Narcotráfico

Ciencias sociales. Ilegal. Negocio. Estrategia Nacional Control de Drogas. Rutas. Cártel de Juárez

  • Enviado por: Ser Supremo
  • Idioma: castellano
  • País: México México
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Narcotráfico

El fenómeno del narcotráfico puede caracterizarse como una industria ilegal basada en el cultivo, procesamiento y distribución de sustancias estupefacientes (principalmente marihuana, cocaína y heroína) a través de redes nacionales e internacionales.

Las enormes utilidades derivadas de este negocio han dado lugar a fuerzas económicas con gran influencia sobre la sociedad, la cultura y la política colombianas, influencia de la cual no ha escapado la guerra insurgente en Colombia.

Servicio noticioso desde Washington

4 de enero de 2001

Resumen Estrategia Nacional Control de Drogas 2001

(Encuesta nacional indica consumo disminuye en E.U) (1200)

Unos 14,8 millones de estadounidenses de 12 años o más de edad consumieron drogas ilícitas en 1999, según los resultados del Informe Anual 2001 sobre la Estrategia Nacional de Control de Drogas, publicado por la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP) el 4 de enero.

Ese total representa 6,7 por ciento de la población de Estados Unidos, dato estadístico que da a conocer una "tendencia descendente significativa y uniforme, a lo largo del tiempo", según un resumen del informe preparado para la prensa. Esa cifra contrasta con una tasa de consumo de drogas ilícitas de 14,1 por ciento revelada en encuestas efectuadas en 1979, tasa que se consideró la más alta de consumo de drogas en la nación.

"El consumo de drogas puede prevenirse", escribió en el prólogo del informe el director de la ONDCP Barry R. McCaffrey. "La Estrategia busca involucrar a padres, entrenadores, mentores, profesores, clérigos y otras personas que son modelos sociales en una amplia campaña de prevención".

La encuesta de datos de 1999 encontró también que 1,5 millón de estadounidenses fueron arrestados en 1999 por violaciones de las leyes de drogas. En cuanto al aspecto legal, el prólogo de McCaffrey dice que "el tráfico de drogas amenaza el imperio de la ley así como los derechos humanos. Los programas de reducción de la oferta atacan a las organizaciones delictivas internacionales, fortalecen las instituciones democráticas y cumplen con nuestros compromisos de control de drogas contraídos con el extranjero".

La conferencia de prensa del 4 de enero en que la ONDCP publicó el informe y McCaffrey discutió los hallazgos es uno de los últimos actos oficiales de éste en la agencia. Su renuncia es efectiva el 6 de enero. Hasta la fecha, el presidente electo George W. Bush no ha anunciado a quién ha seleccionado para ocupar el cargo de principal responsable del trazado de la política antidroga de la nación.

A continuación una traducción extraoficial del resumen de la Estrategia Nacional de Control de Drogas:

(comienza el texto)

OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE OFICINA DE POLITICA NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS

Informe Anual de 2001 sobre la Estrategia Nacional de Control de Drogas

Análisis del Consumo de Drogas en Norteamérica

Tendencias generales: En 1999, unos 14.8 millones de estadounidenses de doce años o más consumían drogas ilícitas. Este número representa un 6,7 por ciento de la población de doce años o más. El consumo de drogas alcanzó los niveles más altos en 1979 cuando 14,1 por ciento de la población (25 millones) de doce años o más las consumía. Desde 1997, ha habido una tendencia creciente de consumo de marihuana por parte de los adultos jóvenes, entre las edades de 18 y 25 años. En 1999, unos 3,6 millones de personas fueron diagnosticadas como dependientes de drogas ilícitas.

Tendencias Juveniles: La Encuesta Nacional de Hogares informó que en 1999 9 por ciento de los jóvenes entre 12 y 17 años informó que consumía drogas ilícitas. Este número representa una tendencia descendente significativa y uniforme a lo largo del tiempo, desde 11,4 por ciento en 1997 a 9,9 por ciento en 1998 y 9 por ciento en 1999 (una disminución de 2,1 por ciento en el período de dos años). La marihuana es la principal droga ilícita consumida por los jóvenes de 12 a 17 años; 7,7 por ciento de los jóvenes consumían marihuana en 1999. El consumo total de cocaína disminuyó en varias categorías entre los alumnos de 12mo. año escolar. Específicamente, el consumo total de cocaína en el año anterior disminuyó 19 por ciento (de 6.2 por ciento a 5.0 por ciento). El aumento de las tasas de consumo de MDMA (extásis) y esteroides entre los jóvenes es motivo de grave preocupación. El consumo de extásis en el año anterior entre alumnos de 8vo. año aumentó 82 por ciento (de 1,7 por ciento a 3,1 por ciento) entre 1999 y 2000. Entre los alumnos de 10mo. año, el consumo de esteroides en el año anterior aumentó aumentó 29 por ciento entre 1999 y 2000, de 1,7 por ciento a 2,2 por ciento.

Disponibilidad de drogas ilícitas: La marihuana es la droga ilegal más fácilmente disponible en Estados Unidos, y en su mayor parte se la cultiva en el extranjero. En 1999 la disponibilidad de cocaína en el país fue estimada en 276 toneladas métricas -- la más baja en cuatro años. Los estimados de la disponibilidad anual de heroína en Estados Unidos varían entre 12,9 y 18 toneladas métricas dependiendo de la metodología de evaluación. La fabricación de anfetaminas experimenta un crecimiento sin precedentes, y su disponibilidad al nivel del menudeo ha aumentado de 11,9 toneladas métricas en 1997 a un estimado de 15,5 toneladas métricas en 2000. El MDMA se ha hecho cada vez más accesible al público norteamericano. El Servicio de Aduanas de Estados Unidos decomisó 9,3 millones de tabletas de éxtasis en el 2000, en comparación a los 3,5 millones en 1999 y 750.000 en 1998.

Consecuencias de la adicción a las drogas ilícitas: La encuesta de la Red de Alerta contra la Adicción a las Drogas Ilícitas (DAWN) confirma la tendencia general a la estabilidad en la cantidad de visitas a las salas de emergencia relacionadas con drogas ilícitas. En las personas entre 12 y 17 años hubo una disminución del 11 por ciento entre 1998 a 1999. Las drogas ilícitas le cuestan a nuestro país aproximadamente 110.000 millones de dólares al año.

Drogas ilícitas y crimen: más de 1,5 millón de norteamericanos fueron arrestados por violaciones a la ley de drogas en 1999. Casi el 50 por ciento de los varones adultos arrestados dieron positivo por lo menos de una droga ilícita en 34 lugares en todo el país. Los delitos de violación a las leyes de drogas figuran como la causa principal del aumento total de la cantidad de mujeres en prisión (36 por ciento), en comparación con el 18 por ciento entre los presos varones. En 1998, un estimado de 7 de cada 10 presos en cárceles locales (o sea 417.000 reclusos) consumían drogas regularmente o cometieron un delito relacionado con drogas ilícitas. Esta cifra debe compararse con 261.000 reclusos en 1989.

Drogas ilícitas y centros de trabajo: Un estimado del 16,4 por ciento de los adultos desempleados (18 años o más) consumía drogas ilícitas en 1999, en comparación con el 6,5 por ciento de los adultos empleados a jornada completa y 8,6 por ciento de los empleados a jornada parcial. Más del 77 por ciento de los consumidores de drogas ilícitas de 18 años o más están empleados a jornada completa parcial -- y suman casi 9,42 millones de trabajadores.

El Congreso ha ordenado que la ONDCP presente el 1 de febrero un informe anual sobre su estrategia. El Informe Anual 2001 es el segundo que se le presenta al Congreso. Resume las determinaciones hechas por encuestas y estudios realizados en el 2000.

Metas de la Estrategia Nacional de Control de Drogas Ilícitas:

-- Educar y permitir a la juventud de Estados Unidos que rechace las drogas ilícitas así como el alcohol y el tabaco.

-- Mejorar la seguridad de los ciudadanos norteamericanos mediante la reducción substancial del crimen y la violencia relacionados con las drogas ilícitas.

-- Reducir los costos sociales y en salud que resultan para el público debido al consumo de drogas ilícitas, mediante reducción de la falta de tratamiento.

-- Cerrar las fronteras aéreas, terrestres y marítimas a la amenaza de las drogas ilícitas.

-- Acabar con las fuentes extranjeras y nacionales de la oferta de drogas ilícitas.

MÉXICO: LAS RUTAS DE LA DROGA Y EL DOGAL DE LA DEPENDENCIA

Hace tres años, organismos internacionales especializados en el fenómeno mundial de las drogas advirtieron que México iba en camino de convertirse en un narcoestado.

En febrero de 1997, la detención del zar antidrogas de México, general de división Jesús Gutiérrez Rebollo, involucró directamente a las Fuerzas Armadas, consideradas hasta entonces como el último baluarte del Estado y la sociedad contra el poder corruptor de los barones de las drogas, y pareció avalar las hipótesis de algunos especialistas acerca del rápido proceso de colombianización que vive México.

A lo largo de este año, los ingredientes que conforman un narcoestado han estado presentes en forma recurrente en las noticias. Palabras como narcoeconomía, narcocorrupción, narcopolítica, narcosociedad y hasta narcolimosnas se suceden en forma intermitente en los titulares de prensa y ocupan los principales espacios de los noticieros de la radio y la televisión, abarcando, sin excepción, a todos los actores sociales.

En forma paralela, y para la gran masa de manera inconexa, Estados Unidos ha ido involucrando cada vez más a México en su guerra contra el narcotráfico, en una operación de pinza que incluye una creciente dependencia de los servicios de seguridad mexicanos --incluidas las Fuerzas Armadas--, del Pentágono y la comunidad de inteligencia (CIA, DEA, FBI, DIA), así como graves recortes de la soberanía nacional que permiten ya, por la vía de acuerdos bilaterales entre la Cancillería de Tlatelolco y el Departamento de Estado, la actividad de agentes extranjeros en el combate antidrogas, que gozan de inmunidad diplomática, y también operaciones en caliente y de interdicción sobre aguas, cielos y territorio mexicano, de las distintas corporaciones militares y policiales de Washington.

En este proceso, uno de los elementos clave con que ha contado la Casa Blanca para presionar y sacar nuevas concesiones a México, ha sido la profusa recopilación de inteligencia sobre las rutas y formas de operar de los cárteles de la droga mexicanos, calificados por la DEA como sucesores aventajados de las organizaciones colombianas de Medellín y Cali.

Este reporte, que presenta información pública sobre un aspecto muy parcial del problema de las drogas, pretende brindar al lector un resumen escueto de las principales vías y formas operativas utilizadas por las bandas de narcotraficantes en el territorio mexicano, y esbozar quién se ha beneficiado en términos estratégicos con el avance del narcopoder en México.

