Reinado de Isabel II

Historia de España. Guerras Carlistas. Sucesión. Mendizabal. Regencia de María Cristina. Revolución liberal. Espartero. Moderados. Progresistas. Década moderada

  • Enviado por: Arantxa
  • Idioma: castellano
  • País: España España
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Introducción: EL REINADO DE ISABEL II (1833-1868): CARLISMO, REVOLUCIÓN Y LIBERALISMO

El reinado de Isabel II constituye una etapa revolucionaria y esencial en la historia de España: el paso de la Monarquía absoluta a un Estado burgués parlamentario. Es un periodo muy complejo desde el punto de vista político. En él hay dos regencias -la de María Cristina (1833-1840) y la del general Espartero (1840-1843)-, la guerra carlista (1833-1839), cuatro constituciones y continuos levantamientos revolucionarios. Además, en esta etapa se produce una serie de transfor­maciones que supone el desmantelamiento del sistema social y eco­nómico del Antiguo Régimen y la organización jurídica de un sistema capitalista moderno. Estudiaremos por separado la evolución política, los cambios económicos y la transformación de la sociedad y de la cul­tura que trajo aparejada el liberalismo.

1. CUESTION SUCESORIA Y GUERRA CARLISTA

El 18 de mayo de 1829 falleció la tercera esposa de Fernando VII, doña María Josefa Amalia, tímida de carácter, fecunda en su producción literaria y estéril en su matrimonio. El rey vio inmediatamente la posibilidad de tener descendencia, idea que siempre había mostrado y acariciado, si contraía un nuevo matrimonio. Los achaques que adolecía y la avanzada edad de 45 años le forzaron a tomar rápidamente la decisión. Al ser desechada una princesa de Baviera y otra de Cerdeña la infanta Luisa Carlota propuso como candidata a su propia hermana Maña Cristina. Su juventud, 23 años, y el descender de una familia prolífica decidieron al Rey de inmediato a su favor. El 19 de diciembre se celebró la boda en Aranjuez. Todos coincidían en alabar las prendas personales de la nueva reina destacando su alegría juvenil que contrastaba con "la grave sosera" de la Reina Amalia" y que explica la rápida y eficaz influencia que María Cristina alcanzó sobre el envejecido y achacoso Fernando VII.

La legalidad dinástica antes del matrimonio real era la siguiente. Felipe V, siguiendo la ancestral costumbre de los Borbones, había establecido la Ley Sálica mediante el Auto Acordado del 10 de mayo de 1713. Las Cortes aprobaron el 30 de septiembre de 1789 la vuelta a "la costumbre inmemorial" plasmada en las Partidas por la que "si el Rey no tuviera hijo varón, heredará el Reino la hija mayor" y pasaron su acuerdo al Consejo de Castilla para que Fernando VII siguiera el trámite de la publicación mediante una Pragmática. Sin embargo, por razones de índole exterior el gobierno decidió aplazar hasta otro instante más oportuno "la publicación de un acto que ya está completo en la sustancia". A comienzos de abril de 1830 Fernando VII mandó publicar en la Gaceta esta Pragmática Sanción. Con esta ley el infante don Carlos quedaba prácticamente excluido de la sucesión puesto que si el estado de buena esperanza en que se hallaba la reina María Cristina llegaba a buen fin el hijo o la hija que naciese sucedería directamente a Fernando VII.

Los efectos políticos de la publicación de la Pragmática Sanción fueron indudables. A partir de ese momento los realistas se opusieron manifiestamente a esta alteración de la ley sucesoria por el interés que tenían en que don Carlos llegara al trono, ya que con él veían factible unos la reforma que predicaban y otros la posibilidad de que no hubiera una solución de continuidad. Por su parte los liberales no se opusieron a la modificación del orden de sucesión porque éste era el único camino para lograr sus esperanzas ya que eliminaban definitivamente a don Carlos y se abría la posibilidad de una minoridad lo que a la larga les daría un amplio margen de actuación.

El 14 de septiembre de 1832 a la enfermedad de la gota que padecía Fernando VII se le unió un fuerte catarro que llevó a los médicos de la corte a declarar que el Rey se hallaba en grave peligro de muerte. La reina se informó de la situación que podría crearse en el caso de la muerte del Rey entre la sucesión de su hija o evitar una guerra civil eligió la segunda posibilidad para lo que se preparó un decreto que debía permanecer en secreto hasta la muerte de Fernando VII, derogando la reciente Pragmática Sanción. Ante su esposa y los ministros que se encontraban en La Granja el rey rubricó de forma no violenta y con la pluma que había puesto en su mano la Reina el decreto que previamente había leído en voz alta el ministro de Justicia Calomarde.

Como ocurre frecuentemente, el decreto que debía haberse mantenido en secreto, se convirtió en un secreto a voces de tal forma que las noticias de la derogación sirvieron de acicate a los liberales que inmediatamente empezaron a desarrollar sus actividades y mover sus resortes con vistas a mantener la Pragmática Sanción por encima de todo para lo que empezaron a influir en la Reina. Una vez que el rey se restableció y que se contó con una fuerza militar adicta se cambió a todo el gobierno por uno nuevo presidido por el embajador de España en Londres don Francisco Cea Bermúdez. Don Carlos perdió con este gabinete la posibilidad de acceder directamente al trono español: se había llevado a cabo un auténtico golpe de estado.

El nuevo gabinete ministerial, con el pleno apoyo de la Reina María Cristina, se planteó dos objetivos fundamentales: hacerse con el poder a todos los niveles y resolver el problema planteado con la firma del decreto derogatorio de la Pragmática Sanción. El primer objetivo se logró sustituyendo cuidadosa y paulatinamente a todos los mandos militares y policiales que pudieran estar comprometidos con las ideas del infante don Carlos y desmontando los cuerpos de voluntarios realistas. Para proporcionar a la reina la fuerza que necesitaba en el caso de que los seguidores del infante intentaran actuar contra la situación nacida del golpe de estado, María Cristina concedió una amnistía general que supuso de hecho un pacto entre la reina y el liberalismo: la monarquía isabelina se asentaría con el apoyo de todos los liberales mientras que éstos realizarían sus ideales bajo la bandera de la legitimidad. El segundo objetivo tuvo dos fases bien diferenciadas. En la primera de ella se buscó a una cabeza de turco en la persona de Calomarde. Para llevar a cabo la segunda fase se esperó a dominar plenamente todos los resortes del país. A las doce de la mañana del 31 de diciembre de 1832 el Rey declaró públicamente que el decreto por el que había derogado la Pragmática Sanción era nulo y de ningún valor" al mismo tiempo que tachaba a los que habían sido sus ministros de desleales, ilusos, embusteros y pérfidos, defectos en los que él había sido un auténtico maestro. Esta declaración hizo posible que la infanta Isabel fuese jurada heredera por unas Cortes restringidas en mayo de 1833.

El 29 de septiembre de 1833 Fernando VII murió "definitivamente" dejando como herencia a su hija Isabel una guerra civil que ensangrentaría el territorio español y las bases para poder establecer un nuevo régimen: el liberal.

 

2. LA GUERRA CARLISTA

Entre la muerte de Fernando VII el 29 de septiembre de 1833 y el esta­llido de la guerra sólo transcurren cuatro días. El 1 de octubre Don Carlos Maria Isidro proclama desde Portugal sus derechos dinásticos {Manifiesto de Abrantes). El día 3 se produce la primera proclamación de Don Carlos, en Talavera, y el día 5 es reconocido como Rey en Bilbao y Álava, mientras surgen partidas carlistas por todo el país.

Bando carlista: No fue una simple guerra dinástica, sino un conflicto civil de fuerte contenido social. Ideológicamente, en el bando carlista se alinearon los absolutistas más intransigentes, como los antiguos firmantes del Manifiesto de los Realistas de 1826. Todos los Manifiestos iniciales en apoyo de Don Carlos revelan que los objetivos del levantamiento eran dos: la defensa del Altar y del Trono y el legitimismo, que se concretaba en la defensa del derecho sucesorio masculino en favor del Infante. Socialmente, estaba encabezado por una parte de la nobleza y por miembros ultra conservadores de la administración y del Ejército. Buena parte del clero secular y la mayoría del regular eran antiliberales, especialmente el bajo clero, que veía en Don Carlos una garantía para evitar la pérdida de la influencia de la Iglesia; la mayoría del campesinado, reacio a cualquier sistema fiscal reformado y bajo la influencia ideológica de los curas rurales; e importantes sectores del artesanado, que temían que los cambios sociales y económicos que podían traer los gobiernos moderados o liberales terminaran por hundir sus talleres frente a la gran industria. Llama la atención la escasa proporción de generales que se alineó con el carlismo (apenas unos 80, entre los 577 que componían el escalafón en 1833). Sus mandos fueron casi todos oficiales o jefes que, en el momento del levantamiento, dirigían los escuadrones de los Voluntarios Realistas.

En el aspecto geográfico, el carlismo triunfó sobre todo en las zonas rurales, y especialmente en el Norte, en el País Vasco, Cataluña y el Maestrazgo aragonés y valenciano. Una de las razones de ese arraigo fue la defensa de los fueros, que pronto fueron enarbolados por Don Carlos como uno de sus principios programáticos. Asociados al Antiguo Régimen, y por tanto defendibles fácilmente desde la óptica ultra conservadora, significaban un conjunto de privilegios para las poblaciones vasca y Navarra, y una promesa de recuperación de sus antiguas «libertades» para catalanes, aragoneses y valencianos. La rei­vindicación foral fue creciendo a lo largo de la guerra, y se convirtió después en la principal bandera de enganche del carlismo en el exilio. De la misma forma, su extinción estuvo siempre presente, aunque sólo fuera por razones económicas, en los programas de los partidos liberales (“Dios, Patria, Rey...y fueros”)

El bando cristino, como se denominó al que respaldaba los derechos sucesorios de la infanta Isabel, y por tanto a la Reina Gobernadora, Maria Cristina, era mucho más variado. Se unieron en él los sectores moderados y parcialmente reformistas del absolutismo, encabezados por el jefe de gobierno, Cea Bermúdez; los liberales moderados, los progresistas e incluso los revolucionarios, muchos de ellos recién retornados del exilio, y que veían en el apoyo a la regente la única posibilidad de transformar el país. Los grupos sociales que respalda­ban al gobierno incluían la plana mayor del Ejército, la mayoría de los altos cargos de la Admi­nistración y las altas jerarquías de la Iglesia, conscientes de la inevitabilidad de los cambios. Además, el apoyo fue casi total en las ciudades, tanto por parte de la burguesía de negocios (comerciantes, industriales, financieros) como de las llamadas capacidades: intelectuales, profesores, abogados, médicos, etc. También apoyaban al bando cristino los aún escasos obreros industriales y una parte del campesinado, el del Sur peninsular, más alejado que el del Norte de la influencia de la Iglesia.

