Intervención económica del Estado

Economía. Sectores productivos. Mercados. Políticas económicas. Intervencionismo estatal. UE (Unión Europea)

  • Enviado por: Kitiara um
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LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y EL PAPEL DE LOS ESTADOS COMO INTERVENTORES DE LA ECONOMIA.

Como sabemos, todos los países desarrollados del mundo tienen como características inherentes al desarrollo, una poderosa clase media, sobre la que se sustenta el negocio y el intercambio de bienes, servicios, y capitales. Por tanto, sólo se entiende que un país sea desarrollado, cuando esta clase media vive bajo estructuras institucionales serias, bien organizadas, con correcto funcionamiento, y, en definitiva, con estructura estatal definida.

En estos casos, la economía funciona tanto a niveles macroeconómicos, como en el ámbito de la economía doméstica.

Todos los países desarrollados, por tanto, poseen gobiernos fuertes sobre estados, que, además, tienen una incidencia sobre los bienes y modos de producción importante. Por ejemplo, en el año 2.000, los 15 países miembros de la UE, han tenido una incidencia de los estados en su economía del 35%, aunque hace 5 años, este porcentaje era del 55%, y hace 2 generaciones (50 años), del 65%.

Estas cifras contrastan, sin embargo, con los países anglosajones, como por ejemplo Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, o algunos PVD como Chile donde la incidencia del estado en la economía nacional no pasa del 20 - 25%.

En la década de los 40 del pasado siglo, se generalizó una corriente de opinión que pretendía hacer del estado el motor pautador de la economía, o, al menos, uno de los motores pautadores.

Los estados anteriores a aquella década (los fascistas) habían generado un modelo económico en el que la empresa pública, la obra pública o la nacionalización de la banca eran elementos claves del desarrollismo socio - económico. En estos años (años 40) se culpaba al estado fascista de haber generado la más cruenta de todas las guerras jamás conocidas, por lo que a punto estuvo de implantarse en su totalidad en Europa Occidental, el modelo de absoluta libertad económica norteamericana. Sin embargo, dos factores fueron decisivos para que, al final se decidiese que en Europa Occidental se creasen estados fuertes:

  • El hecho de que toda la Europa oriental estaba en poder de los soviéticos.

  • La absoluta fortaleza que en 1.946 tenían partidos comunistas, sobretodo en Francia, y en Italia.

Por estas dos razones, en la década de los 40, los estados de Europa occidental se harán fuertes ocupando al menos el 60 - 70% de los resortes económicos nacionales. Téngase en cuenta que en esta época había que reconstruir los países, y por tanto, el nivel de crecimiento económico era espectacular, pues en países como Alemania Occidental, parte de Holanda, parte de Bélgica, o Francia, la reconstrucción era absoluta.

Keynes fue el economista artífice y creador de un modelo de estado y de economía: del que aún somos herederos, y prisioneros desde 1.980. El modelo se basa en lo siguiente (1.946):

  • El estado debe ser fuerte.

  • El estado debe ser el principal impulsor y motor pautador de la economía, para ello, organizará empresas públicas en los sectores que en las décadas de los 40 y 50 marcaban el desarrollismo mundial: textil, químico, naval, industria del mineral, siderurgias y metalurgias, y en los 60 añadimos industria de la automoción más monopolios petrolíferos o energéticos, y de la telefonía.

  • La empresa privada tendría una base impositiva pequeña, pero sería muy dinámica porque trabajaría: para las empresas públicas de los sectores antes citados, y para aquellos otros sectores no estandarizados, por ejemplo, sector primario, comercio en general, sector servicios, ocio y turismo.

Como el mercado occidental estaba en sus inicios tras la guerra mundial, este esquema era perfecto porque existe una gran demanda tan espectacular que toda la productividad era succionada por un mercado voraz que demandaba bienes y servicios de forma espectacular. Téngase en cuenta además que entre 1.950 y 1.970 tiene lugar la mayor y más revolucionaria transformación social de los países capitalistas: la aparición de las clases medias mayoritarias. Clases medias que curiosamente, nacen como fruto del desarrollismo económico, sin derramamiento de sangre, ni trauma social, sino por la propia dinámica del modelo económico capitalista, es decir, el hecho de que Europa y Occidente conociese una etapa de tan espectacular crecimiento económico que hizo que se necesitaran voraces consumidores de aquello que el sistema producía, y de esta forma, los países occidentales regularizaron salarios e ingresos que iban destinados a la referida compra consumista, por lo que en 20 años la clase obrera occidental accedía a aquellos modos de vida burgueses por lo que en parte venía luchando desde el siglo XIX.

