son procesos políticos y económicos de larga duración en España, que transcurrió desde 1766 hasta 1924, en el cual la acción estatal convirtió en bienes nacionales las propiedades y derechos que hasta entonces habían constituido el patrimonio amortizado (sustraído al libre mercado) de diversas entidades civiles y eclesiásticas (manos muertas) para enajenarlos inmediatamente en favor de ciudadanos individuales.

Ya en el reinado de Carlos III apareció la críti­ca a la amortización de bienes raíces, tanto eclesiásticos como vincu­lados de la nobleza o comunales de los ayuntamientos. Los ilustrados la consideraban como la principal causa del estancamiento agrario, y proponían detener la amortización e incluso suprimirla. Pero la Corona se opuso con los mismos argumentos políticos y religiosos que utilizaban la nobleza y la Iglesia.

Fue a partir de 1795, con Godoy, cuando la polí­tica belicista del gobierno y el consiguiente crecimiento brutal de la deuda pública obligaron al ministro a iniciar la desamortización. En 1798 el gobierno declaró en venta, como ya vimos, los bienes de una serie de institutos eclesiásticos, y destinó los fondos obtenidos a amortizar la deuda e indemnizar a la Iglesia con el 3% anual del producto de las ventas. Entre 1798 y 1805 se vendieron tierras por valor de 1.600 millones de reales, en total la sexta parte del patrimonio de la Iglesia, pero en vez de destinar el dinero a su fin inicial, se gastó en nuevas campañas militares. El resultado es que en 1808 la deuda ascendía a 7.000 millones, mientras que se había eliminado la asistencia social a enfermos, ancianos y marginados sociales, asistencia que la Iglesia financiaba con las rentas de esas tierras y que el Estado no cubría, lo que condenó a esos colectivos a la miseria.

Durante la Guerra de la Independencia tanto el gobierno bona­partista como las Cortes de Cádiz realizaron una legislación paralela de supresión de conventos y órdenes religiosas y de puesta en venta de sus propiedades, destinando el producto a amortizar la deuda del Estado. La restauración del absolutismo en 1814 significó la anulación de las exclaustraciones y la devolución de los bienes vendidos a los frailes.

En el Trienio volvieron a entrar en vigor las decisiones de las Cortes de Cádiz: se aprobó el Decreto de supresión de monacales de octubre de 1820 y se emprendió la desamortización de bienes de pro­pios y baldíos. Una buena parte de los bienes de los conventos fue ven­dida, principalmente, a inversores burgueses. Pero en 1823 retornó el régimen absolutista, y Fernando VII obligó a restituir los bienes ven­didos, lo que provocó la indignación de los compradores, que desde entonces pasaron a apoyar al liberalismo y a enfrentarse al Rey.

En el primer párrafo, Mendizábal da los motivos por los cuáles se van a llevar a cabo estas desamortizaciones: Felicidad de la población, promesa solemne al pueblo, y dar una garantía positiva a la deuda nacional. En el segundo párrafo, cuenta el autor como con esta desamortización pretende crear la propiedad privada para conseguir de esta forma aminorar la fuerte deuda pública.

En el primer artículo se expone aquellas personas a las que se les va a desamortizar: bienes de las comunidades, corporaciones religiosas extinguidas y los unidos por el vínculo del mayorazgo. En el segundo artículo habla sobre lo que no se va a desamortizar: edificios del gobierno, monumentos de las artes o para honrar la memoria de hazañas nacionales.

El famoso decreto de Mendizábal hizo pasar a la nación todas las propiedades de la Iglesia y las sacó a publica subasta.

La desamortización trajo consecuencias beneficiosas para el país, al permitir la explotación de tierras que no se trabajaban y convertir a la burguesía en defensora de la monarquía constitucional, ya que se había enriquecido gracias a ella y le interesaba mantenerla como medio de asegurar sus propiedades. Sin embargo, su aspecto negativo fue que, en realidad, resulto una “reforma agraria al revés”, ya que las tierras no fueron a parar a los campesinos, sino a una burguesía adinerada y a parte de la nobleza que las adquirieron a precios irrisorios.

Las consecuencias de la desamortización de Mendizábal fueron muy variadas.

1- El desmantelamiento casi completo de la propie­dad de la Iglesia y de sus fuentes de riqueza, toda vez que el diezmo, su otra alternativa, fue igualmente suprimido en 1837. Sólo en 1845 se establecería una Contribución de culto y clero. Para entonces la Iglesia había dejado de ser el estamento privilegiado, aunque conservaba su enorme influencia en las mentalidades y en la educación, que casi monopolizaba.

2- La desamortización no resolvió el problema de la deuda, pero sí contribuyó a atenuarlo. Se consiguió rescatar 5.000 millones de reales de los 14.000 acumulados y se pusieron a tributar una enorme canti­dad de propiedades que hasta entonces habían permanecido exentas, aumentando así los ingresos de la Hacienda. Sólo desde los años cin­cuenta, con la segunda desamortización y el desarrollo económico, se disminuiría de forma drástica la deuda del Estado, aunque siempre quedará una parte de ella consolidada hasta el siglo XX.

3- La desamortización no produjo un aumento de la producción agraria, contra lo que pretendían sus promotores. Los nue­vos propietarios, en general, no emprendieron mejoras, sino que se limitaron a seguir cobrando las rentas y las incrementaron, al sustituir el pago de los derechos señoriales y diezmos por nuevos contratos de arrendamiento. Además, las nuevas tierras que se pusieron en cultivo eran marginales, de baja calidad, por lo que la productividad media descendió. Muchos de los nuevos propietarios vivían en las ciudades, completamente ajenos a los problemas agrícolas.

4- Hay que señalar que la desamortización trajo consigo un proceso de deforesta­ción, pese a las prohibiciones del gobierno en ese sentido.

5- La desamortización provocó un refor­zamiento de la estructura de la propiedad de la tierra: acentuó el lati­fundismo en Andalucía y Extremadura y el minifundismo en el Norte. Las tierras y las fincas urbanas fueron a parar a los antiguos terratenientes locales, a nuevos inversores de la burguesía financiera, industrial o profesional (sobre todo abogados), a especuladores e intermediarios, que traficaron con las tierras o con los títulos de deuda que suministraban a los compradores. Unos y otros, amigos de políticos, caciques o viejos señores, constituirán la nueva elite terrateniente que detentará el poder durante el reinado de Isabel II ya sea en el partido moderado o en el progresista, y por tanto plenamente identificados con el régimen liberal, tal y como había previsto Mendizábal.

6- Los que desde luego no compraron, en general, fueron los cam­pesinos: o no recibían información de las subastas, o no sabían pujar, o no tenían dinero para hacerlo. Cuando lo intentaron se encontraron con lotes demasiado grandes, pujas muy altas o subastas amañadas por los potentados locales, frecuentemente en connivencia con quienes presidían las subastas

7- En las ciudades ocurrió lo mismo. Como la mayoría de los inmuebles estaba en el centro urbano, la desamortización contribuyó a un urbanismo discriminador. La alta burguesía acaparó los mejores edi­ficios del centro, excluyendo a las clases medias, confinadas en las viejas viviendas, y dejando para los obreros los arrabales de la peri­feria.

BIBLIOGRAFÍA

• VVAA, Enciclopedia Microsoft Encarta 2001. Microsoft Corporation, 1993-2000

• VVAA, Enciclopedia Nuevas maravillas del saber. Ed. Credsa, 1983.

Direcciones de Internet:

• http://www.geocities.com/alcaide_econoh/alvaro_florez_estrada.htm

• http://members.es.tripod.de/historiahispana/des.htm

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