Apoyos internacionales: Mientras el bando cristino contó desde el principio con el reconocimiento y, desde abril de 1834, el apoyo diplomático y militar de Portugal, Inglaterra y Francia (Cuádruple Alianza), los carlistas no llegaron a conseguir un reconocimiento expreso, al carecer de una capi­tal y de un respaldo consistente por parte de las instituciones del país, aunque sí contó con las simpatías de los imperios austriaco, prusiano y ruso.

Fases: La superioridad en hombres y material de los cristinos, sin embargo, no se tradujo en la práctica: la guerra se prolongó entre otras causas por las dificultades del gobierno de Maria Cristina para financiar la lucha, ante la falta de recursos fiscales

  • Primera fase: Los carlistas, bajo la dirección militar del general Zumalacarregui, consiguieron derrotar repetidas veces a los ejércitos cristinos, aprovechando la táctica defensiva y su superior conocimien­to del terreno. La primera derrota se produjo en junio de 1835, cuan­do, pese a la opinión contraria del general, partidario de mantener ata­ques parciales y continuados, Don Carlos decidió intentar la toma de Bilbao para conseguir una capital para su Estado. El sitio fracasó y en él murió Zumalacárregui, lo que a la larga demostró ser una gravísima pérdida para el mando carlista.

  • Segunda fase: Corresponde al periodo de 1835 a 1837 y coinci­de con el momento más revolucionario y critico en el bando cristino. Los carlistas intentaron romper su aislamiento mediante varias expediciones hacia el Sur, alguna de las cuales llegó a Cádiz, pero sin encontrar respaldo entre la población. En el verano de 1837 Madrid estuvo a punto de ser tomada por los carlistas, pero Don Carlos dudó antes de atacar e intentó un pacto con la regente. Cuando se quiso iniciar el ataque, era demasiado tarde: el ejército carlista, agotado, debió retirarse hacia el Norte.

  • Tercera fase: Comprende el periodo 1837-1840, y es una etapa de resistencia carlista. La guerra terminó en agosto de 1839, con el llamado abrazo de Vergara entre los generales Espartero y Maroto: se pactó la rendición carlista, pero con el reconocimiento de los grados y empleos de los vencidos, lo que equivalía en la práctica a reconocer un resultado de tablas, más que una victoria cristina. También se incluyó el compromiso de respetar los fueros. El convenio no fue obra exclusivo de los dos generales, sino más bien la consecuencia del interés británico para que, al acabarse la contienda, el territorio hispánico fuese una auténtica zona de influencia comercial británica.

Un núcleo carlista, dirigido por el general Cabrera, resistirá hasta la toma de Morella, su plaza fuerte, por las tropas de Espartero, en mayo de 1840.

La victoria de los cristinos se debió sobre todo a su superioridad material, pese a las penurias económicas, al poco apoyo popular a la causa carlista al sur del Ebro y al nulo respaldo material y diplomático exterior que tuvo Don Carlos. Su derrota y su exilio significaron el definitivo fin del absolutismo. La guerra produjo un descalabro huma­no y económico enorme, que contribuyó a retrasar aún más el desa­rrollo del país.

 

3. Los comienzos de la revolución: el Estatuto Real y el Ministerio Mendizábal

La regencia de María Cristina se inicia con una corta fase de transi­ción entre octubre de 1833 y enero de 1834. El jefe de gobierno, Cea Bermúdez, publicó un manifiesto en el que dejaba más o menos claro que las únicas reformas que estaba dispuesto a emprender eran las administrativas, y manifestaba su intención de defender el régimen frente a «toda innovación religiosa o política que se intente suscitar en el Reino o introducir de ajuera para trastornar el orden establecido». Insistía en mantener «religiosamente la forma y las leyes Fundamentales de la Monarquía> sin admitir innovaciones peligrosas, aunque halagüeñas en sus principios». Con un país en guerra, y con la necesidad de aunar apoyos en torno a la reina gobernadora, este proyecto era cla­ramente inviable. Al excluir a los reformistas, dejaba al bando cristino, en plena guerra civil, sin apoyos en las ciudades, donde la burguesía y los sectores intelectuales dominaban ya en la opinión pública. Fue entonces cuando los capitanes generales de Cataluña, Llauder, y de Castilla, Quesada, enviaron sendos manifiestos a la reina gobernara aconsejando la sustitución de Cea; también el marqués de Mira-flores y otros consejeros de la Regente le recomendaron buscar un gobierno más aperturista. La presión surtió efecto: en enero Maria Cristina sustituyó a Cea por Martínez de la Rosa, el antiguo jefe de gobierno moderado del Trienio, que había regresado del exilio recien­temente.

Desde 1834 el régimen inicia una tímida evolución hacia la aper­tura política, pero tanto Maria Cristina como sus viejos ministros moderados, Martínez de la Rosa y Toreno, fueron reacios a acometer las drásticas reformas necesarias para sanear la Hacienda, relanzar la actividad económica, democratizar el régimen y ganar la guerra.

El cambio más importante fue la aprobación, en abril de 1834, del Estatuto Real. Se trataba de una carta otorgada, que seguía el modelo que Luis XVIII había impuesto en Francia en 1817. En sus 50 artículos se regulaban unas nuevas Cortes, su estructura, la forma y tiempo de su reunión y sus limitaciones. Era una concesión de la Corona, y por tanto excluía cualquier mención a la soberanía nacional. Se establecían unas Cortes bicamerales, con un Estamento de Próceres y un Esta­mento de Procuradores. El primero lo componían representantes de la nobleza, clero y miembros ricos de las clases burguesas: se exigían 60.000 reales de renta anual para poder ser miembro de la Cámara. Los puestos eran de designación real y vitalicios, lo que la convertía en una cámara muy conservadora, con el fin de limitar las reformas que pudieran plantearse. La segunda cámara era electiva, pero mediante un sufragio censitario muy restrictivo e indirecto, puesto que sólo podían ser elegidos quienes superaran los 12.000 reales de renta. La convocatoria competía exclusivamente a la Corona, sólo podían discutir lo que se les consultara (aunque tenían el derecho de petición) y podían ser disueltas a voluntad del Rey Por consiguiente, la reforma era extremadamente conservadora e insuficiente para las esperanzas de cambio que tenían los liberales progresistas. El Estatuto Real sólo dejaba participar en la vida política a los propieta­rios, marginando a la gran mayoría del país: se calcula que apenas había 16.000 españoles que reunieran las condiciones necesarias para poder votar.

Lo curioso es que, a pesar de todas esas precauciones, los miem­bros de las Cortes fueron más liberales que los ministros, elegi­dos siempre entre los más moderados por la Regente. Poco a poco fueron cristalizando las dos alas del liberalismo: una moderada, más acorde con la actuación de los gobiernos y contraria a los cambios radicales y a la ruptura con el pasado, y otra progresista, más reformista y partidaria de restaurar la Constitución de 1812.

Los gobiernos moderados de Martínez de la Rosa y Toreno se ciñeron al Estatuto Real, evitaron los cambios en el sistema fiscal, lo que dejó al ejército sin recursos para la guerra, y sostuvieron la censura de prensa. En las gran­des ciudades la tensión fue en aumento. El regreso de los liberales exiliados, la proliferación de periódicos, clubes de debate, tertulias de café y, en definitiva, la formación de una opinión pública inclinada al progresismo, fueron caldeando el ambiente. En el verano de 1834 el cólera se propagó por varias ciudades. En Madrid se produjeron asesinatos de frailes y quemas de conventos, tras difundirse el rumor de que habían sido los religiosos quienes habían contaminado las aguas y provocado la expansión de la enfermedad. Los disturbios del verano de 1835, con el asesinato del general Bassa, nuevas quemas de con­ventos y el incendio de la fábrica Bonaplata en Barcelona, llevaron a manifestaciones populares, a la exigencia de cambios reales y a la for­mación de Juntas revolucionarias en varías ciudades. En esta situa­ción, la Regente se vio obligada a aceptar la dimisión de Toreno y a nombrar a Mendizábal jefe de gobierno en septiembre.

4. EL GOBIERNO MENDIZÁBAL

Con la llegada de Mendizábal, un financiero progresista de prestigio y que contaba con el apoyo de sectores influyentes en las Bolsas euro­peas, se inició propiamente la revolución liberal. En los pocos meses que estuvo al frente del gobierno emprendió reformas fundamentales, para lo cual asumió personalmente las carteras de Estado, Guerra, Marina y Hacienda. Su programa incluía la reforma de la Ley Electoral de 1834 para ampliar el derecho al voto y establecer la elección direc­ta; el restablecimiento de la libertad de imprenta y otros derechos fun­damentales; la resolución del problema del clero regular, la reforma a fondo de la Hacienda y la recuperación del crédito público para ganar la guerra.

Mendizábal estableció un reclutamiento forzoso que permitió alis­tar 47.000 hombres y ampliar la rebautizada Griardia Nacional, reor­ganizada para apoyar al Ejército. Para conseguir fondos recurrió a los empréstitos extranjeros y a los impuestos extraordinarios, restableció la Ley de supresión de conventos de 1820, ampliando, incluso, sus efec­tos mediante un decreto de marzo de 1836. Su principal medida sin embargo, fue el inicio de la desamortización, mediante decreto de febrero del mismo ano, base para el posterior arreglo de la Deuda y para la reforma fiscal.

