Cogeneración eléctrica, ¿beneficio o perjuicio para los costarricenses?

Quizás no muchos tengan conocimiento acerca de la cogeneración eléctrica, o para el caso más específico, no todos saben cuáles son las implicaciones de la misma para nuestro país.

Actualmente existe toda una legislación para el control de la cogeneración eléctrica, la cual no escapa a las criticas sobre el buen o mal uso de los recursos eléctricos del país planteados por dicha normativa.

Si bien es cierto, la cogeneración eléctrica puede ser entendida como un medio auxiliar de abastecimiento eléctrico para el país, es decir, empresas privadas cuyo objetivo se centra en dar una entrada de energía extra a cambio de altas divisas por parte del Instituto Costarricense de Electricidad.

Según la ley de cogeneración eléctrica, el ICE está en la obligación y es el encargado de estudiar los proyectos de cogeneración de electricidad que se pretendan desarrollar en el país, lo cual implica consecuentemente dos variantes; la primera, es que la mencionada institución es quien debe llevar acabo los estudios de impacto ambiental para el desarrollo de proyectos, dentro de lo cual se toman en consideración rubros tales como planes de contingencia, efectos sobre la población de la zona, erosión de suelos y deforestación; la segunda consiste en que toda la energía producida debe ser comprada por quien ejerce el “monopolio” de producción eléctrica - para el caso costarricense, el Instituto Costarricense de Electricidad-, en razón de que es una producción alternativa q sustenta en gran medida el sistema eléctrico nacional, sin la necesidad de que la institución mencionada incurra en gastos excesivos; lo que es seriamente cuestionado por muchos.

El punto en discusión recae en el hecho de que tanto el país cuenta con recursos hídricos suficientes, como la institución encargada de generación eléctrica cuenta con los medios para abastecerse a sí misma. Y es que al realizar una escatimación acerca de cuánto gasta el ICE en la contratación y pago a las empresas privadas de producción, se concluye que el gasto realizado es suficiente para que la institución nacional invierta en infraestructura propia y desarrolle por sí los proyectos necesarios para su funcionamiento en relación a la demanda nacional.

No es que se quiera ser negativos en relación a la inversión privada, sino que sus repercusiones para el país recaen en diversos ámbitos, por ejemplo servir al juego de la estafa privada institucionalizada, puesto que los intereses en juego son bastante poderosos y atractivos tanto para inversión extranjera como para reconocidos políticos de nuestro país. Suena bastante llamativo el hecho de que a través de la iniciativa privada se obtengan beneficios al igual que aquellas iniciativas estructuradas para captar el bienestar público, puesto que los cogeneradores privados gozan de las mismas exoneraciones de las cuales goza el ICE, ello en relación a impuestos, maquinaria, entre otros, además de tener segura la venta de su producción.

La Ley 7200 de Cogeneración Eléctrica, cita dentro de sus artículos que el capital privado para desarrollar ese tipo de proyectos debe pertenecer en su mayoría a nacionales, y no a extranjeros; sin embargo como es sabido y acostumbrado en nuestro país, ese tipo de normas son palabra menuda en la práctica; ya que en realidad el capital extranjero sobresale en gran escala en este tipo de proyectos.

Un aspecto de especial relevancia esta dado por aquellas regulaciones acerca del impacto ambiental de tales proyectos, como se menciono líneas atrás, se debe realizar un “minucioso” estudio acerca de las condiciones del lugar así como sus efectos. No obstante lo anterior, en la práctica es fácil determinar si ello verdaderamente esta surtiendo sus efectos, debido a que son exactamente aquellos detalles que apelan por la conservación del medio ambiente los que son dejados en el olvido, y a los cuales no se les presta atención. Por ejemplo, cómo es posible que se le de curso a un proyecto de generación eléctrica el cual no cuenta con terrenos aptos para su realización; para ser más específicos, cómo se permite que las tuberías de un proyecto pasen por debajo de carreteras públicas, y peor aún, cómo dichas tuberías fueron construidas con cierta curva, teniéndose en cuenta que la presión y la velocidad del agua son bastante potentes obligándose a ser conducidas por pendientes rectas para evitar una tragedia.

La respuesta a ese ¿cómo es posible?, es fácil de encontrar, ya que en primera instancia, no constituyen una mayoría quienes conocen acerca del tema y saben las implicaciones de un mal manejo; atribuido a ello en segunda instancia, está la falta de denuncia por parte de la población ante fenómenos irregulares que se plantean desde la administración hasta su falta de interés en relación a estos temas, y por último y no por ser el menos importante la falta de vitalidad de tantísimas normas creadas con el fin de proteger el ambiente y de poner pautas de conducta en relación al mismo, puesto que de nada sirve tener los instrumentos si no se tiene la intención de aplicarlos.