Macroeconomía

Economía mexicana. Flujo de dinero. Política fiscal y monetaria. Crédito público. Ajuste económico. Globalización

  • Enviado por: Slipk
  • Idioma: castellano
  • País: México México
  • 37 páginas
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INTRODUCCIÓN

El mundo en que vivimos y en el que viviremos los próximos años, exige de quienes dirigen las organizaciones, los conocimientos o el uso de las técnicas que nos ayudarán a mantenernos con un nivel de vida mejor y que hará que nuestro país salga adelante como potencia económica.

La economía de un país está regida por las políticas fiscal y monetaria, estas se encargan de regular el flujo de dinero que circula en la economía de un país, así como fijar también las tasas de interés.

En este trabajo se pretende explicar en forma general lo que son las cada una esta políticas y la forma en que afectan y modifican a la economía de un país. Así como la forma en que ayudan a la regulación de la inflación y al índice de precios en un país. También se explicarán sus componentes e instituciones generales; como lo son el Banco de México y la Secretaría de Hacienda Y crédito Público.

Al igual se pretende mostrar la situación actual de las políticas con las que trabaja nuestro país.

POLÍTICA FISCAL Y MONETARIA

La Política Fiscal.

Conceptos generales.

Política fiscal. La política fiscal es el conjunto de medidas e instrumentos que toma el estado para recaudar los ingresos necesarios para la realización de la función del sector publico. Se produce un cambio en la política fiscal, cuando el Estado cambia sus programas de gasto o cuando altera sus tipos impositivos. El propósito de la política fiscal es darle mayor estabilidad al sistema económico, al mismo tiempo que se trata de conseguir el objetivo de ocupación plena. Como hemos dicho anteriormente la Política Fiscal tiene 2 componentes, el gasto publico y los ingresos públicos.

Impuesto. Los impuestos son prestaciones, hoy por lo regular en dinero, al Estado y demás entidades de derecho público, que las mismas reclaman, en virtud de su poder coactivo, en forma y cuantía determinadas unilateralmente y sin contraprestación especial con el fin de satisfacer las necesidades colectivas.

El impuesto es una prestación tributaria obligatoria, cuyo presupuesto de hecho no es una actividad del Estado referida al obligado y destinada a cubrir los gastos públicos.

El impuesto es la prestación de dinero o en especie que establece el Estado conforme a la ley, con carácter obligatorio, a cargo de personas físicas y morales para cubrir el gasto público y sin que haya para ellas contraprestación o beneficio especial, directo e inmediato.

Gasto público. Este se define como el gasto que realizan los gobiernos a través de inversiones públicas. Un aumento en el gasto público producirá un aumento en el nivel de renta nacional, y una reducción tendrá el efecto contrario. Durante un periodo de inflación es necesario reducir el gasto publico para manejar la curva de la demanda agregada hacia una estabilidad deseada. El manejo del gasto público representa un papel clave para dar cumplimiento a los objetivos de la política económica.

El gasto público se ejecuta a través de los Presupuestos o Programas Económicos establecidos por los distintos gobiernos, y se clasifica de distintos maneras pero básicamente se consideran el Gasto Neto que es la totalidad de las erogaciones del sector público menos las amortizaciones de deuda externa; y el Gasto Primario, el cual no toma en cuenta las erogaciones realizadas para pago de intereses y comisiones de deuda publica, este importante indicador económico mide la fortaleza de las finanzas públicas para cubrir con la operación e inversión gubernamental con los ingresos tributarios, los no tributarios y el producto de la venta de bienes y servicios, independientemente del saldo de la deuda y de su costo.

Gasto de Capital. El gasto de capital comprende aquellas erogaciones que contribuyen a ampliar la infraestructura social y productiva, así como a incrementar el patrimonio del sector público. Como gastos; gastos de Defensa Nacional, también se pueden mencionar la construcción de Hospitales, Escuelas, Universidades, Obras Civiles como carreteras, puentes, represas, tendidos eléctricos, oleoductos, plantas etc.; que contribuyan al aumento de la productividad para promover el crecimiento que requiere la economía.

Gasto corriente. Es el principal rubro del gasto programable. En él se incluyen todas las erogaciones que los Poderes y Órganos Autónomos, la Administración Pública, así como las empresas del Estado, requieren para la operación de sus programas. En el caso de los primeros dos, estos recursos son para llevar a cabo las tareas de legislar, impartir justicia, organizar y vigilar los procesos electorales, principalmente. Por lo que respecta a las dependencias, los montos presupuestados son para cumplir con las funciones de: administración gubernamental; política y planeación económica y social; fomento y regulación; y desarrollo social.

Por su parte, en las empresas del Estado los egresos corrientes reflejan la adquisición de insumos necesarios para la producción de bienes y servicios. La venta de éstos es lo que permite obtener los ingresos que contribuyen a su viabilidad financiera y a ampliar su infraestructura.

Antecedentes.

Es una política muy ligada a la teoría keynesiana, que defendía la intervención del sector público en la economía, a través de la expansión del gasto público, como forma de combatir el paro y estimular el crecimiento. Es una política que, por tanto, tuvo su auge en los años cuarenta, cuando se intentaba combatir la ausencia de demanda privada con un aumento de la demanda pública.

La Política Fiscal es uno de los instrumentos de Política Económica de mayor eficacia, que los Gobiernos utilizan para alcanzar sus objetivos económicos y es la llave para la estabilización de las economías en desarrollo.

En todo país las operaciones de Gobierno tienen un significativo impacto en la Economía y la acción gubernamental se ejecuta sobre determinadas variables de política económica con el fin de alcanzar los objetivos trazados en las áreas de estabilización económica, distribución del ingreso y crecimiento económico.

En México la política fiscal tuvo un papel muy importante en la estrategia empleada para enfrentar el ajuste económico de 1995. Se adoptaron una serie de medidas para fortalecer las finanzas públicas, entre las que destacan el incremento de la tasa general del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 10 a 15 por ciento, y un recorte importante en el gasto programable del Gobierno Federal. Estas medidas permitieron compensar parcialmente el desplome de los ingresos tributarios (como consecuencia de la recesión) y el incremento en el pago de intereses sobre la deuda pública (como consecuencia de las mayores tasas de interés y el tipo de cambio más depreciado). Como resultado, el balance público en 1995 estuvo prácticamente equilibrado registrando un ínfimo déficit, lo cual se compara con un balance superavitario de 0.24% del PIB en 1994.

Además de la política fiscal propiamente, otras políticas adoptadas para enfrentar la crisis de 1995 tuvieron un impacto, directo o indirecto, sobre las finanzas públicas. Destacan dos acciones importantes adoptadas en 1995. Primero, se decidió reformar el sistema de pensiones para los trabajadores (del sector privado) afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La reforma involucró pasar de un esquema de reparto con beneficios definidos que actuarialmente era insolvente, a un esquema de contribuciones definidas y capitalizables que fueran administradas por el sector privado.7 Dicha reforma entró en vigor a partir del segundo semestre de 1997. La segunda medida importante de política con impacto directo sobre las finanzas públicas fue el programa de saneamiento financiero para hacer frente a la crisis bancaria. Dicho programa involucró, entre otras acciones, intervenciones bancarias, medidas para la capitalización de los bancos, sustitución de cartera bancaria por deuda pública, apoyo a deudores, etc.

El Gobierno es directamente responsable por una gran parte de la actividad económica a través del Gasto Público y la movilización de recursos; e indirectamente influye en las fuentes y los recursos que son utilizados por el sector privado. Por ende, un mal manejo de la Política Fiscal acarrea una serie de desequilibrios macroeconómicos y problemas tales como una elevada inflación, un alto déficit fiscal y un crecimiento económico negativo. En circunstancias como éstas, la Política Fiscal es el centro, el "corazón" de la estrategia de Ajustes de Gobierno.

En materia de Política Fiscal, la acción gubernamental se ejecuta sobre determinadas variables claves de las Finanzas Públicas, como son los Ingresos de Gobierno, el Gasto Público y el Financiamiento del Déficit Fiscal.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Antecedentes.

El 8 de noviembre de 1821, se expidió el Reglamento Provisional para el Gobierno Interior y Exterior de las Secretarías de Estado y del Despacho Universal, por medio del cual se creó la Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda, aun cuando desde el 25 de octubre de 1821 existía la Junta de Crédito Público.

En 1824, el Congreso Constituyente otorgó a la Hacienda Pública el tratamiento adecuado a su importancia, para ello expidió, el 16 de noviembre del mismo año la Ley para el Arreglo de la Administración de la Hacienda Pública, en la que la Secretaría de Hacienda centralizó la facultad de administrar todas las rentas pertenecientes a la Federación, inspeccionar las Casas de Moneda y dirigir la Administración General de Correos, la Colecturía de la Renta de Lotería y la Oficina Provisional de Rezagos.

Para el despacho de las nuevas funciones atribuidas, se conformaron los siguientes Departamentos:

  • Departamento de Cuenta y Razón, antecedente de la Contaduría Mayor de la Federación, creado para subrogar a las Contadurías Generales.

  • Tesorería General de la Federación, creada con el propósito de reunir en una dependencia todos los elementos que hicieran posible conocer el estado verdadero de las rentas y gastos de la Administración.

  • Comisaría Central de Guerra y Marina, encargada de la formulación de las cuentas del Ejército y la Marina.

  • Contaduría Mayor, órgano de control que estuvo bajo la inspección de la Cámara de Diputados, con la función principal de examinar los presupuestos y la memoria que debería presentar anualmente la Secretaría.

El 26 de enero de 1825, se expidió el Reglamento Provisional para la Secretaría del Despacho de Hacienda, considerado como el primer Reglamento de la Hacienda Republicana y en el cual se señalaron, en forma pormenorizada, las atribuciones de los nuevos funcionarios constituidos conforme a la citada ley del 16 de noviembre de 1824.

Al transformarse nuestro país en una República Central, se expidió la ley del 3 de octubre de 1835, misma que precisó la forma en que se manejarían las rentas de los Estados que quedaban sujetos a la administración y vigilancia de la Secretaría de Hacienda.

Las Bases Orgánicas de la República Mexicana del 14 de junio de 1843, le dieron a la Secretaría el carácter de Ministerio de Hacienda.

El 27 de mayo de 1852, se publicó el Decreto por el que se modifica la Organización del Ministerio de Hacienda, quedando dividido en seis secciones, siendo una de ellas la de Crédito Público; antecedente que motivó que en 1853 se le denominara por primera vez Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Las Bases Generales para el Arreglo de la Hacienda Pública del 11 de febrero de 1854 elevan a rango de Dirección General a la Sección de Aduanas, comprendiendo tanto a las marítimas como a las interiores. El 1o. de enero de 1856, se expide la Ley para la Deuda Pública y la Administración de las Aduanas Marítimas y Fronterizas, la cual establece una Junta de Crédito Público para la Administración de las Aduanas y el manejo de los negocios relativos a la deuda nacional y extranjera.

