VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL ESTADO

Gracias a la anterior exposición tenemos las bases para pasar a analizar ahora la clase de actividades en las que el Estado muestra una mayor eficiencia; esto es, en qué condiciones las características específicas del Gobierno (poder de coerción y asociación universal) presentan ventajas o desventajas en su utilización.

DEFICIENCIAS DEL MERCADO

Tradicionalmente, a la hora de analizar bajo qué condiciones los mercados competitivos conducen a la eficiencia o ineficiencia económica, las exposiciones se han basado en el Primer Teorema de la Economía del Bienestar, que establece que en determinadas circunstancias (supuesto de competencia, de rivalidad y exclusión, de información perfecta y supuesto de mercados completos) los mercados competitivos dan lugar a una asignación eficiente en el sentido de Pareto (no existe ninguna reasignación de los recursos que pueda mejorar el bienestar de una persona sin empeorar a la vez el de alguna otra).

Por otro lado, existen circunstancias en las que el mercado muestra ineficiencias, dando lugar a las llamadas deficiencias del mercado (más comúnmente llamadas fallos de mercado, como pueden ser los bienes públicos, las externalidades y los monopolios naturales), las que proporcionan campo para la intervención gubernamental. Sin embargo, actualmente la utilidad de esta teoría de las deficiencias del mercado se ha puesto en duda por:

- Generalidades de las deficiencias del mercado.

Cuando la información es imperfecta o el mercado es incompleto (mercados de seguros, mercados de capitales, ausencia de mercados complementarios...) el mercado no alcanza la eficiencia de Pareto. Pero debemos señalar que el Gobierno está sometido a las mismas limitaciones informativas y/o de mercado imperfecto. Luego bajo esta interpretación las deficiencias del mercado son lo habitual en la economía, siendo la consecución de la distribución eficiente de recursos mediante los mercados descentralizados la excepción a la regla general (en contraposición a la literatura tradicional basada en el Primer Teorema). Debemos encontrar, por tanto, aquellas deficiencias importantes que puedan ser objeto de una intervención gubernamental.

- Deficiencias en el sector público.

Pero debe comprenderse en qué consiste esta intervención gubernamental. Los problemas derivados de la existencia de mercados incompletos son tan complejos para el sector privado como para el público, lo que plantea problemas respecto a las posibilidades del Gobierno para poner remedio a los mismos.

REDISTRIBUCIÓN

También el Gobierno puede jugar un papel en las situaciones en las que se produce una distribución discutible en la economía, o cuando existen algunos bienes preferentes o indeseables no suplidos adecuadamente por el mercado (“bienes de consumo obligado”: bienes que el Gobierno obliga a consumir a los individuos, como cinturones de seguridad y educación, y que se justifican porque los individuos, sin la intervención del Gobierno, no actuarían en su mejor beneficio. Los bienes “indeseables” implican un papel paternalista del Estado. Representan el abandono del principio de soberanía del consumidor, que afirma que el individuo es el mejor juez de lo que le conviene).

El Segundo Teorema Fundamental de la Economía del Bienestar estableció que si la distribución del ingreso proporcionada por el mercado competitivo no resultaba socialmente deseable, entonces todo lo que necesitaba hacer el Gobierno era una redistribución de las dotaciones iniciales (de los ingresos o riquezas iniciales). Cualquier distribución del bienestar que la sociedad deseara se podría alcanzar de esta forma. Según esto, todas y cada una de las asignaciones eficientes en el sentido de Pareto pueden alcanzarse por medio de un mecanismo de mercado descentralizado, en el cual las decisiones relacionadas con la producción y en el consumo son tomadas por la multitud de empresas e individuos que integran la economía (no es necesario que exista un planificador central para asignar eficientemente los recursos).

Por un lado, se separan tajantemente los temas relacionados con la distribución y los referentes a la eficiencia, limitando el papel del Gobierno a los primeros. Esto es, que la economía de mercado sea o no necesariamente eficiente seguir el criterio de Pareto puede depender de la distribución de la riqueza. Por otro lado, el tipo de redistribución (basado en cantidades alzadas) que se deriva del Segundo Teorema de la Economía del Bienestar no es, en general, posible; por tanto, las redistribuciones casi siempre implican ciertas distorsiones. Luego parece discutible que lo deseable para el Gobierno sea ese tipo de juego pasivo propuesto por dicho Teorema.