De la mula al Caravelle 727

A comienzos de los años ochenta, el Triángulo de Oro del Sudeste Asiático había hecho de la heroína una gran industria mundial, y el carismático general Khun Sa, el rey del opio, también conocido por el alias de Chang Chifu, controlaba el setenta por ciento del negocio al mando de cuatro mil rebeldes shan, muy bien equipados con fusiles, lanzagranadas, aparatos de radio y mulas.

Desde el decenio de los cincuenta, los chinos nacionalistas del Triángulo --paraíso del opio ubicado entre Tailandia, Laos y Birmania (hoy Myanmar)-- habían sido estimulados en la fabricación y venta de heroína por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que utilizaba sus servicios en actividades paramilitares y de espionaje a lo largo de la frontera entre China y Birmania.

Pronto, el Frankenstein que Estados Unidos ayudó a crear quedó fuera de control y Khun Sa, el general Tigre Rojo, con el apoyo de influyentes círculos de Bangkok incluso en el seno de las Fuerzas Armadas, se convirtió en una pesadilla para las principales capitales del mundo occidental.

En rigor, como ocurre ahora, se trataba de un sencillo asunto de oferta y demanda, y la heroína fluía de la fuente al mercado a través de mil canales siempre diferentes. Los pathans afganos vendían opio en el Khyber Pass a fin de apoyar su guerra contra la Unión Soviética; traficantes karachis lo convertían en heroína y la introducían en Europa mediante la vasta comunidad turca de gastarbeiter (trabajadores extranjeros) que vivían en la ex Alemania Occidental.

Una tribu nepalesa de las montañas, thugs de lengua tibetana, llamados manangis, utilizaban el circuito del sur asiático, llevando la heroína del Triángulo de Oro a través del aeropuerto Tribhuvan, de Katmandú o del de Dum Dum, en Calcuta o bien Nueva Delhi, desde donde sus contactos occidentales intermedios lo llevaban de contrabando a Londres, Vancouver, Honolulú, París o Sidney. Los prestamistas de Hong Kong chantajeaban a sus deudores para que hicieran las veces de correo, llevando la mercancía desde Bangkok.

A través de rutas de caravanas, refinerías y derechos, el general Khun Sa controlaba anualmente casi 250 toneladas de opio, de donde se obtenían treinta toneladas de heroína. Los shan, una minoría, luchaban por su autonomía y financiaban sus soldados y armas mediante el tráfico del opio y la producción de heroína. Pero los expertos en drogas de la Embajada estadounidense en Bangkok no veían esas actividades como un acto patriótico. Para ellos y su gobierno, Khun Sa era un gangster con ejército; el enemigo público número uno.

Sin embargo, la consolidación de los cárteles colombianos de Medellín y Cali, a mediados de los años ochenta, modificó el escenario del comercio internacional de drogas. Los capos Pablo Escobar Gaviria y Gilberto Rodríguez Orejuela, sucesores de Carlos Lehder, los hermanos Ochoa y Juan Ramón Matta Ballesteros, ocuparon el lugar del general Khun Sa, y fueron acusados por la DEA de inundar de cocaína y heroína el mercado estadounidense, controlando las plazas de Nueva York, San Diego y Los Angeles, asociados con la Cosa Nostra, la antigua mafia norteamericana convertida en una auténtica corporación industrial, financiera y comercial; de haber ampliado su dominio sobre Europa en sociedad con la Camorra y la 'ndrangheta de Calabria, y de ejercer además su hegemonía sobre el Triángulo de Oro, mediante la concertación de una alianza con los traficantes de opiáceos asiáticos con base en intereses recíprocos.

Desde entonces, también, asociados primero con capos mexicanos como Miguel Angel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca, y con Amado Carrillo, los hermanos Arellano Félix o Juan García Abrego después, los cárteles colombianos comenzaron a utilizar el territorio de México como principal trampolín hacia la insaciable alberca estadounidense. Así, en sólo seis años, la heroína sudamericana desplazó a la asiática en el mercado norteamericano, y según datos del jefe de la DEA Thomas Constantine, pasó de 15 por ciento en 1993 a 62 por ciento en 1996.

Las rutas acuáticas

De acuerdo con un documento elaborado en abril de 1991 por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), de Colombia, con base en informaciones suministradas por la red de países afiliados a la Policía Internacional (Interpol), la cocaína procesada por los cárteles de Medellín y Cali salía hacia Europa y Estados Unidos a través de ocho rutas:
• Cúcuta-Caracas-Aruba-Madrid-Amsterdam;
• Cúcuta-Caracas-Trinidad y Tobago-Europa;
• Punta Gallinas-Cayo Largo-Cayo Lobo-Cayo Aguila-Miami;
• Bogotá-San Juan-Madrid;
• Bogotá-Aruba-Rotterdam;
• Bogotá-Caracas-San Juan-Madrid;
• Bogotá-San José-Tegucigalpa-Guatemala-Madrid;
• y Bogotá-Tegucigalpa-Miami-Tampa.

Sin embargo, desde que la administración Bush sustituyera la cruzada ideológica contra el fantasma comunista por la guerra al narcoterrorismo, los mercaderes de droga tuvieron que modificar constantemente sus rutas, almacenes (centros de acopio) y métodos de transportación.

Así, la cocaína y la heroína colombiana, pero también la peruana y boliviana, sustituyeron la tradicional ruta marítima del Caribe, con eje en Panamá y con destino final en Miami, Florida, por la del Pacífico con base en los puertos mexicanos de Acapulco, Mazatlán y Ensenada. También fueron utilizados barcos que zarparon de los puertos peruanos de Pimentel, Salaverry y Chimbote, con destino a Buenaventura, Colombia; Panamá; Corinto, Nicaragua; Puerto Cortés, Honduras; Champerico, Guatemala, y Veracruz y Tampico, en el golfo de México.

En 1993-94, agentes federales de Estados Unidos identificaron cargamentos del Cártel de Cali en barcos semisubmarinos, muy parecidos a los submarinos, con capacidad para una tonelada, que navegaban por debajo del agua sin poder ser detectados por los radares.

Por otra parte, y a raíz de la detención por la CIA del narcotraficante colombiano José Castrillón Henao, quien presuntamente destinó 51 mil dólares a la campaña del presidente panameño Ernesto Pérez Balladares, organismos de inteligencia estadounidenses descubrieron otra ruta marítima del Cártel de Cali, que unía el puerto de Balboa, en el país canalero, con Ensenada, Baja California (territorio del Cártel mexicano de los Arellano Félix), y cuyos destinos finales eran San Diego (EEUU), Canadá y Europa (España, Francia e Italia). En los puertos de Balboa y Ensenada los buques eran reacondicionados con doble fondo para trasportar la droga.

Las pesquisas permitieron identificar una serie de barcos y empresas que servían de tapadera a la alianza de los hermanos Rodríguez Orejuela-Arellano Félix, entre ellas las pesqueras Carimar, Ciprés, Mar Pacífico y Santo Tomás, y las embarcaciones Vizcaíno y El Fori, todas propiedad de Castrillón Henao y del mexicano Manuel Rodríguez López, principal accionista del Grupo Pesquero Rodríguez, en Baja California.

Otra investigación de la DEA y de la Procuraduría de Justicia de Estados Unidos, que formó parte del denominado Operativo Piedra Angular, establece que desde 1991 el Cártel de Cali entró en contacto con los mexicanos Oscar Malherbe (capturado en febrero de 1997) y José Luis Medrano (también preso) --ambos lugartenientes del capo Juan García Abrego, ex jefe del Cártel del Golfo detenido en 1996 y entregado sumariamente a Estados Unidos, donde actualmente purga cadena perpetua en una prisión de Houston--, a quienes se acusa de querer introducir 200 toneladas de cocaína a través de la aduana de Miami.

Para sus operaciones criminales utilizaron de empresas pantalla a Centro Americana Agrícola y Valencia Import and Export. Ambas firmas exportaban verdura congelada (brócoli) y café, que iba acompañada de otra carga: cocaína pura. La mercancía era acondicionada en puertos de Honduras y Guatemala, y llegaba hasta las bodegas ubicadas en el número 5417 de la Avenida 72, en Miami.

Informes de los servicios de inteligencia de Estados Unidos afirman que el ex banquero Carlos Cabal Peniche, a quien el ex presidente Carlos Salinas de Gortari exhibía por el mundo como ejemplo del nuevo empresario mexicano y que se encuentra prófugo de la justicia acusado de fraude, aportó una gran estructura empresarial con base en el sureño estado de Chiapas, para poder encubrir el tráfico de cocaína y lavar dinero.

Con ese objetivo habría adquirido la poderosa transnacional Del Monte y acondicionado puertos del estado de Chiapas (tradicional puerta de entrada de la cocaína procedente de Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia), en sus afanes exportadores, además de adquirir tierras en Guatemala y Costa Rica.

Cabal, quien en sociedad con otro mexicano compró Del Monte Fresh Produce en 560 millones de dólares, es propietario de una treintena de empresas, entre ellas Platanera San Carlos y San Carlos Banana Inc.

La investigación menciona que desde Chiapas se exportan grandes cantidades de plátano al extranjero, por lo que las pistas clandestinas que proliferan a ambos lados de la frontera con Guatemala, sobre todo en plantaciones bananeras, han servido de cobertura ideal y desempeñan un papel estratégico para los intereses de los barones de la droga.

En julio de 1995, el Instituto Nacional de Combate a las Drogas (INCD) de México --transformado en fiscalía después de la captura del general Gutiérrez Rebollo-- confirmó que toda la flota camaronera del estado de Sinaloa, tanto en Mazatlán como en Topolobampo se encontraba bajo sospecha de estar involucrada en el transporte de estupefacientes, por lo que más de 80 embarcaciones eran investigadas. En ese estado, considerado la cuna y el emporio del narcotráfico mexicano, se desarrolló el Cártel de Sinaloa, cuyos capos Miguel Angel Félix Gallardo, Joaquín "El Chapo" Guzmán y Héctor "El Güero" Palma, están en prisión.

De acuerdo con expertos, y a pesar del incremento del tráfico aéreo de cocaína a bordo de narcojets, la vía marítima sigue siendo la preferida y más eficaz para los barones de la droga.

La llamada ruta de oro del tráfico de cocaína desde Sudamérica utiliza el Océano Pacífico. Los buques cargueros de gran calado llegan frente a las costas de Chiapas (Puerto Madero), Oaxaca (Salinas Cruz), Nayarit (San Blas), Sinaloa (Mazatlán) y Baja California Sur (Los Cabos) y, sin tocar puerto, trasladan la cocaína a lanchas rápidas, que se encargan de transportar el alcaloide a tierra firme. También hay barcos con droga que ingresan por el Golfo de México y descargan la cocaína frente a los puertos de Veracruz y de Altamira, en Tamaulipas.

