Segunda República española

Historia de España. Siglo XX. Instauración. Alcalá Zamora. Apoyo y rechazo social. Bienio reformista. Constitución Republicana de 1931. Política de secularización. Generalitat de Catalunya

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Historia

La instauración de la Segunda República

La proclamación de la II República española, realizada el 14 de abril de 1931 con gran entusiasmo por la mayoría de la población, trajo consigo la democracia y las libertades individuales y sociales.

En la noche del mismo día 14 asumió el poder el Gobierno provisional y comienza a actuar: nombra a Niceto Alcalá Zamora presidente del Gobierno, decreta amnistía general, proclama las libertades públicas y sindicales y comienza a elaborar las líneas de lo que serán las grandes reformas.

La República originó actitudes de apoyo y rechazo que dividieron a la sociedad española y crearon un ambiente de tensión que fue aumentando hasta desencadenar la Guerra Civil de 1936. Diversos factores y circunstancias contribuyeron a crear esta situación: una conjetura internacional adversa; una sociedad dividida y enfrentada; fragmentación y polarización política, derivada del nuevo papel asignado por la República a los ciudadanos.

El Gobierno provisional tenía como objetivo prioritario convocar elecciones generales y Cortes constituyentes. Estas selecciones se celebraron el 28 de junio y dieron de nuevo el triunfo a la alianza republicano-socialista, por lo que el Gobierno no se modificó. Los historiadores denominan este primer período republicano como bienio reformista, por las importantes reformas que se realizaron o republicano-socialista, por las fuerzas políticas que gobernaron.

Las Cortes iniciaron sus trabajos eligiendo como presidente a Julián Besteiro. Durante las primeras semanas refrendaron los decretos elaborados por el Gobierno provisional y crearon una comisión para la redacción de la Constitución. Cualificada como democrática, reformista y de izquierdas, en este texto se definen las bases del sistema republicano y el nuevo concepto de Estado y de la organización territorial de España: soberanía popular, derechos individuales, laicismo, autonomía de los municipios y regiones, economía mixta.

Los debates parlamentarios que originó la elaboración de esta Constitución fueron muy intensos, especialmente en aquellos temas que tocaban aspectos tradicionales de la historia de España: la declaración y ampliación de los derechos de los ciudadanos, la definición de España, las relaciones Iglesia-Estado, la organización territorial, el voto de las mujeres.

El hecho de que esta Constitución no fuera ratificada en referendo impidió conocer el grado identificación ciudadana y otorgó argumentos a la derecha para rechazarla.

La Constitución definía España como una república de trabajadores de toda clase y como un Estado integral compatible con la autonomía de los municipios y regiones.

Como fórmula política del gobierno fue establecida la república parlamentaria. Las Cortes, que eran una única cámara, tenían el poder legislativo y el control de los presupuestos y del Gobierno. El presidente de la República era elegido por los deputados para un mandato de seis años, y tenía la facultad de nombrar y cesar al presidente del Gobierno, pero contando siempre previamente con la confianza de las Cortes; también tenía la facultad de suspender y disolver las Cortes; podía ser destituido por las Cortes en caso del empleo abusivo de sus prerrogativas. El presidente del Gobierno y sus ministros ejercían el poder ejecutivo y eran responsables ante las Cortes; para poder gobernar necesitaban tanto la confianza parlamentaria como la del presidente de la República.

Una vez aprobada la Constitución comenzó la actividad reformista a través de innovadoras leyes que afectaban a los intereses de grupos acostumbrados a ejercer el poder y control, lo que originó una fuerte oposición a todo tipo de cambios que supusieran la pérdida de su predominio social y económico, al mismo tiempo que se produce la reorganización de las fuerzas políticas de derechas.

En el momento de proclamarse la república la mayoría de la jerarquía eclesiástica era muy conservadora, y no estaba dispuesta a perder el dominio ideológico, cultural y social que tenía desde hacía siglos. El enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado se acentuó tras la aprobación de la Constitución.

