Medidas cautelares patrimoniales

Derecho Procesal español. Aprehensión cosas y bienes. Depósito. Fianza. Embargo. Ocupación. Pensión provisional

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TEMA 14

LAS MEDIDAS CAUTELARES PATRIMONIALES

1. LAS MEDIDAS DE CARÁCTER REAL:

A. PLANTEAMIENTO:

Además de las medidas “penales”, la LECr da poderes al órgano judicial instructor para que lleve a cabo una serie de medidas tendentes a asegurar:

      • de una parte, el cuerpo del delito

      • y de otra parte, las posibles responsabilidades civiles derivadas de la comisión de los hechos delictivos,

      • así como la devolución a sus propietarios de las cosas objeto de delito.

Las llamamos MEDIDAS PATRIMONIALES O REALES porque recaen sobre bienes muebles o inmuebles.

2. MEDIDAS TENDENTES A LA CONSERVACIÓN DE LAS COSAS RELACIONADAS CON EL DELITO:

A. OBJETO DE LAS MISMAS. FUNCIÓN Y NATURALEZA:

Este tipo de medidas puede recaer sobre todas las cosas que tengan relación con el delito, se encuentren donde se encuentren; basta con que tengan relación con el delito o que en el momento el instructor estime que tienen relación con los hechos delictivos.

Su función no es sino la de conservar las cosas en su estado inicial para que puedan ser apreciadas en su justa medida por el órgano judicial competente para el conocimiento y fallo. No son verdaderas medidas cautelares, que tienden a posibilitar la ejecución de la sentencia de condena, sino que son simplemente medidas de aseguramiento y conservación de bienes y cosas que deberán ser apreciadas por el tribunal con posterioridad: son medidas de aseguramiento de la prueba en fase oral.

Su adopción comporta restricciones en lo que se refiere a la posesión y al poder de disposición de las mismas. La LECr impide al poseedor o al titular de las cosas o bienes el ejercicio de cualquier acción tendente a recobrar la posesión o la disposición de las cosas.

B. CLASES DE MEDIDAS:

La ley clasifica estas medidas de acuerdo con la FINALIDAD y FUNCIÓN que con ellas pretende conseguir. De acuerdo con esto, distinguimos entre:

a) Aprehensión de cosas y bienes:

Esto es el modo de hacer posible el posterior depósito de las cosas que hay que asegurar. En definitiva, la aprehensión de cosas posibilita la selección de aquellas que podrán tener, tras un estudio más sosegado, relación con el delito.

La aprehensión de cosas no necesita acto procesal concreto en forma de resolución judicial; es un acto de COERCIÓN DIRECTA que se lleva a cabo por el juez con motivo de la inspección del lugar del delito o de la entrada de lugares privados o públicos, o por cualquier miembro de la policía judicial.

La aprehensión de bienes se documenta en DILIGENCIA en la que se expresará el lugar, tiempo, forma en que se encuentre y descripción de las mismas.

El secuestro de cosas muebles que se regula en el Art. 786, 2º. A) no es secuestro en sentido técnico jurídico, puesto que en la realidad no es sino una aprehensión de cosas y bienes para posibilitar posteriormente el depósito de cosas que pueden tener influencia en la fase probatoria.

El depósito posterior no es tampoco un secuestro, puesto que éste hace referencia al aseguramiento de bienes litigiosos (Art. 1785 CC), y en el caso que estudiamos no hay bien litigioso alguno, sino plasmación de la prueba de unos hechos que posteriormente serán juzgados por el órgano judicial penal.

La intervención del vehículo regulada en el Art. 785.8º, como medida que puede acordar el Juez de Instrucción y en el Art. 786.2º. c) como medida que pueda adoptar igualmente la policía judicial (sin necesidad de resolución judicial previa) es un claro ejemplo de aprehensión de un bien mueble que se practica con un fin meramente cautelar o que solo tiene como finalidad practicar alguna diligencia sumarial probatoria sobre él.

La retención del permiso de circulación y de conducción es igualmente una medida que tiende a posibilitar la prueba sobre el vehículo, pues facilita su paralización y puesta a disposición del juzgado.

b) Depósito:

Sólo los bienes o cosas que el juez instructor estime de importancia probatoria se someterán al depósito judicial; las demás cosas aprehendidas serán devueltas.