El 13 de mayo de 1891, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incrementó sus atribuciones en lo relativo a comercio, por lo que se denominó Secretaría de Hacienda, Crédito Público y Comercio. Asimismo, salió de su ámbito de competencia el sistema de correos y se rescindió el contrato de arrendamiento de la Casa de Moneda a particulares, con lo que la acuñación de moneda quedó a cargo del Estado.

El 23 de mayo de 1910, se creó la Dirección de Contabilidad y Glosa asignándosele funciones de registro, glosa y contabilidad de las cuentas que le rindiesen sobre el manejo de los fondos, con el propósito fundamental de integrar la Cuenta General de la Hacienda Pública. Asimismo, la Tesorería General de la Federación, a partir de esa fecha cambió su denominación por Tesorería de la Federación.

En el año de 1913, mediante las reformas al Reglamento Interior se facultó al entonces Departamento de Crédito y Comercio, para el manejo del Crédito Público, lo que constituye el antecedente de la actual Dirección General de Crédito Público.

En 1921, se expidió la Ley del Centenario y el 27 de febrero de 1924 la Ley para la Recaudación de los Impuestos establecidos en la Ley de Ingresos vigente sobre Sueldos, Salarios, Emolumentos, Honorarios y Utilidades de las Sociedades y Empresas, antecedentes que dieron origen al Impuesto sobre la Renta, actualmente el gravamen más importante del sistema impositivo mexicano.

El 13 de diciembre de 1946, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una nueva Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, quedando fuera del ámbito de competencia de la Secretaría las funciones de control y regulación relativas a bienes nacionales y contratos de obras públicas, pasando éstas a la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa.

El 31 de diciembre de 1947, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto que dispone que la Procuraduría Fiscal sea una dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El 24 de diciembre de 1958, nuevamente se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, siendo transferidas las funciones relativas a inversiones y control de organismos descentralizados y empresas de participación estatal, a las Secretarías de la Presidencia y del Patrimonio Nacional, respectivamente. El 31 de diciembre de 1959 se publicó la Ley sobre el Servicio de Vigilancia de Fondos y Valores de la Federación, estableciendo la creación de la Dirección General de Vigilancia de Fondos y Valores.

Con la publicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el 29 de diciembre de 1976, la programación y presupuestación del gasto público federal, anteriormente competencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pasó a formar parte de las atribuciones de la Secretaría de Programación y Presupuesto. En consecuencia se expidió un nuevo Reglamento Interior que se publicó el 23 de mayo de 1977, quedando integrada la Secretaría por:

  • La Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, a la que se adscriben las Direcciones Generales de Planeación Hacendaria; de Crédito; de Asuntos Hacendarios Internacionales y de Promoción Fiscal.

  • La Subsecretaría de Ingresos con las Direcciones Generales de Política de Ingresos; Coordinación, Recursos y Estudios Fiscales; Difusión Fiscal; Administración Fiscal Central; Administración Fiscal Regional; Informática de Ingresos y de Auditoría Fiscal; así como las Administraciones Fiscales Regionales y Oficinas Federales de Hacienda.

  • La Subsecretaría de Inspección Fiscal con las Direcciones Generales de Aduanas; Vigilancia de Fondos y Valores; del Registro Federal de Automóviles y de Bienes Muebles; así como las Delegaciones Regionales de Inspección Fiscal y del Registro Federal de Automóviles.

  • La Oficialía Mayor con las Direcciones Generales de Programación, Organización y Presupuesto; Administración; Prensa; Laboratorio Central; Talleres de Impresión de Estampillas y Valores y de Casa de Moneda.

  • La Procuraduría Fiscal de la Federación con la Primera, Segunda y Tercera Subprocuradurías Fiscales, así como con la Subprocuraduría Fiscal de Investigaciones y las Subprocuradurías Fiscales Auxiliares.

  • La Tesorería de la Federación con las Subtesorerías de Egresos; de Ingresos y de Control e Informática, así como con las Delegaciones Regionales de la Tesorería de la Federación.

El 31 de diciembre de 1979, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo Reglamento Interior, con motivo de las reformas a diversos ordenamientos legales como las leyes General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares; del Impuesto al Valor Agregado; de Coordinación Fiscal; de Valoración Aduanera de las Mercancías de Importación y del Registro Federal de Vehículos. Mediante este nuevo Reglamento se efectuaron los siguientes cambios:

  • En el Area del C. Secretario, se creó la Comisión Interna de Administración y Programación.

  • En la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, se creó la Dirección General de Bancos, Seguros y Valores. Asimismo, cambió de nomenclatura la Dirección General de Crédito por Dirección General de Crédito Público.

  • En la Subsecretaría de Ingresos se suprimió la Dirección General de Difusión Fiscal y cambiaron de denominación la Dirección General de Coordinación, Recursos y Estudios Fiscales por Coordinación General con Entidades Federativas; la Dirección General de Administración Fiscal Central por Dirección General Técnica; la Dirección General de Administración Fiscal Regional por Coordinación General de Operación Regional y Administrativa; la Dirección General de Informática de Ingresos por Dirección General de Recaudación y la Dirección General de Auditoría Fiscal por Dirección General de Fiscalización.

  • En la Subsecretaría de Inspección Fiscal se suprimió la Dirección General de Bienes Muebles y cambió de nomenclatura la Dirección General del Registro Federal de Automóviles por Dirección General del Registro Federal de Vehículos, así como las Delegaciones Regionales de Inspección Fiscal y del Registro Federal de Automóviles, por Delegaciones Regionales de Promoción Fiscal y del Registro Federal de Vehículos, respectivamente.

  • En la Oficialía Mayor cambió de denominación la Dirección General de Prensa por Dirección General de Comunicación.

  • En la Procuraduría Fiscal de la Federación se creó la Coordinación General de Subprocuradurías Regionales y cambiaron de nomenclatura las Subprocuradurías Fiscales Auxiliares por Subprocuradurías Fiscales Regionales.

El 25 de marzo de 1981, mediante el Decreto que reformó y adicionó el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Tesorería de la Federación se suprime la Subtesorería de Ingresos, cambia de denominación la Subtesorería de Egresos por Subtesorería de Operación y se crea la Unidad de Procedimientos Legales.

Con las reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del 29 de diciembre de 1982, se le confirieron nuevas atribuciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de planeación, coordinación, evaluación y vigilancia del sistema bancario del país, derivadas de la nacionalización bancaria, así como en materia de precios, tarifas y estímulos fiscales.

Como resultado de estas atribuciones, se publicó un nuevo Reglamento Interior el 26 de agosto de 1983, mediante el cual se facultó al C. Secretario para presidir el Consejo Nacional de Financiamiento del Desarrollo, se creó la Contraloría Interna adscrita al Area del C. Secretario y se efectuaron los cambios siguientes:

  • En la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público se crearon la Dirección General de Informática y Evaluación Hacendaria y la Unidad Técnica de Precios y Tarifas de la Administración Pública. Asimismo, se transfirió la Dirección General de Bancos, Seguros y Valores a la nueva Subsecretaría de la Banca Nacional con la denominación de Dirección General de Seguros y Valores.

  • En la Subsecretaría de Ingresos se creó la Dirección General de Informática de Ingresos y cambió de denominación la Coordinación General de Operación Regional y Administrativa por Coordinación de Operación Administrativa.

  • En la Subsecretaría de Inspección Fiscal se suprimió la Dirección General de Vigilancia de Fondos y Valores, así como las Delegaciones Regionales de Promoción Fiscal. Las funciones relativas a la vigilancia en materia de fondos y valores federales, fueron transferidos a la Contraloría Interna de la Secretaría.

  • Se creó la Subsecretaría de la Banca Nacional con las Direcciones Generales de Política Bancaria; de Banca de Desarrollo y de Banca Múltiple.

  • En la Oficialía Mayor se creó la Coordinación de Administraciones Regionales, y la Dirección General de Comunicación se transfirió al Area del C. Secretario.

El 30 de diciembre de 1983, mediante el Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se confirieron a la Secretaría las atribuciones para administrar la aplicación de los estímulos fiscales, verificar el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios, conforme a las leyes fiscales y representar el interés de la Federación en controversias fiscales.

En cumplimiento a las medidas de racionalización del gasto público emitidas por el Ejecutivo Federal, el 19 de agosto de 1985 se publicó el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual se efectuaron los siguientes cambios estructurales:

  • Se suprimió la Subsecretaría de Inspección Fiscal, y la Dirección General del Registro Federal de Vehículos se fusionó con la Dirección General de Aduanas, quedando adscrita al Area del C. Secretario.

  • En la Subsecretaría de la Banca Nacional se suprimió la Dirección General de Política Bancaria.

  • En la Oficialía Mayor se suprimieron la Dirección General de Administración, la Coordinación de Administraciones Regionales de Oficialía Mayor y la Dirección General de Laboratorio Central, creándose la Dirección General de Personal y la Dirección General de Servicios y Recursos Materiales.

Al publicarse la Ley de la Casa de Moneda de México el 20 de enero de 1986, la Dirección General de Casa de Moneda se constituyó en organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, por lo que se desincorporó de la estructura de la Oficialía Mayor.

Con el nuevo Reglamento Interior de la Secretaría del 22 de marzo de 1988, se produjeron cambios en la estructura orgánica derivados de las medidas permanentes de racionalización del gasto público, se eficientó la regulación del servicio público de la banca y el crédito; asimismo, se amplió la competencia de las unidades administrativas centrales en el ámbito regional, en razón de las facultades conferidas por las leyes fiscales. En tal sentido se produjeron las siguientes modificaciones:

  • En la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, se suprimió la Dirección General de Informática y Evaluación Hacendaria, se adscribieron las Direcciones Generales de Banca de Desarrollo; de Banca Múltiple y de Seguros y Valores, toda vez que desaparece la Subsecretaría de la Banca Nacional.

  • En la Subsecretaría de Ingresos, se adscribió la Unidad Técnica de Precios y Tarifas de la Administración Pública, anteriormente dependiente de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público; se crearon siete Coordinaciones de Administración Fiscal y cambiaron de denominación la Dirección General Técnica de Ingresos por Dirección General de Servicios y Asistencia al Contribuyente; la de Fiscalización por Dirección General de Auditoría y Revisión Fiscal y las Administraciones Fiscales Regionales por Administraciones Fiscales Federales.

  • En la Procuraduría Fiscal de la Federación se suprimió la Coordinación General de Subprocuradurías Regionales.

  • En la Tesorería de la Federación, cambió de denominación la Unidad de Procedimientos Legales por Dirección de Procedimientos Legales.

A fin de lograr una mayor eficacia y eficiencia en el desarrollo de las atribuciones de la Secretaría, se emitió un nuevo Reglamento Interior el 17 de enero de 1989, mediante el cual se efectuaron los cambios siguientes:

  • En el Area del C. Secretario se suprimió la Comisión Interna de Administración y Programación, cambió su denominación la Dirección General de Comunicación por Unidad de Comunicación Social y la Contraloría Interna pasó a depender funcionalmente del C. Oficial Mayor como Unidad de Contraloría Interna.

