Sociedad argentina

Prosperidad. Miseria. Economía. Política. Sociedad. Inmigración. Cultura

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La sociedad argentina entre dos bicentenarios

I. El Centenario

En su Oda a los ganados y a las mieses, escrita en 1910, Leopoldo Lugones celebró la prosperidad argentina y la asoció con el gran crecimiento agropecuario. Esa visión optimista sobre el futuro argentino fue compartida por otros intelectuales y literatos, como Rubén Darío, y por notorios visitantes extranjeros, invitados a los magníficos festejos del centenario de la revolución de Mayo, . Les habría sorprendido saber que, cien años después la Argentina no celebraría su prosperidad sino que se lamentaría de su miseria. Más aún, que las esperanzas de recuperar el envión seguirían estando puestas en los ganados y las mieses.

No todo fue optimismo en el Centenario. Otros intelectuales atendieron en cambio a episodios como el coronel Ramón Falcón, del jefe de Policía asesinado en 1909 por un terrorista anarquista. Advirtieron que, pese a la prosperidad del día, el país atravesaba una zona tormentosa y se internaba en otras igualmente oscuras. Entre estos pesimistas estaban Agustín Álvarez, quien desconfiaba de la tradición católica y autoritaria, José María Ramos Mexía, que temía la mezcla con las razas inferiores traídas por la inmigración, y Joaquín V. González, cuestionador de las viciosas prácticas institucionales y políticas.

Es significativo que muchos de estos diagnósticos, elogiosos o críticos, fueran patrocinados y generosamente retribuidos por el estado nacional, que fue una pieza clave en el espectacular crecimiento argentino. Aunque en 1910 todavía resonaban los ecos de las batallas fundadoras, el estado ya había logrado consolidar las fronteras, afianzar la paz interior y construir lo principal del andamiaje institucional y burocrático. También había logrado encauzar, hasta donde eso era posible, la conflictividad política.

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En buena medida la prosperidad económica, que todos admiraban en el Centenario, era obra de la acción estatal. La “conquista del Desierto”, y la distribución de la tierra en grandes propiedades posibilitó su rápida puesta en producción. El estado fomentó la inmigración y facilitó las inversiones extranjeras, adecuadamente garantizadas, y también estableció el sistema monetario, el crediticio y el fiscal.

Las política estatales tuvieron otro mérito: se adecuaron a las tendencias de la economía mundial, que por entonces ofrecía excelente oportunidades a los países que pudieran incrementar su producción de alimentos y materias primas. La tierra estaba: era la excelente y fértil llanura pampeana. La mano de obra concurrió en abundancia, pues en Europa abundaban quienes buscaban en los países nuevos una oportunidad para hacer una nueva vida. Año a año llegó a la Argentina un cuarto de millón de inmigrantes, y aunque muchos se volvieron, otros tantos se quedaron y se incorporaron a la masa de trabajadores. Con flexibilidad y capacidad de adaptación, fueron a los lugares donde había empleos y buenos salarios, ya fuera en la ciudad o en el campo. Para completar la ecuación, también vinieron los capitales, principalmente británicos, para construir los ferrocarriles, los puertos y los frigoríficos -sin ellos no habría ni agricultura ni ganadería- y para financiar el estado, pieza indispensable para ensamblar todos estos elementos,

Los espectaculares resultados son fácilmente cuantificables en toneladas exportadas de lanas, trigo o carne congelada. También se lo advierte en el derrame de esos beneficios. Una parte le tocó a provincias como Mendoza o Tucumán, cuya prosperidad se fundó en las tarifas protectoras de sus producciones. Fue una decisión del estado y de los políticos, costeada finalmente por los consumidores porteños, que pagaban un poco más por el privilegio de consumir vino o azúcar nacionales.

El derrame se aprecia sobre todo en las ciudades. En infinidad de centros urbanos medianos y pequeños, directamente vinculadas con su contorno agropecuario. En las capitales provinciales -con sus edificios públicos, sus teatros de ópera y sus parques- y especialmente en los grandes ciudades, como Buenos

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Aires. Allí residieron y gastaron sus rentas las elites, trabajaron los jornaleros y peones, prosperaron los comerciantes y artesanos y vivieron dignamente los empleados públicos o los educadores. También los obreros de las industrias, establecidas para abastecer a un mercado acrecido mercado interno.

Los inmigrantes, que habían empezado a llegar al país a mediados del siglo XIX, siguieron arribando, con algunas intermitencias, hasta 1930. Así, la población pasó de 1,8 millones de habitantes en 1869 a casi cuatro millones en 1895 y el doble en 1914; en Buenos Aires en 1895 uno de cada dos habitantes era extranjero. José Luis Romero llamó “aluvial” a esta sociedad que durante unas décadas estuvo rehaciéndose permanentemente.

