Artículo 3
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Tres japoneses fueron ejecutados el 9 de abril en China por tráfico de drogas, un hecho que se produce tres días después de que otro ciudadano nipón fuera ajusticiado por el mismo delito, informó la agencia oficial de noticias Xinhua.
Teruo Takeda y Katsuo Mori, ambos de 67 años, junto a Hironori Ukai, de 48, fueron ejecutados en la provincia nororiental china de Liaoning, tras reunirse con sus familiares el día anterior.
Takeda fue acusado de comprar unos 5 kilos de metanfetaminas en China en junio de 2003 y de instruir a otros hombres, también de nacionalidad japonesa, para que sacasen los estupefacientes del país.
Según el comunicado emitido por el Tribunal Popular Supremo de China, Takeda fue detenido en junio del 2004 cuando negociaba la compra de 2,9 kilos de estimulantes con unos traficantes.
Por otro lado, Ukai fue capturado por la policía en septiembre de 2003 cuando intentó pasar los controles de seguridad del aeropuerto de Dalian, en la provincia de Liaoning, con 1,5 kilos de droga camuflada dentro de su ropa.
Mori, el tercer ajusticiado hoy, fue descubierto en julio de 2003 en el aeropuerto de Shenyang, también situado en la citada provincia, con 1,25 kilos de alucinógenos.
Aunque no hay información sobre el método de ejecución empleado, se piensa que los tres hombres fueron ajusticiados con inyección letal, ya que el pasado diciembre se prohibió en Liaoning el método de fusilamiento.
Desde la adopción de nuevas leyes penales en 1979, el fusilamiento era la única forma de ejecución en China, pero una modificación legal en 1996 autorizó el uso de inyección letal y la primera ejecución con este método se llevó a cabo en Kunming (sur del país) el 28 de marzo de 1997.
Las ejecuciones de los tres nipones, junto a la del pasado martes de Mitsunobu Akano, de 65 años, suponen las primeras penas capitales aplicadas a ciudadanos japoneses en China desde que ambos países normalizaron sus lazos diplomáticos en 1972.
"Todos los individuos, independientemente de su nacionalidad, son tratados de igual forma a la hora de aplicar las leyes chinas, y el mantenimiento de la pena de muerte por parte de China en lo referente a los crímenes relacionados con las drogas ha ayudado a erradicar y prevenir ese tipo de delitos", dijo el tribunal en un comunicado.
La portavoz de turno de la cancillería china, Jiang Yu, reaccionó de manera similar ayer al ser preguntada en rueda de prensa por las ejecuciones, y contestó que "las autoridades judiciales de China tratarán los casos de acuerdo con la ley".
En Japón, el máximo castigo legal por tráfico de drogas es la cadena perpetua y no la pena de muerte, como en China, donde está considerado un delito grave.
Muy pocos ciudadanos extranjeros han sido ejecutados en China en las últimas décadas, aunque se conoce al menos otro caso de un japonés, Ruichi Yamaguchi, que en 1951 fue fusilado junto con el italiano Antonio Riva por supuestamente intentar asesinar al entonces líder chino, Mao Zedong, y a otros altos cargos del régimen comunista chino.
El régimen comunista modificó en el 2004 el sistema judicial chino obligando a que todas las penas de muerte fueran revisadas por el Tribunal Supremo (antes sólo bastaba con la confirmación de judicaturas locales), lo que ha conseguido un notable descenso de las ejecuciones.
La semana pasada, Amnistía Internacional (AI) presentó un informe sobre la pena de muerte en el que criticaba especialmente a China por no revelar el número de personas que ejecuta anualmente.
En el 2008, AI documentó unas 1.700 ejecuciones, mientras que la Fundación Dui Hua eleva la cifra a más de 5.000.

Comentario

Me parece una barbaridad poder matar a personas por negociar con sustancias alucinógenas. Por supuesto que debe de estar penado pero yo pienso k con una sanción diferente, nunca con la muerte.

Esta noticia se relaciona con el artículo en el cual se dice que toda persona tiene derecho a la vida, En que en la noticia se hablade un hecho en el que unos traficantes son ejecutados.

Artículo 2
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

Los tribunales han dictado 99 órdenes de protección para víctimas de violencia de género este año

Una veintena de colectivos e instituciones de la provincia se suman a la campaña 'Saca tarjeta roja al maltratador'

Los tribunales dictaron en lo que va de año órdenes de protección para un total de 99 mujeres víctimas de la violencia de género en Valladolid y resolvieron la implantación de tres pulseras telemáticas como medio de control del cumplimiento de las medidas de alejamiento, según las estadísticas del Sistema de Seguimiento Integral Viogen. Además, desde enero se presentaron 189 denuncias y se registraron 160 víctimas, una de las cuales, de nacionalidad argentina, murió en el barrio de Parquesol el pasado 28 de marzo a manos de su pareja, quien posteriormente se suicidó. La fallecida se sumó a las otras 25 mujeres -dos en Burgos- que perdieron la vida a consecuencia de este tipo de maltrato.
Ante estas cifras, una veintena de colectivos vallisoletanos se reunieron hoy en la Subdelegación del Gobierno para adherirse a la campaña ‘Saca tarjeta roja al maltratador’, la iniciativa puesta en marcha por el Ministerio de Igualdad para sensibilizar a la sociedad sobre esta «lacra social» y crear una conciencia de aislamiento y no aceptación de los maltratadores.
En Valladolid, personas como el músico de Celtas Cortos Goyo Yebes; la fiscal jefe de la Audiencia Provincial Esther Pérez; la fiscal de Violencia de Género Soledad Martín; la directora provincial del INSS, Paula Roch; Toño, del grupo Candeal, o las periodistas Celsa Villanueva y Sonia Andrino unieron sus voces a las de 30 reconocidas figuras del cine, la música, el deporte o la gastronomía del país con sendas declaraciones en contra de la violencia.
‘Cuando él controla tu vida, ya no es tu vida’; ‘Los que maltratan no tienen sitio en la sociedad, plántales cara’; Hay muchas manos dispuestas a ayudarte, no estás sola’ o ‘La violencia de género es la manifestación extrema de la desigualdad’ fueron algunos de los mensajes lanzados durante la presentación de la campaña, que está contando con el apoyo de todas las subdelegaciones del Gobierno españolas y a la que se han incorporado iniciativas institucionales, como la de la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, representantes políticos de la Unión Europea, el Cádiz CF o la Universidad de Salamanca.
En este sentido, el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Cecilio Vadillo, señaló en declaraciones recogidas pro Europa Press que el primer paso para prevenir la violencia machista es la «sensibilización» así como la capacidad para «detectarla y erradicarla», para lo cual apostó por fomentar la concienciación social e «involucrar» a los ciudadanos.
«Ha llegado el momento de actuar de forma directa», manifestó Vadillo, quien reconoció que en las últimas décadas se ha logrado que la población cambie su opinión sobre una «lacra» de la que 469 mujeres fueron víctimas durante el año pasado en la provincia.
En Valladolid, con su presencia en el encuentro también mostraron su respaldo el diputado socialista Emilio Alvarez; el delegado territorial de la Junta, Mariano Gredilla; la diputada provincial de Acción Social, María Angeles Cantalapiedra; el portavoz del PSOE en la Diputación, Juan José Zancada; representantes de los cuerpos y seguridad del Estado, así como de los medios de comunicación, entre ellos el director de la Cadena Ser, Julián Arriba, y el subdirector de El Norte de Castilla, Ignacio Foces.
Todos los asistentes posaron al finalizar el acto con la tarjeta roja diseñada por el Gobierno para expresar rechazo al maltrato y manifestar que la violencia «no tiene cabida en la sociedad». La fotografía se subirá después a la página web www.sacatarjetaroja.es, donde miles de ciudadanos ya han colgado su imagen en contra de la misma.  

