ANTIGUO RÉGIMEN (SIGLOS XVI, XVII Y XVIII)

• Bossuet: escritor francés del siglo XVII que defiende el absolutismo (religioso).

• Hobbes: inglés del siglo XVII. Según él los hombres pueden vivir organizados, todos son libres e iguales por medio de un pacto social y sociedades políticas.

LIBERALISMO

Es la ideología de la clase burguesa que se beneficia de la Revolución Francesa (1789). Sus raíces se encuentran en los conceptos de Soberanía Nacional (Rosseau), los Derechos Naturales del Hombre (Locke) y la División de Poderes (Montesquieu). Las Revoluciones americana y francesa los han aplicado a la práctica política y los han recogido expresamente en sus constituciones.

Podemos considerar al liberalismo como una filosofía global que trata de dar respuesta a los problemas esenciales de la vida humana. Así, el liberalismo es una filosofía política cuyo objetivo es lograr una mayor libertad entre los individuos; una filosofía social en la que prima el individualismo; una filosofía de la historia en la que ésta se hace por la fuerza individual.

Sus grandes aspiraciones estuvieron encaminadas a la consecución de la libre expresión, de la libertad individual y a la limitación del poder del poder de los reyes partiendo de la Soberanía Nacional.

Triunfa en Europa Occidental, E.E.U.U. y las repúblicas latino- americanas.

Sus principales características son:

• Defensa de los derechos naturales del hombre: libertad individual, libertad religiosa, libertad de expresión y disfrute de la propiedad.

• La Soberanía reside en la nación a la que corresponde por medio de sus representantes redactar una Constitución. En ella deben reconocerse los derechos individuales, la separación de poderes y las instituciones del Estado.

• Participación de los ciudadanos en la vida política eligiendo a sus representantes, bien, por sufragio censitario o por sufragio universal.

• División de poderes:

• Ejecutivo: Gobierno.

• Legislativo: Cortes.

• Judicial: jueces.

• El Estado no debe intervenir en los asuntos privados.

• En el siglo XIX los principales escritores liberales son: Benjamín Constant y Alexis de Touqueville.

EL SIGLO XVIII

Después de dos estériles bodas e incapaz de engendrar un heredero, el último monarca de la dinastía de los Habsburgo, Carlos II dejaba en su testamento como heredero de la Corona española a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia: con él la casa de Borbón llegaba al trono de España.

Muerto Carlos, el 1 de noviembre de 1700, Felipe V entra en Madrid en 1701, donde es proclamado rey. El peligro de unión de las dos Coronas, española y francesa, llevó al resto de potencias a crear ese mismo año la Gran Alianza de la Haya. Inglaterra y el Imperio Austríaco declararon la guerra a Francia y a la Monarquía española de Felipe V. Un año después, la Gran Alianza decidía apoyar al archiduque Carlos de Austria, pretendiente a la Corona española, quien en 1703 fue nombrado en Viena, Rey de España. También se incorpora a la Gran Alianza: Portugal y Saboya.

Este conflicto internacional terminó convirtiéndose en una contienda civil dentro de España entre los partidarios de Felipe V y los del archiduque Carlos. De 1704 a 1707, la guerra fue favorable, en términos generales, a los aliados.

Carlos de Austria había desembarcado en Barcelona, la había convertido de hecho en su capital y Gibraltar había sido tomada por los ingleses (1704). Sin embargo, a partir de 1707, después de la decisiva batalla de Almansa, la guerra se decantó ya a favor de Felipe V. En los años siguientes, se adueñó de Aragón y Valencia y anuló sus fueros, lo que llevó a los catalanes a apoyar a la causa de Carlos de Austria. En las batallas de Brihuega y Villaviciosa, en 1710, se acabó de confirmar la victoria borbónica.

Mientras tanto, la muerte del emperador Leopoldo y la subida al trono austríaco del Archiduque Carlos, hicieron variar a los aliados de opinión. En la nueva situación, el peligro de hegemonismo europeo ya no estaba tanto en Francia, como en el Imperio Austríaco, si Carlos de Austria lograba reunir las dos coronas.

La contienda en el interior de España continuó enfrentando entre sí a hombres de todas las condiciones sociales en los diversos reinos. Castilla era mayoritariamente partidaria de Felipe de Anjou, pues guardaba un mal recuerdo del último rey de la casa de Austria. Desde el último cuarto del siglo XVII, se había experimentado una mejora económica considerable, y el respeto a los fueros había sido notable bajo el reinado del último Austria. Cataluña fue fiel al Archiduque hasta el último momento, tanto por los motivos anteriormente señalados como por el miedo al centralismo francés. Ocupadas Aragón y Cataluña, sólo Barcelona resistió hasta 1714 defendida por las clases populares. Como antes Aragón y Valencia (1707), Cataluña perdió sus instituciones de gobierno y sus libertades políticas.

El Tratado de Utrech (1713) y posteriormente en los acuerdos de Rastatt (1714), confirman a Felipe V en su trono. En ellos se establecía el nuevo mapa político europeo. España resultó perdedora y las dos grandes beneficiarias iban a ser Inglaterra y el Imperio Austríaco. La primera consiguió Terranova, Gibraltar y Menorca, la exclusividad del comercio de negros en las Indias españolas y la autorización de efectuar un envió anual a América (navío de permiso). El Imperio Austríaco se quedaba con el Mílanesado, Flandes, Nápoles y Cerdeña (más tarde intercambiada por Sicilia que fue a parar al duque de Saboya). A los Borbones franceses se les autorizaba a ceñir la Corona española, pero con la prohibición de unir ambos reinos.

La Guerra de Sucesión Española había enfrentado dos formas de entender el funcionamiento de la Monarquía y su papel exterior. Frente al supuesto respeto a los fueros que representaba el Archiduque Carlos de Austria, iba a triunfar el absolutismo centralista y uniformista, que los Borbones ya habían ensayado en Francia.

Tras la Guerra de Sucesión (1700-1746) que finaliza con la Paz de Utrecht (1713) y los acuerdos de Rastatt (1714), España iba a perder parte de sus territorios extrapeninsulares, tal como hemos mencionado anteriormente. A partir de entonces fue constante el intento del gobierno español de recuperar los territorios mediterráneos perdidos. En este sentido y tras intervenir en varias guerras europeas, Felipe V logró instalar a dos de sus hijos en territorios italianos: el príncipe Carlos, futuro rey Carlos III de España, hijo de su segunda mujer, Isabel de Farnesio, fue coronado rey de Nápoles-Sicilia (1734); mientras que su hermano Felipe fue nombrado Duque de Parma. Toda la política mediterránea de Felipe V, gravitaba sobre los intereses de Isabel de Farnesio, que quería ver a sus hijos en posesión de las tierras italianas.

Con el fin de contrarrestar la superioridad de la flota inglesa y el peligro que ésta suponía para las colonias americanas, se firmaron los dos primeros Pactos de Familia con los Borbones franceses. Por el primero (1733) España intervino contra Austria en la Guerra de Sucesión de Polonia. El segundo Pacto o Tratado de Fontainebleau (1743) la hizo enfrentarse con Inglaterra en la Guerra de Sucesión austríaca.

Los fracasos de los dos primeros Pactos de Familia, propiciaron una política de neutralidad en los tiempos de Fernando VI. Una neutralidad pensada para poder efectuar con tranquilidad la necesaria recuperación interior. Política que se puso de manifiesto en la resistencia del Rey a pactar con Francia.

Carlos III, hermano de Fernando VI, heredó la corona de España al morir este sin descendencia. No pudo mantener la neutralidad del período anterior. La necesidad de parar el expansionismo inglés motivó la alianza con Francia mediante un tercer Pacto de Familia (1761). Nuevamente se saldó con un desastre tras la intervención en la guerra de los Siete Años. Por la Paz de París (1763), España recibe la Lusitania (francesa), perdiendo Sacramento y la Florida.

En 1776 comenzaba la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, España, junto con Francia y Francia apoyaron a los sublevados en contra de los ingleses. Por el Tratado de Versalles (1783) Inglaterra reconocía la independencia de los Estados Unidos, a la vez que España recuperaba Menorca (reconquistada en 1781), y la península de Florida. Con los países del ribereños del norte de África, Marruecos, Argelia y Túnez, se firmaron diversos pactos negociaciones.

Cuando parecía que el tercer pacto de Familia empezaba a funcionar, los acontecimientos revolucionarios de Francia (Revolución francesa de 1789) pusieron en difícil situación a la política exterior durante el reinado de Carlos IV y en relación con este país. En un primer momento, España formó parte de la gran alianza contrarrevolucionaria formada por las potencias europeas contra la Revolución. La ejecución de Luis XVI, borbón como el rey español, motivó la guerra de España contra la Convención (“Guerra contra la Convención” 1792-1795), que terminó tras la Paz de Basilea (1795), y por la que España cedía a los franceses la mitad de la isla de Santo Domingo.

