Narcotráfico en Colombia

Droga. Cocaína. Plan Colombia. Hoja de Coca. Antinarcotráfico

  • Enviado por: Mahio
  • Idioma: castellano
  • País: Colombia Colombia
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SUCESOS DEL NARCOTRÁFICO EN COLOMBIA DESDE 1994

El 7 de junio del año pasado las más importantes organizaciones sociales y de Derechos Humanos de Colombia, realizaron una jornada de reflexión sobre el Plan Colombia. Por considerarlas necesarias para el país; entre las temáticas se encuentra al siguiente ponencia: Aura Maria Puyana, nar-cotrafico y cultivos ilícitos.

En el Plan existen las ideas de que el problema central del conflicto armado en Colombia es el narcotráfico, de que la negociación con la insurgencia solo avanzara si se la golpea y debilita militarmente y de que derrotando a la guerrilla se derrota también al narcotráfico.

Si la comunidad internacional quiere ayudar al proceso de paz en Colombia y a la erradicación de los cultivos ilícitos, hay que pensar en una estrategia para la sustitución de los cultivos que le ayuden a Colombia tanto socialmente como económicamente.

también se habla de un fortalecimiento de la justicia colombiana, encaminado a investigar, procesar, y condenar a los narcotraficantes y otros delincuentes, por medio de un sistema acusatorio. Se entiende como: que le Estado se ha fortalecido para perseguir a los narcotraficantes y delincuentes; y para proteger a los funcionarios judiciales.

OBSESION ANTINARCOTICOS DEL PLAN WASHINGTON

Una de las criticas hechas al Plan Colombia es la existencia de varias versiones (el senador liberal Amilkar Acosta llego a afirmar que eran cinco), pero hay que aclarar que en realidad solo existen dos:

El primero es el Plan Puerto Wilches, que se lanzo en este puerto del Magdalena en septiembre de 1998, que responde a las negociaciones entre el gobierno y las FARC en un momento determinado; esta versión se aprobó como la ley 508 del 98, la cual fue desdibujada por el nuevo Plan Colombia que podría llamarse como el Plan Washington.

El segundo es el Plan Colombia para la Paz, la Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado, fue elaborado entre junio y septiembre de 1999 y responde a una presión de los Estados Unidos por implementar una estrategia militar antinarcóticos y contrainsurgente en escenarios fundamentalmente de la Amazonía, donde se ubica la mayor producción de cultivos ilícitos y los espacios histórico y de retaguardia militar de las FARC.

La versión Puerto Wilches tiene como columna vertebral la paz, busca eliminar las causas subjetivas y objetivas de la violencia, es decir, la exclusión económica y la exclusión política y social. La inversión social y la negociación política del conflicto armado son sus elementos principales.

Por ultimo se hace un clara división entre narcotráfico y conflicto armado, entre mafia y fuerzas insurgentes.

Frente al problema de los cultivos ilícitos en la versión Puerto Wilches, Pastrana plantea dos elementos que rompen con la política desarrollada por Cesar Gaviria y Ernesto Samper. En primer lugar, plantea el desarrollo alternativo como una prioridad y no como un componente colateral de la estrategia colateral de la fumigación y, en segundo lugar, señala la posibilidad de una erradicación no contaminante.

La versión Washington plantea que los problemas de Colombia son producto de cuatro actores criminales que impiden el crecimiento económico, generan violencia y desestabilizan las instituciones: narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares y delincuencia común organizada.

El Plan Washington tiene pues como espina dorsal la estrategia antinarcóticos: US$ 4.810 millones, el 63%, esta dedicado al Batallón antinarcóticos y a los programas de interdicción aérea y marítima. Y de los US$ 1.574 millones que se tramitan en el congreso estadounidense, US$ 1.337 millones equivalen al componente militar, el 84.9%. Con el resto se pretende contrarrestar los efectos de la guerra, que es algo muy distinto a pensar en desarrollo social.

