Matrimonio religioso

Derecho Canónico, Eclesiástico y Civil español. Fuentes romanas. Sistemas matrimoniales. Sistema matrimonial español. Matrimonio canónico

  • Enviado por: Josema
  • Idioma: castellano
  • País: España España
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EL MATRIMONIO RELIGIOSO

1.- Delimitación de los objetivos.

Los objetivos principales de este trabajo son profundizar en el

conocimiento del término matrimonio, definiendo en primer lugar el concepto según el

derecho eclesiástico y relacionándolo con la regulación actual del matrimonio en

nuestro Código Civil, después se analizarán los diferentes sistemas matrimoniales y el

seguido actualmente en el derecho español, otro aspecto que trataremos a continuación

es la relevancia jurídica del matrimonio religioso para terminar por último con un análi-

sis sobre la jurisdicción del matrimonio religioso y sacar las pertinentes conclusiones

que vendrán expuestas al final del presente trabajo.

2.- Concepto de matrimonio.

Las fuentes romanas nos han proporcionado dos definiciones del matri -

monio que se han hecho clásicas y que constituyen el punto de partida de todas las que

se han dado con posterioridad:

- Ulpiano: « Nuptiae autem sive mtrimonium est viri et mulieris

coniunctio individuam consuetudinem vitae continens « ( I . 1. 9. 1. )

- Modestino : « Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae consor-

tium omnis vitae divini et humani iuris communicatio « ( D. 23. 2. 1 )

En ellas destacan las notas de unidad y comunidad de vida, así como el

elemento material u objetivo del matrimonio : la convivencia.  

La unión de un hombre y una mujer ( “ coniunctio maris et feminae, viri

et mulieris coniunctio “ ) tiene un carácter sagrado ( “ divini et humani iuris

communicatio “ ) y se traduce en una convivencia íntima y permanente orientada a la

procreación ( “ individuam consuetudinem vital continens, consortium ovnis vital “ ).

Estas definiciones serán utilizadas por los canonistas aunque acomodán -

dolas a los principios del matrimonio cristiano. También se servirán de ellas los civilis -

tas, convirtiéndolas en el punto de partida y paradigma de toda definición jurídica.

En la actualidad, aunque suele ser habitual entre los juristas dar un con -

cepto distinto del matrimonio, según sea considerado como acto o como estado, las defi-

niciones del matrimonio son muy similares.

Para una gran parte de la doctrina (desde Sánchez Román a Albaladejo),

Al dar el concepto de matrimonio, se distingue en el mismo el acto constitutivo y el es -

tado creado por aquél. En este sentido se puede definir civilmente el matrimonio como:

El negocio jurídico bilateral por el que un hombre y una mujer declaran su voluntad

de constituir una relación estable de convivencia plena “ ( O´Callaghan ).

Otros autores civilistas también dan su punto de vista en relación a como

entienden ellos el concepto de matrimonio, autores como Castán Tobeñas lo definen

reuniendo las notas de legalidad, permanencia y plenitud, como: “ el acto solemne por

medio del cual el hombre y la mujer constituyen entre sí una unión legal para la plena

comunidad de existencia “. Para Entrena el matrimonio - sociedad es: “ la unión com-

pleta, permanente y familiar de un hombre y una mujer previamente solemnizada “. Y

en cuanto a acto es “ la manifestación formulada por un hombre y una mujer, pública

y solemnemente, de querer formar una familia permanente, manifestación confirmada

por su unión física “ Por su arte López Alarcón afirma que el matrimonio es en líneas

generales “ la unión legal de un hombre y una mujer para la plena comunidad de vida”

Jiménez Fernández a su vez, lo define como “ sistema de vinculaciones jurídicas pre-

establecidas, en orden a una finalidad y públicamente conocidas, al que libremente

prestan su adhesión las personas capaces de ello, obligándose a su cumplimiento

respecto del copartícipe cuya libre elección les compete “. Si tomásemos los elementos

esenciales y comunes de todas estas definiciones anteriormente citadas, tenemos que el

matrimonio es “ la comunidad de vida entre un hombre y una mujer conforme a

Derecho “.

