En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República debe presentar anualmente un Informe de Gobierno a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, a fin de dar cuenta del estado general que guarda la administración pública del país e informar, de conformidad con el Artículo 6º de la Ley de Planeación, de las decisiones adoptadas para la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.

Este Cuarto Informe de Gobierno, presentado por el Presidente Vicente Fox Quesada, privilegia la exposición de los resultados y los cambios cualitativos a través de indicadores estratégicos; muestra cómo se aplicaron los principales instrumentos de política, resalta la mayor articulación entre sí de los programas y actividades institucionales del Gobierno Federal, y enfatiza el rumbo hacia dónde se ha conducido al país.

El capítulo de Desarrollo Humano y Social resume el comportamiento demográfico y los avances de los programas orientados a ampliar el acceso de la población a los servicios de educación, salud y protección social, así como las acciones puestas en marcha para mejorar la calidad de esos servicios, proveer la infraestructura social en el medio rural y urbano, superar la pobreza y construir condiciones de igualdad de oportunidades a mujeres, indígenas, niños, jóvenes y adultos en situación menos favorable.

El capítulo de Crecimiento con Calidad describe las medidas de política económica aplicadas para evitar presiones inflacionarias y consolidar la estabilidad financiera, propiciar la recuperación del empleo y de las actividades productivas, incentivar la generación de ahorro y la reactivación del crédito, así como fortalecer el desarrollo del mercado interno, para sustentar una mejoría en la capacidad de compra de los mexicanos, a partir del fomento industrial, agropecuario, forestal, pesquero, comercial y minero.

En el capítulo de Crecimiento con Calidad se exponen los resultados de la actividad turística y se analizan los avances en materia de desarrollo sustentable en los ámbitos regional y urbano, destacando las acciones para impulsar el uso eficiente del agua, la protección y aprovechamiento de recursos naturales, además del combate a la contaminación. También se muestran los esfuerzos para mejorar la vinculación empresarial con las actividades de innovación tecnológica, así como para modernizar la infraestructura hidráulica, energética y de comunicaciones y transportes.

El capítulo de Seguridad, Orden y Respeto, considera los resultados de la política exterior, destacando los alcances de la aplicación de tratados y acuerdos comerciales y migratorios. Por otra parte, muestra los avances en la consolidación del ejercicio democrático del poder público, con el impulso de la participación ciudadana y la observancia de las atribuciones encomendadas a cada uno de los Poderes de la Unión y de los órdenes de gobierno. También se informa de las acciones para reforzar la seguridad pública, combatir el narcotráfico y a la delincuencia organizada, y hacer más eficiente y expedita la procuración de la justicia penal, agraria, laboral y ambiental con pleno acatamiento del estado de derecho y respeto a los derechos humanos.

Asimismo, en este capítulo se señalan las actividades que han permitido mejorar la prevención y atención de conflictos sociales, reforzar las labores de inteligencia, vigilancia y protección del territorio nacional para mantener la soberanía, integridad y seguridad de la Nación, además de asistir con oportunidad a la población en casos de desastres naturales.

En el capítulo de Buen Gobierno se presentan los avances alcanzados por la Administración Pública Federal en los objetivos de consolidar en los servidores públicos una cultura de servicio responsable, transparente y honesta en el cumplimiento de sus obligaciones; en la implantación de nuevos métodos y procedimientos institucionales para el manejo y control más eficiente de los recursos públicos; así como en la simplificación de trámites y el uso más intensivo de tecnologías modernas que hagan posible ofrecer más y mejores servicios, con mayor profesionalismo y menor gasto

El Resumen Ejecutivo del Informe, lo encontramos estructurado en los siguientes apartados:

Más oportunidades para todos: En la administración Fox Quesada, se han impulsado las oportunidades como opciones reales para todos de mejorar el presente y sembrar un futuro mejor. Por ello el resumen alega que la presidencia trabaja en un marco de igualdad de oportunidades. La política de desarrollo social del gobierno Fox es totalmente humanista, por lo que su principal meta es disminuir los niveles de pobreza, como desafío más apremiante de México.

Crecimiento sólido y perdurable: En este apartado el presidente Fox alega que las medidas económicas tomadas son de calidad, huyendo de la posibilidad de tomar medidas más populistas de corto plazo. Se trata de lograr un crecimiento sano sobre bases sólidas para que el avance pueda sostenerse y reflejarse de manera perdurable en un mejor nivel de vida para las mexicanas y los mexicanos. La presente administración ha orientado su estrategia económica hacia la consecución y mantenimiento de un desarrollo estable y sostenido, económicamente sustentable, capaz de equilibrar la expansión económica y la reducción de la pobreza con la protección del medio ambiente, obteniendo avances en la equidad de oportunidades entre personas, regiones y sectores.

Más seguridad: La justicia es una de las grandes aspiraciones de la democracia. Ésta crea gobiernos legítimos y la justicia permite el ejercicio cabal de las libertades. Nuestro sistema democrático tiene entre sus asignaturas pendientes garantizar a las mexicanas y los mexicanos un sistema de seguridad pública eficaz y, al mismo tiempo, impulsar y mantener un moderno sistema de justicia penal. La seguridad pública es la base de la confianza en la relación social, elemento imprescindible de convivencia. Y es, también, la primera responsabilidad del Estado. Frente al embate de la delincuencia, que ha dañado y enlutado a muchos hogares mexicanos, miles de personas se manifestaron pacíficamente en las calles de diversas ciudades del país para expresar su legítima demanda de seguridad.

Un gobierno que funcione como todos queremos: La innovación gubernamental se ha convertido en el principal esfuerzo de esta administración por ubicar al ciudadano en el centro de su quehacer.
A través de una labor coordinada en todas las instituciones públicas, el gobierno del Presidente Fox ha impulsado el cambio de métodos, estructuras y procedimientos a fin de otorgarle a la ciudadanía el gobierno ágil, eficiente, honesto y transparente que ésta exige hoy en día, sin detener el trabajo cotidiano y la atención de las urgencias nacionales. El objetivo es construir un gobierno honesto y transparente que ofrezca más y mejores servicios a los mexicanos.