Una de las rutas utilizadas para hacer pasar la droga desde Guatemala a territorio mexicano, tiene como base el puerto de Ocós, en el Pacífico guatemalteco. De allí salen lanchas rápidas que llegan a desembarcar la droga en una zona llamada Mar Muerto, en lo que sería la frontera marítima de Chiapas y Oaxaca.

En noviembre de 1996, la revelación periodística de un informe de la Procuraduría General de la República dio cuenta de la existencia de narcosubmarinos compactos en miniatura que, teledirigidos y sin tripulación humana, trasladaban cocaína desde Colombia a Europa y Estados Unidos, utilizando a México como puente.

De acuerdo con la información, los submarinos inteligentes, con apenas cinco a seis metros de eslora, están equipados con sistemas electrónicos sumamente avanzados, lo que les permite navegar en forma autónoma, bordeando los litorales. Usan una tecnología similar a la que emplea la NASA, tienen casco de fibra de vidrio, muy difícil de detectar por los radares de base terrestres y por los guardacostas. Se lanzan desde algún puerto colombiano y automáticamente hacen rumbo a su punto de reunión en alta mar, donde son pescados por barcos de gran calado, que trasladan la droga a sus destinos.

Después de la captura del narcotraficante Juan García Abrego, cuya organización habría contado entre sus colaboradores y prestanombres con altos personajes de la clase política del salinismo, entre ellos el número dos del sexenio, José Córdoba Montoya, el empresario y banquero Carlos Cabal Peniche y Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente, testigos en el juicio que se le sigue en Houston revelaron que el Cártel del Golfo cuenta con ayuda de miembros de la Armada de México y la Guardia Nacional de Estados Unidos.

En una declaración jurada, Carlos Rodríguez, condenado a 62 años de prisión por haber introducido cincuenta toneladas de cocaína a Estados Unidos, entre 1986 y 1993, dijo que García Abrego, socio del Cártel de Cali, contaba con tres ranchos en el municipio de Soto de la Marina, Tamaulipas, a donde llegaba la droga colombiana. Según Rodríguez, oficiales de la Armada de México cruzaban la droga de Tamaulipas a Texas. Ya en Houston, integrantes de la Guardia Nacional de Estados Unidos cargaban la cocaína en trailers del Ejército norteamericano.

Lavagás Juárez-Los Angeles

En forma paralela, los capos mexicanos hicieron de la porosa frontera de tres mil kilómetros, entre México y Estados Unidos, un verdadero paraíso de los traficantes. Según autoridades norteamericanas, se trata de una larga zona fuera de control, donde los cargamentos de droga, ante el voluminoso tráfico terrestre vehicular, son más difíciles de identificar que en aeropuertos o aduanas marítimas.

Allí funcionan desde narcocarreteras hasta narcotúneles. Uno de éstos, de dos kilómetros de largo, conectaba los sistemas de drenaje de las ciudades gemelas de Nogales, una en Sonora y la otra en Arizona, y presuntamente durante qqquince años fue utilizado para el trasiego de mariguana, cocaína y armas.

Según reportes de las autoridades estadounidenses y mexicanas, los corredores de la frontera más utilizados son: Tijuana (Baja California)-San Diego (California); Rodrigo M. Quevedo (Chihuahua)-Columbus (Nuevo México); Mexicali (Baja California)-Calexico (California); Nogales (Sonora)-Nogales (Arizona); San Luis Río Colorado (Sonora)-Desierto de Yuma (Arizona); Ciudad Juárez (Chihuahua)-El Paso (Texas); y Reynosa (Tamaulipas)-McCallen (Texas). Otras rutas utilizadas por el recompuesto Cártel del Golfo son los puntos fronterizos de Matamoros-Bronwnsville y Nuevo Laredo-Laredo (en los estados de Tamaulipas y Texas).

Una de las investigaciones más sonadas e inexplicablemente frenada en el ocaso del salinismo, tuvo que ver con la ruta utilizada por el Cártel de Juárez para transportar más de 200 toneladas de cocaína al año, a lo largo de mil 700 kilómetros de freeways en Estados Unidos.

El caso del freeway de la cocaína, como lo llamó el periodista investigador José Reveles, involucra al presunto narcotraficante Rafael Muñoz Talavera, cabeza de la organización Muñoz-Tapia, fundadora del Cártel de Juárez (el del fallecido Amado Carrillo), con la poderosa familia Zaragoza Fuentes, de Chihuahua, propietaria de una intrincada red de compañías de gas, con bienes muebles e inmuebles en diez países: México (empresas en varios puntos del territorio nacional), Guatemala (14 empresas), El Salvador, Nicaragua, Honduras (5), Costa Rica, Panamá, Puerto Rico (3), República Dominicana (2) y Bahamas (3).

Una investigación solicitada por el gobierno mexicano al despacho Fernández de Lara, Marshal y del Real, sobre las propiedades de Eduardo Zaragoza Fuentes, arrojó que en junio de 1993 éstas tenían un valor que oscilaba alrededor de los 80 millones de dólares. Además de varias propiedades en Chihuahua y Tamaulipas, la lista incluía una red de empresas gaseras en Centroamérica y El Caribe: Compañía de Gas Metropolitano, Gas del Caribe, Movigás, Super Gas, Maya Gas, Gas del Centro, Transporte del Istmo, Transportadora Zeta, Cilindros y Tanques, Terminales de Gas, Tropigás, Tipic, Western Energy, Cilindros de Centroamérica (todas estas compañías en Guatemala), además de Tropigás, Hidro Gas Caribe, Comercial Atlántica y Aceros Tissot Pittsburg des Moines-Crispin en Honduras; Caribbean Associates en Panamá; Trans World Gas and Oil, Norvest Limited, y Paso del Norte International Limited, en Nassau, Bahamas.

También Puerto Rico Fuels Inc., Liquilux Gas Corporation y Compañía Gas del Pueblo Inc. en Puerto Rico; Norvest Limited y Western Energy Dominicana en Santo Domingo; Tropigás de El Salvador, Tropigás de Nicaragua, Tropigás de Costa Rica. Según el Ministerio de Hacienda y la Procuraduría de México, el grupo de empresas de Eduardo Zaragoza registró en 1993 ventas anuales por 281 millones de dólares.

El modus operandi del Cártel de Juárez por la autopista de la cocaína, era el siguiente: el alcaloide procedente de Colombia por vía aérea, era bajado en pistas clandestinas de Chihuahua y almacenado en bodegas de Ciudad Juárez. Luego se introducía mediante tractocamiones y carros tanque (pipas de gas de la Organización Zaragoza) por El Paso, la carga subía por el freeway 25 hasta pasar el poblado de San Antonio, en Nuevo México. De allí doblaba a la izquierda, atravesaba lo que restaba de Nuevo México y Arizona, hasta llegar a Los Angeles, California.

Las sospechas sobre Pedro Zaragoza, dueño del hato de ganado lechero quizá más importante del norte de América Latina (30 mil cabezas), y su hermano Eduardo, propietario de la empresa Hidro Gas Juárez y de compañías gaseras en diez países de Centroamérica y el Caribe, comenzaron en 1990 cuando el perro Snag, adiestrado para olfatear drogas, olisqueó alcaloides en un carro tanque que aparentemente transportaba gas propano al sur de California: camuflado en el interior de la pipa, en un doble fondo, había un cargamento de tres mil 957 kilogramos de cocaína.

No sería la única carga que viajara en pipa bajo la forma de ladrillos, envueltos en paquetes de diversos colores y con nombres tales como Bush, Reagan, Coca Cola, DEA, FBI. Ni tampoco el único medio de transporte utilizado en el freeway de la cocaína: la organización acondicionó automóviles con amortiguadores de aire para que pudieran soportar hasta 400 kilos de droga; aunque eso es nada, comparado con las cinco o seis toneladas capaces de ser transportada en trailers.

Ando volando alto

Como el general Khun Sa, hasta los años setenta los contrabandistas que operaban en la ruta Colombia-México-Estados Unidos traficaban a lomo de mula. Sin embargo, la tecnificación y expansión del negocio de la droga a comienzos de los ochenta, cuando se estableció la sociedad entre los cárteles de Sinaloa (Félix Gallardo) y Medellín (a través del narcotraficante hondureño Juan Ramón Matta Ballesteros), hizo que se recurriera a avionetas Cessna y Turbo Commander, que a pesar de ser lentas, con capacidad de carga reducida y poca autonomía de vuelo, permitían aterrizar en pistas cortas y abruptas. Dicha alianza formó parte del famoso Irangate del mayor Oliver North, que intercambiaba armas por droga a la contra nicaragüense.

Se calcula que en 1990 aeronaves colombianas alcanzaron a descargar cerca de 400 toneladas de drogas. Entre los aviones decomisados por las autoridades mexicanas en la Operación Halcón figuraban DC-6, Convair, Grumman, Learjet, Piper, Super King Air, Aerocommander, Cessna y Turbo Commander. Las tres rutas aéreas primarias eran entonces el corredor occidental, que abarca a Yucatán, Veracruz y Tamaulipas; el corredor del Pacífico, que incluye todo ese litoral mexicano, y un tercer corredor que pasa por Chiapas para llegar a Sonora y Baja California.

Pronto, la intensidad del negocio llevó a la utilización de aviones con capacidad superior a la de los de turbohélices. El caso más comentado fue el de un narcojet Caravelle, aparato con características similares a las del Boeing 727, que el 4 de agosto de 1994 salió de la isla colombiana de San Andrés, hizo una escala en Panamá y aterrizó en el poblado de Sombrerete, Zacatecas, habiendo ingresado a territorio mexicano por Campeche. El vuelo fue rastreado por el Servicio de Aduanas de Estados Unidos y se pudieron decomisar dos toneladas y media de cocaína. Sin embargo, al avión se le habían quitado los asientos y se estimó que tenía capacidad para transportar 10 toneladas: las siete y media restantes, según The New York Times, llegaron a su destino. De fabricación francesa, el Caravelle alcanza una velocidad crucero de 750 kilómetros por hora y cuenta con sofisticados instrumentos de comunicación, que hacen más difícil su detección por algunos radares.

La madrugada del 11 de marzo de 1995, otro Caravelle 727, con una bandera colombiana pintada en el fuselaje, fue ubicado en el poblado de Punta Baja, cerca de Hermosillo, Sonora. Dos aviones de la Procuraduría siguieron al narcojet e inclusive filmaron su aterrizaje y cuando la cocaína fue trasegada a camiones torton, pero ni el Ejército ni la policía llegaron a tiempo para capturar a los traficantes. Otro Caravelle fue hallado a finales de 1995, quemado y semienterrado en Bahía de Todos los Santos, Baja California Sur.

