INDICE

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

INTRODUCCIÓN

EL PAPEL DEL BID: COMO SE PRESENTA

4.1. Análisis del Banco Interamericano de desarrollo.

Estructura del BID, Países miembros

Poder de votación, Objetivos y prioridades, proyectos y programas

Programación y preinversión

Departamento de desarrollo sostenible

Financiación según países, Condiciones de los financiamientos

4.2.El BID Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Enfoque del BID, definición de indígena

Motivos de intervención del BID, método para catalizar la pobreza

Derechos indígenas, necesidad de participación del BID

Reconocimiento de fallos anteriores, cambios de actuación

Desafíos del BID, octavo aumento general de recursos

Estrategia del BID, planteamiento de actuación presentes y futuras

PUBLICACIONES

5.1 Pueblos indígenas, globalización y desarrollo con identidad: algunas reflexiones de estrategia

Anne Deruyttere

5.2 “Pueblos Indígenas y Desarrollo: Pobreza, Democracia y Sostenibilidad”
por D. Iturralde y E. Krotz

5.3 Titulación de tierras y pueblos indígenas. Roger Plant. Søren Hvalkol.

5.4 Estrategias de desarrollo culturalmente adecuadas para mujeres indígenas

Angela Meentzen

5.5 Reasentamiento involuntario en el proyecto de BID:

Principios y lineamientos.

5.6 Consulta comunitaria: El caso del Darién, Panamá. Carlos Perafán y Heli Nessim.

6. CONCLUSIONES

OBJETIVOS:

Analizar los objetivos y políticas específicas del BID respecto a los “pueblos indígenas”.

Enmarcar y contrastar los discursos sobre “pueblos indígenas” del BID con los objetivos y políticas generales de dicha institución.

Analizar el margen de autoorganización y autonomía que tienen los “pueblos indígenas” en relación a los proyectos de desarrollo del BID.

Desde una perspectiva crítica del concepto de desarrollo, entendido éste como base argumental de idearios políticos etnocéntrica y sociocéntricamente fundamentados, trataremos de analizar los discursos actualmente vigentes manejados por los gestores y funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo, en tanto se refieran al diseño e implementación de programas específicos dirigidos hacia los pueblos con herencias históricas y socioculturales diferenciadas, los denominados “pueblos indígenas”.

Ante la constatación de los éxitos de las políticas de desarrollo en lo que afectan al bienestar económico de las elites que las fomentan, y sus fracasos en lo que tocan a las poblaciones diana “subdesarrolladas”, procuraremos descubrir en qué medida las nuevas incorporaciones semánticas en los discursos, lineamientos y buenas prácticas suponen un cambio de paradigma, o al menos de orientación, en la acción política de la institución estudiada; o bien por el contrario, una continuidad, matizada o maquillada, con la reciente historia de los programas de desarrollo.

También, rastrearemos la libertad de acción y creación de futuro que tienen estos pueblos en el marco de los proyectos de desarrollo patrocinados por el BID, institución en sintonía con el contexto más amplio de los estados-nación, la economía de mercado y las relaciones internacionales basadas en estos dos pilares.

2. METODOLOGÍA:

Trabajando sobre la base de lo publicado en la página web del BID: www.iadb.org nos centraremos en primer lugar en cómo se presenta el banco a sí mismo: sus orígenes, estructura y funcionamiento (composición, órganos de decisión, objetivos y prioridades, proyectos y programas, financiamientos...).

Después estableceremos el marco general que guía el funcionamiento del BID. Abordaremos posteriormente las publicaciones sobre “pueblos indígenas” del Departamento de Desarrollo Sostenible del banco, para tratar, a través de los conceptos, discursos y ejemplos de “buenas prácticas” que contienen, nuestro objetivo 1.

Ambos bloques de documentos y su contraste nos servirán de base de reflexión en el objetivo 3. Documentos críticos añadidos, externos a la página web del BID, podrán ser utilizados para complementar nuestro análisis o para ilustrar aspectos de estudios de casos.

3. INTRODUCCIÓN.

Los llamados “pueblos indígenas” son producto de sus historias ancestrales y también de sus historias recientes. La dominación colonial y sus antecedentes inmediatos sometieron sus instituciones, formas de organización social, valores, conocimientos, creencias, intuiciones, etc., a estructuras de poder ajenas e impuestas. En un primer momento, esto sólo fue posible gracias a la superioridad militar de las sociedades agresoras. Las sociedades agredidas, con culturas muy diversas, cuando no desaparecieron sufrieron transformaciones y estratificaciones internas, fruto de la adaptación al statu quo de dominación establecido. La aplicación del concepto de desarrollo no ha significado hasta ahora, más que la continuación de ese proyecto de aculturación, intervención política y explotación económica de unas gentes sobre otras.

Si descartamos la supuesta superioridad cultural de las sociedades hegemónicas, o bien consideramos ésta como no holística sino compartimentada, es decir, superioridad aparente en el “conocimiento científico” y técnico, pero no necesariamente en lo social, espiritual, etc., podemos intuir, aunque esta palabra sea políticamente incorrecta en la terminología científica, que a pesar de la aculturación y división internas de los “otros pueblos”, éstos todavía conservan gran parte de la diversidad y el potencial cultural humanos. A partir de aquí es posible inferir que, además de la poderosa herramienta de la creatividad, los seres humanos aún disponemos de una rica y diversa herencia cultural, como alternativas a la vía única hegemónica que impera en las “desarrolladas” mentalidades de las clases dominantes y populares, y aún de las académicas, socializadas en el marco de la cultura hegemónica (o de los valores que la sustentan).

Lejos de nuestras intenciones están el romantizar culturas minoritarias y extrañas, o el pretender soslayar el inevitable encuentro intercultural producto del decurso histórico. Muy al contrario, mantenemos una actitud crítica ante todos los sistemas de arbitrariedad cultural, y creemos en la diversidad cultural que se sostiene en la armonía entre lo local y lo global. Pero comprobamos que la globalidad construida sobre los cimientos de las relaciones de poder, basadas en la economía de mercado y la soberanía de los estados-nación, con sus guías de futuro en forma de evolución, progreso, crecimiento y desarrollo, adolece de falta de equilibrio y viabilidad social y medio ambiental, y ensombrece o anula iniciativas de diferente inspiración cultural. Por ello, estamos en la obligación moral de buscar una renuncia y una transformación social y de las consciencias que nos lleve a trascender el sistema socioeconómico, político e ideológico en el cual nos socializamos como individuos. En esa búsqueda situamos nuestra investigación en curso.

4. EL PAPEL DEL BID: CÓMO SE PRESENTA

4.1. ANÁLISIS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO.

El BID es la más grande y antigua institución de desarrollo regional. Fue establecido en diciembre de 1959 con el propósito de contribuir a impulsar el progreso económico y social de América Latina y el Caribe. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es la principal fuente de financiamiento multilateral para programas y proyectos de desarrollo económico, social e institucional de América Latina y el Caribe, incluidas las reformas de políticas y sectores y la promoción de inversiones públicas y privadas. En esa labor da préstamos y asistencia técnica usando los recursos aportados por todos sus países miembros y los que obtiene en los mercados mundiales mediante la emisión de bonos. El banco también promueve y participa en importantes acuerdos de cofinanciamiento multilaterales, bilaterales y privados. La creación del Banco significó una respuesta a las naciones latinoamericanas, que por muchos años habían manifestado su deseo de contar con un organismo de desarrollo que atendiera los problemas agobiantes de la región. Inicialmente el Banco estuvo integrado por 19 países de América Latina y el Caribe, y Estados Unidos. Luego entraron otros ocho países del hemisferio, incluyendo Canadá. Desde sus comienzos, el BID se vinculó con numerosas naciones industrializadas, cuyo ingreso al Banco se formalizó en 1974 con la firma de la Declaración de Madrid. Entre 1976 y 1993 ingresaron 18 países extrarregionales. Hoy los miembros del Banco suman 46.

Dentro el Grupo del BID se encuentran la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) y el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN). La CII fue establecida para contribuir al desarrollo de América Latina mediante el respaldo financiero a empresas privadas de pequeña y mediana escala. El FOMIN fue creado en 1992 para promover la viabilidad de las economías de mercado de la región

En sus 42 años de actividades, el Banco se ha transformado en un importante factor catalizador de la movilización de recursos hacia la región. Su Convenio Constitutivo establece que las funciones principales de la institución son destinar su capital propio, los recursos que obtiene en los mercados financieros y otros fondos disponibles a financiar el desarrollo de sus países miembros prestatarios; complementar la inversión privada cuando el capital privado no está disponible en términos y condiciones razonables, y proveer asistencia técnica para la preparación, financiamiento y ejecución de los programas de desarrollo.

En cumplimiento de su misión, el Banco ha movilizado financiamiento para proyectos que representan una inversión total de US$273.000 millones. Su actividad crediticia anual creció drásticamente de US$294 millones de préstamos aprobados en 1961, a US$10.063 millones en 1998 y a US$ 7.900 millones en 2001.

Las operaciones del Banco abarcan todo el espectro del desarrollo económico y social. En el pasado, el Banco puso énfasis en los sectores de producción, como la agricultura y la industria; los sectores de la infraestructura física, como la energía y transporte, y los sectores sociales, que incluyen la salud pública y ambiental, educación y desarrollo urbano. En la actualidad, las prioridades de financiamiento incluyen la equidad social y la reducción de la pobreza, la modernización y la integración y el medio ambiente.

Durante los decenios de 1960 y 1970, el Banco fue pionero en el financiamiento de proyectos sociales como salud y educación. El Banco ha realizado un esfuerzo por asegurarse que sus operaciones de financiamiento benefician en forma directa a poblaciones de bajos ingresos. Además, el innovador Programa de Pequeños Proyectos proporciona financiamiento a microempresarios y pequeños productores, y desde 1990 la institución ha ampliado su apoyo al sector informal. En los últimos años, el Banco ha aprobado préstamos para reformas sectoriales y programas de reducción de deuda. A partir de 1995, el Banco comenzó a prestar en forma directa al sector privado, sin garantías gubernamentales, hasta un 5% de los recursos de su capital ordinario.

Para cumplir con sus operaciones de préstamo y cooperación técnica, el Banco cuenta con su capital ordinario, que comprende el capital suscrito, las reservas y fondos captados a través de préstamos, más los fondos en administración, que son contribuciones especiales de sus países miembros. El Banco también tiene un Fondo para Operaciones Especiales que concede préstamos en condiciones concesionales para proyectos en países menos desarrollados económicamente.

El banco ha obtenido fondos de los mercados de capitales de América Latina y el Caribe, Estados Unidos, Europa y Japón. Su deuda ha sido clasificada AAA por los tres principales servicios de clasificación de Estados Unidos, valor equivalente a los que le adjudican en otros importantes mercados.

La máxima autoridad el Banco es la Asamblea de Gobernadores, en la cual están representados todos los países miembros. Por lo general los Gobernadores son ministros de hacienda o finanzas, presidentes de bancos centrales u otros funcionarios que ocupan cargos de similar jerarquía. La Asamblea de Gobernadores ha delegado muchos de sus poderes al Directorio Ejecutivos, que tiene la responsabilidad de dirigir las operaciones del Banco.

El Banco tiene oficinas en todos los países miembros latinoamericanos(26), y en París y Tokio. Su sede está en Washington.

• ESTRUCTURA DEL BID

El Grupo BID está formado por el banco y otras dos entidades: la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) y el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN).

Corporación Interamericana de Inversiones

La CII es una institución autónoma que apoya el establecimiento y modernización de empresas privadas pequeñas y medianas de América Latina y el Caribe con préstamos, inversiones, líneas de crédito a intermediarios financieros para subpréstamos, líneas de crédito con instituciones financieras para préstamos conjuntos, inversiones en fondos de capital privados, y garantías para emisiones en mercados de capital. Promueve la participación de otras fuentes mediante cofinanciamientos, sindicación de préstamos, empresas conjuntas y otros instrumentos. Proporciona asistencia técnica, financiera y gerencial. La corporación tiene 37 países miembros. Su capital autorizado es de US$700 millones y su capacidad de endeudamiento eleva los recursos que puede canalizar a cerca de US$3.000 millones. Tiene capacidad para aprobar anualmente unas 45 operaciones por un total de US$300 millones.

Fondo Multilateral de Inversiones.

El FOMIN, fondo autónomo administrado por el BID, es la principal fuente de recursos no reembolsables de cooperación técnica para el desarrollo del sector privado de América Latina y el Caribe. Apoya operaciones piloto e reforma institucional, legal y regulatoria; de capacitación laboral; y de desarrollo de la pequeña y microempresa y de las instituciones que la apoyan. Cuenta con contribuciones de 26 países por US$1300 millones para préstamos, inversiones y donaciones. Puede aprobar unos 100 proyectos anuales por un total de US$100 millones.

