Radio pública local

Periodismo. Medios de comunicación. Comunicación local. Democracia. Emisoras de radio. Emisoras municipales

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RADIO PÚBLICA LOCAL

Capítulo 1: COMUNICACIÓN LOCAL Y DEMOCRACIA

La palabra comunicación, en relación con la radiodifusión pública local, tiene otras connotaciones significativas cuando hablamos de ese trato de correspondencia que se establece entre individuos y cuando ésta se produce en comunidades donde sus integrantes, favorecidos por un marco de convivencia común se reconocen.

Cuando hablamos de las EM (emisoras municipales) hablamos de radios públicas. Por radio pública se entiende aquella que presupuestariamente depende de los fondos públicos y de las recaudaciones que bajo control de la Administración se generen por otras vías. Tiene como misión el servicio a la comunidad y a sus intereses sociales, culturales y educativos, sin anteponer, como ocurre en la radiodifusión privada, aspectos mercantiles y especulativos. Por ello, exige desde el Estado el control de unos bienes considerados escasos y una gestión que garantizará los espacios que la iniciativa privada no podía ocupar o no debía ocupar.

La radio privada presta un “servicio al público” que no deja de ser un escaparate ideológico reflejo de intereses empresariales y de productos de venta segura a seleccionar por los receptores. Difícilmente podrá garantizar el cumplimiento de sus obligaciones como servicio público sin dejar de atender sus intereses de mercado. La garantía de servicio público implica mayores compromisos y sólo puede existir cuando la actividad radiodifusora logra situarse por encima de los intereses de mercado. Resulta interesante esta perspectiva de pluralismo participativo y garantía de acceso, que en la radio pública española sólo ha sido posible en las EM.

En España, los intereses de cobertura de la radio pública configuran tres marcos diferenciados y complementarios: estatal, con cobertura para todo el país; regional, en los territorios autonómicos; local, de ámbito municipal. La radio regional sólo está representada en siete de las diecisiete autonomías.

* Por emisora municipal entendemos aquella que presupuestariamente depende exclusivamente de la Administración Local, al ser ésta concesionaria de su titularidad y cuya gestión y órganos de dirección están supeditados a la autoridad del Pleno Municipal.

Hasta la década de los setenta la mayoría de los Estados europeos mantuvieron los monopolios sobre los medios audiovisuales e, incluso, hasta la década de los noventa no se ha producido la entrada generalizada, en cumplimiento de Directivas de la UE, del sector privado en el medio televisivo.

En España, al igual que en Italia, se pasó del monopolio ideológico propagandístico estatal al acceso de la sociedad civil a la potencialidad emisora.

Las EM emanarán de la voluntad de grupos ciudadanos empeñados en incorporarse de una manera activa a la construcción democrática.

De la “radio total” comenzó a hablarse en España a principios de la década de los 80, con probabilidad por contagio de la modélica y admirada democracia sueca; que, en los años 70, había cultivado con gran acierto el concepto del Allemansradio , la radio de todos o radios para todos. Eduardo Sotillos, director de RNE, quería hacer llegar la radio pública a todos los rincones para que escudriñara todo cuanto acontecía. Pero no contemplaba la posibilidad de que esta audiencia, como legítima dueña del medio pudiera ser partícipe activa en el quehacer diario de éste, a través de organizaciones ciudadanas y entidades representativas de la sociedad civil, contribuyendo al enriquecimiento de la parrilla de programación.

El concepto de “radio total” en su acepción más amplia estuvo en el origen de muchas EM, en las que sigue hoy vivo. La EM está obligada no sólo a mantener informada a la población, también a tratar de volcar su espíritu en obtener la máxima participación de las comunidades a las que sirven.

A la espontaneidad de las emisoras libres en Francia, Italia y Gran Bretaña, se unirán políticas de desarrollo de medios radiodifusores públicos de ámbito local, fundamentalmente en Gran Bretaña y en Suecia. Estados Unidos había impuesto su hegemonía de colono mass mediático y las relaciones internacionales continúan estando marcadas por el influjo de los medios occidentales ejercidos desde el dominio tecnológico de este país.

El progreso social en la conquista de libertades y el tecnológico harán posible la llegada de una nueva Era de la que ya estamos participando, la “tercera ola”, definida por Toffler, como se señaló anteriormente, en la que los medios locales juegan un papel trascendental de equilibrio en el ecosistema mediático.

Comienzan a surgir las EM en un momento histórico en que los gobiernos europeos, ante la presión social, se ven obligados a abandonar sus actitudes monopolísticas, y las grandes emisoras públicas inician experiencias descentralizadoras, principalmente en Gran Bretaña, los países escandinavos y Alemania, aunque este último como consecuencia de la política impuesta por los aliados al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Organismos internacionales como la UNESCO, comienzan a hacerse eco de los peligros definidos en el Informe de la Comisión McBride como “flujos dominantes”.

El nacimiento de las EM como medio alternativo en el ámbito local, responde a una evolución natural en las sociedades desarrolladas del entorno europeo, a las que España, superada la dictadura, se va incorporando. Su desarrollo se produce de forma casi paralela en tres Comunidades Autónomas: Cataluña, Andalucía y Galicia.

La llegada de la democracia a España y la celebración de las primeras elecciones municipales en 1979 hacen ver a muchos ayuntamientos, mayoritariamente a los gobernados por la izquierda, la necesidad de disponer de medios de comunicación propios, con los que hasta la fecha no habían contado. Con ellos, se trata de trasladar a la población la importancia de participar en una vida política y social repleta de acontecimientos relevantes. La actitud de rescate por la sociedad civil de un bien público, hizo posible que las EM terminaran consolidándose en la legalidad. La posesión de medios de comunicación por la sociedad civil, facilitados por los poderes públicos, caso de las EM, no sólo equilibra y democratiza el paisaje audiovisual, también educa y prepara al individuo para comprender el comportamiento de los medios. La mayoría de las estaciones de EM carecían de presupuesto en sus comienzos. Estaban montadas con equipos caseros y kits de fabricación artesanal, en locales improvisados. La demanda social, la causa política y el precedente de las emisoras libres junto a las que ya existieron con carácter parroquial en 1953. están en el origen de las emisoras públicas municipales.