Gobernabilidad democrática y Política Internacional: En la conducción de la política interna prevalece el principio de gobernabilidad democrática. Con base en el diálogo, la sociedad entera, los diversos sectores y las tendencias políticas encuentran solución a sus diferencias y generan acuerdos.

Como en toda democracia, la diversidad de opiniones va perfilando el país que queremos. Unidos en lo fundamental, nos beneficiamos todos de las diferencias como expresión de nuestra pluralidad y sustento de nuestras decisiones. México vive hoy una etapa histórica en la que todos los actores políticos y sociales se manifiestan con absoluta libertad, cuyo ejercicio da presencia diaria al mosaico cultural e ideológico de las mexicanas y los mexicanos

A continuación transcribimos el Mensaje Político dirigido por el Presidente Vicente Fox Quesada al Congreso de la Unión, con motivo de la presentación oficial del Cuarto Informe de Gobierno:

Honorable Congreso de la Unión:

Comparezco ante esta Soberanía para cumplir la responsabilidad que señala el artículo 69 de nuestra Constitución, de rendir cuentas sobre el estado que guarda la administración pública del país.

Hago entrega del Informe escrito y sus anexos, que detallan los resultados de este año de gestión. En este mensaje me referiré únicamente a los aspectos más relevantes.

Al asumir la Presidencia de la República, incorporé a mi propuesta de gobierno las aspiraciones democráticas de la sociedad. El mandato ciudadano que recibí fue muy claro: profundizar en la democracia y avanzar en la construcción de un país que tuviera como ejes la independencia de los poderes y el fortalecimiento del orden jurídico.

La democracia exige proteger libertades y derechos civiles, fijar responsabilidades y fomentar la rendición de cuentas. Exige también una gobernabilidad que, además de las normas, los procedimientos y las estructuras de decisión, comprenda una responsabilidad compartida entre la autoridad y la comunidad política.

La democracia exige un gobierno que someta sus actos a la vigilancia de la ciudadanía y oriente sus recursos hacia programas en beneficio de la sociedad.

Nuestro proyecto asume esas demandas; asume la misión de hacer de la democracia un medio indispensable para el desarrollo humano.

La inclusión de los grupos marginados ha permitido una nueva definición del ciudadano como miembro pleno de la sociedad, al asegurar que cada mexicano cuente con oportunidades y derechos suficientes para salir adelante por su propio esfuerzo.

Al rendir este Informe, el proyecto democrático en el que hemos trabajado con empeño aún no logra todos sus objetivos. No obstante, con responsabilidad y rumbo claro, estamos avanzando en la construcción de un mejor futuro.

El cambio político ha dado vida a la democracia y nuestra energía ha estado dirigida a lo esencial: a la libertad. Libertad para elegir; para expresar ideas; para participar y decidir el rumbo de nuestras vidas. Cuando hablamos de humanismo, hablamos de libertad.

Los mexicanos estamos demostrando que la libertad y la democracia se refuerzan y enriquecen mutuamente. Ambas dan sustento al Estado de derecho y a la transparencia. La voz de la sociedad contribuye a crear una vida pública de manos limpias y verdades claras.

Éste es un gobierno que trabaja en función de la ciudadanía; un gobierno que cree que la política no sólo la hacen los políticos, sino, sobre todo, las y los ciudadanos; un gobierno que respeta su libertad para tomar parte en las decisiones.

La libertad y la capacidad de participación pública son transformaciones de fondo. No obstante, la libertad no es aval de una democracia perfecta.

Las mujeres y hombres que viven en ella deben de estar dispuestos a bregar, a bregar en un escenario de intereses y pasiones; donde las luchas de poder son reales; donde hay que arriesgar y hay que asumir deberes.

En la democracia no hay absolutos; es una balanza en la que hay pesos y contrapesos. Los problemas inherentes a la democracia no son motivo de desánimo; son un desafío.

La democracia exige que los intereses de la población se reflejen en decisiones colectivas; exige hablar de frente y con verdad a los ciudadanos.

La democracia requiere también de medios de comunicación que respondan a las necesidades de una sociedad plural e informada; que ejerzan su tarea con ética y compromiso, con una actitud recta, crítica, responsable y objetiva.

Cuando los actores políticos omiten la discusión de los problemas centrales o carecen de interés para resolverlos, la ciudadanía acaba por sentirse insatisfecha de la política.

Nuestro desafío es conciliar más democracia con mejor gobierno; es lograr una democracia gobernable, en el más amplio sentido de la palabra.

El cambio político muestra aún carencias importantes. Una de las más evidentes es que la comunicación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo no ha sido tan fluida como demandan estos tiempos. No obstante, quiero reconocer que, cuando hemos hecho a un lado las diferencias, construimos leyes fundamentales para la consolidación de la democracia.

Es responsabilidad de todos los miembros de la clase política evitar que la sociedad se desilusione de la democracia; que piense, que piense que la lucha de tantos años fue en vano.

La preservación de la democracia y su consolidación no son hechos espontáneos. Son construcciones deliberadas, formuladas en proyectos, modeladas por liderazgos e investidas del poder que proviene del apoyo ciudadano. Los retos de México son esencialmente desafíos a nuestra responsabilidad individual.

La solución de los problemas nacionales comienza con nuestra propia decisión de asumirlos. La democracia se torna realidad cada vez que uno de nosotros hace suya la responsabilidad de cambiar a México.

La vida democrática nos exige hoy dar un paso más. El gobierno en función de la ciudadanía debe transformarse ahora en un Estado en función de la ciudadanía; en un Estado capaz de dar una estructura institucional al nuevo rumbo de la sociedad, y de procesar los conflictos conforme a reglas democráticas.

La virtud de un Estado en función de la ciudadanía es que no sólo garantiza el respeto de los derechos y es instrumento central para su expansión, sino que contribuye también a la construcción de una identidad democrática.

Los gobiernos son temporales; los Estados deben su permanencia a la solidez de sus principios y valores, a la fortaleza de sus instituciones, y a la madurez de su ciudadanía.

Construimos una democracia para ciudadanos. Nuestra democracia exige que vivamos de acuerdo con las normas de un Estado de derecho, que reconozca la diversidad de intereses y visiones, y sujete su actuar a la Constitución.