Para ser más exactos cogeremos la definición que se encuentra en el

artículo 1.055 de nuestro Código Civil donde se define como la alianza matrimonial

por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, orde-

nado por su índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de

la prole, fue elevada por Cristo Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados “.

3.- El matrimonio como un derecho de la persona.

La posibilidad de contraer matrimonio, en cuanto a acto de la voluntad

humana, que representa una tendencia de la propia persona a organizar su vida personal

e íntima, y que forma parte de su desarrollo personal, ha sido configurada por las distin-

tas legislaciones y textos internacionales de Derechos Humanos como un derecho de la

persona o ius connubii.

Nuestra Constitución en una norma innovadora en nuestra historia consti-

tucional lo reconoce en su artículo 32 al proclamar: “ el hombre y la mujer tienen dere -

cho a contraer matrimonio en plena igualdad jurídica “.

Lo mismo puede decirse de la mayor parte de los textos internacionales

de Derechos Humanos donde el punto de partida lo constituye el artículo 16 de la De -

claración de Derechos Humanos donde expone:

“ Los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin

restricción ninguna por motivos de raza nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el

matrimonio y e cuanto a la disolución del matrimonio “.

El propio artículo 12 del Convenio Europeo de Derechos Humanos reite-ra este concepto: “ a partir de la edad núbil, el hombre y la mujer tienen derecho a ca -

sarse según las leyes nacionales que rijan el ejercicio de este derecho “. Este artículo merece un interés importante por dejar paso a la regulación que cada país considere o -

portuna en relación con la regulación del matrimonio, estableciendo posibles causas, lla-

madas impedimentos dirimentes ( regulados en los artículos 1.071 al 1.082 del Códi- go Eclesiástico ) que si afectaran al caso concreto y no tuvieran la llamada dispensa que concede la Sede Apostólica ocasionarían la nulidad del matrimonio ( los casos de

nulidad vienen regulados en los artículos 1.083 al 1.094 del mismo Código.

En igual sentido que el artículo 12 , se pronuncian los artículos 23.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y el artículo 17.2 de la Convención Americana

de Derechos Humanos.

4.- Sistemas matrimoniales. Clases.

Frutos de la evolución histórica del derecho matrimonial es la existencia

en Occidente de dos grandes ordenamientos que se disputan la competencia sobre el

matrimonio: el canónico y el civil. A este fenómeno hay que añadir la potenciación de

otros matrimonios religiosos como consecuencia del desarrollo de los principios de i -

gualdad y de libertad religiosa. Las distintas formas en que los diversos ordenamientos

han solucionado la coexistencia de un matrimonio religioso junto a otro civil ha dado

origen a lo que técnicamente se denomina sistemas matrimoniales.

Es evidente que el sistema matrimonial de un Estado se encuentra en

estrecha vinculación con su Derecho eclesiástico, esto es, con la regulación que haga del

fenómeno religioso, no obstante, cuando se habla del sistema matrimonial de un ordena-

miento, aunque sea importante el valor atribuido al matrimonio religioso o a la jurisdic-

ción eclesiástica, suele hacerse referencia también a la regulación que en su conjunto se

hace del matrimonio.

Por ello, puede definirse en líneas generales el sistema matrimonial como

el conjunto de normas que regulan tanto la constitución del matrimonio, como los efec -

tos inherentes al mismo.

Las clasificaciones d los distintos sistemas matrimoniales suele hacerse

según los criterios utilizados por el legislador, en relación son:

- La consideración del matrimonio como acto público o privado.

- El momento de la celebración del matrimonio.

- La publicación registral.

- La disolución del matrimonio.

- La competencia jurisdiccional.

Con todo el sistema más generalizado es aquél que atiende para la clasifi-

cación del sistema matrimonial al momento constitutivo del matrimonio. Según este cri-

terio, los sistemas matrimoniales pueden ser: de matrimonio único o de matrimonio

plural.