En el caso catalán, y posteriormente en el gallego, la demanda social vendrá estrechamente vinculada a la reivindicación lingüística.

En Francia e Italia, el movimiento de emisoras libres logró romper, a mediados de los '70, el monopolio del medio, hasta la fecha, en manos del Estado. En España, las primeras emisoras libres jugaron un papel meramente testimonial, entre otras cosas, porque mientras que en Francia e Italia gozaron de la simpatía y apoyo de una mayoría social y económica deseosa de poner fin a una situación de monopolio anacrónico, en España, sólo un cierto estamento cultural les proporcionó un apoyo decidido pero de escasa fuerza. En nuestro país las emisoras privadas ya existían. Algunas emisoras libres que aparecieron en España a finales de los '70 se fueron transformando en emisoras de carácter público al abrigo de la administración local y en abierta actitud de enfrentamiento con los gobiernos civiles, dando origen a más de una EM. Algunas características de las emisoras libres también las encontramos en las municipales: uso emancipador del medio, que intenta romper su estructura vertical, unidireccional y jerárquica, limitadora de la auténtica comunicación entendida como intercambio.

Los aspectos originales que definen a las EM en España vienen marcados por su menos ámbito de difusión y el apoyo único del municipio. La tendencia europea, hacia modelos alternativos, ya venía marcada desde los años setenta por tres factores de diversa naturaleza:

  • Social y política: conducente a descentralizar servicios, a crear nuevas entidades públicas territoriales. Esta circunstancia se une a la demanda cultural y la reivindicación de acceso a los medios, a la condición de actores directos.

  • Económica: derivada de los intereses locales de determinados operadores económicos.

  • Tecnológica: fruto del abaratamiento sistemático de los medios de producción y transmisión de la información.

Al desarrollo de las EM también contribuyó la escasa descentralización de las grandes cadenas, entre ellas las públicas. Sólo la pérdida de audiencia que las EM les comenzaron a provocar hizo que estas grandes empresas reaccionaran. Fue el caso de Radio-4 que, en Cataluña (1984) y Andalucía (1988), concretó acuerdos con las EM para la difusión de sus espacios, preferentemente informativos, llegándose incluso a la coproducción de programas.

El gigantismo burocrático de RNE y sus continuas reestructuraciones impidieron un mayor desarrollo de las buenas intenciones reflejadas en la letra de los convenios.

Radio-3 de RNE, la “Nacional-3”, estuvo presente en la inspiración de muchas EM que llegaron a emular casi a la perfección a sus maestros, hacedores de una radio democrática, joven y de sentimientos altruistas. Ahora su oferta es más conservadora en sus formas y argumentos. Radio- 3 es ahora una radio fórmula musical.

Las EM, en su orientación pública, cubren áreas de información desasistidas por otras emisoras. Las EM no surgen en función de un determinado proyecto de especulación económica, de búsqueda anual de reparto de dividendos, sino como garantía de servicio público a una comunidad. El recurso a la publicidad de estas emisoras tiene, salvo excepciones, más valor de prestación de servicio, que de complemento económico de presupuestos.

En 1977, la radio en España comienza a recuperar credibilidad tras el fin del monopolio informativo de RNE, y la concesión por el gobierno de UCD, en 1979, de nuevas licencias de radio en FM de las que surgirán las cadenas RATO, Antena-3, Radio-80 y Radio-16. Fue el “boom” de la radio, que comienza a conocer cotas de audiencia insospechadas y alcanza su apogeo en la cobertura informativa de los acontecimientos del 23-F de 1981.

Galicia, Andalucía y Cataluña son protagonistas del surgimiento de las EM y su extensión al resto del Estado.

Ha quedado demostrada la insuficiencia de las arcas municipales, fundamentalmente en las poblaciones menores de 15.000 habitantes donde mayoritariamente se asientan las EM, para sostener estos medios de forma idónea. El déficit presupuestario de la Administración local no contribuye a que las EM se estabilicen y hagan rentable todo el esfuerzo humano que se vuelca en ellas.

Las nuevas tecnologías no sólo abaratan los costes de inversión y producción, también pueden terminar por robotizar el funcionamiento de las emisoras, deshumanizarlas.

Capítulo 2: CONTEXTO DE LA RADIO PÚBLICA LOCAL Y ALTERNATIVA EN EUROPA

Fuera de Europa, las emisoras alternativas de carácter municipal tendrían su parangón en las emisoras públicas locales de Estados Unidos, agrupadas en el National Public Radio (NPR) y vinculadas, muchas de ellas al mismo tiempo, a la Federación Nacional de Radiodifusores Comunitarios (NFCB), movimiento surgido en 1975. Se entiende, así, lo comunitario como público. Son emisoras de capital público, privado o mixto, sin ánimo de lucro, de carácter estrictamente local y regentadas por escuelas, universidades, municipios, organizaciones no gubernamentales y colectivos ciudadanos.

Las emisoras de esta red poseen programaciones autónomas, no estando sujetas a directrices externas. La colaboración entre ellas se limita a la elaboración de determinados espacios informativos y a la obtención de fondos federales para completar sus exiguos presupuestos. En la Corporation Public Broadcasting (CPB) se integran el Public Broadcasting Service (la PBS, red de las PTV o Public Televisión) y el NPR.