• PAISES MIEMBROS

El Banco pertenece a 46 países miembros: 26 prestatarios de América Latina y el Caribe, y 20 no prestatarios. Estos últimos son Canadá, Estados Unidos, y 18 países de fuera de la Américas (16 de Europa, más Israel y Japón).

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Suecia, Suiza, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela.

Países no prestatarios

Mediante su asociación al Banco, los países no prestatarios canalizan recursos y sus preocupaciones acerca del desarrollo hacia políticas y programas del Banco y colaboran así con más países de América Latina y el Caribe de lo que les sería posible con programas bilaterales. Sus empresas pueden proporcionar bienes y servicios para los proyectos financiados por el BID.

• PODER DE VOTACIÓN

El poder de votación de cada país - en la Asamblea de gobernadores( autoridad máxima) y en directorio Ejecutivo- se basa en su suscripción al capital ordinario. La distribución actual del voto es América Latina y el Caribe 50%, Estados Unidos 30%, Japón 5%, Canadá4% y miembros no regionales 11%. El Convenio Constitutivo del BID asegura al conjunto de países de América Latina y el Caribe la mayoría de las acciones del capital ordinario.

• OBJETIVOS Y PRIORIDADES

Los dos objetivo principales del BID, establecidos en su estrategia institucional, son: la equidad social y la reducción de la pobreza y el crecimiento ambientalmente sostenible. El Banco trabaja en cuatro áreas prioritarias:

• Competitividad, mediante el respaldo a políticas y programas que incrementan el potencial de cada país para el desarrollo en un entorno de comercio internacional abierto.

• Modernización del Estado, a través del fortalecimiento de la eficiencia y transparencia en las instituciones públicas.

• Programas sociales, por medio de inversiones que amplían las oportunidades para los pobres.

• Integración regional, facilitando vínculos entre países que desarrollen mercados regionales de bienes y servicios.

• PROYECTOS Y PROGRAMAS

En el periodo 1961-2000 el BID ha dado préstamos por más de US$106.000 millones para proyectos cuyo costo total supera los US$263.000 millones. Las operaciones del BID han apoyado la construcción y ampliación de miles de escuelas y hospitales, más de 100 universidades e instituciones de ciencia y tecnología, instalaciones de agua potable y alcantarillado para millares de comunidades de toda magnitud, proyectos de irrigación y desarrollo de agricultura y pesca, industria y turismo, decenas de miles de kilómetros de caminos y obras de infraestructura de transporte y comunicaciones, centrales de producción de energía y líneas de transmisión.

Los proyectos ambientales están limpiando grandes ríos, áreas costaneras y cuencas fluviales en numerosos países. El Banco ha apoyado la modernización de aduanas, instituciones tributarias, legislaturas, el poder judicial, diversos niveles de gobierno y empresas públicas en casi todos los países de la región. El apoyo a la pequeña y microempresa ha beneficiado a millones de personas, en particular de bajos ingresos y en gran medida mujeres. Las reformas económicas, sociales e institucionales apoyadas por el BID en la última década han permitido derrotar la inflación, restaurar el crecimiento y estimular la inversión privada nacional y extranjera. Proyectos binacionales y regionales de energía, puentes, transporte, sanidad animal y vegetal y otros integran las economías de la región.

Un apoyo rápido y efectivo ha permitido a numerosos países superar los efectos de desastres naturales y crisis financieras. La asistencia técnica del Banco ha fortalecido instituciones nacionales y regionales y transferido tecnología y técnicas de gestión a América Latina y el Caribe.

• PROGRAMACIÓN Y PREINVERSIÓN

El ciclo de los proyectos comienza con las misiones de programación a los países. Funcionarios y expertos locales se suman a los especialistas del Banco para examinar los planes de desarrollo y programas de inversión del país, y ayudar a identificar proyectos. De este proceso de análisis y consulta surgen las solicitudes de préstamos específicos.( A menudo el Banco provee cooperación técnica para estudios de factibilidad y preparación de proyectos y solicitudes de préstamos). Luego de detalladas negociaciones, el documento de préstamo es sometido al Directorio Ejecutivo del BID. Tras la aprobación del préstamo, comienza la fase de ejecución y supervisión del proyecto. La fase de evaluación, diseñada para mejorar futuros proyectos, complementa el ciclo.

• DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Este departamento elabora estrategias y políticas para sectores claves del desarrollo, da apoyo técnico a los equipos del Banco y disemina información mediante monografías, libros y conferencias. Sus áreas principales son pobreza y desigualdad, sectores sociales, género, poblaciones indígenas, educación, medio ambiente y recursos naturales, desarrollo rural, reforma del Estado, sociedad civil, tecnología de la información, micro, pequeña y mediana empresa, infraestructura y mercados financieros.

• FINANCIACIÓN SEGÚN PAÍSES

El Banco financia un porcentaje del costo total de los proyectos inverso a la magnitud de las economías de los países, a los que clasifica en grupos. Lo que resta del costo del proyecto es financiado por el prestatario. Los porcentajes que aporta el Banco, según los grupos, son los siguientes:

Grupo A: Argentina, Brasil, México y Venezuela: 50%

Grupo B: Chile, Colombia, Perú: 60%

Grupo C: Bahamas, Barbados, Costa Rica, Jamaica, Panamá, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay: 70%

Grupo D: Belice, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y República Dominicana: 80%

El financiamiento puede ser complementado con un 10% adicional si por lo menos el 50% de los beneficios netos del proyecto se canalizan a grupos de bajos ingresos.

El Fondo para Operaciones Especiales, la ventanilla concesional del Banco, canaliza financiamiento sólo a los cinco países más pobres de la región: Bolivia, Guyana, Haití, Honduras y Nicaragua.

El Banco utiliza un mecanismo llamado Facilidad de Financiamiento Intermedio a fin de reducir la tasa de interés de ciertos préstamos de capital ordinario a un grupo de países de menores ingresos: Ecuador, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Paraguay, República Dominicana y Suriname.

• CONDICIONES DE LOS FINANCIAMIENTOS

Los términos y condiciones de los préstamos dependen de los recursos utilizados. Para los préstamos del capital ordinario al sector público, los periodos de amortización varían de 15 a 25 años; las tasas de interés, ajustadas semestralmente, reflejan el costo de los empréstitos más un margen para cumplir objetivos financieros, un cargo de 1% y una comisión de 0,75% anual sobre el monto no desembolsado. Los precios de las garantías con contragarantía del gobierno se fijan de manera que resulten neutrales con respecto a los ingresos pro concepto de préstamos. Las condiciones para el sector privado se negocian caso por caso. La tasa de interés para préstamos del Fondo para Operaciones Especiales, con periodos de amortización de 25 a 40 años, es de 2% anual, con períodos de gracia de 10 años.

El BID puede desembolsar porciones de préstamos en la forma de garantías para respaldar la emisión de bonos por montos hasta cuatro veces mayores. Este mecanismo tiene una modalidad especial de fijar los precios.

4.2. EL BID Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Desde 1960, cuando el BID inició sus actividades en apoyo al desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe, estuvo presente el objetivo de generar una distribución más equitativa de los beneficios del desarrollo para mejorar las condiciones de vida de los grupos de menores ingresos. Los proyectos aprobados por el BID en diversos sectores (salud, agrícola, etc.) estaban destinados a toda la población urbana y rural, sin diferenciar grupos étnicos y sin dar mucha importancia a las características socioculturales y lingüísticas de la población indígena, quien ha sido la que más ha sufrido los impactos negativos de las obras de desarrollo nacional.

A partir de 1990, se institucionaliza, en el contexto de los nuevos procedimientos ambientales, el control de la calidad de todas las operaciones en cuanto a su posible impacto sobre poblaciones indígenas, el BID no apoyaría proyectos que requieren una intromisión innecesaria o evitable en territorios utilizados y ocupados por grupos indígenas, a no ser que éstos estén de acuerdo con los objetivos del proyecto tal y como repercuten en ellos.

A partir de 1994, con la adopción de los nuevos mandatos resultantes de la Octava Reposición de Recursos del Banco (especialmente, la reeducación de la pobreza crítica, se estima que la población indígena representa entre un 8 y un 10% de la población total de América Latina y el Caribe, sin embargo, su proporción entre la población pobre se estima en alrededor del 25%) la población indígena está siendo reconocida en forma explícita como grupo meta de la acción del BID, se crea como objetivo promover el desarrollo indígena de forma sistemática y concertada, con base en los principios de participación, reconocimiento de la diversidad cultural y respecto a los derechos fundamentales.

Con el mandato del Octavo Aumento de los Recursos del Banco, se llevó a cabo una reorganización del BID, se crearon más departamentos en cada uno de los países, y así las oficinas del BID se vieron fortalecidas para supervisar, identificar y preparar nuevos proyectos. En 1995 se aprueba la política de libre acceso a la información, el BID facilita el acceso al público a la información de programas y proyectos.

El impulso de una nueva estrategia en materia de desarrollo indígena, para el Banco, no sólo refleja un proceso de reflexión interna que coloca el tema indígena en el centro del debate sobre la reducción de la pobreza, sino que obedece a una confluencia de factores interrelacionados: fortalecimiento de las organizaciones y movimientos indígenas a escala nacional e internacional, creación en el ámbito internacional de una nueva normativa respecto a los derechos indígenas, declaración de la ONU sobre derechos indígenas, la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992, el proceso de democratización de casi todos los países del continente.

Las acciones del BID en pro del desarrollo indígena han sido limitadas, en la práctica han sido muchas las barreras que han limitado el acceso de la población indígena a estos programas. De hecho, muchos pueblos indígenas se encuentran en zonas remotas o de difícil acceso, no hablan o no dominan bien el idioma nacional lo que hace que la participación de los actores sociales sea mínima; a pesar de todo, el BID espera contribuir a un avance real en las condiciones de vida de los pueblos indígenas aunque el proceso es incipiente y aún queda mucho camino por recorrer.

• ENFOQUE DEL BID

Relación entre desarrollo económico, participación y fortalecimiento del patrimonio cultural en un reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Ha habido un gran cambio en la concepción sobre la función que cumple la cultura en el desarrollo; no se trata de una asimilación, sino de “crear un desarrollo con identidad”. Los esfuerzos de desarrollo se basan en los valores locales, en las aspiraciones y en la organización social; la cultura se convierte en un activo, en vez de un impedimento para el desarrollo.

• DEFINICIÓN DE INDÍGENA

Definido por diversos convenios internacionales, el BID lo define como a los descendientes de los habitantes originales de una región geográfica antes de la colonización y que han mantenido sus características lingüísticas, culturales y de organización.

• MOTIVOS DE INTERVENCIÓN DEL BID

Existe un alto grado de correlación entre la pobreza y el origen étnico. Los resultados son claros en cuanto a la mortalidad infantil, nivel de educación, niveles de ingreso, pobreza, son bastante más altas entre la población indígena.

• MÉTODO PARA CATALIZAR LA POBREZA

Los aspectos étnicos de la pobreza deben ser mejor comprendidas y abordados de manera más sistemática en los programas que financian la institución así como en el diálogo sobre políticas que ésta mantiene con los gobiernos de la región.

• DERECHOS INDÍGENAS

El BID considera como derechos más importantes a reconocer: a la tierra, los recursos naturales, el idioma, origen étnico, patrimonio cultural, autonomía y participación.

• NECESIDAD DE PARTICIPACIÓN DEL BID

Organizaciones indígenas, ONG internacionales y organizaciones donantes, participando en el diálogo sobre políticas de desarrollo.

• RECONOCIMIENTO DE FALLOS ANTERIORES

En el pasado, la actuación solía ser paternalista, creando dependencias de los gobiernos, instituciones y ONG. Modelo de arriba hacia abajo.

• CAMBIOS EN LA ACTUACIÓN

Gran cambio sobra la función que cumple la cultura en el desarrollo, convirtiéndose ésta en activo y no en un impedimento (como antes era tomada): “desarrollo con identidad”; esto sería un modelo de abajo hacia arriba. Para conocer y comprender la cultura, es necesario dar oportunidades de participación, no sólo en la ejecución, sino también en su diseño e identificación.

• DESAFÍOS DEL BID

Otorgamiento de títulos sobre tierras indígenas, y su demarcación integral, desarrollo comunitario y participación de indígenas en diseño y ejecución de los proyectos. Estos sería “Proyectos proactivos”.