A partir de 1796 España volvió a aliarse con Francia (Tratado de San Ildefonso). Ese mismo año, en el mes de octubre, la flota española se enfrentaba contra la iglesia frente al cabo de San Vicente, siendo derrotada. En 1801, España presionada por Francia, declara la guerra contra Portugal (Guerra de las Naranjas) ante la negativa portuguesa de cerrar sus puertos al comercio británico. España obtiene la plaza de Olivenza. En 1805 la escuadra franco - española es derrotada frente al cabo de Trafalgar, supone el fin del poderío naval español. Estas pérdidas y acontecimientos bélicos tendrán su cenit con la guerra de la independencia contra la ocupación francesa en 1808.

La política interior de los Borbones fue también diferente a la de sus antecesores. La Monarquía había tocado fondo y ahora se trataba de llenarla nuevamente de vigor para que pudiera contar en el concierto político mundial. A una política de relativa neutralidad exterior, correspondía en el interior una política de reformas. Se trataba de diagnosticar las causas del fracaso y de proyectar soluciones. La crítica, a través de la razón, se convierte en una forma esencial de patriotismo, este es el papel que juegan los ilustrados españoles.

Los partidarios de la Ilustrada en España consideraron que los objetivos políticos, económicos y sociales de la Ilustración eran la base adecuada para sacar a España de su decadencia. El gran tema que pone a debate la Ilustración española será la decadencia de España y sus soluciones dentro del marco ideológico de la Ilustración y de la apertura a las soluciones que estaban ensayando en el resto de Europa.

Los ilustrados españoles formaban una exigua minoría (1%) que conocía las ideas de la Ilustración y las aceptaba. Sin embargo, esta minoría llegó a adquirir importancia en la vida del país y protagonizó un intento de renovar la vida española en todos sus aspectos. Los miembros de esta minoría pertenecían sobre todo a la pequeña nobleza (hidalgos) o a la burguesía y centraban sus actividades preferentemente en las profesiones liberales (médicos, abogados, escritores), los cargos de la Administración del Estado o en las actividades industriales y comerciales.

De esta importante “minoría ilustrada” destacan algunas figuras que llenan con su obra el panorama cultural de la España del siglo XVIII. Valgan como ejemplo algunos nombres: Fr. Benito Jerónimo Feijoo (1676-1764) y el P. Enrique Flórez (1702-1773), Pedro Rodríguez de Campomanes (1723-1803), el conde de Floridablanca (1728-1808), el conde de Aranda (1719-1798) y Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811).

El pensamiento de los ilustrados españoles se centra en una preocupación básica: la decadencia de España tiene una raíz económica. Sólo dando un nuevo a la actividad económica se podrá dar nueva vitalidad al país. De ahí que algunos de los puntos básicos de su pensamiento fueran:

• La necesidad de desarrollar en España el cultivo de las ciencias útiles (matemáticas, física moderna, química, etc.), consideradas como la base de una renovación técnica en la que apoyar el resurgimiento económico. Por tanto, es preciso renovar totalmente el sistema educativo del país, desde la enseñanza primaria y profesional hasta los estudios universitarios, para adecuarla a las nuevas necesidades técnicas.

• El análisis crítico de la estructura económica y social del país para buscar ahí una de las raíces de la decadencia.

• En muchos ilustrados se manifestó un interés evidente por las nuevas teorías políticas que se abrían camino en Europa.

• Aunque los ilustrados españoles se detienen siempre ante aquellas ideas filosóficas de la Ilustración que pudieran ser tachadas de heterodoxas; con ello trataban de evitar un choque frontal con la Inquisición. Al contrario, en todas sus manifestaciones públicas los ilustrados españoles hacen gala de aceptar sólo ideas compatibles con el cristianismo. Sin embargo se supone que, en el terreno privado, más de uno rechazaba las ideas centrales del pensamiento cristiano.

Los ilustrados españoles se comunicaban mediante una serie de publicaciones periódicas y mediante el intercambio de libros publicados fuera de España, intentaron penetrar en la Universidad y modificar su funcionamiento y sus planes de estudios, actuaban agrupados en instituciones como las “Sociedades Económicas de Amigos del País”, accedieron al poder en tiempos de Carlos III, cuyos ministros y auxiliares principales formaban parte del grupo ilustrado (Campomanes, Floridablanca y Aranda).

El primer rey de la dinastía de los Borbones es Felipe V, quien, en un intento de solucionar los problemas políticos de la nación, trata de aplicar las fórmulas francesas puestas en marcha por su abuelo Luis XIV: la unificación y la centralización del poder político.

• El Consejo de Castilla: Los Consejos reales iban perdiendo poder, algunos llegaron a desaparecer. Sólo uno de los Consejos, el de Castilla, continuó siendo una pieza esencial en el gobierno del país. Sus funciones eran consultivas sobre temas en los que se había de informar o dictaminar: economía, educación, policía... Elaboraba proyectos de ley que luego habrían de convertirse en leyes.

• Los ministros: entre las medidas más importantes de modificación de la administración central estuvo la tendencia a sustituir los Consejos por los ministros. Llamados también “secretarios de despacho” se ocupaban de aspectos especializados del gobierno su número se fijó en: Hacienda, Guerra, Marina, justicia, Indias y Estado (Asuntos Exteriores).

• Las Cortes: perdieron todo su poder político. Suprimidas las de la Corona de Aragón, quedaron sólo las de Castilla. Unificadas para toda la corona y formadas por dos representantes de las 36 primeras ciudades, sólo se reunieron 3 veces en todo el siglo.

• Cancillerías: se mantienen las existentes (Granada y Valladolid) y se crean nuevas para Aragón y Valencia. Con Carlos III se creó la Junta Suprema del Estado, antecedente del Consejo de Ministros.

• Las provincias: los límites no coincidían con los de las actuales.

• El Capitán General: era la máxima autoridad de cada provincia, planificaba la defensa y administraba los recursos en las provincias más importantes.

• La Audiencia: era el alto tribunal de justicia de la provincia y auxiliaba al capitán general en el gobierno de la misma.

• El Intendente: fue un cargo creado en 1718, sus funciones eran de tipo económico (administración económica del ejército y de la provincia).

• Cargos de la administración municipal: las reformas que se hacen en el poder son controlados por los corregidores, que representan los intereses del rey. Se crean las figuras del Diputado del Común y del Síndico Personero, designados por elección popular para defender los intereses de los ciudadanos.

3.3. El reformismo económico.

Al comienzo del siglo XVIII la situación económica de España era lamentable. Por eso, reyes y ministros procuraron elevar las fuentes de riqueza y la cultura, potenciando la enseñanza de las técnicas agrícolas e industriales. Contribuyeron a ello personalidades como Campomanes o Jovellanos, entre otros, pero también el nacimiento de unas nuevas asociaciones, las Sociedades Económicas de Amigos del País, encargadas de difundir por todas partes las ideas renovadoras de los ilustrados, así como los nuevos conocimientos y técnicas.

La agricultura fue considerada como la principal fuente de riqueza del país; por eso, los ministros reformistas le dedicaron una atención preferente, sobre todo en el reinado de Carlos III. Entre muchas medidas adoptadas merecen destacarse la libertad de comercio de cereales (1765), el recorte de los privilegios de la Mesta, o la distribución, a partir de 1767, de tierras de propios a los labradores renteros que poseyeran yuntas, en in intento de potenciar al campesinado medio.

Este mismo sentido tiene la instalación de las nuevas poblaciones de Sierra Morena a partir de 1768. Se trataba de poblar los espacios deshabitados existentes entre la Sierra y la Baja Andalucía, que serían ocupados por colonos extranjeros: alemanes, suizos, saboyanos y flamencos. Al final se convirtió en una colonización mixta de españoles y extranjeros. Que alcanzó el éxito gracias a la extracción de plomo.

También se dieron soluciones teóricas a los problemas agrarios, comenzando a minar así las bases ideológicas de las clases privilegiadas. Eso significa el Tratado de la Regalía de Amortización de Campomanes, en el que afirmaba que el gobierno debía dar tierras y créditos a los campesinos no propietarios; o el Informa sobre la Ley Agraria de Jovellanos en el que se planteaba la necesidad de desvincular las tierras de “manos muertas” (la tierra pertenece a quien no las utiliza directamente) en el poder de la nobleza, el clero y los ayuntamientos.

LA industria también participó de la recuperación general de la centuria, siendo protegida oficialmente. Y ya desde Felipe V, se establecieron numerosas Reales Fábricas: de tejidos en Segovia, Guadalajara o Erihuega; de seda en Talavera; de cristales en la Granja; y de tapices en Madrid. Con posterioridad, Fernando VI y Carlos III potenciarían estas industrias estatales, creando otras nuevas como la de algodones en Ávila, y la de porcelana del Retiro.