Las mujeres y hombres de las fuerzas armadas han sido sólidos garantes del Estado de derecho. Siempre leales a su vocación constitucional y al pueblo del que nacen, son también un pilar de nuestra lucha por consolidar el imperio de la ley.

Su compromiso con la Nación y su actitud responsable confirman su lugar central en la democracia. La sociedad y el gobierno estamos orgullosos de nuestro Ejército, de nuestra Fuerza Aérea y nuestra Armada. Reconocemos su contribución al respeto de la ley, de las instituciones y de nuestras libertades.

En la consolidación del Estado de derecho, contamos con un Poder Judicial que garantiza la legalidad y contribuye a que nuestra democracia ajuste su actuar a reglas claras y justas.

Toda sociedad busca proteger y preservar la integridad física, moral y patrimonial de sus integrantes. La vigencia del Estado de derecho no puede separarse de la garantía de seguridad.

Nuestro compromiso con un Estado que respeta la legalidad se tradujo en una reforma institucional que rediseñó la Procuraduría General de la República, creó la Secretaría de Seguridad Pública y estableció la Agencia Federal de Investigación.

Como resultado de su trabajo, hemos detenido a más de 32 mil personas relacionadas con el narcotráfico; más, más de 5 mil de ellas sólo durante este año. Asimismo, se han desmantelado 51 bandas de secuestradores y liberado a 458 de sus víctimas.

Sólo habrá un México seguro si sumamos los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno. El trabajo coordinado de las procuradurías y de las secretarías de seguridad pública de todo el país demuestra que la unión hace la fuerza.

Este año, incrementamos los recursos del Sistema Nacional de Seguridad en mil millones de pesos sobre lo presupuestado.

Además, estamos proponiendo en el presupuesto, duplicar el presupuesto de seguridad para el año 2005; sin embargo, estos recursos son aún insuficientes para erradicar a la delincuencia y al crimen organizado.

La seguridad preocupa a todas las autoridades. Con la reforma del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se integrará a los tres órdenes de gobierno y a la sociedad en esa tarea. Este Consejo trabaja para que la seguridad tenga la más alta prioridad presupuestal y eficacia en sus resultados.

Gracias al sistema de planeación y control de la Policía Federal Preventiva, muchas ciudades con altos índices de delitos están recibiendo apoyos significativos. Ejemplo de ello son Acapulco, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez y Tijuana.

Sabemos que esto no es suficiente. Necesitamos que los jefes de familia, los maestros y las maestras, los medios de comunicación, las organizaciones ciudadanas ayuden a concientizar a la población, para que nadie justifique ni tolere la delincuencia.

Sólo una sociedad vigilante y defensora de la ley puede lograr que los gobiernos cumplan sus responsabilidades.

En marzo, envié a esta representación una iniciativa de ley para rediseñar las estructuras de seguridad pública y justicia penal. Con una policía articulada --formada dentro de un servicio profesional de carrera--, que se encargue de investigar los delitos, seremos más eficaces para combatirlos.

Otra parte de este esfuerzo es el cambio en los juicios penales para hacerlos transparentes. A través de un juicio oral y de más corta duración, el derecho de las y los mexicanos a una justicia penal, pronta y expedita, dejará de ser letra muerta para convertirse en realidad. Es necesario también garantizar que se repare el daño de las víctimas.

La sociedad civil ha exigido legítimamente más seguridad pública y mejor justicia penal. El mes pasado, rendí cuentas sobre diez acciones concretas a las que me comprometí en materia de seguridad. Acordamos ahí el Programa Emergente de Acciones para Afrontar el Fenómeno Delictivo, que establece nuevas medidas, mayores presupuestos en contra de la impunidad y el crimen. Ellas recogen las demandas ciudadanas y son resultado de un intenso diálogo entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad.

Hemos sentado las bases para que los criminales no se escondan tras la división entre fuero común y fuero Federal. Atacamos la inseguridad respetando las normas del orden constitucional y en beneficio de la sociedad. Como muestra de la transparencia de mi gobierno, hemos publicado las cifras relativas a delitos federales.

Los homicidios y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez son una ofensa para el país. Mi gobierno no endosa su responsabilidad, ni tampoco la evade. Hemos apoyado la formación de un banco de datos en genética forense para avanzar en la identificación de las víctimas. También hemos fortalecido la protección social de las mujeres y sus familias.

Las investigaciones preliminares han establecido que 81 servidores públicos del gobierno de Chihuahua --entre quienes se encuentran fiscales, agentes del ministerio público y de la policía judicial-- propiciaron la impunidad al no cumplir su deber. Estos funcionarios han sido denunciados ante las autoridades correspondientes para que se actúe en consecuencia.

Ni en Juárez, ni en ningún otro lugar, permitiremos que las mujeres sean víctimas de agresiones o de discriminación.

La consolidación de nuestra democracia y el fortalecimiento del Estado de derecho tienen como un valor fundamental el respeto a los derechos humanos.

En diciembre pasado, recibí el diagnóstico del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Somos de los pocos países en donde la ONU ha podido realizar esta tarea, y el único en el que han participado organizaciones civiles y dependencias gubernamentales.

Con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mantenemos una relación de respeto absoluto a su autonomía constitucional y hemos atendido sus recomendaciones.

Nuestra lucha contra la tortura es frontal. La adhesión de la PGR al Protocolo de Estambul confirma nuestro decidido compromiso para erradicar este mal.

Mi gobierno presentó, en abril, una iniciativa de reforma que propone atribuir al Estado la obligación constitucional de garantizar los derechos humanos. Buscamos que su protección sea responsabilidad de los tres órdenes de gobierno.

Defendemos los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras. Llevamos a la Corte Internacional de Justicia el caso de los mexicanos condenados a la pena de muerte en los Estados Unidos. Su fallo es una victoria para la justicia y para México.

La sociedad exige conocer la verdad sobre los sucesos que ensombrecieron nuestro pasado. La Fiscalía Especial ha ejercido sus funciones con autonomía técnica y operativa. Los resultados están ahora bajo examen de los tribunales del Poder Judicial Federal. Mi gobierno acatará su decisión, consciente de que el poder del Estado debe preservar el derecho y la libertad.

La democracia debe asegurar que la represión no vuelva a ser una herramienta de gobierno, y que nunca más una autoridad esté por encima de la ley.