• OCTAVO AUMENTO GENERAL DE RECURSOS

Se identificó a los pueblos indígenas como grupo meta de la asistencia del BID. El objetivo de sus proyectos deben tratar de fortalecer la capacidad de los grupos indígenas para emprender y ejecutar proyectos de desarrollo (contribuyentes y beneficiarios).

Esto es un Enfoque Proactivo porque busca oportunidades para promover el progreso social y económico de los pueblos indígenas y no sólo evitar o mitigar los impactos negativos de los proyectos (enfoque reactivo).

La Unidad de Pueblos Indígenas y Desarrollo Comunitario es el punto focal de la actuación del BID en esta área. Se ocupa de: los reasentamientos involuntarios, consulta con la comunidad, y la participación de ésta, así como análisis de la adecuación sociocultural. La estrategia del Banco para el desarrollo indígena será sometida a un proceso intenso de consulta con los pueblos y las organizaciones indígenas y con ONGs y expertos de otros organismos, así como con funcionarios del Banco. Desempeña 4 funciones esenciales y las 4 son de apoyo, tanto en materia de políticas como en proyectos específicos.

• ESTRATEGIA DEL BID

Tres pilares: 1. tener en cuenta necesidades, prioridades y demandas indígenas; 2.formular iniciativas específicas; 3.evitar o mitigar los impactos negativos sobre pueblos indígenas.

El Fondo Indígena se creó en 1992 como iniciativa de la Cumbre Iberamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Tiene como función el facilitar (mediante un espacio de información) la determinación de estrategias, negociaciones y solución de conflictos nacionales e internacionales y aportación de pericia técnica para identificación y diseño de proyectos indígenas. El Banco está apoyando una estrategia para lograr la sostenibilidad financiera del Fondo, mediante la creación de un fideicomiso que sería administrado por el Banco. Sus objetivos: generar ingresos anuales para cubrir costos no recuperables; como instrumento de movilización de nuevos recursos para fines de inversión en proyectos productivos e iniciativas generadoras de ingresos.

• PLANTEAMIENTOS DE ACTUACIÓN PRESENTES Y FUTURAS

El BID plantea en un futuro contar con las ideas y aspiraciones de los indígenas con respecto a la pobreza y el desarrollo, desarrollar metodologías utilizadas en proyectos pequeños, participativos y adecuados desde el punto de vista sociocultural y utilizarlas en programas más grandes, comprender y tener en cuenta los impactos que producen en los pueblos indígenas las reformas orientadas hacia el mercado, asegurar que se respeten y fortalezcan los sistemas indígenas de tenencia comunitaria de la tierra, las tradiciones democráticas basadas en el consenso, las estructuras tradicionales de autoridad y toma de decisiones, asegurar que el Banco emplee mecanismos y procedimientos adecuados para permitir la participación plena de todos los interesados en el diseño y la ejecución de los programas.

5. PUBLICACIONES

5.1 Pueblos indígenas, globalización y desarrollo con identidad: algunas reflexiones de estrategia. Anne Deruyttere

El texto de Anne Deruyttere da una vista de conjunto general sobre los pueblos indígenas su cultura, identidad y cosmovisión. La autora informa sobre la definición, la demografía, la ubicación geográfica y sobre la correlación entre la pobreza y el origen étnico. Además informa sobre los derechos de los pueblos, la correlación entre la pobreza y el origen étnico. Ella presenta el intento del BID de construir estrategias interculturales de conservación y desarrollo sostenible a favor de los pueblos indígenas como en los proyectos más proactivos: la enseñanza bilingüe, a nivel primario y de adultos, así como programas de salud y nutrición con componentes específicamente destinados a los pueblos indígenas, programas de desarrollo rural, ya sea de infraestructura o de apoyo a las actividades productivas, destinados a beneficiar a la población campesina, programas de protección del medio ambiente, como los proyectos de manejo de las cuencas hidrográficas o de silvicultura sostenible. Con el Programa de Pequeños Proyectos del Banco se ha beneficiado en forma directa a unas 40 organizaciones indígenas u ONG que se ocupan del desarrollo indígena.

Pero critica al mismo tiempo que no existe mucha experiencia con las otras áreas del desarrollo económico, social y productivo y que aún menos avanzado es el tema de la salud intercultural para el cual las experiencias son muy incipientes y a nivel de proyectos piloto de pequeña escala.

El último capítulo con el título “Desafíos” termina con un final abierto en que cuenta las necesidades que hay que cumplir y la experiencia que falta en el campo. Por ejemplo que es importante y urgente reconocer, recatar, preservar y fortalecer el patrimonio cultural y natural de los pueblos indígenas como un elemento clave en sus propias estrategias de desarrollo con identidad y como un aporte en el proceso de búsqueda de soluciones a los grandes desafíos que enfrenta el mundo.

Uno de estos desafíos es sistematizar aún más la inclusión de las demandas, aspiraciones, necesidades y practicas de los pueblos indígenas comprendidos y abordados de manera transversal, holística y participativa en los programas que financia la institución. Así en el diálogo sobre políticas que mantiene con los gobiernos de la región.

5.2 “Pueblos Indígenas y Desarrollo: Pobreza, Democracia y Sostenibilidad” por D. Iturralde y E. Krotz

Esta es una recopilación abreviada de los anales de un seminario celebrado en vísperas de la Primera Asamblea General del Fondo Indígena que se llevó a cabo en Santa Cruz, Bolivia en mayo de 1995. Incluye las contribuciones aportadas por unos oradores, incluidos dirigentes indígenas, representantes de los gobiernos, personal de agencias donantes y expertos en la materia.

1. “Los desafíos del desarrollo indígena” por Rodolfo Stavenhagen

Stravenhagen dice que todavía los indígenas sufren de no tener los derechos humanos más básicos, que sufren de discriminación y alienación. Las condiciones de los indígenas son asustantes especialmente en cooperación con la población non- indígena.

La fundación del BID- mejor del Fondo indígena- era solo un paso muy pequeño en un proceso histórico bastante largo. Pero ahora se puede ver como los indígenas se hacen arquitectos de su propio futuro que ya parece más fácil desde cuando unos países manifestaron p. e. la realidad multi- étnica y pluri- cultural en sus sistemas institucionales. Así indígenas pueden participar activamente en el proceso.

Ahora el problema que se tiene que resolver es poner los indígenas en el contenido de la sociedad existente, como aceptar que la mayoría vive fuera de las grandes ciudades y que ellos dependen de la agricultura y que tienen sus relaciones sociales ahí. El cambio de la sociedad tiene un impacto bastante alto a la estructura de las comunidades indígenas. Las nuevas tecnologías y otros factores efectúan p. e. migración, violencia y más pobreza etc.

Así la critica de no tomarse cuenta de las opiniones de los indígenas tiene razón y es muy importante que se colabora mejor con ellos para que se logre un mejor efecto- como p. e. los ONG's lo hacen. El desarrollo sostenible se tiene que entender como un proceso de hacer un “estado de bienestar”- más reservar que destruir.

Stravenhagen concluye su declaración con una oración muy importante: “It is impossible to imagine biodiversity without “cultural diversity”, by which I mean acceptance of the fact that humanity is made up of many cultures. The loss of just one culture is an irreparable loss for all mankind.”

2. “Fondo indígena: Los desafíos” por Diego Iturralde

Tres factores detrás de la fundación del Fondo indígena:

- necesitan un volumen financiero más grande y más recursos técnicos y un acceso directo a ellos

- cambios institucionales sobre los asuntos de los indígenas

- clarificar el papel del gobierno y sus instituciones.

Demanda indígena:

- reconocimiento constitucional

- el derecho a recursos materiales y culturales para la reproducción

- desarrollo social y participación en el desarrollo planeado por el estado

- el derecho a practicar su s identidades para desarrollar sus culturas

Reformas nacionales:

1. reforma legal

2. reformas institucionales

Cooperación internacional

1. nuevas normas internacionales

2. nuevas prácticas

3. instituciones financieras internacionales

3. “Emisiones indígenas y el BID” por Waldemar Wirsing

Los temas del seminario:

- cómo se reduce la pobreza

- cómo se involucra la sociedad civil en los planes del desarrollo

- cómo se asegura la sostenibilidad de las medidas ambientales, económicas y financieras

Indígenas quieren ser tanto beneficiarios como arquitectos del proceso de desarrollo. Especialmente para pronunciar su identidad étnica y sociocultural.

Así los proyectos con los mejores resultados económicos, sociales y ambientales son los que

- están basadas en las demandas reales de la población

- asumieran que la población participa activamente en el diseño de un proyecto y en el proceso de decisiones

- aceptan y respetan el sistema, la filosofía, los valores y las aspiraciones de la población

Estos proyectos tienen que garantizar a los indígenas que

- tienen un acceso libre al campo de donde descienden

- tienen un propio sistema y propia administración

- se reconoce el sistema de derecho habitual

Solo así se puede lograr los objetivos del Fondo indígena:

- buenas practicas

- apoyo técnico

- se participa y controla todas las operaciones/ proyectos del banco

- se desarrolla proyectos innovativos

- se involucra los asuntos indígenas: proyectos nacionales y regionales, educación, salud, desarrollo del medio ambiente, infraestructura, desarrollo de pequeñas empresas

4. “Participación indígena en el marco del estado constitucional” por Marcial Fabricano

Fabricano dice que se tiene que dejar distinguir en mayorías y minorías para que los indígenas no se sienten excluidos del proceso. El BID es otra oportunidad de explicar a los indígenas como participar en el desarrollo. El banco solo lo hace posible, porque tienen posibilidades de introducir nuevos proyectos y puede también financiarlos. Estos proyectos se dan cuenta de las verdaderas intereses de los indígenas- como la participación democrática. Dice que los viejos proyectos la participación no eran posibles.

5. “Pobreza, desarrollo y identidad indígena” por Xavier Albo

Albo dice que los indígenas todavía son los más pobres de los pobres y que con la independencia del “nuevo mundo” vino la dependencia de los indígenas, que ya pertenecen a un grupo “subordinada”.

Este problema pone una pregunta muy importante para los indígenas: cambiar la identidad cultural y social o quedarse aislados. A veces los indígenas creen que la “otra sociedad” dice que no cuentan tanto en el sistema, porque no son como “los otros”. Aquí Albo habla de una mitologización de la educación. La mayoría de los indígenas piensa que solo valen algo si dejan estudiar a sus hijos y quieren que aprendan a leer y escribir en español. Quieren tener profesiones, preferiblemente en las grandes ciudades para hacerse más civilizados y para que nunca más tengan que sufrir. Así se dejan su propia identidad. Pero si no se arreglan con la “otra sociedad” se aíslan a si mismos- que es otra manera de sobrevivir.

Aquí Albo tiene la propuesta del bilingüismo. Si se habla “dos lenguas” se sabe actuar en dos sociedades diferentes. La “segunda lengua” trae la flexibilidad de moverse dentro de dos tradiciones. En el caso de los indígenas Albo habla de un “bilingüismo radical”. Así se puede beber de dos fuentes diferentes al mismo tiempo y las dos partes se entienden mejor.

6. “Participación indígena” por Luis Felipe Duchicela

Lo más importante para los indígenas es lograr un desarrollo económico sin perder la propia identidad. Para lograr eso están necesarios cinco factores:

1. la participación

El proyecto tiene que ser organizado de los indígenas a sí mismo.

2. la cultura

Cultura significa más que música y artesanías, también hay que aceptar la “visión del cosmos” de los indígenas, sus relaciones sociales, su filosofía etc.

3. el papel del estado

Minimizar el papel del estado, pero no dejar trabajar con el proyecto del desarrollo. Lo más importante es el cambio de la relación entre gobierno y los indígenas.

4. holismo

La comunidad de los indígenas y sus necesidades se tiene que ver como una gran cosa y no como muchos sujetos solos.

5. el nuevo papel organizaciones indígenas

Organizar una nueva forma de interacción entre política y economía para dar una nueva organización a los indígenas con la cual ellos pueden organizarse y trabajar.

5.3 Titulación de tierras y pueblos indígenas. Roger Plant. Søren Hvalkol.

Este estudio es el resultado de un trabajo en equipo de consultores nacionales e internacionales dirigidos por los autores. Sus principales objetivos eran: revisar el actual o potencial impacto de los programas de titulación de tierras y catastros en las poblaciones indígenas; recomendar acciones que minimizaran riesgos y aseguraran que los proyectos de tierras se ajustaban a las aspiraciones y necesidades de los pueblos indígenas; trazar una tipología de los sistemas de tenencia de tierras indígenas; e identificar áreas que necesitaran más investigación. Han visitado los países y las comunidades, revisado proyectos de BID y de otras agencias internacionales, se reunieron con organizaciones gubernamentales e indígenas y otros actores relevantes. Hicieron visitas a Colombia, Ecuador, Panamá y Perú.