El depósito se acuerda por medio de PROVIDENCIA que decidirá si se constituye en el juzgado o se envía al organismo adecuado, según la naturaleza de las cosas depositadas.

El depósito puede implicar la destrucción de la mayor parte de las cosas aprehendidas si se dejan muestras suficientes, siempre que el almacenamiento comporte peligro o cuando la naturaleza de las cosas aprehendidas y depositadas lo exigiere.

En caso de aprehensión y depósito de ropas y pertinencias de cadáveres, las medidas se adaptan con el fin de obtener el posterior reconocimiento de la víctima y no con el de asegurar la prueba.

3. MEDIDAS PARA ASEGURAR LAS RESPONSABILIDADES PECUNIARIAS QUE PUEDAN DECLARARSE EN EL PROCESO PENAL:

A. PLANTEAMIENTO:

Vamos a estudiar aquellas medidas que tienden al aseguramiento de la llamada responsabilidad civil que, conforme al Art. 10 CP, comprende:

  • la restitución de la cosa

  • la indemnización del perjuicio

  • y la reparación del daño.

Estos tres aspectos serán objeto de estudio de las normas de los títulos IX y X del Libro II de la LECr.

Pero, además, estas medidas sirven al aseguramiento del pago de las costas judiciales. Entre estas responsabilidades pecuniarias, según el Art. 126 CP, está no sólo la llamada responsabilidad civil “ex delicto” sino también la condena en costas.

El Art. 245 LECr establece que las costas se harán efectivas por la vía de apremio con los bienes de los que hubieran sido condenados a su pago.

B. NATURALEZA JURÍDICA:

Las fianzas y los embargos regulados en los títulos IX y X del Libro II son medidas cautelares civiles con determinadas especialidades, derivadas de las características de la acción civil, acumulada al proceso penal, de la especial tutela de la víctima y del futuro fallo civil, al que tienden a asegurar.

El Ministerio Fiscal tiene la obligación “ex” Arts. 108 y 781 de ejercitar la acción civil en sustitución del perjudicado. Por esta razón, y porque hay que tutelar los intereses del perjudicado, quien puede no haber comparecido en la causa, el Art. 589, en consonancia con lo dispuesto en el Art. 299 “in fine”, obliga al Juez a abrir de oficio la pieza de responsabilidad civil y, una vez previstos los daños y perjuicios que pudiera haber ocasionado la comisión del delito, a ordenar, asimismo de oficio, al imputado que preste fianza bastante para asegurarlos con la conminación de decretar el embargo.

Salvo esta especialidad, la LEC es siempre de aplicación supletoria de las fianzas y embargos, por lo que al igual como acontece con la responsabilidad de terceros que el Art. 615 requiere la “instancia del actor civil” han de estar informadas por el principio dispositivo y de congruencia civil.

Si el perjudicado renunciara a la acción civil debe clausurarse esta pieza de responsabilidad civil, cancelándose las medidas acordadas y, por las mismas, una vez adoptadas y una vez comparecido el perjudicado, debe el Juez recabar la voluntad de los perjudicados en orden a su mantenimiento o modificación, sin que pueda sustentarse una determinada medida cautelar real con la oposición de los únicos titulares originarios de la acción civil, cuales son los perjudicados y no el MF.

C. PRESUPUESTOS:

La adopción de medidas cautelares reales se produce cuando:

  • Existen “indicios racionales de criminalidad” contra una determinada persona. Esto viene a ser en el proceso penal lo que en el proceso cautelar civil es el requisito de la “apariencia de derecho”. Sólo si existen indicios racionales de criminalidad referentes a una determinada persona, existe una “apariencia de derecho” a la indemnización o reparación civil.

  • Que no se haya renunciado a la acción civil o se haya reservado su ejercicio para posterior proceso civil.

  • Además de las circunstancias anteriores, la ley exige la instancia de parte (Art. 615). Esto se debe a que el derecho a la indemnización no surge sólo del hecho delictivo sino también de la relación o situación jurídica de tipo civil o administrativo que une al acusado con el responsable subsidiario.