El primero sólo reconoce un tipo d matrimonio: el civil o el religioso. Se

trata por tanto, de una regulación extrema en la que únicamente tiene eficacia una clase

de matrimonio.

El segundo, el sistema plural, es aquél que reconoce con entidad propia y

relevancia jurisdiccional más de un tipo de matrimonio.

5.- El sistema matrimonial español.

En nuestro país y a la evolución general de Europa, se le une un elemento

determinante en la aplicación del derecho canónico y su importancia en la formación de

nuestro sistema matrimonial: la secular confesionalidad del Reino español.

En el reino visigodo la fe se convierte en un elemento necesario para la

unidad jurisdiccional, ya que el monarca recibe la autoridad del Dios cristiano. Los

concilios de Toledo, convocados por el Rey y en los que él mismo asistía, no solo sir -

vieron para apoyar y defender el poder real sino para que también todos los súbditos

aceptaran el poder de la Iglesia.

En los concilios hispanos, los aspecto canónicos y civiles se entremez-

clan, manteniéndose tal situación hasta los concilios del siglo XI en los que no solo ve -

mos el predominio de los aspectos eclesiásticos, sino una renuncia a la intervención en

materias seculares, impidiendo al mismo tiempo, la injerencia secular en estas reuniones

de tipo eclesiástico.

Al igual que en el resto de Europa, la Iglesia en España ejercerá la potes-

tad exclusiva sobre el matrimonio. El propio Fuero Real ordena que “ todos los casa -

mientos se fagan por aquellas palabras que manda la Sancta Iglesia “ ( 3. 1. 1. ) a la

vez que defiende la competencia de los tribunales eclesiásticos. ( 3. 1. 7. ).

En las Partidas debe atenderse a la IV Partida donde se dedica a la regu -

lación del matrimonio, tomando de modelo las Decretales de Gregorio IX y en menor

medida el Decreto de Graciano. Esta partida aún contemplando la existencia de otros

matrimonios religiosos ( musulmán y judío ) se dedica al matrimonio canónico.

De esta forma se recibe en España el derecho canónico clásico, que se re-

fuerza con el apoyo de la autoridad real, hasta llegar a ocupar estas normas un lugar

preferente frente a las normas de origen regio, y a las que el propio monarca se somete

como un cristiano más. Hasta la primera ruptura del sistema con la Constitución de

1.868, que rompe con la tradicional confesionalidad del Estado español, declarándose

la libertad de cultos ( art. 21 ) y elaborándose la primera Ley de Matrimonio Civil con

fecha de 18 de junio de 1.870 donde se impone por vez primera en España el matrimo -

nio civil obligatorio. Más tarde dicha forma de matrimonio se verá incluida en el Códi -

go Civil, siguiendo la novedad introducida por la Ley de 1.870, se elabora bajo dos tex-

tos que proclaman de forma solemne la confesionalidad de la Monarquía española: el

Concordato de 1.851 y la Constitución de 1.876.

La base 3º del Código Civil de acuerdo con la tradición histórica decía:

“ Se establecerán en el Código dos formas de matrimonio: el canónico, que deberán

contraer todos los que profesen la religión católica, y el civil, que se celebrará del

modo que determine el mismo Código, en armonía con lo preescrito en la Constitución

del Estado “.

La Ley del Divorcio de 2 de marzo de 1.932 , reiterará la competencia

exclusiva de los jueces civiles para enjuiciar las causas de separación y las de divorcio.

con independencia de la forma en que se haya celebrado el matrimonio ( arts. 1 y 41 ).

La reforma operada por la Ley de 1.958 instauraba un sistema de matri -

monio plural, al haber civil y canónico, pero no había libertad de elección, por lo que se

debía probar ante el encargado del Registro Civil que no se profesaba la religión católi -

ca por ninguno de los dos contrayentes. La Ley de libertad religiosa flexibilizó este as -

pecto poniendo como suficiente la comunicación al párroco del abandono de la religión

católica para hacer uso de la opción del matrimonio civil.

Finalmente el Decrto de 1 de Diciembre de 1.977 solo exigía la declara -

ción de no profesar la religión católica.