En este contexto, el gobierno de Pastrana anula todo su discurso inicial y cada vez encuentra mayores dificultades para estar en la mesa con un discurso de concertación con la insurgencia y por el otro lado, de implementación del Plan Colombia que lo contradice abiertamente.

Los narcocultivos se han extendido en todo el territorio nacional particularmente en las zonas de mayor valor ambiental y ecológico, y han sido explotadas, entre otros fines, como medio de financiación de los grupos armados; combatirlos en una sola región podría significar el fortalecimiento en otras zonas, antes que la erradicación del problema.

VIERNES 09 DE MARZO DE 2001

El embajador salteño, Juan Carlos Romero y su colega tucumano Julio Miranda le solicitaron ayer al embajador de Estados Unidos, James Walsh, que su país diseñe (salvando las distancias) una suerte de "Plan Argentina" contra el narcotráfico.

Los gobernadores le advirtieron a Walsh que, precisamente, la implementación del llamado Plan Colombia en ese país habría causado el traslado de parte de esas actividades ilegales al sur del continente.

El Plan Colombia es un programa que cuenta con 7.500 millones de dólares (Estados Unidos aportó 1.300 millones) para erradicar cultivos ilícitos y combatir a los narcos. El plan incluye helicópteros norteamericanos y entrenamiento a batallones especializados en la zona.

Por lo pronto, según contó el propio Romero, Walsh se comprometió a evaluar la creación de un programa de cooperación para el control del narcotráfico en la frontera.

Y para eso, les aseguró a los gobernadores durante la reunión que antes de mayo visitará Salta, Tucumán y Jujuy. El gobernador, Eduardo Fellner, era el cuarto participante del encuentro, pero finalmente decidió quedarse en su provincia para resolver cuestiones más urgentes.

Apenas se sentó frente al representante norteamericano, Romero habló sin rodeos. Dijo que "existe temor" entre los mandatarios norteños ante la posibilidad cierta de que "los narcotraficantes que estén escapando del control norteamericano avancen sobre la región". Siempre con dirección al sur del continente.

El gobernador le entregó además al embajador un documento con color de advertencia. En el texto se asegura que "la militarización del suelo colombiano produce el traslado de las llamadas cocinas (centros de producción) al sur del continente y, en este punto, Salta y Jujuy son provincias sumamente involucradas".

El documento incluso plantea que "la crisis reinante en Tartagal y Mosconi por los continuos cortes de ruta plantean un escenario que tácticamente se podría denominar zona liberada".

Es en este punto en donde verbalmente, los gobernadores culparon al gobierno nacional, y especialmente a las fuerzas de la Gendarmería, de no ocuparse del control de las fronteras intensamente, por vigilar estas dos localidades conflictivas.

De hecho, el mandatario salteño advirtió que los cortes de ruta, que "comenzaron como una necesidad de los desocupados y que ahora se transformaron en activismo político pago, distraen a las fuerzas que deben controlar la zona norte del país".

Romero le contó al embajador que hace tres semanas mantuvo una reunión con el ministro del Interior, Federico Storani, y con responsables de las fuerzas de seguridad precisamente para pedirles que se intensifiquen los controles en la frontera con Bolivia. Pero, según el gobernador, no habría tenido demasiado éxito.

"Además, el contrabando de bienes y el aumento de la mano de obra golondrina produce el menoscabo de la recaudación tributaria provincial", aseguró Romero en otro de los párrafos de la solicitud de cooperación a Estados Unidos.

La sola posibilidad de que los Estados Unidos intervengan para combatir el narcotráfico en la Argentina eriza la piel de los políticos de la Alianza, que desde un primer momento se mantuvieron distantes del Plan Colombia por considerarlo una intromisión de Washington en un país de la región.

Claro que a los gobernadores justicialistas el dato los tiene sin cuidado.