    Este dº no es automático en su reconocimiento; por el contrario depende de una declaración posterior, supuesta la responsabilidad penal del acusado, que afecta a terceras personas y que implica el reconocimiento judicial de relaciones o situaciones jurídicas.

    D. SUJETOS PASIVOS DE LAS MEDIDAS:

    La medida la sufre, o se acuerda contra, la persona que conforme al CP puede ser condenado como responsable civil “ex delicto”. Esto quiere decir que no sólo puede dirigirse contra el responsable penal, sino que también pude dirigirse

    • contra aquellos terceros que de acuerdo con el CP sean responsables civiles de los hechos criminosos de otras personas,

    • así como contra los que se hayan lucrado de los efectos del delito.

    E. OBJETO DE LA MEDIDA:

    El OBJETO consiste en el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias que pueden derivarse del delito. Así, la medida tiende a asegurar el montante o cuantía aproximada de la misma. Esa cantidad la fija el juez instructor en el auto donde se acuerdan, debiéndose cubrir al menos la tercera parte más de todo el importe probable de las responsabilidades pecuniarias.

    El problema que se plantea es saber si:

    • esa es la cantidad mínima que se puede exigir a cada uno de los responsables civiles conjuntamente,

    • o si el juez instructor debe exigir a cada uno de los responsables según la cuota de responsabilidad que correspondería en caso de condena.

    Parece lógico pensar que si el CP establece el pago por cuotas, al distribuir la responsabilidad de esa manera, que incluso puede ser solidaria, el aseguramiento se preste y se exija a cada uno de los posibles responsables conforme a su posible responsabilidad civil.

    Siendo la cantidad fijada por el juez aproximada, nada impide que a lo largo del proceso se pueda aumentar o disminuir la cuantía de la medida de aseguramiento, según aumente o disminuya la apreciación de lo que serán las responsabilidades civiles.

    F. CLASES:

    a) La fianza:

    Es una medida de aseguramiento directo que busca la disponibilidad de metálico de forma inmediata o a través de la afección de bienes muebles o inmuebles de fácil realización de valor conocido.

    Esta medida está pensada para evitar el embargo, de ahí que se le conceda un periodo muy corto de realización: 24 horas. (ART. 597 LECr).

    La fianza puede prestarse:

    • directamente por el obligado a ello

    • o por tercera persona en su nombre,

    en cualquiera de las formas que admite la ley: pignoraticia o hipotecaria.

    La llamada fianza personal es la forma de denominar a la fianza, sea pignoraticia o hipotecaria, cuando es prestada por tercera persona.

    En el Procedimiento Abreviado (PA) se permite que las fianzas se constituyan por medio de garantía bancaria o de aval de la entidad que tenga asegurada la responsabilidad civil de la persona contra la que se dirija la medida.

    Cuando la Ley habla de fianza pignoraticia, lo hace en términos amplios, pues incluye en ella no sólo los efectos, títulos, o muebles en general, sino particularmente el dinero.

    La fianza pignoraticia se constituye ante el Juzgado, al igual que la hipotecaria, aunque en este caso la ley permite que se haga en escritura pública. Si la fianza hipotecaria se constituye “apud acta”, el juez librará un mandamiento al registrador para su inscripción en el registro correspondiente.

    La prestación de cualquier tipo de fianza exige la calificación (por medio de auto) de suficiencia por el juez. Para ello se precisa una valoración de los bienes pignorados y de los hipotecados, cosa que harán dos peritos nombrados por el juez. Además esta valoración se complementa con un examen de los títulos que lleva a cabo siempre el Mtrio. Fiscal. El auto calificando la suficiencia es recurrible en apelación.

    La fianza personal puede prestarla todo español de buena conducta, con domicilio en España, en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos que pueda hacer frente de forma evidente a las responsabilidades a que se compromete y que no sea fiador en otras causas, o que siéndolo se considere que puede hacerlo. En los procedimientos abreviados las entidades aseguradoras son fiadores personales de los responsables subsidiarios y de los autores de los hechos cuando afianzan por encima del límite del seguro obligatorio de responsabilidad civil del automovilista.

    b) El embargo

    El embargo es una medida subsidiaria de la fianza; sólo cuando no se ha procedido a prestar fianza en el término de 24 horas, se procede a embargar bienes al responsable.