Aunque el sistema matrimonial español viene delineado en sus grandes

directrices por el Código Civil, se debe tener en cuenta también la Constitución de

1.978, los Acuerdos con las distintas confesiones religiosas y la legislación relativa al

Registro Civil.

A ) La Constitución de 1.978:

Es de donde parte nuestro sistema matrimonial vigente, al introducir una

serie de valores y principios que eran incompatibles con el sistema anterior.

La normativa constitucional que delimita nuestro sistema vigente es la siguiente:

- La configuración del matrimonio como un derecho de la persona: art.33

- El principio de igualdad y el derecho a la igualdad: arts: 14 y 32.1 en el

campo matrimonial, tanto en su acceso como en su estatuto jurídico,

- El derecho a la libertad religiosa: en el art. 16.1

- El principio de aconfesionalidad del art. 16.3

- Contenido mínimo de la legislación matrimonial: formas de celebra -

ción, edad, capacidad para contraerlo, derechos y deberes…

- Unidad y exclusividad jurisdiccional según arts. 117, 3 y 5.

B ) El Código Civil:

La redacción actual del Título IV del Libro primero, artículos 42 y

siguientes, procede de la Ley 30 / 1.981 de 7 de julio por la que se modifica la regula -

ción del matrimonio en el Código Civil y se determina el procedimiento a seguir en las

causas de nulidad, separación y divorcio.

C ) Acuerdos sobre Asuntos Jurídicos:

Ela artículo VI y el Protocolo final presentan una regulación del matri-

monio canónico que comprende los siguientes extremos:

- Efectos civiles del matrimonio canónico.

- Modo de inscripción del matrimonio canónico.

- El derecho de los contrayentes de acudir a la jurisdicción eclesiástica

para solicitar la concesión de nulidad o disolución de su matrimonio.

- La eficacia civil de estas resoluciones.

D ) Los Acuerdos con otras confesiones religiosas:

Los Acuerdos de 1.992 celebrados con otras confesiones religiosas han

venido a regular la celebración del matrimonio en forma evangélica, judía y musulmana.

Nuestro sistema matrimonial viene configurado por una serie de eleven -

tos como son:

- Un matrimonio civil, celebrado en forma civil, ante el Juez, alcalde o

funcionario señalado en el Código Civil.

- Un matrimonio civil, celebrado en forma religiosa acatólica reconocida

( protestante, judía o musulmana ).

- Un matrimonio civil celebrado en forma canónica que presenta peculia-

ridades en cuanto a su inscripción en el Registro Civil y cuya declaración de nulidad o

disolución por la jurisdicción canónica puede obtener eficacia civil.

- Una jurisdicción estatal que resuelve con exclusividad y plenitud sobre

cualquier proceso matrimonial, con independencia de la forma de celebración del matri-

monnio, incluida la declaración de ajuste de las sentencias y resoluciones canónicas.

6.- La relevancia jurídica del matrimonio.

El punto de partida lo constituye el artículo 49 al reconocer a todo espa -

ñol la posibilidad de contraer matrimonio religioso. Pero esta facultad no es ilimitada en

el sentido e que abarca cualquier representación religiosa, sino que abarca solamente las

más representativas. Por ello, el art. 59 del C.C, establece dos limitaciones o requisitos:

- Que el matrimonio se celebre ante una confesión inscrita, lo que más de

una exigencia, es un presupuesto necesario e ineludible.

- Que esa forma religiosa esté regulada por una acuerdo con el Estado o

por una ley de éste.

En la actualidad, si bien por lo expuesto se deduce, que existe total liber-

tad de contraer matrimonio religioso, o practicar en su celebración cualquier rito religio-

so, solo tiene relevancia jurídica en nuestro ordenamiento y dentro de los requisitos

señalados al efecto, los matrimonios: canónico, protestante, judío y musulmán.

6.1.- La eficacia civil del matrimonio canónico.