Vamos a pasar a reflexionar sobre aquellos aspectos que resultan relevantes para la comprensión del cambio del papel del Gobierno en la actividad económica.

FORMAS ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN

Debemos empezar señalando que si existe una deficiencia de mercado, e incluso si esta deficiencia exige algún tipo de intervención gubernamental, ello no significa necesariamente la producción pública. Esto se observa claramente en el caso de los monopolios naturales, en los que el Gobierno puede optar por ignorar el problema, fundar una firma pública competidora, otorgar a la firma gubernamental el monopolio, adoptar regulaciones y normas fiscales que hagan viable la competencia, o regular el monopolio privado. Con las externalidades ocurre lo mismo: el Gobierno puede imponer impuestos a la contaminación, subsidios para la reconversión, puede regular el sector prohibiendo determinadas actividades... . Y ,con respecto a los bienes públicos, éstos pueden ser producidos privada o públicamente (Al igual que cuando el Gobierno decide que los individuos deben gozar de ciertos servicios como los sanitarios o educativos, puede optar por pagar por estos servicios en lugar de producirlos). De echo, el Gobierno compra muchos bienes y servicios al sector privado (en EEUU una barbaridad: militares y asistencia sanitaria a ancianos).

Esto es, debemos examinar el problema de producción gubernamental versus provisión pública a través del sector privado; y de control directo (similar a la producción pública) versus control indirecto (regulación, concurrencia pública...).

- Producción pública y Teorema Fundamental de la Privatización.

Sappington y Stiglitz muestran con este teorema que, si el Gobierno convoca concurso para conceder el derecho a la producción de un determinado bien, puede (para una licitación bien diseñada) conseguir los objetivos siguientes:

1. Eficiencia económica: asegurando que aquellos que tienen una ventaja comparativa en la producción la asuman, y que se utilizan técnicas apropiadas de producción y niveles adecuados de esfuerzo.

2. Equidad: atendiendo a objetivos de distribución.

3. Extracción de renta: extrayendo la mayor cantidad posible de renta de los productores (por ejemplo beneficios).

Cuando las condiciones del teorema se satisfacen, no hay necesidad de producción gubernamental, alcanzando perfectamente sus objetivos la producción privada. Pero el Teorema Fundamental de la Privatización es aún más estricto que el Teorema Fundamental de la Economía del Bienestar, ya que además de concurrencia, ausencia de asimetrías en la información y ausencia de restricciones a la capacidad de contratación, el Teorema Fundamental de Privatización exige firmas de riesgo neutro (La selección adversa aparece cuando existen distintos tipos de personas atendiendo al riesgo con el que se registrará cierta contingencia, como por ejemplo, una enfermedad o el impago de los plazos de un préstamo. Si el oferente de seguros de enfermedad o de préstamos no puede distinguir entre clientes por razón de distintos riesgos, una política razonable será cargar primas o intereses basados en la pérdida media esperada, discriminando en favor de los individuos con alto riesgo y en contra de quienes cuidan su salud y quienes ofrecen bajo riesgo de impago. Como consecuencia, los individuos de alto riesgo adquirirán más cobertura o crédito de lo que resultaría eficiente, y viceversa. En el límite, si los individuos con bajo riesgo renuncian al seguro o al crédito, la pérdida esperada crecerá hasta hacer imposible el funcionamiento de estos mercados. Cuando el mercado no puede por sí mismo suplir esta asimetría de información - mediante chequeos, garantías...- ciertos servicios no se producirán, dando pie a la intervención pública en forma de regulación -obligatoriedad del seguro médico, de normas de solvencia de instituciones financieras...- y/o producción -seguridad social y crédito oficial, por ejemplo-) (También está el riesgo moral o de manipulación, que se presenta cuando el asegurado potencial puede influir sobre la probabilidad de que ocurra cierta contingencia desfavorable para éste o sobre la magnitud de la pérdida. Éste es el caso de los seguros de incendios, de automóviles, de ciertos préstamos, de la cobertura privada de ciertas enfermedades o del seguro de desempleo. Las soluciones a este problema van desde la puramente privada hasta la producción pública, pasando por regulaciones que consisten habitualmente en la obligatoriedad).