  • En la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público se suprimieron la Dirección General de Promoción Fiscal, la Coordinación de Administración y Regionalización y las Delegaciones Regionales. Asimismo, se transfirió la Dirección General de Asuntos Hacendarios Internacionales a la nueva Subsecretaría de Asuntos Financieros Internacionales.

  • A la Subsecretaría de Asuntos Financieros Internacionales se le encomendó el diseño y ejecución de la política de financiamiento externo, para lo cual se crearon las Direcciones Generales de Captación de Crédito Externo y Técnica de Crédito Externo.

  • En la Subsecretaría de Ingresos se suprimieron la Dirección General de Informática de Ingresos y la Unidad Técnica de Precios y Tarifas de la Administración Pública; cambió su denominación la Dirección General de Servicios y Asistencia al Contribuyente por Dirección General Técnica de Ingresos y se creó una octava Coordinación de Administración Fiscal.

  • En la Procuraduría Fiscal de la Federación se creó la Subprocuraduría Fiscal de Control de Cambios.

  • En la Tesorería de la Federación se creó la Unidad de Vigilancia de Fondos y Valores con nivel de Dirección de Area.

Mediante Acuerdo del 22 de junio de 1989, la Dirección General de Aduanas cambió de adscripción del Area del C. Secretario a la Subsecretaría de Ingresos.

En el Decreto del 4 de enero de 1990, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Dirección General de Auditoría y Revisión Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos, cambió su denominación por Dirección General de Auditoría Fiscal Federal.

Con el Decreto del 30 de octubre de 1990, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Coordinación de Operación Administrativa de la Subsecretaría de Ingresos, cambió su denominación por Dirección General de Planeación y Evaluación. Asimismo, se fortalece la función de capacitación fiscal, al incluirse en dicho Reglamento al Instituto Nacional de Capacitación Fiscal, mismo que posteriormente adquiere el carácter de organismo descentralizado, al otorgársele personalidad jurídica y patrimonio propios el 20 de diciembre de 1991, en la fracción III del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación.

A fin de fortalecer la cohesión de la política económica y con ello contribuir a la consolidación de la recuperación económica, de la estabilización y del financiamiento del desarrollo, el 21 de febrero de 1992, mediante el Decreto que deroga, reordena y reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se dispuso la fusión de las Secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público.

Con esta medida, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se le confirieron, además de las atribuciones en materia fiscal, financiera y crediticia, las de programación del gasto público, de planeación y de información estadística y geográfica.

Como parte de este proceso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo Reglamento Interior el 24 de febrero de 1992, mediante el cual se integraron a la Secretaría las siguientes unidades administrativas de la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto:

  • La Subsecretaría de Normatividad y Control Presupuestal con la Unidad de Inversiones y las Direcciones Generales de Política Presupuestal; de Contabilidad Gubernamental y de Normatividad y Desarrollo Administrativo, esta última integrada con la fusión de las Direcciones Generales de Servicio Civil y de Normatividad de Obras Públicas, Adquisiciones y Bienes Muebles.

  • La Subsecretaría de Programación y Presupuesto con las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto Energético e Industrial; de Servicios; de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y de Abasto; de Infraestructura, Desarrollo Regional y Urbano y de Salud, Educación y Trabajo.

  • La Subsecretaría de Desarrollo Regional con la Unidad Responsable del Programa Nacional de Solidaridad; la Dirección General de Programación y Presupuesto Regional y las Delegaciones Regionales de Programación y Presupuesto. Posteriormente estas áreas fueron transferidas a la Secretaría de Desarrollo Social, mediante Decreto del 4 de junio de 1992.

  • La Dirección General de Política Económica y Social al pasar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cambió su denominación por Unidad de Planeación del Desarrollo, quedando adscrita a la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público.

  • El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, pasó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conservando su carácter de órgano desconcentrado.

Asimismo, mediante el citado Reglamento Interior del 24 de febrero de 1992, se efectuaron los siguientes cambios a la estructura de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

  • En la Procuraduría Fiscal de la Federación, desaparecen la Primera, Segunda y Tercera Subprocuradurías Fiscales, así como la Subprocuraduría Fiscal de Control de Cambios y se crean las Subprocuradurías Fiscales Federales de Legislación y Consulta; de lo Contencioso; de Amparos y Asuntos Laborales y la de Asuntos Financieros.

  • En la Tesorería de la Federación se le otorga nivel de Dirección General a la Unidad de Vigilancia de Fondos y Valores.

  • Con el propósito de promover una administración tributaria más eficiente que fortaleciera la recaudación, impulsara la fiscalización, aumentara la presencia fiscal, diversificara los controles y ampliara las fuentes de información, mediante el Decreto del 25 de enero de 1993, que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones del Reglamento Interior, se realizaron los siguientes cambios a la estructura orgánica básica de la Secretaría:

  • Fusión de las Subsecretarías de Normatividad y Control Presupuestal y de Programación y Presupuesto para conformar la Subsecretaría de Egresos, misma que quedó integrada con la Unidad de Inversiones, Energía e Industria; las Direcciones Generales de Política Presupuestal; de Normatividad y Desarrollo Administrativo; de Contabilidad Gubernamental; de Programación y Presupuesto de Servicios; de Programación y Presupuesto Agropecuario, Pesquero y Abasto y de Programación y Presupuesto de Salud, Educación e Infraestructura.

  • Desaparece la Subsecretaría de Asuntos Financieros Internacionales, así como las Direcciones Generales de Captación de Crédito Externo y Técnica de Crédito Externo, cuyas funciones se integraron a la Dirección General de Crédito Público. Asimismo, la Dirección General de Asuntos Hacendarios Internacionales se adscribió a la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público.

  • En la Subsecretaría de Ingresos se crearon las Direcciones Generales de Interventoría y Fiscal Internacional, cambiaron su denominación la Dirección General de Recaudación por Administración General de Recaudación; la Dirección General de Auditoría Fiscal Federal por Administración General de Auditoría Fiscal Federal; la Dirección General Técnica de Ingresos por Administración General Jurídica de Ingresos y la Dirección General de Aduanas por Administración General de Aduanas. Desaparecieron las Coordinaciones de Administración Fiscal, las Administraciones Fiscales Federales y las Oficinas Federales de Hacienda, constituyéndose las Administraciones Regionales de Recaudación; de Auditoría Fiscal Federal; Jurídica de Ingresos y de Aduanas, así como las Administraciones Locales de Recaudación; Auditoría Fiscal Federal y Jurídica de Ingresos.

  • En la Procuraduría Fiscal de la Federación, desaparecen las Subprocuradurías Fiscales Regionales y la Subprocuraduría Fiscal Federal de lo Contencioso, cuyas funciones fueron asumidas por la Administración General Jurídica de Ingresos. La Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos y Asuntos Laborales cambia su denominación por Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos.

Con el Decreto del 20 de agosto de 1993, que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se realizaron cambios a la estructura orgánica básica, consistentes en la fusión de las Direcciones Generales de Política de Ingresos y Fiscal Internacional para quedar como Dirección General de Política de Ingresos y Asuntos Fiscales Internacionales, así como el cambio de denominación de la Coordinación General con Entidades Federativas por Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas.

Mediante el Decreto del 23 de diciembre de 1993, se expidió la Ley del Banco de México, la cual establece que el Banco Central será persona de derecho público con carácter autónomo y se denominará Banco de México.

En diciembre de 1995, se autoriza y registra por parte de las instancias globalizadoras competentes, la estructura orgánica básica de la Secretaría, misma que incluyó los cambios estructurales siguientes:

  • En la Subsecretaría de Ingresos cambia su denominación la Dirección General de Interventoría por Administración General de Interventoría, Desarrollo y Evaluación y desaparece la Dirección General de Planeación y Evaluación.

  • En la Subsecretaría de Egresos se crea la Dirección General de Programación y Presupuesto de Energía e Infraestructura; cambian su denominación la Unidad de Inversiones, Energía e Industria por Unidad de Inversiones; la Dirección General de Política Presupuestal por Unidad de Política y Control Presupuestal; la Dirección General de Normatividad y Desarrollo Administrativo por Dirección General de Normatividad y Servicio Civil; la Dirección General de Contabilidad Gubernamental por Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública; la Dirección General de Programación y Presupuesto de Salud, Educación e Infraestructura por Dirección General de Programación y Presupuesto de Salud, Educación y Laboral y la Dirección General de Programación y Presupuesto Agropecuario, Pesquero y Abasto por Dirección General de Programación y Presupuesto Agropecuario, Abasto, Desarrollo Social y Recursos Naturales.

  • En la Oficialía Mayor la Dirección General de Personal, cambia su denominación por Dirección General de Recursos Humanos y la Dirección General de Servicios y Recursos Materiales por Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Asimismo, mediante Decreto del 15 de diciembre de 1995, se expidió la Ley del Servicio de Administración Tributaria, misma que en su Transitorio Primero estableció su entrada en vigor a partir del 1 de julio de 1997, por lo que en marzo de 1996, con el propósito de sentar las bases orgánico funcionales que dieran lugar a la integración del órgano desconcentrado responsable del Servicio de Administración Tributaria, se autoriza y registra una nueva estructura orgánica básica de la Secretaría, realizándose en el ámbito de la Subsecretaría de Ingresos, el cambio de nomenclatura de la Administración General de Interventoría, Desarrollo y Evaluación por Administración General de Información, Desarrollo y Evaluación y de la Dirección General de Política de Ingresos y Asuntos Fiscales Internacionales por Dirección General de Política de Ingresos; así como la creación de las Direcciones Generales de Interventoría y de Asuntos Fiscales Internacionales.

En junio de 1996, se autoriza y registra una nueva estructura orgánica básica de la Secretaría, realizándose en el ámbito de la Subsecretaría de Egresos, el cambio de nomenclatura de la Dirección General de Normatividad y Desarrollo Administrativo, por Unidad de Servicio Civil.

En julio de 1996, se autoriza y registra una nueva estructura orgánica básica de la Secretaría, en la cual cambia de adscripción la Unidad de Contraloría Interna, de la Oficialía Mayor al área del C. Secretario.

En agosto de 1996, se autoriza y registra una nueva estructura orgánica básica de la Secretaría, realizándose en el ámbito de la Subsecretaría de Egresos, el cambio de nomenclatura de la Unidad de Inversiones, por Unidad de Inversiones y de Desincorporación de Entidades Paraestatales. Este cambio fue originado por la fusión de la Unidad de Inversiones con la Unidad de Desincorporación.

Con la publicación del Reglamento Interior de la Secretaría, el 11 de septiembre de 1996, se formalizan los cambios efectuados durante 1995 y 1996.

El 30 de junio de 1997 se publican en el Diario Oficial de la Federación reformas al Reglamento Interior de la Secretaría, el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria y un nuevo Acuerdo de adscripción de unidades administrativas de la Secretaría. Mediante estos ordenamientos se efectuaron los siguientes cambios a la estructura orgánica básica de la Secretaría:

  • Desincorporación de la Subsecretaría de Ingresos, con excepción de la Dirección General de Política de Ingresos, para conformar el Servicio de Administración Tributaria con carácter de órgano desconcentrado de la Secretaría.