Las reivindicaciones que hacen los pueblos indígenas son de varios tipos:

• Por un lado parten de títulos antiguos o históricos y se tratan de títulos de tierras colectivas emitidos quizás hace varios siglos. Este suele ser el caso de las comunidades campesinas indígenas.

• Un segundo tipo de reivindicación parte de la posesión desde hace tiempos inmemorables y de una relación especial con la tierra y los recursos ambientales, independientemente de que se haya emitido un título por escrito en tiempos pasados.

• Un tercer tipo de reivindicación puede ser la compensación por injusticias y discriminación padecidos en el pasado y la que se instituye para beneficiar a comunidades indígenas que han perdido sus tierras con el pasar del tiempo.

Durante el periodo colonial, tanto las políticas fiscales como las laborales, favorecían la diferenciación étnica en los regímenes de tenencia de tierras, las políticas requerían que las comunidades indígenas residieran en la misma zona geográfica, a menudo bajo supervisión de la iglesia, debían producir un excedente para impuestos. Después de la conquista, la Corona española asumió el patrimonio sobre todas las tierras nativas, los colonos españoles administraban las tierras. En algunos casos, los patriarcas indígenas y sus familias lograron comprar tierras a la Corona. Este es esencialmente el origen del concepto de comunidad indígena que ha sobrevivido hasta la época moderna.

En el siglo diecinueve hay un rechazo gradual de las leyes coloniales que protegieran las tierras indígenas, se reconocían solamente las formas individuales de tenencia de tierras. Las comunidades indígenas tenían el derecho teórico de registrar sus tierras como propiedad privada, pero pocos tenían los recursos o conocimientos para hacerlo. Los programas de registro llevaron a una concentración significativa de tierras que perjudicó a las comunidades indígenas, con excepción de Colombia que reconoció el sistema de tenencia comunal como el estado natural y permanente en una de sus provincias por el levantamiento del pueblo. Esta ley está aún en vigor, formando la base de los reclamos indígenas de restitución de tierras en Colombia.

En el siglo veinte hay cambios en las políticas, estas se basan en los principios de protección e integración de las comunidades indígenas. Se reconocieron de nuevo por ley las comunidades indígenas como entidades agrarias específicas, diferenciadas, usualmente con prohibición de venta, alquiler, hipoteca, división o prescripción de las tierras comunales.

1950-1970 periodo en el que se realizan reformas agrarias, en las que muchos pueblos indígenas perdieron tierras para que estas fueran colonizadas y explotadas, o se les cambiaba la tierra por otra más pobre. Esto incrementó la pobreza de estos pueblos. Otros factores que aumentaron la desposesión de tierras indígenas fueron los nuevos patrones de producción agrícola, mercados de exportación como algodón, azúcar, frutas. La ganadería también aumentó considerablemente en las regiones tropicales. La inseguridad y pérdida de fe en los mecanismos legales, la continuidad de patrones de pobreza rural y la inhabilidad de incluir la distribución de tierras en el diálogo nacional pueden explicar el proceso de toma de conciencia indígena en América Latina durante las últimas décadas.

Los enfoques actuales para tratar las demandas territoriales indígenas sobre programas de titulación y regularización de tierras son tres: el enfoque protector, que pretende proteger a los pueblos indígenas de las fuerzas del mercado poniendo restricciones en su capacidad para transferir sus tierras. El enfoque basado en los derechos se preocupa de los derechos especiales a las tierras y territorios de los pueblos indígenas, bien como pueblos que han precedido al estado-nación o como víctimas de la discriminación histórica. Por último está el enfoque ambiental que se ocupa principalmente de la contribución indígena a la gestión sostenible de los recursos ambientales.

La definición de pueblos indígenas es un tema inmensamente complejo. En América Latina hay diferentes criterios para establecer quien es o no indígena, algunos criterios hacen referencia a la vestimenta e idioma, otros a sus prácticas culturales e instituciones, así como a la autopercepción y autodefinición. También hay criterios que utilizan la relación con los territorios ancestrales y los recursos naturales o la producción primordialmente de subsistencia.

¿Existe un sistema de tenencia de tierras característico o una relación específica con la tierra y el medio ambiente que forme parte esencial de la definición o identificación como indígena?

Es poco lo que realmente se conoce de las aspiraciones actuales de los pueblos indígenas con respecto a las disposiciones sobre la tenencia de la tierra. Los sistemas indígenas de tenencia de tierras muestran una gran diversidad. A la hora de elaborar políticas hay que tener en cuenta estas diferencias; están los sistemas agrarios de la sierra templada y las tierras bajas tropicales, están las economías verticales de la sierra y las economías horizontales de la Amazonía, donde las comunidades indígenas nómadas pueden utilizar vastas áreas en zonas fluviales. La distinción más clara que se puede hacer es entre pueblos indígenas que actualmente tienen suficiente tierra para atender sus necesidades de subsistencia y los que no tienen suficiente.

Las demandas indígenas y los conflictos reales o potenciales alrededor de estas demandas pueden llegar más allá del concepto de tierra como categoría agrícola o productiva. El territorio para los pueblos indígenas es el espacio bajo su control que les permite desarrollar y reproducir los aspectos sociales y culturales de subsistencia.

El convenio de la OIT (organización internacional del trabajo) clarificó que el término tierras incluye el concepto de territorios y cubre el ambiente total de las áreas que los pueblos indígenas ocupan o usan.

La legislación latinoamericana suele hacer referencia a la titulación de tierras como la parte del proceso en que se logra asegurar la tierra para los pueblos indígenas o cualquier otro miembro de una población o grupo, pero en ocasiones el título no es más que una hoja de papel, pues los títulos pueden o no estar registrados o por distintas tradiciones históricas y legales puede haber duplicación de títulos. El BID pone énfasis al concepto regulación en los programas que buscan aumentar la tenencia segura de tierra. El concepto mismo de título se asocia con formas individuales de posesión, con los que muchos indígenas se oponen al concepto de títulos por este motivo.

La titulación a larga escala en las tierras indígenas de la Amazonía comenzó entre 1980 y 1990, el desafío que se presenta es la regularización de tierras de manera que estos pueblos puedan continuar con sus estilos de vida tradicionales. En la mayor parte de la Amazonía hay explotaciones de petróleo y gas, es común encontrar una mezcla de grandes ranchos ganaderos, compañías madereras y otras explotaciones comerciales al igual que asentamientos colonos andinos. En algunos casos los pueblos indígenas han logrado coexistir pacíficamente, en otros casos hay conflictos. El gobierno otorga títulos sobre grandes áreas de comunidades indígenas, el próximo paso importante es clasificar o sanear las tierras en cuestión.

¿Qué ocurre cuando los colonos tienen presencia permanente, con o sin título legal, en las áreas sobre las que un grupo indígena tiene derecho a un título colectivo?

Los gobiernos andinos están comenzando ahora a tratar dicha situación.

¿Los sistemas indígenas de tenencia y uso de tierras son o deberían ser considerados individuales o colectivos?

En los años 70, la política de reforma agraria del B.M. recomendaba que se abandonaran los sistemas de tenencia comunal a favor de títulos individuales y la subdivisión de las áreas de uso común. Actualmente especialistas del B.M. reconocen que los sistemas de tenencia comunal pueden ser más costo-efectivos que un título oficial individual.

El director del servicio de tenencia de tierras de la organización de Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas ha dicho que en ambientes frágiles los sistemas comunales de manejos de recursos son los más sostenibles.

Prácticamente ninguna sociedad indígena en América Latina basa su producción en el trabajo comunal, la producción suele ser planificada y ejecutada por unidades familiares individuales. Cada familia posee su producto de manera individual y puede manejar su propio mercadeo. Cuando se trabajan distintas parcelas distribuidas entre diferentes zonas ecológicas y tipos de suelo, se distribuye el riesgo económico y se explota la variedad ecológica más eficazmente. En los bosques tropicales los títulos comunales han demostrado ser la mejor manera de aumentar la productividad y el potencial económico total del productor.

Excepciones hay como en los pastizales comunes de zonas elevadas, las tierras son de propiedad y uso común, los animales son posesión de individuos o asociaciones de individuos. También existen asociaciones de productores con el fin de reducir los costos de transporte y mercado del producto. La única organización comunal del trabajo suele ser para propósitos específicos tales como la construcción y el mantenimiento de las escuelas y otros edificios públicos, el mantenimiento de carreteras y caminos comunales.

La tenencia de la tierra en las comunidades indígenas tradicionales de América Latina puede considerarse como un sistema alternativo de propiedad privada, existe un mercado dinámico de arrendamiento o transferencia de tierra. Los sistemas indígenas pueden compararse a las sociedades anónimas u otras formas de posesión corporativa. La titulación de parcelas individuales acarrea enormes costos, el coste de medidas topográficas, el mapeo y la titulación podría exceder el costo de la tierra misma.

Los sistemas tradicionales se consideran equitativos dado que contienen redes de seguridad para los ancianos y otros miembros en situación vulnerable. Sin embargo esto no significa que los sistemas indígenas sean igualitarios. Dentro de un grupo comunitario indígena puede existir una acumulación considerable de recursos y tierra en manos de algunos pocos individuos o familias. Pero lo importante para la definición de políticas públicas es si la equidad intercomunitaria es (o no) mayor donde los sistemas de tenencia comunal indígena han sido reconocidos formalmente. Se cree que el desmantelamiento de los sistemas comunales agrarios han llevado a una mayor diferenciación social, esto se constata en la sierra ecuatoriana, donde por la reforma agraria, se crearon entidades agrarias pequeñas y dispersas, que están también ocupadas por colonos y empresas no indígenas.

La mayoría de los países de América Latina, establecen que las tierras indígenas deben ser inalienables, indivisibles, imprescindibles y no hipotecables. Varios análisis de política, concluyen que los mercados de tierras abiertos y flexibles pueden servir de instrumento eficaz, para aumentar la equidad y aliviar la pobreza, a la vez que aumentan la productividad agrícola. El informe de estrategia del B.I.D. sobre la reducción de la pobreza rural, establece que la eficacia en los mercados de tierras, se puede aumentar mediante, entre otros, la eliminación de la regulación que limita la venta y arrendamiento de las mismas.

Las autoridades indígenas deberían determinar sus propios patrones de uso de la tierra en lugar de que éstos sean impuestos externamente por agencias gubernamentales, las cuales podrían no estar completamente familiarizadas con las costumbres indígenas, y no apreciar los beneficios sociales, económicos y culturales que obtienen los pueblos indígenas.

Actualmente, la pobreza indígena es alarmantemente similar en toda América Latina. La escasez de tierras en las comunidades indígenas continúa en aumento, una mayor proporción de los ingresos se devengan de fuera del sector agrícola y continúa creciendo la emigración estacional y permanente.

En la última década se ha llevado a cabo una gran actividad normativa en América Latina respecto a los derechos indígenas, entre ellos, los derechos sobre las tierras tradicionales y recursos naturales. Algunos países también adoptaron leyes especiales respecto a la titulación de tierras indígenas. Se está prestando atención al control que los pueblos indígenas ejercen sobre los recursos renovables y no renovables, que yacen dentro de sus tierras. El convenio Nº 169 de la OIT (1990) sobre temas indígenas, ratificado por 13 países, nueve de ellos Latinoamericanos, (Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Perú), con las mayores poblaciones indígenas, ha sido de gran importancia en este aspecto. Las organizaciones indígenas están influenciando cada vez más leyes y políticas nacionales.

Pero mientras que en algunos países continúan promoviendo un estatus especial para las tierras indígenas, otros de nuevo se ocupan de reducir las diferencias entre los varios tipos de tierras. Hay una falta de correspondencia entre aspectos políticos y las políticas económicas. En el ámbito político hay una tendencia a reconocer la naturaleza multiétnica y multicultural, de las sociedades latinoamericanas, (se interrumpen las políticas de asimilación e integración). En la esfera económica, varios gobiernos, así como las instituciones financieras multilaterales, han continuado basando sus políticas sobre la premisa de mercados de tierras abiertos y libres, la promoción de la tenencia individual y un papel limitado de las instituciones del Estado. Muchas áreas indígenas están ubicadas en parques nacionales, no se pueden otorgar derechos de propiedad, todos los recursos naturales revierten en el estado, es el caso de Ecuador.