A comienzos de los noventa las estaciones públicas estaban obligadas a recaudar dos dólares por cada dólar recibido de los fondos federales. La fuente principal de financiación de estas emisoras procede de ayuntamientos, universidades públicas y privadas, colegios, estados federales y fundaciones de las más importantes empresas del país como Ford, IBM, Xerox, así como de algunas compañías petrolíferas. Un modelo que en Andalucía ha venido proponiendo EMA-RTV, la Asociación de Emisoras Municipales de Radio y Televisión.

La radio local muy desarrollada en los primeros años de existencia del medio, fue barrida en Europa por la aparición de cadenas con estructuras de emisión centralizadas. La autonomía de programación local desapareció y sólo en las franjas menos productivas se permitiría la emisión de espacios con contenido local. El paso atrás dado en el caso de las emisoras locales de carácter privado estadounidense, con la pérdida de su identidad primitiva, se compensa duras penas, por el esfuerzo de las emisoras integradas en el NPR.

En el espacio europeo descubriremos el predominio de dos modelos básicos dentro de la radiodifusión local alternativa: las emisoras estrictamente públicas como es el caso de las municipales españolas, y las emisoras de carácter asociativo o comunitario. Éstas últimas, concebidas sin ánimo de lucro, funcionan desde el espíritu no de prestar un servicio al público, sino de constituir en sí mismas un servicio público. Pertenecen a asociaciones y entidades privadas y en muchos casos están participadas por organismos públicos, constituyendo, en ocasiones, un modelo mixto.

En España, donde este movimiento o ha llegado a tener la relevancia de otros países europeos, emisoras comerciales sin licencia se han camuflado bajo el apelativo de “comunitaria”, buscando la legalización de su situación, o al menos la permisividad de las autoridades. Muchas de las emisoras de la ARI (Asociación de Radios Independientes), vinculadas inicialmente a Onda Cero, en un intento de justificar su permanencia en el espectro, optaron por la denominación comunitarias, al no resultar beneficiadas en las concesiones comerciales de 1989. Tampoco obtuvo la legalización en el último reparto la histórica emisora madrileña Onda Verde.

En los últimos años asistimos a un tímido despertar de un movimiento integrado en la Asociación de Radios Comunitarias de España, ARCE.

La mayoría de las comunitarias son emisoras de barrio montadas por colectivos de jóvenes que las financian con fondos propios (Radio Enlace, Onda Merlín, Onda Verde, Radio Vallekas, Radio Utopía, Onda Latina, Radio Actividad)

Para Cebrián Herreros, los intereses de las radios comunitarias entendidas como un calco de lo que en su día fueron las emisoras libres, tienen como solución más viable a la actual situación de ilegalidad en que se encuentran en España, el acuerdo conjunto entre los grupos políticos, empresariales y sociales para crear un modelo que satisfaga las aspiraciones de unos y otros.

Las radios comunitarias defienden sus intereses a través de la Word Association of Community Radio Broadcasters, conocida como AMARC. Se ha convertido en interlocutora ante la UE obteniendo ayudas de los programas EUROFORM y FORCE del Fondo Social Europeo, que destina a la prestación de servicios de formación profesional a colectivos desempleados.

Las EM y las comunitarias participan de la misma filosofía ya que en ambas la conciencia pública de servicio, participación y sostenimiento económico sin lucro, están presentes.

A finales de 1996 las EM andaluzas integradas en EMA RTV plantearon la posibilidad de su pertenencia al movimiento comunitario representado por AMARC, amparadas en su papel de medios públicos locales, participativos y exentos de ánimo de lucro. Rafael Rocangliolo, presidente de AMARC, solicitó a los representantes de EMA- RTV su entrada formal en el movimiento comunitario.

FRANCIA: modelo mixto público- privado sin objetivos comerciales

En Francia, la reivindicación antimonopolio de las emisoras libres comenzó en 1975, tomando los referentes italianos y británicos. En 1982 el gobierno socialista concedió las primeras 22 frecuencias.

En la actualidad son numerosas las emisoras comunitarias herederas de las libres, más conocidas con el apelativo de asociativas. Prestan un servicio cada vez más valorado al ocupar un espacio despreciado por otras estaciones de carácter comercial (Vallée FM)

La mayoría de las emisoras libres francesas que obtuvieron estatus legal entre 1982 y 1983 con licencia comercial, acabaron sucumbiendo a las tentaciones de mercado, constituyendo nuevas cadenas o integrándose en las ya existentes.

Las licencias de las asociativas francesas son otorgadas por el Consejo Superior Audiovisual (CSA), autoridad independiente del gobierno y de representación plural. Estas concesiones son revisadas cada cinco años. Un sistema de impuestos sobre los ingresos de publicidad de las emisoras comerciales ha servido para crear un fondo de apoyo a la libre expresión radiofónica utilizado para financiar a las asociativas. La concesión de las ayudas económicas está regulada por una comisión dependiente del CSA y donde se integran representantes de las emisoras comunitarias elegidos por las distintas asociaciones que agrupan a estas emisoras, siempre vinculadas a objetivos sociales concretos, inmigración, proyectos formativos, integración social, juventud.

Las principales asociaciones que agrupan a estas emisoras alternativas son: el Consejo Nacional de Radios Asociativas (CNRA) y la Confederación Nacional de Radios Libres (CNRL).

Lo más interesante de la actual situación francesa es, sin duda, la obtención de fondos derivados de los beneficios publicitarios de los grandes medios audiovisuales, que evidentemente no pueden satisfacer los compromisos sociales de estas emisoras comunitarias, cada vez más implantadas y aceptadas. Al mismo tiempo, muchas de ellas están protegidas por las corporaciones locales.

Un sistema similar al francés rige en Suiza, donde las tres emisoras existentes hasta la fecha: Radio Rabe, Radio Lora y Radio Flora (en habla alemana), pueden ver reducidos sus fondos con la autorización por el gobierno de, al menos, otras tres emisoras.