La eficacia de una democracia depende de que la respuesta gubernamental esté a la altura de las demandas sociales. Por ello, en un marco de gobernabilidad, buscamos soluciones legítimas y adecuadas a los problemas.

La Convención Nacional Hacendaria es un hito en el fortalecimiento del federalismo; es una nueva oportunidad para la nación. Es también un paso histórico que permite compartir visiones para corregir los desequilibrios regionales, para hacer de la palabra y la razón las bases de todo acuerdo democrático.

Ahí, los tres órdenes de gobierno y los poderes de la Unión nos reconocimos como políticamente iguales.

El ánimo federalista de los participantes fructificó en 323 acuerdos unánimes para crear una nueva hacienda pública. Estos acuerdos promueven la eficiencia en el ejercicio del gasto y en los procesos recaudatorios; fortalecen la colaboración entre los órdenes de gobierno en la administración del patrimonio; y sientan las bases para una administración responsable y profesional de la deuda pública.

Los acuerdos de la Convención, que corresponden a decisiones administrativas están ya en marcha. El resto es responsabilidad de los congresos, que tienen la última palabra.

La gobernabilidad democrática es el más importante de los bienes públicos. Fortalecerla es uno de los principales objetivos de la distribución equitativa del gasto y del patrimonio de la Federación; también es uno de los propósitos de las reformas a las instituciones políticas.

Nuestro sistema electoral es perfectible. Por ello, en marzo, enviamos al Congreso una iniciativa de reforma electoral para fomentar la transparencia en el uso de los recursos, para impulsar la rendición de cuentas. Buscamos disminuir los costos y los tiempos de los procesos, así como facilitar acuerdos.

En junio, enviamos otra iniciativa, para que las y los mexicanos que viven en el exterior puedan ejercer el derecho esencial de todo ciudadano: el voto.

Como parte de nuestro deber con la gobernabilidad, estamos regularizando las tierras de los campesinos para tener un campo libre de conflictos. Promoviendo acuerdos, cosechamos una paz genuina y duradera, nacida de la aplicación de la justicia y de la buena voluntad de las comunidades.

En el último año, hemos desactivado ya más de la mitad de los focos rojos que amenazaban la paz de muchas comunidades, provocando enfrentamientos, muerte y violencia entre hermanos. Así, hemos resuelto conflictos ancestrales por la tierra como el de Bernalejo de la Sierra y el de los Chimalapas.

El buen gobierno es puntal de la democracia. El buen gobierno hace de los ciudadanos el centro de sus acciones. Su misión es actuar con transparencia y rendir cuentas claras; es promover una mejor regulación; es profesionalizar a los servidores públicos y usar las nuevas tecnologías para atender las demandas ciudadanas. El buen gobierno implica servicios de calidad y ahorro de los recursos públicos.

Trabajamos bajo el escrutinio de la sociedad. En su primer año, el Instituto Federal de Acceso a la Información atendió más de 47 mil solicitudes, contribuyendo a que el ciudadano conozca y vigile las acciones del gobierno.

Este año iniciamos el Servicio Profesional de Carrera. La ley que lo hizo posible promueve el ejercicio de una nueva ética, basada en el mérito y la calidad.

La incorporación de las tecnologías de la información nos ha permitido ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. Este esfuerzo fue reconocido con el premio global Reto Estocolmo. La calidad del gobierno se refleja en la gran cantidad de centros de trabajo que han recibido la certificación internacional ISO-9000.

En este gobierno, hemos ahorrado más de 55 mil millones de pesos en gastos administrativos. Los hemos reorientado a programas sociales para el desarrollo.

Hemos cancelado 165 mil plazas administrativas. Una vez más, este año no habrá incremento salarial para mandos medios y superiores en el gobierno Federal. Agradezco a los servidores públicos su trabajo y su disposición. Con honestidad y un mejor servicio, hacemos del buen gobierno una realidad y un legado para el futuro.

México es un actor de vanguardia en el escenario internacional. Defendemos el diálogo respetuoso y la cooperación solidaria entre las naciones, como base de un nuevo régimen internacional de paz, justicia y desarrollo compartidos.

México es hoy un líder respetado por su contribución a la forja de un régimen basado en los principios y normas de la convivencia y el derecho internacionales.

Con nuestra posición en el Consejo de Seguridad de la ONU durante el conflicto de Iraq, así como a través de la creación y coordinación del "Grupo de Amigos de la Reforma de Naciones Unidas", demostramos ser una nación firmemente comprometida con la paz y el multilateralismo.

Estamos convencidos de que la cooperación multilateral es el instrumento para lograr un desarrollo que amplíe las libertades y asegure el respeto a la dignidad e integridad de cada ser humano.

La vocación pacifista de México se reconoce en la solicitud para que nuestro país facilite el proceso de paz en Colombia.

La presencia de México en el escenario mundial también se consolidó al haber sido sede de importantes encuentros. Logramos la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, firmada en nuestro país. Albergamos la Quinta Conferencia Ministerial de la OMC, avanzando en la erradicación de los subsidios agropecuarios, y la Cumbre de las Américas, así como la Tercera Reunión de las Naciones de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. En estas reuniones impulsamos un diálogo para la cooperación y la corresponsabilidad, en favor de un desarrollo compartido.

Hemos estrechado la relación con nuestros socios estratégicos. La iniciativa para construir una comunidad entre los países de América del Norte busca asegurar un futuro común de bienestar.

Promovemos los vínculos de nuestros paisanos en el exterior con sus comunidades de origen a través del Programa 3 por 1, y luchamos para que sus condiciones de salud y educación sean mejores.

Para hacer de este apoyo una política de Estado, creamos el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Firmamos acuerdos sobre seguridad social y derechos laborales para proteger a los trabajadores, independientemente de su situación migratoria.

Seguiremos insistiendo en un acuerdo integral que garantice una migración ordenada y segura. Nuestros paisanos saben que cuentan con el gobierno de México para defender sus derechos y su dignidad.

Con América Latina y el Caribe, continuaremos trabajando para que nuestras convergencias se traduzcan en una comunidad latinoamericana integrada. Así lo demostramos en la Sexta Reunión del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, y al solicitar nuestro ingreso al MERCOSUR como Estado asociado.