  • Readscripción de la Dirección General de Política de Ingresos a la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público.

  • Incorporación de la Unidad de Coordinación Técnica y Vocero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dependiendo directamente del C. Secretario.

  • Incorporación de las Direcciones Generales del Destino de los Bienes de Comercio Exterior propiedad del Fisco Federal y de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial, dependiendo de la Oficialía Mayor.

Finalmente, el 10 de junio de 1998 se publican en el Diario Oficial de la Federación reformas a los Reglamentos Interiores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del órgano desconcentrado Servicio de Administración Tributaria, así como un nuevo Acuerdo de adscripción de unidades administrativas de la Secretaría, efectuándose los siguientes cambios a la estructura orgánica básica de la Secretaría:

  • Reincorporación de la Subsecretaría de Ingresos; conformada con 1 Coordinación General de Política de Ingresos y de Coordinación Fiscal; 3 Direcciones Generales provenientes del Servicio de Administración Tributaria (Dirección General de Política de Ingresos por Impuestos y de Coordinación Fiscal, cuya nomenclatura anterior era Dirección General de Planeación Tributaria; Dirección General Técnica y de Negociaciones Internacionales, cuya nomenclatura anterior era Dirección General de Asuntos Fiscales Internacionales; y la Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas); así como con la Dirección General de Política de Ingresos por la Venta de Bienes y la Prestación de Servicios Públicos, misma que proviene de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público y cuya nomenclatura anterior era Dirección General de Política de Ingresos.

  • Incorporación de la Unidad de Enlace con el Congreso de la Unión, dependiendo directamente del C. Secretario.

  • En la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, además de la readscripción de la Dirección General de Política de Ingresos a la Subsecretaría de Ingresos, cambiando su nomenclatura por Dirección General de Política de Ingresos por la Venta de Bienes y la Prestación de Servicios Públicos, se cancelan la Unidad de Planeación del Desarrollo y la Dirección General de Banca Múltiple, para dar lugar a la incorporación de la Dirección General de Banca y Ahorro.

  • En la Tesorería de la Federación cambian de nomenclatura la Subtesorería de Control e Informática por Subtesorería de Contabilidad y Control Operativo y la Unidad de Vigilancia de Fondos y Valores por Dirección General de Vigilancia de Fondos y Valores. Asimismo, se incorporan las Direcciones Generales de Procedimientos Legales y de Sistemas Automatizados.

  • La Unidad de Contraloría Interna cambia su nomenclatura por Contraloría Interna.

  • Conforme a lo expuesto, la estructura orgánica básica actual de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda conformada por: 1 Secretario, 3 Subsecretarios, 1 Procurador Fiscal de la Federación, 1 Tesorero de la Federación, 1 Oficial Mayor, 1 Coordinación General, 37 Direcciones Generales o unidades equivalentes y 2 Organos Desconcentrados, como se representa en el organograma general de este Manual.

Instrumentos de la política fiscal.

Los instrumentos de la política fiscal son aquellas variables sobre las que el Gobierno ejerce un control directo porque forman parte de sus flujos de rentas. Conviene, por tanto, recordar el esquema de los flujos del sector de Administraciones públicas:

a) Origen de las rentas (INGRESOS):

+ Impuestos directos

+ Impuestos indirectos

+ Cotizaciones Sociales

= RENTA BRUTA de AA. PP. (Ingresos Públicos)

- Transferencias corrientes (desempleo, subvencio-

nes, otras prestaciones sociales etc.)

- Intereses de la deuda

= RENTA BRUTA DISPONIBLE de AA. PP.

b) Aplicación de rentas (GASTOS):

- Consumo público (gastos en bienes y servicios

para prestación de servicios públicos de sanidad,

educación, defensa, etc.)

- Inversión pública (gastos en inversión real como

infraestructura, etc.)

= SALDO PRESUPUESTARIO

Como instrumentos las Administraciones públicas utilizan:

  • Gasto público (G), que es la suma del consumo público (CP) y de la formación bruta de capital pública (Ipub).

  • Transferencias públicas, tanto a las familias como a las empresas (TR)

  • Impuestos (t)

Objetivos.

El objetivo principal de la política fiscal es evitar las fluctuaciones de la economía, a través de su impacto expansivo o contractivo sobre la demanda agregada, vía manejo de los ingresos o gastos públicos (Instrumentos).

  • Como se ha comentado anteriormente, la política fiscal tiene como principales objetivos finales:

    • El crecimiento económico

    • La generación del empleo

    • El control de la inflación

    • El equilibrio externo (tcr).

  • Como objetivos intermedios, la política fiscal influye en las siguientes variables:

    • El tipo de interés

    • La renta disponible de las familias

    • La renta disponible de las empresas

    • El tipo de cambio nominal y el saldo neto exterior

    Tipos de política fiscal.

    La política fiscal puede tener carácter expansivo o contractivo.

    • Política fiscal expansiva, conjunto de medidas cuya finalidad es aumentar o expandir la producción o renta de equilibrio de la economía.

    • Política fiscal contractiva, el razonamiento es simétrico, invirtiendo los signos se producirá el efecto contrario. Hay que reducir G, reducir R, y aumentar T

    Situación actual y alternativas a la problemática.

    Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el estado actual de la política fiscal mexicana es:

    • El marco macroeconómico para 2002 es consistente con un déficit del sector público de 0.65 por ciento como porcentaje del PIB. Esta meta no incluye el impacto recaudatorio que pudiera tener la aprobación de la reforma fiscal que actualmente se discute en el H. Congreso.

    • Se espera que el superávit primario del sector público, definido como los ingresos totales menos los gastos distintos al pago de intereses, aumente 9 por ciento en términos reales.

    • Para promover el gasto de inversión en la economía, se extenderá el alcance de algunos de los proyectos PIDIREGAS1 que se llevan a cabo actualmente. Al mismo tiempo, someterá a la aprobación del H. Congreso una serie de nuevos proyectos que vendrán acompañados de una importante derrama de recursos durante el próximo año. De este modo, se estima que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) aumenten de 3.0 por ciento del PIB en 2001 a 3.2 por ciento del PIB en 2002.

    Alternativas.

    Para el financiamiento adecuado y solvente de sus actividades, el gobierno debe recurrir a los impuestos. Para la sociedad, es preferible que se acuda a fuentes eficientes y explícitas de financiamiento que al más injusto e ineficiente de todos los impuestos: el impuesto financiero.

    El sistema tributario debe también evitar que los impuestos se conviertan en obstáculo para la actividad económica y para la generación de empleos productivos y bien remunerados. Por ello se debe estimular la actividad productiva, la inversión y el ahorro.

    La sociedad a través de expertos fiscales que representen los intereses de los distintos sectores, debe participar en el diseño de un sistema tributario equitativo y eficiente. Por ello se ha constituido el Consejo Asesor Fiscal, conformado por expertos y representantes de los diversos sectores sociales, para que el gobierno proponga al Legislativo una reforma fiscal que promueva el ahorro interno sobre bases de equidad y eficiencia.

    El sistema financieros desempeña un papel fundamental para la generación del crecimiento económico. Capta una parte muy importante del ahorro de la sociedad y lo canaliza hacia inversiones productivas.

    Lógicamente, la eficacia de la política fiscal también va a verse directamente afectada por los retardos temporales que veíamos en el primer capítulo introductorio: retardo de reconocimiento, retardo de acción y retardo técnico.

    Un ajuste fiscal oportuno y decisivo producirá, con alta probabilidad, un círculo virtuoso para las finanzas públicas. Al encarar directamente los pasivos contingentes (que debieran evaluarse periódica y públicamente) el gobierno federal reduciría el riesgo inherente en la deuda pública y, por tanto, induciría menores tasas de interés. Éstas, a su vez, estimularían una mayor inversión y un mayor crecimiento económico. Tanto las menores tasas de interés como un mayor crecimiento reforzarían la viabilidad de la política fiscal.

    Política monetaria.

    Conceptos generales.

    La política monetaria. es el conjunto de acciones emprendidas por el Banco Central con el propósito de regular la circulación monetaria y, a través de ella, incidir sobre el costo del dinero y la disponibilidad de crédito para todos los sectores de la economía.

    Demanda Monetaria. Función que expresa la cantidad de riqueza que las personas y las empresas guardan en forma de dinero, renunciando así a gastarlo en bienes y servicios o a invertirlo en otros activos.

    Oferta monetaria. También llamada a veces liquidez, la oferta monetaria es la cantidad total de dinero que existe en una economía. Hay varias posibles definiciones del concepto de acuerdo al tipo de los activos que se consideren como integrantes de la liquidez existente. En su definición más restringida, la oferta monetaria está constituida exclusivamente por los billetes y monedas en circulación más los depósitos a la vista o en cuenta corriente que se hallan en el sistema bancario. A esta oferta monetaria básica, o circulante, se la denomina como M1.

    Base monetaria. Es un pasivo del Banco Central sobre el que tiene un control directo y mediante el cual influye en la oferta monetaria de la economía. (dinero de alto poder expansivo) está constituida por las monedas y billetes en circulación en la economía y las reservas en efectivo que el sistema bancario tiene en el Banco Central.

    Tasa de interés. La tasa de interés es un indicador fundamental de cualquier economía ya que actúa como regulador entre la oferta y la demanda de recursos monetarios. Es decir, es un porcentaje que nos indica el costo que representa obtener dinero en préstamo o en crédito desde el punto de vista de un deudor, y el rendimiento de nuestros recursos al realizar un ahorro o una inversión.

    Inflación. La inflación se define como una subida generalizada (afecta a todos los sectores de la economía) y continua (durante un periodo prolongado en el tiempo) de los precios de los bienes y servicios.

    La inflación es un reflejo de que el dinero pierde valor, por lo que para adquirir un bien habrá que entregar cada vez una mayor cantidad de dinero.

    Antecedentes.

    Desde varios años atrás, un número importante de bancos centrales lleva a cabo la política monetaria mediante la utilización de instrumentos de mercado, buscando ejercer cierta influencia sobre las tasas de interés de corto plazo. Esto último con el objeto de dar inicio al llamado mecanismo de transmisión de la política monetaria. A través de dicho mecanismo, las acciones del banco central tienen un efecto sobre la demanda agregada y, a la postre, sobre la evolución de los precios.

    Gran parte de la literatura que ha abordado el tema de la instrumentación de la política monetaria se ha orientado a determinar cual debe ser el objetivo final de la política y a analizar en que contexto un objetivo intermedio en particular resulta más útil que otro. Mucho se ha escrito sobre la conveniencia de adoptar al tipo de cambio, a las tasas de interés o a la evolución de algún agregado monetario como objetivo intermedio de la política monetaria. Más aún, recientemente, a la luz del cambiante entorno en el que operan los bancos centrales, una nueva corriente tanto académica como empírica, ha propuesto mayor flexibilidad para la autoridad monetaria en la ejecución de su política, mediante la definición explícita de metas sobre la inflación para períodos de tiempo determinados, quedando a su discreción la elección del método más apropiado para su consecución

    La política monetaria y la política cambiaria, al cuidado del banco central, han contribuido a la moderación de la inflación; la política fiscal es el eje de la estrategia del Estado para el ajuste, la estabilización y el crecimiento económico. Es indispensable una coordinación efectiva y consistente entre las políticas mencionadas.