En América Latina, como en la mayor parte del mundo, la legislación distingue entre los derechos a la superficie y al subsuelo, otorgando los derechos del subsuelo al Estado. El convenio Nº 169 de la OIT hace hincapié, en que los derechos de los pueblos indígenas a los recursos naturales que yacen en sus tierras deben salvaguardarse con especial cuidado. Se incluye el derecho a participar en el uso, manejo y conservación de estos recursos.

En cuanto a los programas oficiales de titulación de tierras, la legislación no dio lugar a programas estatales de fondo y con el financiamiento necesario, para emitir los títulos que reclaman los pueblos indígenas y asegurar que los mismos sean efectivos. El convenio Nº 169 de la OIT requiere que los gobiernos signatarios tomen las medidas pertinentes no solo para identificar las tierras que los pueblos indígenas han ocupado tradicionalmente, sino también para garantizar la protección de sus derechos de propiedad y posesión. Además, los gobiernos deben tomar acción para prevenir la intrusión o uso no autorizado de esas tierras.

En todos los países visitados por los consultores, se detectó el serio problema de la presencia de colonos no indígenas en las tierras adjudicadas a los pueblos indígenas.

La titulación de tierras indígenas en Bolivia, Colombia, Ecuador se ha visto afectada por la falta de fondos, a esto hay que añadir que falta una figura legal que reconozca las tierras indígenas fuera de la comarca. En muchos casos la titulación de tierras se ha llevado a cabo por el levantamiento y las marchas de protesta de grupos indígenas. En la década de los 90, aumenta la capacidad de los grupos indígenas para llevar a cabo sus propios programas de demarcación y titulación, con el respaldo extenso del financiamiento internacional y apoyo técnico de agencias extranjeras de Europa y Estados Unidos. Esta participación indígena, ha tenido un impacto más allá del proceso de titulación mismo, a menudo llevando a mayor participación en los procesos políticos en las regiones locales. Tal es el caso de Perú, Ecuador, Colombia, Panamá.

Existe también el problema de consolidar territorios binacionales, el convenio Nº 169 de la OIT, pide a los gobiernos, que tomen las medidas adecuadas, inclusive utilizando acuerdos internacionales, para facilitar los contratos y la cooperación entre los pueblos indígenas y tribales fuera de las fronteras, tal es el caso entre Colombia y Panamá, Brasil y Venezuela, Guatemala y México, Ecuador y Perú. Estos últimos están realizando un plan de desarrollo binacional, para la región fronteriza con apoyo financiero del BID y BM.

El BID no cuenta con una política general sobre tierras indígenas. En su política sobre reducción de la pobreza rural, incluye a los grupos indígenas como grupo meta, pero no trata específicamente la dimensión agraria o tenencia de la tierra. El BID en su política sobre reasentamiento involuntario contiene algunas consideraciones específicas acerca de las comunidades indígenas y sus tierras, pero se refiere mayormente a operaciones de inversión en infraestructura y obras públicas, que pueden potencialmente tener un impacto sobre las comunidades indígenas, según esto el BID apoyará operaciones que requieran reasentamiento de comunidades indígenas u otras minorías étnicas rurales de bajos ingresos, sólo si es posible asegurar que los derechos consuetudinarios serán completamente reconocidos y adecuadamente compensados, tienen que existir fuertes garantías sobre sus derechos a la tierra y los recursos (incluyendo títulos y demarcación de tierras).

En varios proyectos del Banco la titulación y regulación de las tierras indígenas, han requerido su atención, se han negociado proyectos de titulación de tierras de cobertura nacional o regional, que se espera no tengan impacto sobre las comunidades indígenas. Hay proyectos nacionales en Colombia y Perú, y un proyecto regional en Panamá, relacionados directamente con la titulación de tierras.

En Colombia el proyecto no parece responder a las preocupaciones expresadas por las organizaciones indígenas y los oficiales de la reforma de la tierra, hay una falta de fondos junto con los conflictos entre campesinos e indígenas. En Panamá, los esfuerzos por lograr la demarcación y titulación de tierras, no contaron con éxito por no existir un figura jurídica adecuada para reconocer las tierras colectivas fuera de las comarcas, aunque el BID si que ha consultado a las organizaciones indígenas tanto a escala local como nacional. En Perú la estrategia de préstamos tiene como objetivo principal para el sector agrícola, promover las inversiones privadas y reducir los índices de pobreza, no se incorporan los temas indígenas de manera específica. Pequeños proyectos están dirigidos a pueblos indígenas, pero no a la titulación o derechos sobre la tierra. En Ecuador las organizaciones indígenas, son actores políticos importantes, pero entre los proyectos del Banco no hay ninguno relacionado directamente con la titulación de tierras.

Con respecto a otras Agencia Internacionales, se ha visto que el BM ha dado considerable apoyo a la titulación de tierras indígenas en América Latina. El BM ha comprobado que la regularización de las tierras por sí sola no sería suficiente para asegurar la posesión de tierras de los pueblos indígenas, con lo que los siguientes proyectos se han ligado a la promoción de desarrollo sostenible, incorporando el conocimiento de los pueblos indígenas del manejo de los recursos naturales y la conservación ambiental. En los años 90 la nueva política, requiere que se consulte a las organizaciones indígenas siempre que un proyecto de titulación de tierras de cobertura nacional, se comenzara en un país con una población indígena significativa.

La Agencia de Desarrollo Internacional Danesa (DANIDA), contribuye a los programas del gobierno boliviano respecto a la identificación y titulación de tierras reclamadas por los pueblos indígenas, una característica del apoyo danés, ha sido la capacidad de trabajar simultáneamente con el gobierno y las organizaciones indígenas, a menudo de manera complementaria.

EVALUACIÓN GENERAL.

Si los derechos indígenas y la identidad cultural han de ser respetados en los programas de titulación de tierras, es esencial entender cómo funcionan actualmente los sistemas agrarios indígenas, y los mercados de tierras y cuáles son las aspiraciones indígenas al respecto. Hay clara disparidad entre las nociones de derechos y tenencia de tierras indígenas y los planes de las autoridades económicas, que promueven reformas orientadas a establecer mercados libres de tierras y modificar las políticas agrarias. Estas tensiones también se reflejan en los bancos multilaterales de desarrollo. El desafío estratégico es permitir a los pueblos indígenas beneficiarse de la modernización sin sacrificar su identidad cultural. Los pueblos indígenas reconocen la necesidad de participar en la economía de mercado. Aunque han tenido dificultad en asegurarse crédito y servicios financieros, esto puede haber sido por prejuicios del sector privado que insiste en títulos individuales como garantías para los préstamos.

Las políticas fiscales orientadas al mercado que requieren la reducción del gasto público han llevado a importantes recortes en el número de instituciones estatales de asistencia social y en sus presupuestos. Esto puede conducir a más prejuicios y discriminación contra las comunidades indígenas. En la práctica legislativa y administrativa, se han llevado a cabo experimentos novedosos sobre los derechos de tierras indígenas y ordenamiento territorial. En algunos casos, estas reformas se orientan a la consolidación de la gobernabilidad indígena como parte de los programas de descentralización y reforma fiscal. En este contexto, los programas de titulación de tierras pueden tener un impacto significativo sobre el proceso de democratización, principalmente en las áreas de conflicto donde se ha comprobado que la titulación de tierras indígenas y la ordenación territorial son mecanismos efectivos de estabilización política. Los nuevos enfoques de ordenamiento territorial deben formar parte importante de la política de tierras. Ésta debe considerar los aspectos políticos, económicos y sociales del ordenamiento territorial. Los estudios de base sobre la materia deben necesariamente incluir una revisión del impacto de las prácticas consuetudinarias y las formas de gobernabilidad sobre la asignación de tierras.

RECOMENDACIONES

• El Banco deberá comprometer recursos tanto en la sede como en las representaciones. La consideración de demandas indígenas en programas de titulación y regularización de la tierra, requiere la formulación de políticas consistentes y una visión coherente.

• Definir nuevos métodos de trabajo. Los sistemas de tierras y recursos indígenas representan una forma particular de tenencia privada que, bajo ciertas condiciones, puede adaptarse a las oportunidades del mercado.

• Los temas indígenas deben ser incorporados a los análisis de políticas; los pueblos indígenas no deben continuar siendo tratados como grupos vulnerables para quienes es necesario tomar medidas especiales.

• Las políticas respecto a estos temas se deben atender con la mejor competencia posible, grupos interdisciplinarios que involucren a planificadores, topógrafos, abogados, economistas, antropólogos, ecologistas, historiadores.

• Es necesario una investigación profunda sobre el verdadero funcionamiento de los sistemas comunales agrarios, su dimensión productiva, de gobernabilidad en América Latina, articulando todo ello, con experiencias en otros países.

• Se necesita realizar un trabajo normativo, con respecto al control indígena de la gestión de los recursos renovables, en el contexto de los programas de titulación de tierras. Debe buscarse un mayor consenso entre los gobiernos, las organizaciones indígenas, y el sector privado.

• En cuanto al diseño y ejecución de proyectos, debe haber una consulta y participación de las organizaciones indígenas y campesinas en los ámbitos local, regional y nacional. Como mínimo se deben cumplir con los requisitos de la Convención Nº 169 de la OIT.

• Los proyectos del Banco que contienen componentes específicos para la titulación de tierras, deben dar prioridad a la demarcación y titulación en zonas utilizadas o reclamadas por comunidades indígenas.

• En cooperación con las organizaciones indígenas, el Banco debe apoyar el desarrollo de un sistema avanzado de registro y catastro usando el Sistema de Información Geográfica y la detección a distancia.

• En la medida de la posible, las organizaciones indígenas deberían recibir el entrenamiento y los equipos necesarios que les permita contar con la capacidad técnica para efectuar mapeos y catastros. El propósito de esto sería permitirles crear una asociación técnicamente calificada con las instituciones del gobierno y asegurar la continuidad en la acumulación de la experiencia. También sería importante formarles en aspectos técnicos, económicos y jurídicos respecto a la explotación de recursos renovables y no renovables, incluyendo minerales e hidrocarburos.

• Se recomienda la inclusión de personal de ascendencia indígena y representantes indígenas en los equipos técnicos

• El Banco podría demostrar su compromiso hacia la tenencia segura de tierras indígenas mediante el establecimiento de un fondo para la compra de tierras para comunidades indígenas situadas en zonas de conflicto y de recuperación de tierras. Esto podría llevarse a cabo bajo los auspicios del Fondo Indígena.

• Se recomienda hacer un estudio (o varios) para tratar esto temas en los países que no se estudiaron en la preparación de este informe. Tanto Brasil como algunos países del Cono Sur y el Caribe deberían considerarse una prioridad.

REFLEXIÓN

El BID ha apoyado de forma muy limitada las aspiraciones y exigencias de los pueblos indígenas en sus proyectos de administración y titulación de tierras. En los proyectos grandes de infraestructura o desarrollo sostenible, que pueden tener componentes de demarcación y regularización de tierras realizados en Argentina, Colombia, Ecuador, Belice, Bolivia, Paraguay y Panamá, sólo en este último, el proyecto de Panamá de desarrollo sostenible en Darien, el diseño y preparación de este proyecto, demostró el compromiso del Banco de atender seriamente las demandas de tierra de los pueblos indígenas y otros grupos étnicos minoritarios. Se revisó la legislación en detalle, se consultó con las organizaciones indígenas a la vez que se incluyeron para la resolución de conflictos. Aunque este programa no se realizó con una visión a largo plazo, podemos ver que se están cambiando las políticas, y las formas de realizar los proyectos, incluyendo a las comunidades interesadas, consultándolas, realizando estudios de base en las comunidades.

El fracaso en los proyectos puede servir como inicio, para que otros proyectos se realicen correctamente.

Aún falta mucho por realizar pero desde 1960 en el que el Banco inicio sus actividades, han cambiado sus formas de ver a los “otros”, en este caso a los pueblos indígenas, identificándoles como grupos meta de asistencia a partir del Acuerdo sobre el Octavo Aumento (1994), creando la Unidad de Pueblos indígenas y Desarrollo Comunitario (1994).

Teóricamente los pueblos indígenas son un punto a tener en cuenta por el BID, ahora que tenemos una teoría, se tiene que llevar a la práctica una política que beneficie y modernice a los pueblos indígenas, sin sacrificar su identidad cultural y sus instituciones tradicionales. Se precisa un desarrollo con identidad, basándose en los valores locales, en las aspiraciones y en la organización social, la cultura se convierte en un activo, en vez de un impedimento para el desarrollo. La tierra (como territorio que define el espacio cultural y social necesario para la supervivencia física y cultural del grupo) debe ser una política prioritaria en el BID, de forma que la titulación y regularización de tierras sea la base para otros programas y proyectos del Banco y no al contrario, como parece estar sucediendo.

