Luís Echeverría, José López portillo y Carlos Salinas de Gortari

La consolidación de un sistema financiero, la formación de las grandes empresas paraestatales que proveían una infraestructura de apoyo a la actividad productiva y el fortalecimiento de algunas instituciones más de carácter político, que tuvieron lugar entre los años veinte y treinta, fueron los elementos que sentaron en México las bases para la adopción de un determinado modelo de desarrollo económico.

Hasta entonces los distintos gobiernos posrevolucionarios habían luchado por organizar al país de tal manera que hubiese espacio para el diálogo, sin confrontación, entre los diversos grupos que conformaban las sociedad mexicana. A partir de la década de 1930 y con la fundación del Partido de la Revolución Mexicana (PRM) que en 1946 se convirtió en el Partido Revolucionario Instititucional (PRI) predominó un esquema de organización y representación de estructura corporativa que propició la participación de la sociedad en forma institucionalizada esto es por medio de organizaciones ligadas al gobierno o a los partidos políticos. Además del PRM/PRI a fines de los 30`s se fundó el PAN. Sin embargo en las décadas siguientes la participación y organización política se dio fundamentalmente por la actividad del PRI. Así, México pudo dejar atrás la década de los caudillos y de las pugnas violentas entre grupos y se encaminó a una era civil de estabilidad e instituciones.

Los primeros gobiernos después de la Revolución de 1910 emprendieron la basta tarea de traducir en instituciones y programas de gobierno la demanda de justicia social queoriginó este movimiento armado. Entre otras acciones destacó la restitución a los campesinos de las tierras que a lo largo de los siglos, les habían sido arrebatadas a las comunidades campesinas del país, lo que dio origen a la Reforma Agraria. Durante el gobierno de Lazaro Cárdenas (1934-1940) grande extensiones de tierra que pertenecían al Estado o a los grandes propietarios fueron entregadas a los campesinos organizados en ejidos. Esta institución tenía sus raíces en la forma comunal de tenencia de la tierra que existían entre los aztecas y en la institución que posteriormente surgió durante la colonia "exido" que significa salida y de la cual tomó el nombre que estaba constituida por la tierra de reserva que rodeaba a los pueblos indígenas donde no se podían cultivar. A partir de 1940 el ejido llegó a convertirse en el símbolo de las relaciones históricas del México rural con el estado posrevolucionario.

A partir de entonces, la población de México registró una acelerada dinámica demográfica y un vasto proceso de urbanización. En el plano económico, se reconoció el agotamiento definitivo de un modelo general de desarrollo, en otro tiempo exitoso, y el cambio consiguiente en la articulación de las fuerzas sociales básicas.

A esto se unían la pobreza y marginación de sectores muy amplios de la población, agravadas por la crisis económica de la década de los ochenta, que afecta sobre todo a la población del campo a las comunidades indígenas y a los habitantes de las colonias populares de las grandes urbes. Las carencias de estos grupos patentizaban las dificultades del Estado Mexicano para cumplir una de sus funciones básicas: ser promotor de la justicia social.

En el pasado, se había respondido con un aparato estatal cada vez más grande a la demanda de justicia social y al surgimiento de grupos de intereses encontrados en la sociedad. Este fenómeno no era privativo de México, en otros países industrializados también se había visto el crecimiento de burocracias cuya capacidad de respuesta tendía a rigidizarse ante una demanda crecientemente compleja.

A partir de los años cincuenta, el problema del abasto también se incorporó a la esfera del Estado mediante la creación de la Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, S.A. (CEIMSA). Con esta empresa el Estado participó de lleno en el terreno de la comercialización y almacenaje de granos, incluyendo las importaciones que hubieron de hacerse en 1957 y 1958. A partir de 1961, fecha en que se reestructuró esta compañía (que desde entonces se denominó CONASUPO , el Estado empezó a adquirir un papel regulatorio cada vez más importante en este terreno. Esta intervención fue ampliándose a medida que la CONASUPO creaba filiales para el acopio mediante los Almacenes Nacionales de Depósito, así como industrias alimentarias, y construía una amplia red de distribución a través de su sistema de tiendas tanto en el ámbito urbano como rural. Al mismo tiempo, la CONASUPO fue adquiriendo un papel fundamental en el aprovisionamiento de granos de maíz para la industria de la masa y de la tortilla en torno al cual se elaboró un complejo sistema de subsidios que pretendía favorecer a los consumidores de bajos ingresos de las grandes ciudades.

Durante la década de los sesenta el Estado continúo incrementando su presencia y participación en muchas otras áreas del sector. Así, por ejemplo, comenzó a intervenir de manera más directa en la industria de insumos para la agricultura. También se crearon empresas para la industrialización de productos agrícolas como en el caso de la azúcar el café y el tabaco.

Así pues, el involucramiento del Estado fue progresivo en la creación de múltiples instancias para promover el desarrollo del sector agrario hasta que llegó a convertirse en su principal impulsor mediante el afianzamiento del sistema de crédito, la promoción del uso de insumos, los servicios de extensión agrícola cada vez más amplia y participación en los procesos de comercialización.