Por lo pronto, los mandatarios regresaron ayer a sus provincias con la doble promesa de Walsh: visitará la zona y además estudiará la manera de ayudar a combatir un flagelo creciente.

LOS EFECTOS DEL PLAN COLOMBIA: LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO

Con un considerable entrenamiento y financiamiento de los Estados Unidos, el ejército de Colombia se lanzó en un agresivo ataque por aire y tierra contra las plantaciones de coca en el país, y asegura que destruyó un cuarto de los cultivos en las últimas seis semanas. Pero la erradicación aérea tiene su precio.

Los campesinos en el Valle de Guamuez en el noroeste de la provincia de Putumayo, una franja de tierra que contiene la mayor concentración de coca, se han quejado de que los cultivos legales como las bananas y la yuca quedaron destruidos igual que la coca. Y eso no es todo. Se quejaron además de sufrir vómitos y urticarias.

Los campesinos, que viven en la pobreza y en ocasiones terminan atrapados en el fuego cruzado de rebeldes y paramilitares, se cultivaron la coca para ganarse la vida.

"Tengo la evidencia para mostrar que no fueron solo los cultivadores de coca los que sufrieron", denunció Car los Alberto Palacios, secretario de Desarrollo Humano en la ciudad de La Hormiga. "Creemos que la gente va a terminar hambrienta", siguió Palacios, un experto en el comercio de coca. "Fumigaron todo, campos y plantaciones de banana, de yuca y todo lo que la gente necesita para vivir", tronó.

El Departamento de Salud de Putumayo en tanto, recibe otro tipo de denuncias, no menos preocupantes, por parte de campesinos cuyas tierras fueron fumigadas.

Nancy Sánchez, quien se encarga de recibir los testimonios en la sección de derechos humanos, explicó: "Hay quejas sobre intoxicación, diarrea, vómitos, urticarias, ojos rojos y dolores de cabeza". Y agregó: "Entre los niños, sobre todo, se evidencian otras reacciones alérgicas en la piel".

La funcionaria aseguró que las declaraciones serán presentadas a médicos que estudian los efectos secundarios de la defoliación, así como al gobierno colombiano. Pero los funcionarios norteamericanos no están de acuerdo con esos informes. Insisten que numerosas pruebas con glifosato (un químico que se encuentra en varios pesticidas) han demostrado que la sustancia no causa daño en los humanos ni en los animales.

Sin embargo, las indicaciones sobre el uso de productos con glifosato en los Estados Unidos advierten a los usuarios "no utilizar este producto de ninguna manera que entre en contacto con personas, directamente o a través de su dispersión".

Aviones preparados para volar casi al ras, equipados con fumigadores y protegidos por batallones de elite desde tierra, ya cubrieron con ese veneno cuatro regiones de las provincias colombianas de Caquetá y Putumayo. Lanzaron herbicidas a lo largo y ancho de 30.000 hectáreas, según informes militares. Se considera que en ambas provincias se producen tres cuartos de la coca colombiana.

La lucha contra estos cultivos no es nuevo. Hace diez años que se combate a las plantaciones. Pero por primera vez, el esfuerzo es realmente serio. Y se supone que es la piedra central del Plan Colombia del presidente Andrés Pastrana. Una operación multimillonaria para terminar con al menos la mitad de las plantaciones de coca para el 2005 y con ella una fuente de financiación para la guerrilla.

Para reducir el suministro de drogas, EE.UU. pondrá 1.300 millones de dólares para apoyar el Plan Colombia, en helicópteros de transporte y entrenamiento de los soldados dedicados a la lucha antinarcóticos. Su papel es proteger a los aviones fumigadores y destruir los laboratorios donde se procesa la pasta básica de coca.

En un vuelo de media hora en helicóptero con el general colombiano Mario Montoya sobre lo que alguna vez fue la región productora de coca más rica de Colombia, campos que alguna vez fueron verdes, aparecen ahora pálidos y marrones, con la vegetación arrasada en varios kilómetros a la redonda.