El comercio interior ganó mucho con la supresión, en 1714, de las aduanas que dificultaban la circulación de los productos entre Castilla y Aragón. Especialmente beneficiado resultó el comercio catalán que, a partir de 1740, y una vez superada la competencia de aragoneses y castellanos, sentó las bases de su posterior desarrollo. Igual progresión se apreció en el comercio colonial. En 1765 se autorizó el comercio americano a otros puertos distintos al de Cádiz, primer paso hacia la total liberalización instaurada en el Decreto de Libre Comercio de 1778. Otras medidas impulsoras de la actividad comercial fueron la creación de compañías mercantes (como la Real Compañía Guipuzcuana de Caracas, o la de la Habana); la creación del Banco de San Carlos, que contribuyó a regular la política económica, y el impulso dado a las obras públicas con la construcción de caminos, canales y puertos, bajo los reinados de Fernando VI y Carlos III.

Los ilustrados españoles vincularon la riqueza de las naciones a la población, a su buen abastecimiento, a la promoción de los matrimonios y al premio de las familias numerosas.

Lo cierto es que la población española creció durante el siglo de forma considerable. Sin embargo, no hubo una revolución demográfica. El aumento se explicaría por la reducción de la mortalidad catastrófica consecuencia de la desaparición de la peste, por el incremento de la producción de trigo y la importación de grano, y por la expansión de algunos cultivos como la patata y el maíz. La unión de estos factores acrecentaría las rentas agrarias, permitiendo un crecimiento anual de la población de un 0´5%.

Por primera vez en nuestra historia, la periferia pasó a estar más poblada que el centro peninsular. En aquella se sitúan los principales núcleos de concentración (el País Vasco litoral, la costa cántabro-astur, las rías gallegas, el bajo Guadalquivir, la costa malagueña, la huerta valenciana y la comarca de Barcelona). Frente a estas áreas, el interior se caracteriza por una baja densidad de población, definiéndose la concentración humana en torno a Madrid, Valladolid, Burgos, Badajoz, Mérida, Zaragoza y Pamplona.

Pero las cifras no pueden hacernos olvidar la crudeza de la vida cotidiana para la mayoría de la población. La esperanza media de vida al nacer era, en la segunda mitad del siglo, de unos 27 años, y las tasa de mortalidad siguieron siendo muy elevadas a lo largo del mismo; las crisis subsistencias, y el hambre consiguiente, continuaron siendo amenazas latentes, y sólo se vieron atenuadas en la periferia peninsular gracias ala importaciones de trigo; y las oscilaciones de los precios seguían empujando a la desesperación a muchos jornaleros, y a la ruina a muchos “pelentrines”, labradores que poseían animales de trabajo y aperos de labranza.

La sociedad del siglo XVIII siguió siendo Estamental. Los nobles todavía conservan sus privilegios respecto a tributación y jurisdicción penal, continúan las peticiones de hidalguía, y se crean nuevas órdenes como la de “Carlos III” y la de “Damas Nobles de María Luisa”. Aumentó también el número de señoríos, a pesar de que los ilustrados fueron contrarios a los mayorazgos (los nobles no podían vender sus tierras sino que debían dejarlas como herencia a su hijo mayor) y a los bienes de manos muertas.

El clero constituía un dos o tres por ciento de la población total y el estamento eclesiástico siguió siendo una vía de ascenso social para los no privilegiados. N o escapó, sin embargo, de las críticas del pensamiento ilustrado, dirigidas contra la inútil opulencia del alto clero y el importante número del clero regular; se consideraba que sustraían brazos útiles al Estado, contribuyentes al erario, matrimonios a la población, y tierra a las actividades productivas.

En el estamento popular se fue formando una clase media, cada día más numerosa, constituida por abogados, comerciantes, propietarios de tierras y hombres de carrera. Aunque el trabajo seguía considerándose, como en pleno Antiguo Régimen, incompatible con la nobleza, Carlos III promulgó una pragmática, 1789, declarando los oficios honorados y dignos de los nobles.

Por otra parte, no está claro que los artesanos y los obreros urbanos mejoraran su situación económica, aunque sí sabemos que los primeros consiguieron aumentar su preparación técnica gracias a la labor de las Sociedades de Amigos del País. Pero la mayoría de la población siguió siendo la rural, cuya vida apenas si experimentó grandes cambios.

La primera revolución de tipo liberal que intentó poner en práctica el nuevo modelo de organización socioeconómico y político para suplantar al Antiguo Régimen fue la Revolución Francesa de 1789. El ejemplo se extendió por toda Europa, incluida España, cuando Napoleón se hizo con el poder en Francia en 1799 y conquistó casi todo el continente, difundiendo las ideas revolucionarias y derrotando a los monarcas absolutistas. La invasión por las tropas napoleónicas de amplios territorios en Europa estimuló el sentimiento nacionalista de las poblaciones ocupadas, lo que favoreció la formación de una conciencia patriótica permeable alas ideas de la soberanía nacional. A pesar de que Napoleón fue finalmente vencido y su obra destruida, y aunque las potencias vencedoras intentaron restaurar la situación anterior a 1789, en los años siguientes se desencadenó una cadena de oleadas revolucionarias. De esta manera, hacia 1870 existía en casi toda Europa regímenes liberales (con la excepción de Austria, Rusia y Prusia).

Cuando Carlos IV subió al trono en 1788, poco podía imaginar los acontecimientos que se iban a desarrollar en los primeros años de su reinado. Inicialmente se dispuso a continuar con la política reformista impulsada por su padre, Carlos III, principal valedor del despotismo ilustrado en España.

Carlos IV, que heredaba de su padre Carlos III una situación de crisis financiera y política, con profundas consecuencias sociales; mantuvo en el cargo a algunos de los ministros que habían colaborado con su padre. En su reinado culmina la crisis del Antiguo Régimen.

En la Francia borbónica la situación era análoga. El reformismo ilustrado parecía haber llegado también a un callejón sin salida: la monarquía, la nobleza y el clero pensaron remediar la bancarrota con la obtención de impuestos extraordinarios que habrían de conceder los Estados Generales. Pero para el tercer estado, la convocatoria de esas Cortes significaba la posibilidad de hacer triunfar las reformas, de dar el primer paso para transformar el sistema político. Las diferentes ideas con que unos y otros acudían a la convocatoria de los Estados Generales en la primavera de 1789, unido a la serie de malas cosechas que habían elevado el precio del trigo hasta alcanzar el máximo del siglo, provocaron un estallido revolucionario de consecuencias imprevisibles.

La proximidad geográfica y dinástica con Francia sembró el temor al contagio en la Corte española. Alarmada por las noticias que llegaban del país vecino, el pánico y el desconcierto hicieron mella en el gobierno.

El conde de Floridablanca, que había sido primer ministro con Carlos III, dedicó sus esfuerzos a establecer un férreo control para evitar la entrada de cualquier tipo de propaganda o noticia procedente de Francia. Así, intervino la correspondencia, censuró los periódicos (más tarde llegó a ordenar su cierre), vigiló mercancías, libros, franceses residentes en España, etc. Para esta labor policial pidió incluso ayuda a la Inquisición, que se encargó, una vez más, de elaborar una lista de libros prohibidos.

Sin embargo, su intento de evitar la difusión de las ideas revolucionarias fracasó. Nada pudo impedir la llegada de noticias sobre los acontecimientos franceses, de modo que fue destituido en febrero de 1792.

Le sustituyó el conde de Aranda, que permaneció nueve meses en el cargo, hasta noviembre de 1792. Frente a los que clamaban por la declaración de guerra contra Francia, defendió una postura pacifista. Su actitud partía de un análisis realista de la situación y de los peligros que se podían correr: grave crisis económica, amenaza de una sublevación interna, la amenaza inglesa en las colonias americanas. Esta política pacifista le llevó finalmente a su destitución.

Mientras, en Francia, los continuos intentos de Luis XVI para frenar el proceso revolucionario y su insistencia en reclamar la ayuda exterior le convirtieron ante los revolucionarios en un traidor.

Manuel Godoy, nombrado presumiblemente por su relación con la reina María Luisa de Parma, dio un nuevo giró hacia una política más intervencionista. El radicalismo revolucionario ponía cada vez más nerviosa a la monarquía. Se fijó como primer objetivo salvar la vida de Luis XVI, que había sido acusado del delito de traición por intentar provocar la invasión del país revolucionario. Sin embargo, el rey francés fue guillotinado en enero de 1793 y se proclamó la república en el país vecino.

Estos acontecimientos desencadenaron una guerra generalizada de las potencias europeas contra Francia. Así, España, Austria, Rusia, Prusia, Reino Unido y Nápoles entraron en guerra con una Francia que imaginaban debilitada por la revolución. Efectivamente, el temor a la invasión exterior radicalizó la lucha entre las distintas tendencias políticas, que se enfrentaron duramente entre sí y no dudaron en recurrir al terror para eliminar a sus rivales. Sin embargo, de manera sorprendente, Francia no sólo no fue vencida, sino que pasó de sacudirse la invasión a contraatacar lanzando ofensivas fuera de su territorio.

Las tropas francesas lograron introducirse en la Península por la zona NE y NO, llegando a alcanzar el río Ebro. Ante el fracaso militar, tanto Prusia como España decidieron abandonar las hostilidades. Las negociaciones de paz llevaron a la firma del Tratado de Basilea (22 de julio de 1795), en la que Francia devolvía todas sus conquistas en territorio español a la Corona y, en compensación, recibía la parte francesa de la isla de Santo Domingo.

