Derecho
Carrera Judicial
Carrera Judicial
ASPECTOS GENERALES
I.- DEFINICIÒN :
Conjunto de elementos sistemáticamente articulados entre sí, destinados a regular el ingreso, ascenso, régimen disciplinario, régimen laboral, prerrogativas, incompatibilidades, especialidad y retiro de quien ejerce función jurisdiccional.
Se busca así asegurar la independencia de estos magistrados y la autonomía de la institución a la que pertenecen.
II.- OBJETO Y FIN :
La Carrera Judicial tiene por objeto establecer el conjunto de normas y principios que regulan el ingreso, permanencia, ascenso y terminación del cargo de juez; asimismo, regula la responsabilidad disciplinaria en que incurran los jueces en el ejercicio de sus funciones y los demás derechos y obligaciones propios de la función judicial.
La Carrera Judicial tiene como fin principal garantizar la independencia, idoneidad y estabilidad de los jueces.
III.- PRINCIPIOS :
La CERIAJUS se preocupa por establecer los que considera como los principios rectores que deben guiar toda la regulación de la carrera judicial, y entre ellos tenemos:
Independencia e imparcialidad.- La carrera judicial garantiza que los jueces ejerzan sus funciones sujetos únicamente a la Constitución y a la ley, con independencia e imparcialidad.
Idoneidad en el ejercicio de la función.- La carrera judicial asegura que los jueces cumplan sus funciones de manera eficiente, contribuyendo a una pronta y eficaz impartición de justicia, en la que se expresen los criterios de razonabilidad, predictibilidad e interdicción de la arbitrariedad.
Eticidad.- Sólo podrán ingresar y mantenerse en la carrera judicial quienes respeten los más altos valores éticos que deben fundamentar la actuación de quien cumple la función judicial.
Organización funcional.- Los jueces desempeñan por igual la potestad jurisdiccional que la Constitución les confiere, aunque con competencia funcional distinta, quedando los superiores únicamente habilitados a revisar sus decisiones en caso de que se hayan interpuesto los medios impugnatorios o mecanismos previstos por ley.
Participación ciudadana y transparencia.- La carrera judicial busca la legitimidad democrática de los jueces en el ejercicio de sus funciones. En ese sentido, estará abierta a la participación de la ciudadanía, salvo las restricciones señaladas por la ley.
Sistema de méritos.- El ingreso, permanencia y promoción en la carrera judicial, y asimismo, cualquier decisión referida a ésta, salvo en el ámbito disciplinario, debe regirse por un sistema de méritos que reconozca y promueva a quienes demuestren ser los mejores candidatos o jueces.
Especialización.- La carrera judicial debe garantizar y preservar la especialización de los jueces, salvo cuando se presenten las excepciones señaladas por ley.
Capacitación permanente.- La carrera judicial debe proveer la permanente y óptima capacitación de los jueces.
Debido proceso, la tipicidad y legalidad de las sanciones.- La carrera judicial debe asegurar que las decisiones que afecten la permanencia de los jueces en sus cargos sean tomadas previo procedimiento, en el que se respeten las garantías del debido proceso y, en caso de que se trate de la imposición de una sanción, los principios constitucionales de tipicidad y legalidad.
Estabilidad e inamovilidad.- La carrera judicial garantiza la estabilidad de los jueces en la función que ejercen. También les garantiza el derecho a no ser trasladados de su cargo sin su consentimiento y a mantener su especialidad, salvo que existan necesidades del servicio y en supuestos claramente especificados por ley.
Responsabilidad.- El juez responde penal, civil y administrativamente por el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional, de acuerdo a las normas correspondientes. Por lo tanto, dicha función no puede ser desempeñada con arbitrariedad o irrazonabilidad.
Y entre ellos, deben destacarse los de independencia, mérito y eticidad, como los más importantes:
La Independencia es lo que da sentido a la carrera judicial, pues ésta se estructura con la finalidad de crear y mantener las condiciones que permitan a los jueces permanecer libres de cualquier interferencia o presión en el ejercicio de su función jurisdiccional, ya sea que éstas tengan su fuente dentro o fuera de la organización judicial.
Directamente relacionados con este principio se encuentran el principio de mérito y el de eticidad, pues, precisamente, para garantizar la independencia, la carrera judicial debe organizarse en torno a la capacidad y rendimiento y a la probidad, procurando que las decisiones que los afectan, positiva o negativamente, se fundamenten únicamente en sus méritos y sobre su comportamiento ético en el desarrollo de sus funciones. Por tanto, estos son los criterios que deben guiar:
El proceso de selección y el nombramiento
Los ascensos definitivos y en calidad de provisionales
El proceso de evaluación del desempeño de los magistrados
La elaboración del cuadro de méritos y sus consecuencias
El régimen disciplinario.
Coherente con esto último, la propuesta de la Ceriajus tiene el fin expreso de eliminar la antigüedad como criterio para guiar las decisiones a adoptarse sobre los magistrados, pues ella no garantiza idoneidad. Por último, la inamovilidad y permanencia, también principios rectores de la carrera judicial, deben entenderse en los términos en que son recogidos en nuestra Constitución, según la cual, los magistrados tienen derecho a la permanencia en el servicio, mientras observen conducta e idoneidad propias de su función. Es decir, una vez más se defiende la inamovilidad y permanencia, salvo que el mérito y la conducta ética del magistrado en el desempeño de sus funciones exijan su separación.
IV.- ESTRUCTURA :
Forman parte de la estructura de la carrera judicial los jueces que acceden a ella conforme a lo previsto en la Constitución, la presente ley y las normas relacionadas. La carrera judicial comprende:
Jueces de paz letrados
Jueces especializados y mixtos
Jueces de las Cortes Superiores
Jueces de la Corte Suprema.
Los jueces de paz se rigen por sus propias normas.
V.- PERFIL DEL JUEZ :
Está constituido por el conjunto de capacidades y cualidades personales que aseguran que, en el ejercicio de sus funciones, los jueces podrán responder de manera adecuada a las demandas de justicia requeridas por la sociedad. En tal sentido, las principales características de un juez serán su:
Formación jurídica sólida;
Capacidad para razonar el orden jurídico a partir de casos concretos
Capacidad para interpretar normas creativamente
Aptitud para identificar los conflictos sociales bajo juzgamiento
Condiciones para ejercer la función con independencia propia de una institución democrática
Visión crítica del funcionamiento de las instituciones del sistema de justicia
Trayectoria personal éticamente irreprochable
VI.- REQUISITOS COMUNES PARA SER JUEZ :
Son requisitos comunes para el ingreso y permanencia en la carrera judicial:
Ser peruano de nacimiento
Ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos civiles
Tener título de abogado expedido o revalidado conforme a ley
No haber sido condenado por delito doloso, ni haber sido declarada su culpabilidad con reserva del fallo condenatorio, por delito doloso
No encontrarse en estado de quiebra culposa o fraudulenta
No poseer deficiencia física o mental debidamente acreditada que haga imposible el ejercicio de la función a su cargo
No haber sido destituido por medida disciplinaria del Poder Judicial, del Ministerio Público, ni despedido de cualquier otra dependencia de la Administración Pública o de empresas estatales o de la actividad privada por falta grave
Tener una trayectoria democrática y de respeto a los derechos fundamentales y una conducta profesional acorde con los principios éticos
No estar incurso en ninguna de las incompatibilidades señaladas por ley.
EL INGRESO A LA CARRERA JUDICIAL
I.- DEFINICIÒN :
El ingreso a la carrera judicial es consecuencia de un proceso de selección y formación, que culmina con el nombramiento y la juramentación del cargo ante el Consejo Nacional de la Magistratura.
El artículo 147 de la Constitución Política del Estado, concordante con la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece los requisitos básicos para el ingreso a la carrera judicial. Esta se inicia con el acceso a la misma por concurso público. Al margen de otras formalidades, hay tres requisitos esenciales: la nacionalidad, la capacidad de ejercicio y la edad estipulada para cada cargo. La primera, porque la Carta Fundamental equipara en ese aspecto a los Magistrados con los integrantes de los demás poderes del estado nacido de elección popular. Pese al fiasco de haber tenido un Presidente en la década pasada cuya nacionalidad, ahora cuestionada, es evidente que el texto constitucional de 1993, al igual que las demás Cartas que la precedieron, colocan la frase "ser peruano de nacimiento", como requisito elemental para ser designado Magistrado. En cuanto a la segunda, la capacidad de ejercicio es esencial para ser designado Magistrado, pues no se concibe que un interdicto, el que sufra pena privativa de libertad, el toxico dependiente o el quebrado, por ejemplo puedan acceder a un cargo que requiere de su titular encontrarse en aptitud psicosomática optima.
En cuanto a la edad para el acceso a la Magistratura, discrepamos de la misma, puesto que consideramos que el requisito de 25 años para ser Juez de Paz Letrado es muy corto. Debe tenerse en cuenta que el Magistrado, debe ser ante todo, un Abogado que haya ejercido la profesión por no menos de cinco años. Ello es necesario, porque es común observar en la actualidad que algunos Magistrados consideran al Abogado como un "extraño " y ello evidentemente denota que muchos de ellos no han ejercido nunca la profesión o la ejercieron por muy poco tiempo, lo que les impidió entender a cabalidad la sagrada labor de la defensa. A ello debe sumarse que las Universidades, generalmente no imparten la Cátedra de Deontología Jurídica o similares que hagan comprender a los futuros abogados de lo importante que resulta la profesión.
En esto debemos ser claros, la formación que brindan las universidades, aparte de ser deficiente en la formación de Abogados, es prácticamente nula en cuanto a la comprensión de las labores de la Magistratura. Por eso, es recién cuando el futuro Abogado sale de los claustros, comienza a entender la profesión. Si tomamos en cuenta un promedio de vida, podemos señalar lo siguiente: si la educación secundaria se culmina aproximadamente a los 16 o 17 años, se cursan estudios universitarios hasta los 22 o 23 años, se toma 01 año como mínimo - 24 años -para lograr el título de Abogado, estaríamos ante la posibilidad que un Abogado a los 25 o 26 años con solo DOS AÑOS de ejercicio, tenga la posibilidad de ser magistrado. Ello excluyendo la posibilidad que el futuro Magistrado no haya tenido especialización académica alguna, como Maestrías o Doctorados. Este lapso nos parece totalmente insuficiente y creo perjudicial, porque dicho profesional por más conocimientos que ostente, no esta debidamente capacitado para el desempeño de una función tan augusta. Es por esta razón, proponemos que la edad mínima para acceder a la Magistratura debe ser 30 años.