Estamos construyendo una economía con rostro humano. La democracia debe llevarnos a la igualdad de oportunidades, y a facilitar el desarrollo de las capacidades individuales y colectivas para hacer realidad los derechos sociales y los derechos económicos.

Con visión de largo alcance y frente a una situación adversa internacional, hemos mantenido una política económica responsable. Gracias a ella, la inflación y las tasas de interés están en los niveles más bajos de las últimas décadas. Así, hemos podido defender y fortalecer el poder de compra de los mexicanos.

Nuestro país tiene bases firmes para consolidar el crecimiento y aprovechar el nuevo dinamismo de la economía mundial.

Hoy, gracias al esfuerzo de todas y de todos los mexicanos, estamos de regreso en el camino del crecimiento económico. En el segundo trimestre de este año, el Producto Interno Bruto creció 3.9 por ciento, en junio la actividad económica se expandió 5.1 por ciento y esperamos terminar el año 2004 con un incremento de 4 por ciento.

Esto es menos de lo que México necesita, de lo que queremos y por lo que estamos trabajando.

Sin embargo, el crecimiento significa nuevas empresas que crean nuevos empleos. En los primeros siete meses del año, 281 mil trabajadores se incorporaron al sector formal, con derechos y con prestaciones.

También se crearon fuentes de trabajo e ingreso en el autoempleo y en proyectos productivos. Necesitamos avanzar más deprisa en la generación de nuevas fuentes de trabajo y desarrollo de emprendedores. De ninguna manera nos satisfacen los 400 mil nuevos empleos formales que se estiman para este año.

En México todavía existen enormes rezagos. Uno de los más preocupantes es el deterioro que, a lo largo de más de un cuarto de siglo, sufrieron el salario y el nivel de vida de los trabajadores. Hemos actuado para detener y revertir esta tendencia. El avance es moderado, pero marca el inicio de una mejoría del ingreso familiar. En esta administración, el salario medio de cotización de las y los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social se ha elevado en 8.5 por ciento, en términos reales, por encima de la inflación.

Tenemos que lograr un crecimiento mayor del salario y de la productividad. También es necesario expandir el número de créditos, para que muchos más trabajadores puedan hacerse de una vivienda y adquirir bienes a tasas fijas y accesibles. Estas oportunidades deben llegar a cada trabajador. Así consolidaremos una democracia que se refleje también en el ámbito económico.

El Congreso aprobó la reforma a la Ley del Seguro Social. Esta decisión constituye el primer paso para asegurar la viabilidad financiera de este organismo, así como para elevar la calidad de sus servicios para los doce y medio millones de trabajadores y sus familias. Reitero mi compromiso de respetar todos los derechos de las y los trabajadores de este instituto, patrimonio y orgullo de todos los mexicanos.

Les invito a todas las partes a que hagamos una tregua, reemprendamos el diálogo y alcancemos acuerdos próximos.

Desde 2001, el FONACOT ha otorgado más de un millón 200 mil créditos a los trabajadores. Al finalizar este año, el monto de los créditos otorgados por esta administración ascenderá a 10 mil 800 millones de pesos, cifra que supera, en términos reales, lo otorgado en sus primeros 27 años de historia. Para alcanzar una democracia integral, debemos seguir fortaleciendo la labor de las instituciones creadas en beneficio de los trabajadores.

La estabilidad económica es fruto de una política fiscal responsable, que fortalece los ingresos públicos y evita el derroche. Al finalizar 2004, la captación fiscal se incrementará en un punto porcentual como proporción del Producto Interno Bruto con respecto al año 2000, ubicándose en 11.6 por ciento.

El padrón de contribuyentes ha crecido 30 por ciento en relación al año 2000. Esto quiere decir que muchos de quienes no pagaban impuestos contribuyen hoy a las obras que realizan los tres órdenes de gobierno en beneficio de los mexicanos.

Hemos orientado cada vez más recursos para atender las demandas de la ciudadanía. Entre 2000 y 2004, ha aumentado 45.2 por ciento, en términos reales, el presupuesto destinado a superación de la pobreza; 8.8 por ciento la educación; 14.3 por ciento más a la salud; 33.8 por ciento más al campo y 24.3 por ciento a seguridad, y un 17 por ciento más, en términos reales, en las transferencias a los estados y los municipios.

En contraste, ha disminuido en 17.3 por ciento real el gasto de operación para actividades burocráticas y de apoyo administrativo. También hemos reducido el déficit fiscal del 1.1 por ciento --como proporción del PIB-- en el año 2000, a 0.3 este año. La propuesta de 0.1 en el año 2005 y en el 2006 buscaremos el equilibrio. Como gobierno, estamos cumpliendo nuestra parte para mantener una economía estable y sólida.

La política fiscal se complementa con una política monetaria responsable. La labor del Banco de México ha sido ejemplar.

En materia de deuda, desactivamos un conflicto que pudo tener graves efectos. Me refiero al vencimiento de la mayoría de los pagarés que el gobierno anterior firmó durante la crisis financiera de 1995. Logramos reducir en 116 mil millones de pesos el costo de las obligaciones que heredamos del rescate bancario.

Hemos reducido también la deuda externa como proporción del Producto Interno Bruto. En octubre, se emitió por primera vez un bono a tasa fija, en pesos mexicanos, con vencimiento a 20 años, cuando hace ocho años, en el gobierno anterior, no conseguíamos plazos mayores a unos meses.

Durante la presente administración, el crecimiento en términos reales del índice de la Bolsa Mexicana de Valores ha sido del 52 por ciento, uno de los más altos del mundo.

México genera certidumbre y confianza. Hoy, el riesgo-país es el más bajo en décadas. Nuestras reservas internacionales se fortalecen. En los últimos días, ascendieron a 57 mil 591 millones de dólares.

La confianza internacional se refleja también en la creciente inversión extranjera directa, que es la más alta de la historia en un periodo de cuatro años. Eso significa no sólo certidumbre en la evolución de nuestra economía, sino también mayor crecimiento, nuevos empleos y más exportaciones.

Las reformas al marco legal y a las instituciones han generado un efecto directo y positivo sobre la productividad y la competitividad, y han propiciado un incremento de la inversión.