Ante el escaso éxito de la intervención militar contra la Francia revolucionaria, Godoy decidió poner en práctica una política pragmática y realista. La alianza tradicional mantenida a lo largo del siglo XVIII entre los Borbones de Francia y España (Pactos de Familia) se había visto trastocada por la conmoción revolucionaria. La alianza hispano - francesa, que había sido fundamental para contrarrestar la influencia del Reino Unido en América, había quedado rota y España se encontraba luchando en el bando de su máximo rival. Superados los prejuicios para entablar relaciones con un país que estaba consolidando su régimen revolucionario, Godoy inició conversaciones con las autoridades francesas, que dieron paso ala firma del primer Tratado de San Ildefonso (18 de agosto de 1796). Dicho tratado inaugura una nueva etapa de amistad entre ambos Estados. Por este acuerdo, España se comprometía a luchar junto a Francia contra Inglaterra. Apenas dos meses más tarde, España movilizaba sus tropas en una guerra que comenzaría con la derrota de la armada española en el cabo de San Vicente (14 de febrero de 1797) y la pérdida de la isla de Trinidad en el Caribe.

En Francia, el desenlace de la guerra era decisivo para mantener las conquistas revolucionarias. La influencia del ejército en la política interior se fue haciendo cada vez más acusada. A menudo los éxitos o reveses de la guerra eran aprovechados para derrocar o imponer gobiernos de distinto signo.

En estas circunstancias comenzó a destacar un joven oficial de artillería, muy popular tras el éxito de sus campañas: Napoleón Bonaparte. En 1799 se convirtió en cónsul de un Directorio formado por él y otros dos dirigentes. Pronto se desembarazó de sus colaboradores y se convirtió en cónsul vitalicio, para proclamarse en 1804 emperador. Napoleón personalizó y transformó la Revolución francesa. Por un lado, se mostró como un continuador de la obra revolucionaria, al mantener, e incluso perfeccionar, la legislación socioeconómica nacida del nuevo régimen. Pero, por otra parte, traicionó los principios de la soberanía nacional y la división de poderes, al concentrar personalmente todo el poder político.

Pero si en el continente las tropas napoleónicas eran imparables, en el mar Inglaterra se mostraba invencible. Las derrotas navales hispano - francesas de Finisterre y Trafalgar en 1805 tuvieron como consecuencia la destrucción de la mayor parte de la armada española. Con su flota diezmada, España no podía defender sus posesiones americanas, que se encontraban a merced de los barcos ingleses.

Godoy, el valido del rey, que se había titulado príncipe de la Paz, aparecía a los ojos de los campesinos como el principal responsable de la continuidad de la guerra. Esta situación, unida a las intrigas en la corte del príncipe Fernando, el heredero al trono, propiciaron una crisis de gobierno que puso fin al reinado de Carlos IV, marcado por la debilidad y la impotencia. Dentro de los círculos cortesanos se fue gestando una oposición al "favorito", al que los aristócratas consideraban un advenedizo, por su poder absoluto, por la confianza incondicional que tenía en él el monarca, así como por sus intenciones reformistas y por sus “escandalosas” relaciones con la pareja real. Esta corriente opositora, popular y aristocrática, iba a ser aprovechada para sus propósitos por el príncipe de Asturias, el futuro Fernando VII.

Tanto Godoy como el príncipe Fernando habían tratado de ganarse la amistad de Napoleón, que estaba entonces ocupado intentando asfixiar la economía inglesa. El emperador había decretado el establecimiento de un bloqueo comercial que interrumpiese los intercambios de Gran Bretaña con el continente. Para que el plan tuviera éxito era necesario contrarrestar el contrabando y la violación del bloqueo continental que se hacía desde las costas de Portugal y que permitían el aprovisionamiento de Inglaterra. Desde España, las tropas napoleónicas, invictas en Europa, podrían atacar Portugal por tierra y ocuparla fácilmente. Así fue cómo España, paso natural entre Francia y Portugal, entró en los planes del emperador. LA crisis vivida en el seno de la familia real le iba a facilitar el camino.

Por el Tratado de Fontainebleau (27 de octubre de 1807), suscrito entre Godoy y Napoleón, España consentía en permitir el paso de tropas francesas por territorio español para ocupar Portugal, cuyo territorio habría de ser dividido posteriormente en tres partes independientes, una de las cuales se reservaba al propio Godoy. A finales de ese mismo año, las primeras tropas francesas atravesaron la frontera cruzando el Bidasoa, con el anunciado pretexto de invadir Portugal y ocupar Lisboa (noviembre de 1807). Mientras, otros ejércitos permanecían acantonados en la vertiente francesa de los Pirineos. A comienzos de 1808 se introdujeron nuevas tropas por Cataluña y Navarra y ocuparon las primeras fortalezas en territorio español. Cuando Godoy comprendió las verdaderas intenciones de Napoleón, intentó trasladar la familia real a Sevilla para embarcar hacia América, al igual que había hecho la Corona portuguesa. Preparó la huida hacia el Sur, de manera que abandonaron la Corte y se dirigieron a Aranjuez, primera etapa del viaje.

El descontento popular por la presencia de tropas extranjeras en territorio español, hábilmente agitado por el príncipe Fernando, que contaba con el apoyo del partido cortesano, dio lugar al estallido del Motín de Aranjuez (17 de marzo de 1808). La residencia de la familia real en esta ciudad fue asaltada por un tumulto popular, Godoy fue arrestado y Carlos IV se vio obligado a abdicar a favor de su hijo. Una semana más tarde entraban las tropas francesas en Madrid (Sublevación del 2 de Mayo).

Tras los acontecimientos de Aranjuez, Fernando VII trató de buscar el reconocimiento de Napoleón. Aceptó entrevistarse con él en Burgos, pero Napoleón ya había decidido aprovecharse de las tensiones internas de la monarquía para hacer de España un Estado satélite. El encuentro en Burgos no se produjo; hubo después una nueva cita en Vitoria. A la que el emperador tampoco asistió. Finalmente, fue en Bayona donde Napoleón reunió a toda la familia real española y obligó a Carlos IV a abdicar a favor de Napoleón y a Fernando VII a devolver los derechos a la Corona a favor de su padre.

Después de conseguir la abdicación de los herederos legítimos de la Corona española, Napoleón impuso la sustitución dinástica entregando la Corona a su hermano José Bonaparte (José I) el 10 de mayo de 1808, que en ese momento era rey de Nápoles.

En mayo de 1808 la situación política y económica del país era caótica. Al vacío de poder originado por la ausencia del monarca, que junto a toda la familia real se encontraba en Bayona, se unía la presencia de las tropas francesas. La Junta de Gobierno que Fernando VII había dejado tras su marcha para que ejerciera sus funciones en su ausencia colaboradora con Murat, lugarteniente de Napoleón.

Es decir, se negó a sancionar los decretos del gobierno de José I, pero no hizo nada para impedir que se publicaran ni para colaborar en la residencia. El 2 de mayo tuvo lugar el primer levantamiento popular en Madrid. La represión fue llevada a cabo por las tropas francesas frente a la pasividad y colaboracionismo de la Junta de Gobierno.

Las noticias de las abdicaciones de Bayona y los hechos en Madrid fueron el detonante de un levantamiento más generalizado que se extiende a lo largo de todo el mes por Levante, Aragón, Cataluña, Galicia, Castilla la Vieja y Andalucía occidental.

La insurrección tuvo un carácter popular. Las autoridades establecidas aceptaron las órdenes que llegaban de Bayona y permanecieron impasibles (o colaboraron con las tropas francesas). La acción popular propagó el sentimiento de soberanía popular y de nacionalismo. Fue el pueblo, la nación en armas, quien protagonizó la tarea de expulsar a los franceses del país. La defensa fue asumida espontáneamente por las Juntas Ciudadanas elegidas popularmente. Las Juntas Ciudadanas enviaron representantes, que se reunían en Juntas Provinciales, integradas por miembros de las clases dominantes (clérigos, oficiales, propietarios). Más tarde, después de la victoria de Bailén, se crearía una Junta Suprema Central (5 de octubre de 1808), formada por los representantes de las Juntas Provinciales.

La invasión de las tropas napoleónicas dio lugar a una guerra peninsular en la que colaboraron españoles, portugueses e ingleses contra el enemigo común francés. La extensión del territorio facilitó la escasa concentración de fuerzas del ejército invasor, situación que fue aprovechada y prolongada por la guerrilla. A pesar de todo, la coordinación no siempre fue efectiva. Hasta la campaña de la primavera de 1813 no quedaron integrados los ejércitos aliados bajo el mando único de Sir Arthur Wellesley, duque de Wellington, nombrado generalísimo de las fuerzas angloespañolas. Además, la superioridad naval inglesa y española posibilitó el abastecimiento de suministros, el contacto y auxilio entre las ciudades costeras asediadas y el desembarco y retirada de tropas. Precisamente los objetivos franceses consistían en interrumpir esta ayuda ocupando Lisboa, Cádiz, Valencia y Barcelona.