Comentario

Me parece muy bien que hagan órdenes de protección para que la mujer no sufra más violencia. Me gustaría mucho que se consiguiera la igualdad entre el hombre y la mujer dado que todos somos iguales.

Esta noticia se relaciona con el artículo en el cual se dice quetoda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma… En que en la noticia se habla de que las mujeres son maltratadas y que por esta razón se dictan órdenes de protección para víctimas de la violencia de género.

Artículo 21
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

13 de Mayo de 2010

La fiebre democrática a menos de un mes de las elecciones también se vive fuera de Colombia. Centenares de colombianos en el exterior hoy demandan su derecho a votar. Esta vez, haciendo uso de varias tutelas.

Los colombianos en el exterior que no registraron su cédula el año pasado y que por ende no podrían votar, se amparan en la ley colombiana para exigir que reabran el proceso de inscripción. Según el artículo 116 del Código Electoral los ciudadanos podrán inscribir sus cédulas hasta quince días antes de las elecciones. Apegándose estrictamente a la ley, hoy las inscripciones en embajadas y consulados deberían estar abiertas. Sin embargo, el publicitado proceso se cerró el pasado mes de noviembre.

Álvaro Ramírez Bonilla, un abogado colombiano residente en Francia, es el promotor de la iniciativa ciudadana gracias a la cual hasta el momento se han interpuesto 560 acciones de tutela que exigen se les deje inscribir su cédula como lo ordena el Código Electoral.

Según el demandante, es inconstitucional que mediante los decretos 309 y 4297 se haya establecido plazos para la inscripción de cédulas, pues este no es el mecanismo para establecer un cronograma electoral. “El Registrador no puede decir cuándo son las fechas a través de un decreto, eso debe ser una ley que pase por el Congreso y también por la Corte Constitucional”, indica Ramírez.

Los plazos para la inscripción de cédulas, tanto a nivel nacional como en el exterior, se cumplieron entre el 19 de octubre y el 2 de noviembre del 2009. Los demandantes culpan a la Registraduría, a las embajadas y a los consulados, de no haber sido lo suficientemente enfáticos en la difusión de la información.

La lucha de este grupo de colombianos de exigir su derecho al voto se ha divido en tres momentos. La primera iniciativa se dio cuando el abogado Álvaro Ramírez presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una tutela a nombre propio donde culpaba de violación del derecho fundamental al sufragio por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, al determinar un plazo de inscripción del documento de identidad. El abogado también hizo la petición de que se le dejara registrar su cédula en el exterior como lo ordena el Código Electoral.

El Tribunal falló esta acción a su favor y determinó que “el derecho constitucional a elegir del articulo 40 de la Constitución Política resulta amenazado” con los decretos expedidos por el ministerio de Relaciones Exteriores y por lo tanto se ordenaba abrir el plazo para la inscripción de, únicamente, la cédula del demandante. “Aunque el fallo solo me da derechos a mí para votar, con esto se reconoce que todos los colombianos en el exterior tenemos hasta 15 días antes de las elecciones para inscribir la cedula de ciudadanía. El Ministerio, al no permitir esta inscripción de cédulas, está faltando a la obligación legal de dejarnos votar”, dijó Ramírez.

El colombiano también aseguró que como él hay miles de compatriotas indignados por no poder ejercer su derecho al voto. “Ojalá el Ministerio entienda cual fue su error, que se ajuste a la ley y que le ordene a todos los consulados inscribir a la gente que tiene derecho a sufragar”.

Como segundo momento de esta iniciativa ciudadana, el día de ayer, se conoció también el fallo del segundo grupo de colombianos que instauraron una acción de tutela bajo los mismos argumentos. 160 ciudadanos entregaron poderes al abogado Álvaro Ramírez donde lo autorizaban adelantar un proceso jurídico para exigir la apertura de la inscripción de cédulas.

La conclusión fue la misma, el Código Electoral es claro y los decretos expedidos por la Registraduría no se apegan a la ley. Estos 160 colombianos podrán inscribir sus cédulas. Por lo tanto los consulados tienen 48 horas para cumplir el fallo. No obstante y según el calendario, ya no se cumplen los 15 días para poder votar en la primera vuelta presidencial, lo que los habilitaría para votar solamente para una posible segunda vuelta.

Se estudian otros procesos encaminados a beneficiar a todos los colombianos en el exterior mayores de edad.

Ante estos fallos el presidente del Consejo Nacional Electoral, Marco Emilio Hincapie, señaló que los fallos deben ser asumidos por la Registraduría, al ser el ente encargado de la logística del proceso electoral. “Estas decisiones puede traer dificultades de organización, por la premura de tiempo y lo que representa en recursos que se deben proveer. Pero un fallo de tutela toca cumplirlo”, afirmó.