5.4 Estrategias de desarrollo culturalmente adecuadas para mujeres indígenas. Angela Meentzen

La publicación de Angela Meentzen, “Estrategias de desarrollo culturalmente adecuadas

para mujeres indígenas” trata las situaciones, los problemas y las desventajas de las mujeres indígenas en cuatro países de América Latina: Bolivia, Guatemala, Perú y Panamá. Se presentan estrategias y programas del BID como se intenta mejorar la posición en su comunidad y también en la sociedad nacional. Se reflexiona los problemas como: El idioma- ser analfabeta y monolingüe-, la valoración de los cambios, la discriminación, desnutrición, la violencia familiar, y se busca en cooperación y diálogos con las mujeres, las raíces, las razones de su malestar y soluciones que junten su posición tradicional y moderna, es decir, su participación en la toma de decisiones en espacios públicos.

Según el BID es un resultado importante del proceso de consultas a mujeres indígenas la constatación de la falta de datos estadísticos confiables sobre pueblos indígenas en zonas rurales y urbanas diferenciado por género. Otro es la falta de estudios y documentación etnográfica sobre la dinámica de género al interior de los pueblos indígenas y de las diferentes comunidades. Todavía se sabe demasiado poco sobre la situación de las mujeres indígenas en comparación con los hombres y como varía de comunidad en comunidad y de pueblo en pueblo. Hace falta visibilizar el aporte de las mujeres indígenas y medir su importante rol en las economías locales, regionales y nacionales en comparación con los hombres indígenas. Uno de los objetivos de los talleres de consulta a mujeres indígenas en cuatro países fue recoger información para los Marcos Estratégicos del BID sobre Pueblos Indígenas y Desarrollo Comunitario, para procesos participativos de desarrollo y para una cooperación con el estado y con la sociedad civil.

Según Angela Meentzen están los profesionales del estado y de las ONGs mal calificados y no quieren trabajar en los lugares apartados, y en condiciones difíciles, como en las comunidades indígenas.

Lo que sucede con frecuencia es que las mujeres indígenas en las comunidades no conocen muy bien las instituciones que están ejecutando proyectos en su región y no tienen información sobre los proyectos, sus objetivos, su duración, su ubicación exacta, etc. Una mujer Q'eqchi, en Guatemala, lo expresó de la siguiente manera: “solamente sabemos que somos las beneficiarias”.

La autora se refiere a uno de los reclamos de las mujeres consultadas más frecuentes: es su falta de participación en la toma de decisiones en espacios públicos. La mayoría de los proyectos de desarrollo no toman en cuenta a las mujeres indígenas, sus intereses y necesidades, y no se preocupan por el impacto del proyecto en ellas y en su relación con los hombres y con la comunidad. Las mujeres indígenas en las comunidades tienen poca información sobre proyectos e instituciones de desarrollo y normalmente no conocen al BID. Reclaman mayor apoyo para aprender a formular proyectos y la oportunidad de relacionarse directamente con el BID y no solamente a través de los gobiernos.

Queda claro, que aportes y acciones de desarrollo sin participación de mujeres indígenas no llegan a ser valorados positivamente o a ser considerados útiles por ellas. Y entonces no son utilizados ni mantenidos por ellas, porque no los sienten suyos. La conclusión salta a la vista: solamente aquellos proyectos y agentes de desarrollo que se preocupan por informar y consultar bien y repetidas veces y que logren movilizar a las comunidades incluyendo a las mujeres indígenas, logran ser finalmente aceptables, útiles y sostenibles tanto técnica como social y culturalmente.

5.5 Reasentamiento involuntario en elproyecto de BID:

Principios y lineamientos.

El presente texto es la presentación de una serie de sugerencias en cuanto a oportunidades, riesgos, costos, métodos y técnicas.

A su vez, se hace un análisis de términos tales como consulta, participación, comunidad e interesados, debido a su importancia en el marco del desarrollo.

La base del texto es la consulta comunitaria, como condición previa y necesaria para la participación efectiva, con la comunidad meta del proyecto y en el diseño del proyecto.

El documento discute los problemas y riesgos de poner en práctica un proceso de consulta efectiva y las condiciones previas necesarias para que tenga éxito.

• Consulta, desarrollo, equidad y sociedad civil

En este documento se plantea el término “desarrollo” como un crecimiento con equidad, un modo de ampliar las opciones que las personas pueden tener. Este término lleva implícito el principio de ética para considerar todos los impactos potenciales, una buena información y la consideración de todas las alternativas.

En cuanto al discernimiento de las alternativas, éste es necesario si se quiere minimizar los impactos negativos. Cuando a la población afectada se la consulta acerca de los proyectos, y se les permite contribuir con sus conocimientos a la configuración de éstos, los proyectos se convierten más eficaces y productivos. Además, la consulta comunitaria aumenta la capacidad de los individuos para organizarse en la resolución de sus propios problemas.

Como condición previa para el crecimiento económico es necesaria una consulta comunitaria en todas y cada una de las fases del ciclo del proyecto (como modelo del fortalecimiento de la sociedad civil, democrática y abierta).

• El marco normativo del BID

El Comité de Medio Ambiente (CMA) ha publicado una serie de documentos referentes a la consulta ha introducido el principio de la participación de las ONG en los aspectos ambientales. Así, en el Estudio del Impacto Ambiental (EIA) deben participar tanto los beneficiarios directos y el público en general.

El Informe sobre el Octavo Aumento General de los Recursos del Banco Interamericano de Desarrollo que establece el marco normativo general para la acción del Banco en los próximos años apoya estos principios en cuanto a los temas ambientales. Y como primer paso importante en este proceso es el compartir información, lo que garantizaría el interés y la participación de las poblaciones afectadas y de las ONG locales. Así, la consulta supone un diálogo, y un diálogo productivo se basa en el acceso a la información.

• La consulta

Este concepto tiene varios significados: informar, obtener opiniones y participación y diálogo.

En este sentido, la consulta va más allá del simple hecho de informar a la comunidad de los planes del proyecto de desarrollo. También debe significar un diálogo entre varios actores (la comunidad, los planificadores prestatarios y el personal del organismo de crédito) donde todas las ideas ayudarán a formar el proyecto. Con esto se ve que la comunidad ya no es el simple objeto del desarrollo sino también un sujeto activo en el proceso.

En el documento se muestra un ejemplo de lo que debe ser la consulta local en el caso de la cuenca del Amazonas; el programa PMACI en Brasil. En este programa se sacaron unas conclusiones derivadas de la propia experiencia, como la esencialidad del diálogo abierto y continuo entre los que realizan el proyecto y las gentes de la comunidad; que, a su vez, éstos deben ayudar a planificar y dirigir las acciones con el fin de mitigar los posibles impactos del proyecto. De este proyecto sacaron la idea básica de que la consulta no consiste simplemente en permitir opinar y obtener el consentimiento de la comunidad, sino que, como personas de la propia comunidad, deben tener un total control sobre sus propias vidas.

Otro punto importante en el tema de la consulta es que la falta de ésta puede producir resultados costosos e incluso negativos, como se ilustra en el caso de Guatemala sobre La Reserva de la Biosfera Maya en Guatemala; en este caso se ve cómo la falta de consulta con los grupos afectados puede causar conflictos serios y duraderos.

Tal y como se define en el presente documento, la consulta comunitaria “es un proceso mediante el cual un organismo financiero se comunica con las comunidades afectadas por su programa, las informa acerca de sus objetivos y pone muy en claro los parámetros de sus acciones y objetivos. Durante este proceso, el organismo obtiene reacciones de la comunidad y acepta que la comunidad tiene conocimientos especializados acerca de las dimensiones sociales y físicas de su propia situación, lo cual les lleva a enmendar el proyecto en función de esos conocimientos especializados”.

Con esta forma de actuar, el organismo financiador (en este caso el BID) transforma a la comunidad de receptora en asociada. Es en este aspecto en el que se señala la importancia del papel de los antropólogos sociales, al considerar necesario el conocimiento de las realidades con las que se va a trabajar.

• La comunidad

En el presente documento se hace un análisis sobre el significado de comunidad, estando este término ligado a 3 significados básico: territorio, sentimiento del nosotros, y roles sociales reconocidos. Otro aspecto importante a señalar en cuanto a la comunidad es su heterogeneidad, en cuanto a su división interna (por sexo, edad, parentesco, desigualdades económicas, políticas, sociales, etc.) y además, estas desigualdades no serán igualmente apreciadas por los de fuera que por los de dentro. Se hace una referencia al análisis de Kottak acerca de 68 evaluaciones de proyectos en las que se comprueba cómo aumenta la capacidad de éxito cuando se toma en cuenta la experiencia de la población beneficiaria, cuando responde a necesidades reconocidas localmente y cuando se reconocen adecuadamente los grupos y estructuras sociales existentes para la puesta en práctica.

Con esto no se quiere decir que estas desigualdades socioeconómicas y de liderazgo no sean inherentemente buenas ni malas par los proyectos de desarrollo, sino que es conveniente el identificarlas de forma adecuada para asegurarse el éxito del proyecto (“la ignorancia de las reglas culturales del juego harán fracasar un proyecto).

Pero, a pesar de esta gran diversidad, hay algunos aspectos en común entre las diferentes comunidades; sin embargo, los planificadores del proyecto suelen olvidarse más de la diversidad que de la uniformidad, y por eso es muy importante tenerla en cuenta en todo momento. Por tanto, cada proyecto requiere su propio análisis social, y de esto se deriva la necesidad de identificar a los interesados y de realizar estudios socioculturales. En ambos casos, y aunque no se señale en el documento me tomo la libertad de marcar quiénes serán las personas más adecuadas para hacer esta tarea: los antropólogos sociales.

• Los interesados y el análisis sociocultural

Este análisis se hará básicamente con la intención de identificar y entender los diferentes subgrupos dentro de la población a consultar, y todas las relaciones de desigualdad que se pueden dar (y que ya he señalado en el punto anterior). Es en este punto en el que se determinará cómo van a intervenir estos interesados, como beneficiarios o cómo afectados negativamente y para éste se requiere de un equipo con habilidades en relaciones grupales y con capacidad para determinar cuáles son los interesados importantes en cada contexto determinado.

En esta relación con los interesados, el organismo gubernamental a cargo del proyecto puede realizar una consulta con la comunidad a través de reuniones en la propia comunidad, o bien informar a la comunidad, obtener ideas y dialogar con la misma con métodos menos estructurados. A su vez se pueden hacer reuniones con grupos reducidos usando técnicas de grupos de enfoque con el fin de animar a que todos participen y aporten sus opiniones sobre cómo mitigar impactos, distribución de beneficios, evaluación del proyecto, etc, con el fin de que sea un diálogo y no una simple exposición oral (como habitualmente se ha hecho).

A su vez, el organismo puede llevar a cabo campañas de divulgación para que llegue la información al público más extenso, ya que su apoyo y comprensión, aunque no necesarios como en el caso de los interesados, sí puede ser importante.

Como se ha dejado señalado anteriormente, el método para identificar a los interesados y sus relaciones (subgrupos, etc.) es mediante la investigación sociocultural sobre el terreno (lo que en Antropología llamaríamos el trabajo de campo). Para ello, los investigadores de las ciencias sociales, antes de centrar su trabajo in situ, suelen acceder a un estudio previo detallado (generalmente antropológico) sobre la región sociocultural objeto de estudio. Este trabajo de investigación no es sólo cuestión de hacer preguntas a la gente ya que estas estructuras sociales muchas veces no son explícitas sino que se encuentran incrustadas en la práctica cultural.

Se hace referencia a un análisis realizado por el Banco Mundial y la USAID en el que se ponía de manifiesto que el promedio de la tasa de rendimiento económico de los proyectos de desarrollo rural que incluían análisis socioculturales era más del doble que el de los proyectos que se habían evaluado poco desde el punto de vista sociológico.

• Límites y riesgos de la consulta comunitaria

Cada proyecto requerirá un tipo de consulta comunitaria. Habrá algunos proyectos que requieran mayor consulta que otros; en unos se fomentará más la participación activa en la ejecución y menos consulta a nivel de diseño; otros se consultará más en el tema del monitoreo y evaluación del programa; en otros casos, el procedimiento del BID fomentará más la participación en la toma de decisiones, etc.