Al principio en las ciudades el grueso de los inmigrantes eran peones o jornaleros, y se hacinaban en los conventillos del centro urbano. Pero pronto la prosperidad y la diversificación económica trajeron oportunidades para muchos de ellos, que iniciaron un camino de ascenso no espectacular pero sólido. Quienes tenían alguna calificación pusieron un taller, y otros un comercio. Unos y otros llevaron adelante el gran proyecto familiar de la casa propia, en alguna de las nuevas barriadas, donde los lotes se vendían en cuotas y el tranvía les permitía trasladarse al lugar de trabajo. Sus hijos, argentinos nativos, fueron a la escuela primaria, y algunos al colegio secundario, donde se mezclaron con quienes venían de los sectores populares y medios criollos.

El sistema educativo fue una de las grandes empresas del estado argentino: gratuito, público, laico y sobre todo excelente. Los edificios escolares, verdaderos palacios, transmitieron la idea de la importancia que el estado y la sociedad asignaban a la educación. La escuela proveyó las herramientas para la incorporación y el ascenso, y también sirvió para nacionalizar a los hijos de los inmigrantes, quienes junto con la matemática aprendieron la lengua, la historia y la geografía nacionales. La alfabetización de la sociedad popular -notable para su época- se reflejó en la proliferación de periódicos, revistas, libros baratos, constructores también ellos de un imaginario en el que la pertenencia a la nación se combinaba con la voluntad de entenderla y mejorarla.

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Esta sorprendente movilidad desde abajo contrasta con la amplitud de la brecha que por entonces separaba a los sectores populares de la elite. Nuevos ricos y advenedizos se incorporaron a los sectores altos, mientras una buena parte de la vieja elite patricia se desbarrancaba y, aferrada a sus pergaminos, procuraba no quedar sumergida en los sectores populares. Enfrentado con la sociedad popular y magmática, el mundo de la riqueza, vieja y nueva, se fortaleció como elite. Hicieron valer su fortuna, pero también aspiraron a distinguirse por su prosapia y su modo de vida. Reivindicaron su linaje, cultivaron la tradición y un estilo que llamaron nacional o que filiaban, como Enrique Larreta, en la España épica. Se propusieron educar a sus miembros, a menudo rústicos, y afirmar un estilo de vida distinguido, como el que Carlos Pellegrini y Miguel Cané quisieron instituir desde el Jockey Club, o el que aprendían en los viajes a Francia. Frente a una sociedad móvil e integrativa, intentaron cerrarse y comportarse como una oligarquía burguesa.

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Hasta que la crisis de 1890 sembró dudas sobre el futuro de la economía, e introdujo una fisura política pertinaz, predominó en la elite un ánimo optimista, y una confianza en la capacidad del estado para trazar el rumbo del país y moldear su sociedad. Así, y pese al cuestionamiento de los grupos católicos, en la década de 1880 se sancionó la legislación denominada laica: registro civil, matrimonio civil, enseñanza pública. Pero el consenso progresista y la unidad de miras desaparecieron a principios del siglo XX y fueron remplazados por un talante pesimista, no solo hacia el futuro sino hacia lo hecho hasta entonces. El fracaso de la ley de divorcio señaló el agotamiento del impulso laico y la constitución de una fuerte opinión católica, respaldada en una iglesia que se afirmaba como institución.

Por entonces se cuestionó la política educativa y se señalaron las debilidades de la nacionalidad, que de acuerdo con el valorado paradigma germano, debía ser consistente y homogénea. Mucho había trabajado el estado hasta entonces, afirmando la nacionalidad en una sociedad heterogénea y casi babélica, por medio

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de una paciente tarea referida a los héroes patrios, los monumentos, los sitios históricos, las festividades cívicas. Pero a principios del siglo XX todo pareció insuficiente. Así lo señalaron Ricardo Rojas, Manuel Gálvez o José María Ramos Mejía, quien impulsó la ritualidad patriótica en las escuelas. Los intelectuales comenzaron a debatir acerca de la esencia de lo nacional -el ser nacional- que quizá residiera en la raza, la lengua, la tradición o la geografía. Fue un debate ríspido e inacabable en el que desde 1902 terció el Ejército. La ley de Servicio Militar Obligatorio lo ubicó en una posición docente privilegiada y le permitió afirmar una idea de la nacionalidad que colocaba en su centro precisamente a la institución militar.