Por su parte el Registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez expresó que los fallos serán cumplidos, pero argumentó que el artículo ha sido interpretado de diferentes maneras y que por lo tanto se dan estas inconsistencias en el cronograma. “La norma dice que la inscripción se debe dar hasta 15 días antes de las votaciones y nosotros establecemos una jornada seis meses antes de esta porque debemos establecer el censo y dividir las mesas. Si nos esperamos a la fecha límite no podríamos cumplir con toda la organización logística que este proceso demanda”.

En Conexión Colombia sabemos que hubo difusión de los plazos de inscripción de cédulas en medios con público migrante. Sin embargo estos inconvenientes, sumados a que aún no se conocen los resultados de las elecciones legislativas en el exterior; a la escasa pedagogía electoral a votantes, jurados y cónsules; y a los errores de difusión de las noticias electorales, demuestran que el proceso electoral fuera del país debe sufrir serias modificaciones y ser realizado con mayor cuidado. Este es un llamado de atención a la organización electoral.

Comentario

Me parece normal que las personas quieran ejercer su derecho a voto ya que sin él no pueden participar en el sistema democrático y que se tenga su opinión en cuenta a la hora de elegir a la persona que le represente desde el gobierno.

Esta noticia se relaciona con el artículo en el cual se dice quetoda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, en que en la noticia se habla de cientos de personas colombianas que exigen su derecho a voto.

Artículo 1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Aunque lo prohíba la Constitución las mujeres en la Argentina ganan hoy un 26,5%promedio menos que los hombres. En la base del fenómeno se esconde la precariedaden que trabaja la mayoría de las mujeres: más de la mitad está empleada en negro, sinobrasocialniaportesjubilatorios.

Este dato sobresale en el estudio que acaban de realizar el INDEC y UNICEF sobre la Situación de las Mujeres en la Argentina. Allí se señala que las mujeres, en un porcentaje mayor que los varones, se ocupan en empleos no calificados. Y que sigue creciendo el número de mujeres jefasdehogarque tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza.

Con datos oficiales, el estudio abarca tópicos muy diversos como la evolución demográfica, la participación laboral, los niveles de educación y de salud de las mujeres.

También destaca que, a comienzos del siglo pasado, las mujeres tuvieron una participación laboral superiora la de los hombres, "a través de la actividad agrícola y textil doméstica", en especial en el Noroeste. Pero con la inserción de Argentina en el mundo como exportador de materias primas e importador de productos terminados, el trabajo femenino perdió importanciay quedó relegado a las mujeres de menores edades. Recién "a inicios de 1990se produce un aumento considerable en la tasa de ocupación femenina. Hoy en promedio casi el 40%de las mujeres se encuentra dentro del mercado del trabajo", puntualiza el estudio. Esto equivale a 4,5 millones de mujeres ocupadas. Aquí otras conclusiones:

· Tres de cada cuatro mujeres urbanas ocupadas son obreras o empleadas y un 20% trabajan por cuenta propia. Las principales ramas de actividad en que se insertan las mujeres urbanas son el servicio doméstico y el comercio, que concentran a casi el 40% del total. Luego le siguen los servicios sociales y de salud y la enseñanza, que absorben alrededor del 30%.

· La presencia femenina es prácticamente excluyente en el servicio doméstico y muy importante en la enseñanza, donde cerca del 80% son mujeres. En los servicios sociales y de salud constituyen más de la mitad de los ocupados en ese sector.

· En promedio, las mujeres ganan un 26,5% menosque los hombres, pero esta brecha se acentúa en las profesiones más calificadas. En esos rubros las mujeres tienen ingresos en promedio alrededor de un 35% menos que los varones, mientras que en los niveles operativos y no calificados la diferencia negativa se reduce al 16,4% y 19,5%, respectivamente.

· Estas diferencias, en parte, se deben a que los hombres trabajan más horas. Pero, "a igualdad de horas trabajadas, las mujeres asalariadas con calificación profesional son las que más padecen la discriminación salarial, ya que perciben un ingreso horario promedio un 30% menor que sus pares varones". En los niveles técnicos, estas diferencias se atenúan, mientras en las tareas operativas y no calificadas "las diferencias de ingreso horario promedio son levemente favorables a las mujeres".

· Al mismo tiempo hay un aumento de los hogares encabezados por una mujer. El año pasado, alcanzó el récord del 27,8% del total de familias, pero con la característica "que aumenta este tipo de hogares en los sectores de ingresos más bajos". Obedece a que "la crisis y el aumento de la desocupación provocan cambios del mercado laboral, que se reflejan en un mayor aporte económico al hogar por parte, fundamentalmente, de las mujeres de los sectores más empobrecidos".

· Una gran proporción de mujeres trabaja en puestos no calificados, por el perfil exclusivamente femenino del servicio doméstico, y de calificación media, por la fuerte presencia de las maestras, enfermeras y otras ocupaciones sociales.

· Para un grupo significativo de mujeres sus logros educativos no se han traducidoen inserciones laborales que aprovechen adecuadamente la capacidad previamente adquirida, y por eso son más las mujeres que realizan tareas inferiores al nivel educativo alcanzado.

Comentario

No me parece normal ni mucho menos que una mujer cobre menos dinero que un hombre realizando el mismo trabajo. A igualdad de trabajo, igualdad de salario independientemente de que quien lo realice sea un hombre o una mujer.

Esta noticia se relaciona con el artículo en el cual se dice quetodos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, en queen la noticia se habla de que en Argentina las mujeres cobran un 26,5% menos que los hombres.

Artículo 13.

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

Aminatu Haidar, en huelga de hambre y desalojada del aeropuerto de Lanzarote

Nacionalidad: 'saharaui'

La peripecia de esta célebre activista comenzó el pasado viernes cuando aterrizó en El Aaiún, la capital del Sáhara occidental. Según la versión de Marruecos, Aminatu Haidar se negó a cumplir "con las formalidades ordinarias". Ella alega que cuando rellenaba la ficha policial de entrada en el apartado de nacionalidad puso 'saharaui', como ha hecho en otras ocasiones, sin que hasta ahora eso hubiese sido motivo de expulsión.

La Gendarmería marroquí le requisó entonces el pasaporte y le mandó de vuelta a España. A su llegada al aeropuerto de Lanzarote, la activista saharaui se resistió a bajar del avión, pero, finalmente, la Policía la convenció para que bajase por la escalerilla.