La guerra tuvo tres fases bien diferenciales. La primera (de junio a noviembre de 1808) corresponde a la insurrección y el inesperado éxito inicial de la resistencia española tras vencer en Bailén, que forzó el repliegue de las tropas francesas. La segunda (noviembre de 1808 a junio de 1812) se inicia con la campaña victoriosa de Napoleón, que extiende el dominio francés a las principales ciudades y vías de comunicación. La resistencia se organiza en las zonas rurales y en la sierra: es la guerra de guerrillas. La tercera (julio de 1812 a diciembre de 1813) marca el final de la guerra con la ofensiva aliada, que culmina con la expulsión de los ejércitos franceses de la Península.

Características:

• es una guerra de liberación;

• es una guerra internacional;

• es una guerra de guerrillas;

• es una guerra de sitios.

• La primera fase: sorprendente éxito inicial.

A finales de mayo se habían establecido en España tres zonas de ocupación francesa:

- La Submeseta Norte, ocupada por el IV Cuerpo del ejército, dirigido por Bessiéres, que aseguraba el enlace con Francia con guarniciones escalonadas en Lerma, Burgos y Miranda de Ebro, y hacia nordeste, Vitoria, San Sebastián y Pamplona.

- La zona central de la cuenca del Tajo, con dos cuerpos del ejército conducidos por Dupont y Moncey, con destacamentos situados en El Escorial, Madrid, Aranjuez y Toledo.

- Cataluña oriental, donde el III Cuerpo del ejército había ocupado Figueras (Gerona) y Barcelona.

A comienzos del verano los ejércitos franceses iniciaron una serie de ofensivas desde estas posiciones:

• Desde Barcelona se inicia un triple ataque: contra Gerona, para asegurar así la comunicación de Barcelona con Figueras y Francia; contra Tarragona, para poder proseguir de esta forma por la costa mediterránea hacia Valencia y hacia el interior, alcanzar Aragón y realizar el tercer ataque, ahora contra Zaragoza. Sin embargo, fracasan en su intento de ocupar Gerona y Tarragona y son detenidos en el paso del Bruch al pie de Montserrat (Barcelona), con lo que se les impide el acceso hacia Aragón.

• El ejército de la Submeseta Norte se desplaza hacia la costa cantábrica y ataca Santander con éxito. Otro grupo se dirige al valle del Duero y derrota al ejército de Galicia mandado por Blake y Cuesta (14 de julio de 1808) en Medina de Rioseco (Valladolid). Un tercer contingente avanza por el Ebro y asedia Zaragoza.

• El ejército del Centro se despliega en dos direcciones. Moncey se dirige hacia Valencia a través de Cuenca, pero fracasa y regresa a Madrid. El ejército del general Dupont se encamina hacia el Sur para auxiliar a la escuadra francesa que fondeaba en el puerto de Cádiz. Cuando se encontraba en camino tuvo noticia de que los barcos franceses habían sido apresados por la flota española. En Bailén, la localidad que abría paso hacia Andalucía a través del Guadalquivir, un improvisado ejército armado por la Junta de Sevilla y dirigido por el general Castaños le salió al paso. Mientras Castaños aguantaba la posición, otros grupos rodearon a las tropas francesas, que acabaron rindiéndose (19 de julio). La derrota de Bailén tuvo gran resonancia internacional, ya que era la primera vez que un ejército de Napoleón era derrotado en tierra firme. La noticia de este contratiempo sorprendió al propio Napoleón en un momento en que, salvo Reino Unido, Rusia y la península Ibérica, dominaba toda Europa. Bailén aplazó temporalmente la ocupación de Andalucía y las tropas francesas se replegaron hasta la orilla norte del Ebro. El monarca José I, que acababa de llegar a Madrid, tuvo que retroceder y trasladarse a Vitoria, momento que fue aprovechado por la resistencia española para organizarse.

6.2. La segunda fase: reacción francesa y guerra de guerrillas.

La segunda fase vino marcada por la reacción francesa. El envío de nuevas tropas de refuerzo dirigidas personalmente por Napoleón dio paso a la ocupación de las principales ciudades y el control de los caminos. La resistencia se mantuvo en las zonas rurales, sobre todo en las montañosas, en las cuales operaban diversos grupos aislados mediante la táctica de guerrillas.

Napoleón llegó a la Península y estableció su cuartel general en Vitoria, donde reunió su hermano José I. El emperador vino acompañado de los mariscales Soult y Víctor.

Las tropas del mariscal Víctor obtuvieron la victoria sobre el ejército de Blake (9 de noviembre de 1808) en Espinosa de los Monteros (Burgos). Poco después, el 23 de noviembre, el paso hacia Aragón y Cataluña quedaba libre con la caída de los ejércitos españoles en Tudela. En general Moncey siguió el Ebro hasta Zaragoza, donde estableció un nuevo cerco alrededor de la ciudad (19 de diciembre de 1808), que logró resistir casi tres meses bajo el mando de Palafox (hasta el 20 de febrero de 1809). El resto del ejército español, replegado hacia el Sur, sufrió una estrepitosa derrota (13 de enero de 1809) en Uclés (Cuenca).

Napoleón prosiguió su marcha hacia el interior, con una nueva derrota para los patriotas en el puerto de Somosierra que le franqueaba el paso a la capital. Ante la proximidad de Napoleón, la Junta Central se vio obligada a abandonar Aranjuez y trasladarse hacia el Sur. Pocos días más tarde, el ejército francés hacía su entrada en Madrid (4-12-1808). El emperador promulgó una serie de decretos, entre ellos la abolición del feudalismo, la supresión de la Inquisición y la reducción de conventos, con los que quizás esperaba contentar a la población. Mientras, otro ejército acantonado en Perpiñán cruzó la frontera gerundense y auxilió a Duhesme, que era hostigado en Barcelona por el ejército de la derecha. Después de tomar Madrid, Napoleón salió al paso del ejército auxiliar inglés dirigido por J. Moore, que avanzaba desde Portugal hacia Valladolid. Rápidamente se desplazó a Tordesillas (Valladolid) y provocó la retirada de Moore hacia Galicia. Cuando se hallaba persiguiéndolo en Astorga (León), le llegó la noticia de que en Austria se estaba formando una nueva coalición antifrancesa. A primeros de 1809 regresó a Francia. En su lugar, Soult prosiguió la persecución del general inglés tomando La Coruña (19-1-1809) y seis días después El Ferrol, obligando de este modo a embarcar a las tropas inglesas.

Mientras la guerrilla actuaba de forma dispersa en el Norte, los ejércitos ingleses desde el Oeste y españoles por el Este intentaron avanzar hacia Madrid sin lograrlo. A pesar de la victoria en Talavera de la Reina (29-7-1809), Sir Wellesley se replegaba sobre Badajoz, y meses después los ejércitos españoles sufrían una importante derrota en la batalla de Ocaña (19-111809).

A comienzos de 1810 los franceses prepararon una doble ofensiva hacia Portugal y Andalucía. La expedición de Andalucía, en la que participaba el propio José I atravesó Despeñaperros (18-1-1810) y después se dividió en dos líneas: una dirigida a Granada y a Málaga para dominar la zona oriental, y otra que, siguiendo el Guadalquivir, se encaminaba hacia Sevilla, sede de la Junta Central. Este rápido avance tuvo importantes consecuencias políticas: la Junta Central hubo de refugiarse en Cádiz, y poco después, ante las críticas por las derrotas militares, fue disuelta y sustituida por un Consejo de Regencia.

• La tercera fase: el final de la guerra.

El sentido de la guerra cambió definitivamente en la primavera de 1812. Napoleón retiró un importante contingente de tropas para engrosar un gran ejército con el que habría de iniciar la invasión de Rusia. Este debilitamiento dio paso a una ofensiva aliada, que obtuvo una importante victoria en la batalla de los Arapiles (Salamanca, 22-7-1812). Como consecuencia, José I abandona Madrid en dirección a Valencia, y Soult, temiendo quedar aislado, levanta el asedio de Cádiz y se retira a Andalucía. Todavía organizarían una última ofensiva las fuerzas francesas concentradas en Valencia. El 2 de noviembre José I vuelve a entrar en Madrid y dos semanas después las tropas de Wellington se repliegan nuevamente a Portugal. Finalmente, la campaña de 1813 será decisiva. En Rusia el ejército napoleónico es destruido durante el duro invierno de 1812-1813 en su intento de replegarse. En la Península, las tropas napoleónicas comenzaron a retroceder en la primavera de 1813, abandonando Portugal. El 15 de mayo se retiran definitivamente de Madrid, con sus efectivos muy mermados, son derrotados, como los serían en Irún algo más tarde (San Marcial, 31-8-1813). En estas circunstancias, los ejércitos franceses abandonan Valencia y se repliegan siguiendo la costa hasta cruzar el Pirineo oriental. A finales de año, Napoleón, vencido también en Alemania, trata de evitar ser atrapado entre dos fuegos y negocia con Fernando VII su vuelta a España. A pesar de que algunas fuerzas españolas cruzaron los Pirineos y persiguieron a las tropas franceses, la guerra en la Península había terminado.

