Introducción

La política hidrológica española ha mostrado una sorprendente continuidad a lo largo del siglo XX que ha continuado a principios de éste, a pesar de sus crecientes ineficiencias. Esta ha sido una política de oferta, basada en grandes obras hidráulicas financiadas por el Estado a través de impuestos generales. Encontrándose su formulación subordinada al servicio de grupos de interés capaces de influir en el proceso político.

En la actualidad, la gestión de las aguas continentales en España (tanto subterráneas como superficiales) está regulada por la Ley de Aguas de 1985, que establece que el agua es un bien público que debe estar disponible en cantidad y calidad necesaria, llevándose a cabo: “sin degradar el medio ambiente (…), minimizando costes socioeconómicos y con una equitativa asignación de cargas generadas en el proceso, lo que exige una previa planificación hidrológica y la existencia de unas instituciones adecuadas para la eficaz administración del recurso” .

En el art. 40 se establece, entre otras cosas, que los Planes de Cuenca, base del Plan Hidrológico Nacional (lo llamaré PHN), regularán la conservación de recursos para el medio natural, la ordenación de los vertidos, las normas sobre mejoras en el aprovechamiento de los recursos, los planes hidrológico-forestales, los criterios para evitar daños por inundaciones…Pero en 15 años apenas se ha avanzado en la resolución de los retos del agua en la España de los años 80. Por el contrario, muchos problemas se han agravado, sin que se haya utilizado suficientemente la potente herramienta legal que supone la Ley de Aguas:

· La problemática del abastecimiento de muchas ciudades españolas sigue sin solución.

· Utilización desmesurada e irresponsable del agua, favorecida por el hecho de que más 75% de la consumida en España sigue sin pasar por contador (pese a ser calificada como “bien escaso”). Además, las actuales conducciones tienen pérdidas que superan con frecuencia el 40-50%.

· La degradación de la calidad de las aguas continentales continúa de manera imparble, lo cual afecta tanto al suministro de boca como a los espacios naturales asociados; humedales, riberas, sotos, etc. No siendo apta para el consumo humano más del 60% del agua de los ríos españoles. Por otra parte, el llamado “canon de vertido” no ha recaudado ni la cuarta parte de lo previsto.

· Sigue dándose una sobreexplotación de muchos acuíferos subterráneos en el Levante español, provocado el desarrollo insostenible de la zona, que ahora se pretende solucionar con los trasvases. Hecho que confirma el propio PHN, diciendo que en la Cuenca del Segura “los usos actuales son insostenibles”. Además, apenas se han constituido las “Comunidades de Usuarios” cuyo finalidad es ordenar la explotación de las aguas subterráneas.

· Se ha continuado la invasión del Dominio Público Hidráulico, lo que ha sido factor decisivo en avenidas catastróficas que se producen reiteradamente en los mismos lugares (recordemos la inundación del camping en Bisecas).

Para intentar paliar algunos de estos problemas, en el año 2000 el Ministerio de Medio Ambiente presentó un proyecto del PHN, en el que propone el trasvase de 1.050 hm3/año desde la Cuenca del Ebro al llamado “Arco Mediterráneo”. El PHN olvida aspectos previos ineludibles en la definición y articulación de cualquier política como son exponer los objetivos y hacer un diagnóstico de la situación y problemas. No profundizando en las medidas necesarias para garantizar la protección de los recursos hídricos y su entorno: calidad de las aguas, ordenación de vertidos, protección de acuíferos y masas de agua, prevención de inundaciones, etc.

Éste es un proyecto de tal envergadura que requiere un debate social profundo, más allá de los “Consejos del Agua”, pues en ellos dominan los intereses de Administración y usuarios “activos”, es decir, grupos de interés como compañías hidroeléctricas, comunidades de regantes, etc…, frente a los usuarios “pasivos”.

Los Antecedentes del PHN

Los antecedentes en Planificación Hidráulica española son descritos en el PHN, pero no se realiza un análisis crítico, ni un análisis comparado con la situación de otros países con problemáticas similares. Por ejemplo, el PHN no realiza una visión crítica del trasvase Tajo-Segura de los años 70, que iba a suponer el trasvase de 1000 hm3, realizándose finalmente de 350 hm3. Esto supuso unas expectativas desmesuradas, traducidas en una apuesta masiva por el regadío que ha generado una demanda permanentemente insatisfecha.

Otro ejemplo, el trasvase Ebro-Barcelona del 73 requería con urgencia llevar 1.400 hm3 si se quería evitar un caos a principios de los 80. El trasvase no se hizo y el caos no llegó. En el Proyecto de Plan Hidrológico de 1993 el área de Barcelona ya sólo necesitaba 475 hm3, y en el actual PHN se ha reducido a 190 hm3 para toda Cataluña (excepto la zona del Ebro). Igualmente, el Júcar necesitaba 805 hm3 y hoy sólo 315 hm3. Esto nos lleva a pensar que con una demora de 5 ó 10 años las supuestas necesidades de trasvases quedarían reducidas a cero.