Horas más tarde, Haidar quiso embarcar en la tarde del sábado en otro vuelo rumbo a El Aaiún, lugar donde reside con sus dos hijos. Sin embargo, la compañía aérea no se lo permitió. Haidar ha acusado al Gobierno español de complicidad con el marroquí por haber facilitado su expulsión y de retenerla contra su voluntad en Canarias.

En los últimos tiempos, el Reino alauí está endureciendo su política en relación con los saharauis. El pasado 6 de noviembre, el monarca Mohamed VI afirmó que había llegado la hora de afrontar "con toda la firmeza necesaria la escalada bélica" de los "adversarios de la integridad territorial", una alusión a los saharahuis del Frente Polisario, y se mostró dispuesto a no "renunciar ni a un grano de arena" del Sáhara Occidental.

Comentario

Esta noticia se relaciona con el artículo en el cual se dice que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, en que en la noticia se da un caso de una mujer que quiere regresar a su país y en la noticia se cuenta el caso de una persona que quiere que su pueblo sea un país independiente, pero dependen de un país que es Marruecos. Marruecos los tiene en muy malas condiciones y por esto ella quiere que el pueblo saharaui sea independiente de Marruecos para vivir más dignamente. Aminatou quiere que el Sáhara sea un territorio independiente con su propio gobierno, lo contrario que Marruecos que no renuncia al mismo territorio, considerándolo de su propiedad en la actualidad.

No tengo conocimientos suficientes para valorar la actitud de esta mujer.

Artículo 5
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Torturas a menores detenidos

Casi dos de cada tres niños y adolescentes varones encarcelados en Afganistán sufren torturas, según una investigación en el sistema de justicia juvenil.
El estudio, realizado por la abogada defensora Kimberly Motley para la organización internacional defensora de los derechos de la infancia Terre des Hommes, reveló que la policía somete a los jóvenes, muchos de los cuales son inocentes, a torturas, confesiones forzadas y a flagrantes violaciones de sus derechos en los tribunales.
Motley dijo a IPS que la investigación mostraba la necesidad de buscar alternativas para que los jóvenes no caigan en lo que ella llama "sistema de injusticia".
La abogada entrevistó personalmente a 250 de los 600 menores de edad recluidos en cárceles y centros de rehabilitación de todo el país, incluyendo a la mitad de las 80 niñas y adolescentes y 40 por ciento de los 520 varones, así como a 98 profesionales que trabajan en el sistema.

Aunque sólo dos de las niñas y adolescentes consultadas confesaron haber sido golpeadas por la policía, 130 de los 208 varones menores de 18 años encuestados aseguraron haber sufrido maltratos.
Las entrevistas fueron realizadas por Motley en 28 provincias entre septiembre y diciembre de 2009.
Las conclusiones fueron coincidentes con un estudio publicado en 2008 por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, según el cual 55 por ciento de los niños y 11 por ciento de las niñas denunciaron haber sido víctimas de golpes.
Prácticamente todos los menores varones que denunciaron haber sido golpeados señalaron que se les obligó a firmar una confesión.
En la encuesta de Motley, cuarenta y cuatro por ciento de los jueces entrevistados dijeron que los menores se quejaban regularmente de torturas y de otros abusos por parte de los policías. Treinta y tres por ciento de los magistrados se negaron a responder cuando se les preguntó si habían recibido ese tipo de quejas.
Muchos de los menores varones denunciaron incluso haber sido golpeados por varios policías a la vez. En un caso, uno de 17 años dijo haber sido "pateado como un animal" por seis o siete agentes tras su arresto.
Un menor de edad acusado de haber puesto carteles en la ciudad con amenazas terroristas dijo a Motley que firmó una confesión tras ser torturado con choques eléctricos y ser colgado del techo. El tormento continuó por más de dos meses, según el denunciante.
La fiscal del caso admitió ante Motley que no sólo estaba al tanto de las denuncias sino que también había visto marcas en el cuerpo del muchacho que confirmaban los maltratos.
Veinticuatro por ciento de todos los menores entrevistados por Motley, hombres y mujeres, habían firmado confesiones preparadas por la policía sin darse cuenta de que lo eran hasta llegar al tribunal.
En algunos casos fueron engañados firmando una hoja en blanco que luego fue usada para la confesión.
A casi la mitad de los menores de edad llevados ante la justicia en Afganistán se les niega el derecho de hablar en su defensa, según la investigación de Motley.
Ese fue el caso de un joven acusado de haber mantenido relaciones sexuales con mayores. Había sido secuestrado y violado por tres adultos, los cuales fueron liberados sin recibir imputación alguna.
Cuando el muchacho intentó explicarle al tribunal que había sido víctima de una violación, la jueza le dijo que no podía dirigirle la palabra y ni siquiera mirarla, mientras que su abogado "apenas habló por él". El joven fue sentenciado a cinco años de prisión.
Paradójicamente, 71 por ciento de los jueces encuestados por Motley dijeron creer que si un joven permanece en silencio en un tribunal es un elemento para sospechar de su culpabilidad.
El activista por los derechos humanos Mohammad Ibrahim Hassan dijo a IPS que "la mayoría de las personas en Afganistán están en contra del concepto de presunción de inocencia".
En el sistema afgano, "cuando ellos arrestan a alguien, piensan que debe esperar el peor castigo".
Una visita a un centro de rehabilitación juvenil --en la que este periodista fue acompañado por Motley-- confirmó la prevalencia de la violencia policial contra los menores de edad.
En uno de los dormitorios para varones, elegidos al azar, a 10 jóvenes se les preguntó a través de un intérprete si habían sido golpeados por la policía después de su arresto.
La mitad de ellos alzaron sus manos. Uno dijo haber sido sometido a choques eléctricos para que firmara una confesión. "Pusieron cables en mis pies y dedos", contó, "y encendieron la electricidad varias veces por unos segundos".
Finalmente, aceptó firmar la confesión, y la policía le entregó un papel donde estampó su huella digital.
"Nos preguntaban: ‘¿Cometiste este delito?’ Y si decías que no, te golpeaban", contó otro joven.

Comentario

Es muy duro que los policías (en este caso de Afganistán), puedan maltratar a las personas a la hora de preguntarles o interrogarles para saber si han cometido un delito o no. El único motivo de hacerlo es para conseguir que, hayan delinquido o no, a través de la tortura consigan que la persona torturada, por no sufrir castigo, confiese haber cometido un delito, lo haya hecho o no.