El Teorema Fundamental de la Privatización puede examinarse desde dos perspectivas. Primero, en determinadas circunstancias, los objetivos sociales pueden alcanzarse mediante la producción privada. En segundo lugar, generalmente, el sector privado no puede alcanzar todos los objetivos de la política gubernamental, lo que no significa que la producción pública lo consiguiera. Es necesario estudiar cuidadosamente los aspectos del problema para juzgar el papel adecuado del Gobierno.

CUATRO VENTAJAS DEL GOBIERNO EN LA CORRECCIÓN DE LAS IMPERFECCIONES DEL MERCADO

Las características específicas del Gobierno que le proporcionan ventajas en la corrección de fallos de mercado son asociación universal y el poder de coerción. En concreto :

- costes de organización : resulta más económico que

una institución ya establecida dirigiera su atención a resolver deficiencias, que montar una nueva.

- problemas de oportunismo : las reglamentaciones

públicas pueden solucionar los problemas derivados de la existencia de oportiunistas. ( free riders )

• mercados de información imperfecta : la porción de primas de seguros que se pierde en lo cobertura de los costes financieros en entes privados es ingente debido en parte a la existencia de información imperfecta, siendo los costes de funcionamiento del sistema de seguridad social menores. Algunos problemas de información son creados por el propio mercado, así cada firma trata de explotar las limitaciones de información de sus clientes.

- selección adversa : existen costes financieros que provienen de ella, como los de los métodos para conseguir una buena cartera de riesgos. Estos gastos inciden sobre la redistribución de la renta, siendo posible que todos los individuos pierdan. El Gobierno es la única institución capaz de imponer el equilibrio de riesgos y pólizas a través de su prerrogativa de asociación universal, es decir, gracias a que sus dictámenes y decisiones afectan o incluyen a todos los individuos del país.

DEFICIENCIAS EN EL SECTOR PÚBLICO

Las causas más importantes de deficiencia en el sector público son:

1. La relación fiduciaria del Gobierno impone serias limitaciones a la política de empleo.

2. La relación fiduciaria también impone graves limitaciones sobre el gasto, que surgen fundamentalmente de problemas relacionados con la equidad.

3. El sector público padece también los problemas derivados de la información imperfecta y de la existencia de mercados incompletos.

4. El potencial de redistribución, da lugar no sólo a desigualdades, sino también a actividades de captación de rentas.

5. Las limitaciones de los Gobiernos en ejercicio, para imponer objetivos programáticos que obliguen a futuros gobiernos.

6. Limitaciones sobre la transferencia de los derechos de propiedad en el sector público, imponen más restricciones al diseño de estructuras incentivadoras efectivas.

7. Y la falta de competencia en el seno del sector público atenúa aún más los incentivos.

SIMILITUDES ENTRE LAS DEFICIENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO Y DEL MERCADO: INFORMACIÓN IMPERFECTA Y MERCADOS INCOMPLETOS

Con información imperfecta y mercados incompletos, los mercados no son necesariamente eficientes, en el Sentido de Pareto, como por ejemplo cuando existe falta de relación entre productividad y sueldo, cuando las decisiones de una empresa provoca externalidades sobre otra. Estos problemas en el sector público se acentúa porque los sueldos no dependen del trabajo realizado, y resulta todavía más difícil el control de los insumos.

También en el seno del sector público no hay precios que gobiernen su distribución.

El Gobierno debe basar las redistribuciones (tanto impuestos como transferencias) en características fácilmente observables, como los ingresos, casi todas ellas alterables, lo que significa que es inevitable que los esquemas impositivos y de transferencias resulten distorsionadores.