En Bélgica, el gobierno de la comunidad valona ha propiciado la creación de la Federation des Telévisions Locales y Regionales de la Communaute Française. Esta federación sirve imágenes a más de tres millones y medio de telespectadores. Los once canales que la componen están gestionados por asociaciones privadas sin ánimo de lucro y desarrollan misiones de servicio público: información, difusión cultural y educación permanente. La financiación de esta asociación está asegurada por los poderes públicos de la Comunidad Francesa, y, en menor medida, por los poderes locales, la producción y la publicidad.

La comunidad flamenca comienza a reaccionar consintiendo el funcionamiento de determinadas emisoras, amparadas por entidades locales y organizaciones independientes. Estas emisoras de habla neerlandesa están poniendo en marcha modelos similares a los asociativos, sin que exista una regulación técnica definitiva por parte del gobierno de Bélgica.

HOLANDA: una sociedad hiperinformada. La apuesta firme por el producto local como base del desarrollo social.

Entre 1974 y 1978, el gobierno holandés subvencionó seis canales experimentales de radio y TV con carácter local. A raíz de esta experiencia, surgieron en el país numerosas estaciones de radio y televisión que acabarían fundando la Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland, OLON. Inició su andadura en 1981 con una pequeña ayuda financiera del Estado, que, en 1988, la reconoció como promotora de los intereses locales.

Actualmente existen en Holanda 376 emisoras de comunidad reguladas por el gobierno. La audiencia potencial de estas emisoras garantiza la cobertura a catorce de los quince millones de habitantes del país. Consideran más importante el aspecto social del servicio que prestan, que la rentabilidad económica, criterio del que también participan las autoridades locales.

Como servicio, la radiodifusión local en Holanda implica mucho más que la radio o la televisión. Las organizaciones poseedoras de autorización para la radiodifusión local, la tienen también para todo tipo de emisiones especializadas, incluidos el periódico por cable y el teletexto.

Sólo las organizaciones sin ánimo de lucro tienen derecho a obtener autorizaciones para la emisión local. Su programación y cobertura se limita a un municipio determinado; aunque, en casos especiales se autoriza el servicio para varios. En 1997 eran 502 los municipios que disponían del servicio de estas emisoras. La ley holandesa obliga, además, a la creación de un órgano de participación, compuesto por representantes de los diferentes sectores, culturales, políticos y religiosos. En el caso holandés, la abundante oferta audiovisual que se recibe de todos los países vecinos por ondas terrestres, y el hecho de que el cable llegue a la práctica totalidad de los hogares, ha fomentado la alternativa de los canales locales que gozan de gran demanda y estima por parte de la población. El presupuesto medio anual de una emisora ronda los 15.000 ecus y los máximos y los mínimos oscilan entre los 500 y 500.000 ecus. La financiación de las emisoras es mixta, es decir, mediante aportaciones públicas, patrocinios, suscripciones al coste de un ecu por hogar y mediante inserciones publicitarias.

GRAN BRETAÑA

La BBC desarrolló a partir de 1967 una red de emisoras en complicidad con entidades locales interesadas. Durante seis horas, las emisoras transmiten información de la zona donde están implantadas, y durante el resto del día se conectan a la programación regional. Al igual que en otros países europeos, el modelo británico de radiodifusión pública local, se desarrolla para contrarrestar el desafío de los activistas privados contra el monopolio del estado, en el caso británico, llevado a cabo por una docena de emisoras piratas instaladas en barcos anclados en aguas internacionales, la más famosa de ellas Radio Caroline.

El modelo implantado por la BBC es similar al español, ya que en muchos casos las emisoras municipales, al no poder asumir parrillas de veinticuatro horas, establecen acuerdos con los canales públicos, autonómicos o nacionales, para la difusión de su programación, o para obtener productos idóneos con que complementar la producción propia.

La gran diferencia entre el modelo español y británico residen en el mayor tamaño de los municipios emisores en Gran Bretaña y por tanto, de las coberturas de emisión. Estas emisoras suelen expandir su acción local a la comarca, e incluso, a un territorio que podríamos calificar como provincial, siguiendo esquemas de división territorial administrativa del Estado español.

Gran Bretaña no sólo ha desarrollado un modelo público capaz de abastecer las demandas locales de información y participación. Otras críticas hacia el modelo local implantado por la BBC proceden de los agentes locales, que cuestionan la falta de autonomía de las emisoras y que resulten más perjudicadas cada vez que se producen recortes presupuestarios. Paralelamente, existen emisoras privadas locales bajo la autoridad de la IBA (Independent Broadcasting Authority). Este organismo supervisa el cumplimiento por parte de las emisoras privadas de una normativa estricta orientada a impedir que el sentido local de estas emisoras pueda ser alterado. El tiempo de publicidad máximo queda limitado a nueve minutos por hora.

SUECIA

Similar al modelo británico y más cercano al modelo de las EM, en lo que se refiere a la atención de microcomunidades. Por iniciativa parlamentaria, se crearon en 1977 veinticuatro radios locales con niveles provinciales de cobertura. Objetivos: difundir información, aumentar el nivel de conocimiento, estimular el debate público, enriquecer la vida cultural, atender las minorías lingüísticas. Emisoras públicas dentro de la sociedad LRAB. A partir de estas emisoras originales se fueron creando subestaciones, pequeños centros de producción con equipos autónomos propios. La responsabilidad de las emisiones recae en comités locales, independientes de la Radiotelevisión Sueca.

La intención de las autoridades suecas al potenciar este tipo de emisoras de carácter público era la de conseguir la mayor participación posible de la sociedad civil, desmitificando los peligros del monopolio estatal en los medios.

Otro propósito perseguido con estas radios es “proporcionar a las organizaciones de voluntarios un canal nuevo a través del que poder llegar a sus afiliados y simpatizantes”. Por medio de este sistema, cualquier persona jurídica sin compromisos lucrativos, benéficos, políticos, sindicales o religiosos, pueden acceder, previa solicitud, al derecho de emisión en estos canales públicos.