Mendizábal quiso gobernar con el apoyo de las Cortes. Al princi­pio tuvo el respaldo mayoritario de los procuradores, pero poco a poco el gobierno se distanció de las cámaras, y en enero de 1836, tras rechazar en parte su proyecto de ley Electoral, que ampliaba el derecho al voto hasta 65.000 electores, el Jefe de Gobierno consiguió que la Regente disolviera las Cortes y convocara nuevas elecciones. Aunque la nueva cámara era de mayoría progresista, las tensiones fueron en aumento, hasta que en mayo la Regente Maria Cristina volvió la espalda a Mendizábal y se negó a aceptar los cambios de mandos militares propuestos por el líder progresista, quien se vio obligado a dimitir; La Regente nombró a Istúriz Jefe de Gobierno, pero el nombra­miento fue rechazado por las Cortes, lo que llevó a aquél a pedir a Maria Cristina el decreto de disolución del Estamento de Pro­curadores. La división entre moderados y progresistas se hizo enton­ces definitiva. Ante lo que se consideró un intento de la Regente de acabar con las reformas y volver a una línea conservadora, las protes­tas se extendieron por varías ciudades: en julio, algunas guarniciones de la Milicia Nacional se amotinaron (Málaga, Granada, Sevilla, Córdoba), mientras en Zaragoza el general Evaristo San Miguel se sublevaba contra el gobierno. A comienzos de agosto, la mayoría de las capitales se habían sumado a la proclamación de la Constitución de 1812 y a la desobediencia al gobierno de Istúriz. Con un país al borde de la revolución, con los carlistas recorriendo la península, y con un gobierno sin apoyos, el 12 de agosto la guarnición de la Guardia Real de La Granja se pronunció en favor de la Constitución de 1812 y exigió el cambio de gobierno a la Regente, que se vio obligada a acceden Ese mismo día era restablecida en todo su vigor la Cons­titución de Cádiz.

5. LA REVOLUCIÓN LIBERAL Y LA CONSTITUCIÓN DE 1837. EL FIN DE LA REGENCIA DE MARÍA CRISTINA

Tras el llamado motín de los sargentos de La Granja María Cristina encargó formar gobierno a los progresistas, con José Maria Calatrava al frente y Mendizábal en Hacienda. Se convocaron nuevas elecciones según el modelo unicameral de Cádiz, y las Cortes se abrieron en octubre, bajo la presión en la calle del pueblo y del ejército.

El gobierno progresista emprendió un amplio programa de refor­mas, con tres objetivos básicos: la instauración de un régimen liberal; el impulso de la acción militar para ganar la guerra; y la elaboración de una nueva Constitución. Se restableció la legislación de Cádiz y del Trienio: la abolición definitiva del régimen señorial, de las vinculaciones y del mayorazgo. Se sustituyó el diezmo por un impuesto de culto y clero, se estableció la libertad plena de imprenta, y se reanudaron la desamortización y la reforma de la Hacienda. En el aspecto militar, el gobierno reforzó las competencias de las autoridades provinciales encargadas de suministrar armas y provisiones al Ejército y entregó el mando al general Espartero, al tiempo que tomaba medidas para aca­bar con los apoyos al carlismo en retaguardia, especialmente por parte del clero.

Era evidente para todos que ni la Constitución de 1812, ya anti­cuada, ni el Estatuto Real, servían al sistema liberal que se quería implantan Por tanto, las Cortes iniciaron rápidamente el debate y aprobación de una nueva constitución que actualizara la de Cádiz y sir­viera en el futuro igualmente para gobiernos moderados y progresistas.

La Constitución de junio de 1837, pese a su tendencia progresista, tenía importantes concesiones a los moderados. Reconocía la sobera­nía nacional y realizaba una prolija declaración de derechos indivi­duales, pero reforzaba el poder ejecutivo, atribuido a la Corona, y otor­gaba conjuntamente el legislativo a las Cortes con a Rey. Este tenía a derecho de convocar, suspender o disolver las Cortes, y podía ejercer el veto sobre las leyes aprobadas por ellas. Se establecían dos cámaras, la de Diputados, por elección directa y por sufragio censitario, y el Senado, cuyos miembros eran elegidos por el Rey entre ternas propuestas por los electores. El Rey nombraría a sus ministros, pero éstos podrían ser objeto de censura por las Cortes, lo que obligaba a la Corona a inclinarse por la mayoría parlamentaria.

 

6. LA REGENCIA DE ESPARTERO (1840-43)

En octubre de 1837 los moderados ganaron las elecciones. En los siguientes tres años se sucedieron gobiernos moderados volviendo a frenar las reformas: la desamortización se ralenti­zó, se evitó el desarrollo de las leyes sobre derechos individuales, se sustituyó a los principales militares progresistas y se intentó cambiar la ley electoral para disminuir el censo. Los moderados ganaron las sucesivas elecciones a Cortes, pero fueron perdiendo las municipales porque la vieja Ley de Municipios, restablecida en 1836, permitía el voto de todos los vecinos y daba ventaja a los progresistas. La vida política transcurrió con continuos enfrentamientos en las cámaras y en la calle, mientras el ejército, ahora bien dirigido por el general Espartero, conseguía avanzar y arrinconaba a los carlistas, hasta terminar con el conflicto. Con el final de la guerra desapareció la última razón de con­senso entre ambos partidos. Mientras el general Espartero, de talante progresista, se convertía en un héroe popular, el conflicto entre moderados y progresistas se radicalizó con la pretensión del gobierno moderado, apoyado por María Cristina, de modificar la ley de Ayuntamientos para per­mitir la elección de alcaldes por la Corona . La reforma iba clara­mente en contra de la Constitu­ción, y su objetivo declarado era restar influencia a los progresis­tas, que dominaban en las eleccio­nes municipales.

Los progresistas, al ser apro­bada la reforma de la ley, promo­vieron una ola de protestas en todo el país en el verano de 1840, y pidieron la intervención de Espartero. María Cristina viajó a Barcelona para intentar conven­cer al general de que aceptara un gobierno de consenso, pero Espartero rehusó. La Regente firmó entonces el polémico decreto de Ayuntamientos, y el resultado fue la insurrección de la Milicia Nacional y del Ayuntamiento de Madrid el 1 de septiembre, levanta­miento que pronto se extendió por todo el país. Fue entonces cuando Espartero decidió intervenir y presentó a la Regente un programa de gobierno revolucionario. Maria Cristina no quiso aceptarlo y presentó su renuncia como Regente el 12 de octubre de 1840, marchando después al exilio. La renuncia de Maria Cristina creó un problema constitucional. Tras varios meses de debate, finalmente el general Espartero asumió una regencia unipersonal en mayo de 1841, iniciando un periodo que culminaría con su fracaso y caída en 1843.

Una de las razones de tal fracaso estuvo en la división del partido progresista entre los más radicales, partidarios de una mayor democratización del régimen y de acercarlo a los sectores populares, y el resto del partido, que prefería consolidar el dominio de los sectores de clase media y propietarios. Una segunda causa del fracaso fue su política económica. El gobierno amplió la desamortización en beneficio de los propietarios, lo que le alejó del apoyo popular, e intentó llevar al país hacia el libre comercio (posición hacia la que presionaba el gobierno inglés), con lo que se enfrentó a los industriales textiles catalanes y a los trabajadores. El personalismo de Espartero y su talante militarista fueron otros factores de su fracaso. Ya en 1841 sofocó violentamente un intento de pronunciamiento moderado, organizado desde Paris por hombres del círculo de Maria Cristina. El intento se saldó con la ejecución de los generales Montes de Oca y Diego de León y un posterior recorte de los pri­vilegios forales vascos, por la colaboración que en dichas provincias encontró la intentona. Por el contrario, en 1842 la oposición le vino de su izquierda. La imposición de la política centralista de los progresistas y el temor a que un acuerdo de libre comercio con Inglaterra pudiera hundir la industria textil catalana, produjo disturbios y manifestaciones en Barcelona, que acabaron por generar una verdadera insurrec­ción popular el 13 de noviembre. La Milicia tomó la ciudad y se enfrentó a las tropas del capitán general, Van Halen, que hubo de replegarse e iniciar un asedio. Fue el propio Espartero quien dio la orden el 3 de diciembre de iniciar el bombardeo. Cerca de mil proyectiles cayeron sobre Barcelona, destruyendo unos cuatrocientos edificios. La ciudad se rindió, y la dura represión que siguió empujó a todos los sectores sociales de Cataluña a la oposición al regente. El general fue criticado en las Cortes por todos los grupos, y su imagen quedó seriamente dañada ante la opinión pública.

En 1843, tras unas nuevas elecciones, que dejaron a Espartero sin apoyos, se formó una auténtica coalición antiesparterista. Un último intento de estabilizar la Regencia llevó a Espartero a encargar gobier­no al progresista Joaquín María López, pero el programa que éste presentó, de respeto a la Constitución y de limitación de los poderes del regente, fue rechazado por Espartero, lo que obligó a López a dimitir. La insurrección generalizada en el verano de 1843 contra el general fue dirigida por miembros del partido progresista en defensa de la Constitución y frente a lo que se consideraba la tiranía de Espartero, pero triunfó por el apoyo moderado, cuando el ejército, dirigido por el general Narváez, se pasó a los insurrectos. Espartero, aislado, decidió abandonar el país y se embarcó el 12 de agosto hacia Londres. Otros líderes progresistas, como Mendizábal, optaron por exiliarse con él.

Tras el triunfo, las propias divisiones del partido progresista precipitaron en su contra los acontecimientos. Ante la falta de alternati­vas, los diputados y senadores votaron el adelantamiento de la mayoría de edad de Isabel II, que fue proclamada Reina el 8 de noviembre de 1843. Ya por entonces los dirigentes moderados, vueltos del exilio, habían tomado posiciones clave en el entorno de la Reina, fácilmente controlable a causa de su juventud y escasa formación política. El general Narváez, el líder de la revolución de agosto, se convirtió en esas semanas en el hombre fuerte del momento. Dos atentados con­tra un depósito de armas y contra él mismo le sirvieron de pretexto para emprender una serie de detenciones y sustituir a los principales mandos progresistas por hombres de su confianza. Mientras, una nueva insurrección en Barcelona, entre septiembre y noviembre, esta vez más radical y popular aún que la del año anterior, fue reprimida con excepcional dureza por el joven general Prim.