La dificultad del Gobierno de identificar quién resulta beneficiado si no se controla la utilización, como puede ocurrir en la construcción de obras públicas cuyos beneficios resultan mayores para unos individuos que para otros, el gobierno desearía hacer pagar a aquellos que resultan beneficiados.

EL PROBLEMA DE LA REDISTRIBUCIÓN

Si bien la redistribución constituye la mejor base para justificar la actividad gubernamental, es también uno de sus mayores problemas.

La razón por la que el Estado juega un papel tan decisivo en la redistribución es porque es la única organización económica que tiene poder coercitivo para realizar redistribuciones.

Pero el hecho de que cuente con este poder redistributivo no indica desde dónde y hacia dónde se redistribuye la renta, o de qué forma se adquieren tales derechos y obligaciones. Así la importancia de la actividad de búqueda de rentas, los gastos de quienes buscan un trato favorable para persuadir al público y a los políticos para que les otorguen favores. En países menos desarrollados, las medidas para conseguir protecciones arancelarias son práctica generalizada. Existe una creciente preocupación respecto a la asignación deficiente de recursos, y a las desigualdades que este tipo de redistribución entraña.

Todas las decisiones públicas tienen, virtualmente, efectos redistribuidos, tanto directos ( impuestos) como indirectos( los planes presupuestarios pueden afectar a la distribución de renta antes de impuestos). Debido a esto resulta difícil predecir las consecuencias de las medidas redistributivas.

BIENES PREFERENTES

Algunos de ellos surgen porque el Estado acepta su papel de redistribuidor y en su función como proveedor de seguros sociales. Todo asegurador pretende ejercer cierta vigilancia sobre sus clientes, ya que unoo de los problemas primordiales consiste en que la ausencia de vigilancia relaja los incentivos para evitarlo. Si el Gobierno favorece el seguro de jubilación para evitar la pobreza, resulta razonable que exija a los individuos que, mientras permanezcan activos, observen un comportamiento prudente, a través de ahorrar e invertir en un activo relativamente desprovisto de riesgo.

Existe una diferencia significativa entre la externalidad en sentido negativo que se manifiesta cuando yo observo que alguien fuma o bebe, externalidad espiritual, de la que se origina cuando tengo que respira el humo expelido. La intervención del Gobierno con sus poderes coercitivos es cuestionable cuando se trata de externalidades espirituales.

COMPROMISOS VINCULANTES: CONTRATOS

Sin compromisos vinculantes todas las transacciones tendrían que hacerse en el momento sólo sería posible el intercambio en tiempo presente spot.

Si el Gobierno decidiera que determinados contratos que ha firmado no le obligan más y establece, además, que no puede ser denunciado por incumplimiento de contrato, las partes que los hayan suscrito no tienen ( al menos en muchos países) más vía de recurso.

Aunque el gobierno no pueda comprometerse de forma vinculante mediante la firma de contratos, puede establecer normas ( legislar) que afecten a la probabilidad de diferentes resultados. Willianson ha argumentado que las estructuras de Gobierno importan, ya que afectan a los coste financieros. Una vez que se aprueba una determinada norma, puede haber diversos costes financieros derivado de la anulación de dicha norma. Aunque un gobierno no puede obligar a su sucesor, sí puede incrementar las posibilidades de que se adhiera al cumplimento de sus pactos ( y que cierto tipo de decisiones no sean anuladas).

DERECHOS DE PROPIEDAD E INCENTIVOS

En la actualidad se reconoce la importancia que tienen los derechos de propiedad para asegurar la eficacia de los incentivos positivos.