Por ello, el modelo Keynesiano gestó una casa por obrero, sueldo regulares y mensuales, un coche por familia, vacaciones pagadas, seguridad social pública, universidades públicas, carreteras y formas de transporte revolucionarias, y, en consecuencia, los PD, gracias a este modelo, conocieron: una etapa de crecimiento económico sostenido y continuado de 1.946 a 1.973. Tal es así, que notables economistas de la época, obsesionados además por destruir intelectualmente al marxismo económico, llegaron a considerar que el modelo capitalista era tan perfecto que tenía garantizado el incremento económico de forma ininterrumpida eternamente. Este modelo generó “sociedades felices” en las que dos valores pasaron a ocupar la cosmovisión de los trabajadores: la consecución de bienes materiales, y la consecución de dinero.

Por ello se asiste a una etapa de absoluta despolitización de la sociedad civil en buena medida debido a la escasa o nula diferencia programática de grandes partidos europeos democristianos, o socialdemócratas.

Esta etapa también coincide con la pérdida de conciencia por parte del movimiento obrero de su misión histórica, y supone la acomodación más absoluta de la clase trabajadora al sistema político - económico de la época.

  • En este esquema, el estado debe ser el principal empleados dotando al empleo de la mayor estabilidad posible, y, por tanto, creando funcionario que sustenten las instituciones y que tengan garantizado su puesto de trabajo de por vida.

Para evitarse costes, el primer funcionariado estable estaba mal pagado, y, por tanto, no era objeto de apetencia por parte de la ciudadanía. Con el paso del tiempo, y especialmente en la década de los 80, el funcionariado se cualificó aún más, y generó subidas salariales verdaderamente importantes. Lo que provoca un capítulo de gastos anual verdaderamente importante. De hecho, por ejemplo, en España existe el Ministerio para las Administraciones públicas que gestiona casi en su totalidad los sueldo completos y otras retribuciones de los 2 millones largos de funcionarios que tiene este país.

En algunas naciones del entorno, ha empezado ya el debate de las conveniencias de romper la férrea legislación funcionarial existente que está inspirada casi siempre en el modelo francés que viene desarrollándose desde los arranques del siglo XIX. Por ejemplo, en Suiza en 1.997, entró en vigor una ley de un plumazo, eliminando el modelo afrancesado de funcionalización en esta república. En Suiza se acordó que, si bien los funcionarios seguirían en sus puestos laborales y con sus retribuciones conseguidas, cada 1 de Enero volverían de nuevo a firmar sus contratos, tras haber demostrado su eficacia en el puesto, puesto que le pertenecería siempre que existiera dotación presupuestaria para el mismo.

  • El estado debe luchar también por evitar la inflación, y también por armonizar el incremento sostenido, el desarrollo social, la modernidad, y el progreso, a la vez que deberá garantizar a la ciudadanía todas las atribuciones necesarias para evitar las desigualdades sociales y la injusticia económica.

  • Otra característica inherente a este modelo fue la revolución tecnológica que gestó, así como el estado de bienestar nacido al calor del modelo keynesiano, y que proporcionaba al ciudadano seguridad, protección, y cariño institucional de la cuna a la sepultura.

El único movimiento contestatario a este esquema hasta aquí trazado, tuvo lugar en Francia en 1.968, cuando los hijos de la nueva burguesía pletóricos de filos ininteligibles, de formación exquisita, nunca antes conocida, lustrosos de vitaminas alimenticias, y con poder adquisitivo, que sus padres nunca antes tuvieron, hicieron la revolución de la abundancia para conseguir sociedades más justas y cuyas consignas están hoy en todas las legislaciones europeas.

La crisis de 1.973 supuso también un fuerte frenazo a los crecimientos capitalistas tradicionales desde 1.946. Por ello, en adelante, el crecimiento económico occidental dejaría de ser continuado y sostenido, para transformarse en un crecimiento cíclico de 2-3 años, racheado con decrecimientos aproximado de la mitad del tiempo que dura el crecimiento.

De 1.989 hasta la actualidad, todos los gobiernos, y todos los estados occidentales, han iniciado una política de transacción de la economía pública a la privada, y que se ha caracterizado, en general, por los siguiente elementos:

  • Popularización del sistema de acciones en pequeñas cantidades para los ciudadanos de a pie que entran en bolsa de manera masiva.

  • El sistema bancario también se ha acomodado a los nuevos tiempos. Así, la liberalización de los mercados ha generado una continuada bajada de los tipos de interés de los que se han beneficiado los bancos y cajas.