Con unas Cortes en las que ahora había mayoría moderada, los progresistas no pudieron mantener su programa. Tras la dimisión de López en noviembre, el intento de su sucesor, Salustiano Olózaga, de emprender un programa progresista y de disolver las Cortes, fue res­pondido con un auténtico golpe palaciego de los moderados, que obligaron a la Reina a declarar públicamente que el Jefe de Gobierno le había forzado a firmar la disolución de las Cámaras. Olózaga fue depuesto, pese a sus protestas, y con él cayó definitivamente lo que quedaba del partido progresista.

Desde diciembre de 1843 el nuevo Jefe de Gobierno, González Bravo, emprendió una política claramente regresiva. Ordenó la disolución de las Milicias, aumentó el tamaño del ejército hasta 100.000 hombres, y restableció la ley Municipal de 1840, depurando los Ayuntamientos. Se dieron órdenes de detención contra los principales políticos progresistas, la mayoría de los cuales consiguió huir a tiem­po; los clubes y periódicos de izquierda fueron cerrados. Se sucedieron las ejecuciones sumarias, y el ejército aplastó violentamente dos intentos de sublevación militar en Cartagena y Alicante, que se salda­ron con más de doscientos fusilamientos. El 1 de mayo de 1844 la Reina nombró presidente de gobierno al general Narváez, líder ya indiscutible del partido moderado.

 

7. CARACTERÍSTICAS COMUNES DEL REINADO DE ISABEL II (1843-68)

Bajo una evolución en apariencia agitada y cambiante, el reinado de Isabel II presenta unos rasgos que se mantienen invariables a lo largo de 25 años:

*En primer lugar la pervivencia de un régimen de monarquía liberal de tendencia conservadora, cuya plasmación es la Constitución moderada de 1845, en vigor durante todo el periodo a pesar de los vaivenes políticos, salvo algunos meses de 1856 en que fue muy parcialmente modificada. La Constitución establecía un régimen basado en la participación política exclusiva de una oligarquía de propietarios, miembros de la vieja aristocracia, burguesía agraria, mercantil, industrial y financiera, además de los sectores más pudientes de las profesiones liberales, altos mandos del ejército y funcionarios de alto nivel. El sufragio restringido excluía al resto del país. Además, era un régimen de gobiernos autoritarios, defensores del orden y de una monarquía también fuerte, con un sistema bicameral que limitaba la tendencia a las reformas profundas y que restringía las libertades individuales y colectivas.

*En segundo lugar, la reina Isabel apoyó invariablemente a los sec­tores más conservadores, y se alineó claramente con el moderantismo. Desde 1863 ese alineamiento y la incapacidad de la Reina para conectar con el país real provocaron el alejamiento progresivo respec­to de su pueblo y la caída de la monarquía en 1868.

*En tercer lugar, una constante del reinado fue la presencia per­manente de militares entre los gobernantes del país: Narváez, Espar­tero, O'Donnell, y, en segundo plano, pero no menos protagonistas, Fernández de Córdova, Serrano, de la Concha, Prim, etc. La partici­pación de los militares en la vida política se debía a varias causas. Por un lado, estaba el mesianismo y la mitificación del militar victorioso en un país que había pasado medio siglo en guerra. Por otro lado, alen­taba dicha participación la debilidad de un sistema parlamentario en el que los partidos eran grupos de presión que solo luchaban por el ejer­cicio del poder, no respetaban el juego parlamentario y recurrían a los militares para acceder al gobierno mediante el pronunciamiento. En tercer lugar, existía en los medios políticos la convicción de que la pre­sencia de un militar al frente del ejecutivo, en vez de un civil, garanti­zaba mucho mejor un gobierno fuerte y el mantenimiento del orden. De hecho, los militares «garantizaban» al Estado liberal tanto frente a la reacción carlista, aún viva, como contra la revolución.

Es necesario subrayar, sin embargo, que los militares participaron en la vida política a título individual, encuadrados como líderes de los partidos y no como jefes del ejército, aunque se sirvieran de sus tro­pas para acceder o mantenerse en el poder Su capacidad política fue muy variable, y en general dependió más de los colaboradores de que se rodearon que de ellos mismos. Pero acostumbraron a la sociedad española a una permanente confusión entre su papel militar y político, de forma que se hizo habitual y legítimo su derecho a intervenir, no sólo a través de vías constitucionales, sino mediante el pronuncia­miento, que se convirtió casi en su método habitual de acceder al gobierno. Conscientes de su debilidad, los mismos políticos civiles acudieron continuamente a la conspiración militar y fomentaron la inestabilidad del régimen.

*Una cuarta característica del sistema isabelino es la presencia exclusiva en la vida parlamentaria de partidos burgueses: hasta 1854, los moderados y los progresistas, y desde entonces otros grupos, como la Unión Liberal grupo de centro, formado por políticos moderados y progresistas) o el partido demócrata (progresista radical). Al margen de la vida parlamentaria quedaban los republicanos, ilegales. Pero, en la práctica, sólo los moderados y progresistas contaban, y entre ellos se repartieron los gobiernos a lo largo de todo el reinado.

 

8. MODERADOS Y PROGRESISTAS

Substancialmente ambos grupos políticos están dentro del liberalismo doctrinario y les une también el deseo de mantener la unidad de la familia liberal frente al carlismo. Los dos son partidos dinásticos. No obstante hay diferencias: Los moderados, esencialmente, se manifiestan ideológicamente dentro de las líneas del Estatuto .Los progresistas son más europeístas y más radicales y su ataque a la Iglesia es más decidido y ello se manifiesta en la constitución del 37 en donde se elude la confesionalidad del Estado.

Ahora bien, no sólo es el anticarlismo lo que une a moderados y progresistas. Es algo de mayor trascendencia Es su plataforma social. Al defender ambos el sufragio censitario, se apoyan en las elites económicas e intelectuales. La plataforma social es, pues, la misma, aunque con ligeras variaciones. .Los progresistas son menos rígidos, más generosos, al exigir una menor renta para poder acceder a los derechos políticos, tiene pues una base social más amplia, incorporando parte de la burguesía provinciana comercial y artesana.

El partido moderado representaba básicamente los intereses de los grandes propietarios, y especialmente de los terratenientes. Era partidario de los principios de lo que se llamó el liberalismo doctri­nario. Rechazaba la soberanía nacional ante la que postulaba la soberanía compartida: el poder legislativo debía residir conjuntamente en las Cortes con el Rey. Los moderados propugnaban una monarquía y un gobierno con amplios poderes; unas Cortes bicamerales, con un Senado elitista elegido por la Corona para frenar los posibles impulsos reformistas del Congreso; y unos poderes locales también controlados por el Rey, quien debería elegir a los alcaldes. Defendían también un sufragio muy restringido, que permitiera a la oligarquía monopolizar el régi­men. Por tanto, limitaron los derechos individuales y, sobre todo, los colectivos: prensa, opinión, reunión y asociación. En realidad, el partido lo formaba un grupo muy limitado de nota­bles procedentes de la oligarquía terrateniente, nobles y burgueses, así como altas jerarquías del Ejército y de la Administración. Ni mucho menos gozaban del apoyo popular: era un grupo de poder que sólo actuaba como partido en época de elecciones. Su acción cotidia­na se concentraba en la vida parlamentaria, en el gobierno, en la Administración y en la prensa, cuyo control se convirtió en esencial para dominar la opinión pública.

El partido progresista representaba, dentro de la defensa de la monarquía liberal, la tendencia reformista y los intereses de la alta burguesía financiera e industrial, más que de la terrateniente. Sus principios eran los del liberalismo progresista. Sus miembros defen­dían la soberanía nacional, con un poder legislativo que debía corres­ponder exclusivamente a las Cortes, y un poder ejecutivo fuerte, entregado a la Corona y a un gobierno que debía estar sometido al control de las Cámaras. Eran partidarios de Cortes bicamerales, pero con un Senado electivo y renovable, más acorde con el princi­pio de soberanía nacional. Defendían que los poderes locales fueran de elección popular, y un sufragio más amplio, que aumentara la base política del régimen, aunque manteniéndose partidarios del sufragio censitario. El partido progresista se apoyaba en las clases medias urbanas: comerciantes, pequeños fabricantes, empleados públicos, profesiona­les liberales, oficiales del Ejército. Estos sectores se consideraban «gente de orden», rechazaban los cambios revolucionarios y querían evitar verse mezclados con los trabajadores manuales y los campesi­nos. Pero también reclamaban un gobierno eficaz y un Estado moder­no, y estaban por tanto a favor de los cambios. Eran partidarios de la libertad entendida en un sentido burgués: defendían el desarrollo de los derechos individuales: opinión, expresión, Irabeus corpus, residen­cia, propiedad, pero no eran tan favorables a los derechos colectivos: reunión, asociación o huelga, que les atemorizaban, al relacionarlos con la clase trabajadora.

La reina Isabel apoyó invariablemente a los sec­tores más conservadores, y se alineó claramente con el moderantismo. Desde 1863 ese alineamiento y la incapacidad de la Reina para conectar con el país real provocaron el alejamiento progresivo respec­to de su pueblo y la caída de la monarquía en 1868.

TEMAS

MODERADOS

PROGRESISTAS

ACCESO AL PODER

Vía parlamentaria ó

nombramiento de la corona

Vía conspirativa (excepto en las

elecciones del 36)

SOBERANIA NACIONAL

Compartida (REY-CORTES)

Compartida (CORTES-REY)

PODERES DEL REY

Amplios

Menos amplios

CORTES

Bicamerales

Senado intermedio (electores-rey)

Bicamerales

Senado electivo

DERECHOS INDIVIDUALES

Limitados

Menos limitados

SUFRAGIO

Censitario muy restrictivo

Censitario menos restrictivo

CUESTION TELIGIOSA

Estado confesional

No libertad de cultos

Estado Aconfesional

Libertad de cultos

AYUNTAMIENTOS

Centralismo

Descentralización (elección popular)

MILICIA NACIONAL

Supresión

Institucionalización

BASES SOCIALES

Aristocracia, jerarquías eclesiásticas, alta burguesía.

Clases medias (profesiones liberales, peqña burguesía...)

GRUPOS DE PRESION EN LA ESPAÑA MODERADA:

Iglesia, nobleza, burguesía y militares.