El estimulante modelo sueco, de radio participativa, se halla hoy en crisis: escasa respuesta de la audiencia y recortes en las subvenciones llevados a cabo por los municipios.

DINAMARCA APUESTA POR EL MODELO SUECO

La legislación danesa permite la concesión de licencias de radio a las autoridades locales, siempre que su objetivo sea facilitar las actividades de producción y emisión de programas a los ciudadanos o suministrar información referida a la administración local. En muchos casos, las emisoras pertenecen a organizaciones locales, grupos religiosos, periodistas, sindicatos, grupos de enseñantes...

Los daneses llevaron más lejos el modelo sueco: las experiencias de emisoras locales participativas se iniciaron en 1983, y un año más tarde, eran más de cien las emisoras que habían recibido autorización. La cobertura de estas emisoras es reducida.

LOS PROBLEMAS NO RESUELTOS DE LAS EMISORAS ALTERNATIVAS

Son algunos de los modelos europeos que vienen funcionando con el apoyo de la iniciativa publica, lo que prueba la existencia de una necesidad social relacionada con el conocimiento del entorno; y la adquisición de una consciencia colectiva en los ciudadanos, que participan más intensamente en la construcción social.

El principal problema de todos los casos expuestos, al igual que en el modelo español, vendrá derivado de la inexistencia de una financiación no sometida a los caprichos de crisis económicas coyunturales, o al azar de las modificaciones presupuestarias en cada ejercicio económico (permanente crisis de financiación)

EL MODEL ESPAÑOL. ORÍGENES DE LAS EMISORAS MUNICIPALES

Si bien se ha considerado siempre que la primera EM se puso en marcha en Cataluña en septiembre de 1979 en Arenys de Mar, el primer precedente que encontramos se localiza en Andalucía en la localidad cordobesa de Pozoblanco en 1974.

El caso de Pozoblanco constituye un episodio aislado que no propició un fenómeno de contagio en localidades vecinas. A pesar de ello, es una clara muestra de iniciativa municipal en respuesta a la demanda de los vecinos, y en momentos en lo que comienzan a intuirse los primeros síntomas de resquebrajamiento en la moral del Régimen.

Debemos remontarnos bastantes años atrás para entender las circunstancias que permitieron la aparición de esta primera EM. En 1953, la firma del Concordato entre España y la Santa Sede, por la que el Estado pagaba el colaboracionismo del Vaticano durante la guerra civil, es aprovechado por la iglesia española para poner en marcha, sin ningún tipo de autorización, una auténtica red de emisoras de OM de carácter parroquial. Se trata de una iniciativa no bien vista por el Gobierno, que, en el mejor de los casos, se mostraba dispuesto a dispensar una autorización para que con fines religiosos la iglesia católica utilizase los medios públicos tutelados. Muchas localidades, aprovechando el salvoconducto eclesial, pudieron disponer de una emisora para su ocio. Al mismo tiempo, la curia aprovechaba para ensanchar su influencia y seguir ejerciendo como guardiana de la moral católica del país.

A finales de 1958 existían acerca de 200 emisoras parroquiales, una de ella establecida en Pozoblanco.

Un acuerdo alcanzado entre la Dirección General de Radiodifusión y Televisión y la Comisión Episcopal pondría fin a la existencia de gran parte de emisoras parroquiales. Un decreto obligaba a la transformación de todas las emisoras locales de onda media en emisoras de frecuencia modulada en el plazo de cinco años. Al constituirse Radio Popular, la curia aprovechó para desprenderse de todas las emisoras que no eran de su interés y sobre las que no podía acometer una inversión para adecuar sus instalaciones a las exigencias legales.

La emisora de Pozoblanco continuó sus emisiones hasta 1965; año en que desaparece, víctima de los planes de viabilidad emprendidos por la ya constituida COPE (Cadena de Ondas Populares Españolas). La otra causa de su desaparición reside en la regulación definitiva de las emisiones nacionales, comarcales y locales.

Sin embargo, la población cordobesa no se resignó a la pérdida de una emisora que consideraba propia y comenzó a promover su reapertura. El Ayuntamiento de Pozoblanco solicita a la Dirección General de Radiodifusión y Televisión del Ministerio de Información y Turismo la concesión de la oportuna licencia. El Director General de Radio y Televisión, Adolfo Suárez González, comunica al municipio la concesión de licencia para una emisora de FM. Ante la carencia de recursos económicos del municipio, los vecinos adquieren a través de una colecta los equipos necesarios para la puesta en marcha de la emisora. Entre las revoluciones implícitas a esta concesión, estuvo la de los popularmente llamados “transistores”, los nuevos receptores de FM.

La definitiva puesta en marcha de la emisora se produjo en 1974. La posterior regulación de las EM en 1991 ratificaría el carácter municipal de la emisora de Pozoblanco, La Voz de los Pedroches, y su adaptación a la nueva normativa, liberándose la frecuencia que estaba utilizando para la radiodifusión comercial y obteniendo otra en la banda de las mucipales. La Voz de los Pedroches es hoy una emisora de recursos autosuficientes, con una fuerte implantación en su comarca.

Un caso similar ocurrió en el municipio almeriense de Dalias, donde la emisora parroquial, Santo Cristo, cerrada con la reconversión de los sesenta, reanudó sus emisiones hacia 1975 con carácter comercial, aunque sin licencia. Cerró en 1992. La emisora de Alhaurín el Grande también tiene orígenes parroquiales. Empezó en 1984.