El 15 de septiembre de 1995 quedó comprobada la conexión entre La Paz (Bolivia) y Mexicali (Baja California), cuando un Douglas DC-6 de la línea boliviana Aerobol fue capturado en Lima, Perú, con 4.1 toneladas de cocaína ocultas entre joyas, artesanías y muebles de mimbre. Desde 1993, cuando menos cuatro vuelos de aviones bolivianos atravesaron medio continente para unir los aeropuertos de La Paz y Mexicali. Fueron vuelos charter de la aerolínea estatal Lloyd Aéreo Boliviano, transportando cocaína para el mercado estadounidense. En todas esas operaciones se identificó la mano de Amado Carrillo, El Señor de los Cielos, cuyo seudónimo provino de que, en sus orígenes, fue propietario de flotillas y empresas de aviación.

Según algunos informes, luego de los golpes policiales contra los cárteles de Medellín y Cali, Carrillo habría establecido cabezas de playa en Bolivia y Ecuador, en sociedad con capos peruanos del círculo íntimo del presidente Alberto Fujimori.

Fracturada la ruta Perú-Colombia-México-Estados Unidos, la conexión entre Amado Carrillo y el clan peruano de los hermanos López Paredes, capos de la región de Trujillo, habría sentado las bases de una nueva multinacional del narcotráfico.

De acuerdo con informaciones de la prensa peruana, citadas por un enviado del diario mexicano Reforma, los López Paredes viven actualmente en México. Tienen relación cercana con Fernando Zeballos González, dueño de la empresa Aero Continente (la tercera aerolínea peruana) y con directivos de Hay Duc, la segunda empresa pesquera de Perú, y contarían con la protección de Vladimiro Montesinos, el cerebro gris del régimen de Fujimori, y de Santiago, hermano del mandatario. La información consignaba, también, que en mayo de 1996 fue detenido el ex avión presidencial, en el que viajaba un edecán de Fujimori con 174 kilos de cocaína, y, en julio siguiente, un barco de la Marina peruana fue capturado en Vancouver, Canadá, con un cargamento de cocaína.

En septiembre de 1997, a raíz de las pesquisas sobre la conexión peruana del fallecido narcotraficante Amado Carrillo, las autoridades de Lima y México intercambiaron informes sobre la presunta liga de El Señor de los Cielos con Jorge López Paredes, quien supuestamente residiría en Guadalajara, Jalisco, y era el contacto del grupo peruano Los Norteños o Cártel del Norte.

Se ha confirmado que Amado Carrillo estuvo en Lima en 1994 y 1995, bajo los nombres falsos de Carlos Alberto Rodríguez y Armando Barrón, ocasiones en que habría establecido su alianza con los López Paredes. Según datos del expediente judicial, que ventila actualmente una sala superior antidrogas de Lima contra la organización criminal de los López Paredes, Los Norteños habrían logrado transportar a México al menos dos cargamentos de clorhidrato de cocaína que sobrepasaron las diez toneladas. Los cargamentos fueron exportados ocultos en latas de conserva y en bolsas de polietileno y térmicas, que fueron dejadas en una hacienda de Guadalajara.

Avión policial con droga

La detención in fraganti de dieciocho agentes policiales, que el 2 de septiembre de 1997 arribaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en una avión de la Procuraduría General de la República (PGR) que transportaba 74 kilos de cocaína, confirmó la penetración del narcotráfico en los servicios de seguridad.

Desde un comienzo, la noticia exhibió las contradicciones oficiales en cuanto a qué corporación pertenecían los policías. Eduardo Ibarrola, subprocurador jurídico de la PGR, declaró a un noticiero radial que los detenidos eran pilotos del Equipo de Intercepción Aérea, cuya misión principal es la detección de aeronaves transportando drogas.

Sin embargo, poco después la dependencia emitió una aclaración donde se precisaba que los detenidos pertenecían a la Dirección de Servicios Aéreos que, estrictamente, nada tiene que ver con el combate al tráfico de estupefacientes.

La confusión se acentuó porque, en el primer boletín que difundió, la PGR dio los datos del avión, un Grumman tipo G-1, pero no aclaró que le pertenecía. El avión, que transportó un cargamento de coca con un valor superior a los 370 mil dólares, había partido del aeropuerto internacional de Tapachula, Chiapas, en la frontera con Guatemala. La localidad está considerada como el principal punto de partida del tráfico hormiga de estupefacientes procedente de Centro y Sudamérica.

Ibarrola calificó la aprehensión de los pilotos como algo muy delicado y reconoció la narcocorrupción en la PGR. Su afirmación de que pertenecían al Equipo de Intercepción Aérea, involucraba directamente a la recién formada Fiscalía Especial para los Delitos contra la Salud, que sustituyó en marzo pasado al Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, luego que su titular, Gutiérrez Rebollo, fue encarcelado, acusado de ser cómplice del narcotraficante Amado Carrillo.

El Equipo de Intercepción Aérea fue formado en 1995 y sus elementos fueron capacitados y entrenados por Estados Unidos para leer radares sofisticados. Son pilotos expertos en manejar aviones y helicópteros bajo circunstancias climatológicas adversas. Su capacitación formó parte de una donación de ocho millones de dólares de Estados Unidos a México, que incluyó la instalación de radares en la isla de Cozumel y en otros puntos del Pacífico mexicano.

De acuerdo con una fuente no identificada, citada por el diario Reforma, una llamada anónima alertó al Alto Mando castrense de que el avión de la PGR que había salido de Tapachula traía un cargamento de droga, al parecer proveniente de Colombia. La fuente dijo que el Ejército, la policía fiscal y Migración mantienen operaciones en el aeropuerto de Tapachula, pero sus equipajes pasan sin revisión en el aeropuerto.

Dos días después, la institución reveló que otros diez elementos de una unidad antinarcóticos de la Policía Judicial Federal (PJF), estaban involucrados en el hecho. La PGR informó que los agentes antinarcóticos habrían sido los contactos o enlaces entre los narcotraficantes y los pilotos capturados, a quienes habrían ofrecido entre 40 y 50 mil dólares por transportar la carga.

El 1 de octubre de 1997, la Policía Judicial Federal confiscó en el aeropuerto internacional de la ciudad de México, 31 kilos de cocaína que estaban ocultos en un avión Airbus A-320 de la compañía comercial Mexicana de Aviación, que provenía de Bogotá. El vuelo se encontraba en tránsito en la capital mexicana, y tenía como destino la ciudad de Los Angeles, California. A raíz del incidente, que involucró a las autoridades de Estados Unidos, Colombia y México, la línea aérea mexicana suspendió temporalmente sus vuelos a Bogotá.

Autos por cocaína

El 29 de septiembre, una denuncia periodística del diario Reforma dejó al descubierto otra forma de operar del crimen organizado. Mediante una compleja red nacional que involucra a robacoches, policías, finqueros chiapanecos, narcotraficantes, jueces y funcionarios corruptos, se legalizan autos robados en la zona centro del país y se les intercambia por cocaína en la frontera con Guatemala.

Los vehículos, robados principalmente en el Distrito Federal y su zona conurbada, son pintados y transformados en talleres clandestinos de Cuernavaca y Cuautla, ambas poblaciones de Morelos, estado gobernado por el ex jefe del espionaje mexicano y ex comisionado contra las drogas, general retirado Jorge Carrillo Olea, acusado por The New York Times de haber brindado protección a El Señor de los Cielos. Luego son trasladados por carretera hasta la frontera con Guatemala, donde se intercambian por cocaína. Avanzan en caravanas de siete u ocho automóviles, siempre custodiados por elementos de la Policía Federal de Caminos. Las nuevas unidades son documentadas con tarjetas de circulación, placas y licencias obtenidas ilegalmente en la Oficina de Control Vehicular de la Dirección General de Servicios al Transporte, en la Ciudad de México.

La droga entra a México por tierra, y es movilizada por medio de trailers, confundida entre cajas de plátanos, hasta la frontera norte, para ser distribuida en todo el territorio estadounidense.

Una de las hipótesis manejada por las autoridades antinarcóticos en el decomiso de cocaína en un avión oficial de la policía, está vinculada con esta forma operativa del crimen organizado. Además, en mayo pasado fueron detenidos cinco presuntos responsables de estar involucrados en el tráfico ilegal de vehículos y cocaína, según propia confesión. Sin embargo, un juez de Cuernavaca, Roberto Caletti, consideró que las confesiones fueron arrancadas mediante torturas y sólo los consignó por robo de autos. Ahora Caletti está prófugo y se le sigue un juicio luego de que el Consejo de la Judicatura encontró irregularidades en sus sentencias dictadas en favor de presuntos secuestradores.

Según el reportaje-denuncia de Daniel Lizárraga, la otra parte de la banda se encuentra en Chiapas. Su base de operaciones sería un rancho platanero conocido como El Estribo, ubicado entre los poblados de Ciudad Hidalgo y Libertad, a 20 kilómetros de la frontera con Guatemala. Su propietaria es Beatriz Paredes de Parlangue. Paredes y otro sujeto, Carlos Luján, compran la droga en el poblado guatemalteco de Tecun-Uman y la empacan en la finca. Luego la cocaína es cargada en trailers, escondida entre cajas de plátanos de la empresa La Chiquita, y trasladada de noche por carretera hacia la frontera con Estados Unidos, escoltada por la Policía de Caminos.

Presiones sobre México

A finales de febrero de 1997, debilitado por el escándalo provocado por la captura del general Gutiérrez Rebollo y los condicionamientos impuestos por el Senado estadounidense a la certificación antidrogas, el gobierno de Ernesto Zedillo aceptó que agentes de la DEA formaran parte de una nueva fuerza conjunta bilateral, que se encargaría de combatir a los narcotraficantes en seis puntos específicos del territorio mexicano.

El 1 de marzo, una fuente diplomática no identificada citada por los diarios El Financiero y El Universal, reveló que la formación de la fuerza de inteligencia, que sería integrada por dieciocho miembros de la PGR e igual número de agentes estadounidenses, le fue pedida al procurador mexicano Jorge Madrazo por el administrador de la DEA, Thomas Constantine.

De acuerdo con la información, se formarían seis células de trabajo compuestas por tres agentes de la DEA y tres de la PGR, además de un intérprete. El punto de mayor discusión era, entonces, la demanda estadounidense de que los agentes de la DEA pudieran portar armas para su defensa personal en casos extremos, a lo que se habían venido negando de tiempo atrás las autoridades mexicanas.

Los 39 agentes de la DEA, que operaban oficialmente en México, contaban con inmunidad diplomática, pero carecían de licencia para portar armas. De acuerdo con la versión periodística, los espías norteamericanos podrían participar en la intervención de teléfonos para grabar conversaciones sospechosas, así como interferir otros aparatos electrónicos utilizados en sus comunicaciones por los narcos, y en cateos a casas en donde supuestamente se realicen contactos con narcotraficantes. Asimismo, estarían facultados para infiltrar personal en sitios donde se presume que el comercio ilícito de drogas.