Los techos de lata de las casillas de los campesinos sobresalen en el paisaje, brillan con el sol en medio de un mar pardusco. Los números que manejan los militares muestran que 20.551 hectáreas de coca han sido erradicados en ese área, un triángulo que comprende las ciudades de La Hormiga, San Miguel y Puerto Asís. "Es la única manera", meditó el general, mientras miraba el campo devastado desde la ventanilla del helicóptero. "No tenemos otra manera", se excusó.

El general Montoya, que está a cargo de la erradicación, asegura que 110.000 hectáreas en las dos provincias estaban dedicadas a la coca antes de que comenzara la fumigación el 19 de diciembre, una cifra mucho más grande de lo que se estimaba en enero.

Funcionarios norteamericanos, que proveen a las autoridades colombianas con mapas satelitales que ayudan a detectar los campos de coca, confirman lo que dice Montoya. También indican que la fumigación con glifosato es efectiva en al menos el 90% de los casos (cuando se lo usa por primera vez), arrasando los campos en semanas. Montoya explicó que, una vez que se fumiga, lleva 3 meses volver a plantar.

El gobierno colombiano se justifica al señalar que los campesinos cuyas tierras fueron fumigadas habían tenido oportunidad para firmar acuerdos para evitar la erradicación desde el aire.

Eduardo Gamarra, un experto en el comercio de coca de la Universidad Internacional de Florida, en Miami, indicó que el daño a las plantaciones de coca "tiene serias implicaciones ambientales". Palacios, el experto en comercio de coca, no niega que los campesinos hayan cultivado hoja de coca. Pero aclara que también cultivaban un conjunto de productos legales, además de criar ganado. La defoliación, asegura, obligó a muchos campesinos a dejar sus casas.

Los esfuerzos han sido rápidos, dice Montoya, pero no fáciles. Debido a la presencia de rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el ejército debe introducir en la región soldados de dos batallones entrenados por norteamericanos antes de fumigar desde los aviones OVZ-10 y T-65. Los soldados luego se duchan para sacarse todo rastro de herbicida.

COLOMBIA: UN ERROR REPETIDO

El tema de la fumigación de cultivos ilícitos ha estado en el centro de la estrategia internacional antidrogas de los Estados Unidos por lustros y es un componente esencial del denominado Plan Colombia que ha comenzado a ejecutarse en enero. Para comprender este hecho es importante aclarar dos aspectos básicos: la base conceptual en la que se fundamenta la estrategia de Washington a favor de la erradicación química de plantaciones ilegales en Colombia y los resultados que hasta hoy ha tenido esa política.

Para responder el primer punto es preciso detenernos en la racionalidad, y no en la retórica, de los Estados Unidos. En este tema Washington se orienta por cuatro supuestos: primero, asume que la demanda depende de la oferta, por lo tanto, busca reprimir los centros de cultivo, producción, procesamiento y tráfico de narcóticos. Segundo, asume que un tratamiento punitivo en los polos de provisión de drogas es más efectivo en términos de efectos (metas y logros) y de recursos (asistencia y presupuesto). Para el balance costo / beneficio de Washington resulta más ventajoso concentrar los esfuerzos antinarcóticos en los núcleos de oferta. Tercero, asume que los efectos de una mayor erradicación de cultivos ilícitos serán múltiples para los países productores. Entre otros, subraya la reducción del precio del cultivo ilícito en las zonas de producción, la disminución del poder de los traficantes, y la contención de la violencia generada por el narcotráfico. Y cuarto, asume que los efectos de una mayor erradicación de cultivos ilícitos serán de tres tipos para los países consumidores: menor disponibilidad, mayor precio y menor potencial de pureza de las drogas.