1- LA IGLESIA

1. Guerra carlista y desamortización

En los inicios del reinado de Isabel II, durante los años de la regencia de María Cristina, se dan dos circunstancias concretas: guerra carlista y desamortización de Mendizábal que marcan las re­laciones entre Iglesia y Estado y la postura del pueblo, y que, como consecuencia tendrán el enfrentamiento de la España liberal y el Papado.

*En primer lugar, la guerra carlista divide al pueblo y divide a la Iglesia. Mientras hay obispos que favorecen la causa isabelina y el gobierno da instrucciones concretas a párrocos y obispos o quema un monasterio porque ha prestado ayuda al carlismo, la Santa Sede, deslindando lo político de lo espiritual, habilita al obispo de León, por ejemplo, para que pueda gobernar espiritual­mente el territorio dominado por D. Carlos.

*En segundo lugar, en 1835-1836 se produce la desamortización; a través de las leyes y decretos de Mendizábal, ministro de Hacien­da. No vamos a analizarla con detención. Interesa destacar que confluyen en ella tres factores -religioso, económico y político:

a) la reforma eclesiástica, poniendo coto al número de eclesiásticos y, sobre todo, a sus bienes

b) resolver el problema de la deuda pública­ y allegar dinero para proseguir la guerra;

c) crear una clase de nuevos propietarios, cuyos intereses estuviesen ligados a los de Isabel II. No aparece en Mendizábal el deseo de mejora de las clases campesinas. Mendizábal, con una mentalidad liberal bur­guesa, deja de lado el aspecto social y de reforma agraria. Tampoco lo conseguirá Madoz en su segunda desamortización civil. Otro aspecto hay que señalar. En los años 1834 y 1835 se desencadena por primera vez el anticlericalismo popular, que se manifiesta en las quemas de conventos de Madrid y de Barcelona. Hecho que veinte años antes era incomprensible en la mentalidad del pueblo español y que, a partir de este momento, aparecerá como elemento casi siempre inseparable de las manifestaciones re­volucionarias hasta 1936. Las causas pueden estar relacionadas con las propagandas antieclesiásticas, la descristianización de las masas proletarias y también bur­guesas, falta de sensibilidad de las jerarquías eclesiásticas sobre ciertos problemas sociales, apoyo de parte de la Iglesia al carlismo...etc. Todos estos factores conjugados provocan un clima de separa­ción entre la España liberal y la Santa Sede

2. La Iglesia, su influencia

El ataque liberal se desencadena en España cuando la Iglesia no tiene el vigor y la fuerza de antaño. Ha disminuido notablemen­te el número de sus ministros, aunque con relación a otros lugares sigue siendo elevado, pero se ha debilitado su fuerza intelectual. Por eso la Iglesia en España no puede valerse del movimiento romántico, como hicieron los católicos en Francia. Su renacer será posterior, en las últimas décadas del siglo y principios del XX.

La influencia social y política de la jerarquía eclesiástica en los años moderados se efectúa y podemos calibraría por su participa­ción en el Senado. Es el punto de interferencia de la jerarquía con la política. Su participación es mínima. En 1834 sólo figuran 13 prelados designados por la corona. Esta pasividad de la Iglesia es una novedad. La razón principal es que el clero, en su mayoría, está comprometido con el absolutismo y el carlismo, o al menos, pasivo y no plenamente volcado hacia el liberalismo, ante la actitud de la Santa Sede, que no reconoce a Isabel II hasta 1847. En este año se producen una serie de nombramientos episcopales, promoción importante, porque viene marcada por los hechos más arriba anali­zados, del carlismo, desamortización, retraimiento de la Santa Sede. En general, son figuras no comprometidas en la contienda de 1834 y su objetivo principal es la reanudación de relaciones con la San­ta Sede. Son personas acreditadas por su tarea pastoral y deseosas de una aproximación entre Iglesia y Estado. Pero su nota distinti­va es la pobreza intelectual, sólo poseen una formación jurídica. Una nueva promoción de obispos se da en los años 1861-1863, du­rante los cuales se proveen 20 sedes. En su nombramiento aparecen ya razones personales y el papel de la reina es importante. La fun­ción de estos nuevos obispos no es ya tanto de influencia guberna­mental como los de 1847, ya se ha conseguido el Concordato con Roma. Tienen una función más pastoral e influye tal vez en ello el Padre Claret, figura relevante en estos años y de influencia en la corte, por ser el confesor de la reina. La extracción social de estos nuevos obispos es la misma que en 1847, mesocrática, proceden de la pequeña nobleza o burguesía de las ciudades pequeñas. En esta promoción episcopal hay una proporción muy elevada de catala­nes. Dos son los motivos: la influencia del P. Claret, pero sobre todo una capacidad y densidad cultural mayor, que prepara o pre­dice el renacimiento eclesiástico de que hablábamos antes y que se iniciará en Cataluña.

En conjunto, la Iglesia, por todas las circunstancias apuntadas, podemos pensar que está fundamentalmente vinculada con los me­dios conservadores. Hay un hecho importante. La Iglesia, como mantenedora del orden social, encontró por primera vez defensores seglares capaces, dentro precisamente de un grupo de pensadores moderados, tales como Pacheco, Pastor Díaz y Donoso Cortés. Cua­drado se queja del catolicismo tibio de los moderados, pero no cabe duda que la Iglesia empujó al moderantismo hacia la derecha, se­parándose de progresistas y demócratas. Otra figura importante, dentro de la Iglesia, como pensador y sacerdote es Balmes, cuya importancia destaca no sólo en el campo político y eclesiástico, sino en el social. Por fin, en los últimos años del reinado de Isabel II, aparece otra promoción de seglares, los «neocatólicos»; marcados, en parte, con el signo de la intransigencia carlista, como un Nocedal y un Aparisi, y que intervienen en los últimos gobiernos isabelinos.

3. El Concordato

El acuerdo con la Iglesia se consiguió por fin en 1851, firmándo­se el Concordato. La Iglesia reconocía, en principio, la injusticia de la pretensión liberal de un «dominio eminente» sobre la Iglesia, y de la confiscación de las propiedades del clero. A cambio del reco­nocimiento del Estado de su obligación de pagar al clero, con todos los inconvenientes que tiene de funcionalizarlo, el Vaticano reco­noció la validez de las expropiaciones pasadas. La paga del Estado era mínima, y tendrá sus consecuencias en la vida del clero. El hecho es que mientras el liberalismo mantuviese la unidad católica de España y aceptase pagar al clero, la jerarquía aceptaba el Estado liberal, aunque lo hiciera a veces a la fuerza. En una Iglesia basada en un Concordato, es difícil que los obispos sean subver­sivos.

Un problema es que el Concordato no ofrecía ninguna compen­sación para los regulares, y será precisamente en torno a la cláusu­la que regulan la existencia futura de las órdenes religiosas, donde se centrará la cuestión eclesiástica hasta el siglo XX

2- LA NOBLEZA:

Acabar con el régimen de privilegios de los nobles fue, en principio, uno de los objetivos de la revolución liberal, que pretendía universalizar la condición de ciudadano. El golpe de gracia al sistema feudal será el real decreto de agosto de 1836 por el que se restablece la ley de desvinculación de 1820.Con este real decreto quedan “suprimidas las vinculaciones de toda especie y restituidos a la clase de absolutamente libres los bienes de toda naturaleza que las compongan “. Con ello la propiedad feudal se convertía en propiedad capitalista.

Sin embargo la abolición de las relaciones feudales no impidió que, a través de la desamortización, la nobleza señorial se integrase en la nueva aristocracia patrimonial. En 1854, entre los 53 mayores contribuyentes por propiedades rústicas, figuraban 43 títulos. La alta aristocracia representará una fuerza económica de primer orden con un peso fundamental en la corte- donde ejerce su influencia a través de los moderados-, en el Senado, y en la vida rural, sobre todo en el Sur. La nobleza aportará, en este sentido un suplemento de respetabilidad a la clase superior, dado que el pueblo, si bien reflejará su rechazo ético de la burguesía de los negocios, reservará su respeto a la nobleza enriquecida por la desamortización.

Además la nobleza continuará siendo una clase privilegiada .Así por ejemplo tanto en el estatuto Real de 1834 como en la Constitución de 1845 o en la ley de reforma de 1857 se restablecían privilegios nobiliarios: Los grandes de España eran miembros natos del estamento de próceres o del Senado y los títulos de Castilla eran elegibles para formar parte he dicho estamento.

3- LA BURGUESIA:

No es fácil delimitar el concepto de burguesía en lo que respecta a la España del reinado de Isabel II dado el retraso de la Revolución Industrial y el mantenimiento de ciertas mentalidades heredadas del pasado, pero lo que si parece cierto es que los mecanismos del Estado pasan a manos de la nueva burguesía terrateniente, que se propone como objetivo prioritario la defensa de la propiedad privada dentro de un clima de orden público.

La acumulación de la propiedad territorial tiene lugar a expensas de los colonos y arrendatarios de las tierras, quienes entran en un rápido proceso de proletarización. La consiguiente abundancia de mano de obra campesina tiene una incidencia negativa en la aplicación de los progresos de la técnica a la agricultura. En efecto, por una parte la baratura de la mano de obra invitaba a los propietarios a recurrir a la fuerza humana del trabajo, y no a mejorar técnicas que, en aquellas condiciones, no aumentaban sustancialmente la rentabilidad de las explotaciones. El estancamiento de la agricultura repercutió sobre la estrechez de la revolución industrial en España. La ausencia de un mercado interior con una capacidad de consumo suficiente hizo imposible el arranque de la industria. Así la industrialización fue escasa y dependiente de las inversiones extranjeras.

En este contexto, el esfuerzo de la burguesía industrial, centrado geográficamente en Cataluña, aparece como corto de horizontes. Los burgueses catalanes se centraron más en los aspectos técnicos de la industrialización y en la constante petición al gobierno central de un mayor proteccionismo para sus productos, y se mostraron incapaces de plantearse su acceso a los centros de poder, lejos de los cuales no era posible luchar con eficacia por un modelo de sociedad industrial, distinto del modelo de capitalismo agrario y mercantil que propugnaba la burguesía terrateniente.