    • Particularidades:

    La designación de bienes suficientes para el embargo la hace siempre el responsable o sus familiares directos. Sólo ante la falta de designación de bienes suficientes se procederá por el juzgado a embargar los bienes que sean aptos para cubrir las responsabilidades.

    El depósito de los bienes embargados como metálico, efectos públicos, los valores, joyas, etc se efectuará en el Banco de España, Caja de depósitos, o cualquier otro establecimiento público destinado al efecto.

    El embargo de los bienes semovientes da lugar a depósito y administración, siendo potestativo del embargado decidir si se venden en pública subasta o se conservan en depósito y administración. Se enajenarán, aun contra la voluntad del embargado, cuando los gastos de administración sean superiores a los frutos que pueden producirse, a menos que se aseguren los gastos de administración.

    Las normas hipotecarias se aplicarán cuando se trate de embargos de bienes inmuebles.

    c) Ocupación de bienes o cosas

    La LECr es ciertamente oscura en lo que se refiere al tratamiento que hay que dar al aseguramiento de aquellas cosas o bienes que en su día tienen que ser restituidos por el tercero al titular de los mismos perjudicado por el delito.

    El ART. 110 CP cuando habla de responsabilidad civil incluye en tal concepto la “restitución” El ART. 111 CP dice que la restitución se hará en la misma cosa siempre que fuere posible, con abono de deterioros o menoscabos; esta restitución se hará incluso si la cosa se hallara en poder de tercero, aun cuando lo haya adquirido de forma legal.

    El ART. 619 LECr habla de los posible incidentes que se puedan producir por causa de la ocupación y posterior restitución de la cosa que un tercero tenga en su poder. El ART. 620 LECr se refiere a la devolución de los instrumentos y objetos del delito a su propietario.

    Cuando el ART. 619 habla de ocupación y posterior restitución, se refiere con la restitución a la condena civil que puede caer sobre el tercer propietario actual de la cosa, y con la ocupación a la medida cautelar que tiene que tomar el juzgado para preservar o asegurar la practicidad de la futura condena a restitución.

    Esta medida cautelar se adopta siempre que exista un principio de apariencia de derecho.

    d) La pensión provisional

    El juez podrá acordar en los procesos por hechos derivados del uso y circulación de vehículos a motor, el señalamiento de la pensión provisional que, según las circunstancias, considere necesaria en cuantía y duración, para atender a la víctima y a las personas que estuvieren a su cargo. El pago de la pensión se hará anticipadamente en las fechas que discrecionalmente señale el juez, a cargo del asegurador, si existiere, y hasta el límite del Seguro Obligatorio, o bien con cargo a la fianza o al Consorcio de Compensación de Seguros, en los supuestos de responsabilidad final del mismo, conforme a las disposiciones que le son propias.

    Todo lo relacionado con esta medida se actuará en pieza separada.

    La interposición de recursos no suspenderá el pago de la pensión.

    Esta medida podrá acordarse igualmente cuando la responsabilidad civil derivada del hecho esté garantizada por cualquier seguro obligatorio.

    G. PROCEDIMIENTO: ART. 590 LECr

    Cualquier diligencia sobre fianzas o embargos se tramitará en pieza separada. Se trata de incidentes que empiezan por auto del juez instructor fijando la cantidad a asegurar, en el que se decreta la fianza o el embargo subsidiario. Si el perjudicado se ha personado, debe el Juez adoptar las medidas a instancia de parte; en cualquier otro caso, puede adoptarla de oficio, sin perjuicio de que recabe posteriormente la solicitud del perjudicado.

    Los trámites concretos referentes a las fianzas o embargos, son los mismos, se dirija contra el responsable penal o contra terceras personas.

    El auto del juez por el que se fija la cantidad a asegurar es revocable de oficio o a instancia de parte, tanto para aumentar la cantidad exigible como para disminuirla. Estos autos son recurribles en reforma y queja.

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