Los gerentes de las compañías públicas no tienen, en general, forma de apropiarse la plusvalía que generan con su actividad gerencial. De forma que no sólo los incentivos salariales son limitados - no existe anexo entre los salarios y la productividad, es decir, vienen fijados en función del cargo que posea el burócrata -; sino también las recompensas que en el sector privado se denominan ganancias de capital. En el sector público no se dan estas ganancias de capital debido a que los bienes y servicios públicos se venden a precios subvencionados, por lo que no hay ganancias sino pérdidas, y por esto no se puede penalizar a los burócratas porque estas son fruto de una aplicación política,

Sin embargo, resulta erróneo decir que los burócratas no tienen derechos de propiedad. Según el modelo de Niskanen (1971), el incentivo será la búsqueda de poder, influencias, favores...; siendo, por tanto, el objetivo de los burócratas maximizar el presupuesto de la unidad en que trabajan. En definitiva, los burócratas toman innumerables decisiones que afectan a la disposición de recursos y, en este sentido, disfrutan de derechos de propiedad, aunque sean restringidos. Si esto se cumple, entonces se produce un gasto excesivo. Esto se debe a que los burócratas son los únicos que conocen la función de costes de provisión de los bienes y servicios públicos (porque poseen la información técnica), y para aumentar el presupuesto de su unidad tratan de proveer una cantidad mayor que la que iguala beneficios y costes.

En cualquier caso, la ausencia de derechos de propiedad entorpece los incentivos a largo plazo (reduce la productividad del trabajador, ya que trabaje bien o mal va a recibir la misma remuneración) y el establecimiento de derechos de propiedad restringidos conduce a incentivos distorsionados.

Estos problemas se presentan similares en el sector privado. Donde existen gerentes de compañías privadas, los cuales poseen acciones de la misma, que emprenden proyectos que resultan perjudiciales a la compañía. Por tanto, estos gerentes se preocupan excesivamente por los beneficios a corto plazo, en vez de centrarse en el largo plazo.

AUSENCIA DE COMPETITIVIDAD

El gobierno es la única organización cuya asociación resulta ineludible. Cuando el Gobierno emprende una actividad económica, parece tener preferencia por el monopolio, incluso cuando resulta innecesario. Por ejemplo, en muchos países los Gobiernos han mantenido un monopolio sobre el teléfono, aunque existen pruebas de que es viable cierta competencia para ciertos tipos de servicios telefónicos.

Por lo que existen muchas actividades económicas bajo control estatal en las que es viable la libre concurrencia de empresas. Incluso si el Gobierno decidiera continuar ejerciendo la actividad, no se perdería nada permitiendo el ejercicio de la competencia.

Sin embargo, existe un argumento en contra de la libre competencia: el proceso selectivo. El competidor proveerá servicios sólo aquellos lugares en donde le sea rentable. Por ejemplo: una empresa privada de correo dejará desatendidas a alas pequeñas ciudades o las servirá a precios muy elevados. El Gobierno debería proveer el subsidio con cargo a los presupuestos generales y no con una tasa implícita sobre otros usuarios. Por lo que, el bienestar social será mayor si el Gobierno puede fijar sus precios sin preocuparse por la limitación impuesta por la competencia.

La concurrencia de las empresas es importante por varias razones:

• La competencia proporciona una base de comparación: en ausencia de competidores resulta difícil determinar si una compañía es o no eficiente. Ej. ¿Cuánto cuesta un viaje aéreo Madrid-Nueva York? No sabremos si el coste con IBERIA es eficiente, sino lo comparamos con la competencia.

• La competencia proporciona el establecimiento de incentivos: no sólo hay incentivos a la producción eficiente y a la innovación, sino a la producción de determinados bienes y servicios que desean los individuos. Por ejemplo: los individuos valoran su tiempo. Por tanto, las empresas que hacen esperar a sus clientes los pierden. Así, las compañías apreciarán el mayor flujo de ingresos que percibirán por el decremento del tiempo de espera y los mayores costes exigidos por los empleados extras. Sin embargo, las burocracias estatales no suelen valorar el tiempo de sus clientes, debido a que los costes de su personal extra se reflejarán en el presupuesto, mientras que los beneficios no se reflejan - debido a que estos no se suelen dar -.

Por tanto, existe la creencia de que la competencia incrementará tanto la eficiencia como la sensibilidad de los organismos públicos a las necesidades de sus clientes.