    Los instrumentos de la política monetaria son muy limitados, aunque es conveniente una combinación de ellos para lograr mejores resultados, los costos de la política monetaria representan costo de la lucha contra la inflación y de preservación en lo posible de las reservas monetarias internacionales del instituto; la inflación no es fenómeno simplemente monetario, sino complejo, que interna sus raíces en la estructura real de producción y mercadeo de bienes y servicios; y emerge en el plano circulatorio de la economía, donde los desequilibrios macroeconómicos convencionales facilitan y refuerzan el impulso inflacionario.

    El Banco de México ha realizado esfuerzos importantes para mejorar la calidad y frecuencia de la información sobre sus principales acciones en materia de política monetaria, así como para hacer más eficiente y oportuna la difusión de los diversos indicadores económicos que produce. Dichos esfuerzos tienen como objetivo que las decisiones de los agentes económicos se basen en mejor información.

    En México, el llamado candado de divisas se incorporó desde la ley fundadora del Banco de México en 1925. Dicha ley impuso a las autoridades monetarias la obligación de conservar en reservas de divisas por lo menos el 50% de sus billetes en circulación, además de un límite de billetes por número de habitante. Más tarde, en la ley orgánica del mismo banco de 1936, la reserva mínima pasó a ser del 25%, porcentaje que permaneció hasta 1984, para luego desaparecer de la legislación monetaria.5

    En este sentido, consideramos que el candado de divisas que permaneció durante muchos años en la legislación mexicana no constituía meramente una "influencia tardía" del patrón oro: era una opción a una política discrecional que en su ausencia dejaba en libertad a la autoridad monetaria para determinar la política que considerara conveniente para cada coyuntura.

    En el caso de México, en particular en los tres últimos trimestres de 1994, la relación entre las variaciones en las reservas y las correspondientes a la oferta monetaria son por lo menos sorprendentes: la oferta monetaria crecía mientras las reservas disminuían. Al final del año las reservas disminuyeron a un nivel en el que la devaluación resultó inevitable. Para las autoridades del Banco de México la política monetaria que siguieron durante todo el periodo que precedió a la devaluación está plenamente justificada. Para éstas fueron factores de tipo político, más que económico, los que explican los movimientos especulativos y finalmente la devaluación de diciembre de 1994. Sin embargo, antes de evaluar en su conjunto esta conclusión, conviene retomar la relación entre las variaciones de las reservas y la política monetaria. Para ello nos apoyaremos en la experiencia de Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XIX.

    El banco de México.

    Antecedentes

    El Banco de México, que abrió sus puertas el 1 de Septiembre de 1925, fue la consumación de una aspiración largamente acariciada por el país. Poco recordado es actualmente el hecho de que los antecedentes de esta Institución se remontan al menos hasta principios del siglo XIX. En fecha tan remota como 1822, durante el reinado de Agustín de Iturbide, la historia registra la presentación de un proyecto para crear una institución con la facultad para emitir billetes que se denominaría "Gran Banco del Imperio Mexicano".

    En Europa, los bancos centrales surgieron a partir de una evolución espontánea en que algún banco comercial fue adquiriendo gradualmente las funciones que en un contexto moderno corresponden en exclusiva a los institutos centrales. Algo parecido estuvo próximo a ocurrir en México hacia 1884, pero en un célebre juicio legal celebrado en la capital del país triunfó la postura que favorecía la libre concurrencia de los bancos comerciales en cuanto a la emisión de billetes.

    Con la destrucción del sistema bancario porfirista durante la Revolución, la polémica ya no se centra en la conveniencia del monopolio o la libre concurrencia en la emisión de moneda, sino en las características que debería tener el Banco Unico de Emisión, cuyo establecimiento se consagró en el Art. 28 de la Carta Magna promulgada en 1917. La disyuntiva consistía en proponer el establecimiento de un banco privado, o un banco bajo control gubernamental. Los Constituyentes reunidos en Querétaro optaron por esta segunda fórmula, aunque la Carta Magna sólo estableció que la emisión de moneda se encargaría en exclusiva a un banco que estaría "bajo el control del Gobierno".

    Sin embargo, a pesar del desiderátum consagrado en la Constitución, siete largos años demoró la fundación del entonces llamado Banco Unico de Emisión. En ese lapso, se emprendieron varias tentativas para llevar a cabo el proyecto, que fracasaron por la inflexible penuria del erario. Reiteradamente, la escasez de fondos públicos fue el obstáculo insuperable para poder integrar el capital de la Institución. En el ínterin, se fue consolidando en el mundo la tesis sobre la necesidad de que todos los países contasen con un banco central. Tal fue el mensaje de un comunicado emitido en 1920 por la entonces influyente Sociedad de las Naciones, durante la Conferencia Financiera Internacional celebrada en Bruselas.

    El establecimiento del Banco de México no se hace realidad hasta 1925, gracias a los esfuerzos presupuestarios y de organización del Secretario de Hacienda, Alberto J. Pani, y al apoyo recibido del Presidente Plutarco Elías Calles. En su momento, alguien llegó a comentar, en tono de broma, que a la Institución debería llamársele "Banco Amaro", ya que los fondos para integrar el capital se pudieron reunir finalmente, en virtud de las economías presupuestales logradas en el Ejército por el entonces Secretario de la Defensa Nacional, Gral. Joaquín Amaro.

    El Banco de México se inauguró en solemne ceremonia el 1 de septiembre de 1925. El acto fue presidido por el primer mandatario, Plutarco Elías Calles, y al mismo concurrieron los personajes más sobresalientes de la época en la política, las finanzas y los negocios. Al recién creado Instituto se le entregó, en exclusiva, la facultad de crear moneda, tanto mediante la acuñación de piezas metálicas como a través de la emisión de billetes. Como consecuencia correlativa de lo anterior, se le encargó la regulación de la circulación monetaria, de los tipos de interés y del cambio sobre el exterior. Asimismo, se convirtió al nuevo órgano en agente, asesor financiero y banquero del Gobierno Federal, aunque se dejó en libertad a los bancos comerciales para asociarse o no con el Banco de México.

    El Banco Central nace en momentos de grandes retos y aspiraciones para la economía del país. A la necesidad de contar con una institución de esa naturaleza la acompañaban otros imperativos: propiciar el surgimiento de un nuevo sistema bancario, hacer renacer el crédito en el país y reconciliar a la población con el uso del papel moneda. Esta última no se presentaba como una tarea sencilla después de la traumática experiencia inflacionaria con los "bilimbiques" del periodo revolucionario. Según las crónicas, con ese nombre bautizó el ingenio popular al papel moneda que emitieron los distintos bandos revolucionarios y que se depreció como una exhalación. Por todo ello, al flamante Banco de México, además de los atributos propios de un banco de emisión, se le otorgaron también facultades para operar como institución ordinaria de crédito y descuento.

    Durante sus primeros seis años de vida, el Banco obtuvo un éxito razonable en cuanto a promover el renacimiento del crédito en el país. Sin embargo, las dificultades que enfrentó en su propósito de consolidarse como banco central resultaron formidables. Aunque su prestigio creció y logró avances, la circulación de sus billetes fue débil y pocos bancos comerciales aceptaron asociarse con él mediante la compra de sus acciones.

    La primera gran reforma en la vida del Banco de México ocurre hacia 1931 y 1932. En julio de 1931 se promulga una controvertida Ley Monetaria por la cual se desmonetiza el oro en el país. En cuanto al Banco de México, dicha Ley confirió ciertas características de moneda a sus billetes, aun cuando se conservó la libre aceptación de los mismos. Sin embargo, tan sólo ocho meses después sobrevienen otras reformas de mayor trascendencia: la de la mencionada Ley Monetaria y la promulgación de una nueva Ley Orgánica para el Banco de México. Mediante esta última reforma se le retiraron al Banco las facultades para operar como banco comercial, se hizo obligatoria la asociación de los bancos con el Instituto Central y se flexibilizaron las reglas para la emisión de billetes.

    Cuentan las crónicas que en esta época fue tan grande la escasez de moneda, que se inició un movimiento nacional en favor de la aceptación del billete del Banco de México, hecho que aumentó sustancialmente la demanda por dicho medio de pago. Incluso, algunos empezaron a preferir el billete a las piezas acuñadas. Ello dio lugar a un movimiento de auge del redescuento.

    Así, una vez expedida la nueva Ley, a la par que se iniciaba un periodo de libre fluctuación para que el tipo de cambio tomara su nivel de equilibrio, se autorizó al Banco a comprar oro a precios de mercado. Con ello, no sólo se dio lugar al aumento de la reserva monetaria, sino que se consolidó uno de los principales canales para la emisión del billete. Dicha fórmula y la recuperación de la economía después de la postración de 1929 y 1930, fue lo que arraigó en definitiva al papel moneda como el principal instrumento de pagos en el país.

    Una vez conseguida la aceptación del billete, se abrió el camino para que el Banco pudiera cumplir las funciones señaladas en su nueva Ley Orgánica. Estas fueron las siguientes: regular la circulación monetaria, la tasa de interés y los cambios sobre el exterior; encargarse del servicio de la Tesorería del Gobierno Federal; centralizar las reservas bancarias y convertirse en banco de los bancos y en prestamista de última instancia.

    En 1935, se enfrenta una crisis sin precedentes, cuando el precio de la plata se eleva ininterrumpidamente. Se llega a correr riesgo grave de que el valor intrínseco de las monedas de ese metal --las cuales integraban el grueso de la moneda fraccionaria o de apoyo-- supere a su valor facial. El peligro se cierne en especial sobre las piezas de un peso, que gozaban de gran arraigo entre la población. La crisis se conjura mediante dos medidas: emitir piezas con menor contenido de plata, y poner en circulación billetes de esa denominación que por largos años se conocieron como "camarones".

    En 1936 se promulga una nueva y ortodoxa Ley Orgánica, la cual responde a la motivación de librar a la operación del Banco de México de toda "nota inflacionista". Ello, mediante la adopción de reglas muy estrictas para la emisión de medios de pago. Particular énfasis se puso en ese ordenamiento en cuanto a limitar el crédito que el Banco Central pudiese otorgar al gobierno. En la práctica, dicha Ley resulta muy rígida y, en estricto sentido, nunca llega a ponerse en vigor. Así, en 1938 se reforman sus disposiciones más restrictivas. Ello, tanto en lo referente a los límites del crédito que el Banco pudiese otorgar al Gobierno, como respecto al tipo de papel que el mismo pudiese adquirir en sus operaciones con los bancos comerciales.