Fuera del mundo de la elite se desarrollaron otras tensiones, cuyo vigor alimentó los ánimos pesimistas. En 1901 mucha gente salió a la calle con reclamos sobre cuestiones diversas, tales como la deuda pública, la reforma educativa, el gobierno universitario o la protección de la industria nacional. Por entonces el mundo obrero se agitó, y la cuestión social se instaló en el centro del debate. Conducidos por los anarquistas, los trabajadores se agremiaron y protagonizaron huelgas de creciente intensidad. En 1910 estuvieron a punto de malograr los festejos del Centenario. Poco después, en 1912, comenzó la huelga de los chacareros de la región pampeana, contra terratenientes y comerciantes.

Ante esta protesta generalizada -debe ubicarse en ese contexto el reclamo de la Unión Cívica Radical por la reforma del sufragio- la elite se dividió entre los partidarios del enfrentamiento y la represión -por ejemplo mediante la Ley de Residencia de 1902- y quienes trataron de canalizar los reclamos por la vía de la reforma. Tal el caso de Joaquín V. González, y su Código del Trabajo, que no llegó a sancionarse. La expresión culminante del reformismo de la elite dirigente fue la ley electoral Sáenz Peña, sancionada en 1912, que estableció el sufragio secreto y obligatorio y el sistema de mayoría y minoría, y fundó así la moderna democracia.

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II. Crecer hacia adentro, 1914-1955.

La culminación del proyecto reformista, concebido en una Argentina expansiva, coincidió con el comienzo de un período de grandes dificultades, y también de oportunidades, en el que la Argentina introdujo un giro en su rumbo. No categórico, pero significativo: digamos de unos 30 grados.

La Primera Guerra Mundial desarticuló el mundo en el que la Argentina había crecido con relativa facilidad. En lo inmediato, la guerra paralizó el comercio exterior, redujo los ingresos fiscales -limitados por entonces a la Aduana-, afectó las importaciones -esenciales para que funcionara la industria- y cortó la inmigración, fundamental para sostener la expansión agraria. Los conflictos sociales, contenidos durante la guerra, estallaron con violencia desconocida entre 1917 y 1921, con un epicentro en la Semana Trágica de enero de 1919. Terminada la guerra, las cosas parecieron normalizarse en los apacibles años 20. Pero la inestabilidad financiera del mundo, sumada a la presencia dominante de los Estados Unidos -la Argentina debió aprender el arte de tener dos metrópolis - planteó a los gobernantes exigencias de eficacia en la gestión que pocos estaban en condiciones de satisfacer. En 1929 volvió a estallar la crisis en el mundo, y aunque en la Argentina repercutió tardía y atenuadamente, de todos modos significó a los ojos de todos que había llegado a su fin la época del comercio internacional libre, en la que todo marchaba “por si solo”.

La respuesta, singularmente eficiente, de las elites gobernantes fue la construcción de una serie de herramientas estatales para regular los desequilibrios económicos: el Banco Central, que controló los cambios, la moneda y el crédito, el salvataje de las instituciones financieras y la limitación de las producciones regionales mediante la negociación entre los diversos intereses corporativos. La decisión más trascendente estuvo en la firma del Tratado de Londres, en 1933, que reguló el comercio con Gran Bretaña y aseguró el mercado para el sector privilegiado de los hacendados y frigoríficos, a costa de otros productores rurales. Fueron decisiones políticas y también técnicas, pues en esos años se constituyó el primer segmento consistente y capacitado de administradores estatales.

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El control de cambios creó las condiciones para que muchas empresas optaran por fabricar en el país productos antes importados, comenzando por los más sencillos, como los textiles. El proceso de la llamada sustitución de importaciones se profundizó durante la Segunda Guerra Mundial y en los años de posguerra, robustecido por vigorosas políticas estatales de ampliación del mercado interno por la vía de la redistribución de los ingresos generados por el sector rural. Así, en torno de Buenos Aires, Rosario y otras ciudades se formaron cinturones industriales dinámicos, que alojaron a los trabajadores de la zona rural pampeana, y luego de las provincias interiores, atraídos por la oferta de empleo industrial.

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En las décadas de entreguerra se completó la silenciosa transformación de la sociedad, iniciada en las décadas anteriores. Aunque los contingentes de inmigrantes extranjeros fueron importantes hasta 1930 -y significativos otra vez después de 1945-, el carácter babélico de la sociedad fue desapareciendo, y predominaron los procesos de integración social y cultural. Pesaron los hijos argentinos de los antiguos inmigrantes, y se generalizó la obra de argentinización de la escuela pública. La sociedad móvil repartió oportunidades de manera amplia. Así lo indica el crecimiento de algo que para sus protagonistas fue uno de los logros más preciados: la casa propia, o mejor, las casas, agrupadas en barrios o ciudades. Los chacareros remplazaron sus prácticas itinerantes por el asentamiento, convirtiendo las colonias en ciudades pequeñas o medianas, con sus cooperativas, asociaciones vecinales y clubes sociales, así como con todos los servicios urbanos considerados esenciales para la vida civilizada.