Al crear una nueva institucionalidad, estamos creando futuro.

No hay desarrollo posible sin instituciones financieras sólidas y confiables, que apoyen el crecimiento económico y promuevan el ahorro interno. Por ello, hemos impulsado iniciativas y logrado la aprobación de este Congreso a nuevas leyes que han transformado el sector financiero. También hemos reestructurado la banca de desarrollo, convirtiéndola en motor de las actividades productivas.

El apoyo de Nacional Financiera a las empresas ha crecido de manera notable. Mientras que en el año 2000 respaldaba a 15 mil pequeñas y medianas empresas, este año lo hace a 450 mil. Durante esta administración se han entregado un millón 300 mil créditos, esto es más que todos los créditos otorgados por NAFIN en siete décadas. Al democratizar y hacer accesible el crédito, se amplía la planta productiva y se crean fuentes de trabajo.

Estamos llevando servicios financieros a quienes no los tenían. Para ello, creamos el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) y promovimos la Ley del Ahorro y Crédito Popular. Conformamos también una red nacional, la Red de la Gente, de productos y servicios financieros que, sólo en este año, atiende a 5 millones de usuarios con ahorro y crédito.

Alrededor de uno y medio millones de beneficiarios de los programas Oportunidades y Procampo cuentan ya con una tarjeta de débito y ahorro. Avanzamos, así, en la democratización de nuestra economía.

El comercio exterior es una de las grandes palancas de nuestro crecimiento. Estamos aprovechando la oportunidad que brinda la expansión de las principales economías, como lo muestra el incremento de 14.2 por ciento de nuestras exportaciones, en el primer semestre de este año.

Este año firmamos tratado de libre comercio con Uruguay, y concluimos negociaciones para alcanzar uno más con Japón.

En agosto, firmamos acuerdos con China para ampliar nuestros intercambios agropecuarios y de turismo, así como para neutralizar los efectos de las prácticas desleales de comercio.

También trabajamos para fortalecer el turismo. El número de visitantes extranjeros se incrementó en 11 por ciento de enero a junio, esperamos concluir el año con 20 millones. Estimamos captar más de 11 mil millones de dólares por ingresos turísticos en el año 2004, una cifra récord.

Además del motor externo de nuestra economía, estamos reactivando el motor interno. Hemos impulsado la competitividad, apoyando la innovación tecnológica e invirtiendo en infraestructura. Hoy, los montos de inversión pública son los más altos de los últimos 20 años. Esto alienta a la inversión privada, consolidando así la recuperación económica.

Hemos modernizado 70 por ciento de los ejes carreteros del país. Sólo en 2004, la inversión pública y privada comprometida para construcción y modernización de carreteras equivale a toda la inversión del sexenio pasado.

En forma paralela, estamos extendiendo y fortaleciendo nuestra red aeroportuaria. Ampliamos el Aeropuerto de la Ciudad de México para prolongar 25 años su vida útil.

Igualmente, modernizamos los aeropuertos de Cuernavaca, Puebla, Querétaro, León, Toluca, así como los de Monterrey, Cancún, Ciudad del Carmen y Ciudad Obregón.

Hoy podemos comunicarnos mejor y a menor costo. El país está mejor integrado, gracias a 3 mil 200 centros comunitarios computarizados y de libre acceso para la población, que han puesto entre la Secretaría de Educación y e-México. La cobertura llega a todos y cada uno de los municipios del país a través de redes satelitales y una importante cobertura telefónica.

La puesta en marcha de 23 nuevas centrales eléctricas y tres obras asociadas garantiza ya el suministro de la energía que se necesitará en toda esta década.

En cuatro años, hemos incrementado la capacidad de generación del país en 32 por ciento, casi una tercera parte de lo que se hizo en todo el siglo XX, cifra equivalente al consumo toda el área metropolitana de la Ciudad de México, o más del total de la energía que tienen los 7 países de Centroamérica.

En materia de hidrocarburos, desarrollamos el más amplio programa de inversión en décadas. Así, aumentamos la capacidad productiva en 15 por ciento y la tasa de restitución de reservas. Hemos disminuido la importación de petrolíferos a la mitad. Con el operativo en contra del robo de combustibles a PEMEX, hemos recuperado más de 4 mil millones de pesos.

Como resultado de las inversiones realizadas en los trabajos de exploración, en días pasados se anunciaron descubrimientos preliminares de muy importantes yacimientos en el Golfo de México que consolidan el futuro energético de nuestro país. Los primeros datos revelan que las reservas potenciales de éstos descubrimientos son de la misma magnitud de las que hoy conocemos con certeza.

En los ultimos cuatro años el sector agropecuario ha tenido un ritmo de crecimiento superior al del resto de la economía.

Durante el segundo trimestre, creció a una tasa de más de 5 por ciento, mientras que sus exportaciones lo hicieron en 15.9 por ciento.

Con el Acuerdo Nacional para el Campo, los programas de Procampo y Procampo Ganadero y los de Precio-Objetivo, así como a través de las compras gubernamentales de leche, maíz, frijol, arroz, azúcar, café y lentejas a productores, buscamos asegurar un ingreso digno a las mujeres y los hombres de nuestro campo. Hemos canalizado a este sector los mayores recursos en décadas; en este año, ascienden a más de 120 mil millones de pesos.

Sin embargo, estos resultados son apenas el comienzo para superar el enorme rezago que padecen todavía miles de familias campesinas. Necesitamos, sociedad y gobierno, redoblar esfuerzos.

Garantizamos los derechos de propiedad agraria mediante la titulación de los predios y tierras. Este año, el PROCEDE finalizará la certificación de derechos ejidales en 12 estados de la República Mexicana. Esta tarea habrá de concluir en todo el país en el año 2006.

Queremos alcanzar un desarrollo sustentable. Recuperar y preservar nuestro entorno ecológico es un compromiso con México y con la humanidad. En coordinación con los gobiernos estatales, trabajamos en áreas estratégicas como la Cuenca de Burgos y el Golfo de California.

En un acto federalista y republicano, los estados de Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán y Querétaro junto con el Gobierno Federal, unimos esfuerzos para revertir el deterioro ambiental de la cuenca Lerma-Chapala. Asimismo, estamos modernizando los distritos de riego de la cuenca del Río Bravo.