    Pocos meses antes, como consecuencia del deterioro que venía sufriendo la balanza de pagos de México desde 1936 y de las fugas de capital causadas por la expropiación petrolera, el Banco de México se había retirado del mercado y el tipo de cambio había pasado de 3.60 pesos por dólar a niveles superiores al de 5 pesos por dólar.

    A finales de 1939, el entorno de la economía mexicana se modifica drásticamente con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. México se ve inundado con los capitales flotantes o "golondrinos" que buscan refugio bancario en nuestro país. Es en este contexto que en junio de 1941 se promulga un nuevo encuadre legal para las materias bancaria y financiera. De ahí surgieron una nueva Ley Bancaria, así como una nueva Ley Orgánica del Banco de México.

    El periodo bélico que se extendió aproximadamente de 1940 a 1945 fue de gran trascendencia en la evolución del Banco de México. Nunca antes desde su fundación, el Banco se había enfrentado al reto de tener que aplicar una política de contención monetaria. En palabras del entonces Director General, Eduardo Villaseñor, hasta ese momento el mecanismo del Banco se asemejaba a la maquinaria de un reloj en el sentido de que sólo podía accionarse "hacia adelante". Fue así que se inició una odisea: la de desarrollar los mecanismos de regulación apropiados para un Banco Central que operaba en un medio donde no existían mercados financieros dignos del nombre.

    Durante el periodo bélico el influjo de capitales hinchó la reserva monetaria del Banco, dando lugar a una acelerada expansión de los medios de pago, expansión preñada de un ominoso potencial inflacionario. Para conjurar esa posibilidad, las autoridades se embarcaron en un proceso de aproximaciones en el que gradualmente se fueron definiendo las herramientas más idóneas para realizar la requerida contención monetaria. Primeramente se intentó realizar operaciones de mercado abierto, y se buscó también influir en la composición de las carteras de los bancos para evitar transacciones y créditos especulativos. También se experimentó con la manipulación de la tasa de redescuento y la "persuasión moral", aunque el instrumento que mejores resultados arrojó fue la elevación de los "encajes", o sea, de los depósitos obligatorios que la banca tenía que abonar en el Banco Central. Este recurso se llevó a un extremo nunca antes experimentado en país alguno, pues el coeficiente de encaje se elevó hasta el 50% de los depósitos para los bancos del Distrito Federal, y hasta el 45% para los bancos de provincia.

    Tan probó su eficacia el expediente de elevar el encaje legal que, una vez concluida la Guerra y durante muchos años, se recurrió en México a la manipulación del requisito de reserva obligatoria, no sólo para fines de regulación monetaria, sino también para otros dos objetivos: como método de financiamiento para los déficit del Gobierno y para fines de "control selectivo del crédito". En 1949, al producirse nuevamente una preocupante entrada de divisas, se reforma la Ley Bancaria y se otorga al Instituto Central la facultad potestativa de elevar el encaje de la banca comercial hasta el 100% sobre el crecimiento de sus pasivos. Sin embargo, esta obligación se graduó en función de la forma en que las instituciones integrasen sus carteras de crédito o, en otras palabras, de acuerdo a la manera en que canalizaran su financiamiento a los distintos sectores de la economía.

    En 1948 y 1949, México sufre dos severas crisis de balanza de pagos atribuibles, en muy buena medida, a los reacomodos y ajustes de la economía mundial típicos de la postguerra. Desde una perspectiva histórica, para el país y para el Banco de México ello puede interpretarse como una comprobación de los beneficios que siempre reporta la aplicación de una política monetaria prudente.

    En junio de 1944, México había sido uno de los países suscriptores del convenio de Bretton Woods, mediante el cual se acordó, entre otras cosas, un sistema de tipos de cambio fijos para las monedas del mundo. En 1948, a pesar de que dicho convenio no aceptaba los tipos de cambio fluctuantes, México decidió dejar en flotación la tasa de cambio del peso. Sin embargo, en 1949 se decidió ensayar una nueva paridad al nivel de 8.65. Esta fue la tasa de cambio que prevaleció hasta 1954, cuando el país tuvo que efectuar un nuevo ajuste cambiario.

    En 1952, toma las riendas del Banco de México un hombre que habría de prestar servicios de inestimable valor a México y que habría de dar lustre y prestigio a las finanzas mexicanas: Rodrigo Gómez. Don Rodrigo --como se le conoció en vida-- estuvo a la cabeza del Banco hasta su muerte, durante 18 largos años, habiéndose manifestado a lo largo de su gestión, tanto en hechos como en pensamiento, como un enemigo acérrimo de la inflación. En alguna célebre ocasión señaló que si "la disyuntiva fuera entre progresar velozmente o tener una moneda estable, no habría duda sobre la elección". Pero el punto es que la inflación no sólo tiene efectos negativos sobre la distribución del ingreso, sino que acaba por frenar la inversión y el crecimiento económico.

    Junto con Antonio Ortiz Mena, quien lo acompañó durante dos sexenios al frente de la Secretaría de Hacienda, Don Rodrigo Gómez fue uno de los artífices de un envidiable periodo de progreso y estabilidad que se extendió de 1954 a 1970, y que se conoce como el "desarrollo estabilizador". La era se inició después del ya mencionado ajuste cambiario de 1954, el cual puede ser considerado como la culminación de una etapa de crecimiento con inestabilidad que se extendió por más de tres lustros.

    En el lapso 1954-1970, el producto real creció a un ritmo muy superior al de la población, lo cual hizo posible que también crecieran ininterrumpidamente tanto el ingreso per-cápita como los salarios reales. En particular, el sector financiero experimentó un progreso formidable. Todo ello fue, en buena medida, resultado de la aplicación, por parte del Banco de México, de una política monetaria prudente, la cual coadyuvó a obtener una estabilidad de precios semejante a la de Estados Unidos en igual periodo. De ahí que también pudiese conservarse un tipo de cambio fijo (12.50 por dólar) dentro un régimen de irrestricta libertad carnbiaria, y que la reserva monetaria mostrase una tendencia creciente a lo largo del periodo.

    A la vez, durante el "desarrollo estabilizador" el Banco de México coadyuvó al progreso de la economía nacional, brindando apoyo a otras estrategias de promoción mediante un manejo juicioso de la política de encaje legal. Con ello no sólo se colaboró a proporcionar crédito no inflacionario a actividades prioritarias, sino también a compensar las fluctuaciones de la economía mundial que afectaron durante esos años a la balanza de pagos. En 1958, a fin de darle mayor fuerza a ese instrumento de regulación, se decidió incorporar a las sociedades financieras al régimen del encaje legal.

    Durante los años setentas y parte de los ochentas se extiende una época de dificultades para el Banco de México. Hasta 1982, los problemas tuvieron su origen en la aplicación de políticas económicas excesivamente expansivas, y en la obligación que se impuso al Banco de extender amplio crédito para financiar los deficientes fiscales en que entonces se incurrió. Todo ello dio lugar al deterioro de la estabilidad de los precios y fue causa de que ocurrieran dos severas crisis de balanza de pagos en 1976 y 1982. De 1983 en adelante, el sentido de las acciones ha sido de signo distinto. A partir de ese año, los esfuerzos han estado dirigidos, en lo fundamental, a controlar la inflación, a corregir los desequilibrios de la economía y a procurar la recuperación de la confianza de los agentes económicos.

    A pesar de todo y en algunos casos a fin de enfrentar los problemas existentes, durante las décadas recientes hemos sido testigos de importantes transformaciones institucionales y de trascendentales aportaciones del Banco Central a la economía del país. Una de las iniciativas más sobresalientes hecha por el Banco de México fue en cuanto a la creación en México de la llamada "banca múltiple" en 1976. A continuación, una vez consumada la conversión de la banca de especializada en múltiple, se promovió un programa de fusiones de instituciones pequeñas orientado a fortalecer su solidez y a procurar una mayor competitividad en el sistema financiero.

    En 1974 se creó en el Banco de México, y se introdujo en la práctica, el concepto de costo porcentual promedio de captación para la banca múltiple (CPP). Esta tasa promedio, al hacer las veces de tipo de referencia para los créditos bancarios, evitó muchas dificultades a los bancos cuando, más avanzada esa década, las tasas de interés se empezaron a elevar por efecto de la inflación. Entre otras aportaciones memorables del Banco Central, cabe recordar la idea de reglamentar la capitalización de los bancos no sólo en función de su captación, sino de ciertos activos y de otros conceptos expuestos a riesgo. Igualmente merece mención la concepción y el establecimiento de un sistema de protección para los depósitos del público en la banca.

    También objeto de orgullo para el Banco Central fue la creación, en 1978, de los Certificados de la Tesorería (Cetes). Estos títulos, previa la promulgación en 1975 de una nueva Ley Reglamentaria del Mercado de Valores, fueron la base para el desarrollo en México de un mercado de bonos y valores de renta fija. De importancia es destacar la trascendencia de dicho logro no sólo en cuanto a la evolución financiera de México, sino también respecto al progreso de la banca central en este país. La creación y la madurez del mercado de bonos dio lugar a que se consolidasen en nuestro medio las condiciones para poder llevar a cabo, en la práctica, la regulación monetaria a través de operaciones de mercado abierto.

    Ya durante la administración encabezada por el Presidente Miguel de la Madrid (1983-1988), una de las acciones más relevantes fue la creación del FICORCA (Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios). Este instrumento no sólo permitió que, en su momento, las empresas mexicanas con pasivos denominados en divisas pudieran renegociar sus adeudos externos sino, a la vez, que quedasen protegidas contra el riesgo eventual de futuros ajustes del tipo de cambio.

    En 1985 se registra un hito importante en la historia del Banco de México: en ese año se expide una nueva Ley Orgánica para la Institución. Dicho ordenamiento se distinguió porque incorporó en su texto la facultad de fijar límites adecuados al financiamiento que pudiese otorgar la Institución. Otras características notables de esa Ley fueron que otorgó al Banco la posibilidad de emitir títulos de deuda propios para fines de regulación monetaria, y liberó a la reserva monetaria de restricciones a fin de que la misma pudiese ser usada sin cortapisas para los fines que le son propios.

    De 1987 a la fecha de escribirse el presente texto, el Banco de México, actuando en concierto con otras autoridades, ha desplegado su máximo esfuerzo en procuración del abatimiento de la inflación. La tarea no ha sido fácil. A las dificultades provenientes de un entorno externo que con frecuencia ha sido desfavorable y a las propias de remover las causas fundamentales de la inflación -los déficit públicos financiados con crédito primario del Banco México-se han aunado las de vencer lo que se conoce técnicamente como "inercia inflacionaria". De este último empeño nació la concertación social que tan buenos frutos ha dado a México, y que se ha materializado en las distintas etapas del llamado "Pacto". Como se sabe, la concertación parte del principio de que los distintos grupos de la sociedad -gobierno, empresarios, obreros- lleguen a acuerdos operativos, a fin de imponer disciplina a la evolución tanto de los precios, como de los salarios y del tipo de cambio.