4. LOS MILITARES

La presencia activa de los militares en la vida política no es un hecho que surja con la guerra carlista. Tiene sus antecedentes próximos en la guerra de la Independencia, en el apoyo que de los militares recibió Fernando VII al volver del destierro en 1814, en las reiteradas tentativas (pronunciamientos) de poner fin al dominio absolutista entre 1814 y 1820, en el restablecimiento de la constitución de Cádiz que llevó a cabo Riego en 1820, en el fracasado intento de volver al absolutismo e 1822, en la invasi8ón de las fuerzas francesas (“cien mil hijos de San Luis”) para poder fin al trienio constitucional, y , finalmente en el apoyo que buscó y obtuvo Fernando VII para salvaguardar la sucesión de su hija Isabel II.

Pero tiene también sus raíces más lejanas en el siglo XVIII (por ejemplo habría que recordar los poderes que tenían los capitanes generales y el privilegio de fuero propio, comparable al de la nobleza y el clero que gozaba el estamento militar (“limpieza de sangre”). A pesar de estos antecedentes, la guerra carlista constituyó el principio de una intervención masiva y prolongada del estamento castrense en la implantación del sistema liberal en España. Espartero, Narváez, O'Donnell,Serrrano y Prim son los generales de mayor relieve que ocuparon la jefatura del gobierno de la nación entre 1834 y 1874, pero a su lado figura una nube de personalidades de análoga graduación que ejercen también como presidentes del gabinete ministerial o como ministros del gobierno (Pavía, Feraz, Lersundi.....etc.)

 

9. La evolución politica: la Década moderada (1845-1854).

Con el gobierno del general Narváez se inicia la Década moderada. Aunque hubo un total de dieciséis gobiernos en diez años con unos setenta ministros alternando los puestos, en realidad la etapa está presidida por la figura de Narváez, auténtico hombre fuerte del partido, y en menor medida, por Luis Bravo Murillo. Narváez controló la vida política tanto como jefe de gobierno como cuando dejó de presidir el gabinete, bajo gobiernos ajenos. Buen organizador, con clara visión de los problemas de Estado, fue en parte el artífice de la Constitución de 1845 y de algunas de las principales reformas legales del periodo. Supo, además, controlar al Ejército y mantenerlo alejado de la vida política, salvo al final de la década. Reprimió con extrema dureza los movimientos de protesta populares, lo que le granjeó el apoyo de la Corona y de los terratenientes.

Los primeros meses del gobierno de Narváez presentan una con­tinuidad con la línea política llevada por González Bravo. Las medidas encaminadas a asegurar el control absoluto del poder político por los moderados - detenciones, cierre de clubes y periódicos, aplastamien­to de intentos de rebelión, como la del general Zurbano, y una dura represión en las calles-, fueron simultáneas a la convocatoria de elec­ciones a Cortes y a la elaboración de una nueva Constitución que permitiera establecer un sistema político acorde con los principios del moderantismo. La Constitución de 1845, en teoría una reforma de la de 1837, es en realidad un texto nuevo que estuvo en vigor hasta 1869 y era un texto claramente con­servador, que excluía alternativas en el poder y beneficiaba al partido moderado y a la oligarquía. La Ley Electoral de 1846 concretó esa rea­lidad, al establecer unas rentas mínimas para poder votar que limita­ron el sufragio a sólo 99.000 electores en un país de 12 millones de habitantes, en contraste con los 635.000 electores de la ley progresis­ta de 1837.

Durante la Década moderada continuó el desarrollo legislativo del Estado liberal en un sentido conservador. Ya en 1844 se suspendieron las ventas de bienes desamortizados y se devolvieron a la Iglesia los no vendidos. Se fijaron fuertes fianzas para poder publicar periódicos, en un intento de controlar a la prensa; la posterior Ley de Imprenta res­tringió la libertad de publicar y estableció la censura. En el mismo año se fundó la Guardia Civil, con el objetivo de proveer al buen orden la seguridad Pública y a la Protección de las Personas y de las Propiedades. Con 6.000 efectivos, duplicados hacia 1860, desde su fundación adoptó algunas de las características que aún hoy conserva: disciplina militar, ubicación rural en Casas Cuartel, actuación por parejas, etc. utilizó en labores de policía, ayuda y socorro, y en casos de situaciones catastróficas, pero sobre todo en la defensa del orden y de la propiedad, finalidad esencial para la que fue creada.

Una de las tareas en que más empeño pusieron los gobiernos moderados fue la de la unificación y codificación legal. Su fruto mas significativo fue el Código Penal de 1851 y el proyecto de Código Civil que, aunque no llegó a aprobarse, fue la base del posterior de 1889. En la misma línea, inspirada en la legislación francesa, se encuentran la medidas de reorganización de la Administración, desarrolladas a partir de la división en provincias de 1833, por Javier de Burgos, y encaminadas a reforzar el centralismo, a través del fortalecimiento de Gobernadores Civiles y Militares y de las Diputaciones. Otro hito importante fue la reforma (Mon y Santillana) de la Hacienda en 1845, que eliminó el viejo sistema fiscal y refundió los numerosos impuestos existentes en cuatro tributos esenciales.

Los moderados consiguieron restablecer las relaciones con Roma, muy deterioradas desde el inicio de la guerra carlista y sobre todo a raíz de la desamortización. La firma del Concordato de 1851 por el gobierno de Bravo Murillo significó la normalización, tras largas negociaciones, de las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica. El Concordato incluía, por parte de Roma, la aceptación de las ventas de bienes desamortizados ya realizadas y el reconocimiento diplomá­tico de la monarquía isabelina (hasta entonces se había dudado entre apoyarla a ella o a los carlistas). A cambio, el Estado restituía a la Iglesia el resto de sus bienes, establecía una dotación de culto y clero en el presupuesto y reservaba a los religiosos la supervisión de la edu­cación y la vigilancia y censura en materia doctrinal. El Concordato también regulaba la jurisdicción eclesiástica y la intervención del Estado en los nombramientos de la Jerarquía.

En cuanto al desarrollo político de la Década, en los Primeros años el mayor problema fue el matrimonio de la Reina, finalmente casada con su primo Francisco de Asís. Fue un enlace de conveniencia políti­ca que amargó la vida de ambos y que marcó negativamente el carác­ter de Isabel II y su comportamiento político. Otro conflicto serio fue la llamada segunda guerra carlista, O guerra deIs matiners. En 1846, tras fracasar el intento de casar a Isabel II con el pretendiente carlista, se produce una insurrección en Cataluña. La falta de recursos y la incapacidad de extender la guerra llevó el intento al fracaso, pero durante tres años las partidas permanecieron en el Principado, en parte gracias al apoyo que recibían de la población campesina.

En 1848 se produce en España, como en toda Europa, una ola de levantamientos, manifestaciones y protestas revolucionarias. En el caso español se debieron más a la crisis económica, con su secuela de hambre y miseria, que a motivaciones políticas, si bien es cierto que progresistas, republicanos y carlistas estuvieron detrás. La respuesta de Narváez fue pedir y obtener plenos poderes de las Cortes, suspender las garantías constitucionales y emprender una durísima represión en las calles, culminada con docenas de fusilamientos. El resultado del fracaso revolucionario fue acentuar la división entre los progresistas, una parte de los cuales creó en 1849 el Partido Demócrata. Sus principios fundacionales eran la defensa de los derechos Individuales, del sufragio universal y de una apertura del sistema a las clases populares. La represión indiscriminada también remo­vió las tranquilas aguas del Ejército, al producir entre la oficialidad un renacimiento de las Opiniones progresistas.

La crisis política del moderantismo se precipitaría tras el intento por parte de Bravo Murillo, jefe de gobierno entre 1851 y 1852, de reformar la Constitución. Hombre ultra conservador y desconfiado de la política de partidos, presentó un proyecto de reforma que práctica­mente significaba la eliminación de la vida parlamentaria, para entregar todo el poder al gobierno en un sistema que hubiera signifi­cado casi la vuelta al absolutismo. Para Bravo Murillo la tarea de gobernar era una cuestión técnica, que debían realizar expertos y no políticos. La dureza de su pro­puesta consiguió unir en su contra a todos los grupos del moderantismo, además de los escasos diputa­dos progresistas. Tres semanas después de presentar su proyecto, en diciembre de 1852, ante la ava­lancha de críticas y protestas a la Reina, Bravo Murillo tuvo que dimitir. Desde entonces se sucedieron varios gobiernos, cada vez más ineficaces, aislados y que pro­vocaron el descontento ante la corrupción, las intrigas políticas y el descrédito de los ministros. El recuerdo de la represión de 1848 alentó a los progresistas y demócratas a unir sus fuerzas para recurrir una vez más al pronuncia­miento militar frente a un gobier­no, el de Sartorius, que a fines de 1853 había disuelto las Cortes y gobernaba de forma dictatorial.

 

10. EL BIENIO PROGRESISTA (1854-1856)

El Bienio progresista comenzó con la revolución de 1854. En realidad no fue más que un golpe de Estado que triunfó gracias al respaldo popular, conseguido mediante una hábil propaganda. El inicial pro­nunciamiento del general Leopol­do O'Donnell fracasó tras un enfrentamiento con las tropas gubernamentales en Vicálvaro (la Vícalvarada); pero los rebeldes se reagruparon y publicaron una pro­dama, el llamado Manifiesto de Manzanares, que consiguió un respaldo masivo y provocó la revolu­ción en julio. El Manifiesto, al parecer redactado por el joven abogado Antonio Cánovas del Castillo, posterior protagonista de la España de la Restauración, pro­metía un estricto cumplimiento de la Constitución, cambios en la ley electoral y de Imprenta, la reducción de los impuestos y la restaura­ción de la Milicia Nacional. Apoyado por otros jefes militares (Serrano, Dulce, San Miguel) y con la población en las calles, el golpe triunfó, e Isabel II encargó el 26 de julio formar gobierno al viejo general Espartero, con O'donell como ministro de la Guerra.

Las primeras medidas combinaron las recompensas por el triunfo- el “autoascenso” de los militares golpistas, el nombramiento de altos cargos afines a los sublevados- con la recuperación de instituciones y normas de la etapa progresista: la ley Municipal de 1823, la llamada a sus puestos a los concejales progresistas de 1843, etc.