EMISORAS MUNICIPALES PRODUCTO DE LA DEMOCRACIA MUNICIPAL

Radio Arenys (1979, Cataluña)

Radio Pizarra (1979, Málaga)

Radio Lebrija (1981, Sevilla)

Radio Aljarafe (1983, Sevilla)

Radio Fene (1984, Galicia)

CATALUÑA

Con la democracia municipal estrenada, inicia sus emisiones Radio Arenys y otras tres emisoras: Radio Rubí, Radio Cardedeu y Radio Canet en 1980. La resistencia a las órdenes de cierre, de los gobiernos civiles, la mayoría de la veces limitadas a advertencias, facilitó que el mapa de la comunicación local siguiera avanzando.

A finales de los '80 las emisoras ascendían a 170. La Diputación de Barcelona, provincia que acogía el mayor número de emisoras, aportó apoyo fundamental al sufragar a la todavía Coordinadora de Emisoras Municipales de Cataluña y más tarde Asociación (EMUC), el pago de locales.

El apoyo que se daba en Cataluña al movimiento de las EM era muy significativo. La permisividad en esa comunidad era mayor.

En 1984, la Generalita, en aplicación del Plan Técnico Transitorio de 1979, ya había otorgado cuatro licencias a las emisoras municipales de Rubí, S.Feliu de Llobregat, Ripoll y Amposta. Pero no tenía en cuenta solicitudes de poblaciones no contempladas en él. Con esto, se detectaban los primeros síntomas que evidenciaban la necesidad de arbitrar un nuevo plan técnico. Cataluña fue la única comunidad autónoma que dispuso de todas las frecuencias asignadas en su territorio por el Plan Técnico Nacional del 79 para su adjudicación en concurso público.

En el resto del país, el gobierno de la UCD concedió 120 licencias comerciales en 81, de las 300 que figuraban en el Plan Técnico.

Las 179 restantes fueron asignadas por el gobierno socialista en 1983, pero en esta ocasión, a Cataluña se le unirían Galicia, País Vasco y Andalucía.

En 1985 el número de emisoras municipales llegaba a 200.

ANDALUCÍA

En Andalucía, después de Pozoblanco, la segunda EM se puso en marcha en Pizarra, al ganar la alcaldía el Partido Comunista de Andalucía (PCA) en 1979. La Voz del Guadalhorce.

La emisora tuvo un éxito notable y la virtud pasa desapercibida a las polémicas sobre sus circunstancias legales durante los primeros años. Su situación geográfica facilitaba que las emisiones llegaran a la capital malagueña con nitidez. Al no constituir una competencia en el mercado publicitario para las radios comerciales, no fue vista con recelo.

La extensión del fenómeno de las EM a toda la Comunidad no se produciría hasta el inicio de las emisiones de Radio Lebrija (Sevilla) en 1982. La alcaldía de Lebrija era de las pocas que en las elecciones de 1979 había ganado el PTE (Partido del Trabajo de España).

La presencia de la Guardia Civil para el precintado de la emisora de Lebrija dio lugar a manifestaciones de los vecinos. Su cierre al mes de su puesta en marcha produjo una corriente de solidaridad utilizada por los socialistas andaluces para prometer su reapertura, que se dio en diciembre de 1982. Al mismo tiempo, el gobierno autónomo anunciaba una pronta regulación de lo que el presidente, Rafael Escuredo consideró un derecho básico de los municipios.

Estas promesas de regulación no lograron superar las presiones de las cadenas comerciales y de la política de consenso ejercida desde Madrid. No obstante, contribuyó a la apertura de nuevas EM, entre ellas Radio Aljarafe (Tomares, Sevilla, 1983), tanto por su programación innovadora y atrevida, como por su terquedad ante el cierre. Fue la única radio municipal sin licencia que no dejó de emitir un solo día.

En 1984, para defender el derecho emisor de los municipios fundó la Asociación de Emisoras Municipales de Andalucía (EMA), hoy EMA-RTV.

GALICIA

La primera EM se puso en funcionamiento en Oleiros (A Coruña) en 1980, y sólo pudo permanecer en antena setenta minutos. El cierre vino del Gobernador Civil y de Esquerdas Independientes. El 24 de julio de 1980, día de la patria gallega, fue para Oleiros un día de ocupación. Para mantener vivo el espíritu de esa jornada, el Ayuntamiento de Oleiros organizó unas jornadas que dieron origen a la Asociación de Emisoras Municipales de Cataluña (EMUC), la primera en España de esas características.

A los cuatro años se puso en marcha Radio Fene (A Coruña), esta vez por iniciativa de un gobierno del Bloque Nacionalista Gallego. Las reiteradas órdenes instando al cierre de la emisora de Fene, que no surtieron efecto, impidieron que el ejemplo se extendiera.

En 1987, cuando se vislumbraba la solución de las trabas legales a través de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT), surgieron otras tres nuevas emisoras en Galicia, Radio Libre de Oleiros, Radio Nerio y Radio Negreira, las tres en A Coruña. Hay que destacar que la presión de EMUGA al gobierno, se ha traducido desde el 90 en un impulso más significativo para las EM gallegas, contando con importantes subvenciones para la adquisición de equipos.

La actitud de la Administración Central fue la de frenar en lo posible el asentamiento de las EM. No eran solamente razones de tipo técnico: falta de frecuencias, legislación por hacer, traspaso de competencias...Ante todo existía una presión desmesurada de la radio comercial, para evitar repartir su cuota de poder, fundamentado en el reparto del mercado de las audiencias y, por tanto, en el publicitario.

Las EM debían tener por misión convertirse en herramientas de transformación social, participación, juego lúdico y sin posibilidad de competencia en los aspectos comerciales.

Los socialistas creían necesaria la existencia de las EM, las apoyaban en privado, pero se sentían obligados a actuar a favor de los intereses monopolizadores de las grandes cadenas.

De las CC.AA. con competencias estatutarias en radiodifusión, las denominadas históricas (Andalucía, Cataluña, Euzkadi y Galicia), la única que se propuso aplicar todo el rigor posible para lograr el cierre de las EM fue Andalucía.