Además de esto, otro tema provoca nuestro interés. Es el caso de las prácticas pre profesionales. En nuestro país existe el programa del SECIGRA DERECHO que es forma mediante el cual los estudiantes de los últimos años del Derecho, concurren a dependencias del Poder Judicial - en este caso - a realizar sus prácticas. Sin embargo no existe ningún criterio para la designación de las personas que realizarán las prácticas, puesto que del total, un 50% no tiene la intención de ingresar a la carrera judicial y por tanto realiza sin mayor interés sus prácticas, un 40% lo ve como un puente para acceder a un empleo en el Poder Judicial ( a la postre se convertirá en un empleado mas) y solo un 10 o 5% tiene reales intenciones de ingresar en forma debida a la carrera judicial y precisamente estas personas son las desperdiciadas, puesto que el Secigra no puede ser entendido como una pasantía y los graduandos, aprenden como mejor pueden de su estancia en las dependencias judiciales. Consideramos que el programa esta mal organizado. Solo deben acceder a dichas prácticas quienes verdaderamente tengan interés en la carrera judicial, - previa evaluación - y hayan seguido cursos relacionados con la administración de justicia. Este, sería un primer tamiz para, tener una idea de cuantos futuros magistrados idóneos podríamos conseguir a futuro. No se debe perder de vista que la magistratura debe irse nutriendo cada vez de elementos con mayor capacidad, solo así podremos alcanzar una administración de justicia mas optima.
II.- TIPOS DE CARGOS DENTRO DE LA JUDICATURA:
Según corresponda, los postulantes que hayan superado el proceso de selección serán nombrados, en estricto orden de mérito y según su elección, en calidad de:
Jueces titulares;
Jueces de suplencia; y,
Candidato sen reserva o en lista de elegibles.
Los jueces titulares son aquellos a los que se nombra de manera permanente para el ejercicio de la función judicial en el nivel que corresponda.
Los jueces de suplencia son nombrados para cubrir las plazas que los jueces titulares dejan temporalmente, en los casos que la ley señala.
Los candidatos en reserva o en lista de elegibles, son aquellos que no habiendo obtenido un cargo como juez titular o suplente opten por esperar la existencia de una plaza vacante. Esta condición podrá tenerse sólo por un año, en tanto cumpla con los requisitos para ser juez, determinados por la presente ley.
III.- NIVELES DIFERENCIADOS DE INGRESO A LA CARRERA JUDICIAL
El ingreso de la carrera judicial es diferenciado y se realizará por alguna de las siguientes vías:
Mediante un concurso de selección, llevado a cabo por el Consejo Nacional de la Magistratura y, posterior aprobación de un curso de formación inicial para el caso de los jueces de los dos primeros niveles: jueces de paz letrados y jueces especializados y mixtos.
Mediante la selección y nombramiento por el Consejo Nacional de la Magistratura para el caso de los jueces de los dos últimos niveles: jueces de las Cortes Superiores y jueces de la Corte Suprema.
IV.- INGRESO DE LOS JUECES DE PAZ LETRADO Y DE LOS JUECES ESPECIALIZADOS Y MIXTOS
Carrera semi-abierta
El ingreso a los dos primeros niveles de la carrera judicial es directo por concurso público y se produce tras haber alcanzado la condición de apto luego de cursar la formación inicial. Sin embargo, una de cada tres vacantes de juez especializado o mixto será reservada para el ascenso.
Etapas del ingreso a la carrera judicial en los dos primeros niveles
El ingreso a la carrera judicial como juez de paz letrado y como juez especializado o mixto, se produce por concurso público que comprende las siguientes etapas:
1. Convocatoria pública al concurso por parte del Consejo Nacional de la Magistratura
2. Proceso de selección de los postulantes para su ingreso a la Academia de la Magistratura
3. Aprobación del curso de formación inicial
4. Nombramiento en el cargo judicial o inscripción en el registro de candidatos en reserva.
Requisitos para ser juez de paz letrado y juez especializado y mixto
Los requisitos específicos para ser juez de paz letrado, juez especializado o mixto son:
1. Ser mayor de 25 años
2. Tener título de abogado
3. Tener una experiencia profesional en el ejercicio de la abogacía de tres años desde que se obtuvo el título de abogado, haber desempeñado el cargo de juez titular por más de tres años, o haber desempeñado docencia universitaria en materia jurídica por el mismo periodo
Para el caso del ejercicio de la abogacía y la docencia universitaria los periodos, en una y otra condición, son acumulables para alcanzar el mayor, en tanto no se hayan prestado en forma simultánea
4. Tener una trayectoria democrática y respeto a los derechos fundamentales y una conducta profesional acorde con los principios éticos
5. Haber superado la evaluación prevista por el Consejo Nacional de la Magistratura
6. Haber aprobado satisfactoriamente el curso de formación inicial a cargo de la Academia de la Magistratura
V.- INGRESO DE LOS JUECES DE CORTES SUPERIORES Y DE LOS JUECES DE LA CORTE SUPREMA
Etapas del ingreso a la carrera judicial en los dos últimos niveles
El ingreso a los dos últimos niveles de la carrera judicial se produce directamente por concurso público, que comprende las siguientes etapas:
1. Convocatoria pública al concurso
2. Proceso de selección de los postulantes
3. Nombramiento en el cargo y elaboración del registro de candidatos en reserva
4. Aprobación del curso de capacitación realizado por la Academia de la Magistratura
Requisitos para ser Juez Superior
Los requisitos específicos para ser juez superior son:
1. Ser mayor de 32 años
2. Tener título de abogado
3. Haber ejercido el cargo de juez especializado o mixto titular, por más de cinco años, o haber ejercido la abogacía o desempeñado cátedra universitaria en disciplina jurídica, por un período no menor de siete años. Para el caso del ejercicio de la abogacía y la docencia universitaria, los períodos en una y otra condición son acumulables para alcanzar el mayor, en tanto no se hayan prestado en forma simultánea
4. Tener una trayectoria democrática de respeto a los derechos fundamentales y una conducta profesional acorde con los principios éticos
5. Haber superado las evaluaciones del proceso de selección previstas para tal caso por el Consejo Nacional de la Magistratura.
Requisitos para ser Juez Supremo
Los requisitos específicos para ser juez supremo son:
1. Ser mayor de 45 años
2. Tener título de abogado
3. Haber ejercido el cargo de juez superior titular cuando menos diez años; o alternativamente, haber ejercido la abogacía o desempeñado cátedra universitaria en disciplina jurídica por quince años
4. Haber superado las evaluaciones del proceso de selección previsto por el Consejo Nacional de la Magistratura.
VI.- SELECCIÓN
Fines del proceso de selección
La finalidad del proceso de selección es elegir a los postulantes más competentes, entendiendo por tales a quienes hayan demostrado capacidad y probidad para el ejercicio del cargo, según el perfil del juez señalado en el artículo 2 de la presente ley.
Convocatoria
La convocatoria la realiza el Consejo Nacional de la Magistratura en coordinación con el Poder Judicial y la Academia de la Magistratura.
El aviso de convocatoria especifica las plazas vacantes que se desean cubrir, los plazos de las fases del proceso de selección, la nota mínima aprobatoria, la valoración que se le da a los distintos componentes de la evaluación.
Inscripción y verificación
El proceso de selección se inicia con la inscripción de postulantes, previa verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos, luego de lo cual se publicará la lista de inscritos.
A partir de la publicación de la lista de inscritos, se abrirá un período de quince días calendario para presentar tachas de acuerdo a lo estipulado en el artículo 26 de la
presente ley. Una vez resueltas, el Consejo Nacional de la Magistratura elabora una lista de postulantes aptos, para continuar con el proceso de selección.
Fases del proceso de selección
Las fases del proceso de selección son las siguientes:
1. Evaluación de habilidades, destrezas y conocimientos, mediante la prueba escrita;
2. Calificación rigurosa de los antecedentes y desarrollo profesional del postulante por medio de la evaluación del curriculum vitae u hoja de vida;
3. Evaluación psicológica por medio de la aplicación de un test;
4. Valoración de la trayectoria social y probidad por medio del control ciudadano;
5. Evaluación personal en entrevista.
Durante el proceso de selección el Consejo Nacional de la Magistratura, estará obligado a ponderar en cada una de las fases del proceso de selección los requerimientos correspondientes a cada uno de los niveles.
Transparencia del proceso de selección
La selección de nuevos jueces se realizará bajo reglas de transparencia y participación ciudadana. Por ningún motivo este proceso se desarrollará sin la debida difusión a la población en general.
Sólo la evaluación escrita y el test psicológico son privados. Sin embargo, los resultados de todas las pruebas realizadas, salvo los de esta última, serán públicos.
Nota aprobatoria y carácter eliminatorio de las fases del proceso de selección
La nota aprobatoria en cada etapa del proceso de selección y en el resultado final debe ser la correspondiente a dos tercios de la nota máxima.
El resultado de cada una de las tres evaluaciones iniciales previstas en el artículo 19 es de carácter eliminatorio.
Examen escrito
El examen escrito tiene por finalidad evaluar: habilidades, aptitudes y conocimientos necesarios para el ejercicio del cargo. Deberán considerarse componentes esenciales de esta prueba:
El razonamiento jurídico
La capacidad creativa y de interpretación
La apreciación crítica de las instituciones
La capacidad de redacción
Curriculum vitae
El curriculum vitae será calificado teniendo en cuenta los siguientes campos:
La formación académica
Capacitación
Publicaciones
Experiencia profesional
Idiomas.
La experiencia deberá evaluarse en función de la condición en que se postula, es decir, como juez del Poder Judicial, como abogado o docente universitario.
Prueba psicológica
La prueba psicológica sólo servirá para identificar casos patológicos que impidan a un candidato ser juez. La elaboración de esta prueba estará a cargo de un ente especializado elegido por el Consejo Nacional de la Magistratura.
El test psicológico se realizará en estricto acto privado. Sólo se conocerá la aprobación o no de esta prueba.
Entrevista personal
La entrevista tendrá prioritariamente las siguientes finalidades:
1. Evaluar la vocación del postulante hacia la judicatura
2. Conocer sus criterios sobre los principios jurídicos, valores éticos y sociales
3. Analizar el grado de conocimiento de la realidad de la judicatura
4. Indagar sobre su conocimiento acerca de los problemas sociales que son objeto de su trabajo
5. Conocer sus opiniones sustentadas sobre la función del Poder Judicial y la reforma del sistema de justicia
6. Saber si tienen una visión clara de qué se espera de su función.
La evaluación personal se realizará teniendo en cuenta el curriculum vitae del postulante, las tachas y denuncias presentadas, el récord de faltas y sanciones, los resultados del examen escrito y la declaración jurada de bienes.
Tachas y denuncias
La ciudadanía podrá hacer uso de tachas y denuncias contra los postulantes a la judicatura. El procedimiento estará debidamente normado por el Consejo Nacional de la Magistratura.
Las tachas declaradas fundadas eliminan a candidatos que no cumplan con los requisitos para postular. El plazo para presentarlas es de quince días calendario, después de haberse publicado la lista de postulantes inscritos. El proceso para resolver la tacha no podrá durar más de quince días, incluyendo la reconsideración.
A lo largo de todo el proceso de selección se pueden presentar denuncias sobre los postulantes, las cuales deben ser tenidas en cuenta por los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura al momento de la entrevista.
Sólo en casos excepcionales, cuando medie prueba nueva, la denuncia podrá tener la consecuencia de una tacha.