En las ciudades grandes surgieron los barrios. Algunos definidamente populares, otros con un claro perfil de clase media alta, aunque lo habitual fue que en cada barrio los grupos sociales se mezclaran. En los barrios se desarrolló un gran proyecto de vida civilizada o urbana, Consistió en abrir las calles, planeadas por una grilla previa, empedrarlas, iluminarlas, construir las plazas, las escuelas, los hospitales, y asegurar los medios de transporte con el “centro”, donde se encontraban las comodidades y servicios de los que los barrios carecían por

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entonces. Los barrios se poblaron de recién llegados, de orígenes sociales y étnicos diversos, con distintas profesiones e intereses sociales diferentes y aun contrapuestos, pero todos empeñados en transformar al barrio en un fragmento de ciudad. Este propósito tuvieron sus instituciones típicas: la sociedad de fomento, la parroquia, el club social, la biblioteca popular e inclusive el café de la esquina, fragmento de universidad popular, con algo de maternal, del que nadie se olvidaría en su queja. Esos fueron los ámbitos de la nueva sociedad popular, de las “clases medias”, pobre manera de caracterizar un proceso social continuo, dinámico pero sin estridencias, de movilidad e integración social.

Más brusco fue el proceso de constitución de los nuevos cinturones de obreros industriales. Los contemporáneos tardaron en percibirlos: no los advirtió en 1940 Ezequiel Martínez Estrada, en su radiografía de la cabeza de Goliath. Más atentos habían estado los partidos políticos, como el Socialista y muy especialmente el Comunista, que organizaron los sindicatos industriales, y también lo estuvo el gobernador Fresco, más fascista que conservador, quien advirtió la necesidad de negociar y acordar con ellos. Pero en 1945 se anoticiaron bruscamente de su existencia; más precisamente el 17 de octubre, fecha de nacimiento de un nuevo actor social y político. Desde entonces, y en nombre de la justicia social, las políticas gubernamentales se dirigieron a mejorar sus ingresos -incorporando a los rezagados a la gran corriente de la sociedad móvil- y a consolidar sus derechos sociales y políticos. A la vez, el estado peronista dio forma a un nuevo tipo de organización sindical. Los sindicatos recibieron una generosa prebenda estatal y fueron incorporados al núcleo de las decisiones políticas del estado. Con el doble impulso del estado y de los sindicatos, y en esa breve coyuntura breve que Félix Luna asoció con “la fiesta”, los trabajadores se incorporaron rápidamente al consumo y al disfrute de los beneficios de la vida moderna, abarrotando cines, teatros, trenes y plazas.

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La irrupción de los trabajadores peronistas se produjo en una sociedad ya trabajada por una profunda cesura ideológica. El consenso progresista de fines del

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siglo XIX, duramente cuestionado en las primeras décadas del siglo XX, había plasmado en dos polos, casi en dos ejércitos, que aparecían armados para una confrontación ideológica, cultural y política. De acuerdo con el clima de la entreguerra, se identificaron en torno del fascismo y el antifascismo. Un polo se identificó con el liberalismo, la democracia y el socialismo, cobijando también a los comunistas, cuando Moscú así lo ordenó. El otro polo abrevó en el nacionalismo, el hispanismo y el catolicismo; encontró su voz en nuevas cohortes intelectuales, y recibió el respaldo de la Iglesia Católica, en postura triunfante, y el Ejército, que asumía la custodia de la nación. Ya aludimos a la raigambre del primer polo. El nuevo, en cambio, combinaba la desconfianza por la democracia con la concepción corporativa y jerárquica de la sociedad y la simpatía por las distintas experiencias autoritarias. Entre ambos polos se libró una batalla integral: se discutió sobre la interpretación de la historia, que según unos debía ser “revisada”, sobre la enseñanza religiosa en las escuelas, o sobre la organización institucional de la sociedad desde el estado.

En la posguerra hubo cruces e intercambios entre ambas posiciones -imposible explicarlos sin hacer referencia a la política-, pero la polaridad se mantuvo. Hubo de esa polaridad una referencia central a la política. Para unos, era la democracia contra el fascismo, o simplemente la tiranía; para otros, era la democracia real contra la meramente formal, y el pueblo contra el antipueblo.

Aquí importa señalar otro costado de la antinomia, que fue social y cultural. La parte establecida de la sociedad, y sobre todo quienes integraban su elite tradicional, en decadencia pero vigente, se irritaron por la incorporación social brusca, por la oleada de recién llegados, que juzgaban poco educados y groseros. Le chocaba las formas de vestirse, hablar o relacionarse, así como su escasa valoración de la tradición cultural de las elites, tan apreciada antaño por los sectores medios. No se lamentaban de la instauración del comunismo, sino de la decadencia de la cultura.

