DESAFIOS Y RETOS QUE SE PLANTEAN AL DESARROLLO DEL BIENESTAR SOCIAL Y LOS SERVICIOS SOCIALES

LOS CAMBIOS QUE CREAN DESAFIOS.

Los cambios más significativos que plantean nuevos desafíos son:

• Cambio de roles en la relación hombre-mujer donde antes se sustentaba la división social del trabajo en razón del sexo.

• Cambios en el modelo de estructura familiar, predominando el modelo nuclear (padres e hijos), con diversidad de formas convivenciales (incluidas las monoparentales y monomarentales), dejando atrás el modelo de familia extensa y patriarcal.

• Cambios en las tendencias demográficas, descenso de la natalidad y aumento de la esperanza de vida, lo que conlleva un intenso proceso de envejecimiento de la sociedad española.

• Cambios en la convivencia social, derivados por la dualidad social producida por la expulsión del mercado de trabajo de amplias capas sociales, produciendo un alto nivel de paro, y por fenómenos de desestructuración social, como drogodependencia, delincuencia, racismo,...

• Cambios sociales y culturales derivados de movimientos migratorios.

REGIMEN JURÍDICO

Aunque la descentralización supone un avance y un logro al proporcionar cierto grado de autonomía, también es cierto que conlleva ciertos riesgos, y es que los habitantes de zonas rurales, de montaña, de islas, etc.,... podrían quedar mas desprotegidas, por las evidentes diferencias de capacidad económica entre unos municipios y otros.

Existen importantes desigualdades regionales, provinciales y municipales lo que conlleva dificultad para garantizar el principio de solidaridad y para la implantación de los SS.SS.

También existen colectivos bastante mejor protegidos, como tercera edad y toxicómanos, que otros, como gitanos.

Además los presupuestos en áreas de dependencia, infancia y familia y extranjería no se corresponden a las expectativas creadas, y una vez mas contribuye a ir cerrando paulativamente el grave diferencial en protección social que tiene nuestro país en relación con la Unión Europea.

CARENCIAS Y PROBLEMAS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Hay una insuficiente definición a través del debate político y social de las grandes prioridades de las políticas de Bienestar Social a medio y largo plazo.

Las pensiones tienen cuantías insuficientes, consecuencia de los muy bajos salarios e irregularizaciones en la cotización en décadas anteriores.

El crecimiento de bolsas de pobreza y sectores de marginación y exclusión social y la escasa eficacia y desarrollo de las políticas de prevención e integración social.

Insuficiente financiación de los procesos de universalización de determinadas prestaciones.

Escasísima política social en materia de vivienda.

Escasísimo desarrollo de programas integrales y específicos de atención a las familias.

La atención a las personas dependientes sigue estando básicamente a cargo de las familias, con enormes costes económicos, sociales y emocionales.

Las personas con discapacidad siguen sin lograr su integración laboral, y siguen sin tener plena accesibilidad en la vida cotidiana.

Hay muchas limitaciones en la calidad de la oferta privada y escaso control de la misma.

POLÍTICAS DE BIENESTAR SOCIAL

Las políticas de Bienestar Social se han caracterizado por la garantía pública de su viabilidad, por la solidaridad intergeneracional e interterritorial de sus prestaciones, por la gestión participada. Esto es lo que cuestionan hoy sectores de la derecha y empresariales. Propugnan una gestión privada y una concepción estrictamente de seguro, “cada uno recibe según lo que ha aportado” y todo ello sin control social y con un amplio margen para el beneficio mercantil.

Las experiencias de este modelo privado de bienestar social, son elocuentes al respecto, no ya en términos de exclusión social de sectores y de la ruptura de la solidaridad, es que además la gestión es mas cara, la calidad menor y los riesgos mas frecuentes.

La clasista sanidad norteamericana, que margina a una parte importante de la población y que tiene altos costes de funcionamiento; los efectos desastrosos y excluyentes de los fondos de pensiones en Chile y Argentina; o la caída de la calidad de los servicios públicos en Inglaterra tras la privatización tatcheriana, están ahí para poder comparar.