Selección de los Jueces de Paz Letrados y de los Jueces Especializados y Mixtos
Peso de las fases de evaluación
El porcentaje designado en cada fase de la evaluación para los postulantes a jueces de paz letrados y jueces especializados y mixtos es:
1. La prueba escrita, 50% del total de la calificación
2. Curriculum vitae u hoja de vida de los postulantes, 35% del total de la calificación
3. La entrevista, 15% del total de la calificación.
Selección de los Jueces de las Cortes Superiores y de los Jueces de la Corte Suprema
Peso de las fases de evaluación
El porcentaje designado en cada fase de la evaluación para los jueces superiores y los jueces supremos será el siguiente:
1. La prueba escrita, 35% del total de la calificación
2. El curriculum vitae u hoja de vida de los postulantes, 50% del total de la calificación
3. La entrevista; 15% del total de la calificación.
Prueba escrita
La prueba escrita de los jueces de los últimos niveles buscará respetar la especialidad de los postulantes en relación a la plaza a la que postulen.
El contenido de los exámenes para candidatos a juez de la Corte Suprema será diferente del correspondiente a los demás cargos. Éste consiste en preparar, en el acto del examen, un trabajo sobre un aspecto de la temática judicial y su reforma, que se le plantee, y en emitir opinión sobre casos judiciales, reales o hipotéticos, que le sean sometidos.
VII.- FORMACIÓN INICIAL
Finalidad, ámbito subjetivo y entidad responsable
La formación inicial es requisito para el ingreso a la judicatura en los dos primeros niveles, y ofrece, a quien la haya superado, la capacitación necesaria para el ejercicio eficiente de sus funciones.
La formación inicial está a cargo de la Academia de la Magistratura.
Dedicación del candidato y extensión de la formación inicial
El candidato se dedicará a tiempo completo a la formación inicial. Para ello se implementará un sistema de becas cuyos montos no será menor a 2/3 de la Unidad Impositiva Tributaria.
Duración
La formación inicial tendrá una duración de un año calendario, dividido en cuatro trimestres académicos. La semana académica será de 44 horas lectivas.
Áreas de formación
La formación inicial contempla como mínimo tres áreas:
1. Conocimientos sobre ramas generales del derecho y sobre la actividad judicial, impartidos por medio de resolución de casos y discusiones. Para ello, las materias a abordarse, serán, entre otras, las siguientes: derechos fundamentales, razonamiento jurídico, comprensión de hechos y solución de problemas jurídicos, teoría general de la prueba, dirección y gestión del proceso, construcción jurídica de resoluciones, organización del despacho judicial, eficiencia en la actividad jurisdiccional
2. Prácticas simuladas en las funciones propias del juez, por ejemplo, dirección de audiencias, redacción de sentencias, etc., y pasantías en los distintos órganos del sistema de justicia
3. Elaboración de propuestas de solución de problemas que se presentan tanto a nivel legal como a nivel funcional, privilegiando aquellas que pueden ser implementadas por el propio Poder Judicial o por el mismo juez. Para ello se dictarán cursos de investigación donde el candidato elaborará una investigación sobre las necesidades concretas de reforma de la justicia ordinaria y comunal.
Dichas áreas se abordarán en cada uno de los cuatro trimestres. El área signada con el numeral 2, deberá ir ampliando el número de horas lectivas progresivamente conforme avanza la formación inicial.
Formación integral
Los candidatos recibirán una formación común que les habilite para ejercer la magistratura en cualquier especialidad. Sólo las materias no jurídicas ni judiciales serán optativas.
Pasantías
Cualquier institución pública del sistema de justicia, llámese Poder Judicial, Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, Instituto Nacional Penitenciario, Procuraduría Pública, Policía Nacional, Defensa de Oficio, Tribunal Constitucional, entre otras, podrá tener la condición de entidad receptora.
La Academia de la Magistratura realizará una evaluación periódica y detallada de las instituciones receptoras, así como de los tutores que tendrán a su cargo la formación de los candidatos a jueces. Las entidades y tutores que superen favorablemente la evaluación serán inscritas en el registro que para estos fines elaborará la Academia de la Magistratura.
A fin de recibir una formación integral, las pasantías deberán realizarse en diferentes instituciones sin darle preferencia a un área del Derecho en particular.
Evaluaciones trimestrales
En cada materia los candidatos serán evaluados a lo largo del trimestre. Sólo accederán al siguiente trimestre aquellos que hayan aprobado todas las materias. El promedio ponderado de las notas obtenidas en cada trimestre servirá para la elaboración del cuadro de méritos final.
Evaluación final
Al culminar la formación inicial, el candidato rendirá una prueba final consistente en dar respuesta a casos a través de la redacción de sentencias o la resolución pertinente.
Nota final, declaración de aptitud y cuadro de méritos
Cada nota trimestral conformará el 20% de la nota final de la formación inicial.
El 20% restante corresponderá a la nota obtenida en la evaluación final. A partir de la nota final, la Academia de la Magistratura elaborará el cuadro de méritos de los candidatos.
El candidato que aprueba la formación inicial será declarado apto para el desempeño de la función judicial sin que tenga que pasar por una evaluación posterior.
VIII.- NOMBRAMIENTO
Elección de condiciones
De acuerdo con su ubicación en el cuadro de méritos y en cualquiera de los niveles, el candidato apto podrá elegir cualquiera de las tres condiciones siguientes: juez titular; juez de suplencia o candidato en reserva, de conformidad con lo establecido en esta norma.
Nombramiento
Con el cuadro de méritos, los Consejeros reunidos en Pleno proceden a nombrar en los cargos al postulante o postulantes aptos en la condición que hubieran elegido, según el orden de mérito alcanzado y hasta cubrir las plazas vacantes en los grados y/o especialidades.
Para efectuar el nombramiento en cada cargo se requiere la mayoría prevista por el artículo 154 de la Constitución. En el caso de que la persona a quien correspondiese nombrar según el orden de méritos no obtuviese la mayoría establecida por la disposición constitucional, el Consejo podrá elegir entre las dos siguientes en el orden de mérito, con obligación de fundamentar claramente las razones por las que no se eligió a la primera. Si ninguno de los tres candidatos mejor situados en orden de mérito alcanzase mayoría para ser nombrado, el concurso de esa plaza será declarado desierto.
Para el nombramiento, los consejeros tendrán en consideración además las denuncias formuladas contra los candidatos.
IX.- COBERTURA DE PLAZAS
Cobertura de plazas
Generada una plaza vacante para ser juez titular, ésta será cubierta por el juez de suplencia o por el candidato apto en reserva que tenga la mejor ubicación en el cuadro de méritos correspondiente.
Régimen de ascensos
Mediante ascenso se cubren de manera definitiva un tercio del total de las plazas vacantes y de las que se generan hasta el próximo concurso de selección en el segundo nivel de la judicatura.
Las vacantes producidas en el curso de un año dado se cubrirán en dos tercios por los egresados de la Academia de la Magistratura que tiene condición de jueces de suplencia o candidatos en reserva del mismo nivel. El tercio restante se cubrirá mediante el mecanismo del ascenso.
Podrán postular a un ascenso los jueces de paz letrados que hayan ejercido ese cargo por lo menos tres años. Obtendrán las vacantes previstas para el ascenso aquellos jueces de paz letrado que se encuentren mejor ubicados en el cuadro de méritos correspondiente. El ascenso es un derecho del juez y, en consecuencia, requiere de su postulación a una vacante; no es posible obligar a un juez a ascender.
Independientemente del grado que ocupe y siempre y cuando se cumpla con los requisitos correspondientes, los jueces podrán postular, en concurso abierto, al tercer o cuarto nivel de la carrera, compitiendo para ello con los demás postulantes.
EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL DESEMPEÑO
I.- FINALIDAD
La evaluación del desempeño del juez, en sus funciones jurisdiccionales y de administración de despacho, tiene como objetivo velar porque éste mantenga niveles óptimos de idoneidad, calidad y eficiencia.
Asimismo, la evaluación del desempeño tiene como fin medir el impacto que producen los cursos impartidos por la Academia de la Magistratura, en el ejercicio posterior de la función de los jueces que aprobaron los mismos.
Para tales efectos, la evaluación debe identificar:
a) El rendimiento y méritos del juez en diferentes aspectos de su desempeño; y,
b) Las deficiencias del sistema de justicia y las necesidades de capacitación de los jueces, para mejorar su rendimiento.
En ningún caso, la evaluación de desempeño de los jueces interferirá con la independencia de los mismos en el ejercicio de sus funciones.
II.- PRINCIPIOS QUE RIGEN LA EVALUACIÓN
La evaluación del desempeño se sustentará en los siguientes principios:
a) Igualdad de condiciones: los jueces de cada nivel deben ser evaluados bajo los mismos criterios;
b) Transparencia: los jueces deben conocer oportunamente los períodos, aspectos y puntajes de las evaluaciones, así como los resultados de las mismas, que serán a la vez de acceso público;
c) Objetividad: las evaluaciones deben efectuarse con estricta sujeción a los criterios de evaluación previamente establecidos;
d) Medición: las evaluaciones deben ser posibles de medir a través de variables previamente definidas
e) Motivación y verificabilidad: los resultados de las evaluaciones deben ser motivados y posibles de verificarse tanto por el funcionario evaluado como por terceros.
III.- PERIODICIDAD
La evaluación de los jueces de todos los niveles se efectuará cada dos años, excepto en el caso de los jueces supremos, la cual se realizará cada cuatro años.
El juez que estuviere en el cargo por un tiempo inferior al señalado, se evaluará en forma proporcional al lapso laborado.
En todo caso, el lapso mínimo de evaluación, dentro del respectivo período, será de seis meses contados a partir de vencido el tercer mes en que el juez es nombrado o inicia sus funciones en un nuevo despacho.
El período de evaluación se iniciará a comienzos de año y la consolidación de los correspondientes aspectos evaluados se hará dentro de los seis meses del año siguiente al vencimiento del primero.
Cuando la evaluación del desempeño no se produzca por omisión imputable al evaluador, se entenderá satisfactoria para el evaluado, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias a que haya lugar.
IV.- ASPECTOS DEL DESEMPEÑO JUDICIAL OBJETO DE EVALUACIÓN
Aspectos objeto de evaluación
La evaluación comprenderá los siguientes aspectos:
a) La calidad tanto de las decisiones como de la gestión del proceso, que equivaldrá al 30% y 20% de la nota final, respectivamente
b) La eficiencia y rendimiento, que equivaldrá al 30% de la nota final
c) La organización del trabajo, que equivaldrá al 10% de la nota final
d) Las publicaciones, que equivaldrán al 5% de la nota final
e) El desarrollo profesional, que equivaldrá al 5% de la nota final.
Escala de rendimiento
La evaluación comprenderá todos los aspectos dentro de la siguiente escala:
a) De 85 hasta 100% de la nota: Excelente
b) De 70 hasta 84% de la nota: Buena
c) De 60 hasta 69% de la nota: Insuficiente
d) De 0 hasta 59% de la nota: Deficiente.
Para todos los efectos, se tendrán como insatisfactorias las evaluaciones de servicios en que se obtenga un puntaje total inferior al 60%, o cuando el resultado del factor calidad o del factor rendimiento sea inferior al 20% del total de la nota.