Del lado popular, la incorporación a los mejores beneficios que ofrecía la sociedad -tan apreciada que aspiraban a mantenerla, y usarla plenamente- vino unida con

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los temas de lo nacional y lo popular, que eran militantemente opuestos a lo oligárquico. Más allá de las actitudes desafiantes, hubo una nueva valoración de formas culturales consideradas populares, impulsadas por el estado y difundidas por la radio, por entonces la estrella de los medios de comunicación.

En ese sentido, fue un enfrentamiento cultural, expresado por ejemplo en las imágenes antitéticas e inconciliables, aunque igualmente míticas, de Eva Perón: para unos la Dama de la Esperanza, parta otros la Mujer del Látigo. Ciertamente, esta polaridad habría sido mucho menos trascendente -y con el tiempo dejó de importar- si no hubiera estado replicada por la polarización política.

III. Con los conflictos a flor de piel, 1955-76

La caída del peronismo, y su posterior proscripción agudizaron estos conflictos: más allá de los efectos políticos, se creó una situación de rencor larvado, que posteriormente alimentó otros conflictos. Por otra parte, la Argentina encaró por entonces el complejo desafío de reincorporarse a un mundo del que había estado algo distanciada en las décadas anteriores. Era el mundo de la democracia -tan difícil de instalar en este suelo-, el capitalismo trasnacional y la modernización social y cultural. También era el mundo de la guerra fría, el anticomunismo y el impreciso pero esperanzador Tercer mundo.

Una de las cuestiones pendientes en 1955 era el agotamiento de la fórmula de la sustitución de importaciones, atenaceada por la falta de una industria de base y por el estancamiento agrario. En 1958 se formuló la política desarrollista que, con matices, se mantuvo hasta 1976. Consistió en la convocatoria de empresas internacionales, para desarrollar la producción de insumos básicos y equipos complejos, como el petróleo o los automotores. En términos generales, la experiencia fue exitosa. A principios de la década de 1970 podía advertirse que esos enclaves industriales modernos habían impulsado la transformación de una porción significativa de la industria, y también del sector agropecuario, cuyo crecimiento permitió aumentar las exportaciones. Pero no fue esa la interpretación

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dominante entre los contemporáneos. La transformación dejó al margen al sector industrial tradicional, poco eficiente, y afectó el empleo de muchos trabajadores. Por otra parte, el ciclo económico trajo inexorablemente, cada tres años, una crisis, que se resolvía con la devaluación del peso. Cierre de empresas, desocupación, inflación y deterioro del salario real eran las secuelas de cada una de estas crisis.

Esta marcha a saltos exacerbó la conflictividad social. El estado desarrollista aumentó su intervención en la economía, pero fue incapaz de mantener una línea permanente y autónoma, en parte por la debilidad política de todos los gobiernos, militares y civiles, y en parte por las deficiencias de las agencias estatales, pobladas por representantes de los distintos intereses particulares. Así, las intervenciones del estado consistieron principalmente en promover, conceder ventajas o beneficios excepcionales o, más generalmente, verdaderas prebendas. Lo que Perón había hecho con los sindicatos - y que los gobiernos posperonistas mantuvieron- se repitió ahora con los distintos segmentos y sectores empresarios, o con cualquier interés organizado.

Cada uno de los intereses se organizó en una corporación, aguerrida y militante, dispuesta a presionar al estado parta obtener el ansiado decreto, la devaluación, el régimen de promoción o el aumento salarial, que de un plumazo trasladaba una masa de los ingresos nacionales de un sector al otro. Así lo hicieron las corporaciones empresarias, que eran muchas, los sindicatos, la Iglesia, las fuerzas armadas y cien otros intereses de diferente envergadura. Cuando la presión no alcanzaba, se salía a la calle, como hicieron repetidamente los sindicalistas o los militares. Por ese camino, el conflicto corporativo fue derivando en una confrontación abierta, sin reglas y cada vez más violenta.

Mientras tanto, el proceso social seguía por caminos más tranquilos. En los años sesenta culminó el secular proceso de integración e incorporación, y a la vez comenzaron a hacerse evidentes sus límites. La economía siguió incorporando nuevos trabajadores, provenientes de los países limítrofes, y pese a todo mantuvo un nivel de ocupación razonable, al menos juzgado con los parámetros actuales.

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Sin embargo, los trabajadores percibieron las consecuencias negativas que para el empleo traía aparejada la nueva racionalidad capitalista; por eso, los sindicatos se concentraron no tanto en la defensa de los salarios, que se deterioraron, como en la de las fuentes de trabajo, y reclamaron por ejemplo que el estado se hiciera cargo de las empresas que amenazaban con cerrar.