PERSPECTIVAS SOBRE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL GOBIERNO

Muchos de los problemas a los que se enfrenta el Gobierno derivan de caraterísticas presentes pero necesariamente inherentes ( Ej. ausencia de libre concurrencia ) :

Las decisiones gubernamentales son colectivas, y por ello no se les puede exigir la misma coherencia que a las decisiones individuales.

Es una combinación de meticulosidad de los procedimientos y de retrasos en la toma de decisiones.

Las causas de la misma pueden ser :

Las posibles soluciones para este problema de la burocracia se resumen en : la toma de conciencia por parte de los funcionarios y políticos implicados, el establecimiento de unos plazos de cumplimiento a los directivos y la presencia de competencia en la provisión de algunos servicios.

El problema es la sensación de falta de poder por parte de los funcionarios y la imposibilidad aparente del gobierno para luchar contra muchos de los males de la sociedad.

Causas de este punto son :

Todo esto proprociona un conjunto natural de explicaciones para todos los trámites establecidos, para el conservadurismo de las instituciones políticas y la sensación se impotencia funcionarial. Esto tiene un coste : las instituciones se anquilosan. El cambio de esta situación requerirá la reconsideración de prácticas y procedimientos, siendo un ejemplo del mismo la privatización de empresas públicas.

POLITICA ECONOMICA.

El argumento desde el que parte Stiglitz en este tema es que algunas de las deficiencias del mercado son lo suficientemente importantes como para justificar la intervención estatal. Esta intervención no va a ser ajena a las imperfecciones, ya que los errores humanos existen y por tanto hay que tenerlos en cuenta. Estos errores (los humanos) existen tanto en el sector privado como en el público. La diferencia fundamental es que los del sector público los pagamos todos y los del privado sólo algunas personas (accionistas, trabajadores,...). Esto tiene una clara consecuencia y es que hay más incentivos para evitar errores en el sector privado.

Normalmente para ciertas intervenciones públicas, los costes totales de la intervención gubernamental, contando con los errores inevitables, pueden resultar menores que los beneficios derivados de la eliminación o correción de los mecanismos deficientes.

Stiglitz defiende una posición en la que pretende reconciliar a las dos grandes posturas existentes al respecto:

A) Las posiciones doctrinarias incontrovertibles, que aseguran que la intervención gubernamental propicia en todo momento un deterioro del bienestar, el Gobierno en esencialmente ineficiente y los intentos redistributivos sólo ayudan a que los grupos de presión intercedan en su propio beneficio.

B) Las posiciones doctrinarias de la izquierda, que reclaman una mayor intervención gubernamental.

La primera de las posturas para Stiglitz es errónea ya que los gobiernos intervendrán cuando los mercados no sean capaces de solventar las necesidades sociales. Las segundas tampoco resultan muy útiles, por que no reconocen las limitaciones del gobierno. Las posturas izquierdistas después de la II Guerra Mundial quedaron reconocidas como inadecuadas; el ejemplo fundamental lo tenemos en la nacionalización de las industrias inglesas básicas, que no produjo cambios cualitativos en la vida del país, en todo caso produjo una utilización ineficiente de los recursos escasos.

Stiglitz teme por que la inadecuación de las doctrinas incontrovertibles sólo se descubrirá gradualmente, es decir, con el paso de los años (como las anteriores).

A continuación propone diversos principios a tener en cuenta a la hora de aplicar política económica:

Monopolio.

El Gobierno debe estar atento en lo referente al ejercicio de su poder monopolístico como a la concesión del mismo (franquicias, patentes). Hay un sin número de situaciones que propician el surgimiento de monopolios naturales (existe monopolio natural siempre que los costes medios de producción de una empresa disminuyen hasta unos niveles de producción superiores a los que se darían probablemente en el mercado. Cualquier empresa que intente entrar en el mercado y producir una cantidad mayor que la que se obtiene del corte de la curva de costes medios y la demanda observará que no puede vender toda su producción a un precio que cubra sus costes medios) y que pueden hacer deseable la intervención gubernamental.

Concurrencia.

El Gobierno debe fomentar la competencia dentro del sector público. Los beneficios de esto (incentivos, capacidad de identificación de competencias) sobrepasan el reducido coste añadido por las duplicaciones, o los derroches provocados por falta de coordinación que puede llegar a provocar la competencia en el sector público.