Hemos duplicado el presupuesto para plantaciones forestales, hemos incorporado 262 mil hectáreas de plantaciones comerciales. No obstante, la deforestación es un problema de graves consecuencias que seguiremos afrontando con firmeza.

Somos los primeros en reconocer los rezagos económicos. Sin embargo, podemos afirmar que México camina con paso firme y rumbo definido. Los logros son claros pero insuficientes. Debemos profundizar y multiplicar esfuerzos.

Promovemos un desarrollo social incluyente. El futuro de nuestra democracia exige la participación de todos los ciudadanos. Desde esta alta tribuna, convoco a actores políticos y a la sociedad a reafirmar su compromiso solidario para enfrentar la pobreza.

El Estado tiene la responsabilidad de promover el bienestar y garantizar los derechos de quienes están al margen del desarrollo. Como gobierno, lo hemos asumido cabalmente. Aunque tenemos cifras alentadoras en el combate a la pobreza, cuando están en juego la vida y la dignidad de las personas, los porcentajes pasan a segundo término.

Una de nuestras prioridades ha sido avanzar hacia un nuevo orden jurídico que promueva el desarrollo social. Expreso mi reconocimiento al Poder Legislativo por haber aprobado leyes y reformas en materia social, de salud, de desarrollo rural, en contra de la discriminación, la ley de participación de las organizaciones de la sociedad civil.

La nueva Ley de Desarrollo Social asegura que cada mexicano disfrute de los derechos sociales consagrados en la Constitución.

Esta ley garantiza el crecimiento anual del gasto social, transparenta y da certidumbre a la colaboración entre los órdenes de gobierno, así como a la participación de la ciudadanía en los programas destinados a apoyarla. Esta reforma estructural es muestra de responsabilidad y suma de voluntades.

La pobreza es el problema más apremiante de México. Combatirla es responsabilidad política y moral de todos. La falta de oportunidades amenaza el presente y compromete el futuro de muchos mexicanos. No ocultamos ni soslayamos esta realidad.

Con el Programa Oportunidades, hoy mejoramos las condiciones de vida de 25 millones de mexicanos que reciben apoyos en salud, alimentación y educación. Más del doble del año 2000. La leche fortificada de Liconsa ha logrado revertir la anemia de 280 mil niños.

En el campo, la estrategia de Microrregiones y Microcuencas está dotando de infraestructura social a las localidades de más alta marginación en los mil 340 municipios más pobres del país. Para enfrentar la pobreza urbana, el Programa Hábitat operará en 170 ciudades a finales del 2004, tres veces más que el año pasado.

La evaluación es esencial para conocer el impacto de nuestros programas de superación de pobreza. El Banco Mundial y la CEPAL confirmaron que estamos avanzando en el sentido correcto. Entre 2000 y 2002, la pobreza extrema disminuyó en 16 por ciento. El avance no es definitivo. Para impulsarlo, se requiere del trabajo permanente de gobierno y sociedad; de un trabajo solidario y corresponsable.

Condicionar los programas sociales a cambio de apoyo político atenta contra la dignidad de las personas. Hemos terminado ya con esta práctica. Tenemos reglas de operación de los programas, tenemos supervisión social y un padrón único de beneficiarios.

Una sociedad democrática debe abrir a todos oportunidades de superación. La educación pública y gratuita es un instrumento fundamental para el progreso individual y para promover la igualdad. La educación preescolar obligatoria es ya una realidad para los niños de cinco años.

Con más de 5 millones de becas, el doble del año 2000 apoyamos a niñas, niños y jóvenes para que no tengan que abandonar la escuela por motivos económicos.

En particular, las becas del Programa Oportunidades son un poderoso motor de equidad y están transformando la educación en las zonas rurales e indígenas. Por su parte, las becas de PRONABES son una oportunidad para que los jóvenes continúen su proyecto educativo en el bachillerato y la universidad.

La construcción de la democracia en el ámbito educativo implica apoyar a millones de adultos que no han terminado la educación básica. En menos de 4 años, un millón 300 mil personas han concluido su preparación.

México requiere educación con equidad y con calidad. Por ello, estamos apoyando a más de 20 mil escuelas de calidad que incorporan nuevas tecnologías, fortalecen su estructura y fomentan la participación de la comunidad educativa.

Para construir el salón de clases del siglo XXI y transformar el sistema de educación básica del país, echamos a andar el programa Enciclomedia. Ahora, cada primaria pública tendrá pizarrones electrónicos y libros de texto digitalizados, como complemento a los libros de texto gratuitos. Este año, Enciclomedia operará en 22 mil aulas de 5° y 6° de primaria. En el 2006, todas las primarias públicas, en esos grados, trabajarán con este nuevo sistema de aprendizaje. Al reducir la brecha digital, estamos democratizando la educación.

Un pueblo que lee, asume su cultura y se enriquece con el conocimiento de la humanidad. Para hacer de México un país de lectores, creamos 850 mil bibliotecas de aula, entregamos 286 millones de libros en el presente ciclo escolar. En cuatro años, hemos hecho más que en los seis años anteriores: elaboramos y distribuimos más de 912 millones de libros y materiales de apoyo.

Los avances de educación en esta materia no hubieran sido posibles sin la dedicación y el compromiso de las y los maestros de todo el país. A cada una y uno de ellos mi reconocimiento y admiración.

Además de fortalecer la educación, es preciso dar un impulso más eficaz a la ciencia y la tecnología. Este año, se duplicaron los recursos destinados a estas áreas. Ayer firmé el decreto que reforma la Ley de Ciencia y Tecnología. Así, creamos las condiciones para que todos los órdenes de gobierno sumen esfuerzos y este sector estratégico cuente con los recursos necesarios para su desarrollo.

La cultura y el arte son esenciales en el desarrollo del país. Para abrir espacio al ejercicio de los derechos culturales, hemos descentralizado las oportunidades de formación artística profesional y el acceso a la cultura y el arte. Con el inicio de las transmisiones de los canales 11 y 22 en Estados Unidos, los mexicanos que viven en ese país fortalecen sus raíces y ejercen también su derecho a la cultura.