Esta noticia se relaciona con el artículo en el cual se dice que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, en que en la noticia se cuenta un caso de policías que maltratan a las personas.

Artículo 9
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Detención arbitraria de cuatro mujeres policías en Ciudad Juárez

México DF, 3 abril 08 (CIMAC).- Los operativos militares  iniciados en Ciudad Juárez en días recientes “reiteran una vez más las violaciones de los derechos humanos de las y los ciudadanos, en especial los de las mujeres”, ejemplo de ello es la detención arbitraria de cuatro mujeres policías ministeriales llevadas a las instalaciones de la Base Militar, donde les vendaron los ojos y las desnudaron frente a elementos del Ejército.

Así lo señaló Edgar Cortéz, de la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos, en entrevista telefónica con Cimacnoticias, instancia que recibió la denuncia de familiares de una de las mujeres detenidas.

Detalló además que la detención de estas cuatro policías se dio sin ningún motivo --ya que no hay acusación o señalamiento contra ellas-- tratándolas de una manera denigrante por el sólo hecho de ser mujeres.

“Lo que nos muestra que en el país existe una tendencia para ejecutar este tipo de agresiones en contra de las mujeres. Se da un patrón en que ellas están recibiendo los efectos más negativos de estas operaciones militares”, puntualizó.

El pasado 1 de abril fueron citados policías ministeriales en las instalaciones del Centro de Inteligencia de Policial ubicadas en Ciudad Juárez (CIPOL) para que participaran en la realización de Bases de Operación Mixta, se informa en un comunicado difundido por la Red.

Alrededor de las 7 de la mañana, las y los policías ministeriales se presentaron en las instalaciones de la CIPOL y ahí junto con otras personas cuatro mujeres policías ministeriales fueron detenidas y llevadas a las instalaciones de la Base Militar ubicada en Ciudad Juárez, localidad fronteriza con Estados Unidos.

Cabe destacar que las cuatro mujeres habían sido capacitadas y seleccionadas para formar parte del nuevo sistema de juicios orales que se llevan a cabo en el estado de Chihuahua.

Ya en las instalaciones de la base, dos de ellas fueron llevadas al local de Sanidad para “supuestamente” hacerles exámenes médicos. Ahí les vendaron los ojos y las desnudaron en presencia de elementos del Ejército. Posteriormente el General Jesús Meza, integrante de la Agencia Federal de Investigación (AFI), les informó que estaban detenidas y que serían arraigadas.

Edgar Cortéz informó a Cimacnoticias que las cuatro mujeres ya  fueron presentadas este miércoles ante el Ministerio Público (MP) sin que se les haya informado que acusación existe en su contra, por lo que se encuentran en espera de que se aclare su situación jurídica.

“Mientras tanto se encuentran detenidas arbitrariamente y sujetas a tratos denigrantes y acoso sexual”, reiteró.

Ante estos hechos como Red rechazamos que una vez más el Ejército asuma funciones que no son de su competencia convirtiéndose en ministerio público y actuando como órgano de investigación contra civiles, afirmó Cortéz. 

Y condenó “el trato denigrante de que se hace objeto a las mujeres en este tipo de operativos, quienes, como en el caso de Atenco, se encuentran totalmente desprotegidas de los abusos militares”.

Además “reiteramos que la seguridad pública y el respeto a los derechos humanos son componentes inseparables de un real Estado de derecho y las acciones ilegales y violatorias a los derechos humanos nunca serán adecuadas para combatir a la delincuencia”.

Constatamos, dijo, que las violaciones a los derechos humanos y la falta de respeto a las garantías individuales están siendo la constante en los operativos militares y policíacos que realiza el gobierno federal en su “lucha” contra la delincuencia organizada.

Por lo que, en voz de Edgar Cortéz, la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos exigió que cesen las violaciones a los derechos humanos en contra de las cuatro mujeres policías y sean puestas de inmediato en libertad, se les informe si existe investigación en su contra y puedan entonces ejercer su derecho a la defensa.

Comentario

Es muy injusto que se pueda detener a las personas sin saber el motivo de la detención, sin que haya acusación o señalamiento contra ellas. Para detener a una persona sea hombre o mujer, creo que tiene que haber pruebas suficientes de que son culpables de algún hecho que pueda ser delito.

Esta noticia se relaciona con el artículo en el cual se dice quenadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado, en queen la noticia se habla un hecho de detención arbitraria de cuatro mujeres.

Artículo 10
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

Juicios sin garantías – Justicia fallida ante los nuevos tribunales

Amnistía Internacional reveló, el 6 de septiembre de 2006, que personas acusadas formalmente en virtud de la legislación antiterrorista en Turquía siguen siendo sometidos a procesos judiciales interminables; algunas de estas personas están privadas de libertad desde hace más de 10 años.

En su informe, titulado Turkey: Justice delayed and denied, la organización señala que estos juicios se basan a menudo en pruebas obtenidas en el pasado mediante tortura.

"Los juicios sin garantías siguen malogrando el historial de derechos humanos de Turquía. El examen de los juicios prolongados y viciados de las personas procesadas en virtud de la legislación antiterrorista ofrece un llamativo indicio de la magnitud del fracaso de la justicia en la Turquía de nuestros días”, ha afirmado Nicola Duckworth, director del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.

"El gobierno de Turquía manifiesta su compromiso de erradicar la tortura, pero es sorprendente descubrir que las pruebas obtenidas mediante tales métodos siguen siendo admitidas por los Tribunales Penales especiales, y los jueces siguen negándose a desestimarlas." 

Las personas acusadas formalmente en virtud de la legislación antiterrorista son juzgadas por los Tribunales Penales especiales, que sustituyeron a los Tribunales de Seguridad del Estado en junio de 2004. Sin embargo, continúa la misma constante de procedimientos judiciales sin las debidas garantías:

· Personas acusadas formalmente en 1993 continúan encarceladas al habérseles denegado una defensa efectiva o un verdadero nuevo juicio, incluso en casos en los que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha fallado en relación con su causa y ha dictaminado que Turquía había violado sus obligaciones en materia de juicios con garantías;
· Los jueces y los fiscales son a menudo las mismas personas que se hicieron cargo de los mismos casos en la época de los Tribunales de Seguridad del Estado, por lo que con el nuevo sistema se recrea la antigua constante de justicia viciada;
· El derecho a una defensa efectiva es violado por los jueces, que de forma habitual y arbitraria no citan a testigos para que declaren y sean interrogados a su vez por los abogados defensores. 