Las Bases del PHN

La fundamentación en la ejecución PHN se basa en llevar a cabo proyectos de 1920 y 1930, sin analizar si las necesidades de entonces están vigentes en la España actual. Además, no se analiza con rigor la realidad hidrológica actual tal y como antes exponía. Los argumentos científicos son del tipo: “hay cuencas excedentarias en agua, mientras que otras son deficitarias”,, es decir, inadmisibles por más que el PHN se esfuerce en defenderlos con afirmaciones como la de que la Cuenca del Ebro tiene “excedentes indiscutibles”.

Por otra parte, el PHN no contiene las medidas necesarias según los objetivos marcados por la Directiva Marco del Agua de la UE, la cual establece la Unidad de Cuenca como uno de los pilares de la planificación hidráulica, y enfacita las funciones sociales y ambientales del agua. Sin embargo, el PHN sólo considera los aspectos ambientales de una forma marginal y poco rigurosa, infravalorando los usos no productivos del agua cuyas connotaciones sociales, culturales, emocionales y estéticas son evidentes.

La Política Territorial en el PHN

El PHN excluye a las Comunidades Autónomas en los órganos de gestión de los trasvases lo que supone un gran error, ya que éste está provocando el enfrentamiento social entre ciudadanos e instituciones de unas Comunidades Autónomas frente a otras, lo que contribuye a la desestructuración del Estado.

Por otra parte, el horizonte temporal de la planificación no esta bien definido, lo que hace pensar que la mitad de las infraestructuras examinadas se refieren a obras ya iniciadas ( incluso terminadas) o meras obras de conservación que no tienen cabida en un Plan de Infraestructuras.

Por otra parte, España se encuentra en un marco económico-institucional mucho más amplio como es la UE, cosa que parece haber olvidado el PHN, ya que la directiva comunitaria del principio de prevención ambiental, considera la fase de planificación la más adecuada para las exclusiones de determinadas actuaciones o el desarrollo de medidas correctoras, protectoras o compensatorias, mientras el PHN incorporar la Evaluación de Impacto Ambiental en la fase de proyecto, cuando en muchos resulta difícil corregir impactos críticos que sólo conllevan la degeneración actuaciones que tal vez deberían haberse desestimado inicialmente.

Además, la legislación española determina que la EIA debe realizarse globalmente y no de manera parcial, debiendo obtenerse una Declaración de Impacto Ambiental conjunta que determine los efectos ambientales, la conveniencia o no de realizar el proyecto. Aún y la inexistencia de una EIA, el PHN afirma que no se prevén efectos socioeconómicos y territoriales derivados de los trasvases.

El PHN supone la transferencia de recursos desde el interior despoblado hacia el próspero arco Mediterráneo, lo que impulsa el desequilibrio territorial ya existente. Incomprensiblemente se apela a una solidaridad hídrica desde un interior pobre hacia una periferia más desarrollada. Asimismo, el PHN legitima la expulsión de los habitantes de varios pueblos de zonas de montaña, tanto de forma directa (por quedar localidades bajo las aguas de los embalses) como indirecta (por la inundación de tierras y riesgos geológicos), aún siendo el Pirineo Aragonés la zona europea con más pueblos deshabitados (300). Por tanto, esta zona ya ha sido muy sacrificada en beneficio de otros lugares alejados.

La Demanda y las Necesidades.

La curva demanda del agua urbana se considera absolutamente rígida, con disminuciones máximas del 10% al multiplicar por diez el precio del agua. Se ha demostrado que esto es falso en muchas ocasiones, ya que pueden efectuarse disminuciones muy significativas con políticas de gestión adecuadas.

Por otra parte, no se cuestiona si las demandas son ajustadas teniendo encuenta que parte del es subvencionado. Tampoco se considera la alternativa de actividades de menor consumo, ni que un alto porcentaje de los regadíos que se quieren consolidar en Levante son ilegales.

El PHN supone que el 44% del agua trasvasada sería para consumos urbanos, volumen suficiente para abastecer una población de unos 4-5 millones de habitantes que vivan permanentemente. Si se considera unas dotaciones coherentes con una política de ahorro urbano y renovación de redes, más la incorporación de recursos que hoy se dilapidan, la cifra de habitantes abastecidos podría duplicarse.

Las necesidades urbanas no tienden a aumentar sino a disminuir, como ocurrió en los años 90 como consecuencia de la moderación de la demanda derivada de la sequía, las medidas de ahorro y la reducción de fugas. Pero aún así, el PHB entra en contradicción cuando afirma que el consumo de agua en España está estabilizado y luego dice que la evolución prevista de la demanda de abastecimiento de poblaciones prevista a medio (año 2005) y largo plazo (año 2015) representa incrementos globales del 15% y del 36% con respecto a los datos de 1995. Si se tiene en cuenta el incremento estacional por turismo es necesario plantearse la eficacia de agravar aún más el problema de saturación y degradación que sufre gran parte de la costa mediterránea.

Para consumos agrícolas se destinará el 56% restante, sin que medie una demanda razonada por parte del Ministerio de Agricultura, acorde al Plan Nacional de Regadíos (PNR). Entrando nuevamente en inexactitudes, el PHN predice la creación 1 millón de hectáreas de regadío, mientras el PNR establece sólo unas 200.000 hectáreas.