Con base en estos supuestos es pertinente evaluar entonces los resultados de la política basada en esta racionalidad. En ese sentido cabe señalar que Colombia experimentó la fumigación de cultivos ilícitos con paraquat a finales de la administración del presidente Julio César Turbay (1978-1982). Colombia aceleró la fumigación masiva durante la administración del presidente Belisario Betancur (1982-1986), aplicando el glifosato para la marihuana y usando el garlon-4 para la coca. Colombia continuó la erradicación química y forzada de marihuana y coca durante la administración del presidente Virgilio Barco (1986-1990). Colombia reforzó la fumigación de marihuana y coca e inició la destrucción con glifosato de la amapola durante la administración del presidente César Gaviria (1990-1994). Colombia batió todos las marcas históricas nacionales e internacionales en materia de erradicación química y manual de cultivos ilícitos durante la administración del presidente Ernesto Samper (1994-1998) y ensayó herbicidas más tóxicos como el imazapyr y el tebuthiuron. Sólo en 1998, el gobierno Samper (hasta agosto) y la administración del presidente Andrés Pastrana (1998-2002) fumigaron 66.083 hectáreas de coca y 2.931 hectáreas de amapola, y destruyeron de modo manual 3.126 hectáreas de coca, 181 hectáreas de amapola y 18 hectáreas de marihuana. El actual gobierno destruyó aproximadamente 90.000 hectáreas de coca en 1999 y 2000. Finalmente, desde 2000 Washington ha venido presionando a Bogotá para aplicar un peligroso hongo, el fusarium oxysporum, en el proceso de erradicación forzosa en Colombia.


Sin efectos

A pesar de estos esfuerzos, los efectos de la represión química de los cultivos ilícitos han sido insignificantes en Colombia y en Estados Unidos. En efecto; en 1981 Colombia tenía 25.000 hectáreas plantadas de marihuana y coca. En 2001, según la CIA, hay 120.000 hectáreas cultivadas, sólo de coca. En 1990 la producción de heroína era insignificante; en 1996 el país ya producía 63 toneladas métricas, y hoy Colombia ha superado a México como principal abastecedor hemisférico de heroína. Mientras en 1998 la producción colombiana de cocaína fue de 435 toneladas métricas, en 1999 alcanzaba las 520 toneladas métricas. En los ochenta, Colombia tenía una clase criminal emergente; hoy vive las consecuencias de una narcocriminalidad acaudalada, violenta y desafiante.

A esta situación se agregan las cifras del mercado estadounidense. En 1981, el precio por gramo de la cocaína era US$ 191 y la pureza de 40%, mientras en 1999 el precio era US$ 44 y la pureza de 70%. En 1981, el precio por gramo de heroína era US$ 1.200 y la pureza de 5%, mientras en 1999 el precio era US$ 318 y la pureza de 25%. En 2000, se consiguieron en Estados Unidos más drogas, de mejor calidad y a menor precio.


En términos de demanda, la situación en EE.UU. no ha mostrado avances definitivos ya que aún hay casi 14 millones de consumidores. La tasa de crecimiento de los consumidores jóvenes de cocaína muestra un alza alarmante desde 1997. Y el consumo de marihuana entre los jóvenes, que había bajado a finales de los 80, se incrementó notablemente entre 1992-95 y continúa alto en la actualidad.

En forma concomitante, en 1990 el total de arrestos vinculados al fenómeno de las drogas (consumo, venta, distribución, manufactura) fue de 1.089.500, mientras que en 1996 creció a 1.128.647. En 1990, el total de prisioneros federales encarcelados por delitos ligados al fenómeno de los narcóticos fue de 53.5%, mientras en 1995 se elevó a 59.9%. Hoy EE.UU. tiene, en comparación con los países más industrializados del mundo, la mayor población de personas encarceladas por delitos relacionados con el fenómeno de las drogas.