Entre los riesgos potenciales que se señalan de la consulta comunitaria, además de los que se han ido viendo específicamente en cada fase, pueden ser los riesgos que se pueden dar en cualquier proyecto de desarrollo. Entre estos (aunque en el documento se señalan como “otros” y separados) serían los que pueden aparecer derivados de la introducción de nuevos materiales y/o recursos humanos en la región determinada.

También se señalan los riesgos relacionados con los conflictos interinstitucionales. Esto se debe a que, muchas veces, en lugar de una coordinación entre las ONG (por ejemplo), se da una tendencia a la competición por un primer puesto.

A su vez, y haciendo referencia a lo ya visto anteriormente, el simple hecho de identificar a los interesados, localizar a los portavoces y conseguir su representación conlleva unos costos por adelantado en cuanto a dinero, tiempo y oportunidades; y conseguir es relación entre donantes, agentes de cambio y los interesados también implica una gran inversión (sobre todo de energías).

Todas estas cuestiones, entre otras muchas como los conflictos locales, rivalidades y pretensiones de instituciones, la marginación de los pobres, etc., son cuestiones que las ciencias sociales ya hace tiempo que han descrito y por tanto tienen la capacidad de resolverlas.

• Condiciones previas para la consulta comunitaria

Últimamente se está dando un mayor uso de los métodos de consulta y participación, incluso en los sistemas políticos centralizados y autoritarios.

Y la primera condición que debe ser previa para que la consulta comunitaria tenga éxito es un entorno político favorable. Según el presente documento, el que organizaciones como el BID, el Banco Mundial y la OCDE tengan cada vez más peso en estos proyectos, contribuyen cada vez más a crear ese contexto de participación para el desarrollo. Esta consulta comunitaria es compleja y difícil, pero su eficacia en términos de costos-beneficios puede demostrarse fácilmente mediante los estudios de casos.

La segunda condición previa se basa en la voluntad de los organismos donantes de “aceptar compromisos más duraderos y más flexibles de apoyo a los que reciben su ayuda”, además de una estrategia de supervisión y evaluación continua.

La tercera condición tener en cuenta que la consulta comunitaria es un “proceso iterativo”, tanto para la comunidad interesada como para las ONG y agencias gubernamentales.

La cuarta condición previa sería la de “la claridad en cuanto a las funciones que cada parte desempeña en el proceso consultivo”. Esto es importante porque el proceso consultivo conlleva el crear equipos de campo y oficina multidisciplinarios además de identificar a los interesados. Dentro de esta condición también debemos tener en cuenta la rigidez de los límites, ya que según se va cogiendo mayor experiencia, la gente puede ir sobrepasando sus límites de funciones, pero siempre teniendo claro sus funciones, derechos y responsabilidades en el proceso.

La quinta y última condición previa es “compartir información y consultar con la sociedad” sobre las políticas, estrategias y programas del país. (De aquí se deriva una política recientemente aprobada del BID sobre divulgación de información con el acceso público a salas de lectura en la Sede y Oficinas).

• Los beneficios de la consulta comunitaria

El presente documento nos muestra un listado de beneficios que se pueden obtener con la consulta comunitaria, remitiéndonos a una bibliografía del Banco Mundial:

Compromiso por parte de los interesados: si no hay compromiso no se conseguirá una continuidad en las capacidades.

Una mejor orientación hacia los grupos meta: con la consulta se puede conseguir una información más fiable y detallada.

Datos más confiables, más válidos y fiables: de esta forma, la responsabilidad se fortalece con una información más exacta. Con la consulta éste tipo de datos se consiguen entre los interesados y funcionarios públicos.

Mayor capacidad de gestión: con un aumento de la consulta comunitaria, los beneficios del proyecto también aumentan para aquellos sectores de la población que suelen ser olvidados (como son los pobres, las mujeres, los jóvenes); y además, la equidad social aumenta el compromiso de los participantes en el proceso.

Reducción del costo: con la consulta, la participación de los interesados aumenta, porque siente que el proyecto les pertenece, ampliándose así el valor de los fondos invertidos.

• El ciclo del proyecto

Los Proyectos del Banco son un Ciclo, y a lo largo de éste irán variando los participantes así como el tipo e intensidad de la consulta.

El BID presenta su Ciclo de Proyecto a través de los siguientes puntos (o fases):

• Definición de políticas y estrategias: en este proceso, el BID suele apoyar la realización de conferencias, seminarios y talleres en los que discutir sobre nuevos enfoques e ideas acerca del desarrollo y el rol del Banco. Y en todos estos tienen cada vez mayor participación tanto las ONG, los beneficiarios como los interesados.

• Estrategias nacionales e identificación de proyectos: es en esta fase donde se informará al público del país prestatario sobre la estrategia general del Banco a través de la presentación de un Documento para el País.

• Identificación y orientación: lo cual puede requerir una evaluación social rápida, un resumen del proyecto y un plan de operaciones. También puede ser útil alguna reunión consultiva con las ONG locales en busca de alternativas del proyecto. Sin embargo, en esta fase no hay unas reglas generales, sino que las directrices serán en función de lo que se juzgue en cada proyecto específico.

• Preparación, análisis y negociación: preparación de estudios de factibilidad y presentación de un informe detallado del proyecto. En esta fase el prestatario será el responsable de organizar las consultas entre la agencia ejecutora y el equipo del proyecto con las ONG y representantes de organizaciones de la región beneficiaria para informar y obtener ideas para el diseño del proyecto.

• La ficha ambiental y los Estudios de Impacto Ambiental (EIA): éstos son obligatorios para todos los proyectos que pueden tener impactos sobre el medio ambiente y para ello se debe realizar una consulta comunitaria para la elaboración de estos EIA y posteriormente ponerse a disposición del público.

• Ejecución del proyecto: es en esta fase donde se refuerza más intensamente la consulta comunitaria con los grupos afectados y otros interesados. Se deben mantener abiertos continuamente los canales de comunicación entre todos los interesados en el proyecto.

• Monitoreo y evaluación: aquí aparecen dos realidades: la de los especialistas en desarrollo que favorecen los indicadores cuantitativos; y la de los interesados, los cuales emplearán más métodos cuantitativos (especialmente en las evaluaciones participatorias) y cuyas metas serán sociales, no económicas. Esta integración de diferentes realidades no será fácil y sin embargo a medida que ambos aprenden el uno del otro, se producirán efectos positivos.

• Métodos y técnicas para la consulta comunitaria

Es imposible hacer una muestra de técnicas universales dada la diversidad de culturas y proyectos, pero el BID recoge una muestra de métodos que considera pueden sugerir ideas:

• Seminario y talleres: para presentar las políticas y metas del BID para conseguir la comprensión mutua y consenso.

• Grupos de enfoque: para obtener datos y consultar con la gente sobre la planificación. Aquí se puede aportar valores, inquietudes, etc sobre los planes.

• Elaboración de modelos: es una forma de aprendizaje experimental en el que los interesados tienen la oportunidad de que se les consulte.

• Dramatizaciones: para formar capacidades para consultas sobre evaluación y ejecución de proyectos. Es una forma de dramatizar los problemas de sus propias vidas para reflexionar sobre relaciones sociales y cómo resolver problemas.

• Clasificación del material: otra forma de consulta con grupos afectados mediante dibujos o fotografías de actividades del proyecto.

• Sugerencias para acciones futuras

En este punto, el BID propone una serie de actuaciones encaminadas a promocionar la consulta comunitaria para que se convierta en condición previa para ampliar la participación comunitaria en los proyectos de desarrollo.

Consulta sistemática en las operaciones del Banco: esfuerzo sistemático de la consulta en toda las etapas del ciclo del proyecto hasta la fase final. Así, el Banco, mediante sus oficinas en el país, debería dar mayor importancia al diálogo entre la sociedad civil y el gobierno. Éstas relaciones debieran ampliarse con los representantes de sectores pobres y marginales, los cuales se convierten cada vez más en las actividades meta del Banco.

Consulta y acceso a la información: es importante facilitar el acceso del público a los documentos del Banco como requisito para una consulta real. Para ello, el Banco podría adoptar un enfoque más proactivo, mediante medios de comunicación y la participación den la definición de conceptos de las organizaciones, la sociedad civil y el gobierno local y el central.

Preparación de proyectos: el Banco apoyará a los gobiernos prestatarios para proyectos. A su vez, el diseño de dichos proyectos deberá incluir medidas para que se incluya la consulta comunitaria en todo momento.

Ejecución de proyectos: el Banco debería promover un proceso (y no sólo proyectos) continuo de consulta entre las entidades de gobierno y la población meta.

Evaluación y retroalimentación: las experiencias de la población meta deben servir no sólo para el presente proyecto sino también para nuevas operaciones. Además de medidas cuantitativas, el intercambio de información puede dar lugar al uso de medidas cualitativas; y en este sentido son especialmente útiles los métodos de antropología sociocultural.

Identificación de los interesados: y para ello, los equipos de proyecto deberán incluir de forma más sistemática a expertos en las ciencias sociales (sociólogos, antropólogos, etc.) durante la fase de preparación del proyecto.

Participación de las ONG: debe ser el Banco el que sea capaz de identificar aquellas ONG realmente comprometidas y con capacidad para llevar a cabo las consultas comunitarias.

Paneles de asesores: de representantes de las organizaciones comunales para facilitar la preparación del proyecto, recolección de datos, monitoreo y evaluación; estos mantendrán un diálogo permanente.

Lineamiento y entrenamiento: será necesario un cambio en la cultura institucional y en la composición de los técnicos del Banco para conseguir las prácticas de consulta institucionalizadas. A través de lineamientos se podrían describir los métodos y técnicas de consulta y para enfocar las oportunidades, riesgos y costos de la consulta. Estas guías podrán llevar incluido resúmenes de casos basados en proyectos del Banco.

5.6 Consulta comunitaria: El caso del Darién, Panamá. Carlos Perafán y Heli Nessim.

El Darién es una región de selva espesa y húmeda con elevaciones medianas de bosques de niebla compartida por Panamá y Colombia. Los asentamientos humanos y la deforestación afectan a la biodiversidad y los recursos naturales de sus diferentes ecosistemas, así como se acrecientan las presiones sobre las poblaciones y culturas autóctonas indígenas y afrodarienitas. En 1996, el gobierno panameño inicia conversaciones con el BID para el financiamiento de la pavimentación de la carretera de piedra preexistente hasta el río Tuira, obstáculo natural para el avance de la carretera y frontera actual para la colonización campesina. Dicha pavimentación venía siendo demandada por los campesinos, con el apoyo de la Prefectura Apostólica, como medio de mejorar la comercialización de la región y luchar contra la pobreza. Se renunciaba a la continuación de la carretera hasta la frontera colombiana.

La población en la provincia panameña de Darién está compuesta por un 30% de indígenas (mayoritariamente emberas, sus parientes wounaan, los kunas y un mínimo porcentaje de gnobe-buglé), un 23% de afrodarienitas (en 1970 eran el 70%) y un 47% de latinos (población no homogénea de blancos y mestizos). El BID propuso al gobierno de Panamá (GOP) la adopción de un proyecto más amplio que detuviera el deterioro ambiental y las presiones sobre los territorios indígenas y afrodarienitas. El mejoramiento de la infraestructura de transporte sería sólo una parte de un gran Programa de Desarrollo Sostenible. Se creó un Comité Asesor que incluía representantes indígenas (pero no afrodarienitas), el GOP y ONGs internacionales. Se decidió crear un marco legal e institucional para los alcances de la operación, adelantar un ordenamiento territorial, iniciar un amplio proceso de consulta comunitaria para alimentar el diseño del Programa y contratar estudios en áreas de ordenamiento territorial, tenencia de la tierra, estructura normativa, actividades productivas, infraestructura y servicios básicos... El Programa se diseñó en 5 componentes:

• Ordenamiento territorial, titulación, manejo y protección ambiental

• Fortalecimiento institucional

• Apoyo a la producción sostenible

• Mejoramiento de la infraestructura de transporte

• Mejoramiento de los servicios básicos

Su ejecución se basaba en un plan estratégico ambiental y social que se implementaría a través de Planes Operativos Anuales (POA). Los desembolsos por tramo de carretera se condicionan al cumplimiento de condiciones, como la realización del catastro, la regularización de territorios de tierras colectivas y las mesas de concertación propuestas en la consulta. Para la formulación de los POA se establece la obligación de consulta y concertación con las comunidades y un sistema de evaluación y seguimiento del Programa.

METODOLOGÍA.