Un momento de inflexión crucial en la evolución política del país se vivió en la revuelta estudiantil de 1968, en la que los jóvenes universitarios, hijos de las nuevas clases medias, que habían forjado el desarrollo económico nacional, cuestionaron sus beneficios y demandaron espacios más amplios para la crítica y un mayor pluralismo.

Ante el temor de que creciera el efecto del movimiento estudiantil en plena organización de los juegos olímpicos el gobierno trató de frenarlo con dureza y finalmente el 2 de octubre, días antes de la inauguración de dichos juegos, un mitin estudiantil fue disuelto violentamente el Tlatelolco, con un saldo trágico.

Con una actitud de apertura el gobierno que entró en funciones en 1970, respondió al malestar provocado por estos acontecimientos e invitó al diálogo. Sin embargo esta oferta política no se institucionalizó e incluso se topó con fuertes inercias del pasados.

Hacia mediados de 1971 sobrevino en el mundo una crisis financiera de gran magnitud pero el monto de la devaluación del dólar, sin embargo, no fue suficiente pues sus desequilibrios con el exterior continuaron, lo que hizo que en 1973 el modelo de paridad fija fuera completamente suprimido. Esta difícil situación coincidió con el aumento en el precio del petróleo que pasó de unos cuantos días de 3.5 a 11 dólares por barril, y el endeudamiento de una gran cantidad de naciones empezó a crecer de manera impresionante; México no fue la excepción.

Con el inicio del gobierno de José López Portillo se efectuaron diversos cambios en las estructuras de la administración pública que sentaron nuevas bases para las políticas de desarrollo social y regional del país.

En los años del auge petrolero el Estado mexicano llevó a cabo un programa ambiciosos para reactivar la agricultura y asegurar el abastecimiento de alimentos básicos a la población. Los habitantes de bajos ingresos se consideraron sujeto prioritario del programa, por lo que explícitamente se propuso apoyar a los agricultores campesinos en las tierras de temporal para aumentar la producción. El crédito constituyó un instrumento importante para apoyar el uso de insumos y destinar recursos hacia los cultivos y productores que se consideraron prioritarios dentro del programa, por ello se formaron criterios preferenciales a la agricultura de temporal y a los pequeños productores de básicos.

En su gobierno José López Portillo promovió un espíritu de optimismo y reconciliación y se esforzó por dar causas legales a la inquietud que se había venido expresando en los años anteriores, de maneras muy diversas, algunas de ellas violentas.

Pero en 1981 el precio del petróleo (que en ese entonces ya representaba el 75% de las exportaciones mexicanas) tuvo una fuerte caída lo cual trajo como resultado que el gobierno recibiera dos mil millones de dólares menos de lo que se había presupuestado y la necesidad de una nueva devaluación de la moderna fue entonces evidente puesto que la inflación interna había superado con creces la de nuestros principales socios comerciales y el tipo de cambio no había sido modificado.

Al término de la década de los ochenta, se reconoció que el ensanchamiento del papel del Estado en todos los ámbitos de la vida social, indispensable en el periodo de reconstrucción posterior a la Revolución Mexicana en el despegue industrial y en la promoción de la organización de la sociedad, había dejado de ser útil para tornarse en un obstáculo creciente a la dinámica que su propia acción había generado. Así, resultaba cada vez más difícil dar cumplimiento a las responsabilidades constitucionales del Estado: defender su soberanía y su capacidad de autogobierno; promover justicia y desarrollo; ser el garante de libertades y el promotor del interés general.

Carlos Salinas de Gortari actuó convencido de que la reforma del Estado que emprendió fue profundamente nacionalista; rechazó la noción del nacionalismo como una propuesta sacramental congelada, compuesta por políticas públicas de anteriores tiempos y circunstancias que ya resultaban inoperantes.

En el pasado, el Estado Mexicano recurrió a diversos instrumentos y llevó a cabo programas de envergadura nacional para cumplir sus objetivos de soberanía y justicia: las nacionalizaciones, la creación de empresas públicas para administrar recursos de la nación, la federalizaciones de ámbitos de la producción, la protección de la industria y el comercio, de los servicios urbanos y sociales, de las relaciones laborales y de propiedad, tanto en el campo como en la esfera industrial. Este proceso había cambiado a México y junto con él habían madurado las organizaciones de la sociedad, de los trabajadores del campo y la ciudad, de los empresarios y los grupos profesionales urbanos.

El sustento ideológico que marcó la acción del gobierno de Carlos Salinas de Gortari fue el liberalismo social. Las raíces de este pensamiento político mexicano se remontaban al siglo XIX y ampliaban los principios liberales que fundamentaron el proceso de independencia y que posteriormente se profundizaron durante el movimiento revolucionario que culminó con la Constitución de 1917.

La reforma del Estado exigía un cambio de los criterios que se operaba en el gobierno de los asuntos públicos. De un criterio paternalista, patrimonialista, cerrado, protagónico, se debía pasar a otro de autonomías corresponsables, regulado, abierto y no discrecional.

La práctia política del liberalismo social establecía un Estado sano financieramente y comprometicdo con su respansabilidad de regular los mercados y promover la inversión, abatir la pobreza extrema y moderar la desigualdad entre regiones e individuos; comprometido con la protección de los derechos humanos y la lucha por conservar y recuperar los recursos naturales