Sustituir los Estados de Bienestar Social, por las sociedades de bienestar social supone apostar por la reducción de las políticas de bienestar social, por la privatización de derechos, osea, por la desigualdad.

En unas sociedades que arrastran profundas desigualdades y diferencias, el papel del Estado, de lo público, en la corrección de esas desigualdades, en la garantía del bienestar social, es decisivo, y aunque hay un protagonismo evidente por parte de la sociedad en la organización y realización de la solidaridad social, hay que seguir hablando de los Estados de Bienestar Social, con ese papel activísimo de lo público.

Dar mayor prioridad a la reducción de impuestos, o la obsesión por el déficit cero resulta incompatible con la consolidación y mejora del Estado de Bienestar Social. La cultura crítica con los impuestos, es una cultura ajena a las fuerzas progresistas, al movimiento sindical. Ya desde el siglo XIX quienes se oponían al establecimiento de modernos y eficaces sistemas impositivos, eran los mismos que defendían el “estado mínimo”.

No podemos aspirar a unas avanzadas políticas de bienestar social como las existentes en los estados de larga influencia de gobiernos socialdemócratas del norte y centro de Europa y tener un débil sistema impositivo y encima con tendencia a la baja. Sin suficientes impuestos no hay política social suficiente.

Es cierto que no hay un único modelo de Estado de Bienestar Social. Cada uno es producto de su realidad histórica, política, económica, demográfica e incluso geográfica. Es bueno conocer y reflexionar sobre las experiencias ajenas, para aprender y para contrastar con nuestra realidad, pero no hay que hacer superposiciones miméticas.

Se deben afrontar los nuevos retos del envejecimiento, de la caída de la natalidad y de la irrupción de la inmigración, y fomentar la participación de las ONG's, así como evitar los desequilibrios y desigualdades territoriales y entre la ciudad y las pequeñas poblaciones rurales.

Pero no hay que olvidar que el impulso y renovación del Estado de bienestar social exige la negociación y la participación de todos los sectores sociales implicados, como sindicatos, empresarios, profesionales del bienestar social, usuarios, ONG's y tercer sector, etc...

El mas grave déficit de las políticas de bienestar en España, son los Servicios Sociales.

En España todavía no disponemos de una normativa básica de carácter estatal, como sí sucede en el ámbito de la Educación o de la Salud. Los servicios sociales no son derechos subjetivos de carácter universal.

Es necesario desarrollar un sistema público de servicios sociales, apoyado normativamente en una Ley básica de Servicios Sociales, acordada previamente con las Comunidades Autónomas, que reconozca el carácter de derecho subjetivo y universal de sus prestaciones, y con una financiación suficiente por parte de las Administraciones Públicas.

PLAN CONCERTADO

• No se ha desarrollado la red necesaria de UTS y los Trabajadores Sociales están sobresaturados, sin medios necesarios para que su metodología pueda aplicarse con eficacia.

• No se ha generalizado la red de centros y equipos interprofesionales previstos en los mapas territoriales, Centro de SS.SS. , albergues, casas de acogida; ni se han hecho los mapas.

• No se han cumplido los mínimos de dotaciones presupuestarias, 33%.

• NO se ha potenciado la investigación aplicada en el desarrollo de la calidad.

La dejación política de las responsabilidades del Estado en este proyecto impulsado por la propia Administración Central, donde ésta ha resultado ser la Administración que menos aporta.

Para garantizar el derecho al Catálogo de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales de Corporaciones Locales hay que exigir que la Administración Central las Comunidades Autónomas eleven su porcentaje de participación.

UNIVERSALIDAD

Tenemos el reto de construir un modelo de Bienestar Social desde la base de la universalidad de los derechos sociales.