Incluso después de que las autoridades turcas hayan contemplado la posibilidad de que las personas afectadas sean sometidas a un nuevo juicio tras fallar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que Turquía había violado los principios que regulan los juicios con garantías, hasta la fecha esos nuevos juicios no han incluido un reexamen nuevo, exhaustivo e imparcial de las pruebas.

"Conforme a la ley, algunas personas en cuyo favor ha fallado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tienen derecho a ser sometidas a un nuevo juicio. Sin embargo, hasta la fecha, si se abre un nuevo juicio de esa índole, se celebra de una manera digna de la atención del escritor Franz Kafka: los mismos jueces y fiscales limpian el polvo de los mismos expedientes y previsiblemente llegan al mismo fallo que ya fue criticado por el Tribunal Europeo en su momento. Las antiguas y comprometidas pruebas, las más de las veces obtenidas mediante tortura, no son anuladas", ha manifestado Nicola Duckworth.

Además, al contemplar el derecho a un nuevo juicio conforme a las resoluciones del Tribunal Europeo según las cuales Turquía violó el derecho a un juicio con garantías, el gobierno ha introducido una cláusula de escape que bloquea el posible nuevo juicio de toda persona que tuviera causas pendientes ante el Tribunal el 4 de febrero de 2003. La motivación de esta medida era encontrar una fórmula para evitar la celebración de un nuevo juicio de Abdullah Öcalan, dirigente del Partido de los Trabajadores Kurdo. Así pues, la medida tiene también un efecto discriminatorio sobre todos los demás casos sometidos a la consideración del Tribunal Europeo que, junto con el de Abdullah Öcalan, estaban pendientes de resolución en la misma fecha.

"Las autoridades kurdas deben acometer con carácter de prioridad urgente una revisión sistemática de todos los casos penales pendientes para determinar todos los casos en que se hayan formulado denuncias de que durante los interrogatorios se obtuvieron ilegalmente declaraciones de sospechosos, encausados o testigos mediante tortura u otros malos tratos. Deben tomar medidas para archivar todos los casos en que existen sospechas fundadas de que las pruebas principales contra el encausado se basan en ‘confesiones’ presuntamente obtenidas por la fuerza", ha manifestado Nicola Duckworth.

Amnistía Internacional hace un llamamiento a las autoridades de Turquía para que cumplan las normas internacionales en materia de juicios con garantías y lleven a cabo una investigación exhaustiva de todas las denuncias de tortura; pongan fin a todo uso ante los tribunales de pruebas obtenidas mediante tortura; garanticen el derecho a una defensa efectiva; pongan fin a la reclusión preventiva prolongada y a los procedimientos penales dilatados en el tiempo.

Comentario

Esta noticia se relaciona con el artículo en el cual se dice quetoda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, en que en la noticia se cuenta que hay personas que llevan más 10 años encarceladas sin saber si son culpables o no. Porque no tienes ni abogados ni juicios justos y los encarcelaron al confesar bajo tortura.

Me parece muy mal, porque si son culpables está bien, pero si no lo son es muy triste estar más de 10 años encarcelado, porque es como si estuviese muerto pero con vida, porque le prohíben vivir dignamente.

Artículo 11
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

Recluidos de Guantánamo

La mayoría de los hombres que siguen encarcelados en Guantánamo no han sido acusados de delito alguno por las autoridades estadounidenses. Amnistía Internacional lleva tiempo pidiendo que se ponga en libertad a estas personas si no se las acusa de delitos reconocibles y se las juzga ante tribunales independientes e imparciales.  

Desde que el presidente Obama tomó posesión de su cargo, el gobierno estadounidense sigue haciendo valer su autoridad para continuar encarcelando sin cargos ni juicio a personas que el gobierno anterior calificó de “combatientes enemigos”. El gobierno de Obama ha mantenido la opción de juzgar a determinados presos de Guantánamo ante comisiones militares, tribunales que, en opinión de Amnistía Internacional, no se ajustan a las normas internacionales sobre juicios con las debidas garantías. Por otra parte, el gobierno estadounidense está recurriendo también a los tribunales civiles federales para que celebren algunos juicios.  

Se han presentado cargos contra un preso de Guantánamo, que ya ha sido trasladado para ser juzgado ante una corte federal de primera instancia de Nueva York, y el gobierno ha anunciado que otros cinco presuntos implicados en la conspiración del 11 de septiembre serán igualmente juzgados por un tribunal civil en Nueva York. Aún no se ha llevado a cabo el traslado de los cinco. El fiscal general de Estados Unidos ha dejado claro que espera que el gobierno pida la pena de muerte en sus juicios, pena a la que Amnistía Internacional se opone de manera incondicional en todas las circunstancias.  

Unos 50 de los casi 200 hombres recluidos en Guantánamo no pueden volver a sus países de origen, ya que si lo hicieran estarían expuestos a sufrir nuevos abusos contra sus derechos humanos, como tortura o persecución. En la lista de personas que se encuentran en esa situación hay ciudadanos de Argelia, China, Libia, Rusia, Siria y Túnez.   

Por esta razón, las autoridades estadounidenses, los abogados de los detenidos y Amnistía Internacional, entre otras organizaciones internacionales, han pedido insistentemente a los gobiernos de Europa y de otros países que brinden a estas personas un lugar seguro donde vivir. 

Estados Unidos ya ha enviado algunos presos a sus países a pesar del riesgo que corrían. Por ejemplo, siete presos que fueron devueltos desde Guantánamo a la Federación Rusa en 2004 sufrieron violaciones de derechos humanos a su regreso, que incluyeron detención arbitraria, tortura y otros malos tratos y juicio sin las debidas garantías. 

Comentario

Esta muy mal que las personas encarceladas de Guantánamo hayan sido detenidas sin delito alguno y que lleven tanto tiempo encarcelados sin que encima no haya acusación alguna contra ellos. Si no hay pruebas contra ellos deberían dejarlos en libertad y si las tienen los deberían juzgar pero no tenerlos esperando tanto tiempo sin resolver su situación.

Esta noticia se relaciona con el artículo en el cual se dice quetoda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, en que la noticia cuenta un caso en el que unos presos reciben maltratos, y han sido detenidos sin motivo.