La década del sesenta fue el último período dorado de las clases medias, las auténticas masas de esta sociedad que llegaba al límite de sus posibilidades de incorporación. Mafalda, el entrañable personaje de Quino, nos ha dejado un testimonio memorable de la aparición de nuevos consumos, como el automóvil o la quincena de vacaciones en el mar. También nos desliza una reflexión amarga acerca de “las clases medio estúpidas”, que empiezan a advertir los límites de su estabilidad. La vivienda propia, un arraigado ideal, empezó a ser inalcanzable, y en algunos casos se limitó a la casilla en una villa miseria, de las que proliferaban en la Capital o en los conurbanos. La universidad se abrió a una masa de estudiantes y muchos de ellos llegaron a ser profesionales titulados, aunque eso no les garantizó, como antaño, una posición social y el arquitecto taxista comenzó a convertirse en una figura social de los nuevos tiempos.

La universidad fue el ámbito por excelencia de la modernización cultural que caracterizó este período. Aunque la mayoría de los estudiantes aspiraban a ser como antaño, abogados o contadores, hubo muchos que eligieron la carrera científica -alentados por la creación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas- y otros que optaron por los saberes nuevos de la psicología o la sociología, capaces de explicar tanto su propia personalidad como el medio social en que vivían, y que quizás aspiraban a transformar. Por entonces la Universidad proyectó su saber a la sociedad, como en el caso de la Editorial Universitaria de Buenos Aires y su programa de un libro para cada uno; también incorporó y amplificó sus debates, en el fértil terreno de la militancia estudiantil. En los bordes de la Universidad se desarrollaron otras experiencias modernas: el arte de vanguardia del Instituto Di tella, el cine de Bergman, el herético tango de

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Piazzolla. Era un mundo cultural nuevo, en el que no era fácil orientarse, cuyas claves empezó a suministrar la revista Primera Plana.

Igualmente notable fue la modernización de las costumbres: la generalización del jean, para mujeres y varones, la difusión de la minifalda o del pelo largo, el voseo y el psicoanálisis. Una verdadera revolución se produjo en la vida de pareja, para decirlo con los términos modernos: relaciones sexuales prematrimoniales, divorcio, píldora anticonceptiva conformaron un nuevo e inquietante paradigma.

Muchos sectores tradicionales se alarmaron por esta liberalización, que de acuerdo con el clima ideológico de la época asociaron con el avance del comunismo. Así lo afirmaba la Iglesia católica, fiel al integrismo de las décadas de entreguerra, aunque esto empezaba a ser cuestionado por los seguidores del Concilio. Este tradicionalismo cultural subyace en la política de la dictadura militar de 1966 que, tratando de encauzar la conflictividad social, intentó extirpar la modernización cultural.

La pueril represión de Onganía -que asoció la represión sindical con los cortes de pelo y la intervención a las universidades- exacerbó los conflictos y los polarizó. Hubo un enemigo común: la dictadura y el imperialismo, y su condena sintetizaba distintas corrientes ideológicas y culturales, marxistas y nacionalistas. Pero además hubo algo nuevo. Una parte de la sociedad entró en revolución: un estado de ánimo que unía la percepción de las injusticias de la sociedad con la convicción de que podían ser eliminadas si se conjugaba la acción de los hombres y mujeres de buena voluntad. Era un estado de ánimo colectivo que informaba muchos programas políticos e iba más allá de cada uno de ellos, en tanto la transformación colectiva estaba indisolublemente unida a lo que cada grupo pudiera hacer o imaginar en su pequeño ámbito de acción: una escuela, un hospital, un vecindario. Todo lo que contribuía a la realización individual sumaba a la transformación colectiva.

En ese contexto tan lleno de ilusiones, la conflictividad social, corporativa y sectorial se desplegó con nuevos horizontes. Es difícil no mencionar un elemento

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que es político, pero mucho más que político: la ilusión que generaba el retorno de Perón. Todo esto junto potenció los conflictos y los colocó en las calles, donde desde entonces, y hasta 1976, transcurrió una parte importante de la política.

Quienes así se movilizaban creían en una vía rápida para la realización de sus proyectos, cuyo único enemigo eran las despreciables minorías explotadoras. Se trataba de tomar el poder, y para ello era inevitable recurrir a algún tipo de violencia, siguiendo el camino popularizado por la Revolución Cubana. Para algunos, se trataba simplemente de terrorismo. Lo asombroso no es que hubiera terroristas sino que una buena parte de la sociedad aceptara con naturalidad y complacencia el terrorismo. Se trata de una culminación, verdaderamente terrible, de una sociedad que se consumía en sus conflictos.