La fuente dijo que la fuerza conjunta binacional contaría con un presupuesto desahogado para poder pagar a informantes y servicios, y sería provista de equipo y vehículos sofisticados.

La información pareció confirmar la noticia divulgada por la revista estadounidense Time, cuando reveló la creación de una nueva fuerza antidrogas en México, en sustitución del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), cuyo último director fue el general Jesús Gutiérrez Rebollo. Segun Time, la fuerza "será a imagen y semejanza" de la DEA y sus miembros serán seleccionados y entrenados por la DEA, el FBI y la CIA. La revista recogió la declaración de un importante funcionario mexicano que garantizó que "la nueva dirección será a prueba de las balas de la corrupción".

Por otra parte, y en medio de duras críticas y acusaciones contra el gobierno de que había cedido soberanía ante los condicionamientos de Washington, observadores políticos locales dieron como un hecho que el presidente Ernesto Zedillo autorizaría la extradición de los principales barones de la droga mexicanos que estaban presos.

En agosto siguiente, cuando se había producido un nuevo pico en el escándalo de los narcogenerales, con la revelación de que eran 36 los militares presos investigados por sus presuntos vínculos con los cárteles de la droga, trascendió a la opinión pública que existía un programa del Pentágono para adiestrar a los militares mexicanos que conformarían las unidades antinarcóticas de respuesta rápida.

Según revelaciones de funcionarios del Pentágono reproducidas en la capital mexicana, en el periodo julio 1996-julio 1997, cerca de mil oficiales del Ejército y la Marina de México habían recibido entrenamiento antinarcóticos en Estados Unidos.

De acuerdo con la información, al concluir el año fiscal 1997 (en octubre), el Pentágono habría preparado a trescientos elementos de las unidades de respuesta rápida, 131 pilotos y doscientos mecánicos de la Fuerza Aérea, y más de quinientos marinos de la Armada de Guerra. Con doce semanas de duración, cada curso de las unidades de respuesta rápida capacitó a un grupo de cuarenta oficiales. El propósito declarado era crear equipos de cien efectivos y asignar uno a cada una de las doce regiones militares que tiene México.

La cooperación antinarcóticos incluye transferencia y adquisición de equipo. Durante 1997, la Armada mexicana compró cuatro fragatas a Estados Unidos.

El programa de cooperación entre el Pentágono y el Ministerio de Defensa mexicano se gestó a partir de 1995, cuando Washington logró romper la tradicional resistencia de los militares locales a un mayor involucramiento de las Fuerzas Armadas en la campaña antidrogas. El acercamiento entre las fuerzas militares de ambos países se inició después de la histórica visita del secretario William Perry a México, en octubre de 1995.

Inteligencia, tarea de Washington

En ese contexto, el gobierno mexicano autorizó el incremento de seis agentes del FBI y seis de la DEA (que ya tenía operando 39 elementos) que fueron asignados a trabajar bajo la dirección de Mile (Michael) Garland, quien antes de desplazarse a México se desempeñó como el número dos de la DEA en Bogotá.

Según James Milford, subadministrador de la DEA en Washington, "las relaciones con México han avanzado, no son perfectas, pero ahora tenemos interlocutores confiables. En febrero la situación se había deteriorado a tal grado que la (información de) inteligencia que les dábamos era inmediatamente comprometida". Milford se refirió así al incidente protagonizado por el ex zar antidrogas mexicano, general Gutiérrez Rebollo.

A finales de julio último, cuando la revista Proceso reveló documentos de inteligencia militar que involucraban a un grupo de generales y coroneles con el narcotráfico, quedaron al descubierto las relaciones directas entre el Ministerio de Defensa mexicano y los organismos de inteligencia de Estados Unidos. Uno de los informes aludía a una coordinación entre el secretario particular del ministro de Defensa, general Enrique Cervantes, con el "señor Paul Bradley de la EMBA USA".

Cuando se aludió al vínculo entre el general Tomás Angeles, secretario particular de Cervantes y de éste, ex agregado militar mexicano en Washington, con el "experto" Bradley de la embajada norteamericana, se hizo mención a un misterioso organismo, el CIAN.

Según dedujo el ex policía Eduardo Valle, el CIAN, que no aparece en el organigrama oficial de las Fuerzas Armadas mexicanas, era el Centro de Inteligencia de Análisis Nacional que se reporta directamente ante el general-ministro Cervantes. De acuerdo con Valle, la existencia del CIAN es lo que habría permitido decir a Milford, "que ahora sí tenemos interlocutores confiables".

El brío que le impuso Washington a la nueva cooperación con las Fuerzas Armadas mexicanas permite especular sobre una próxima guerra de las galaxias contra los narcos. A raíz también de la revelación sobre el nexo orgánico Angeles-Bradley, se manejó que ambos habían considerado la posibilidad de utilizar satélites y aviones espías tipo FLIR o Schweizer para ubicar el paradero de los barones de la droga.

"Si se usaron para ubicar a los líderes de los cárteles colombianos, no veo por qué no se haga lo mismo en México," dijo Norman Bailey, exfuncionaria del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca durante el gobierno de Ronald Reagan. Los satélites son propiedad de la Oficina de Reconocimiento Nacional del Pentágono y, desde el espacio cósmico, tienen la capacidad de fotografiar imágenes con gran precisión. Bailey señaló que hay una diferencia entre esos satélites y los de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), que se concentran en interferencias de comunicaciones electrónicas y cuyo uso es bastante común.

Según documentos de inteligencia estadounidenses desclasificados en mayo del 1996, la NSA reforzó sus operaciones de espionaje sobre México después del estallido zapatista, aunque también se rastreó información sobre finanzas, corrupción oficial y narcotráfico mediante interferencias electrónicas de comunicaciones telefónicas, radiofónicas, Internet y fascímil. Por su parte, un exfuncionario de la DEA reveló en Washington a la corresponsal Dolia Estévez, que los métodos utilizados en México para recabar información son una combinación que consiste en infiltración encubierta, reclutamiento de informantes y vigilancia electrónica, que incluye el uso de equipo de observación nocturna para detectar pistas clandestinas, aterrizajes de narcoaviones y descargas aéreas en mar abierto. México cuenta ya con aparatos FLIR (Forward, Looking, Infrared), equipo de observación nocturna que se instala en aviones y helicópteros, y según un informe de la Agencia de Inteligencia del Pentágono (DIA), de mayo de 1994, la Fuerza Aérea mexicana compró cuatro SA-2 Schweizer, que se caracterizan porque sus motores no hacen ruido, lo que facilita el espionaje nocturno.

Según Dolia Estévez, quien no pudo confirmar oficialmente tal versión, en Chiapas fue utilizado equipo high-tec para medir el poderío logístico y humano de los zapatistas. La reticencia a confirmarlo, tanto por el gobierno mexicano como por Washington, se debe, según expertos locales, a que su uso habría significado la violación de los términos del alto al fuego que prohibe los sobrevuelos militares.

La excusa de la guerra al narcotráfico con fines contrainsurgentes fue denunciada, también, por el presidente del Consejo Internacional de Tratados Indios (CITI), William Means, un veterano de Vietnam originario de Dakota, que en marzo de 1997 realizó una gira de observación por Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los tres estados indígenas donde operan las guerrillas del EZLN y el EPR. Dijo que pudo ver equipo vendido o donado por Estados Unidos para combatir a los narcotraficantes y que había sido desviado por el Ejército local para combatir a los grupos armados. El material citado incluía helicópteros, transportes, lanza granadas, morteros y ametralladoras M-16 y M-60.

Asimismo, en junio de 1997, la prensa mexicana reveló que la Embajada de Estados Unidos estaba investigando si en sus enfrentamientos de este año con el EPR, el Ejército mexicano había utilizado helicópteros Huey UH-1H donados por el Pentágono para ser usados exclusivamente en el combate al narcotráfico.

El 29 de septiembre, el gobierno de México anunció que había definido nuevas reglas para los sobrevuelos de aviones-radares de Estados Unidos en el territorio nacional, así como el ingreso de buques de la Guardia Costera de ese país en aguas jurisdiccionales mexicanas.

De acuerdo con la información de la Cancillería de Tlatelolco, aviones antinarcóticos P-3 del Servicio de Aduanas estadounidense podrían descender y atracar en bases militares mexicanas, para reabastecerse de combustible, y los guardacostas podrían realizar escalas con ese mismo fin. En todos los casos las escalas serían breves y en situaciones excepcionales.

También se informó que México podría autorizar el sobrevuelo de los P-3 con fines de seguimiento de aeronaves y embarcaciones sospechosas de transportar drogas, dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la solicitud.

Sin embargo, los senadores Héctor Sánchez y Luis Bravo, del los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) condenaron las maniobras bajo el agua del canciller Gurría y lo acusaron de faltarle el respeto a la Cámara alta.

Según explicó un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, las nuevas reglas quedarían fijadas en las Bases de Coordinación para Autorizar Sobrevuelos en el Espacio Aéreo Mexicano de Aeronaves Extranjeras, que el gobierno se proponía publicar en breve en el Diario Oficial de la Federación.

El funcionario de Tlatelolco dijo que se evaluaría cada solicitud estadounidense de sobrevuelo de manera individual, caso por caso, pero que no se autorizará la realización de vuelos para la persecución en caliente de naves sospechosas. Tampoco se autorizará el establecimiento de bases e instalaciones aéreas para llevar a cabo operaciones contra el narcotráfico.

Los aviones-radares P-3 tienen una cobertura más amplia que las estaciones terrestres, que no tienen capacidad para detectar vuelos a gran altura. La fuente de Cancillería admitió que los sobrevuelos de los aviones de Estados Unidos en el espacio aéreo mexicano son incómodos, pero argumentó que son necesarios.

Anunció que México planea la compra de aviones-radares así como radares de tierra y marítimos al mejor postor, para realizar labores de monitoreo con mayor efectividad.

En la actualidad los narcotraficantes eluden los radares terrestres, al volar por debajo del alcance del aparato de detección. Otra modalidad, considerada por las autoridades como tecnología de punta, es bombardear desde aviones las costas mexicanas con paquetes de droga que luego son recuperados por lanchas rápidas.

Las lanchas están provistas de radares que detectan las señales emitidas por sensores instalados en cada paquete, que son reproducidas por boyas que los cárteles tienen flotando en el mar; lo que permite realizar la recolecta de los cargamentos incluso de noche y en mar abierto.

¿Cuál es el nombre del juego?

El 4 de noviembre, la prensa mexicana registró en grandes titulares que naves de Estados Unidos habían realizado una persecución en caliente en aguas jurisdiccionales mexicanas. Según la Casa Blanca, México autorizó la acción.

