COOPERATIVAS

Las cooperativas son organizaciones de cooperación voluntaria diseñadas como modelo alternativo a la competencia capitalista.

Haciendo una pequeña introducción acerca de la competencia vemos que se trata de condiciones de los mercados en los que los compradores y los vendedores establecen los precios e intercambian bienes y servicios. La competencia económica es el medio que utilizan los compradores y vendedores para satisfacer las necesidades de la comunidad y de los individuos. La sociedad estará satisfecha cuando se produzca el máximo número de bienes a los menores precios posibles.

El término cooperativa abarca una gran variedad de movimientos asociativos de cooperación. Por ejemplo, las cooperativas de consumidores están integradas sólo por consumidores que desean adquirir bienes en mancomunidad para reducir sus gastos; las cooperativas de productores son asociaciones de trabajadores que poseen y gestionan sus propias empresas; las cooperativas de marketing son muy corrientes en la agricultura y están formadas por grupos de trabajadores de este sector; las cooperativas de crédito son asociaciones de individuos particulares que ponen en común sus ahorros.

En casi todos los países se han promulgado leyes específicas para regular este tipo de asociaciones. A escala internacional, la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) —organización que integra a casi todas las cooperativas existentes en el mundo— consideró necesario uniformar los principios rectores de estas asociaciones y, tras su vigesimotercer congreso en Viena en 1966, estableció los principios que debían regular la actividad de las cooperativas: la pertenencia a una cooperativa debe ser voluntaria y no existir discriminación por razón de sexo, raza, clase social, afiliación política o creencias religiosas, permitiendo la libre pertenencia de cualquier persona que pueda ser útil a la cooperativa y esté dispuesta a aceptar sus responsabilidades dentro de la misma (principio de asociación libre).

Las sociedades cooperativas son organizaciones democráticas. La administración y gestión deben llevarse a cabo de la forma que acuerden los socios. Todos los miembros deben tener los mismos derechos y el mismo poder dentro de la cooperativa y participar en la toma de decisiones (principio de participación democrática: un miembro, un voto).

Las aportaciones de capital, en caso de estar remuneradas, deben recibir un tipo de interés reducido (principio de remuneración mínima del capital).

Los beneficios económicos que obtenga la cooperativa pertenecen a los cooperativistas y deben distribuirse evitando que unos socios se beneficien a costa de otros (principio de distribución equitativa de los ingresos). Esta distribución se hará de acuerdo con la decisión de los cooperativistas pero respetando los siguientes criterios: en primer lugar, destinando una parte al desarrollo de la cooperativa; en segundo lugar, reservando otra parte para previsión de gastos extraordinarios y en tercer lugar, distribuyendo los beneficios entre los cooperativistas en proporción a sus aportaciones a la sociedad.

Todas las sociedades cooperativas deben destinar fondos a la formación profesional de sus miembros y empleados, así como a la del público en general para respetar los principios de cooperación económica y democrática (principio de educación cooperativa).

Todas las organizaciones cooperativas, con el fin de ser útiles a la comunidad en la que operan y a sus socios, deben cooperar de forma activa con otras cooperativas a escala local, nacional e internacional (principio de cooperación entre cooperativas).

Las cooperativas de productores son las que más dificultades tienen para respetar estos principios. Por tradición, las cooperativas de productores o trabajadores eran asociaciones que aportaban el capital inicial para poner en funcionamiento la cooperativa. Así pues, esta aportación de capital (que a menudo era una mera aportación nominal, es decir, que no se realizaba el desembolso) permite a un miembro participar en la gestión y administración de la sociedad. En estas cooperativas es frecuente que unos miembros aporten sólo capital —socios capitalistas— y otros aporten trabajo, por lo que se plantea el dilema de si los primeros deben tener derecho al voto o no. Una visión alternativa defiende que sólo los socios trabajadores son miembros con pleno derecho. Según esta interpretación, la cooperativa pide prestado el capital necesario para desarrollar la actividad, pero sólo puede pagar unos tipos de interés reducidos; el riesgo y el control de la cooperativa lo asumirían los socios trabajadores. Puesto que, en la práctica, el desembolso de capital no se llega a realizar porque las aportaciones en dinero son nominales, la distinción entre socio capitalista y socio trabajador se establece sólo en la teoría. Sin embargo puede tener importantes repercusiones, pues si se permite que haya socios capitalistas que no aporten trabajo, las cooperativas de trabajadores pueden tener socios externos con derecho de voto. Los defensores de los movimientos cooperativos están en contra de este tipo de socios, considerando que la situación ideal es aquella en que el control (el derecho al voto) sigue el principio de un miembro, un voto, pero sólo para aquellos que aporten trabajo.

Otra interpretación considera que las cooperativas deben diversificar sus fuentes de recursos, tanto para aumentar la cantidad de capital social como para diversificar los riesgos, por lo que los defensores de esta postura aceptan con agrado la posibilidad de admitir socios capitalistas o externos. Por supuesto, se puede admitir la posibilidad de que existan socios capitalistas sin derecho a voto, pero el principio de remuneración mínima del capital hace que esta posibilidad sea poco práctica al convertir la aportación de capital en una inversión muy poco atractiva. En efecto, el inversor potencial no sólo debe renunciar al control de la administración y gestión de la empresa y asumir parte del riesgo sino que, además, sólo puede esperar una rentabilidad mínima por su aportación. Otra postura defiende que todos aquellos que trabajen para la cooperativa deben ser miembros. Según esta interpretación, unida a la prohibición de que los socios capitalistas tengan derecho a voto, el trabajar para la cooperativa se convierte en condición necesaria y suficiente para ser miembro cooperativista. Es esta última interpretación la que prevalece en las empresas gestionadas por trabajadores, en el contexto de las relaciones de propiedad mancomunada. En este contexto, el capital lo aporta el Estado. Antes de 1989 este sistema fue muy común en la antigua Yugoslavia.

El principio de asociación libre tiene también una serie de consecuencias importantes. Si se aplica de forma estricta, parece incompatible con la existencia de cooperativas de productores. Es difícil concebir que este tipo de cooperativas ejerzan una política abierta en su totalidad a la incorporación de nuevos socios, puesto que existen multitud de situaciones en las que la cooperativa no esté interesada en aceptar nuevos miembros. Por ejemplo, consideremos que un productor de bienes de baja calidad quiere ingresar en la cooperativa ¿qué interés tendría para ésta el aceptar su incorporación? Muchos cooperativistas creen que el principio de asociación libre debería restringirse, aunque aceptan evitar la discriminación por razón de sexo, raza, afiliación política o creencias religiosas.