El PHN no desarrolla las políticas de ahorro, reutilización, desalación, utilización conjunta de aguas superficiales y subterráneas, etc. que supuestamente se han adoptado y que pese a todo resultarían escasas. Desestimando la desalación y reutilización en el litoral mediterráneo, así como las de ahorro en el Júcar y Cuencas Internas de Cataluña. Si se promoviera en el Ebro la misma política de ahorro y consumo racional que se pretende para el Segura, seguramente los embalses del Pirineo no serían precisos, pero esta resolución perturbaría las no claras intenciones del PHN.

El Impacto Medioambietal

El PHN sólo evalúa las zonas legalmente protegidas y las especies amenazadas, olvidando que estos reconocimientos legales son un fenómeno reciente, sin que ello quiere decir que antes no existiera su alto valor natural. No es objetivo la calidad ambiental de todas las masas de agua, superficiales o subterráneas, lo cual debería ser el Objetivo. Tampoco analiza la salud de los ecosistemas ribereños afectados por la desnaturalización del régimen fluvial.

Así pues, el PHN puede tener consecuencias de carácter irreversible, de las cuales no toma conciencia como son:

· Diversos de los embalses acabarían con algunos de los últimos tramos vírgenes de los ríos del Pirineo Aragonés.

· El trasvase y sus regulaciones empeorarían el proceso de degradación que sufre el Delta del Ebro por disminución de sedimentos y por la intrusión de la cuña salina asociada. Además, esto implicaría una perdida importante pesquera y un empeoramiento del estado de las aguas producido por el estancamiento.

· El trasvase del agua hacia el Levante se canalizará por diversos espacios naturales, incluyendo Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs) y Lugares de Interés Comunitario (LICs).

El PHN carece de una análisis global de la situación medioambiental de las diferentes cuencas hidrográficas. No se consideran la totalidad de las variables ambientales, sus relaciones, mecanismos reguladores y efectos sinérgicos, lo que el diseño del proyecto no ofrece garantías.

Los Números

El presupuesto del PHN es de 3 billones de pesetas, sin incluir los trasvases. Sin embargo, la inversión del conjunto de los Planes de Cuenca es de 9 billones. Por tanto, los costes reales, incluyendo trasvases superarían con creces los 10 billones de pesetas (6.000 millones de €), lo que supondría un gasto equivalente superior a 1 millón de pesetas por cada familia española..

En el PHN no se indican los plazos ni medios de financiación ni que agentes sociales y económicos van a ejecutar un proyecto de tal magnitud económica, no explicando cuál va a ser el papel de los sectores público y privado en la financiación ni cuál va a ser el % de inversión amortizada por los usuarios. No se designa quien gestionará posteriormente el trasvase, si las administraciones hidráulicas o promotores privados. Además no se debe pasar por alto una importante cuestión, como es que las asignaciones presupuestarias para actuaciones que no impliquen obra pública son muy escasas.

La rentabilidad económica la concluyen tras suponer un precio final del agua trasvasada poco sensible a las variaciones de los precios de la energía y con unos costes energéticos menores a los reales. Además, considera que el Kwh vendido procedente de las turbinaciones en los canales del trasvase es más caro que el Kwh comprado para realizar los bombeos necesarios, mediante sutilezas legislativas. La amortización normal de las obras menores (balsas, instalaciones de bombeo, …) es de 25 años, cuando en el PHN se plantean de 50 años. La distribución de los costes entra en contradicción con la directiva marco de la CE, ya que afirma que los asignan de manera asimétrica según sean los usos urbanos o agrícolas. Los costes por compensaciones se valoran a 5 pts/m3 sin fundamento económico alguno, alegando complejidad en ésta. En cuanto a la estimación de los costes de usos futuros a los que se renuncia y los medioambientales no se hace referencia alguna. Por otra parte, el PHN supone que una mayor disponibilidad de agua aumenta la producción, lo incurrirá directamente en el beneficio, sin tener en cuenta que un incremento de la oferta afecta negativamente al precio

Conclusión.

El PHN tal y como está planteado incurre en excesivos errores como para que se lleve a cabo íntegramente, aunque quienes lo han realizado se empeñen en llevarlo a cabo. Éste ha provocado el alzamiento en contra de muchos sectores de la sociedad; ecologistas, administraciones territoriales, afectados, economistas… que por mucho que se empeñe el gobierno ha de escuchar y tener en cuenta. Aunque sería una pena porque tiene aspectos que son positivos, como es el nuevo enfoque de la política del Agua basado en la demanda y en la mejora cualitativa. Pero, la razón más importante de su inviabilidad es que el PHN se olvida del nuevo marco en el que se encuentra España actualmente, en el cual la soberanía española queda supeditada a la de la UE. La cual no tiene en cuenta como ya hemos explicando anteriormente, contrariando especialmente la Nueva Directiva del Agua.

Fuente documental www.mma.es

Política Económica II 3er Trimestre

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