• Balance.

• Ocasionó muchísimas bajas (casi 1000000 de muertos).

• Agilizó la crisis del Antiguo Régimen. Endeudamiento de la Hacienda.

• Exilio de los españoles que apoyaron a los franceses (afrancesados).

• LA REVOLUCIÓN: LA OBRA DE LAS CORTES DE CÁDIZ (1810-1813).

• La formación del poder revolucionario.

Las Juntas de Defensa no se limitaron exclusivamente a intentar repeler al invasor. Al organizar las partidas armadas para configurar un ejército, al dirigir el abastecimiento de las tropas o al decidir sobre las cuestiones más urgentes, estaban ejerciendo el gobierno en las zonas que no aceptaban la soberanía francesa reconocida por los reyes en Bayona. Desplazaron a las autoridades legítimas, se sustituyeron los órganos de gobierno colaboracionistas por instituciones emanadas de la sublevación popular, por lo que la Guerra de la Independencia se convirtió, de hecho, en una guerra revolucionaria. En buena medida, el alzamiento de mayo de 1808 recogía el malestar popular manifestado contra el gobierno de Godoy durante el motín de Aranjuez y que ahora se iba a hacer extensivo a una tiranía exterior.

Las cortes legitimaron la acción popular y designaron los miembros de la Junta Suprema Central.

La Junta Suprema Central Gubernativa del Reino estaba formada por una treintena de miembros, representantes de las Juntas Provinciales (entre los que se encontraba Jovellanos), cuyo presidente fue el conde de Floridablanca, y con sede en la ciudad de Aranjuez. El avance de las tropas napoleónicas les obligó a retirarse a Extremadura, para continuar retrocediendo hasta Sevilla más tarde. La Junta Central se disolvió el 29 de enero de 1810 y fue sustituida a los dos días por un Consejo de Regencia formado por cinco miembros, entre los cuales figuraban el arzobispo de Orense y Castaños, el vencedor de Bailén. Sin embargo, la Junta había estado trabajando en la reunión de una convocatoria de Cortes.

• Los decretos de las Cortes.

A pesar de los impedimentos del Consejo de Regencia, las Cortes abrieron sus sesiones el 24 de septiembre de 1810 de forma provisional en un teatro situado en la Isla de León (San Fernando, Cádiz), entre el alboroto de los espectadores y el bombardeo de la artillería. Meses más tarde se trasladaron a Cádiz (24 de febrero de 1811), a la iglesia de San Felipe Neri, donde proseguirán las sesiones.

Las Cortes permanecieron reunidas durante tres años, desde su apertura en septiembre de 1810 hasta su clausura el 14 de septiembre de 1813, con lo que se formaron las primeras cortes ordinarias. Debido a las dificultades de la guerra, los miembros de la alta aristocracia y la alta jerarquía del clero no siempre pudieron ser convocados. Tampoco los diputados de las provincias ocupadas, que eran la abrumadora mayoría, pudieron ser elegidos, de modo que se designaron suplentes entre los naturales de esas provincias que se encontrasen en Cádiz. Similar solución se adoptó para las provincias ultramarinas. Las primeras reuniones se celebraron con un centenar de diputados, pero el número fue creciendo a medida que se incorporaban nuevos miembros, hasta llegar a trescientos aproximadamente. Entre ellos se encontraban curas y frailes (el grupo mayoritario), algún obispo, abogados, magistrados, catedráticos universitarios, militares y algunos propietarios y comerciantes. Pero lo realmente significativo fue que el sistema de votación acordado fue individual y no por estamentos, como sucedía en el Antiguo Régimen. De este modo, las Cortes de Cádiz fueron las primeras cortes modernas reunidas en España, replica de la Asamblea Nacional Constituyente que había surgido de 1789 como origen de la Revolución francesa.

La labor de las Cortes de Cádiz se orientó a destruir los fundamentos del Antiguo Régimen y a aplicar las ideas de los intelectuales ilustrados. La obra legislativa de las Cortes Constituyentes se plasmó no sólo en la promulgación de la Constitución de 1812, sino también en la aprobación de una serie de decretos. El primero fue el que establecía la libertad de imprenta. En las sesiones previas a su aprobación quedaron de manifiesto las deferentes opiniones existentes entre los diputados.

Relacionado con esta cuestión se halla el decreto de la abolición de la Inquisición, aprobado meses después. Sin embargo, el alcance de estos dos decretos quedaba muy limitado, debido a que se autorizaba a los obispos a intervenir en las cuestiones que juzgasen contrarias a la religión, de manera que la justicia civil pudiera imponer penas de cárcel y de todo tipo a los que fueran declarados herejes. Además, junto con la libertad de imprenta, se establecía una junta de censura que dictaminaría sobre lo publicado en cuestiones políticas.

Otro gran debate se suscitó ante la aprobación del decreto de los señoríos jurisdiccionales (6-8-1811), que había sido otro de los pilares del Antiguo Régimen.

De esta forma, se suprimían los monopolios señoriales y su capacidad de administrar justicia mediante el nombramiento de jueces locales (jurisdicción) en los territorios de sus dominios. Sin embargo, quedaban compensados con la conversión de sus derechos feudales en propiedad privada de las tierras y el reconocimiento de los contratos de arrendamiento en vigor. En el futuro, los sucesivos gobiernos liberales alternativos desplazaron la responsabilidad de presentar los títulos de propiedad de los señores a los campesinos. Como la mayoría de las tierras se habían adquirido durante la Edad Media, casi nadie conservaban ningún título de propiedad, de manera que, a falta de presentación de títulos, se concedería la propiedad de las tierras a los señores.

Un nuevo decreto establecía la incautación de los bienes y rentas de los traidores, la Inquisición, las órdenes militares y conventos suprimidos, lo cual marcaba la intención de iniciar una desamortización que no llegaría a producirse.

Dos decretos más, permitían a los propietarios ejercer la libertad de contratación en el campo (arrendamientos) y en fábricas, lo que implicaba la disolución del sistema gremial y su sustitución por la libre empresa. Estas medidas afectaban duramente a los campesinos, que podrían ver reducida la duración de los contratos de arrendamiento y aumentado el precio de la renta a voluntad del dueño. También perjudicaba a artesanos y trabajadores fabriles, porque permitía extender las jornadas y bajar los salarios.

7.3. La Constitución de 1812.

El 19 de marzo de 1812, coincidiendo con el aniversario del motín de Aranjuez, se proclamó la Constitución. Diseñaba un Estado basado en la monarquía parlamentaria. Siguiendo las ideas liberales el Estado se concebía como la garantía de los derechos de los ciudadanos, la libertad civil, la propiedad, y los demás derechos legítimos de todos los individuos y no como patrimonio de ninguna familia ni persona. Las Cortes, en representación de la nación, elaboran las leyes, que son sancionadas y promulgadas por el rey. Éste cuenta para ejercer sus funciones con un Consejo de Estado que les asesora en las materias de gobierno. El monarca puede vetar temporalmente la promulgación de una ley, de manera que las Cortes no pueden volver a proponer el mismo asunto hasta la legislatura del año siguiente. Si las Cortes insisten, el rey aún puede mantener su negativa, pero si por tercera vez las Cortes replantean la cuestión, el rey está obligado a aprobarla. Los poderes se dividen en legislativo, ejecutivo y judicial de forma independientes. Las Cortes se componían de una única cámara que se reunía durante tres meses consecutivos cada año. Los diputados se renovaban cada dos años y eran elegidos por sufragio universal indirecto. Las Juntas Electorales se organizaban en parroquias, partidos y provincias. Los ciudadanos reunidos en la parroquia nombraban un elector parroquial por cada 200 vecinos. Los electores parroquiales se reunían en las localidades cabeza de partido. Finalmente, los electores de partido elegían a los diputados provinciales en la capacidad de provincia con relación a la población de la misma.

El concepto de soberanía estamental quedaba, de hecho, destruida con el establecimiento de la igualdad de los individuos ante la ley y Ante el fisco sin privilegio alguno. Ya durante la discusión de los artículos constitucionales se había expresado la resistencia de los grupos favorecidos por el Antiguo Régimen a aceptar la idea liberal de la igualdad entre los hombres.

Al quedar suprimido el régimen señorial, la administración local se reorganizó de manera uniforme: el gobierno de los pueblos se asignó a los ayuntamientos, cuyos cargos debían ser elegidos, y el de las provincias a una diputación provincial, también elegida y presidida por un jefe político.

Finalmente, se creaba una milicia nacional y se ponían las bases del plan general de enseñanza: en todos los pueblos de la Monarquía se establecerían escuelas de primeras letras en las que se les enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles.