En las elecciones a Cortes Constituyentes convocadas en otoño apareció una nueva fuerza política, la Unión Liberal. La idea había surgido en los últimos años de la década entre moderados aperturistas, cansados de la co­rrupción y del conservadurismo de su partido y convencidos de la necesidad de ampliar la base social del régimen; y entre progresistas cercanos al moderantismo, asustados tanto de los planteamientos radicales del progresismo como de los de los demócratas. Era un partido con vocación de centro, de amal­gama, pero que supo captar a hombres de prestigio como Joaquín María López, el general O'Donnell y Posada Herrera. A lo largo del Bienio fue creciendo su influencia al tiempo que se constituía poco a poco en la única alternativa al progresismo, con O'Donnell como líder. Después fue evolucionando hasta convertirse en la práctica en un partido conserva­dor, aunque manteniendo unas formas centristas. En 1854, sin embargo, el partido era aún lo suficientemente am­biguo como para conseguir que muchos candidatos progresistas se presentaran en sus listas, lo que les permitió ganar claramente las elecciones.

La coalición de unionistas y progresistas pasó a dominar abrumadoramente las Cámaras. Demócratas y republicanos se mantuvieron en la oposición parlamentaria a través de una treintena de diputados. Su fuerza y su organización aún no eran lo suficientemente sólidas como para plantear alternativas. Pero sus jóvenes dirigentes, Orense, Martos, Rivero, Castelar, Pi y Margall, etc., aprovecharon aquellos años para acumular experiencia y emprender desde las cátedras y la prensa sus primeras batallas políticas. Los progresistas actuaron en defensa fundamentalmente de los intereses económicos de la burguesía urbana y de las clases medias. Partidarios de reformas limitadas y muy alejados de los intereses populares, acabaron chocando tanto con los movimientos obreros y urbanos como con los moderados. Aparte de la Constitución, que debía sustituir a la de 1845 y que no llegó a entrar en vigor; las princi­pales reformas fueron una serie de leyes encaminadas a sentar las bases de la modernización económica del país: la ley de Desamorti­zación, la ley de Ferrocarriles, ambas de 1855, y la ley de Sociedades Bancarias y Crediticias de 1856.

De entre todas las medidas adoptadas por los gobiernos progresistas del Bienio destaca, por su trascendencia, la Ley de Desamor­tización General de 1 de mayo de 1855, conocida como Desamortiza­ción de Madoz, por ser Pascual Madoz el ministro de Hacienda que la promovió. Declaraba la venta en subasta pública de toda clase de propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, a la Iglesia, los propios y baldíos de los Municipios y, en general, todos los bienes que permanecieran amortizados. Se trataba, por tanto, de completar y terminar el proceso iniciado por Mendizábal en 1836.

La segunda ley importante de los progresistas fue la Ley General de Ferrocarriles de junio de 1855, cuyo objetivo era promover la construcción ferroviaria, hasta entonces casi inexistente. Las ventajas fiscales, las subvenciones y la protección del gobierno permitieron impulsar la construcción acelerada de vías y estaciones. De 200 kilómetros construidos en 1853 se pasó a más de 5.000 en 1866, sin que tan espectacular crecimiento pudiera rentabilizarse después, y sin que hubiera beneficiado a la industria española. Sí permitió, no obstante, que los especuladores y financieros hicieran enormes fortunas jugan­do en la Bolsa con las acciones ferroviarias. Por su parte, la Ley de Sociedades Bancarias y Crediticias de enero de 1856 contribuyó a faci­litar la inversión ferroviaria y permitió el surgimiento de un mercado financiero moderno, promoviendo la entrada de capitales y un clima de euforia en las Bolsas. A su amparo, gracias a las exenciones fisca­les y a la libertad de movimientos, surgieron sociedades de crédito y bancos industriales, comerciales y de emisión por todo el país.

El contrapunto del Bienio, y una de las claves de su fracaso, fue el permanente clima de conflictividad social. las causas fueron múlti­ples: la epidemia de cólera de 1854, el alza de precios del trigo causa­da por la guerra de Crimea, las malas cosechas, las tensiones entre obreros y patronos en las fábricas y, sobre todo, el incumplimiento por el gobierno de las promesas hechas al inicio del periodo. Los enfrentamientos callejeros se hicieron especialmente graves en Barcelona, donde el crecimiento fabril se había conseguido gracias a la mecanización del trabajo y los bajos salarios. Allí se produjo una huelga general en el verano de 1855 tras la ejecución sumaria de José Barceló, líder obrero, que había sido condenado por un crimen no cometido. Tras prometerlo a los dirigentes obreros, en octubre el gobierno presentó una ley de Trabajo que reducía la jornada laboral a los niños «pasaba a ser «sólo» de 10 a 12 horas diarias). La ley permitía las asociaciones obreras que no excedieran de 500 miembros y establecía, para resolver conflictos laborales, jurados formados exclusivamente por patronos. La ley fue rechazada por demócratas y republicanos, por con­servadora y paternalista, y la conflictividad siguió creciendo.

En los primeros meses del año 1856 se sucedieron violentos moti­nes en el campo castellano y en las principales ciudades del país, con incendios de fincas y fábricas, cada vez reprimidos con mayor brutali­dad por el ejército y la guardia civil. El gobierno perdió d apoyo de las Cortes, y muchos diputados progresistas se pasaron a la Unión Liberal. Finalmente, la Reina aceptó en julio la dimisión de Espartero y encargó formar gobierno al general O'Donnell. Los grupos radicales Interpreta­ron el cambio como un auténtico golpe palaciego, por lo que sacaron las Milicias a la calle para oponerse al gobierno. Pero el intento de rebelión popular fue duramente reprimido por el ejército dirigido por Serrano, quien llegó a bombardear incluso el Congreso de los Diputados. La ren­dición de los sublevados puso fin a la experiencia progresista.

11. EL PRIMER PERIODO DE LA UNIÓN LIBERAL (1856-1863)

La Unión liberal fue el partido que controló la vida política en los doce años que van desde 1856 a la revolución de septiembre de 1868, la «Gloriosa». En 1856 agrupaba ya a gran parte de los liberales. Por entonces era un partido conservador, convencido de la necesidad de mantener el orden y partidario de retornar a una vida parlamentaria que devolviera el prestigio a las Instituciones. Incluía a militares como O'Donnell o Serrano y a miembros de los viejos partidos como Alonso Martínez, Ríos Rosas o Cánovas. Contó con el respaldo de la burguesía y de la mayor parte de los terratenientes, y con la oposición, fuera de las Cortes, de demócratas y republicanos. Mientras se mantuvo la etapa de cierta prosperidad, hasta 1863, la Unión liberal consiguió ejercer el poder sin grandes problemas; pero desde ese año la crisis económica llevó a los gobiernos a una actitud cada vez más intransigente y empujó a la oposición a los sectores progresistas del partido, hasta culminar en la revolución de 1868, que arrastró consigo a la Corona.

Tras un breve período de gobierno de O'Donnell, que sirvió para liquidar el proyecto de Constitución, en octubre Isabel II encargó for­mar gobierno al general Narváez. Este, sin duda el político favorito de la Reina, suspendió la desamortización, anuló todas las disposiciones de libertad de imprenta y cuantas se opusieran al Concordato, y res­tableció el impuesto de consumos. Se volvía a una política claramente conservadora.

1856 y 1857 fueron de nuevo años de malas cosechas, agra­vadas por los últimos efectos de la guerra de Crimea. En medio de la recesión agrícola, industrial y financiera, que provocó el empobrecimiento y la contracción de mercados, el gobierno reprimió duramente las protestas y prohi­bió de nuevo las asociaciones obreras. En materia legal, desa­rrolló una importante legislación financiera, se multiplicó la moneda en circulación y se continuó la política de obras públicas y cons­trucciones ferroviarias para reac­tivar la economía. También se organizó la estadística del Estado y en 1857 se hizo el primer Censo demográfico. El mismo año se aprobó la Ley de Instrucción Pública, la llamada Ley Moyano, que estableció el sistema educati­vo vigente en el país hasta bien entrado el siglo XX.

El talante conservador y represivo de Narváez, sin embar­go, acabó minando su apoyo en las Cortes. Una vez sofocados los bro­tes de violencia, en julio de 1858 la Reina optó por llamar al general O'Donnell dando así comienzo al llamado «gobierno largo» de la Unión liberal. O'Donnell era un hombre algo más abierto que Narváez en sus planteamientos, pero tan autoritario como él en la práctica. Fue el hombre fuerte del régimen hasta su muerte, en 1867, incluso cuando permaneció fuera del gobier­no. Otra figura clave fue el ministro de Gobernación, Posada Herrera, responsable del aparato electoral que aseguraba a su partido mayorías cómodas en las Cortes, a través del control de las listas electorales, la propaganda y la presión de los caciques del partido en provincias. Llamado el gran elector, su sistema fue un ensayo del de la Restauración, vigente a partir de 1874. El gobierno de la Unión liberal careció de una línea política clara. Todo su programa político consistía en el disfrute del poder, la salvaguardia obsesiva del orden y la ambición de hacer más eficaz el fun­cionamiento de la Administración. La propia ausencia de principios explica porqué la Unión liberal se dividió en 1863, al presentarse la crisis. Pero, al menos entre 1858 y 1863, el gobierno consiguió actuar con cierta estabilidad, en parte mediante el control de las Cortes, donde tuvo mayoría abrumadora, pero sobre todo gracias a la prosperidad económica de aquellos años, que permitió a los ministros dedi­car toda su atención a las obras públicas. Fue la etapa dorada de la especulación y la construcción ferroviaria, de la aparición y creci­miento de las sociedades de crédito y de los bancos, de una nueva expansión de la industria textil catalana y del surgimiento de los pri­meros altos hornos en Vizcaya y Asturias. Sólo dos perturbaciones serías alteraron el clima político. En abril de 1860 los carlistas, ahora bajo la candidatura del conde de Montemolín, intentaron un golpe de Estado en San Carlos de la Rápita. El intento fue sofocado y se obligó al pretendiente a renunciar a sus derechos dinásticos para ser liberado. El otro incidente, mucho más grave, fue la insurrección campesina de Loja, en junio de 1861, que durante unos días llegó a contar con unos 10.000 campesinos en armas, pero que se extinguió rápidamente, al carecer de un programa revolucionario y del apoyo de los partidos progresista, demócrata o republicano.