V.- EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RESOLUCIONES
Objeto de la evaluación
Son objeto de evaluación las siguientes resoluciones:
a) Las sentencias
b) Las resoluciones que sin ser de fondo ponen fin al proceso, excepto las regulaciones que declaran el abandono del proceso y otros similares
c) Las providencias cautelares
d) Los autos de apertura de instrucción para los jueces penales
e) Las demás que se estimen convenientes
En ningún caso la evaluación de la calidad de las resoluciones implicará la revisión o juzgamiento de la decisión de fondo.
Criterios de evaluación
Los aspectos evaluados en las resoluciones judiciales, y que deben tener igual puntaje, son:
a) La comprensión del problema jurídico y la claridad de su exposición;
b) La solidez de la argumentación utilizada para sustentar la tesis que se acepta y refutar la que se rechaza;
c) El adecuado análisis de todos los medios probatorios o la justificación de su omisión;
d) La congruencia entre los fundamentos de hecho, de derecho y las conclusiones;
e) Manejo de jurisprudencia pertinente al caso, en la medida de su posibilidad de acceso a la misma.
Muestra de resoluciones a evaluar
La evaluación se realizará sólo sobre las resoluciones que hayan sido emitidas dentro del periodo evaluado.
El total de resoluciones a evaluar serán seleccionadas, en partes iguales, por el mismo juez que es evaluado, el órgano evaluador y la ciudadanía. En estos dos últimos casos las resoluciones serán escogidas mediante un método aleatorio dentro del total de resoluciones, en el primer caso, y de las propuestas por los ciudadanos, en el segundo caso. De no completarse el número de resoluciones que propone la ciudadanía, éstas serán completadas aleatoriamente por el órgano evaluador.
En ningún caso el total de la muestra puede comprender menos de quince resoluciones, las mismas que deben corresponder a providencias cautelares, autos de apertura de instrucción o que ponen fin al proceso, y sentencias, en los porcentajes que cada una de estas resoluciones corresponde al total de resoluciones emitidas en el periodo a ser evaluado.
Cuando el juez evaluado tenga varias especialidades, la muestra de las resoluciones que serán evaluadas debe conformarse de todas las materias que conoce en el porcentaje que cada una de ellas tiene en el total de causas que éste conoce.
VI.- EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS
Objeto de evaluación
La calidad en la gestión de los procesos se evalúa revisando las decisiones tomadas en ejercicio del poder de dirección del proceso.
Criterios de evaluación
La evaluación de tales decisiones judiciales tendrá igual peso en la calificación de este apartado, y comprenden:
a) La conducción de audiencias
b) La conducción del debate probatorio
c) La resolución de nulidades de oficio
d) Las declaraciones de abandono
e) La conclusión anticipada del proceso
f) El cumplimiento de los términos procesales y el rechazo de las prácticas dilatorias
g) Las medidas adoptadas para efectivizar el trámite y/o la ejecución de las resoluciones judiciales.
La muestra de los procesos a ser evaluados
La gestión de los procesos será evaluada en virtud de las actuaciones judiciales que se desprendan de los respectivos expedientes judiciales. Estos expedientes serán fijados, en partes iguales, por el mismo juez evaluado, el ente evaluador y la ciudadanía. En los dos últimos casos, los expedientes serán escogidos por un método aleatorio, dentro de los correspondientes universos.
En total, el número de los procesos evaluados no debe ser menor de doce, de los cuales la mitad pertenecerán al primer año evaluado, y la otra mitad, al segundo.
Si agotado el procedimiento de determinación no es posible completar el mínimo de expedientes establecido, ésta se realizará con los que hubiere.
VII.- EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA Y RENDIMIENTO
Objeto de evaluación
Esta evaluación se efectuará sobre la productividad o rendimiento de los jueces durante el periodo a evaluar.
Información requerida para la evaluación
Para llevar adelante esta evaluación se requiere contar con la siguiente información:
a) El número de procesos ingresados, ya sea porque se iniciaron o porque deben continuar el trámite que comenzó en otro despacho;
b) El número de procesos no concluidos que no se encontraban en trámite desde el periodo anterior y que fueron reactivados;
c) El número de procesos en trámite;
d) El número de procesos concluidos con pronunciamiento sobre el fondo, por abandono, desistimiento, por formas alternativas de solución de conflictos, y por vicios de forma;
e) El número de autos y sentencias definitivas emitidas en el periodo a evaluar;
f) El número de procesos cuyo trámite se encuentre suspendido, por recurso interpuesto ante instancia superior, en los últimos 6 meses;
g) El número de los procesos enviados a otros funcionarios para que ellos continúen el trámite;
h) El número de los procesos devueltos a la instancia, por no haberse admitido el recurso correspondiente o porque se ha resuelto un incidente;
i) El número de audiencias y diligencias realizadas;
j) El número de veces que la expedición de una sentencia o una diligencia se difirió injustificadamente;
k) El número de audiencias frustradas por decisión del juez; y,
l) El número de procesos considerados de especial complejidad.
Esta información será consignada en el formulario que será recabado por el ente evaluador. En caso de que el juez se haya desempeñado en más de un despacho durante el periodo evaluado, corresponderá llenar un formulario por cada cargo desempeñado.
En caso se establezca la falsedad de la información otorgada al ente evaluador, ya sea por parte del juez o de algún ente institucional, sin perjuicio de las acciones a las que hubiere lugar, se le asignará la calificación de cero puntos en este factor, salvo que se demuestre la ausencia de culpa directa del juez evaluado.
Criterios de evaluación
La productividad será medida teniendo en cuenta la producción efectiva y los factores ajenos al juez evaluado que en ella incidan, los mismos que serán medidos en términos objetivos. Tales factores a tener en cuenta son la carga procesal y la complejidad de los casos, los mismos que serán determinados cuantitativamente mediante un sistema de información estadística con criterios adecuados.
Para determinar la productividad teniendo en cuenta la carga procesal, se considerarán los criterios de la carga procesal efectiva y la carga estándar.
La carga procesal efectiva es aquella que el juzgador tiene realmente como casos a resolver. Para efectos de determinarla, se tendrá en cuenta que:
a) La carga efectiva no considera a las causas que, de acuerdo a ley, no exigían, dentro del período a ser evaluado, el desarrollo de la función jurisdiccional por parte del juez; y que,
b) El egreso efectivo no considera aquellos procesos que, de acuerdo a ley, hayan dejado de formar parte de la carga del juzgado por causas diferentes al desarrollo de la función jurisdiccional del juez, o que no le correspondiesen en instancia.
La carga estándar es aquella máxima que cada juzgado puede tramitar de manera eficiente, de acuerdo a los recursos humanos y materiales con los que cuenta. El establecimiento de la misma es bianual y compete a la gerencia de planificación del Poder Judicial bajo la supervisión del Consejo Nacional de la Magistratura.
Para la evaluación, los juzgados se diferenciarán en razón al índice que resulte de comparar la carga efectiva que tramitan en el periodo a evaluar con la carga estándar para el mismo periodo. De tal manera que los juzgados pueden ser de tres clases:
a) Primer nivel: juzgados que tengan una carga efectiva menor que la carga estándar;
b) Segundo nivel: juzgados que tengan una carga efectiva igual a la carga estándar o mayor que ella hasta un 40%; y,
c) Tercer nivel: juzgados que tengan una carga efectiva superior al 40% respecto de la carga estándar.
De acuerdo a la división anterior, los jueces evaluados de cada nivel, serán calificados en los mismos de acuerdo al criterio de expedientes dejados de tramitar. A mayor cantidad de expedientes no tramitados, el puntaje a otorgar será menor. La escala de puntajes a otorgar será indicada por el órgano competente de la evaluación. A cada tipo de carga se le deberá asignar un índice, donde el número cien indica una carga normalizada. A partir de estos índices se efectuará la evaluación, contrastando el índice de carga procesal con la producción del juez evaluado.
Para determinar la productividad se tendrá en cuenta el grado de complejidad y la cantidad de los mismos.
Para efectos de determinar el grado de complejidad de los procesos se tendrán en cuenta los siguientes criterios: el número de encausados o partes, el número de delitos o petitorios, la naturaleza de los hechos y derechos controvertidos, así como. La acumulación. Estos criterios definirán el carácter de complejo o del caso, de manera conjunta o independiente, según corresponda.
Para la evaluación sólo se considerarán los casos de excepcional complejidad, es decir, aquellos que por la concurrencia o presencia de alguno de los criterios anteriormente mencionados se tornan en objeto de una especial dedicación.
El órgano evaluador será quien defina el carácter de complejo de los casos. Los jueces evaluados deberán reportar los casos complejos al ente competente, a fin de que sean considerados en la evaluación; ello sin perjuicio de los casos que el mismo ente esté considerando como tales. La evaluación del factor complejidad en la producción del juez será relacionada con el factor de la carga procesal mediante índices de reducción relacionados al rendimiento o productividad esperados
VIII.- EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Objeto de la evaluación
Esta evaluación se efectuará sobre la utilización que haga el juez de los recursos humanos y materiales de los que dispone su despacho para mejorar la calidad del servicio ofrecido a los litigantes, ordenar las causas y mejorar la eficiencia y eficacia en el desarrollo del trabajo. La información pertinente estará contenida en un informe que el juez presentará anualmente.
Criterios de evaluación
Los aspectos evaluados en la organización del trabajo, que deben tener igual puntaje, son:
a) Los procedimientos de trabajo que hayan sido establecidos
b) El registro y control de la información
c) El manejo de expedientes y archivo
d) La atención a los usuarios
e) La capacidad para analizar y verificar el desarrollo y grado de ejecución de las actividades, planes y programas.
IX.- EVALUACIÓN DE LAS PUBLICACIONES
Objeto de la evaluación
Esta evaluación se efectuará sobre la producción de trabajos de investigación teóricos o de campo respecto de la administración de justicia, Derecho o ramas afines, que haya publicado el juez durante el periodo evaluado.
Las obras que serán objeto de evaluación son:
a) Libros; capítulos de libro;
b) Publicaciones realizadas en revistas especializadas en Derecho; y,
c) Ponencias.
Criterios de evaluación
La evaluación de cada obra tendrá en cuenta:
a) La originalidad o la creación autónoma de la obra
b) La calidad científica, académica o pedagógica de la obra
c) La relevancia y pertinencia de los trabajos con las políticas en materia judicial
d) La contribución al desarrollo del Derecho
No se tendrán en cuenta las reimpresiones de obras que no contengan un trabajo de corrección o actualización sustancial.
X.- EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PROFESIONAL
Objeto de la evaluación
Esta evaluación se efectuará respecto de los cursos de capacitación o especialización que el juez haya superado satisfactoriamente, en la Academia de la
Magistratura, universidad u otra entidad académica de reconocido prestigio, en el periodo a ser evaluado.
Criterios de evaluación
La evaluación debe realizarse en base a la nota obtenida en los cursos aprobados que se presentan para su evaluación.