A ) Desde su celebración:

El artículo 60 del C.C. fiel reflejo del art.VI del Acuerdo sobre Asuntos

Jurídicos reconoce efectos civiles al matrimonio celebrado según las normas de derecho

canónico, de esta manera la forma canónica adquiere relevancia en nuestro Derecho

convirtiéndose en uno de los modos reconocidos de contraer matrimonio.

Por lo que el matrimonio canónico sigue el régimen general establecido

en nuestro Derecho consistente en la eficacia civil de la mera celebración.

B ) Desde su inscripción.

El matrimonio canónico no depende de su inscripción en el Registro Ci -

vil, sino de su celebración en forma canónica. En este sentido, al igual que en otros tipos

de matrimonio, la inscripción no tiene un valor constitutivo sino meramente declarativo

( art. 61 C.C. ), es la eficacia erga omnes que sólo otorga la inscripción registral.

La inscripción se lleva a cabo mediante le presentación de la certificación

canónica de celebración del matrimonio, en la que deberán constar las circunstancias

personales exigidas por la legislación del Registro Civil ( art. 63.1 del C.C. ).

En principio, son los contrayentes los que estám obligados a promover la

ins cripción del matrimonio canónico ( art. 71 Ley del Registro Civil ) No obstante, el

Protocolo Final del AJ, con el fin de facilitar la inscripción extiende esta obligación al

párroco en cuyo territorio se celebró el matrimonio, que en cinco días remitirá el acta de

celebración del matrimonio canónico al Encargado del Registro Civil.

En cuanto a los matrimonios canónicos no inscritos, hay que tener en

cuenta que la inscripción puede practicarse en cualquier momento, incluso después de

fallecer los contrayentes, a petición de cualquier interesado ( art. 71.2 de la Ley del Re -

gistro Civil ). Si la inscripción no fuera posible, el matrimonio en principio, es válido, lo

que ocurre es que solo esos efectos pueden oponerse frente a aquellos que tengan cono -

cimiento de su existencia, pero nunca fente a terceros de buena fe.

6.2.- La eficacia civil del matrimonio acatólico.

La especialidad que presenta este tipo de matrimonio para el derecho ci -

vil consiste en la sustitución del Alcalde o funcionario señalado por el C.C. por el mi -

nistro religioso, lo que no significa que aquél sea considerado como autoridad pública o

funcionario. El matrimonio así celebrado sigue el mismo régimen que cualquier otro

matrimonio civil.

En la preparación del expediente matrimonial, el Encargado del Registro

Público expedirá por duplicado un certificado acreditativo de la capacidad matrimonial

de los contrayentes, que estos entregarán al ministro celebrante. Se puede decir que la

necesidad del expediente previo al matrimonio se extiende a todos los matrimonios aca-

tólicos, aunque por el art. 7 de la Ley 26 / 1.992 se dispone que en las religiones judía y

protestante es preceptivo y en la musulmana potestativo.

En síntesis el valor del certificado es posibilitar la celebración del matri -

monio y su posterior inscripción registral, al acreditar la capacidad matrimonial de los

cónyuges.

En la celebración se toman tres requisitos obligatorios: asistencia del mi-

nistro religioso, dos testigos mayores de edad y el consentimiento de los cónyuges.

En su inscripción, que se hará por duplicado, un ejemplar se remitirá al

Encargado del Registro Civil competente y el otro quedará en el archivo de la propia

Iglesia como acta de celebración del matrimonio.

7.- Conclusiones.

El matrimonio es ante todo una unión personal que afecta a los aspectos

más íntimos de la persona y que el derecho no puede pretender regular en su totalidad.

En cuanto relación jurídica, existe entre dos personas de distinto sexo,

hombre y mujer.

El Derecho es el que determinará qué tipos de uniones y en qué momento

tiene la consideración de matrimonio, imponiendo un modelo a los contrayentes,

No obstante, a pesar de la importancia de este derecho y su estrecha vin -

culación con otros derechos fundamentales, nuestro texto lo ha configurado como un

derecho constitucional, y no como fundamental, como exigiría su propia naturaleza.

8.- Bibliografía.

Curso de derecho eclesiástico del Estado”. Don Alberto García Gárate.

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