Toda la obra legislativa de las Cortes de Cádiz será anulada al regreso de Fernando VII, en 1814. Los liberales y los principales impulsores de la reforma serán perseguidos. Sin embargo, sirvió para fijar los principios del liberalismo español y tuvo una amplia resonancia internacional, ya que sirvió de modelo a otros textos constitucionales. En la lucha que se desencadenó en los años siguientes entre absolutistas y liberales, la Constitución de 1812 se convirtió en bandera y símbolo para los enemigos del Antiguo Régimen.

Fue reinstaurada durante tres años, después del pronunciamiento del oficial Riego que dio origen al Trienio Liberal, y de nuevo estuvo en vigor entre el 13 de agosto de 1836 y el 17 de junio de 1837 como consecuencia del pronunciamiento progresista conocido como Rebelión de los Sargentos de La Granja. Después de esta fecha, asegurado ya el triunfo del liberalismo, sus postulados fueron adaptados a las necesidades de las nuevas épocas.

• EL REINADO DE FERNANDO VII (1814-1833).

• La restauración legitimista del absolutismo (1814-1820).

A las pocas semanas de la proclamación de la Constitución de Cádiz comenzó a producirse el derrumbe de las posiciones francesas en toda Europa y el retroceso de los ejércitos napoleónicos en el contingente. Si el verano de ese año se abandonaba inicialmente Portugal (Batalla de Arapiles) y se avanzaba en la evacuación francesa del territorio español, la campaña de invierno en Rusia iba a marcar el descalabro en el frente oriental. En 1813, las tropas de la coalición europea pisaban suelo francés y en esas circunstancias Napoleón, que deseaba concentrar sus fuerzas, negoció con Fernando VII. Por el Tratado de Valençay (11-12-1813), el emperador restituía el trono a Fernando VII, en detrimento de José Bonaparte, a cambio de romper la alianza hispano-inglesa (se exigía la evacuación de las posiciones británicas en las provincias españolas) y la promesa de rehabilitar a los colaboradores del rey José. Volvió, pues, Fernando VII a la Península cruzando la frontera gerundense y, atravesando Aragón, se dirigió a Valencia. Allí, pese a que las Cortes habían decidido no reconocerle hasta que jurase la Constitución, encontró apoyo en las fuerzas del general Elío, un militar ultrarrealista que había pasado la mayor parte de la Guerra de la Independencia combatiendo la sublevación americana y que ahora se ofrecía a restaurarlo en el trono en la plenitud de sus derechos. Además, un centenar de diputados de las Cortes ordinarias elegidas tras la proclamación de la Constitución, denominados por sus enemigos serviles, se pronunciaron en el mismo sentido en un escrito denominado Manifiesto de los Persas.

En este documento intentan lavar su imagen de participación en las Cortes, asegurando haber sido objeto de amenazas, profesan adhesión a la monarquía absoluta y afirman la necesidad de remediar lo actuado en Cádiz. Animado por estos apoyos, Fernando VII denunció como ilegítima la actuación de las Cortes en su ausencia y anuló toda la obra legislativa de ella.

En este sentido, Fernando VII coincidía totalmente con el ideario legitimista de las potencias que acaban de vencer a Napoleón, quien había abdicado en Fontainebleau, el mismo lugar en que siete años atrás había sellado el destino de la Península. Reunidas por la Revolución francesa y Napoleón y volver a lo de antes, como si todo aquello no hubiese sucedido. Sin embargo España, excluida de echo por su paz separada de Valençay y por voluntad inglesa, no iba a beneficiarse de la derrota francesa, a la que había contribuido eficazmente.

Volviendo a al política interior española, desde el momento en que los partidarios del modelo constitucional fueron declarados traidores a la Monarquía, y que en consecuencia dicho delito se pagaría con la pena de la vida, los liberales no tuvieron otro recurso que el exilio para ponerse a salvo, o la insurrección para oponerse a lo que consideraban una traición a la causa que habían defendido durante la guerra. Dado el escaso apoyo popular al programa liberal, su implantación dependía de la posición del ejército. Algunos oficiales de ideología liberal que se habían formado durante el conflicto intentaron obligar al monarca, por la fuerza de las armas, a asumir los contenidos liberales proclamados por la Constitución de 1812. Desde 1814 se sucedieron pronunciamientos de facciones del ejército que intentaban forzar el cambio de orientación del gobierno, pero todos los realizados hasta 1819 acabaron fracasando.

En 1814, pues, se restauraba el absolutismo y con él la Inquisición. La situación del país era caótica después de dos décadas de guerras casi ininterrumpidas y de cinco años en los que la Península se había convertido en campo de batalla. A las destrucciones efectuadas sobre campos, fábricas, ciudades y caminos, se sumaba la eliminación de la mayor parte de la flota. Las arcas reales estaban vacías y el país exhausto. No se podía contar con los recursos de las colonias de Indias, que se mantenían en rebeldía. Con todo, Fernando VII pudo mandar un cuerpo de ejército a América a cargo del general Morillo, que inicialmente obtuvo algunos éxitos. Pero era evidente que el país necesitaba algún tipo de reforma que el inmovilismo absolutista no podía ofrecer. Fernando VII se rodeó de consejeros afines a las ideas del despotismo ilustrado con el fin de modernizar el país y aumentar los ingresos del Estado sin trastocar un ápice los fundamentos de la monarquía absoluta. A finales de 1816 designó como ministro de Hacienda a un amigo de Jovellanos, Martín de Garay, quien proyectó una reforma fiscal que intentaba fijar una contribución directa que habrían de pagar los estamentos (la nobleza y el clero incluidos).

De este modo, el absolutismo estaba atrapado en un callejón sin salida: las reformas eran rechazadas sistemáticamente, pero sin ningún tipo de cambio el sistema era inviable. Se seguía insistiendo en la contradicción esencial del Antiguo Régimen: los más ricos no pagaban impuestos, por lo que el peso de la fiscalidad recaía en las clases productivas (los campesinos y los burgueses de las ciudades).

• El Trienio Liberal (1820-1923).

En la Península, el 1 de enero de 1820, el teniente coronel Rafael Riego, destinado a Cabezas de San Juan (al sur de Sevilla), con un cuerpo de ejército que iba a ser embarcado para sofocar la sublevación de las colonias americanas, proclamó la Constitución de Cádiz y restableció en su cargo a las autoridades municipales constitucionales. De este modo se anticipaba a una conspiración preparada por la masonería, que debía iniciarse en Cádiz. Dado que el movimiento en Cádiz acabó fracasando, Riego se convirtió en el principal instigador del pronunciamiento liberal. Recorrió diversas localidades andaluzas sin encontrar apenas adhesión. A pesar del fracaso en la región, se fueron sumando al pronunciamiento algunas ciudades: LA Coruña, Oviedo, Murcia, Zaragoza, Barcelona y, tardíamente, Madrid. El ejército encargado por el Gobierno para combatir a Riego, dirigido por el conde de La Bisbal, prefirió proclamar la Constitución en Ocaña a primeros de marzo, por lo que Fernando VII hubo de consentir. Juró la Constitución a la fuerza, con lo que se convirtió en un monarca constitucional, hecho inédito en la Europa del primer cuarto del siglo XIX.

La expansión de la oleada revolucionaria en España alarmó a las potencias europeas vencedoras de Napoleón, que se reunieron en una Santa Alianza con el fin de mantener la situación anterior a la Revolución francesa. No obstante, el Reino Unido temía que una intervención extranjera en España pudiese extender la restauración de la autoridad de Fernando VII sobre las colonias americanas y aplazó la posibilidad de una toma de decisión inmediata.

En Madrid se formó una Junta Provisional de Gobierno, integrada por miembros de la alta jerarquía eclesiástica, la nobleza y el ejército, cuya autoridad fue reconocida por las Juntas similares formadas en el resto de España. La reimplantación de la Constitución de 1812 dio paso al reconocimiento de la libertad de reunión y asociación, que permitió la aparición de sociedades patrióticas.

La Junta daría paso a la formación de un gobierno liberal constituido por algunos diputados de las Cortes de Cádiz que habían participado en la elaboración de la Constitución de 1812 y que estaban en prisión desde 1814. Fernando VII se refería despectivamente a ellos como presidiarios, pero se les conocía comúnmente como doceañistas o moderados. Templados quizá por los años a por la experiencia de la cárcel, se mostraron convencidos de la conversión constitucional del rey, al que esperaban ganarse con medidas como la introducción de una segunda Cámara o Senado, a la manera de la cámara de los lores británica, que habría de filtrar la soberanía nacional de las Cortes (ya de por sí misma limitada por sufragio censitario) reconocida en la Constitución. De este modo se aproximaban también a la aristocracia, a la que intentarían dotar de eminencia política con su participación en el Senado y cuya posición económica habrían de fortalecer a lo largo del trienio, garantizándoles la propiedad privada de sus dominios feudales. Se abría así una brecha en el liberalismo, entre las clases que habían hecho la revolución, denominados ahora exaltados (la oficialidad del ejército, las clases medias de la burguesía urbana), y los moderados, el grupo que se iba a aprovechar de ella. La Constitución reconocía la prerrogativa del rey para nombrar y destituir al gobierno y el monarca contribuyó al proceso de moderación liberal al elegir para los ministerios a personalidades conservadoras. Los gobiernos del liberalismo moderado disolvieron las Juntas y desarmaron al ejército revolucionario. El propio Riego, artífice del movimiento antiabsolutista, fue conminado a disolver sus tropas, trasladado de destino y finalmente destituido. Sin embargo, el liberalismo moderado que aspiraba a marginar a los exaltados no lograba conciliarse con un rey que intentaba boicotear cualquier tipo de reforma y que sólo pensaba en la restauración de su poder absoluto. En los momentos en que se produjeron amenazas de restauración absolutista, fue la fuerza de los exaltados en las ciudades y en el ejército la que defendió el sistema constitucional, como sucedió en julio de 1822, cuando una sublevación de la Guardia Real en Madrid fue sofocada por la milicia nacional y la población civil que había recibido armas del ayuntamiento.