XI.- ÓRGANOS COMPETENTES
Órgano encargado
El Consejo Nacional de la Magistratura es el órgano competente para efectuar la evaluación de todos los jueces.
Órganos auxiliares
El Consejo Nacional de la Magistratura podrá contar con órganos de auxilio que permitan el correcto y oportuno desarrollo de la función de evaluación. Estos podrán ser órganos de alguna entidad perteneciente al sistema de justicia o una entidad académica de prestigio.
Los informes de los órganos auxiliares sobre la calificación de cada uno de los factores deben ir acompañados de los datos relevantes para la evaluación de cada factor, los mismos que serán recogidos en formularios especialmente diseñados y distribuidos por el Consejo Nacional de la Magistratura para estos fines.
Estos informes y formularios servirán de base para la evaluación integral de los jueces que realiza el Consejo Nacional de la Magistratura.
Órganos auxiliares para la evaluación de la calidad
Para evaluar la calidad de las resoluciones y de la gestión de los procesos de los jueces, el Consejo Nacional de la Magistratura podrá contratar los servicios de las universidades públicas o privadas que cuenten con facultad de Derecho que tenga más de treinta años de antigüedad, para que realicen el recojo de la información en los formularios y elaboren los informes respectivos de cada parte de la evaluación.
Estas universidades deberán designar como responsables de este trabajo a profesionales que se dediquen de manera exclusiva a la docencia y que no ejerzan ningún cargo en el Poder Judicial. Sin embargo, estas entidades también podrán designar a ex jueces de reconocida trayectoria democrática.
Órganos auxiliares para la evaluación de la eficiencia y rendimiento
La Gerencia de Planificación del Poder Judicial deberá diseñar, bajo la supervisión del Consejo Nacional de la Magistratura, el sistema para recoger la información detallada en el artículo 55 de la presente ley.
Dentro de los tres primeros meses de cada año, la Gerencia de Planificación del Poder Judicial deberá proporcionar al Consejo Nacional de la Magistratura la referida información en los formularios elaborados para ello. En su defecto, deberán cumplir con igual mandato de colaboración las Cortes Superiores o el Centro de Investigaciones Judiciales, en ese orden.
Esta información deberá encontrarse, además, desagregada por juzgado, especialidad y materia.
Órganos auxiliares para la evaluación de la organización del trabajo
Faltando medio año para concluir cada periodo de evaluación, los jueces deberán llenar los formularios enviados por el Consejo Nacional de la Magistratura en el que especifican cuál ha sido la organización del trabajo en su despacho, en los términos que allí se indican. Estos formularios se acompañarán del respectivo informe.
Órganos auxiliares para la evaluación de las publicaciones y desarrollo profesional
La Gerencia de Personal y Escalafón Judicial del Poder Judicial deberá diseñar, bajo supervisión del Consejo Nacional de la Magistratura. Esta Gerencia deberá llevar un inventario de las obras producidas por cada juez, de conformidad con los formularios que para estos fines le entregará el Consejo Nacional de la Magistratura.
En defecto de ello, los mismos jueces deberán hacer llegar al Consejo Nacional de la Magistratura el formulario elaborado por éste para recoger la referida información, con los anexos que ahí se indiquen.
El juez como órgano auxiliar
Sin perjuicio de la información que debe recoger la Gerencia de Planificación y la Gerencia de Personal y Escalafón Judicial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 66 y 68 de la presente ley, cada juez deberá llevar:
a) Una relación de las causas a su cargo terminadas durante el periodo objeto de evaluación, en la cual indicará las clases de procesos y demás datos que las identifiquen; y,
b) Una relación de los periodos en cada despacho que les haya sido asignado, la duración de estos encargos y las causas de los mismos.
Estas relaciones deberán ser plasmarse en los formularios que para ello elabore y distribuya el Consejo Nacional de la Magistratura.
La Comisión de Carrera Judicial
La Comisión de Carrera Judicial es un órgano auxiliar del Consejo Nacional de la Magistratura para efectos de la evaluación del desempeño, en los términos descritos en la presente ley.
Esta Comisión está integrada por:
a) El Presidente del Poder Judicial o el juez de la Corte Suprema que lo represente, quien la presidirá
b) Un juez de la Corte Suprema, que integre el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
c) Un juez de Corte Superior designado por el Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial entre una terna de los representantes propuestos por cada Distrito Judicial
d) Un juez especializado o mixto, designado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial entre una terna de los representantes propuestos por cada Distrito Judicial
e) Un representante de las Universidades Públicas que cuenten con una facultad de derecho con más de treinta años de antigüedad. El representante deberá ser profesor principal de dicho sector, con una labor no menor de 8 años en tal condición en las universidades públicas, y ostentar una significativa producción académica en temas relacionados a la impartición de justicia;
f) Un representante de las Universidades Privadas que cuenten con una facultad de derecho con más de treinta años de antigüedad. El representante deberá ser profesor principal de dicho sector, con una labor no menor de 8 años en tal condición en las universidades privadas, y ostentar una significativa producción académica en temas relacionados a la impartición de justicia
g) Un representante de los abogados, designado por la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados, que ostente una significativa producción o actividad académica en temas relacionados a la impartición de justicia.
Conjuntamente con la elección de los miembros titulares se elegirán a los suplentes.
Los integrantes de la Comisión a que se refieren los literales c), d), e), f) y
g) del presente artículo ejercerán su función a dedicación exclusiva.
El funcionamiento y organización de la Comisión de Carrera Judicial estará regulado por un reglamento interno que será aprobado por el Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, a propuesta de la Comisión.Los miembros de la Comisión de Carrera Judicial ejercerán los cargos por el plazo de tres años.
La elección de los integrantes de la Comisión será realizada mediante un proceso público y transparente, en el que se aprecie la probidad e idoneidad de los postulantes al cargo.
XII.- PROCEDIMIENTO
Elaboración de los formularios
El Consejo Nacional de la Magistratura elabora y distribuye oportunamente los formularios para la evaluación de cada uno de los aspectos mencionados en el artículo 46, de conformidad con lo desarrollado en el capítulo II del presente título.
Entrega de los resultados
Una vez recibidos todos los informes y los formularios por parte de los órganos auxiliares, y realizadas todas las visitas acordadas, el Consejo Nacional de la Magistratura procederá a completar las evaluaciones parciales que lo requiriesen y a elaborar la evaluación integral de cada juez que se reflejará en el informe final. En todos los casos, el Consejo Nacional de la Magistratura conformará un expediente por cada juez evaluado, el mismo que contendrá el informe final y las evaluaciones parciales que sirvieron de insumo. Copia del expediente será entregado a los jueces evaluados.
XIII.- EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RESOLUCIONES Y GESTIÓN DEL PROCESO
Determinación de la muestra de procesos
Vencido el periodo a ser evaluado, el Consejo Nacional de la Magistratura solicita a los jueces que le remitan la lista de los procesos a su cargo que hayan sentenciado o gestionado en un 80% durante tal periodo.
Asimismo, solicita a los jueces que le haga llegar la lista de los procesos cuyas sentencias y cuya gestión deben ser tomados en cuenta para la evaluación del factor de calidad.
En la misma fecha, el Consejo Nacional de la Magistratura escogerá los procesos de determinación aleatoria que completan la muestra a evaluar.
Para efectos de tener acceso a los procesos que han sido identificados para su evaluación, el Consejo Nacional de la Magistratura los solicitará a las autoridades judiciales pertinentes, las que no podrán negarse a este pedido. En el caso de expedientes en trámite, se remitirá copia de los mismos.
Encargo a las instituciones académicas
Al final del periodo a evaluar, el Consejo Nacional de la Magistratura debe remitir a la universidad con la que se haya contratado los formularios y la identificación de los procesos correspondientes.
Concluido el trabajo de estas instituciones, ellas entregarán al Consejo Nacional de la Magistratura los formularios e informes por cada uno de los jueces evaluados, para que éste realice la evaluación integral de los mismos.
XIV.- EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA Y RENDIMIENTO
Determinación de la carga y egreso efectivo y carga estándar
Luego que el Consejo Nacional de la Magistratura reciba la información señalada en el artículo 55 de parte de la Gerencia de Planificación del Poder Judicial, deberá elaborar, con ayuda de ésta, los totales de carga y egreso efectivo de cada juez, así como el de carga estándar.
XV.- EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Visitas a los juzgados
Desde la fecha en que el Consejo Nacional de la Magistratura recibe los formularios y los informes sobre la organización del trabajo, a los que se refiere el artículo 67, se encuentra habilitado para realizar las investigaciones en los despachos judiciales en los que lo considere necesario, sin previo aviso al juez encargado.
Estas visitas tendrán como finalidad corroborar si es que el informe presentado por el juez sobre la organización de su trabajo se condice con las condiciones reales de su despacho.
XVI.- EVALUACIÓN DE LAS PUBLICACIONES Y DESARROLLO PROFESIONAL
Determinación de las publicaciones y cursos
Vencido el periodo a ser evaluado, el Consejo Nacional de la Magistratura solicita a la Gerencia de Escalafón y Personal Judicial del Poder Judicial, o, en su defecto, a los mismos jueces, los formularios que identifican las obras que serán evaluadas, así como copia física de las mismas.
XVII.- RESULTADOS Y CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN
Resultados de la evaluación
El resultado de la evaluación será notificado oportunamente al juez evaluado, y constará en su expediente personal y registros correspondientes. Asimismo, los resultados generales y parciales de la evaluación se pondrán a disposición de los ciudadanos.
Finalidad de los resultados
Los resultados de la evaluación servirán para definir:
a) La elaboración del cuadro de méritos, toda vez que sus resultados definen el
85% del mismo;
b) El inicio de las acciones necesarias a fin de reforzar los aspectos detectados y que generan deficiencia en el desempeño judicial;
c) Los criterios en base a los cuales la Academia de la Magistratura elaborará el plan de estudios de los cursos regulares, dirigidos a la capacitación de los jueces;
d) La necesidad de indicar al juez los cursos (o actividades necesarias) que deberá llevar en la Academia de la Magistratura a fin de mejorar su desempeño.
El Consejo Nacional de la Magistratura verificará que tales indicaciones sean cumplidas;
e) La prohibición temporal del ascenso o de ocupar provisionalmente un cargo superior; y,
f) La separación.
Consecuencias de la calificación
El resultado de la evaluación es el componente esencial sobre el que se estructura el acceso a los beneficios e incentivos, así como se determinan la necesidad de formación obligatoria y la separación de los jueces.
En el caso de obtener la calificación de insuficiente, el juez deberá participar en los cursos de reforzamiento en la Academia de la Magistratura, cuyo cumplimiento estará bajo la supervisión del Consejo Nacional de la Magistratura. Asimismo, estará impedido temporalmente de ascender u ocupar provisionalmente un cargo superior.
Casos y resoluciones de separación
La separación es consecuencia directa de haber obtenido resultados plenamente insatisfactorios en la evaluación del desempeño, ya sea por haber conseguido la calificación de deficiente o por haber obtenido la de insuficiente, en dos oportunidades consecutivas.