El hecho ocurrió el pasado 11 de agosto, cuando la oficina de la Joint Interagency Task Force West, a cargo del Centro de Interdicción del Pacífico de Estados Unidos, obtuvo información acerca de una operación de narcotráfico al sur de Acapulco, que involucraba la transferencia de drogas de una barco madre a lanchas rápidas. Note41

Según relatan documentos de la oficina del zar antidrogas de la Casa Blanca, general Barry McCaffrey, un barco de la Guardia Costera (Cutter Boutwell), un helicóptero HH-65, un avión P-3 Orion de la Marina y un avión turbo King de la PGR de México persiguieron a una embarcación de la que fueron arrojadas 2.7 toneladas de cocaína al mar. Según el informe, operaciones conjuntas similares ya habían ocurrido en las penínsulas de Yucatán y Baja California.

La revelación dejó al descubierto el doble discurso de las autoridades mexicanas, al tiempo que evidenció que la soberanía nacional había sido violada. La nueva normatividad para autorizar sobrevuelos en el espacio aéreo y la incursión de naves extranjeras en aguas jurisdiccionales mexicanas había entrado en vigor el 4 de octubre. Pero, según se asienta en el documento publicado en el Diario Oficial, "en ningún caso se autorizará un sobrevuelo con propósitos de interceptación en persecución de una aeronave que se presuma realiza actividades ilícitas".

A modo de epílogo, podría concluirse que el diseño represivo ideado por algunos líderes estadounidenses en el combate a las drogas, constituye una inversión de beneficio cuádruple para las grandes compañías financieras transnacionales.

Como apunta José Alberto Villasana, el narcotráfico nació, desde su prohibición en 1920, como un gran negocio al amparo directo del poder político de Washington. "Lejos de ser algo que haya escapado al control gubernamental, se convirtió en una fuente de ingresos con la cual el gobierno de Estados Unidos podía financiar movimientos de insurrección en el extranjero, e incluso operaciones clandestinas de los cuerpos de inteligencia." Para el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, las grandes compañías ganan invirtiendo en la venta clandestina de los psicotrópicos, ganan en el lavado de dinero, y ganan en la industria militar y tecnolóciga antidrogas, lo que les permite, por ende, desarrollar nuevos esquemas de contrainsurgencia y de control policiaco regional. Lo que a su juicio está llevando a la creación de nuevas estructuras regionales y continentales, cuyo arquetipo es el Estado terrorista, y cuyas unidades operativas tienden a convertirse en cuerpos de élite de reacción rápida, aunque normalmente éstas sean camufladas como estrategia antinarcótica o antiguerrillera, con un mantenimiento millonario.

Servicio noticioso desde Washington

Hoja informativa INL sobre proceso certificación drogas

(Incluye procedimientos para conceder o denegar certificación)

A continuación una traducción extraoficial de fragmentos de una hoja informativa publicada por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Ejecución de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos (INL), que resume el proceso que sigue el gobierno estadounidense para conceder o denegar una certificación por drogas:

(comienzan los fragmentos)

Lista de Países Principales y el Proceso de Certificación

Hoja Informativa publicada por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Ejecución de la Ley, Departamento de Estado de Estados Unidos, 1 de noviembre de 2000

La Ley de Ayuda Exterior de 1961, tal como está vigente (FAA), requiere que el presidente le someta cada año al Congreso una lista de aquellos países que ha determinado que son países principales de producción y/o tránsito de drogas. La FAA requiere que la mitad de la mayor parte de las categorías de ayuda exterior estadounidense a cualquier país que figure en esta Lista de Principales quede retenida hasta que el presidente determine si el país debe ser "certificado".

Un país principal de producción de drogas ilícitas se define como aquel en el que:

A. Se cultivan o cosechan en un año 1.000 hectáreas o más de adormidera ilícita; se cultivan o cosechan en un año 1.000 hectáreas o más de coca ilícita; o C. se cultivan o cosechan en un año 1.000 hectáreas o más de cannabis ilícito, a menos que el presidente determine que tal producción de cannabis ilícito no afecta significativamente a Estados Unidos.

Un país principal de tránsito de drogas ilícitas se define como uno que:

A. Es una fuente directa de drogas narcóticas o psicotrópicas ilícitas u otras substancias controladas, que afecta significativamente a Estados Unidos; o B. a través del cual se transportan tales drogas o substancias.

LA LISTA DE PAISES PRINCIPALES EN EL 2000

El 1 de noviembre de 2000, el presidente Clinton aprobó y envió al Congreso la Lista de Países Principales en el 2000. Los 24 países incluidos fueron: Afganistán, las Bahamas, Bolivia, Brasil, Birmania, Camboya, China, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Haití, India, Jamaica, Laos, México, Nigeria, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Tailandia, Venezuela y Vietnam. La Lista de Países Principales corresponde, según sus términos, a "países". El Congreso ha sido notificado, sin embargo, de que interpretamos el término ampliamente para incluir ciertas entidades que ejercen autonomía sobre actos u omisiones que llevarían a una decisión de colocarlos en la lista y, subsecuentemente, a determinar su elegibilidad para la certificación.

De conformidad con la FAA, se le requiere al presidente examinar los esfuerzos antinarcóticos emprendidos por aquellos países incluidos en la Lista de Países Principales, a fin de transmitirle al Congreso para el 1 de marzo las decisiones sobre certificación. El presidente puede elegir entre las siguientes opciones para cada uno de los países en la Lista de Países Principales: certificación plena, denegación de certificación o una certificación basada en un "interés nacional vital".

Para certificar plenamente a un país, el presidente debe determinar que durante el año anterior ese país ha cooperado plenamente con Estados Unidos, o ha tomado medidas adecuadas por cuenta propia para lograr el pleno cumplimiento de las metas y objetivos de la Convención de Drogas de las Naciones Unidas de 1988. Si un país recibe la certificación plena, toda la ayuda que estaba retenida queda liberada.

La denegación de certificación requiere que Estados Unidos deniegue ventas o financiamiento conforme a la Ley de Control de Exportación de Armas; deniegue el suministro de productos básicos agrícolas que no sean alimentos, conforme a la Ley de Desarrollo del Comercio Agrícola y Ayuda de 1954; deniegue financiamiento conforme a la Ley del Banco de Exportación e Importación de 1945; y retenga la mayor parte de la ayuda cubierta por la FAA, con excepción de ayuda especificada humanitaria y antinarcótica. Estados Unidos debe también votar en contra de los préstamos que se propongan en seis bancos multilaterales de desarrollo.

Si un país no ha cumplido las normas de certificación plena, el presidente puede, no obstante, certificar al país si determina que el interés nacional vital de Estados Unidos requiere que se provea la ayuda y que Estados Unidos no vote en contra de la ayuda de los bancos multilaterales de desarrollo a ese país. Cuando un país recibe una certificación basada en un "interés nacional vital", se provee ayuda de la misma manera que si se le hubiera concedido una certificación plena.

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Ejecución de la Ley del Departamento de Estado (INL) inicia el proceso de certificación cada primavera. Sobre la base del Informe sobre Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos (INCSR), preparado por la INL cada año, y también sobre los aportes que hacen otras fuentes del gobierno de Estados Unidos, se compila una Lista propuesta de Países Principales que se presenta a consideración del secretario de Estado.

El secretario envía sus recomendaciones al presidente, quien toma la determinación final en lo que respecta a la inclusión en la Lista de Países Principales. La Casa Blanca transmite la lista a los presidentes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes y las comisiones de Asignaciones respectivas. La Lista de Países Principales debe estar en el Congreso para el 1 de noviembre.

La INL colabora con las embajadas estadounidenses y los gobiernos que figuran en la Lista de Países Principales para preparar objetivos que cada país debe tratar de alcanzar en el año siguiente para ser certificado. A lo largo del año, se discuten con cada nación estos criterios y las embajadas estadounidenses proveen informes periódicos de progreso.

Entre diciembre y mediados de febrero, el secretario de Estado adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Ejecución de la Ley coordina un proceso interagencial para recomendar si un país debe recibir certificación plena basada en su desempeño antinarcótico, se le debe denegar la certificación o se le debe conceder una certificación basada en un interés nacional vital. Estas determinaciones recomendadas se le presentan al secretario de Estado, quien envía al presidente las recomendaciones del Departamento de Estado. El presidente toma las determinaciones finales en un memo enviado al secretario de Estado, quien luego notifica al Congreso para el 1 de marzo.

El Congreso tiene la opción de aprobar una resolución conjunta que desaprueba, dentro de 30 días corridos, cualquiera de las determinaciones de certificación del presidente, resolución que el presidente puede firmar o vetar. Si el presidente veta la resolución, el Congreso necesitará una mayoría de dos tercios para derrotar el veto y anular las decisiones del presidente.

El cártel de Juárez

Este grupo, dice el documento, "es la organización criminal que más ha evolucionado, a pesar de la muerte de su anterior dirigente, Amado Carrillo Fuentes (a) El Señor de los Cielos. En la actualidad, esta organización funciona como un 'sistema empresarial' y cuenta con una estructura muy semejante a la de un 'Consejo de Administración', en la que figuran como 'gerentes' Ramón Alcides Magaña (a) El Metro, que tiene el mando y control en el sureste y la Península de Yucatán; Ismael Zambada García (a) El Mayo, que controla la zona occidental del país, así como los estados de Sinaloa y Sonora; Juan José Esparragoza (a) El Azul, que opera en la zona centro del país y en Veracruz; Vicente Carrillo Fuentes (hermano de Amado) y Vicente Carrillo Leyva (hijo del Señor de los Cielos) controlan Chihuahua, Durango y Coahuila, es decir, lo que respecta al tráfico de cocaína en la frontera con Estados Unidos".

Y asegura:

El cártel de Juárez es la organización que tiene más presencia en el país, toda vez que sus operaciones abarcan más de 15 estados, como son Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán, Jalisco, Colima, Nayarit, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Puebla, Morelos y el Distrito Federal.

Como parte de su estructura "empresarial", el cártel de Juárez cuenta con personas que se denominan "jefes" o "directores de área", es decir, son los encargados de cuidar los intereses de los gerentes en cada una de las regiones. En este plano se tiene ubicados a los siguientes sujetos: Adán Segundo Pérez (a) "El Gordo"; Carlos Colín Padilla, Joel González Quirarte, Eduardo González Quirarte, René González Quirarte, Miguel Palma Salazar (a) "El Micky" (hermano de Héctor Luis Palma Salazar, "El Güero Palma") y Rodolfo Carrillo Fuentes (hermano menor de Amado y Vicente).

A pesar de que durante el sexenio del presidente Ernesto Zedillo el cártel de Juárez fue la organización más combatida, sólo se pudo desarticular lo que se denomina "esquema de seguridad" del grupo, formado por militares y agentes de la PGR dedicados a brindar protección a los capos.