Artículo 18
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

Un grupo de 48 cristianos autóctonos de la provincia de Salavan, situada al sur de Laos, están retenidos hasta que renuncien a su fe, según informaciones de la agencia católica de noticias Ucanews. El líder del Gobierno del distrito de Ta-Oyl ordenó su detención después de un incidente que tuvo lugar el mes pasado, en el que cien oficiales del distrito irrumpieron en una celebración religiosa del domingo por la mañana en la localidad de Katin.

Tanto el observatorio Human Rights Watch for Lao Religious Freedom (HRWLRF) como el International Christian Concern (ICC) denunciaron este incidente.

En la redada del 10 de enero, los oficiales del distrito apuntaron con pistolas a las cabezas de los cristianos y forzaron a los 48 a entrar en un descampado cercano, donde se dice que permanecen detenidos. Les confiscaron sus pertenencias personales y destruyeron seis de sus casas. No les dejan volver a la aldea y ahora están durmiendo en el suelo sin refugio y con poca comida, según el ICC. Esta organización destacó que los cristianos se negaron a obedecer la orden de renunciar a su fe.

Forzados a punta de pistola

HRWLRF informó que las autoridades incluían al jefe local, a un oficial de asuntos religiosos, a tres policías del distrito y a quince miembros de una unidad de voluntarios. “Mientras eran forzados con la pistola en la cabeza, los creyentes tomaron sólo las pertenencias que pudieron coger”, indica un comunicado del HRWLRF. La policía local ha sido destinada fuera de Katin para evitar que los cristianos regresen al pueblo.

“Están sin luz, comida y agua limpia, excepto por un pequeño arroyo cercano”, indicó la organización.

El líder local de Katin declaró el año pasado que el culto a los espíritus es la única forma aceptable de culto en la comunidad, añadió el HRWLFR. Dijo que había confiscado ganado de los aldeanos cristianos y el 11 de julio de 2009 convocó una reunión especial de todos los residentes y anunció que habían “prohibido la fe cristiana en nuestro pueblo”.

Comentario

Me parece muy mal que retengan a un grupo de cristianos hasta que renuncien a su fe. Creo que cada persona puede tener sus creencias y hay que respetarlos por ello. Nadie puede imponer su fe personal a los demás y mucho menos por la fuerza. Pueden intentar convencerles de que lo que ellos creen es lo verdadero pero utilizando las palabras, sin obligarles por la fuerza.

Esta noticia se relaciona con el artículo en el cual se dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, en que en la noticia se cuenta que un grupo de cristianos al sur de Laos están detenidos hasta que renuncien a su fe.

Artículo 22
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

La Seguridad Social es entendida y aceptada como un derecho que le asiste a toda persona de acceder, por lo menos a una protección básica para satisfacer estados de necesidad.

Es así como la concepción universal respecto del tema ha llevado a cada nación a organizarse con el objeto de configurar variados modelos al servicio de este objetivo. En este contexto siempre se concibió al Estado como el principal, si no el único promotor de esta rama de la política socioeconómica puesto que los programas de seguridad social están incorporados en la planificación general de este. Sin embargo, no siempre se logró a través de tales políticas desarrollar e implementar un sistema de seguridad social justo y equitativo, en el cual la persona tuviera la gravitación que amerita. Se suma a ello el vertiginoso avance de la economía mundial. En otras palabras, no hubo un desarrollo paralelo de ambas áreas, condición vital para lograr un crecimiento equilibrado.

El Estado debe ejecutar determinadas políticas sociales que garanticen y aseguren el bienestar de los ciudadanos en determinados marcos como el de la sanidad, la educación y en general todo el espectro posible de seguridad social. Estos programas gubernamentales, financiados con los presupuestos estatales, deben tener carácter gratuito, en tanto son posibles gracias a fondos procedentes del erario público, sufragado a partir de las imposiciones fiscales con que el Estado grava a los propios ciudadanos. En este sentido, el Estado de bienestar no hace sino generar un proceso de redistribución de la riqueza, pues en principio, las clases inferiores de una sociedad son las más beneficiadas por una cobertura social que no podrían alcanzar con sus propios ingresos.

En este Sistema se engloban temas como la salud pública, el subsidio al desempleo, o los planes de pensiones y jubilaciones y otras medidas que han ido surgiendo en muchos países tanto industrializados como en vías de desarrollo desde finales del siglo XIX para asegurar unos niveles mínimos de dignidad de vida a todos los ciudadanos e intentar corregir los desequilibrios de riqueza y oportunidades.

Comentario

Esta noticia se relaciona con el artículo en el cual se dice que toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, en que en la noticia se cuenta que el Estado debe garantizar la seguridad social gratuita a todas las personas.

Me parece muy bien, porque si me pongo malo voy al médico y no me cuesta dinero. Otro ejemplo es si me tengo que operar o si tengo que tratarme con medicamentos costosos. Si esto es gratuito, me garantizo que me puedo poner bueno sin que me cueste dinero. Sin estas facilidades, podría ser que algunas personas no pudiesen pagarse tratamientos y operaciones con el posible deterioro de su salud, pudiendo llegar incluso a morirse por no poder pagar las medicinas necesarias para sanar.

Artículo 24
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

Un juez reconoce el derecho a descanso de los médicos tras una guardia voluntaria

Un juzgado de lo Social de Castellón condena a la Conselleria a dar 82 días libres a un profesional.


Vicente Martínez, Valencia.- El titular del juzgado de lo Social número 3 de Castellón ha reconocido el derecho que tiene el médico a la libranza no sólo cuando realiza una guardia obligatoria, como ocurre de forma habitual, sino también cuando es voluntaria. En este sentido, la sentencia condena a la Conselleria de Sanidad a reconocerle 82 días de descanso por todas aquellas guardias voluntarias que había efectuado sin que, con posterioridad, tuviera su jornada de descanso.

Según se advierte en el fallo, el médico "tiene derecho a libranza después de cada guardia realizada, independientemente de que sea obligatoria o voluntaria". Así, el juzgado señala que la Conselleria de Sanidad y, por tanto, el centro médico en el que trabaja el demandante, deberá reconocerle 82 días de descanso o, de no ser posible, a su compensación económica por importe de 24.485,96 euros, así como doce días de descanso adicional a su periodo de vacaciones.