La Dirección General de Telecomunicaciones se vio desbordada en su actividad inspectora, sobre todo a partir de 1984, cuando el número de emisoras comenzaba a ser ya significativo.

En el caso vasco, la primera emisora municipal se puso en marcha en el 83 en Amorebieta (Vizcaya). No abundaron mucho las EM en el País Vasco y fueron más los casos en que los ayuntamientos cedían locales para dar amparo a los colectivos interesados.

Primaron en Euskadi las emisoras libres y comerciales sin licencias. La actitud del gobierno autónomo fue de no tolerancia. Más importantes fueron Aragón, Extremadura, Murcia y Alicante.

EL DESARROLLO DEL PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE LAS EMISORAS MUNICIPALES

La mayoría de las emisoras surgían por iniciativa de los propios ayuntamientos que en aquellos años ya se habían acostumbrado a disponer de medios locales propios. Esta corriente democratizadora encauzada en las EM ganará una sinergia conducente a la creación de EM a través de dos estrategias bien diferenciadas:

  • El gobierno municipal facilitaba el servicio, los vecinos lo asumían y ante la posibilidad de perderlo era ya la sociedad civil quien también se interesaba en defenderlo.

  • La iniciativa tenía una raíz vecinal, lo que no significa que no hubiera participación de las distintas corrientes de opinión política con expresión en los ayuntamientos. Este tipo encajaba más con las emisoras libres llamadas después comunitarias.

En Andalucía, exceptuando los casos más significativos de Pizarra, Lebrija y Tomares, donde la iniciativa parte del gobierno municipal, la mayoría tienen su génesis en un marco más lúdico que de reivindicación política.

La creación de EMUC en Cataluña (Asociación de Emisoras Municipales de Cataluña, 1982) y EMA (Asociación de Emisoras Municipales de Andalucía, 1984), contribuirá de manera definitiva al reconocimiento de las EM y convertiría en inevitable el camino hacia la regulación total de las EM. Junto con representantes de Galicia, Alicante, Madrid y Baleares, crearían la Coordinadora Estatal de Asociaciones de EM (CAEM).

Una de las prioridades de la CAEM era conseguir acallar las críticas de las emisoras comerciales que reproducían de manera sistemática el discurso de la saturación del dial como argumento para impedir la legalización de las EM.

El constante crecimiento del número de emisoras imponía la intervención y arbitraje de una más alta autoridad. La incorporación de nuevos ayuntamientos emisores al mapa radiodifusor era motivo de disputas que obligaban a permanentes reajustes de frecuencias. Los problemas más importantes de saturación del dial se producían en áreas metropolitanas. Este motivo impulsó a las EM a mantener contactos periódicos con la Dirección General de Telecomunicaciones.

A partir del '86 se establecen relaciones fluidas y de colaboración permanente, de manera que se detiene el envío de “avisos de cierre”, produciéndose un avance sobre la planificación en el espectro de las EM. Entre ellos, el establecimiento del marco de regulación de las emisiones, recogido posteriormente en el Plan Técnico Nacional de 1989. La banda se situó entre 107,0 y 107,9 MHz. El plan se comenzó a aplicar en Cataluña. Las emisoras andaluzas se opusieron inicialmente, argumentando la inexistencia de saturación en el dial y la gran dispersión de los núcleos urbanos en una geografía extensa y de grandes términos municipales. El plan exigiría un cambio de hábitos en la audiencia y hasta de los receptores de sintonización, la mayoría de ellos no alcanzaba más de los 105 MHz.

El tiempo ha demostrado que los temores iniciales no se han cumplido y la audiencia de las EM es cada vez más estimable. El recorte de potencia implicaba una renuncia sobre el área de cobertura que afectaba principalmente al aspecto comercial.

Hay que tener en cuenta que las potencias admitidas por el Plan Técnico estaban en función del número de habitantes y señalaba valores máximos:

  • Municipio de 10.000 hab.: potencia máxima 50 vatios.

  • Municipio 10.000- 50.000 hab.: hasta 150 vatios.

  • Municipio superior 50.000 hab.: 500 vatios.

Estos valores referenciales se han venido aplicando a la baja, con el criterio de emplear la mínima potencia que garantice el servicio, habitualmente con graves insuficiencias de cobertura ante obstáculos geográficos, cercanía de otra localidad con emisora, o la existencia de pedanías.

La adaptación presente de las EM a los requisitos técnicos legales ha contribuido a la existencia de saturación emisora en amplias zonas provocada por la asignación de la misma frecuencia a poblaciones vecinas (evitar solapamientos)

La colaboración con la DGT ubicó las EM de forma paulatina en la normativa del Plan Técnico antes de que éste se publicara y con carácter previo a las asignaciones de concesiones provisionales realizadas en 1991 en cumplimiento de la LOCEM.

Sin embargo, fue importante la oposición de la AERP (Asociación Española de Radiodifusión Privada) que acusaba a las emisoras municipales de competencia desleal, al estar éstas financiándose por la doble vía de los presupuestos municipales y publicidad.

La verdadera competencia era en el terreno de las audiencias. Este tipo de críticas se siguen manteniendo desde el sector privado. Hay que tener en cuenta que cumpliendo los deseos de la radio comercial la ampliación del Plan Técnico no ha contemplado la concesión a emisoras de carácter asociativo, comunitario o cultural, rompiendo con ello una promesa electoral.

El anuncio de la ampliación del Plan Técnico (aprobado en septiembre de 1997) volvió a provocar la ira de la AERC.

El primer reconocimiento legal de las radios públicas locales llegaría con la Ley 31/87 de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT) que reconoce que las emisoras de radio pueden ser explotadas por las administraciones públicas o sus entes públicos con competencia en la materia, e indirectamente mediante concesión administrativa por las corporaciones locales.