Así, en ese equipo de seguridad se ubicaban, por ejemplo, los generales Jesús Gutiérrez Rebollo y Jorge Mariano Maldonado Vega, además de los tenientes coroneles Óscar Cotero Orihuela y Miguel Angel Limón Rivera, quienes fueron detenidos y sometidos a juicio a partir del llamado "Maxiproceso" contra el cártel de Juárez.

Al respecto, llama la atención el caso del teniente coronel retirado Florentino Morato Cruz, quien también figura en el informe como miembro del "esquema de seguridad" del cártel de Juárez. Detenido a principios del año pasado en Mérida, Yucatán, por su presunta vinculación con un cargamento de droga incautado a una embarcación en el puerto de Progreso, resultó liberado a los pocos días, y continúa libre aun cuando el mismo informe consigna:

Se tienen datos precisos de que el teniente coronel Florentino Morato Cruz fue quien sacó a Amado Carrillo Fuentes del rancho "El Huamuchilito", cuando se tendió el operativo militar para su captura.

Sí fueron, en cambio, detenidos, por su presunta vinculación en el llamado "Caso Cancún", Fabián Campos Martínez y Ramón Báez Márquez, comandantes de la Policía Judicial Federal que operaban como miembros del mismo cuerpo de seguridad.

En la estructura del cártel de Juárez, después de los "jefes o directores de área", el organigrama registra "lavadores" (de dinero), "distribuidores" y "jaladores", es decir, los especialistas en "transacciones financieras", en la distribución del "producto" en los mercados y en el traslado de los cargamentos.

El cártel de Sinaloa

El estudio habla de "una gran afinidad" entre el cártel de Juárez y el cártel de Sinaloa, menciona un posible pacto o alianza regional contra la banda de los Arellano Félix y, antes de que se produjera la fuga de El Chapo Guzmán, proporcionaba datos reveladores sobre este personaje.

Dice el informe:

Aun desde la prisión de Puente Grande, el "Chapo Guzmán" y el "Güero Palma" siguen controlando al cártel de Sinaloa, a pesar de que sus principales lugartenientes, como son Tiberio Moreno Cota, Alberto Gómez García, José Luis Angulo López (a) "Mi Niño" y Rafael Avilés Quintero (a) "El Pony" también están en prisión. Se sospecha que Guzmán Loera y el "Güero Palma" han establecido un pacto con el cártel de Juárez para enfrentar a los Arellano Félix, tomando en cuenta que Miguel Palma, hermano del "Güero Palma", trabaja desde hace varios años para el cártel de Juárez, y el "Chapo Guzmán" tiene muy buenas relaciones con dos de los más importantes integrantes de esa organización, como son "El Mayo Zambada" y "El Azul".

De acuerdo con el documento, el cártel de Sinaloa mantiene su presencia en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Colima, Zacatecas, Sinaloa, Chihuahua e inclusive en Baja California, donde, en la lógica del mercado, protagoniza una violenta competencia con la corporación de los hermanos Arellano Félix.

El cártel de Tijuana

Considerada como "la más violenta" de las organizaciones de narcotraficantes y como la segunda en importancia del país por la magnitud de sus operaciones (después del cártel de Juárez), el cártel de Tijuana disfruta de una fuerte protección.

A pesar de que los principales lugartenientes de los hermanos Arellano Félix —Jesús Labra Avilés (El Chuy), Ismael Higuera (El Mayel) y Alfredo Navarro Lara— se encuentran en prisión, esta banda "cuenta con el más amplio apoyo de policías de todas las corporaciones, de funcionarios de todos los niveles e incluso de militares desertores, lo cual hace muy difícil poder penetrar en su estructura financiera y operativa y, sobre todo, lograr la captura de sus cabecillas, los hermanos Benjamín, Ramón y Francisco Javier", dice el estudio.

Curiosamente, en el cártel de Tijuana participa Ofelia Fonseca, hija de uno de los líderes históricos del cártel de Juárez: Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto. Ella fue detenida en febrero de 1999 en Chetumal, Quintana Roo, acusada de haber introducido una fuerte cantidad de droga en una avioneta colombiana que fue hallada —sin la carga— en una comunidad rural.

Respecto de este caso, el informe precisa:

En ese operativo, además de Ofelia Fonseca, fue detenido su esposo, José Manuel Rico Sánchez (a) "El Varilla", quien de forma por demás sospechosa por parte de los funcionarios que estaban al frente de la Procuraduría General de la República, fue presentado con el nombre de José Manuel Padierna Sánchez y se le hizo pasar como integrante del cártel de Juárez, cuando en realidad se trata de uno de los hombres clave dentro de la estructura del cártel de Tijuana. Es hijo de Miguel Ángel Rico Urrea (a) "Chichón", quien hace años ordenó el asesinato en Tijuana del comandante de la Policía Judicial Federal, Jorge Ramírez.

También resulta sospechoso que Rico Sánchez (a) "El Varilla" permanezca preso en un penal de mínima seguridad, como es el Centro de Readaptación Social de Chetumal, donde incluso se detectó a finales del año pasado la construcción de un largo túnel, mediante el cual "El Varilla" pretendía darse a la fuga.

Al cártel de Tijuana se le atribuye ser el principal introductor de cocaína a Estados Unidos, y además de su control casi absoluto en Baja California, sus redes se extienden a Chihuahua, Durango, Sinaloa, Sonora e incluso Quintana Roo, donde compite por el mercado local con los cárteles de Juárez y del Golfo.

El cártel del Golfo

Durante un tiempo se creyó que el Cártel del Golfo estaba a punto de ser desarticulado, luego de que su jefe, Juan García Ábrego, quedó preso en Estados Unidos (su hermano Humberto sigue prófugo) y fueron capturados los lugartenientes Óscar Malherbe León, Jaime González Gutiérrez y Raúl Valladares del Ángel.

No obstante, el informe establece que, al parecer, el nuevo líder de la Organización es Julio César Longoria Narváez, alias Ramiro Longoria, un prominente "empresario" de Tamaulipas.

A Ramiro Longoria se le ubica como el actual dirigente del cártel del Golfo. No tiene antecedentes penales, aunque fue detenido el 24 de enero de 1992 en la estación repetidora de Televisa en Escárcega, Campeche, cuando en compañía de Carlos César Espinoza González, en ese entonces primer comandante de la Policía Judicial Federal, preparaban una compra-venta de cocaína.

Además de tener casi el control total del tráfico de drogas en Tamaulipas y la frontera con Estados Unidos, el cártel del Golfo aún sigue teniendo una importante presencia en los estados de Veracruz, Tabasco, Distrito Federal, parte de Coahuila y Durango, Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

En otra parte del documento se registra que, en 1993, luego de que Juan García Ábrego ordenó la ejecución en Cancún, Quintana Roo, del entonces jefe del cártel de Juárez, Rafael Aguilar Guajardo, "ambas organizaciones criminales establecieron un pacto de no agresión y acordaron distribuirse la plaza, que ya para entonces era una de las principales rutas del narcotráfico internacional".

Y el reporte va aún mucho más allá:

Por parte del cártel de Juárez, la plaza del Caribe, concretamente Cancún, estaba en manos de un alto funcionario del gobierno, que incluso en la administración anterior (la del presidente Zedillo) ocupó un alto puesto. Luego, como premio por haberle salvado la vida en el atentando del restaurante Bali-Hai de la Ciudad de México, Amado Carrillo Fuentes (a) "El Señor de los Cielos" le dio el control de esa plaza a Ramón Alcides Magaña (a) "El Metro", quien hasta la fecha es jefe de esa organización en todo el sureste del país, teniendo a Cancún como centro de operaciones.

Y dice también:

(...) En 1996, el exagente de la Policía Judicial Federal Óscar Benjamín Garcia Dávila (a) "El Rambo" fue reclutado como agente encubierto del sistema de inteligencia militar con el propósito de investigar las actividades de Alcides Magaña en Quintana Roo, pero García Dávila, quien es nieto de un reconocido militar, el general Marcelino García Barragán, terminó siendo un aliado del narcotraficante, que le daba un millón de dólares al mes por brindarle protección, ya que García Dávila se desempeñaba como subdirector de la Policía Judicial del Estado.

Para luego revelar:

(...) Se ha podido comprobar que varios jefes de organizaciones criminales, como Alcides Magaña, Vicente Carrillo Fuentes y los hermanos Arellano Félix han contratado a militares desertores, en su mayoría elementos del Grupo Aerotransportado de Fuerzas Especiales (GAFES), que son el grupo más capacitado del Ejército Mexicano, mismos que les sirven como integrantes de sus equipos de seguridad...

1 de marzo de 2001

Resumen de la certificación antidrogas 2001

(Se cita como logro reducción cultivos coca Bolivia y Perú)

El Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR), publicado por el Departamento de Estado el 1 de marzo, menciona como logro importante en la campaña internacional contra las drogas el haber impedido la expansión del cultivo total de la coca andina.

Indica el informe que se estima que la producción de coca ha disminuido 70 por ciento en Bolivia y Perú. Sin embargo, la expansión del cultivo en Colombia compensa la disminución en las otras dos naciones. En la sección del informe titulada "Resumen", se evalúan de manera general los esfuerzos para controlar los narcóticos.

La alianza "narcopolítica" entre el comercio de drogas y organizaciones rivales que tratan de desestabilizar a Colombia "es probable que siga siendo el reto más importante que enfrentaremos en los próximos años", dice el informe. Esta asociación les da a los narcotraficantes la protección de las guerrillas para su comercio ilícito, y a los grupos insurgentes les da participación en las ganancias provenientes de las drogas para financiar y armar su movimiento contra el gobierno.

Las leyes de Estados Unidos exigen que cada año se evalúen los esfuerzos que realizan los países donde se producen drogas o que sirven de tránsito de las mismas y que reciben ayuda de Estados Unidos, para cumplir con las metas y objetivos de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988. El INCSR evalúa si los países han cooperado a cabalidad con Estados Unidos para lograr esas metas antinarcóticas o si han tomado medidas por cuenta propia con esos fines. Si no se certifica que un país busca esas metas concienzudamente, la mayor parte de la ayuda estadounidense se suspende, y Estados Unidos está obligado a votar contra otros tipos de ayuda de los bancos de desarrollo multilaterales a esa nación.

A continuación una traducción extraoficial del "Resumen" del informe INCSR:

(comienza el texto)

Resumen del 2000

Para los programas antidrogas internacionales de Estados Unidos, el 2000 fue un año de logros importantes y retos serios. La cooperación de largo plazo con nuestros aliados en el Hemisferio Occidental siguió dando fruto. Atacamos con éxito la ampliación de los cultivos de drogas, mejoramos los esfuerzos de interceptación, trabajamos para arrestar a los líderes de las organizaciones de tráfico de drogas y redujimos las oportunidades que tiene el comercio de la droga para lavar sus ganancias. Al mismo tiempo, les ofrecimos a nuestros socios ayuda de entrenamiento esencial para fortalecer sus sistemas judiciales y de ejecución de la ley, en tanto los ayudábamos a reducir el consumo de drogas en sus propios países.