IV. El país de la democracia y la miseria, 1976-2010

En los últimos treinta años la sociedad argentina vivió inmersa en dos climas muy diferentes: el de la dictadura y el de la democracia. Con la dictadura conoció la represión sangrienta y un generalizado clima opresivo. Hubo pequeños kappos, grandes héroes, como Madres de Plaza de Mayo, y mucha gente que hizo lo que pudo, entre el consentimiento, el disenso y la resistencia parcial. Pero también fueron los años del Mundial de fútbol, la fiesta de todos, de la revista Caras, la plata dulce y la gesta de Malvinas, estruendosamente plebiscitada.

Desde 1983 se vivió en democracia y se disfrutó de ella. En las grandes manifestaciones, combatiendo contra un poder que ya no existía, o en los festivales artísticos, masivas comuniones de la nueva fe. Dentro de esta tónica general, los estados de ánimo fueron cambiantes: ilusión en los primeros años, decepción después de la Semana Santa de 1987, angustia generalizada en 1989, y otra vez en 2001, alegría irresponsable en los noventa, y también resignada indignación. Más recientemente conocimos la pasión regeneradora de 2002, y últimamente el encono faccioso, que recuerda épocas supuestamente superadas.

Por debajo de esos humores cambiantes hubo convicciones fuertes. La primera, la de vivir en un estado de derecho, más allá de las críticas que cotidianamente

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podían formularse a la justicia o a la policía. Otra convicción fu el valor absoluto de los derechos humanos. A los básicos, como la vida y la libertad, se agregaron otros, que se le reclamaba al estado, convertido por obra de sus pasadas atrocidades en el gran deudor de la sociedad. Todo ciudadano se consideró sujeto de derechos, pero no fueron tantos quienes asumieron los deberes y obligaciones concomitantes, como el pago de sus impuestos o el respeto de las normas de tránsito. Otro aspecto del clima democrático fue el “deber de memoria”. En verdad, la memoria posterior de los crímenes de la dictadura fue bastante más extensa e intensa que su vivencia contemporánea. Construir la memoria de la sociedad fue la tarea de grupos de ciudadano bien pensantes, devenidos frecuentemente en Catones, que se arrogaron el terrible derecho de dirimir entre justos y pecadores.

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Dictatoriales o democráticos, los gobiernos tuvieron un paradójico rasgo común: su contribución al derrumbe del estado. Su reforma era un fenómeno mundial, pero las soluciones locales fueron singulares, y particularmente nefastas. La dictadura militar declaró que achicar el estado era agrandar la nación. Recortó agencias estatales, suprimió viejas prebendas, concedió otras nuevas, y con su accionar terrorista clandestino, corrompió sin remedio la normatividad estatal. Las promesas de Alfonsín, propias de la ilusión social de 1983, chocaron con la falencia de la herramienta estatal, y resultó evidente que el viejo estado providente y regulador no había sobrevivido a la crisis de comienzo de los setenta. El impulso destructor, detenido en los años de Alfonsín, fue retomado por Menem, quien combinó la reforma racional con un festival de corrupción y una absoluta despreocupación por sus consecuencias sociales. En tiempos de Kirchner el estado se resintió por la arbitrariedad gubernamental y la destrucción sistemática de algunas agencias, como el Indec. Al cabo de treinta años el estado ha retrocedido tanto en su capacidad para prestar servicios básicos -la educación, la salud o la educación- como en la de imponer a la vida social normas y

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regulaciones. En cambio, se ha mantenido fiel a viejos vicios: la concesión de prebendas a intereses organizados o, más frecuentemente, a grupos de amigos.

La globalización mundial y las políticas estatales locales imprimieron un giro profundo en la economía. Se privatizaron las empresas estatales, se abrió relativamente la economía a la competencia exterior, y se redujeron drásticamente los subsidios. Todo ello dejó una fenomenal redistribución regresiva de los ingresos. Hubo una masa de afectados y algunos grandes beneficiados, sobre todo los que tenían unas relación privilegiada con el poder. Cada crisis dejó un tendal de empresas en quiebra, grandes medianas y chicas, y una multitud de desocupados, que se sumaron a los despedidos por las privatizadas empresas de servicios. La masa de desocupados tuvo efectos acumulativos, y toda una porción de la Argentina se derrumbó. Pero a la vez, algunos empresarios encontraron un nuevo camino, como los productores de aluminio o auto partes, y sobre todo los productores rurales, protagonistas de una espectacular revolución tecnológica. Hay un embrión de nuevo capitalismo, mejor adecuado a las condiciones del mundo, y menos dependiente de la protección estatal. No se advierte que sea capaz de absorber la enorme masa de pobres desocupados.