Las resoluciones que las dispongan deberán encontrarse debidamente motivadas y serán susceptibles de revisión, conforme lo previsto en la presente ley.
Separación directa de jueces de la Corte Suprema
Cuando de la evaluación de los jueces de la Corte Suprema se desprenda que se encuentran bajo algún supuesto de separación, el Consejo Nacional de la Magistratura procederá a separarlos, a menos que los dos tercios de sus integrantes decidan mantenerlo en la carrera judicial, mediante resolución debidamente motivada.
Separación de jueces previo informe de la comisión de carrera judicial
En el caso de los jueces superiores, especializados o mixtos y de paz letrado, el Consejo Nacional de la Magistratura enviará a la Comisión de Carrera Judicial el informe en que recomienda la separación de los jueces, para efectos de que ella actúe en los términos establecidos en esta ley.
Estos informes enviados a la Comisión de Carrera Judicial son de carácter público.
La resolución de la Comisión de la Carrera Judicial que descarte la separación por bajo rendimiento deberá ser debidamente motivada y respaldada por al menos dos tercios de los integrantes de la Comisión de Carrera Judicial.
En caso la Comisión de Carrera Judicial no se oponga a la separación recomendada por el Consejo Nacional de la Magistratura, éste procederá a separarlos, a menos que los dos tercios de sus integrantes decidan mantenerlo en la carrera judicial, mediante resolución debidamente motivada.
XVIII.- RECURSOS
Queja y audiencia del juez evaluado
En caso que el juez evaluado advirtiera un defecto grave en los resultados de la evaluación de desempeño, podrá presentar una queja al Consejo Nacional de la Magistratura, quien resolverá previa audiencia.
Recursos contra la separación en función del desempeño
Contra las decisiones de separación de jueces de la Corte Suprema, basadas en el rendimiento, sólo cabe, en vía administrativa, recurso de reconsideración por prueba nueva.
Contra la solicitud de separación por rendimiento de jueces de paz letrados, especializados, mixtos o superiores presentada por la Comisión de Carrera Judicial sólo cabe, en vía administrativa, recurso de reconsideración por prueba nueva.
Cuando no corresponda recurso de reconsideración, el afectado con la separación por rendimiento insuficiente puede interponer amparo ante el Poder Judicial siendo competente la Corte Superior, con la posibilidad de recurrir en segunda instancia ante el Tribunal Constitucional. Todo ello siempre y cuando se haya afectado su debido proceso u otro derecho fundamental.
Impedimento y recusación del ente competente o los órganos auxiliares
No podrá participar en la evaluación el miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, o de los órganos auxiliares, que incurra en las causales de impedimento o recusación a las que se refieren los artículos pertinentes del Código Procesal Civil. Tanto el impedimento como la recusación serán planteados en la primera oportunidad que se tuviera para ello. La recusación será resuelta por el pleno del Consejo Nacional de la Magistratura en instancia única.
XIX.- REGÍMENES ESPECIALES DE EVALUACIÓN
Jueces en régimen de evaluación especial
El Consejo Nacional de la Magistratura, en coordinación con la Comisión de Carrera Judicial, establecerá un régimen especial para evaluar a los jueces que ocupan cargos administrativos y a los jueces que han sido destacados a un juzgado bajo un programa de descongestión.
XX.- CUADRO DE MÉRITOS
Contenido y elaboración
Conformación y pesos
El cuadro de méritos estará conformado por el resultado final de la evaluación periódica de desempeño y el récord de faltas y sanciones cometidas en los dos años correspondientes a tal evaluación. Al primero de los componentes le corresponde un peso de 85%, en tanto que al segundo, 15%.
En el componente referido al récord disciplinario, la calificación estará distribuida de la siguiente manera:
a) De no registrar ningún antecedente de sanción disciplinaria en el período evaluado, el valor obtenido corresponde al 15%;
b) De registrar sanción por falta leve, se obtendrá el 10%; y,
c) De registrar sanción por falta grave, se obtiene 0%.
Objetivos del cuadro de méritos
El cuadro de méritos servirá para determinar el ascenso de los jueces, la designación de ocupar un cargo superior provisionalmente, así como el otorgamiento de beneficios de naturaleza académica.
Órgano encargado de su elaboración
La Comisión de Carrera Judicial es el órgano competente para elaborar el cuadro de méritos.
XX.- BENEFICIOS E INCENTIVOS
Tipos de beneficios e incentivos
La Comisión de Carrera Judicial, en coordinación con el Consejo Nacional de la Magistratura, debe establecer un programa flexible de beneficios e incentivos para recompensar el buen desempeño de los jueces que ocupan los primeros puestos del cuadro de méritos de un grado.
Los incentivos pueden ser principalmente de tres tipos:
a) Ascensos al grado inmediato superior;
b) Promociones; y,
c) Becas, cursos de especialización, participación en congresos, etc.
De los ascensos
A partir de su ubicación en el cuadro de méritos y en el porcentaje correspondiente, los jueces de paz letrado tienen preferencia para optar por ocupar una vacante definitiva abierta después de realizado el concurso público de nombramiento, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley.
En caso que el juez que se encontraba en posibilidades de ascender decida no hacerlo, tendrá esa oportunidad el siguiente en el orden de méritos.
De las promociones
Los jueces, en estricto orden de méritos, tendrán derecho a:
a) Acceso provisional para ocupar una vacante de juez en el grado inmediato superior, siempre y cuando corresponda a su misma especialidad, o se cuente con certificación de variación aprobada;
b) Licencias para especialización o capacitación;
c) Traslados; y,
d) Cargos administrativos en caso lo solicitasen.
De los demás beneficios
Los jueces tendrán acceso a becas, cursos gratuitos de especialización, participación en congresos, etc, con estricto apego al cuadro de méritos.
DERECHOS, DEBERES, PROHIBICIONES, IMPEDIMENTOS E INCOMPATIBILIDADES
I.- DERECHOS
Los jueces titulares tienen, entre otros, los siguientes derechos:
1. Independencia en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales;
2. Estabilidad, inamovilidad en el cargo y permanencia en el servicio. Los jueces no pueden ser trasladados o rotados sin su consentimiento o sin que exista causa debidamente justificada;
3. Determinación, mantenimiento y desarrollo de la especialidad,
4. Evaluación periódica a fin identificar los méritos alcanzados, garantizar la permanencia en la carrera y obtener ventajas para el proceso de ascensos;
5. Asignación de una carga procesal racional;
6. Debida protección y seguridad de su integridad y la de su familia;
7. Remuneración adecuada y demás derechos laborales correspondientes a la función pública;
8. Capacitación y especialización permanentes;
9. Asociación, dentro de límites de ley; y,
10. Permisos y licencias, conforme a ley.
Las disposiciones reguladas en este capítulo son aplicables a los jueces de suplencia, provisionales y candidatos en reserva en cuanto les fuera compatible.
II.- TRASLADOS, PERMUTAS Y ROTACIÓN
Traslados
Los jueces tienen el derecho a solicitar su traslado o a ser trasladados, solamente por razones del servicio, de salud o de seguridad personal con ocasión del ejercicio de su cargo. El traslado por razón de servicio sólo puede encomendar a los jueces, procesos de materias afines a su especialidad, salvo que no se cuente con magistrados de la especialidad, ni especialidades afines.
El traslado puede ser temporal o permanente, funcional o geográfico. Se trata de un traslado funcional cuando se realiza a una especialidad diferente a la que venía ejerciendo; y es de carácter geográfico, cuando se realiza a otro distrito judicial.
En el caso que el traslado sea en el mismo Distrito Judicial, la decisión deberá tomarla el órgano de gobierno correspondiente. En tanto que si involucra a más de un Distrito Judicial, la decisión corresponde al órgano de gobierno del Poder Judicial.
En todos los casos, la resolución que ordena el traslado debe ser motivada y puede ser objeto de impugnación tanto en la vía administrativa, como judicial.
Permuta y rotación
Un juez puede solicitar la permuta de su cargo con otro de su mismo grado y especialidad, siempre que no se afecte el despacho y la celeridad procesal de ninguno de los dos.
En caso ambos jueces pertenezcan al mismo distrito, corresponde autorizar la permuta al presidente de la Corte Superior. En caso de jueces de diversos distritos, la autorización corre a cargo de ambos presidentes de Corte.
Rotación
Los jueces, respetando su grado y especialidad, sólo pueden ser rotados a un nuevo despacho, con su consentimiento y dentro del mismo distrito judicial en el que vienen ejerciendo sus funciones. La resolución que dispone la rotación debe ser motivada debidamente.
III.- PERMISOS Y LICENCIAS
Los jueces tienen el derecho a solicitar y obtener un número limitado de permisos y licencias, con la autorización del órgano correspondiente.
En el caso de los jueces de la Corte Suprema y otros órganos con competencia nacional, corresponde otorgar tales beneficios al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
En los demás casos, corresponde otorgarlos al Presidente de la Corte Superior correspondiente.
Órgano competente
En todos los casos, los órganos que los otorgan deben llevar un registro detallado y actualizado de los permisos y licencias que se conceden, así como del uso que de ellos hace cada juez.
Permisos sin goce de haber
Los permisos sin goce de haber proceden para atender asuntos estrictamente personales no sujetos a justificación, hasta por un plazo no mayor de diez días hábiles durante el año judicial, de forma contínua o de manera interrumpida.
Licencia con goce de haberes
La licencia por causa justa y con goce de haberes procede solamente en los siguientes casos:
1. Duelo en los casos de cónyuge o hijos, hasta por cinco días;
2. Accidente y/o enfermedad comprobados, conforme a ley;
3. Maternidad y lactancia, conforme a ley; y,
4. Capacitación y perfeccionamiento, de acuerdo a su ubicación en el cuadro de méritos.
Órgano competente en materia de permisos y licencias
Los permisos y licencias de los jueces supremos y de órganos jurisdiccionales con competencia nacional u otros que abarquen a más de un Distrito Judicial, son otorgados por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Los correspondientes a los jueces de un
Distrito Judicial específico, son competencia del órgano de gobierno distrital.
IV.- CAPACITACIÓN JUDICIAL
Objetivo
Todos los jueces tienen el derecho a perfeccionarse y actualizarse continuamente, en igualdad de condiciones y oportunidades. La capacitación se realiza con el objetivo de impulsar el desarrollo profesional pleno del juez y eliminar cualquier deficiencia en el servicio de justicia.
La capacitación se puede realizar a través de los cursos que brinda la Academia Nacional de la Magistratura, las actividades académicas que se dictan periódicamente en cada distrito judicial, en las universidades y otros centros de estudios especializados.
V.- MANTENIMIENTO DE LA ESPECIALIZACIÓN
Mantenimiento de la especialidad
Los jueces tienen el derecho a mantener la especialidad en el cargo, salvo los casos previstos de traslados. Por decisión voluntaria, los jueces pueden solicitar y obtener un cambio de especialidad, o postular a una especialidad nueva.