La política de secularización llevada a cabo por el Gobierno incluía medidas como la separación de la Iglesia y el Estado, la extinción de los presupuestos del clero, la libertad de cultos, la secularización de los cementerios, el matrimonio civil, el divorcio, y la imposición a ciertas limitaciones a la Iglesia, como bien refleja el documento1.

La reforma del ejército era evidente, especialmente desde el fracaso de 1898. Fue Manuel Azaña quién emprendió la reforma del ejército en profundidad con tres objetivos básicos: eliminar el poder político de los militares; reducir el número de oficiales, cuerpos y unidades; y aumentar la eficacia. El conjunto de medidas formaron la Ley Azaña, a lo que hace referencia el documento 2.

Las reformas crearon malestar entre algunos sectores del ejército. Las quejas de los militares, estaban relacionadas con el proceso de creación de las autonomías.

Para contar con una fuerza armada leal, la República creó un nuevo cuerpo: la Guardia de Asalto.

La España de 1931 seguía a ser un país básicamente rural (45,5 %). La distribución de la propiedad de la tierra casi no experimentara transformaciones desde los procesos desamortizadores del siglo XIX, que contribuyeran ala consolidación de los grandes latifundios y al aumento del proletariado rural.

El Gobierno provisional tomó una serie de medidas para aliviar la extrema pobreza de algunas zonas campesinas, llevadas a cabo por el socialista Francisco Largo Caballero.

La reforma de las estructuras agrarias fue un proceso más lento y complejo y, tras interminables discusiones y atrasos, fue aprobada en 1932 la Ley de bases de la reforma agraria que autorizaba la expropiación, mediante indemnización, de tierras concedidas en usufructo a los campesinos asentados en ellas, como refleja el documento 3. También fue aprobada la Ley de intensificación de cultivos, que permitía la cesión de tierras no cultivadas por sus propietarios a los jornaleros. Para la aplicación de esta ley fue creado el Instituto de Reforma Agraria (IRA).

El gobierno de Azaña desarrolló una intensa actividad educativa destinada tanto a disminuir las elevadas tasas de analfabetismo (30-50 % de la población total) y mejorar el nivel cultural de la población, como a modificar la mentalidad general. En la Constitución estaba la nueva filosofía educativa: enseñanza obligatoria, gratuita y laica.

El Ministerio de Instrucción Pública diseñó un ambicioso programa de escolarización que incluía la creación de numerosas escuelas y la mejora de la formación de los maestros, especialmente de enseñanza primaria.

El des de llevar la instrucción y la cultura a todos los lugares de España propició la aparición de nuevas experiencias. Entre ellas destacaron las Misiones Pedagógicas, organizadas por el Ministerio y que llevaron por los pueblos, teatro, cine, conferencias, libros… y La Barraca, agrupación teatral des estudiantes universitarios dirigidos por Federico García Lorca.

La Constitución republicana intentó conjugar las aspiraciones de autogobierno de algunas regiones con la defensa del Estado unitario, estableciendo que el Estado integral republicano era compatible con la autonomía de los municipios y de las regiones. Aquellas zonas que decidieran organizarse como región autónoma deberían elaborar un Estatuto de Autonomía y superar una serie de condiciones.

Los catalanes iniciaron el proceso de elaboración del Estatuto autonómico antes de aprobarse la Constitución republicana. Su discusión en las Cortes fue lenta y polémica, acelerándose tras el intento golpista de Sanjurjo; fue aprobado en septiembre de 1932.

El Estatuto garantizaba a Cataluña muchas de sus aspiraciones. El Gobierno catalán -Generalitat- quedaba integrado por un Parlamento, el Presidente de la Generalitat y un Consejo ejecutivo. Disponía de facultades legislativas y ejecutivas amplias en hacienda, economía, educación y cultura, transportes y comunicaciones y orden pública, como refleja el documento 4.

Las elecciones para formar el primer parlamento de Cataluña fueron ganadas por Esquerra Republicana y Francesc Maciá se convirtió en el primer presidente de la Generalitat.

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