La consulta comunitaria trataba de buscar consensos dentro de cada comunidad y acuerdos entre ellas, para una posterior fase de concertación con las instituciones y el sector privado. La metodología fomenta un proceso proactivo de reflexión por parte de los beneficiarios y su participación en el desarrollo sostenible del área del proyecto en un escenario de derechos y obligaciones, dinámica de feedback para los diseñadores del proyecto y agenda de concertación de la proyección, ejecución y seguimiento del Programa. La metodología comprende los siguientes elementos:

• Identificación de sujetos sociales a ser consultados

• Facilitamiento de talleres de consulta, a través del método de reflexión/confrontación

• Criterios holísticos para el desarrollo sostenible (complementariedad de factores) con énfasis en lo cultural

• Elaboración de estudios de base complementarios

• Establecimiento de un plan de participación

Identificación de sujetos sociales.

Con objeto de identificar los segmentos sociales, con sus autoridades segmentarias correspondientes (los sujetos de las consultas y del proceso posterior de concertación), se clasificó a la población bajo criterios de etnia, cultura, grupos endogámicos y unidades de parentesco, que se relacionan por uso cultural, organización social y autoridades y dinámica sociodemográfica. Se diferenciaron las organizaciones funcionales (uniones políticas coyunturales), de los segmentos sociales, unidades de parentesco a partir de las cuales se teje la trama social, según el sistema propio de cada sociedad tradicional. Los segmentos tienden a transcender las localidades y pueden coexistir varios en una misma localidad. Además están diferenciados por circunstancias de género y generación. En los segmentos se producen los consensos y entre ellos los acuerdos. Los pueblos con control social centralizado, como los kuna, tienen alto nivel de cumplimiento de las concertaciones sin la necesidad de la inclusión de sus segmentos de parentesco. Pero éste no es el caso de los embera, afrodarienitas y campesinos.

Los sujetos elegidos para la realización de los 45 talleres, de un día de duración, obedecieron a los criterios de búsqueda de consenso, bien a partir de su estructura segmentaria/local organizativa, o a partir de elementos políticos circunstanciales que los agrupan en organizaciones funcionales; se aseguró además la inclusión de la voz de jóvenes, ancianos y mujeres. Se hizo un cubrimiento geográfico exhaustivo. Muchos de los compromisos se refirieron al cambio de los usos no sostenibles del suelo, gracias a la voluntad participativa debida a los consensos políticos o a los mecanismos de consenso familiar y control social consuetudinario.

Reflexión/confrontación.

Se expuso a los consultados la calificación de sostenibilidad del uso cultural del suelo de cada grupo en cuestión y el Plan de Ordenamiento Territorial, para que presentasen sus reflexiones e iniciativas de solución. Sus propuestas, llevadas como iniciativas de proyecto al equipo de diseño del Programa, habrían de ajustarse a los componentes acordados de manera estratégica para el mismo, bajo una perspectiva de negociación, participación y responsabilidad.

Complementariedad de factores.

El tema primordial de la consulta consistió en la sostenibilidad de la provincia de Darién a través de la ordenación del territorio. Se consideró la sostenibilidad en función de tres factores: el ambiental, el económico y el cultural, con énfasis en éste último. Se calificó la sostenibilidad de los usos culturales del suelo: kuna, afrodarienita (cuatro usos distintos),y dentro del grupo latino, los usos santeños (ganaderos), chiricanos (cultivadores de mercado) y veraguenses (cultivadores de subsistencia). Se identificaron:

• Usos no sostenibles ambientalmente (santeño y chiricano) y problemas de sostenibilidad en los otros (sobreexplotación forestal y degradación ictiológica de los ríos en la comarca embera-wounaan, disminución del camarón y de mariscos en el caso afrodarienita, falta de marco regulatorio y jurisdiccional para el ordenamiento territorial interno de los territorios indígenas, problemas de carencia de agua potable y saneamiento adecuados en todos los asentamientos...)

• Problemas de sostenibilidad cultural por la desprotección de territorios indígenas y afrodarienitas ante el avance de la colonización.

• Problemas de sostenibilidad económica (aumento de la frontera agrícola secundario a las concesiones madereras, emigración afrodarienita por crisis económica...)

Los consultados presentaron propuestas sostenibles tales como planes de manejo intrapredial, vedas a la pesca y a la recolección de mariscos, la adecuación del ordenamiento territorial a los usos culturales sostenibles, etc.

Estudios de línea de base sociocultural.

Se realizaron estudios de:

• Identificación de usos culturales

• Uso del dinero, evaluándose la articulación de las economías de subsistencia con el mercado, la existencia de mecanismos de reciprocidad y redistribución, productos nicho para el mercado, seguridad alimentaria y sostenibilidad de la trama social. Se trataba de promover proyectos que fortalezcan las particularidades socioculturales en una concepción de desarrollo con identidad.

• Tenencia de la tierra. Se presentó propuesta de catastro y titulación.

• Dinámica sociodemográfica.

• Etnoingeniería. Adecuación de los diseños de infraestructura de servicios a las características ambientales de la región y culturales de la población.

ANÁLISIS DE LA CONSULTA COMUNITARIA

Motivación.

Cada grupo tiene sus propias motivaciones y demandas, siendo común a casi todos ellos la titulación de sus tierras y el ordenamiento territorial participativo, y en el caso de los embera-wounaan de zonas comarcales y de los kunas, la autonomía político-administrativa en un marco de desarrollo sostenible con identidad.

Participación.

Dos etapas de participación: la consulta y la concertación. La segunda incluye mesas de concertación de conflictos y Comités Locales de Participación e implica también concertación con las instituciones y el sector privado. Se prevé que la participación se extienda a la ejecución, evaluación y seguimiento de los proyectos. Se han ampliado las capacidades de la gente en cuanto a la reflexión sobre sus circunstancias y expectativas, en un marco de sostenibilidad ambiental, sociocultural y económica; y en cuanto a la comprensión de la necesidad de organizarse comunal o funcionalmente para el cumplimiento de responsabilidades comunitarias.

Eficiencia.

La interiorización de los proyectos por parte de los actores sociales, su implementación voluntaria y el control comunal sobre su cumplimiento será la medida de eficiencia de los mismos.

Impacto.

El objetivo positivo alcanzado en el estado actual del Programa es el consenso de la voluntad de participación, bajo la perspectiva de sostenibilidad.

Equidad.

La equidad en los beneficios del programa depende de los componentes del mismo que se concierten entre el gobierno y el Banco en los POA. Las medidas a favor de los grupos más excluidos (regularización de territorios indígenas y afrodarienitas) será el indicador de equidad del Programa.

RESULTADOS DE LA CONSULTA

Se elaboraron propuestas en los talleres bajo la concepción de contraprestaciones entre demandas de la gente y ofertas. Demandas como titulaciones de tierras, proyectos tecnológicos integrales de alternativas productivas sostenibles, servicios públicos adecuados... Ofertas como moratoria en las actividades de tala, disposición de la población para ajustarse a planes de manejo intraprediales, etc. Dos estrategias generales que surgen de la consulta:

Estrategia de regulación de la tenencia de la tierra

Afrodarienita. Demarcación de sus territorios y creación de una figura de derecho colectivo de la tierra, con reconocimiento de posesiones al interior de los territorios colectivos. Planes de manejo acordes con el ordenamiento territorial regional que se adopte.

Indígena. Demarcación concertada de territorios, apoyo a la concertación intraétnica de las respectivas cartas orgánicas y reconocimiento de las mismas...

Latina. Plan de titulación de sus territorios y concertación de planes de manejo intraprediales sostenibles.

Estrategia de manejo territorial participativo

Estrategia para seis áreas: de protección ambiental, de manejo forestal, ganaderas, de producción agrícola, de pesca y urbana.

Areas de protección ambiental. La propuesta indígena pide apoyo financiero para mapeo y reglamentación de usos culturales, consultoría de validación de sostenibilidad de los mismos, sistema de transferencia presupuestales a las autoridades indígenas para control y seguimiento de las áreas de protección. La propuesta afrodarienita y latina pide financiación para la concertación de los planes de manejos intraprediales y para el control y vigilancia participativa de los mismos.

Areas de manejo forestal. La propuesta comunitaria consensuada consistió en la moratoria de la gran tala de Darien, con permisos especiales para concesiones de pequeños madereros, apoyo a una pequeña empresa forestal indígena de bajo impacto, transformación secundaria local de la madera...

Areas ganaderas. Apoyo financiero para la reducción de pastos,(titulación de tierras condicionada a ello y a la moratoria de quemas de sabanas), que incluya mejora de las semillas, mejoramiento de razas de ganado, reforestación por siembra de especies maderables y subvención de áreas de recuperación de bosque biodiverso.

Areas de producción agrícola. El Programa se ocupa solo de apoyar las áreas de labranza mínima. Regulación del uso sostenible de los terrenos de rastrojos ( frecuencia de rotación y área máxima de siembra por periodo), con incentivos a la diversificación y la comercialización.

Areas de pesca. Santuario para la pesca artesanal (protección de la reproducción del camarón blanco), veda industrial de pesca del camarón blanco más amplia, vedas de mariscos y de peces fluviales con repoblamiento de estos últimos. Apoyos financieros para implementar estas propuestas y para las microempresas de pesca artesanal.

Areas urbanas. Planes de ordenamiento urbano, titulación de los predios urbanos y catastros, manejo del agua potable y sistemas de saneamientos.

LECCIONES

Reconocimiento previo.

La identificación de los sujetos sociales fue aceptable en el caso indígena, relativamente adecuada para los latinos y deficiente para los afrodarienitas. Buena asistencia a los talleres.

Secuenciamiento.

La consulta comunitaria debería alimentar y orientar las actividades de las consultorías de estudios, pero ello no se produjo según lo deseado, aplazándose decisiones importantes y actividades para los POA. Las contradicciones, en el caso de la política forestal, han llevado a la indefinición de este tema en el programa. Como correctivo se diseñó un mecanismo de concertación a través de un Comité Local Consultivo (CLC) con representantes de base de las comunidades, que avala las iniciativas financiables para los POA; y un Comité Ejecutivo del Programa ( CEP) con representantes elegidos de las comunidades que han de aprobar los POA.

Cultura de la participación.

Falta una cultura institucional de la participación y están pendientes la concertaciones con el gobierno y el Programa sobre la regularización de la tenencia de la tierra, la protección a la pesca artesanal, la definición de la política forestal, el apoyo a la reglamentación cultural del uso de la tierra de las comarcas indígenas...

Esquema institucional de participación.

El CLC, alimentado por diferentes comités locales de distrito, prioriza proyectos y los presenta al CEP que es el que ha de aprobar los POA.

Manejo de conflictos.

Mesas de concertación para resolverlos con apoyo legal independiente de las partes.

Género.

El tema de género no se trató adecuadamente, por lo que se recomienda la inclusión en el equipo de consulta de un especialista.

Memoria institucional de programa.

Un programa de largo plazo requiere que los funcionarios y consultores que se incorporen al mismo, reciban talleres de capacitación sobre participación comunitaria y diagnósticos socioculturales.

Canales de información.

Las comunidades se quejan de deficiencias en la información en cuanto a retrasos y procedimientos y agenda de consulta y concertación para los POA. Se prevé citar periódicamente a las organizaciones de base para difundir la información, así como a través de CLC y los comités locales.

Recursos.

El proceso de consulta comunitaria es barato.

6. CONCLUSIONES

La inclusión de los pueblos indígenas como actores en el diseño, ejecución y evaluación de programas de desarrollo es una materia nueva en las políticas de desarrollo implementadas por el BID. Se puede datar en la década de los 90 en un contexto internacional de mayor reconocimiento de los derechos de pueblos indígenas y de democratización de los países de la región. Se trata, por tanto, de un tema que está en proceso de mejoramiento y revisión metodológica.

En base a esto, podemos señalar una serie de intenciones del BID:

• Participación de pueblos indígenas a lo largo de todo el proceso del Proyecto.

• La consulta va más allá del simple hecho de informar a la comunidad de los planes del proyecto; también debe significar un diálogo entre los actores (la comunidad, los planificadores prestatarios y personal del organismo de crédito) donde todas las ideas ayudarán a formar el proyecto. Con esto la comunidad ya no es un simple objeto sino también un sujeto activo en el proceso del desarrollo.

• Conservar y fortalecer el patrimonio cultural y natural de los pueblos indígenas como un elemento clave en sus propias estrategias de desarrollo con identidad.

• El BID está poniendo mucho énfasis el facilitar el acceso a la información y a la formación de los propios beneficiarios en sus Proyectos o Programas, con el objetivo de aumentar las posibilidades de éxito.

• El BID considera como elemento primordial para iniciar sus programas o políticas de desarrollo, la titulación de las tierras de los pueblos indígenas y la regulación de usos tradicionales ambientalmente sostenibles.

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