Descentralización.

Stiglitz defiende que cuando sea posible, las funciones económicas del Gobierno deben descentralizarse. Tradicionalmente relacionamos la actividad gubernamental con actividad centralizada.

La mayoria de los argumentos a favor de la descentralización son similares a los expuestos en favor de la competencia: la descentralización permite la comparación de la gestión de distintas localidades ( aquellas con una buena gestión podrán ofrecer los servicios a un menor coste y por tanto reducir impuestos, cosa que otras con peor gestión no podrán hacer, con lo que ataerán residentes que originarán un alza del valor de los inmuebles). Además la descentralización tiene la ventaja de permitir la existencia de comunidades distintas, que tratan de satisfacer las preferencias demandadas, propiciando así la competencia entre ellas.

Con esto la descentralización ofrece una salida a los problemas impuestos por las restricciones de equidad, es decir, aquellos que piensen que la comunidad se comporta injustamente con ellos pueden trasladarse a otra comunidad.

El grado de descentralización deseable puede resultar diferente para cada servicio. Un ejemplo de esto es el servicio contra incendios, no hay razón que justifique que este servicio se de a nivel superior al local. Cuando sea necesaria la coordinación de diversos departamentos contra incendios no parece difícil alcanzar el grado de cooperación necesaria.

La educación: un ejemplo.

Actualmente, en los Estados Unidos, la educación está, fundamentalmente, en manos de las comunidades locales. Sin embargo, hay quien defiende, ahora, un mayor grado de descentralización. El centro de control debería situarse en la propia escuela lo que aumentaría el grado de participación y control de padres y profesores sobre las decisiones escolares, mejoraría la calidad de la enseñanza y reduciría los costes de administración.

El argumento fundamental a favor de la centralización no es el de la coordinación, sino el de la equidad: con descentralización total, los estudiantes de algunas escuelas recibirían mejor educación que otros. Hay otro argumento: ya que diferentes escuelas contarían con distintos recursos, los estudiantes de tales escuelas recibirían una educación distinta calidad.

El argumento en contra de la descentralización estriba en que las, casi inevitables, diferencias de trato provocarán injusticias. Esto es un argumento contra el control local de cualquier bien o servicio público. El problema consiste en saber qué peso debe darse a estas objeciones sobre la equidad. De hecho, puede resultar que los beneficios obtenidos en eficiencia e innovaciones sean lo suficientemente amplias como para que todos los individuos obtengan mayor satisfación.

Los incentivos de oferta de una educación excesivamente igualitaria pueden conducir al éxodo de los acomodados de las escuelas públicas. La desigualdad puede verse, por tanto, incrementada.

Aunque el Estado puede disfrutar de ciertos poderes de coerción, hay consenso general sobre los límites entre los que debe ejercerse este poder. Los individuos deben ser obligados a pagar impuestos, a alistarse en el ejercito en tiempos de guerra, pero no se les puede prohibir que envien a sus hijos a escuelas privadas.

El criterio de Stiglitz es que los beneficios que se obtienen con la descentralización y la libre concurrencia sobrepasan ostensiblemente los costes producidos por una descompensación en la igualdad (es un asunto de escalas y juicios de valor sobre los beneficios de la descentralización y la libre concurrencia).

Redistribucción.

La preocupación sobre la equidad es universal en el sector público. Las redistribuciones no son las que se corresponden con los principios de equidad generalmente aceptados, más bien son el resultado de la actuación de grupos de presión que utilizan los poderes del Estado para obtener beneficios privados a expensas de los ciudadanos. Estas redistribuciones no sólo son injustas sino tambien ineficientes. No sólo son ineficientes debido a las actividades de captación de rentas que los grupos de presión realizan cuando solicitan trato diferencial, también son ineficientes porque las restricciones de equidad originan proyectos gubernamentales que se desvían de cualquier objetivo "racional". Si se limita estrictamente el campo de actividad del Gobierno, incluyendo las actividades en las que posee una ventaja legítima, puede reducir el campo de actuación de los grupos de presión; pero el precio puede ser muy desproporcionado.