El juzgado castellonés ha estudiado la reclamación que en junio de 2004 presentó un médico integrado en un Equipo de Atención Primaria que fue contratado como refuerzo para los meses de verano de 2001 a 2003. En su escrito solicitaba una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados tras privarle del derecho al descanso una vez realizada "una guardia de presencia física".

La Conselleria de Sanidad denegó tal petición al ampararse "en el carácter voluntario, no obligatorio, de las guardias médicas realizadas por el facultativo durante el referido periodo".

Asimismo, el fallo explica que el Decreto 72/2001, por el que se regula la atención continuada en Atención Primaria, afirma que 2el día siguiente de haber realizado atención continuada de forma obligatoria será día de descanso remunerado".

La sentencia, que acepta los argumentos de una letrada del Sindicato Médico de Castellón, señala que "la entidad gestora reconoció en juicio que los médicos, una vez en vigor el Decreto 137/2003, que regula la jornada y horario de trabajo, permisos, licencias y vacaciones del personal sanitario dependiente de la Consejería de Sanidad, tienen derecho a libranza después de cada guardia con independencia de que sea voluntaria u obligatoria".

Por otra parte, el titular del juzgado de Lo Social número 3 castellonense también estudia la cuestión subsidiaria de la reclamación dirigida a la compensación económica de los descansos no disfrutados.

El fallo judicial, que se podría recurrir ante una estancia superior, subraya que el Estatuto Marco establece un régimen de descansos alternativos para cuando no se hubiera disfrutado de los periodos mínimos de descanso establecidos en la ley. En este punto, el texto legal señala que "se tendrá derecho a su compensación mediante descansos alternativos cuya duración total no podrá ser inferior a la reducción experimentada". El Estatuto Marco añade que el descanso compensatorio no podrá ser sustituido por compensación económica, "salvo los casos de finalización de la relación de servicios".

Para el juzgado, «esta disposición no puede aplicarse al caso estudiado porque el Estatuto Marco entró en vigor el 18 de enero de 2003, es decir, con posterioridad al periodo a que se contrae la reclamación del médico».

Comentario

Esta noticia se relaciona con el artículo en el cual se dice que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre… , en que en la noticia se cuenta el caso de un juzgado que hace que la Sanidad reconozca 82 días de descanso a un médico por todas las guardias voluntarias que había hecho.

Me parece muy bien porque compensan su esfuerzo, aunque creo que debería haber trabajado menos. El trabajo de mas lo podría haber hecho otro médico y así se facilitaba que hubiese más personas trabajando y menos paradas.

Artículo 17
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Abogados defienden el derecho a la propiedad privada

A propósito de las afirmaciones del presidente Hugo Chávez, el pasado domingo, acerca de que 'la tierra no es privada, es propiedad de la nación', Andrés H. González, abogado y profesor de la Universidad de Margarita (Unimar), afirma: 'Realmente esa propiedad colectiva o difusa, que es de todos y al mismo tiempo de nadie, no está prevista en nuestra Constitución Nacional'.

Recuerda el artículo 115 de la Constitución de 1999 (actual), que reza: 'Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o interés social. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes'.

González explica que el pacto social venezolano, que es la Constitución, contempla el 'respeto a la propiedad privada en los términos que ella y las leyes establecen'. Estima que se trata de un 'exceso' del Presidente Chávez, pues la propiedad privada existe en Venezuela.

Reforma agraria.

Ignacio Ra- mírez Romero, abogado y presidente de la Federación de Derechos Humanos de Venezuela, dice que el Jefe del Estado 'lo que hace es reivindicar una vieja tesis ('la tierra es de quien la trabaja'), que no es del actual proceso, sino que se remonta a los antecedentes de la Reforma Agraria encabezada por Acción Democrática (AD), y que de alguna manera fue recogida en la primera Ley de Reforma Agraria, a principios de la década de 1960.

'No creo que el Presidente haya querido decir, cuando habló de que las tierras son de la nación, que con eso desaparece de un plumazo el derecho de propiedad, porque él ha insistido muchísimas veces en que la propiedad se respeta, entre otras cosas porque tiene rango constitucional', añade.

Comentario

Esta noticia se relaciona con el artículo en el cual se dice quetoda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente, en que en la noticia se cuenta que Hugo Chávez dice que la propiedad no es privada sino que es del estado.

Me parece un comentario muy injusto, porque si tú tienes una casa no pueden decirte que no es tuya, que es del estado, cuando te ha costado mucho trabajo y dinero llegar a conseguirla.

Artículo 8
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

En comparación con la población judía, la minoría árabe en Israel se ha considerado de forma distinta ante la ley. Como Israel se define como "Estado judío" y el Knesset hace uso del Derecho judío, al formular sus estatutos, todo ciudadano que no sea judío sufre inevitablemente una discriminación. Después de la declaración del estado en 1948, el gobierno impuso la ley marcial declarando "áreas cerradas" aquellas zonas del país pobladas por árabes de acuerdo con el artículo 125 de las Regulaciones para la Defensa (Emergencia); se crearon tres zonas con arreglo a la ley marcial, rodeando al 85% de los árabes que permanecieron dentro de la línea de armisticio. Se impuso el toque de queda por la noche y se hizo obligatorio el permiso para viajar. Para obtener este salvoconducto, "un árabe tiene que dirigirse a una oficina militar y muy a menudo hacer cola durante horas. En las carreteras, el ejército israelí pone controles para cerciorase de que los árabes tengan dichos permisos... Podían hacer que un árabe que residiese en una localidad sin permiso fuese expulsado y que se confiscase su propiedad. Un observador, haciendo la comparación con Sudáfrica, lo denominó como sistema de ‘bantustanes’."

Asimismo, en los Territorios Ocupados, los palestinos que buscaban la justicia en el sistema jurídico israelí tuvieron muy poco éxito. "El gobierno militar de Israel en Cisjordania y en la Franja de Gaza era comparable en muchos aspectos a los gobiernos militares que había establecido después de 1948 en sus propias zonas pobladas por los árabes. Las normas se fijaban por decreto militar y el control directo lo ejercía el personal militar. Los casos penales se elevaban a los tribunales militares"

Comentario

Esta noticia se relaciona con el artículo en el cual se dice que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, en que en la noticia se cuenta que la población judía de Israel se considera de forma distinta ante la ley. Todo ciudadano que no sea judío sufre una discriminación.

Está mal porque deberían tener todos los mismos derechos judiciales.