En el verano de 1822 se produjeron proclamas absolutistas en Valencia, Navarra, el País Vasco y Cataluña.

De este modo, el liberalismo moderado, denostado por absolutistas y exaltados, iba quedando cada vez más aislado. También se granjeo la enemistad de la Iglesia, amenazada con la desamortización de su patrimonio desde 1810 y perjudicados sus intereses con una serie de leyes aprobadas en estos años:

• Expulsión de los jesuitas (agosto de 1820).

• Reducción del número de monasterios (octubre de 1820); los bienes de los conventos suprimidos fueron vendidos a subasta.

• Reducción a la mitad del diezmo que pagaban los campesinos (junio 1821).

• Abolición del fuero eclesiástico (septiembre de 1820), es decir, de las leyes particulares que permitían que las personas de la Iglesia fuesen juzgadas por los tribunales eclesiásticos en lugar de por los tribunales ordinarios.

La mayor parte de la población española, que vivía de la agricultura y residía en las zonas rurales, fue también perjudicada por el liberalismo. La introducción en el campo de las primeras prácticas capitalistas dificultó enormemente las posibilidades de subsistencia de la población campesina. Básicamente, estas dificultades provenían de la propiedad amortizada o vinculada y su sustitución por propiedad privada, que permitió que las tierras cambiasen de manos y pasaran a otros dueños capitalistas, que alteraron las tradicionales formas de explotación.

Finalmente, el establecimiento de contribuciones en metálico (impuestos) sin que hubiesen desaparecido totalmente los diezmos acabó de asfixiar la economía de muchos hogares campesinos. Poco apoco se fue produciendo un acercamiento entre los distintos grupos de la oposición antiliberal, que fue creando una alianza que podríamos denominar campesina-clerical-absolutista. Estos grupos respaldaban las proclamas realistas que se desencadenaron en el verano de 1822.

A finales de ese año se hizo pública la intención de las potencias extranjeras de enviar un ejército a España para derrocar el régimen liberal español. El ejército enviado por Francia estaba formado por más de cien mil soldados, los llamados Cien Mil hijos de San Juan, que doblaban los efectivos del ejército constitucional.

La invasión comenzó en abril de 1823; el gobierno, el rey y las Cortes se desplazaron hacia Sevilla y después a Cádiz, pero las tropas francesas, a diferencia de lo ocurrido en 1808, no encontraron oposición ni resistencia. La mayoría de los generales españoles se rindió sin combatir. Prácticamente nadie defendió un régimen liberal que en 1823 carecía de apoyos, un régimen que sólo se representaba a sí mismo. Fernando VII consiguió su liberación mediante la firma de un documento en el que concedía el perdón para los liberales. Apenas se vio libre, se retractó y comenzó la persecución y ejecución sumaria de los liberales capturados, entre los que se encontraba Riego, que fue ejecutado a finales de 1823 en la plaza de la Cebada de Madrid.

• La ominosa década (1823-1833).

Los últimos diez años del accidentado reinado de Fernando VII iban a ser recordados por la historiografía liberal con el nombre de ominosa década. Las represalias sobre los liberales fueron especialmente duras en los primeros años: se procedió a depurar la oficialidad del ejército, los jueces, funcionarios, secretarios..., cualquier persona que pudiese haber colaborado con los gobiernos del trienio liberal. Se suprimieron los periódicos (salvo las gacetas oficiales) y las sociedades patrióticas, se purgaron librerías y bibliotecas, y la universidad fue clausurada durante dos años. Si bien es cierto que Fernando VII renunció a restablecer la Inquisición, que de este modo quedó suprimida para siempre después de más de tres siglos de existencia, también lo es que sus funciones en parte fueron asumidas por la policía recién creada.

Frente al absolutismo intransigente y al odiado liberalismo, Fernando VII volvió a insistir en la tercera vía, la ya caduca fórmula del despotismo ministerial. Para ello se apoyó en algunos afrancesados arrepentidos que intentaron adaptar el país a los nuevos vientos que soplaban en una Europa que comenzaba tímidamente a industrializarse. Se construyeron carreteras y se organizó una exposición industrial. El ministro de Hacienda, Ballesteros, contribuyó financieramente a la fundación de la fábrica Bonaplata en Barcelona, la primera en España que iba a utilizar la máquina de vapor para mover las hiladoras y los telares.

Abandonado el proyecto de una reforma fiscal por razones políticas, sólo se podía recurrir al crédito exterior. Los esfuerzos en este sentido resultaron vanos, pues los grandes banqueros europeos eran partidarios de los liberales. Algunos de estos banqueros, que mantenían contactos con los exiliados liberales, habían concedido créditos a los gobiernos constitucionales durante el trienio liberal y esperaban poder recuperarlos con la restauración del liberalismo en España.

A medida que avanzaba el tiempo, los realistas intransigentes se fueron distanciando cada vez más de Fernando VII. Inicialmente habían sido tolerados como recurso extremo contra el posible resurgir del liberalismo. Las partidas de voluntarios realistas que habían surgido ya en 1822 y que habían colaborado con las tropas francesas en 1823 no fueron suprimidas. Sin embargo, debido a la ruina financiera del Estado, su mantenimiento quedó a cargo de los ayuntamientos. En 1827 se produjo en Cataluña la revuelta de los malcontents (agraviados). Pedían la restauración de la Inquisición, el exilio de todos los funcionarios y miembros del ejército que no fuesen absolutistas, calificados genéricamente como liberales, y la destitución del gobierno. Los sublevados arrastraron con infundios a grupos de la población campesina después de la siega y llegaron a ocupar varias ciudades: Cervera, Vic y Manresa, entre otras; Fernando VII se desplazó a Cataluña e hizo detener a los cabecillas, que fueron ejecutados. Las clases medias de Barcelona, en agradecimiento, concedieron un préstamo al rey, que les correspondió con la fijación de tarifas proteccionistas para favorecer la industria catalana.

En 1830 se produjo el triunfo de la Revolución de julio en Francia, que daría paso a una nueva oleada de sublevaciones liberales en Europa. En este ambiente reaparecieron en España algunos exiliados que trataron una vez más restablecer el liberalismo. En la represión subsiguiente murieron muchos de los más célebres mártires del liberalismo, como Torrijos o Mariana Pineda.

De este modo, la última fase del reinado de Fernando VII no fue sino un aplazamiento del conflicto latente que habría de desencadenarse a su muerte entre liberales y absolutistas.

• El conflicto sucesorio.

Se había planteado ya en los años finales del reinado de Fernando VII: el litigio en torno ala validez del Auto Acordado con las Cortes de 1713, establecido con ocasión de la instauración de la dinastía borbónica en España tras vencer en la Guerra de Sucesión. Felipe V decidió implantar esta disposición, a imitación de la Ley Sálica vigente entonces en la Francia borbónica. Según estas normas, la sucesión al trono debía hacerse por vía masculina y sólo en el caso de que no quedara ningún varón agnado legítimo de mi descendencia la sucesión a estos reinos pertenecerá a la hija o a las hijas nacidas en matrimonio verdadero del último reinante varón. De este modo, en aplicación del Auto Acordado de 1713, la sucesión de Fernando VII debía corresponder a su hermano Carlos María Isidro y no a su hija Isabel. Sin embargo, en 1830, durante el embarazo de la reina, cuarta esposa de Fernando VII, el monarca derogó el Auto Acordado con la publicación de una Pragmática Sanción en la que establecida que heredasen siempre aquellos que viniesen por línea derecha, de manera que si (fallecido el rey) dejase hijo o hija que fuese de su mujer legítima, que aquel o aquella (heredase el trono) y no otro ninguno. En consecuencia, esta ley desposeía del derecho al hermano, al que todo el mundo había considerado el heredero hasta entonces, en beneficio de la hija. Las indecisiones de Fernando VII en los últimos años de su vida contribuyeron a agudizar el problema. Las presiones de los partidarios de su hermano le llevaron a ceder y reconocer los derechos de Carlos en el transcurso de una enfermedad que parecía irreversible (Sucesos de la Granja, septiembre de 1832). Sin embargo, una vez repuesto se retractó e hizo jurar a las Cortes estamentales la sucesión de su hija.

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