    La gran transformación en la historia reciente del Banco de México ocurrió en 1993, con la reforma constitucional mediante la cual se otorgó autonomía a esta Institución. La autonomía concedida al Banco de México -explicada en la Exposición de Motivos de la reforma constitucional respectiva- tiene como principal objeto construir una salvaguarda contra futuros brotes de inflación. De ahí la importancia de que en el texto Constitucional haya quedado precisado el criterio rector al cual debe sujetarse en todo tiempo la actuación del Banco de México: la procuración de la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional.

    La autonomía del Banco Central se apoya en tres fundamentos: su independencia para determinar el volumen del crédito primario que pueda ser concedido, la independencia que se ha otorgado a las personas que integren su Junta de Gobierno y la independencia administrativa de la Institución.

    Estos tres soportes son fundamentales para garantizar la autonomía del Instituto Central, pero el primero de ellos merece comentario especial. En el artículo 28 Constitucional ha quedado señalado que "ninguna autoridad podrá ordenar al Banco conceder financiamiento". La relevancia de esta medida tiene su origen en la muy especial relación que existe entre el crédito del Banco Central y los movimientos del nivel general de precios. Ello, porque el Banco Central es la única entidad que puede aumentar el poder de compra en la economía, aunque nadie produzca más. De ahí que exista siempre una relación causal muy estrecha entre el crédito del Banco Central y el movimiento del nivel general de los precios.

    La autonomía del Banco Central puede verse como una barrera contra la ocurrencia de futuras inflaciones. La importancia de que exista este dique proviene de los múltiples males que causa la inflación, especialmente por lo que toca a la distribución del ingreso y a las posibilidades de crecimiento económico. En épocas de inflación, los precios crecen más aceleradamente que los salarios, a la vez que dicho fenómeno afecta en mayor medida a quienes tienden a conservar sus recursos en billetes y monedas. Y en general, los individuos en esta última situación son los que pertenecen a los estratos más desfavorecidos de la sociedad.

    La autonomía del Banco Central es un buen dique contra la inflación en la medida en que no está dirigida a paliar sus síntomas, sino a evitar sus causas. Ello, porque está encaminada a impedir un uso abusivo del crédito del instituto emisor, fuente principal del mal a que se alude.

    El Banco de México ha sido también semillero de no pocas ideas e instituciones que han dado renombre a la administración mexicana y han aportado al progreso de México. Para recordar sólo algunos casos cabe mencionar al Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) fundado en 1937; al Fondo Nacional para el Turismo (Fonatur); al Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), y la labor permanente y abierta que han desplegado el Banco y sus funcionarios en favor del libre comercio.

    Por todo lo anterior, el Banco de México goza el día de hoy de un bien ganado y merecido prestigio. Independientemente de sus facultades legales, nadie le disputa la rectoría de los sistemas financiero y monetario, y las funciones regulatorias que en materia monetaria le son propias. De ahí su indiscutible y ya añeja autoridad intelectual y moral. Para concluir, parece conveniente citar un concepto pronunciado por Antonio Carrillo Flores* en 1975 respecto al Banco de México: podrían algunas veces haberse criticado sus medidas y decisiones, pero nunca la rectitud inquebrantable de sus dirigentes.

    Instrumentos de la política monetaria.

    Para lograr el equilibrio entre la oferta y la demanda de dinero, el banco central emplea instrumentos que influyen directa e indirectamente sobre las reservas bancarias, las tasas de interés y las decisiones que toma la población en el manejo de sus medios de pagos, tales como monedas, billetes, depósitos a la vista y otros.

    Los instrumentos de política monetaria son utilizados por el banco central de acuerdo con la naturaleza y nivel de desequilibrio prevaleciente en el mercado, y su incidencia puede ser de carácter general o específico. Las operaciones de Mercado Abierto ( OMA ), el redescuento, la fijación del encaje legal y la persuasión moral constituyen los instrumentos de acción más general a disposición del banco central.

    La compra y venta de títulos públicos es el principal y más flexible mecanismo que tiene el banco central para ejercer el control monetario. Como estas transacciones se realizan en el mercado, se denominan Operaciones de Mercado Abierto. Cuando el banco central compra títulos a la banca entrega fondos que se agregan al dinero en circulación, aumentando así la capacidad de los bancos para otorgar préstamos. Si el banco central vende títulos, ocurre lo contrario, es decir, toma recursos del sistema financiero y limita su capacidad para ofrecer créditos.

    Con la OMA el banco central incide de manera directa sobre el volumen de dinero en circulación y, de forma indirecta, sobre la tasa de interés que aplican los bancos a sus operaciones con el público. Mientras que los organismos públicos y privados emiten títulos para captar fondos destinados a financiar planes de inversión y gasto, el banco central cuando lo hace persigue absorber excedentes monetarios para garantizar el equilibrio entre la oferta y demanda de dinero. Asimismo, la racionalidad económica del sector privado conduce a ganar la menor tasa de interés posible en sus operaciones; en cambio, la racionalidad del banco central se guía por preceptos de política monetaria que van más allá de la rentabilidad de sus operaciones, aunque resguarda la eficiencia económica de su desempeño. Es admisible que el BCV incurra en pérdidas y afecte su patrimonio, si el cumplimiento de un objetivo mayor de política monetaria así lo exige. Cuando ello ocurre, le corresponde al Gobierno Nacional hacer los aportes necesarios para reponer el patrimonio del instituto emisor.

    El más antiguo de los instrumentos de política monetaria es el denominado redescuento, el cual permite al banco central prestar fondos temporales a los bancos cuando presentan problemas de liquidez o no renovar los mismos cuando las condiciones económicas exigen restringir la masa monetaria. El término redescuento designa al préstamo que otorga el banco central a la banca a cambio de recibir papeles y documentos de créditos realizados por ésta a empresas públicas y privadas. La ley especifica las condiciones y características de los títulos que califican para las operaciones de redescuento. Cuando el banco central concede un préstamo, cobra una tasa de interés llamada de redescuento, la cual constituye el costo que implica para la banca solicitante pedir recursos al instituto.

    Cuando los documentos que tienen los bancos no cumplen con los requisitos de calidad exigidos por el banco central para la entrega de préstamos a través del redescuento, las instituciones pueden acudir al anticipo. La operación es mucho más ágil, pero la tasa de interés aplicada es mayor, debido a la menor calidad de los documentos dados en garantía.

    El otro mecanismo es el reporto, a través del cual el banco central concede asistencia financiera a un banco, a cambio de la venta temporal de títulos valores que el mismo banco solicitante del préstamo debe volver a comprar al banco central dentro de un plazo y aun precio predeterminado. Mientras el redescuento, anticipo y reporto y las operaciones de mercado abierto exigen la disposición de los bancos para ser uso de estos instrumentos, el encaje responde únicamente a la decisión del banco central. El encaje legal es el mecanismo más directo para regular las reservas monetarias de la banca. El encaje legal es una medida administrativa de la autoridad monetaria, que exige a los bancos mantener inmovilizados dentro del Banco Central una porción determinada de los depósitos del público.

    Otros instrumentos que utiliza el Banco Central son:

  • Los encajes legales. El encaje se define como el porcentaje sobre el total de depósitos que las entidades financieras han de cubrir en efectivo o en forma de depósitos en el Banco Central. Este porcentaje lo decide el Banco Central y han de cumplirlo obligatoriamente todas las instituciones financieras. Si se eleva el encaje, la cantidad de dinero que se dispone para prestar disminuirá y es probable que se produzca una elevación de la tasa de interés.

  • Los redescuentos. Mediante los redescuentos el Banco Central suministra dinero con garantías reales a los bancos por plazos cortos para que éstos puedan cubrir deficiencias de efectivo mínimo. Los redescuentos son préstamos que concede el Banco Central a las entidades bancarias para cubrir deficiencias transitorias de caja.

  • Las operaciones de pase. Son otra forma de obtener crédito por parte de las entidades financieras. El prestatario (un banco) le vende al Banco Central un activo (por lo general, títulos públicos y divisas) con el compromiso de recomprarlo pocos días después pagando el precio al que hizo la venta inicial más el interés pactado.

  • Las operaciones de mercado abierto. Es otro procedimiento para manipular la cantidad de dinero. Las operaciones de mercado abierto son la compra y venta de títulos públicos por parte del Banco Central. Si el Banco Central considera que debe aumentar la cantidad de dinero y no cree oportuno bajar el efectivo mínimo, una posibilidad es comprar Letras de Tesorería a las instituciones financieras y a los particulares. Esto implica que la cantidad de dinero en la economía aumenta (inyección de liquidez). Si lo que pretende es disminuir la cantidad de dinero (drenaje de liquidez), lo que hará es vender títulos públicos a las entidades financieras, de forma que reducirá la cantidad de dinero en circulación.

  • Objetivos.

    Los gobiernos, a través de sus Ministerios de Economía, normalmente fijan las metas macroeconómicas a alcanzar, a partir de estas metas, el Banco Central debe estimar qué cantidad de dinero debe existir en la economía para lograr los objetivos.

    La política monetaria tiene los siguientes objetivos:

    • Luchar contra la inflación: El papel de la política monetaria consiste en mantener una adecuada proporción entre la liquidez monetaria y el nivel de actividad económico con el objeto de impedir desequilibrios que puedan alentar procesos inflacionarios.

    • Contribuye al crecimiento económico: En la medida en que la política monetaria crea y mantiene condiciones monetarias y crediticias favorables a la estabilidad de los precios, motiva el desarrollo de iniciativas privadas en inversión y consumo que aceleran el ritmo de actividad económica. La compatibilidad entre este mayor ritmo de actividad con baja inflación es requisito fundamental para un crecimiento económico sostenido en el largo plazo.

    • Ayuda a la estabilidad del tipo de cambio: Con estas medidas, la política monetaria contribuye con el objetivo general de equilibrar la balanza de pagos, asegurar la continuidad de los pagos internacionales del país y mantener la competitividad externa de la producción doméstica. Para ello es necesario contar con un nivel de reservas internacionales suficientes para cubrir las necesidades de importaciones de bienes y servicios indispensables al desempeño normal de la economía, además de ofrecer las divisas suficientes a su debido costo de oportunidad para el pago de los sectores público y privado a sus acreedores externos.

    • Contribuye a la estabilidad del sistema financiero y de pagos de la economía.

    En pocas palabras, los objetivos de la política monetaria son, en términos generales, los siguientes:

    • Estabilidad del valor del dinero.

    • Evitar una balanza de pagos deficitaria.

    Tipos de política monetaria.

    La política monetaria puede tener carácter expansivo o contractivo.

    • Existe una política monetaria de signo contractivo cuando las acciones del banco central tienden a reducir la circulación del dinero, lo cual eleva su consto mediante el incremento de las tasas de interés. Bajo estas condiciones, se restringen la demanda de crédito y en general el gasto de la población.

    • La política monetaria expansiva, por el contrario, se produce cuando el banco central aplica medidas orientadas a incrementar la circulación de dinero, con lo cual aminora su costo y facilita la disponibilidad de crédito, en cuyo caso se estimula la inversión privada y el gasto de la población.

    Situación actual y alternativas a la problemática.