La democracia integral exige el disfrute de todos los derechos sociales, entre ellos el de una vida digna y sana. La reforma a la Ley General de Salud es un avance fundamental para extender la democracia al ámbito social, y dar a la protección de la salud un carácter de política de Estado.

La creación del Seguro Popular es comparable a la de las grandes instituciones nacionales de seguridad social. Permitirá extender gradualmente los servicios de salud a millones de mexicanos que hoy carecen de protección y están expuestos a perder su patrimonio a causa de enfermedades o accidentes. Con el nuevo Seguro Popular, hoy más de cuatro millones y medio de mexicanos tienen atención médica, hospitalización, cirugía y medicinas sin costo. Trabajamos para llegar a 22 millones de personas en el año 2006.

El nuevo Instituto Nacional de Medicina Genómica coloca a la investigación mexicana en salud a la vanguardia, y pone importantes avances de la ciencia médica al alcance de todos.

El Estado garantiza hoy que la totalidad de los pacientes que padecen VIH-SIDA cuenten con medicamentos gratuitos.

La igualdad de oportunidades incluye también el acceso a una vivienda digna. Por eso, impulsamos como nunca antes el desarrollo habitacional. En menos de cuatro años, el INFONAVIT ha entregado un millón de créditos, lo que equivale a la mitad de lo otorgado en sus primeros 28 años de existencia.

Con el apoyo de los organismos de vivienda, en este gobierno, más de un millón 500 mil familias han obtenido un crédito y ya tienen una casa propia.

Una sociedad democrática tiene como principios la igualdad de oportunidades y el respeto a la dignidad de las personas. La discriminación lastima a la sociedad entera. Por ello, hemos promovido una nueva cultura de la inclusión.

Reemplazamos el enfoque paternalista y discriminatorio de las políticas dirigidas a los indígenas, por un respeto que se expresa en su participación en las decisiones que les atañen. Para ello creamos el Consejo Consultivo Indígena. Este año, se invertirán más de 19 mil 500 millones de pesos en el desarrollo de los pueblos indígenas, 80 por ciento más que en el año 2000. Con el Programa de Inversión en Infraestructura Básica, construimos carreteras, caminos y llevamos agua potable y electricidad a las comunidades indígenas más apartadas.

Apoyamos el acceso de las personas con discapacidad a la economía, el trabajo, la educación, el arte, la cultura y el deporte.

La democracia exige la apertura de espacios más amplios para la participación social. La sociedad civil es un actor esencial del cambio que hoy vive México. Reitero a las organizaciones civiles mi voluntad de seguir impulsando sus esfuerzos en un marco de libertad y transparencia.

Honorable Congreso de la Unión:

Las libertades ciudadanas no nacieron de forma espontánea. Gracias a una lucha ardua y prolongada, ahora podemos hablar, decidir, criticar, disentir y participar, y podemos hacerlo con la condición de mujeres y hombres libres.

En una sociedad de ciudadanos e instituciones, cada quien tiene que poner su parte. Hoy, por primera vez en la historia del país, la esfera de lo público es una responsabilidad compartida por todos, y todos debemos asumirla en el marco de la ley.

Cada uno es responsable de sus decisiones y debe afrontar sus consecuencias. No podemos responsabilizar a los demás de nuestras acciones u omisiones.

Por convicción, y porque ese fue el mandato que recibí, eliminé las facultades discrecionales del Presidente para fomentar el equilibrio entre los Poderes de la Unión; para robustecer a estados y municipios, y para fortalecer las potestades ciudadanas. Cuando un poder rebasa sus atribuciones, es siempre en detrimento de los otros.

La eficacia en la separación de poderes abre un nuevo capítulo en nuestra historia. Hoy el Ejecutivo asume la responsabilidad plena sobre sus decisiones. De la misma manera, las resoluciones de los otros poderes corresponden sólo a ellos.

Los valores de la democracia, el respeto a la ley y el orden, son el fundamento de una sana convivencia política. Con todos los desafíos y las incertidumbres que puede entrañar, mi gobierno ha optado siempre por el respeto irrestricto a los principios democráticos.

Hoy nuestra vida política es más abierta, más plural, más intensa que nunca. La democracia no es la ausencia de conflictos; es la libertad para debatir sobre los problemas y el mejor medio para procesarlos.

El ánimo que debe prevalecer en los actores políticos es el de reconocer errores y corregirlos. La gran ventaja de la democracia es la de ser perfectible.

La democracia no se agota en lo electoral ni en lo político. Para ser integral, debe también garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales.

Iniciamos la tercera etapa de nuestro gobierno. Hemos sentado bases firmes. Tenemos la solidez, fortaleza y la energía para seguir adelante. Lo mejor está por venir.

Los próximos dos años son una oportunidad para profundizar la democracia, para consolidar el crecimiento económico, para generar los empleos que la sociedad demanda; son una oportunidad para superar la pobreza, para crear nuevas y mejores condiciones que favorezcan la inclusión social. Éste es el rumbo. Éste es mi compromiso.

La democracia es una forma de vida que se funda en el acuerdo y en la unidad dentro de la diversidad.

Para mi gobierno, el diálogo no es sólo una convocatoria. Es el hilo conductor de cambios concretos que nos han permitido crear instituciones, reformar leyes, abrir espacios a la participación ciudadana.

Continuaremos impulsando el diálogo con los partidos y los actores políticos y sociales, seguiremos sentándonos a la mesa de la búsqueda de los acuerdos, como vía privilegiada para lograr estos consensos que demanda el país. Una democracia que da resultados asegura su permanencia.

Transitemos de los debates a los resultados.

La sociedad exige acuerdos. Escuchemos su voz. Acatemos su mandato.

La patria es una misión colectiva, es un compromiso de todos. Asumamos los grandes retos que nos comprometen de cara al futuro.

La democracia es una conquista de la conciencia y de la inteligencia; es un patrimonio que nos ha costado mucho tiempo y esfuerzo construir. Todos tenemos obligación de cuidarla y fortalecerla.

Los desafíos de la democracia siempre pueden superarse con más democracia.

El destino de México es la democracia, extendida a todos los ámbitos de la vida nacional.

¡Va por México! ¡Viva México!