El liberalismo del gobierno.

La falta de incentivos y las dificultades relativas para la obtención de la información necesaria son un obstáculo para el buen Gobierno. La información es un bien publico, el Gobierno tiene la responsabilidad de proporcionar un mínimo de información y de reducir los costes de obtención de la misma.

En varias ocasiones el Congreso americano aprobó leyes para asegurar que las compañías privadas proporcionaban el tipo de información que los consumidores necesitaban para realizar elecciones correctas. Los prestamistas deben informar sobre los tipos de interés que aplican,etc.

Sin embargo el Gobierno usa una serie de trucos para disminuir el déficit, como retrasar el pago de los funcionarios un día, y otros cambios contables, esto podría acarrear en el caso de una empresa privada acusación de fraude. La incapacidad de la mayoría de los Gobiernos para proporcionar un presupuesto de capital hace difícil la emisión de un juicio sobre la política gubernamental. Ninguna compañía podría hacer esto, tiene que presentar su balance, sus inversiones,etc.

En los EEUU se ha progresado mucho en la "transparencia gubernamental", la Freedom Information Act ( ley de libertad informativa) ha facilitado a los ciudadanos la obtención de información sobre los proyectos gubernamentales. Pero hay Gobiernos democráticos que tratan deliberadamente de impedir cualquier flujo de información. La Official Secrets Act (ley de secretos oficiales) inglesa es el reverso de la Freedom of Information Act Norteamericana.

DOS EJEMPLOS

Para complementar toda la exposición anterior, expondremos dos ejemplos sobre dos importantes programas gubernamentales (de jubilación y sobre el seguro de desempleo y ejército de reserva) que complementan toda la teoría general y ayudan a reflexionar sobre ella.

PROGRAMAS GUBERNAMENTALES DE JUBILACIÓN

La mayoría de los países desarrollados cuentan con programas de jubilación de contribución obligatoria los cuáles surgen por dos motivos principales:

• Deficiencia del mercado en la provisión de este tipo de seguros.

• El Gobierno debe asumir la responsabilidad de un ingreso mínimo en la vejez (ahorrar para el periodo posterior a la jubilación).

La Seguridad Social supone un programa redistributivo intergeneracional ó intergrupal; éste se diseño de forma que dificultara a los agentes el cálculo correspondiente de la prestación recibida en la vejez con las cantidades anteriormente satisfechas para la consecución de este.

Así pues, una “solución” alternativa a esta dificultad resulta de permitir a las compañías privadas competir con el Gobierno en la provisión de este tipo de programas de jubilación aunque el propio Gobierno controlará de alguna forma que los fondos se utilizaran para cubrir la jubilación.

En este punto surge la ventaja del Gobierno en cuánto a costes financieros, puesto que estos resultan menores cuando es la Administración Pública las que los provee lo que dificultaría la “competitividad” de las entidades privadas dispuestas a proveer dicho seguro.

SEGURO DE DESEMPLEO Y EJÉRCITO DE RESERVA

La forma inicial del seguro de desempleo era peculiar: cubría pequeños riesgos (desempleo durante 26 semanas) lo cuál suponía una pérdida de ingresos relativamente pequeños si el individuo decidía ponerse a trabajar antes del fin del seguro de desempleo correspondiente al anterior puesto de trabajo. Ello también dificultaba el hecho de petición de un préstamo puesto que no podían satisfacer las condiciones para avalarlo.

Actualmente, el individuo espera el agotamiento del plazo del subsidio para comenzar en la búsqueda de empleo (no tiene incentivos); pero esta situación mejoraría, si los individuos tuvieran facilidad para pedir préstamos, lo cuál, reforzaría el incentivo del individuo a buscar trabajo. En este caso, el Gobierno jugaría un papel potencial importante que apoyaría dicha teoría como poder coercitivo.

existencia de restriciones o limitaciones al acceso a convocatorias públicas.

- ECONOMÍA PÚBLICA II -

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