    Datos basados en el Informe de Agregados Monetarios y Actividad Financiera del Banco de México del 26 de agosto de 2002 se tiene la información siguiente respecto al estado de la política monetaria en nuestro país.

    Al cierre de julio de 2002 el saldo de la base monetaria se ubicó en 209.8 miles de millones de pesos (m.m.p), lo que significó una reducción en el mes de 2.1 m.m.p. La tasa de crecimiento real anual de la base monetaria resultó de 11.5 por ciento. El saldo del medio circulante (M1) fue de 651.7 m.m.p en julio de 2002, lo que significó una variación real anual de 15.5 por ciento. Este agregado monetario disminuyó 1.3 m.m.p. respecto a su nivel del mes anterior. Entre sus componentes destacan las reducciones de 2.2 m.m.p., 0.3 m.m.p. y 0.1 m.m.p. en los billetes y monedas en poder del público, cuenta de cheques en moneda extranjera y depósitos en cuenta corriente, respectivamente. Por otra parte, las cuentas de cheques en moneda nacional aumentaron 1.4 m.m.p.

    El saldo del agregado monetario M2, el cual mide el ahorro financiero del sector privado residente en el país fue de 2,885.6 m.m.p. en julio de 2002. Este rubro aumentó 32.6 m.m.p. con relación a su nivel del mes anterior. Así, su expansión a tasa anual fue de 9.1 por ciento en términos reales. En cuanto a los componentes de M2, el saldo de los valores públicos en poder de residentes (emitidos por el Gobierno Federal, el IPAB y el Banco de México) aumentó 47.8 m.m.p., en tanto que la captación bancaria a plazo se redujo en 20.3 m.m.p. Cabe resaltar que los recursos asociados al sistema de ahorro para el retiro (Siefores, fondos de vivienda y otros fondos de retiro) se han incrementado en 77.3 m.m.p. durante 2002, lo que representa 53 por ciento del aumento del ahorro de residentes (M2) en el año.

    Al cierre de julio de 2002 el agregado monetario M3, que en adición a M2 incluye el ahorro financiero interno de no residentes, presentó un saldo de 2,911.6 m.m.p. Ello significó un aumento de 9 por ciento a tasa anual en términos reales. El saldo de M4, agregado monetario que incluye la totalidad del ahorro financiero del sector privado, fue en julio de 2002 de 2,951.5 m.m.p. La tasa de crecimiento real de dicho saldo con respecto al de igual mes del año anterior resultó de 8.1 por ciento.

    El saldo del financiamiento total canalizado por la banca comercial al sector no bancario al cierre de julio de 2002 fue de 1,033.7 m.m.p.5, de los cuales 931.2 m.m.p. correspondieron al financiamiento total al sector privado, 44.9 m.m.p. al financiamiento a estados y municipios y 57.6 m.m.p. al financiamiento al sector público no bancario. Cabe mencionar que dentro del financiamiento al sector privado, el saldo de los títulos resultantes de la cesión de cartera al IPAB-Fobaproa fue de 328.4 m.m.p. y el de los valores asociados a la transferencia de cartera denominada en UDIs a los fideicomisos de reestructura fue de 110.6 m.m.p. El saldo restante, 492.2 m.m.p., correspondió al financiamiento directo al sector privado. La variación real anual del financiamiento total al sector privado fue de -9.3 por ciento en julio de 2002.

    El crédito vigente de la banca comercial al sector privado refleja parcialmente la devolución del crédito nuevo. En julio de 2002 se observó un pequeño aumento de 0.8 m.m.p. en el crédito vigente total con relación a su nivel del mes anterior. El crédito al

    consumo y el crédito a intermediarios financieros no bancarios se incrementaron en el mes en 2.3 m.m.p. y 0.5 m.m.p., respectivamente. El crédito a empresas se redujo en 2 m.m.p. El financiamiento total canalizado por la banca de desarrollo al sector no bancario mostró un saldo de 380 m.m.p.5 al final de julio de 2002. De dicho total, 211.6 m.m.p. correspondieron al financiamiento canalizado al sector público no bancario, 121.8 m.m.p. al financiamiento al sector privado y 46.6 m.m.p. al financiamiento a estados y municipios.

    CONCLUSIÓN

    Mediante este trabajo hemos podido estudiar en forma separada lo que son las políticas económicas de un país.

    Pudimos ver que las políticas sirven para lograr un ajuste económico, y que sirven para alcanzar un equilibrio tanto externo como interno de un país. Así como podemos afirmar que la instrumentación de políticas económicas sólidas y responsables promoverá un ambiente de certidumbre y estabilidad, y permitirá una recuperación ordenada y sostenida de la actividad económica.

    Por mi parte considero que las políticas económicas y las instituciones que las aplican son de vital importancia para un sistema financiero. Pues un país necesita de capital para financiar sus necesidades, además que una buena economía viene acompañada siempre de mejoras para los habitantes, ya que elevará su nivel de vida.

    ENSAYO

    MÉXICO ANTE EL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN

    En los últimos años el mundo ha vivido cambios vertiginosos rumbo a un nuevo siglo en el que la modernidad, la globalización de las economías, el libre comercio, la competitividad, la eficiencia y la calidad de la libertad serán principios rectores de la sociedad. Por este motivo se debe conocer la manera en que una economía globalizada afecta o ayuda a un país.

    Es importante conocer el concepto de globalización antes de analizarlo.

    La globalización puede definirse como la creciente interdependencia entre los países, tal como se refleja en los crecientes flujos internacionales de bienes, servicios, capitales y conocimientos.

    A escala nacional la globalización se refiere a la magnitud de las relaciones entre la economía de una nación y el resto del planeta.

    Pues la globalización es un concepto no muy nuevo, sin embargo es un tema que ha cobrado gran fuerza en el contexto económico de los países, y ha propuesto entre ellos nuevos retos para tratar de erradicar la pobreza y aumentar su crecimiento.

    La globalización ha provocado la creación de grandes corporaciones en ciertos sectores industriales, haciendo que las pequeñas y medianas empresas sean vendidas a esas corporaciones.

    Por tanto si estamos hablando de México ante el proceso de globalización, entonces nos referimos a como nuestro país trata de alcanzar un desarrollo por medio de la interdependencia con otros países. Así mismo, estamos hablando de una forma de erradicar la pobreza y alcanzar un crecimiento mayor.

    La globalización es un proceso económico, político y social, así que nuestro país se está enfrentando a un desarrollo que no sólo servirá para crecer económicamente, sino para tener una cultura más amplia.

    El proceso de globalización tiene sus orígenes después de la segunda guerra mundial, cuando países industrializados alcanzan una tasa de crecimiento tres veces mayor que lo precedente en muchos años atrás, y esto a su vez originó un crecimiento comercial entre ellos. Así, con el fin de regularlas nace lo que es el Banco Mundial, la FMI y negociaciones como el GATT.

    La globalización tiene efectos como la reducción de barreras arancelarias y las economías de escala. Estos efectos no son más que formas de adquirir entrada de capitales al país, con una economía de escala pueden hacer los producto más competitivos con una estrategia de bajos costos.

    México participó en el GATT (ahora Organización Mundial de Comercio OMC) este ha sido uno de los motores fundamentales en el impulso de la globalización. Las negociaciones que por medio de él se hacen, han colaborado a que haya certidumbre y seguridad comercial.

    En la Ronda Uruguay, México obtuvo reciprocidad por su proceso de apertura comercial, al recibir concesiones arancelarias de otros países, sin tener que realizar a cambio reducciones arancelarias adicionales. Mientras que los países industrializados, por ejemplo, acordaron reducir sus aranceles aplicados en 40 por ciento en promedio, México acordó reducir su techo arancelario general de 50 a 35 por ciento, lo cual no implicó una apertura efectiva adicional. Con este acuerdo México logró una apertura comercial bastante satisfactoria.

    México también participó en otros tratados, como el TLCAN, en el que logró tener una apertura comercial entre Estados Unidos y Canadá, esto claro, con mejores condiciones para Estados Unidos, pues en él México ha bajado más sus aranceles que los demás.

    Nuestro país está creciendo rápidamente, y en su crecimiento se está globalizando, es decir, está creciendo por medio de la interdependencia de otros países. Yo creo que si nuestro gobierno toma decisiones acertadas y fomenta en la población una cultura más abierta, podremos afrontar este cambio más fácil, pues este concepto "Globalización" aun no acaba de satisfacer a las ideas que hay sobre ella.

    Si lo vemos por el lado económico, esto traerá para nosotros mejoras en el país, pues aparte de que va a aumentar nuestro nivel de vida, podremos tener una mayor gama de opciones para consumir; por lo mismo, los productos, al verse en esta competencia mayor, van a subir su calidad, y esto va a hacer que nuestros productores se esfuercen por alcanzar el nivel de calidad requerido. Así, no sólo nosotros creceremos, sino que la economía en términos mundiales crecerá.

    Y aunque hay corrientes ideológicas que consideran que la globalización no es del todo sana, si observamos todo lo que esta nos ofrece, nos daremos cuenta de que los beneficios que trae consigo, son mayores, pues aparte de tener una economía avanzada, la tecnología y la cultura mundial se verá favorecida por el flujo libre de mercancías.

    Igualmente, si vemos la relación beneficios - costos, podremos ver que lo que la globalización necesita es muy poco, sólo pide una buena dirección por medio de los gobiernos, y el resto del camino estará marcado por el mercado. Además podemos ver que el la globalización ha transformado la realidad del sector productivo a nivel mundial, pues las empresas modifican la forma de llevar a cabo sus operaciones con tal de adaptarse al nuevo entorno.

    Tenemos que darnos cuenta de que las oportunidades están ahí, en condiciones apropiadas este fenómeno ofrece posibilidades extraordinarias de proceso en términos de organización, eficacia, productividad, difusión de conocimientos, mejora del nivel de vida y acercamiento entre países. En suma, puede contribuir a que se produzca en un contexto mundial un crecimiento más fuerte, mejor equilibrado y más propicio para el desarrollo de los países pobres.

    Si México logra darse cuenta de que la globalización es realmente una oportunidad podrá incrementar la competencia, y establecerá las bases para la formación de nuevas alianzas empresariales y sociales.

    Considero que el proceso de globalización es algo que finalmente no se puede evitar, la economía mundial necesita crecer y la única manera de lograrlo es que todos los países colaboren entre ellos. Por eso es que han nacido conceptos como "Comercio Internacional", que hacen referencia al intercambio no solo de mercancías sino de culturas entre diferentes países.

    En mi modo de ver, hasta ahora México sólo ha tenido mejoras con este proceso, pues ha ampliado sus fronteras comerciales, y ha logrado subir su producción. Así que mi opinión ante el enfrentamiento de México a la globalización, es que si nuestro país sabe aprovechar todos los aspectos buenos que trae este fenómeno, muy pronto la crisis, la inflación, la devaluación, el bajo nivel de vida y todos los demás problemas económicos que en este momento tenemos, serán superados.

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    INTRODUCCIÓN

    Cuahutémoc Anda Gutiérrez.

    Fundamentos de Macroeconomía

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