Parámetros de la corrupción política

Desde que tengo uso de razón, pero sobretodo en los últimos años, sé esta produciendo en nuestro país un fenómeno que se podría considerar que ya se encuentra generalizado: el desencanto y la desilusión por la política. Si bien este hecho no es nada nuevo, la desilusión y la desconfianza han aumentado de tal manera que han producido frustración, ira y, en consecuencia, un abierto rechazo por la política por parte de los ecuatorianos. Aunque muchas son las razones que podrían adjuntarse para tratar de comprender esta situación de descreimiento general hacia la política o lo político, como la desaparición de una base ideológica y la excesiva influencia de los medios masivos de comunicación, la mejor explicación del enojo actual se encuentra definitivamente en la corrupción política.

La política ecuatoriana nunca ha conllevado en su concepto el adjetivo de virginal y la corrupción política no es algo de origen reciente. Pero la avaricia y la “viveza criolla” han alcanzado niveles muy tecnificados. En realidad, la corrupción política ha llegado a una perfección que corrompe a la política democrática.

Con el término de corrupción, se pueden designar dos aspectos. Por un lado tenemos políticos y funcionarios civiles que se prestan a recibir un pequeño incentivo para que hagan o no hagan algo y, por otra parte, tenemos honorables políticos que utilizan sus “capacidades empresariales” para sus carreras políticas y de esta manera sacar provecho de las circunstancias y de los puestos que en turno les ha tocado.

Precisamente por lo expuesto, tener la intención de eliminar la corrupción en forma absoluta es un ideal un tanto difícil de cumplir. Es consustancial a la propia naturaleza humana la imperfección de la moralidad pública, así como su control. Se trata de que todas las variantes de corrupción guarden un nivel razonable, que no se ponga en peligro la existencia de los mecanismos sociales y de la operatividad de los negocios. Si la corrupción no puede desaparecer, al menos debería hacerse gala de ella.

Por otro lado la corrupción cual virus contagioso se expande, ya que una persona que tontamente siempre quisiera seguir las reglas legales y morales, con seguridad fracasaría en medio de tanta hojarasca de ilegalidad e inmoralidad.

Desde otro punto de vista, los actos políticos corruptos parecerían no tener una connotación ética negativa, en tanto estos actos son atenuados por las distintas posturas, criterios, conceptos y valores para medir la calidad ética en función de la habilidad que para disfrazar sus inconfesables intenciones tengan los protagonistas. Esta disquisición nos lleva necesariamente a realizar otra distinción: la diferencia que existe entre lo político “técnico” y lo político “moral”.

Desde el punto de vista técnico, el rendimiento alcanzado por lo políticos será el termómetro que permitirá calificarlos como “buenos” o “malos” políticos. La calidad técnica, entonces, solo puede ser apreciada una vez que la totalidad de la actividad política ha concluido con los objetivos de triunfo originalmente deseados y, desde este punto de vista, puede afirmarse que el fin justifica los medios. Por otro lado, si el político en su actividad logra mantenerse en el poder y ser legitimado, pese sus diminutas arbitrariedades o abusos que haya cometido, todos los medios que haya empleado serán juzgados como honorables y alabados o admirados por todos. Es decir, si de la suma y resta de fracasos y triunfos el saldo es positivo, ello es razón suficiente para calificar el accionar político no sólo como técnicamente correcto sino también como moralmente encomiable. Esto no significa otra cosa que si sale bien (pese a sus cositas oscuras) está bien; si sale mal, esto significaría que el político no esta usando su capacidad para obtener un provecho y beneficio personal.

Un nivel muy diferente es el de lo bueno moral. Aquí nos movemos en el ámbito de las razones últimas de justificación de las acciones. En este nivel, no se juzga el resultado, sino la intención. Por lo tanto, el fin no justificaría los medios.

Y precisamente porque lo bueno moral se encuentra en un nivel diferente del de lo bueno técnico, tiene sentido preguntarnos acerca de la calidad moral de acciones técnicamente correctas y no es contradictorio afirmar que éstas pueden ser moralmente incorrectas.

En consecuencia, la moral profesional o adquirida, según la terminología usada por distintos individuos, no libera al político de la obligación con respecto a las prescripciones de la moral ordinaria, propia de las características básicas de todo ser humano. Weber afirma:

“La capacidad técnica o la autorización profesional no constituyen de por sí elementos que eximan de la responsabilidad moral por los actos que realiza el profesional y sostener lo contrario nos lleva o bien cometer la falacia naturalista, equiparando la excelencia técnica con la realidad moral, o bien aceptar el positivismo ideológico, al admitir que la autorización institucional otorga privilegios que permiten entrar impunemente en contradicción con la moral ordinaria.” (Etica 116).

La corrupción política nos corroe desde época inmemorial. Fue otro de los legados que nos dejó la colonia y que los criollos supieron perfeccionar. Cuentas especiales, falta de control, soborno, cuotas de producción, importación o exportación, tajadas en cada contrato licitatorio y mil otros maleficios han llevado a muchos países a la bancarrota mientras sus líderes disfrutaban de la bonanza ilícita (cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia).

El fenómeno es institucional, no individual y, por lo tanto, su solución viene a través de las reformas a las instituciones. Si interpretamos a E. Garzón (Garzón 18) y nos atrevemos a resumir sus variadas propuestas en apenas cinco, estas serían las siguientes:

• Eliminar la posibilidad de que sean los propios funcionarios quienes impongan su propio criterio para distribuir el gasto público. Si es verdad que la discrecionalidad abre la vía del soborno, nada mejor entonces que sustituir los criterios subjetivos por decisiones mecánicas.

• Establecer un sistema directo y no subjetivo de sanciones al infractor.

• Procurar convencer a los potenciales sobornables y sobornantes, que lo que en realidad vale desde el punto de vista de la promoción de los propios intereses, es el ser honesto.

• Asegurar la vigencia del principio de publicidad, no sólo de las decisiones sospechosamente inmorales, sino especialmente de las abiertamente honestas.

• Reducir el ámbito de las decisiones centrales del estado y aumentar el de las decisiones descentralizadas tomadas directamente por los ciudadanos.

Finalmente, si bien la corrupción es institucional, los ciudadanos también tenemos nuestro grado de responsabilidad. La perpetuamos y la practicamos cuando ofrecemos dinero al oficial de policía para evitar pagar una multa, cuando sobornamos a un maestro para que nos apruebe el año, cuando falseamos la contabilidad, cuando no respetamos el turno o cuando, en definitiva, irrespetamos el derecho de nuestros semejantes. Si queremos exigir transparencia, entonces necesariamente tendremos que dejar de participar en el juego.

Desde luego, si es que la principal fuente de corrupción se genera en la política, quienes por no ensuciarse en el fango de la cosa pública permiten que otros la manejen en su nombre, están abandonando su derecho a quejarse de la corrupción de los políticos.

Obras citadas

Garzón, E. Cuadernos de Ética. Madrid: Nice, 1980.

Cortina, Adela y Emilio Martínez. Ética. Madrid: AKAL, 1996.

Vergara 4