El sistema de Servicios Sociales sigue todavía actuando marginalmente y con una oferta muy escasa y limitada sin haberse producido el salto cualitativo de la extensión de sus prestaciones al conjunto de la población afectada por problemas sociales producidos en la convivencia, que plantean nuevas demandas del conjunto de la población, lo que desborda el ámbito de las antiguas formas de marginación y pobreza.

El problema de universalización en Servicios Sociales es una cuestión derivada de la escasa implantación del sistema y de tener todavía una red de atención muy insuficiente en relación a la demanda, razón por la cual los varemos de acceso priorizan, ante un mismo problema social, las condiciones económicas.

Se requiere un firme compromiso social, profesional y político a favor de la universalidad de los Servicios Sociales como cuarto Sistema de Protección Social de la política de Bienestar Social, que ha de concretarse en un fuerte compromiso de incrementos presupuestarios.

GARANTIA DE DERECHOS

Tan fundamental es el reconocimiento legislativo de la universalidad de derechos como hacer efectiva la garantía de derecho y además una amplia red de equipamientos sociales y de profesionales que hagan efectiva la universalización en el acceso a las prestaciones reconocidas como derecho.

Se ha incrementado la demanda sin que ello se haya acompañado del incremento necesario de recursos.

En la actualidad se visualiza el Sistema de Servicios Sociales como un sistema para “marginados” ajeno a los principios que sus leyes han establecido.

Se avanza hacia la desafectación del sistema respecto a la “responsabilidad publica”, y a la indefinición de los derechos, evitando el reconocimiento de las prestaciones básicas en un catálogo de derechos expresados formalmente en las leyes.

Sobre el pretexto de “avanzar en los derechos sociales para hacer frente a los cambios sociales” se rompe el principio de responsabilidad pública, lo que se está haciendo es dejar a la ventura de la articulación política lo que no se considera un “derecho” sino una “ayuda social”, que se prestará o no en función de criterios políticos, prioridades presupuestarias, presión social,...

Si la universalidad no va acompañada con la garantía de aplicación efectiva de los derechos, el Sistema de Servicios Sociales no se consolida y dependerá del voluntarismo político de quien gobierne.

PLANES INTERGRALES

El Bienestar social se desarrolla a través de los sistemas públicos de protección social y de planes integrales para la igualdad de oportunidades.

Estos planes atraviesan transversalmente todos los sistemas del Bienestar Social.

Los Servicios Sociales y el conjunto de políticas de Bienestar Social se rigen por los criterios de integralidad, facilita que cada colectivo que vive un problema social pueda ser abordado de forma global, y normalización, supone que cada sistema ha de asumir el tratamiento de las medidas de acción positiva que le correspondan y trabajar por desarrollarlas de forma no marginal.

El esfuerzo de racionalización ha de orientarse de forma normalizada, evitando que se generen marginaciones institucionales que terminan reforzando las marginaciones sociales. Ha de evitarse la duplicidad de redes paralelas que encarecen las políticas de Bienestar Social.

INTERDEPENDENCIA MUNDIAL

La definición de derechos básicos universales para toda la ciudadanía respondiendo a necesidades humanas básicas para formalizar la sostenibilidad de la dignidad de los seres humanos como tal, exige el control financiero transnacional y la aplicación de la captación de fondos transnacionales en Desarrollo Humano Básico, para los países en desarrollo, y la absolución de la deuda de los países en desarrollo.

NUEVO PACTO SOCIAL

Tiene que haber una responsabilidad social e institucional para superar definitivamente el paternalismo social y recomponer un nuevo pacto social que afronte los retos.

La demanda social de Bienestar impulsa a los Estados a asumir funciones de Bienestar, pacto social, que equilibra la relación de esa balanza.

Plantearse la “reducción” del Estado del Bienestar, cuando éste no da cobertura a necesidades sociales básicas, como pretexto para “incrementar” la Sociedad del Bienestar supone dejar a su suerte a millones de victimas de la pobreza. Desde la realidad española supone apostar por el desmantelamiento de los logros sociales alcanzados ya que nuestro país comenzó a construir el Estado de Bienestar, a partir de la Constitución de 1978, y todavía no ha logrado su implantación ni si equiparación con la media alcanzada en países que constituyen la Unión Europea.