Determinación de la especialidad
La especialidad se determina principalmente por los siguientes criterios:
1. Ejercicio de la cátedra universitaria;
2. Publicaciones sobre materia jurídica especializada;
3. Grados académicos obtenidos en una misma especialidad del derecho;
4. Trabajos desempeñados en ámbitos afines; y,
5. Antigüedad.
VI.- REMUNERACIÓN
Determinación y componentes
La remuneración se determinará de acuerdo con las funciones y nivel de los jueces y deberá ser adecuada a la significativa importancia de aquéllas.
Los jueces percibirán catorce remuneraciones al año. La determinación de la forma y monto de la remuneración le corresponde al Poder Judicial de manera autónoma.
Son componentes de la remuneración el haber básico del juez y los complementos salariales que se establezcan. Dichos componentes son computables para todos los beneficios. Las diferencias entre grados en no será mayor al 20% entre uno y otro.
VII.- DEBERES
Son deberes de los jueces:
1. Impartir justicia con prontitud, imparcialidad, razonabilidad y respeto al debido proceso;
2. No dejar de impartir justicia por vacío o deficiencia de la ley;
3. Dedicarse exclusivamente a la función judicial, salvo los casos de docencia universitaria ejercida fuera del horario de trabajo y con un límite de 6 horas semanales;
4. Mantener un alto nivel profesional y preocupación por su permanente capacitación y actualización;
5. Observar los plazos legales en expedición de resoluciones y sentencias, así como cumplir y vigilar por el cumplimiento de la debida celeridad procesal;
6. Respetar estrictamente y exigir a los auxiliares el cumplimiento del horario de trabajo para la atención del despacho, informes orales y otras diligencias;
7. Guardar en todo momento conducta intachable;
8. Residir en lugar donde ejerce el cargo, o en lugar cercano de fácil comunicación, previa autorización de la Corte Superior del distrito judicial correspondiente;
9. Atender el juzgado o sala a su cargo, con la debida diligencia;
10. Guardar la reserva debida en aquellos casos que por naturaleza o en virtud de leyes o reglamentos, así lo requieran;
11. Presentar una declaración jurada, al inicio del cargo, y con periodicidad anual, hasta el momento de dejar el cargo;
12. Sancionar a las partes cuando practiquen maniobras dilatorias;
13. Denegar pedidos maliciosos;
14. Denunciar los casos de ejercicio ilegal de la profesión y otros comportamientos delictivos de los que tome conocimiento en el ejercicio de sus funciones; y,
15. Cumplir con las demás obligaciones impuestas por la Constitución y las leyes.
VIII.- PROHIBICIONES, IMPEDIMENTOS E INCOMPATIBILIDADES
Prohibiciones
Los jueces están prohibidos de:
1. Ejercer la defensa o asesoría pública y/o privada, con las excepciones de causa propia, de su cónyuge, concubina, ascendientes y descendientes;
2. Aceptar de los litigantes, sus abogados o por cuenta de ellos, donaciones, obsequios, atenciones o cualquier agasajo;
3. Aceptar cargos remunerados, salvo ejercicio de docencia universitaria;
4. Adquirir bienes objeto de proceso judicial;
5. Ejercer el comercio, industria o actividad lucrativa, de forma personal o como gestor, asesor, socio, empleado, funcionario o miembro o consejero de juntas, directorios o de cualquier organismo de entidad dedicada a actividad lucrativa;
6. Participar en política, sindicarse y declararse en huelga;
7. Influir o interferir de manera directa o indirecta en resultado de procesos judiciales;
8. Variar el domicilio del lugar donde ejerce el cargo o lugar cercano, salvo el caso de vacaciones, licencias o autorización del órgano competente; y,
9. Ausentarse del lugar donde ejerce el cargo, salvo motivadas excepciones.
Impedimentos por el cargo
Están Impedidos para postular y/o ejercer bajo cualquier motivo, cargo judicial alguno mientras ejerzan función pública y hasta seis meses después de haber cesado en el cargo:
1. El Presidente y Vicepresidentes de la República;
2. Los congresistas, presidentes regionales, alcaldes, regidores y cualquier funcionario cuyo cargo provenga de elección popular, salvo los jueces de paz;
3. Los ministros, viceministros, directores generales de ministerios;
4. Los prefectos y cualquier otro funcionario que ejerza autoridad política;
5. Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, Tribunal Constitucional y Jurado Nacional de Elecciones;
6. El contralor y subcontralor; y,
7. Los jefes de la ONPE y RENIEC
Incompatibilidades
Las incompatibilidades son el conjunto de disposiciones limitativas del ejercicio de la labor jurisdiccional, en razón del cargo y del parentesco.
Hay incompatibilidad por razón de matrimonio, unión de hecho y parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad:
a. Entre los jueces de la Corte Suprema y entre éstos y los jueces superiores y demás jueces de la República; así como personal jurisdiccional perteneciente a la propia Corte Suprema y a los Distritos Judiciales de la República;
b. En el mismo Distrito Judicial ente los vocales superiores, y entre éstos y los jueces de cualquier grado y personal auxiliar jurisdiccional de todas las instancias.
Las incompatibilidades por parentesco enunciadas comprenden al personal administrativo entre sí, así como en relación a los jueces y al personal que realiza actividades de apoyo a la función jurisdiccional.
En caso de incompatibilidad sobreviniente, cualquiera de los jueces, cualquiera de los jueces involucrados pueden solicitar el cambio de distrito judicial u optar por la renuncia.
RÉGIMEN DE JUECES DE SUPLENCIA Y PROVISIONALES
I.- SUPLENCIA
Son jueces de suplencia aquellos que reemplazan temporalmente en sus funciones a jueces titulares que no pueden encargarse de su despacho por cualquier razón prevista legalmente.
II.- PROVISIONALIDAD
Son provisionales los jueces titulares que ocupan temporalmente el grado superior inmediato vacante, que no puede ser cubierto por un juez suplente o candidato en reserva.
Prioridad en la provisionalidad
El juez llamado a cubrir provisionalmente una plaza superior será aquél que ocupe el puesto más alto en el cuadro de méritos de su nivel.
Plaza del juez provisional
La plaza original del juez provisional debe ser también cubierta de manera temporal por un juez de suplencia o reserva. A falta de éstos, deberá ser ocupada por un juez provisional.
RÉGIMEN DISCIPLINARIO
I.- FALTAS DISCIPLINARIAS
Definición
Se entiende por faltas las acciones u omisiones de los jueces, previamente establecidas en la presente ley, que afectan valores o aspectos relevantes para el servicio de justicia, tales como la imparcialidad, la honestidad y la independencia, y que por ello, deben ser sancionadas, previa verificación del órgano encargado.
Tipos de falta
Las faltas según su gravedad se dividen en:
1. Leves;
2. Graves; y,
3. Muy graves.
Faltas Leves
Se considera falta leve:
1. Inasistencia injustificada al despacho judicial hasta por dos días;
2. Proveer escritos o resoluciones fuera de los plazos legales injustificadamente;
3. No emitir los informes solicitados dentro de los plazos fijados, siempre que ello no constituya una falta grave;
4. Incumplir el deber de dedicarse exclusivamente a la labor jurisdiccional, o dedicar más horas de las previstas a otras funciones permitidas por disposición constitucional, legal o autorizados por órgano competente;
5. No ejercitar el control permanente sobre sus auxiliares y subalternos, o no imponerles las sanciones pertinentes cuando el caso lo justifique;
6. Abusar de las facultades que la ley le otorga respecto a sus subalternos o sobre las personas que intervienen en cualquier forma en un proceso;
7. Incurrir injustificadamente en retraso, omisión o descuido en la tramitación de procesos;
8. Descuidar o incumplir los deberes propios del cargo establecidos por ley, siempre y cuando no constituya falta grave o muy grave;
9. La inobservancia del horario de trabajo sin causa justificada, siempre que no implique una falta de mayor gravedad conforme a esta ley;
10. La falta de respeto debido hacia el público, compañeros y subalternos en el desempeño del cargo, funcionarios judiciales, representantes de órganos auxiliares de la administración de justicia, miembros del Ministerio Público, de la defensoría de oficio y abogados;
11. La falta de acatamiento de las disposiciones administrativas internas de organismo judicial, siempre que no impliquen una falta de mayor gravedad;
12. La negligencia en el cumplimiento de los deberes propios de sus cargos, establecidos en esta ley, cuando no constituyan falta grave o muy grave.
Faltas Graves
Se considera falta grave:
1. Incurrir en reiterados e injustificados retrasos y descuidos en la tramitación de los procesos y/o diferir las resoluciones. Para determinar esta falta se tendrá en consideración los pedidos que hubiesen formulados las partes exigiendo el cumplimiento legal y razonable de las actuaciones o plazos para expedir las resoluciones, el período de tiempo que el magistrado viene conociendo el proceso, la conducta de las partes y demás intervinientes en dicho proceso, y la complejidad del asunto controvertido;
2. Causar grave perjuicio al proceso o al desarrollo de sus incidencias y diligencias, frustrando o retrasando injustificadamente la realización de los actos procesales que resultasen necesarios para su correcta formulación;
3. Ausentarse injustificadamente del despacho judicial por dos días consecutivos;
4. Ejercer injustificadamente labores relacionadas con su función fuera del despacho judicial;
5. Incurrir en conducta manifiestamente discriminatoria en el ejercicio del cargo;
6. Admitir o formular recomendaciones en procesos judiciales;
7. Agraviar u ofender a otros jueces, o a los intervinientes en un proceso;
8. Los demás casos expresamente previstos en las leyes sobre la materia.
9. No seguir los cursos obligatorios de capacitación que, en atención al resultado de la evaluación periódica, han sido exigidos;
10. Abandonar total o parcialmente las tareas correspondientes al cargo judicial;
11. No guardar la discreción debida en aquellos casos que por naturaleza o en virtud de leyes o reglamentos, requieran reserva;
12. La conducta y trato manifiestamente discriminatorios en el ejercicio del cargo;
13. El no cumplimiento de las disposiciones contenidas en los reglamentos, acuerdos y resoluciones que dicte la Corte Suprema de Justicia en materia jurisdiccional;
14. Ocultar a las partes documentos o información de naturaleza pública;
15. Asistir a su centro de trabajo en estado de ebriedad o bajo el efecto de estupefacientes, o en cualquier otra condición anormal o análoga;
16. Delegar a los auxiliares jurisdiccionales la realización de diligencias que por ley o por la naturaleza de las circunstancias le corresponden personalmente;