En síntesis, Colombia ya fumigó suficientemente su territorio con sustancias nocivas para la salud de su población y la preservación de su medio ambiente, mientras la demanda de drogas de los ciudadanos en Estados Unidos sigue en auge. Una nueva erradicación química promete ser más de lo mismo: una victoria pírrica que no resuelve la esencia del negocio de las drogas. Las consecuencias serán también las mismas; los costos más altos de la prohibición los seguirán pagando los colombianos y los dividendos de la lucrativa empresa seguirán lavándose en los bancos de Estados Unidos, el Caribe, Suiza, Mónaco y Argentina, entre otros.

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Las Fuerzas Militares de Colombia han efectuado una constante y efectiva labor en la lucha contra el narcotráfico considerado un flagelo internacional. En noviembre de 1999 fue creada por el  Ejército Nacional la  Unidad Élite para combatir el Narcotráfico.

Las Fuerzas Militares de Colombia dentro de su política de guerra total contra el tráfico de drogas en nuestro territorio, ha venido desarrollando una efectiva
labor que se refleja en las cifras que hasta la fecha se han conseguido. El siguiente recuadro presenta las cifras que lo demuestran.

Detalle

Enero 2001

Droga incautada (Kls.)

237

Droga en Proceso (Gls)

831

Hoja de coca. (Kls)

22.954

Insumos sólidos (Kls)

39.579

Insumos Líquidos (Gls.)

24.303

Laboratorios destruidos

32

Cultivos erradicados.
(Hectáreas)

115

Abatidos en combate

1

Capturas

64

Armas incautadas

9

Munición incautada

108

Equipo de comunicaciones incautado

6

Vehículos incautados

11

Embarcaciones incautadas

1

Aeronaves

3

ALGUNAS CIFRAS IMPORTANTES: Se han desarrollado 72 operaciones en contra del narcotráfico en nuestro país entre las cuales se destaca la "Operación Decamerón" adelantada por la Brigada contra el Narcotráfico en el departamento del Putumayo, donde fueron destruidos 20 laboratorios para el procesamiento de alcaloides. Incautadas 34 kilos de base de coca 50 galones de base de coca en proceso, 16 toneladas de hoja de coca y gran cantidad de insumos. En esta operación fue abatido un narcosubversivo, capturados 12 más e incautadas 5 armas de diferente calibre, 1 lanzacohetes, 60 granadas y 4 vehículos.

Es importante destacar, que todos estos resultados han evitado que grandes cantidades de droga lleguen a las calles de países afectados por el flagelo del narcotráfico.

Declaraciones dadas por el Comandante General de Las Fuerzas Militares de Colombia,  General Fernando Tapias Stahelin.

El país no puede seguir ajeno ante los actos de barbarie en los que los “niños de Colombia” padecen de abuso tanto físico como psicológico en  aras de una lucha que está cobrando la vida del futuro de Colombia : el de  sus niños y niñas.

“ Esto es un salvajismo, que en las peores masacres de África no se había visto, esto es responsabilidad de Marulanda, de Jojoy y de todos los miembros del secretariado de las FARC. Están acabando con los niños de Colombia….el país tiene que reaccionar, el mundo tiene que reaccionar, no se puede impunemente seguir asesinando a todos los niños del país. Quiero esperar para escuchar las voces de las Organizaciones de DD.HH, a ver si no se manifiestan  contra esta infamia, quiero invitarlos a que vayan a Bucaramanga a ver estos niños, como han sido engañados y como han sido inducidos a lanzarse con unas armas a la muerte, protegiendo a unos delincuentes que viven del narcotráfico”.

BIBLIOGRAFÍA:

http://www.terra.es/personal/santiaja/julio_actual.txt

http://gosouthamerica.about.com/travel/gosouthamerica/cs/coldrugs/index.htm

http://searchpartners.about.com/texis/metaresults?terms=narcotrafico+en+colombia

http://www.ciponline.org/colombia/aid/012601.htm

http://www.soros.org/lindesmith/library/tlcblvia.html