Se exige reclamar el compromiso de los poderes públicos para garantizar los derechos, sea cual sea el ámbito de su gestión.

EL GASTO SOCIAL

Uno de los elementos claves para conocer el nivel de desarrollo del Estado de Bienestar Social es el volumen de gasto público en relación a la riqueza nacional, es decir, el PIB.

La distribución del gasto social público está muy sesgada hacia las políticas de vejez (pensiones), que representan el 40% del total del gasto, seguida de la política sanitaria que representa casi el 30% del total del gasto.

La suma d ambas políticas, mas la protección al desempleo y el gasto por invalidez ascienden al 90% del total del gasto social. De ahí que las políticas de apoyo a las familias, lucha contra la exclusión social y alojamiento, tienen un carácter meramente residual en el conjunto del gasto social público.

EL GASTO SOCIAL EN ESPAÑA EN COMPARACIÓN CON LA UE.

En el gasto por invalidez estamos por debajo de la media comunitaria y prácticamente estabilizado desde 1980.

El la función vejez, fundamentalmente pensiones de jubilación, aunque mantenemos un cierto diferencial con al media comunitaria, es donde de forma mas notable nos hemos aproximado a la UE.

En función supervivencia, pensiones de viudedad, aunque estamos por debajo de la media comunitaria, hemos seguido la misma pauta de descenso del gasto que se ha seguido en la mayoría de los estados de la UE.

En la función empleo es el único ámbito de gasto social en el que estamos por encima de la UE, y ello responde también a unos niveles de desempleo muy superiores a la media comunitaria.

En las funciones exclusión social y alojamiento nos encontramos en la mitad del gasto de la media comunitaria.

En cuanto a la aportación de las administraciones públicas, a pesar de que prácticamente hemos duplicado la financiación, seguimos situándonos cerca de la mitad de la media comunitaria.

PROPUESTAS PARA EL DESASRROLLO DEL ESTADO DE BIENESTAR SOCIAL EN ESPAÑA

Primeramente sería alcanzar un gasto público en protección social en torno a la media de los Estados de la Unión Europea.

Incrementar el gasto público en políticas sociales con la corresponsabilidad de las 3 Administraciones Públicas.

Consolidar y mejorar el sistema público de Seguridad Social.

Aprobar una Ley Básica de Servicios Sociales, previo acuerdo con las Comunidades Autónomas.

Aprobar previo acuerdo con las Comunidades Autónomas, un Catálogo de prestaciones de Servicios Sociales públicos, como derechos subjetivos, de carácter universal, garantizando la igualdad de derechos en el acceso a los programas.

Considerar el Plan Concertado de Servicios Sociales Básicos como el eje del desarrollo del Sistema Público de Servicios Sociales, con una financiación adecuada.

Aprobar una Ley Básica de atención a las personas dependientes, previo acuerdo con las Comunidades Autónomas.

RIESGOS EN LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO.

El Sistema de Servicios Sociales es todavía muy vulnerable y podría ser desmantelado si se consolidan y no se les opone la alternativa de la universalidad a los enfoques y prácticas neoliberales, que piensan que los Servicios Sociales que prestan las administraciones Públicas contienen una amplia oportunidad de negocios, dejando el Sistema sólo para la atención de los ciudadanos sin recursos que se ven desatendidos por las instituciones públicas y desviados hacia ONG's e instituciones privadas, que muchas veces funcionan con fondos públicos sin control de calidad por parte de las Administraciones públicas.

Desarrollar nuevos marcos normativos que universalicen y garanticen los derechos / prestaciones reconocidos, fortaleciendo y ampliando los medios necesarios para hacer efectivos los derechos y plantear nuevas prestaciones para nuevas necesidades.

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