Tras la aprobación de la LOT se tardaron dos años más en aprobar el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas con Modulación de Frecuencias.

La aprobación del Plan Técnico supuso mayores garantías de funcionamiento, si bien, los principios de autorregulación: limitación de potencia, publicidad y respeto de la banda, impuestos desde las distintas asociaciones, venían cubriendo el vacío legal.

El último escollo para otorgar las licencias o trasladar definitivamente la competencia sobre las concesiones de la Administración Central a las CC.AA., estaba en la elaboración de la Ley de Organización y Control de las Emisoras Municipales.

La pretensión de las emisoras comerciales se concentró en evitar la doble financiación: vía publicidad y presupuestos municipales. La recaudación publicitaria sólo tiene importancia en las localidades con más de 20.000 habitantes por tener un área comercial más productiva. La inversión en las EM es de procedencia local y los núcleos donde éstas se insertan son mercados de difícil acceso para las cadenas.

En el Primer Borrador de la LOCEM: “Las concesiones de radiodifusión sonora que se otorguen a los Ayuntamientos serán gestionadas por Sociedades Anónimas de titularidad mucicipal, sin que en ningún caso pueda cederse, transferirse, arrendarse o contratar la gestión de las mismas. El capital de estas Sociedades será íntegramente municipal y no podrá hipotecarse, gravarse, pignorarse o cederse en cualquier forma onerosa o gratuita. La financiación de estas Sociedades se hará con cargo a los presupuestos de los respectivos municipios y mediante ingresos comerciales propios.

El texto iba destinado a impedir la transferencia futura de estas emisoras a las cadenas privadas a través de su venta directa o mediante la participación en su accionariado.

Las segundas modificaciones del segundo borrador eran fruto de la presión ejercida por la AERP para impedir la legalización de lo que ya era un hecho consolidado. Fundamentalmente, el objetivo de este segundo proyecto era evitar la doble financiación, pero se frustró ante la cercanía de las elecciones generales de 1989 y la oposición al mismo de los municipios y la CAEM.

Pasada la cita electoral iniciará los trámites parlamentarios un tercer proyecto. En este caso el articulado no recogerá la obligación de las EM de constituirse en sociedades anónimas. La fórmula de gestión elegida no sufrirá ninguna modificación:

  • Gestión directa a través de la propia Entidad Local

  • Creación de un organismo autónomo

  • Sociedad mercantil con capital social íntegramente municipal.

  • Se impide contratar espacios publicitarios, pero se permite la publicidad institucional y el patrocinio de programas.

La asociación de radio privada insistía en que la existencia de las EM suponía un atentado a la libre competencia y la libertad de mercado. En noviembre del '90, la Comisión Constitucional admitía la doble financiación de las EM.

La LOCEM (Ley de Organización y Control de las Emisoras Municipales de Radiodifusión Sonora) entró en vigor en abril del '91, al mismo tiempo que la LOPEEM (Ley Orgánica de Publicidad Electoral en Emisoras Municipales de Radiodifusión Sonora). Ésta última impide la contratación de campañas de publicidad electoral.

La aprobación de estas dos leyes dejaba en manos de las CC.AA. con competencia (Andalucía, Cataluña, Galicia y Euskadi), la posibilidad de legalizar definitivamente las EM existentes territorios.

No obstante, dos comunidades autónomas, Galicia y Cataluña, se adelantaron a la aprobación de una tardía LOCEM y publicaron previamente decretos reguladores al amparo de la LOT y del Plan Técnico Nacional.

Andalucía, donde el fenómeno de las municipales ha mostrado su mayor viveza después de Cataluña, ha sufrido hasta fechas recientes una total falta de sensibilidad por parte de los entes públicos supramunicipales que han demostrado el más absoluto desprecio al anteponer intereses de clientelismo político, a los sociales.

En la actualidad la práctica totalidad de las CC.AA., tienen transferidas las competencias para la concesión de emisoras públicas y privadas, por lo que el proceso de legalización de las emisoras municipales queda reducido para todo el Estado a dos trámites:

  • La presentación a los gobiernos autónomos de la memoria descriptiva de la programación y los equipos de alta frecuencia, así como de las inversiones.

  • Superar finalmente la inspección técnica de las instalaciones por la Dirección General de Telecomunicaciones.

  • Las CC.AA. conceden la licencia, quedando al Estado la competencia de asignar la frecuencia en la banda y la potencia de emisión.

La incorporación de las EM al mapa de la radiodifusión española supone profundizar en un modelo progresista de entender la comunicación, porque descentraliza el medio, facilita el acceso de la sociedad civil y reequilibra la influencia de los flujos dominantes de información establecidos a través de las redes globales democratizando las telecomunicaciones. En los macromedios, la capacidad de reflexión e intervención del individuo es nula. Con las EM se configura un nuevo mapa de la radiodifusión española, más participativo y acorde con corrientes de progreso que exigen participación social. Es la Administración misma quien debe hacer factible la transmisión de las señas de identidad de comunidades que suponen parte fundamental y sustento de nuestra sociedad. Estas emisoras forman parte del patrimonio cultural vivo de las comunidades donde se asientan y del equipamiento básico de infraestructuras, sin el cual no es posible el progreso. Las Em no pueden ser únicamente responsabilidad de los municipios, es necesario implementar los incentivos existentes en las localidades que acogen las emisoras. Puesto que se han demostrado útiles y necesarias, se hace obligada la contribución de las macroadministraciones, diputaciones provinciales y gobiernos autónomos, a su dignificación mediante contribuciones presupuestarias.

Hoy se asiste a una situación de olvido y desamparo. Estamos asistiendo a un proceso en el que entidades privadas y particulares están accediendo a la radiodifusión municipal a través de la gerencia de servicios llegando en algunos casos a constituir redes locales gracias a la dejación e irresponsabilidad de algunos ayuntamientos.