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Desocupación, pobreza y miseria son los aspectos más llamativos de la nueva sociedad. No solo por su magnitud sino también por el contraste con la antigua, móvil e integrativa. El estado no es más la poderosa palanca de la promoción, y ni siquiera asegura las condiciones básicas de seguridad, educación y salud. Los caminos de la movilidad, ya problemáticos en la década de 1960, se estrecharon más aún. La sociedad no tiene lugar para todos, y los que pueden, emigran. Una buena parte de los sectores medios naufragó en alguna de las grandes crisis y se proletarizó, mientras que muchos trabajadores se hundieron en la miseria, y allí los viejos valores del trabajo, el estudio y el ahorro carecen de sentido para las nuevas generaciones. El antiguo circulo virtuoso se convirtió en un círculo vicioso.

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Una parte de los sectores medios sobrevivió, y aún prosperó, junto con los muy ricos, pues los ganadores de la gran transformación no son un grupo menor. Pueden pagarse su propia educación, salud y seguridad, y mantiene un estilo de vida normal, pero que viven asediados y encerrados. También viven encerrados los pobres, en barrios aislados, sin contactos con el centro. Las viviendas se levantan en tierras inundables, rellenadas trabajosamente, y sus títulos de propiedad son precarios. El estado provee de manera mínima educación y salud, y en cuanto a la seguridad, no solo la policía no da abasto, sino que sus agentes suelen ser cómplices de los delitos que deberían reprimir.

Pero a la vez, en los barrios populares florece la auto organización y la solidaridad, ya sea para conseguir regularizar los títulos de propiedad, urbanizar del barrio, instalar la una sala de primeros auxilios o el comedor popular. Se trata de una épica que repite, a su manera, la de los barrios urbanos a principios del siglo XX. El estado, ausente de sus funciones esenciales, ha optado por repartir ayuda de manera focalizada, casi individualizada, a través de distintas organizaciones sociales, o también de jefaturas barriales. Por esa vía, la sociedad barrial nacida de la miseria y sus necesidades, se entrelaza con las redes políticas.

Las formas de la conflictividad social han cambiado mucho en la sociedad de la miseria. Las corporaciones sindicales retrocedieron, aunque conservan su fuerza cuando el patrón es el estado. Su lugar es ocupado por las organizaciones territoriales, como las piqueteras, que organizan y movilizan a los desocupados. Su nombre viene del modus operandi: cortar calles y caminos, para presionar al estado y lograr que distribuya a través de su organización la ayuda social destinada a los pobres. Pero parte de esos fondos se destinan al mantenimiento de la organización, de modo que el juego de la presión y las concesiones no tiene fin. Una sólida base moral confiere legitimidad a la protesta piquetera. Crear molestias serias, pero no graves, expresa la indignación de los excluidos, que apela a la conciencia culposa de quienes no lo han sido.

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Esta eficaz forma de protesta fue adoptada por todo grupo que reclama algo del estado o de la vida en general, inclusive los grandes productores agrarios afectados por la política impositiva del gobierno. Se trata de una situación paradójica en una sociedad que ha construido la representación democrática y se siente orgullosa de ello, pero no consigue que esa representación funcione para procesar los reclamos de sus partes.

V. Desde el mirador del Bicentenario

En 2010 las expectativas de los argentinos son mucho más modestas que las de los hombres del primer Centenario. Nadie imagina que la Argentina llegue a ser uno de los grandes países del mundo; tampoco se espera un crecimiento sostenido que vivifique la sociedad móvil y democrática. Luego de varias décadas de sostenida decadencia, cruzada por crisis agudas, la estabilidad y una aurea mediocritas parecen todo un ideal.

La cuestión político institucional constituye indudablemente uno de los grandes desafíos del Bicentenario. Por otra parte la economía, que hace una década hacía vislumbrar un estancamiento crónico, ofrece hoy signos más alentadores, pues el mundo necesita los alimentos que la Argentina puede producir. Curiosamente, no estamos lejos del diagnóstico de Lugones en 1910: la tierra de los ganados y las mieses. Pero de poco valdrá esa prosperidad de origen agrario si no concurre a disolver el núcleo de miseria, constituido en torno de la desocupación y que ya crece con lógica propia. Allí está la base de una sociedad escindida en dos mundos, que viven un conflicto cotidianamente escenificado en las calles.

La solución de esos problemas tiene un protagonista necesario: el estado. Un estado que hoy sobrevive malamente y que requiere agencias que funcionen y además un núcleo que piense, en diálogo continuo con la sociedad, pues como dijo Durkheim a principios del siglo XX, el estado es el lugar en dónde la sociedad reflexiona sobre si misma. Solo a partir de esa acción estatal, reflexiva y eficaz, orientada al interés general, esta comunidad argentina llegará a ser lo que muchos

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llaman una nación. Ser una nación fue la aspiración de los hombres de 1910.

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