17. La tercera falta leve que se cometa durante los dos años posteriores a la comisión de la primera;
18. Incurrir en acto u omisión que, sin ser delito, comprometa gravemente la dignidad del cargo;
19. Demás casos expresamente previstos en las leyes de la materia.
Faltas muy graves:
Se considera falta muy grave:
1. Ausentarse injustificadamente del despacho judicial por más de tres días consecutivos, y las ausencias injustificadas por más de cinco días en un período de treinta días calendario o más de quince días en un período de ciento ochenta días calendario, hayan sido o no sancionadas disciplinariamente en cada caso;
2. Desempeñar simultáneamente a sus responsabilidades jurisdiccionales, empleos o cargos públicos o privados remunerados, salvo los casos expresamente permitidos por la Constitución;
3. Ejercer la defensa o asesoría pública o privada, salvo en los casos exceptuados por ley;
4. Valerse del cargo para dar órdenes o ejercer presiones sobre otros miembros del Poder Judicial, buscando así condicionar la tramitación o la resolución de algún proceso o procedimiento;
5. Actuar en un proceso o procedimiento a sabiendas de estar legalmente impedido de hacerlo;
6. Solicitar o aceptar de los litigantes, sus abogados o por cuenta de ellos, donaciones, obsequios, dádivas, legados, agasajos y sucesión testamentaria a su favor o en el de su cónyuge, concubino(a), ascendientes, descendientes o hermanos(as);
7. No justificar documentariamente dentro del plazo de treinta días hábiles los signos exteriores de riqueza que evidencien los jueces, previo requerimiento del órgano de control. Los signos exteriores de riqueza se aprecian con relación a la declaración jurada de bienes y rentas efectuada;
8. Incurrir en acto u omisión que, sin ser delito, comprometa gravemente la dignidad del cargo;
9. Ausentarse injustificadamente de sus labores por más de tres días consecutivos;
10. Interferir en el ejercicio de funciones de los otros órganos del estado, sus agentes o representantes, o permitir la interferencia de cualquier organismo, institución o persona que atente contra el órgano judicial o la función jurisdiccional;
11. Ocultar alguna prohibición que les sea imputable para el ejercicio de la función o abstenerse de informar una causal sobreviviente;
12. Influir o intentar influir a otros jueces en causas que tramitan en el marco de sus respectivas competencias;
13. Interferir en el criterio de los jueces de menor nivel en la interpretación o aplicación de la ley, salvo cuando se halle en conocimiento de la causa a través de los recursos legalmente establecidos;
14. Cometer cualquier acto de coacción o acoso, especialmente aquellos de índole sexual o laboral;
15. Establecer relaciones con terceros, con otros jueces o con auxiliares jurisdiccionales, que afecten su imparcialidad e independencia, o la de otros en el desempeño de la función jurisdiccional;
16. La tercera falta grave que se cometa durante los dos años posteriores a la comisión de la primera; y,
17. Los demás casos expresamente previstos en las leyes sobre la materia.
II.- SANCIONES DISCIPLINARIAS
Concepto y tipos de sanciones disciplinarias
Se entiende por sanciones a las consecuencias de la comprobación de las faltas cometidas. Deben estar legalmente establecidas y ser impuestas, previo procedimiento administrativo y con las garantías del debido proceso, por el órgano encargado del control disciplinario. Las sanciones serán anotadas en el registro personal del juez.
Las sanciones son:
1. Amonestación;
2. Multa;
3. Suspensión; y,
4. Destitución.
Proporcionalidad entre los tipos de falta y las sanciones imponibles
Las faltas leves son sancionadas en su primera comisión con amonestación, y en su reiteración, con multa. La comisión de la tercera falta leve constituye una falta grave y como tal se sanciona.
Las faltas graves se sancionan con suspensión en las funciones. La suspensión tendrá una duración mínima de quince días y una duración máxima de seis meses.
Las faltas muy graves se sancionan con destitución. El juez destituido no podrá regresar a la carrera judicial.
El límite de la sanción de multa será el 10% de la remuneración total anual del juez, y el límite de la sanción de suspensión, tres meses. Las faltas serán acumulables en el periodo de dos años, contados desde que se produjo la primera.
Apartamiento del cargo de los jueces sometidos a investigación por faltas muy graves
Cuando existan indicios razonables que hagan prever la imposición de la sanción disciplinaria de destitución al juez y su permanencia en el cargo durante el trámite del procedimiento disciplinario afecte la credibilidad del Poder Judicial, podrá decidirse su apartamiento. Dicha medida caduca a los seis meses de consentida o ejecutoriada la decisión. La impugnación de la resolución recaída en la medida cautelar no suspende su ejecución.
Si por la complejidad de la conducta investigada el procedimiento disciplinario no hubiese concluido, se puede disponer su prórroga por períodos iguales hasta que concluya dicho procedimiento administrativo.
III.- INVESTIGACIÓN PRELIMINAR
Definición
La investigación preliminar es la etapa en la cual el órgano encargado realiza una indagación respecto de una presunta falta, en busca de los elementos de prueba necesarios que le permitan sustentar la respectiva denuncia.
En caso de que las pruebas recogidas en esta etapa se desprenda la posibilidad de comisión de una falta, se iniciará un proceso disciplinario.
IV.- PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO
Definición
El procedimiento disciplinario es la etapa en la cual se determina o no la comisión de una falta, a través de la actuación y valoración de todas las pruebas posibles, y se aplica la sanción correspondiente, de ser el caso.
V.- PLAZOS
Plazo de prescripción
El plazo para interponer la queja administrativa contra los jueces prescribe a los tres meses de ocurrido el hecho o tomado conocimiento. La facultad del órgano de control para iniciar investigaciones por faltas disciplinarias prescribe a los dos años de conocido el hecho.
El cómputo del plazo de prescripción se iniciará nuevamente luego de declararse en abandono el proceso, lo cual sólo procede a pedido de parte y una vez transcurridos cuatro meses de hallarse inactivo éste, por falta de impulso imputable a la parte denunciante.
VI.- ÓRGANOS COMPETENTES
Órganos competentes de la investigación y juzgamiento de las faltas
El órgano encargado de la investigación preliminar, debe ser distinto de aquél competente para tramitar el procedimiento disciplinario.
Los ciudadanos se encuentran legitimados para interponer directamente, ante el órgano competente, una denuncia contra un juez por la presunción de la comisión de una falta disciplinaria. Asimismo, el ciudadano interesado podrá escoger entre esta vía y la de presentar la queja ante la Defensoría del Pueblo, entidad que deberá solicitar el inicio de una investigación en aquellos casos que considere más verosímiles o relevantes.
En caso de una denuncia formulada públicamente, y que de ésta surgieran elementos que hicieran pensar razonablemente que el juez denunciado ha incurrido en la comisión de una falta, el órgano contralor deberá iniciar de oficio una investigación preliminar. Concluida dicha investigación, se determinará si se procede o no el inicio de un proceso disciplinario.
TERMINACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL
Causales
El cargo de juez termina por:
1. Muerte;
2. Cesantía;
3. Jubilación. Los jueces de paz letrado, especializados y mixtos, ejercen el cargo hasta los 65 años de edad. Los jueces superiores y supremos, hasta los 70 años de edad;
4. Renuncia, desde que es aceptada por el órgano competente;
5. Separación y destitución, en los términos regulados en esta norma;
6. Incompatibilidad sobreviniente;
7. Causa física o mental permanente, debidamente comprobada y que impida el ejercicio de la función jurisdiccional;
8. Pérdida de la nacionalidad;
9. Haber sido condenado por delito doloso o tener sentencia con reserva del fallo condenatorio;
10. Los demás casos previstos en la Constitución o la ley.
GLOSARIO
Carrera judicial
Conjunto de elementos sistemáticamente articulados entre sí, destinados a regular el ingreso, ascenso, régimen disciplinario, régimen laboral, prerrogativas, incompatibilidades, especialidad y retiro de quien ejerce función jurisdiccional.
Se busca así asegurar la independencia de estos magistrados y la autonomía de la institución a la que pertenecen.
Independencia
Autodeterminación. Capacidad de poder decidir por uno mismo. Tiene dos dimensiones: la denominada independencia externa, frente a otras instituciones, y la interna, respecto de la misma institución. La noción de independencia suele confundirse con la de autonomía, sin embargo, esta última, en sentido estricto, tiene que ver con la facultad de autorregularse, es decir, de darse sus propias normas, por lo que está vinculada no con las personas sino con las instituciones.
Selección
Conjunto de etapas destinadas a captar al candidato más apto para desempeñar una función jurisdiccional. Para tal fin, se recurre a distintos tipos de exámenes, oposiciones, pruebas, consultas, entrevistas, y otros mecanismos.
Formación
Procedimiento mediante el cual se ofrecen cursos especiales a los candidatos seleccionados, con el propósito de brindarles un conjunto de conocimientos y destrezas indispensables en el futuro ejercicio de la función que asumirán.
Nombramiento
Acto por el cual, según lo establece el ordenamiento jurídico específico, se provee oficialmente del título de juez para desempeñar la función jurisdiccional.
Derecho
Potestad de hacer aquello que se quiera realizar, o negarse a efectuarlo, cuyo ejercicio es exigible a instancias estatales e incluso a particulares, siempre y cuando esa decisión no vaya en contra de lo prescrito en el ordenamiento jurídico de un Estado en particular.
Deber
Obligación impuesta por una norma jurídica de observar una cierta conducta. El contenido del deber jurídico, según la distinción tradicional, se traduce en la exigencia de hacer o no hacer algo.
Facultad
Potencia o virtud, libertad que uno tiene para hacer alguna cosa.
Traslado
Cambio temporal o permanente, a pedido de parte o de oficio, de un juez dentro de un mismo distrito judicial o a otro diferente, a un cargo de la misma categoría o grado.
Permuta
Cambio, a pedido de parte, de un juez por otro del mismo grado y competencia, aunque pertenezcan a distritos judiciales distintos.
Permiso
Autorizaciones otorgadas a los jueces para ausentarse en forma temporal de los puestos que desempeñan para así poder asumir diferentes comisiones o atender asuntos personales o particulares.
Licencia
Acto por el cual el superior jerárquico permite a los inferiores la suspensión temporal de la obligación de desempeñar sus funciones o cargo encomendado, con o sin goce de sueldo.
Prohibición
Conducta o acción que no puede realizarse en el ejercicio de un cargo.
Impedimento
Imposibilidad jurídica inherente al cargo que uno desempeña de, según sea el caso, acumular determinadas funciones públicas o ciertos mandatos electivos, o una función pública o mandato electivo con ciertas ocupaciones privadas.
Incompatibilidad
Imposibilidad jurídica inherente a la persona que ejerce un cargo de, según sea el caso, acumular determinadas funciones públicas o ciertos mandatos electivos, o una función pública o mandato electivo con ciertas ocupaciones privadas.
Concubinato
Relación de convivencia entre dos personas, sin importar su estado civil o género.
Evaluación de desempeño
Conjunto de acciones articuladas entre sí que tienen por finalidad la apreciación sistemática del comportamiento de la persona en el cargo que ocupa. La evaluación no se dirige a la persona sino a su desempeño en el ejercicio de la función que ejerce, y por ello, no es por sí misma un fin, sino solamente un instrumento, medio o herramienta para alcanzar diversos objetivos, como son los de mejorar el desempeño en el futuro y utilizar mejor la gestión de los recursos humanos y materiales puestos bajo su responsabilidad, permitiendo el establecimiento de políticas adecuadas de compensación, traslados y ascensos sobre criterios más objetivos, promover incentivos o premios, diseñar estrategias de capacitación y desarrollo de carrera, entre otros.
BIBLIOGRAFIA
Ley Orgánica del Poder Judicial
Constitución Política del Perú
Justicia Viva- Diario el Peruano
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