El logro más notable del año fue impedir que el cultivo total de coca andina se expandiera significativamente. Seis años de interceptación aérea y fluvial, operaciones de erradicación y programas de desarrollo alternativo han alterado profundamente el mapa del cultivo de la coca en los Andes. Ha habido reducciones radicales en dos de los principales países de cultivo de coca, Perú y Bolivia. En una ocasión los dos primeros productores de coca en el mundo, ambos países vieron el cultivo caer en el 2000 a niveles sin precedentes. En 1995 Perú tenía 115.300 hectáreas y Bolivia 48.600 hectáreas cultivadas con coca. Cinco años después, las investigaciones del gobierno de Estados Unidos muestran 34.200 hectáreas en Perú y 14.600 en Bolivia, una baja de aproximadamente 70 por ciento en ambos países. Este es un logro extraordinario. Dadas las arraigadas tradiciones relacionadas con el consumo de la coca, que anteceden al descubrimiento de América en ambos países, y las intensas presiones de las organizaciones del tráfico para proteger sus cosechas enormemente lucrativas, tales reducciones representan progresos que pocos podían haber anticipado hace unos pocos años. Aun con un aumento del 11 por ciento de los cultivos en Colombia, el total de los cultivos de coca andina a fines del año se mantuvo esencialmente estable en 185.000 hectáreas, un aumento estadísticamente insignificante de menos del 2 por ciento sobre el total de 183.000 hectáreas del año anterior.

Fuera de nuestro hemisferio, un logro importante fue la eliminación virtual de la adormidera en Pakistán, que en fecha tan reciente como 1992 era el tercer proveedor mundial de opio ilícito. En la última década el cultivo de adormidera ha caído de 8.530 a 515 hectáreas. El gobierno de Pakistán ha demostrado liderato y voluntad política al erradicar el cultivo de adormidera en numerosas zonas remotas e inaccesibles. Estados Unidos ha colaborado estrechamente con Pakistán, de modo sostenido, para proveerle a la población local opciones reales, al invertir en carreteras y mejoras de la infraestructura en las zonas tradicionales de producción de opio.

La campaña de las principales organizaciones de la droga para extender el cultivo de coca en Colombia volvió a compensar las reducciones en Bolivia y Perú. Expertos del gobierno de Estados Unidos estiman que en el 2000 el cultivo de coca en Colombia aumentó 11 por ciento, para llegar a 136.200 hectáreas. Mucho del aumento ocurrió en la provincia de San José del Guaviare. Investigaciones del gobierno de Estados Unidos detectaron nuevos cultivos en los departamentos de Bolívar y Norte de Santander, zonas donde ejerce influencia el movimiento guerrillero del ELN, más pequeño que las FARC. El comercio de la droga parece tratar de cubrir sus apuestas dispersando el cultivo en rincones del país muy separados entre sí, para poner el máximo de tensión en los limitados recursos de erradicación del gobierno colombiano.

Las organizaciones colombianas de la droga no sólo han extendido el cultivo de la coca, sino que han llegado a niveles de eficiencia extraordinarios en la extracción de la cocaína de la hoja de coca. La labor en el terreno efectuada durante la Operación Avance Importante, un estudio interagencial sobre rendimientos que se ha venido haciendo durante cerca de una década, indica que en Colombia se cultivan variedades de coca de rendimiento superior. El estudio indica también que los operadores de laboratorios colombianos se han vuelto más eficientes en la elaboración de la base de cocaína a partir de la hoja de coca. Expertos del gobierno de Estados Unidos creen que esta relación de eficiencia mejorada les permitió a los refinadores colombianos producir en el 2000 alrededor de 580 toneladas métricas de cocaína.

Nos hemos enfrentado también a un nuevo tipo de reto. El comercio de la droga se ha convertido, en efecto, en el socio oculto de todos los partidos rivales que tratan de desestabilizar a Colombia. Esta alianza "narcopolítica" se ha desarrollado gradualmente en los últimos cinco años. Las organizaciones colombianas, al presenciar la vulnerabilidad del suministro de coca peruana y boliviana a las operaciones conjuntas de interceptación realizadas a fines de la década de los 90, decidieron trasladar la mayor parte del cultivo de coca al rincón sudoccidental de Colombia, zona controlada por las FARC, el grupo insurgente más antiguo del país. Las guerrillas han provisto protección a cambio de cobrar un precio. Las organizaciones del tráfico siguen cosechando enormes beneficios, sobre los que las FARC, al igual que sus enemigos, las unidades de autodefensa de la AUC, cobran "impuestos" para comprar armas y pertrechos de guerra. A medida que ha ido en aumento la lucha, que data de hace 37 años, los ingresos provenientes de la droga se han convertido en la sangre vital del conflicto armado, y todos los bandos están dispuestos a hacer enormes esfuerzos para proteger esta fuente de supervivencia económica. Hacer de las drogas ilícitas la principal fuente de financiamiento de la insurgencia ha aumentado lo que tienen en juego todas las partes interesadas. Ahora que el comercio de la droga es una parte orgánica del conflicto civil colombiano, el problema que encara la coalición antidroga será cómo reducir la oferta de drogas ilegales sin exacerbar conflictos locales que amenazan la estabilidad regional. Es probable que éste siga siendo el reto antidroga más importante que enfrentaremos en los próximos años.

En julio de 2000, Estados Unidos dio un paso importante para encarar este reto al aprobar legislación que proveyó un paquete de ayuda general por 1.300 millones de dólares en apoyo del "Plan Colombia" del gobierno colombiano. El paquete de ayuda estadounidense ayudará a Colombia a ocuparse de todos los retos que afronta -- sus esfuerzos para combatir el tráfico de drogas ilícitas, para ampliar el imperio del derecho, para proteger los derechos humanos, para expandir el desarrollo económico, para instaurar la reforma judicial y para promover la paz. Complementa los actuales programas antinarcóticos estadounidenses ya establecidos, que totalizan 330 millones de dólares. De acuerdo con el Plan Colombia, Estados Unidos apoyará la reforma del sector judicial y proyectos de desarrollo alternativo y proveerá equipo, adiestramiento y asistencia técnica a la policía y las fuerzas militares antinarcóticas de Colombia para aumentar su capacidad de erradicar los cultivos ilícitos de coca y adormidera y llevar a cabo operaciones de interceptación. El punto focal geográfico inicial está en el Departamento del Putumayo en el sur de Colombia, donde se cultiva la mayoría de las cosechas ilegales y donde opera el mayor número de grupos armados ilegales. Para oponerse a esta amenaza, el paquete de ayuda estadounidense provee para el adiestramiento y equipamiento de una Brigada Antinarcótica de 2.900 efectivos. El segundo batallón de la brigada completó su adiestramiento en diciembre del 2000 y, junto con el primero (que completó su adiestramiento en 1999) está ahora en condiciones de operar.

Encaramos diferentes obstáculos para limitar el cultivo de adormidera, fuente de la heroína. Al contrario de la coca, que actualmente se cultiva en sólo tres países andinos, es posible encontrar adormidera en casi todas las regiones del mundo. Como cultivo anual con hasta tres cosechas por año, la adormidera es mucho más difícil de eliminar, especialmente porque el 93 por ciento de la pasta de opio que se produce en el mundo se origina en Afganistán y Birmania, países en los que nuestra influencia es limitada. La adormidera que nos afecta más directamente, sin embargo, se cultiva en Colombia y México. Aunque ambos países sólo representan menos del 3 por ciento de la producción mundial estimada, la mayoría de la heroína que entra en Estados Unidos proviene de estos dos países, en los cuales ayudamos a los gobiernos en sus campañas de erradicación de la adormidera. Por lo tanto, los programas de erradicación en estos dos países pueden tener un impacto significativo en la corriente de heroína dirigida a Estados Unidos.

El gobierno de Estados Unidos estima que México ha erradicado, en efecto, 7.600 hectáreas de adormidera en el 2000. Si se incluye en el cálculo la devastación causada por una sequía, la cosecha total a fin de año fue de sólo 1.900 hectáreas de adormidera. Este es el nivel más bajo registrado en México desde que se pusieron en práctica en 1986 encuestas precisas. La cosecha mexicana podría haber producido un estimado de 2,5 toneladas de heroína. Como resultado, en el 2000 el mercado estadounidense dispuso de cerca de dos toneladas menos de heroína que en 1999. En Colombia, la Policía Nacional estima que las operaciones aéreas erradicaron en el 2000 9.254 hectáreas de adormidera. Los totales finales de cultivo de opio no estaban disponibles al momento de esta publicación.

Hemos continuado trabajando efectivamente en el sudeste y el sudoeste de Asia, que anteriormente eran los productores prioritarios de la heroína que afectaba Estados Unidos, para eliminar cultivos en Tailandia, Laos y Pakistán. Debido a la situación política allí, no trabajamos directamente con Birmania, el segundo productor mundial de opio. Sin embargo, apoyamos un pequeño Programa de las Naciones Unidas para el Control de las Drogas y hemos apoyado esfuerzos regionales de ejecución de la ley para refrenar la salida de opio y heroína de Birmania. El gobierno de Estados Unidos ha apoyado y alentado con firmeza la cooperación antinarcótica dirigida contra los productores y traficantes birmanos en Tailandia, China y otros países de ASEAN. La producción birmana está en su nivel más bajo en años y se ha mantenido firmemente en ese nivel durante los últimos tres años. Tailandia ha seguido operando uno de los programas de erradicación y sustitución de cultivos más exitosos del mundo. Este año las fuerzas dedicadas a la erradicación destruyeron 758 hectáreas de adormidera, dejando por segundo año consecutivo una cosecha considerablemente menor de 1.000 hectáreas.

Como ocurre en Tailandia, la producción de opio en Pakistán sigue disminuyendo, pero el vecino Afganistán continúa siendo el mayor productor del mundo. Aunque la situación política en Pakistán también impide la acción directa, hemos trabajado con vecinos de la región, inclusive el Grupo Seis Más Dos, para presionar a las autoridades de Afganistán para que reduzcan el comercio. Informes preliminares indican que el liderato talibán en Afganistán puede haber establecido una prohibición, en apariencia efectiva, de la producción en la temporada de cultivo 2000-2001. Sin embargo, otros informes indican que hay un inventario suficiente de años anteriores, como para cubrir fácilmente la demanda. Es vital mantener la presión en estas regiones, aun cuando ellas produzcan sólo una pequeña porción del consumo estadounidense en este momento, porque los traficantes volverán a estas fuentes si son eliminadas las de Colombia y México.