12. LA POLITICA EXTERIOR DE LA UNIÓN LIBERAL

A lo largo de todo el siglo XIX España había carecido de una política exterior seria. Considerada por los demás países europeos como una potencia en decadencia que había perdido la mayoría de sus colonias, la continua inestabilidad del régimen absolutista primero, y del sistema liberal después, hicieron que la política interior absorbiera por completo la atención de los gobiernos. A la falta de unos objetivos cla­ros en política exterior se unió la escasa capacidad de los diplomáti­cos españoles: las embajadas eran ocupadas por políticos de prestigio, y no por expertos. El resultado es que fue fácil para los gobiernos extranjeros manejar nuestra acción exterior, según sus convenien­cias. Así, los ingleses consiguieron que el gobierno de Espartero intentara emprender una política de librecambio, que hubiera favorecido sus exportaciones hacia España, mientras que los gobiernos moderados fueron fácilmente influidos por Francia en sentido contrario.

Otro ejemplo de la dependencia exterior fue la ingerencia de ambas potencias en el espinoso problema de los matrimonios de la Reina y de su hermana y potencial heredera, la infanta Luisa Fernanda, Entre 1845 y 1846; el rechazo consecutivo de ambos países a sucesivos candidatos llevó a elegir finalmente como consorte de Isabel II a Francisco de Asís (un verdadero fracaso)

El gobierno de la Unión Liberal emprendió entre 1858 y 1866 una activa y agresiva política exterior, cuyo objetivo esencial era desviar la atención de los españoles de los problemas internos y exaltar la conciencia patriótica, en pleno auge del nacionalismo en Europa. La intervención en cinco conflictos bélicos y el envío de tropas expe­dicionarias contó con el apoyo de las Cortes, la prensa y una buena parte de la opinión pública, mani­pulada fácilmente al tocar la fibra patriótica y el honor nacional, supuestamente herido, la primera intervención fue la expedición hispano-francesa a Indochina (1858-1863), justificada por el asesinato de varios misio­neros en Ammann, pero que en el fondo respondía a la intención francesa de adquirir una base colonial en el Sureste asiático. Fue un paseo militar, pero no reportó nada concreto a nuestro país, y sí a los franceses, que iniciaron así su control de la región. La guerra contra Marruecos (18591860) tuvo como pretexto la destrucción en Melilla de establecimientos españoles, pero respondía realmente a un intento de expansión colonial en el Norte de África. Se rechazaron las excusas del Sultán y se preparó la intervención de 40.000 hombres, en plena ola de entusiasmo patriótico un tanto dema­gógico. Tras dos victorias en el valle de Castillejos y en Wad-Ras, el ejército expedicionario dirigido por Prim y Zavala tomó Tetuán y puso cerco a Tánger. Pero la amenaza de una intervención de Inglaterra, que no quería permitir una expansión española tan cerca del Estrecho, obligó a aceptar un acuerdo de paz. El Tratado obligaba al Sultán a ceder el territorio de Sidi-Ifni, a una ampliación de las plazas de Ceuta y Melilla y a una indemnización que, de hecho, no llegó nunca a pagar del todo.

La tercera aventura fue la intervención en la expedición a Méjico de 1862 emprendida por tropas francesas, inglesas y españolas para castigar el impago de la deuda por parte del gobierno mejicano. Una vez desembarcadas las tropas, los franceses manifestaron su intención de derrocar al gobierno de Juárez y poner en su lugar al archiduque Maximiliano, ante lo cual el general Prim decidió retirar sus tropas. La decisión ocasionó la ruptura de relaciones con Francia y provocó una fuerte irritación a O'Donnell, pero tuvo que aceptarla ante la aproba­ción de la Reina. La posterior derrota francesa y la ejecución de Maximiliano dieron la razón a Prim.

Otras dos intervenciones exteriores fueron la fallida recuperación de la colonia de Santo Domingo en 1861, que hubo que cancelar ante las presiones internacionales, y la guerra contra Perú y Chile, con el bombardeo español de los puertos chilenos, que terminó en 1866 sin ningún resultado positivo.

En conjunto, la actuación exterior española de aquellos años no fue más que un alarde militar, una política de prestigio que en nada influyó en el equilibrio de poder internacional, resultado lógico si tenemos en cuenta la debilidad política, económica y diplomática de España.

13. LA CRISIS FINAL DEL REINADO (1863-1868)

Hacia finales de 1862 el gobierno de la Unión liberal empezaba a estar desacreditado. Los progresistas, ante la evidencia de que el sistema electoral y la postura de la Reina no les permitiría acceder al poder, se habían retraído de la vida parlamentaria. Los moderados eran cada vez más conservadores. La Unión liberal se descomponía, ante la falta de objetivos políticos y el desgaste que producía el ejercicio del poder. Demócratas y republicanos y un sector importante del progresismo, comenzaban a reclamar desde la prensa y mediante la acción conspi­rativa un cambio del régimen, poniendo en cuestión incluso a la pro­pia Reina. Militares como Prim y políticos como Sagasta se alinearon abiertamente con la oposición al sistema.

En marzo de 1863 O'Donnell presentó su dimisión. Tras dos gabi­netes de transición, de nuevo el general Narváez se hizo cargo del gobierno en septiembre de 1864. Con la vuelta a un ministerio conser­vador y represivo se abrió el proceso que dio al traste con la monarquía borbónica. En ese proceso fue decisiva la crisis económica y el agrava­miento consiguiente de la situación social y política. Los primeros síntomas de la crisis se produjeron en 1864: comenzaron a detenerse las construcciones ferroviarias, faltaron inversiones extranjeras, los precios cayeron. Al detenimiento de la actividad contribuyeron dos causas esenciales: el déficit de las empresas ferroviarias (1as líneas construidas no daban el beneficio esperado), y la falta de algodón, debida al estalli­do de la Guerra de Secesión estadounidense y al bloqueo nordista, que hizo caer en picado la producción textil catalana y disparó los precios. Su resultado fue la pérdida de capacidad adquisitiva, el hundimiento del mercado y la extensión de la crisis a todos los sectores. A ello se aña­dió el derrumbamiento de la Bolsa en 1856 por el crack europeo, lo que provocó la ruina de muchos pequeños inversores.

A ello se sumó el clima de descontento político generalizado, ante la acti­tud cada vez más autoritaria de Narváez y O'Donnell, que se reflejó en los sucesos de la noche de San Daniel y la represión de la sublevación del cuartel de San Gil: en 1864 comenzó a enrarecerse el clima universitario. Desde hacía tiempo algunos catedráticos venían protestando por las ideas demasiado aperturistas y anticlericales que otros profesores transmi­tían en sus clases. Estos últimos eran los llamados krausistas, hom­bres como Sanz del Río, Canalejas o Castelar, que defendían un talan­te tolerante y abierto frente a la enseñanza dogmática que se venía impartiendo. En octubre de 1864 el Ministro de Fomento, Alcalá Galiano, dictó una Real Orden prohibiendo la difusión desde las cátedras de ideas contrarias a la religión católica, la monarquía heredita­ria y la Constitución vigente. La respuesta no se hizo esperar. La prensa progresista publicó en el invierno artículos de catedráticos como Castelar o Salmerón, que atacaban la política del gobierno y rechazaban la circular por atentar contra la libertad de cátedra. La polémica creció hasta que en la pri­mavera la decisión del gobierno de vender parte del Patrimonio nacional para cubrir el déficit y resarcir a la Reina con el 25% de las ventas, fue contestada por Castelar con un durísimo articulo (El Rasgo), en el que denunciaba la ilegalidad de las compensaciones a la Corona y la irregularidad de las ventas. El gobierno decidió expedientar a Castelar y ordenó al Rector que le retirara de su cátedra. El Rector, Montalbán, rehusó y presentó su dimisión en solidaridad con Castelar. Los estudiantes decidieron organizar a Montalbán una serenata de apoyo, para lo que pidieron permiso a la Jefatura de Policía, que lo concedió. En la noche del 10 de abril de 1865, sin embargo, se produjo el enfrentamiento entre varios miles de estudiantes y las fuerzas del orden, con una carga indiscriminada que causó nueve muertos y un centenar de heridos. Las protestas por la matanza de la noche de San Daniel se generalizaron. Algunos de los estudiantes muertos pertenecían incluso a fami­lias influyentes. El propio Alcalá Galiano sufrió una apoplejía, murien­do a los tres días, y la Reina optó en junio por llamar de nuevo a O'Donnell, para encargarle formar nuevo gobierno en sustitución de un desacreditado Narváez.

En un clima de agitación constante transcurrió el invierno. En enero se produjo un intento de pronunciamiento del general Prim en Villarejo de Salvanés. El golpe fracasó, pero Prim, ya por entonces el líder indiscutible de los progresistas, consiguió huir para seguir conspirando desde su exilio en Paris. Pero el intento más serio fue la sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil, el 22 de junio de 1866, cuando unos 1.200 artilleros se amotina­ron e intentaron hacerse con el control de Madrid. La rápida res­puesta militar fue dirigida por el propio O'Donnell y por Serrano. El cuartel fue tomado al asalto pese a la resistencia numantina de los sublevados. El saldo final fue de unos 60 muertos y varios cente­nares de heridos, a los que hubo que añadir los cientos de deportados y los 66 suboficiales y oficiales fusilados por rebelión. A tan dura acción siguió una ola de protestas por todo el país, incluido otro conato de rebelión en Gerona. La respuesta guberna­mental, de nuevo bajo la jefatura de Narváez desde julio de 1866 y hasta su muerte en abril de 1868, fue la represión, ahora indiscrimi­nada: mantuvo las Cortes suspendidas, cerró todos los periódicos crí­ticos y persiguió no sólo a los sec­tores de la oposición, sino incluso a cualquier miembro de la Unión Liberal o moderado que cuestio­nara la actuación del gobierno.

En agosto de 1866, dos meses después de la sublevación de San Gil, los progresistas, demócratas y republicanos firmaron el pacto de Ostende. De acuerdo en evitar una revolución social, su progra­ma se limitaba al destronamiento de la Reina, a quien consideraban principal culpable de la situación, y a la convocatoria de unas Cortes por sufragio universal. En 1867, tras la muerte de O'Donnell, la propia Unión Liberal, convencidos sus miembros de la inviabilidad del gobierno represivo y del hun­dimiento de la monarquía isabeli­na, se sumó al pacto.

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