Los bancos prestaron y prestan a bajo interés agilizando así el consumo tanto de bienes y servicios comunes, como de dividendos, sector este que ha crecido de manera desmesurada. Asimismo, los créditos al consumo particular también han crecido sobremanera con lo cual, el mercado interno se ha ampliado, la demanda ha crecido, y, en consecuencia, se ha dinamizado la economía.

El banco y las entidades de ahorro también pronto aprendieron a canalizar el ahorro popular a través de la oferta de planes voluntarios de previsión social ante la paulatina y progresiva quiebra de los sistemas de seguridad social.

Con este dinero previsiblemente los clientes obtienen una cantidad interesante de beneficios y asimismo, las entidades financieras obtienen un capital flotante con el que invertir en otros sectores.

  • Los gobiernos han liberalizado sectores tradicionales férreos como los monopolios en telecomunicaciones, sectores como los energéticos, o el naval, o el minero, y otros más populares, pero no menos férreos, como el farmacéutico, o las tabacaleras. También otro sector tradicional público como el de la enseñanza universitaria ha conocido decretos de iniciación de universidades privadas, diversificándose el sector, y ampliándose la oferta.

Otros sectores asimismo como el de la electricidad o los petróleos y derivados, han dejado de ser característicamente públicos, y, en general, se va hacia un modelo de carácter privado que tiene sus primeros indicios en la, cada vez menor, oferta pública de empleo, en la, cada vez mayor subcontratación privada, y en los mercados nuevos cada vez más dinámicos y con capitales privados.

El sector de las comunicaciones y transporte ha tenido también acoso privatizador, aunque aquí las diferencias entre los países han sido sustanciales. Por ejemplo, la aviación civil ha sido privatizada, mayoritariamente, pero los ferrocarriles no. Por ejemplo, en España, Francia o Italia, los servicios de ferrocarriles son públicos, pero en el Reino Unido no, son absolutamente privados.

El único sector público al que todavía nadie se ha atrevido a privatizar en su totalidad es el sanitario, por la impopularidad que una medida así generaría. Los servicios de salud pública y de pensiones son considerados aún por los ciudadanos occidentales como una conquista inexcusable por la que se viene luchando desde hace 150 años. Por tanto, su desaparición se contempla siempre como un drama social. Sin embargo, ya hay algún símbolo de mutación, por ejemplo, todas las políticas de reducción de subvenciones a los medicamentos, pretenden abaratar costes, y estamos yendo hacia modelos de racionalización del gasto sanitario, e incluso hemos asistido a campañas como las que inició Iñaki Azkuna, que buscaban concienciar a la ciudadanía del gasto real de cada intervención hospitalaria.

A grandes rasgos las funciones del sector público en economía son:

  • Fiscal. Estableciendo y cobrando impuestos de 3 tipos:

  • Directos: A la persona física o IRPF.

  • Indirectos: Al consumo.

  • Al comercio, al patrimonio, o a las transacciones, o IVA.

  • Reguladora. Ya que mediante leyes y disposiciones administrativas, el estado hace políticas que afectan a la actividad económica.

  • Redistributiva. Trata de equiparar a los sectores menos favorecidos, con aquellos otros más lucrativos, y asimismo trata de equipara a los grupos sociales más privilegiados con las franjas sociales de rentas bajas. Por esto, los salarios mínimos, los planes de lucha contra la pobreza, o los planes de igualdad, son actividades que aún desarrolla el estado.

  • Estabilizadora. Porque el estado procura controlar los grandes parámetros de la economía nacional intentando evitar excesivas fluctuaciones en precios, y salarios, y controlando sobretodo, tres importantes variables económicas: la inflación, el IPC, y el gasto público. Es precisamente este último aspecto el que más interesa controlar en los últimos tiempos a nivel de política macroeconómica. Y esto es así en la medida en la que se pretenden evitar los endeudamientos clásicos existentes hasta 1.995. Por ello el estado se deshace de empresas y sectores honerosos y tiende a reducir los impuestos al consumo para agilizar la economía privada que contiene al gasto público, y, por tanto disminuye la demanda agregada del estado.

En este esquema, el ahorro tiene una actividad clara, pues consumo ágil y altas tasas de ahorro son elementos incompatibles, por tanto, se pretende combinar ahorros medios con consumos al alza. Por el contrario, la ampliación de los impuestos directos, ofrece a los ciudadanos la sensación de que la vida cotidiana es cara, porque el acceso a la calidad de vida occidental acaba siendo sustentado por los ciudadanos a través de sus impuestos, parte de los cuales, acaban yendo a fines solidarios nacionales e internacionales con las posturas encontradas que esto conlleva. El decrecimiento de la economía pública genera servicios más nacionales, pero a la larga más pobres, y la intervención masiva de la economía como empresario primacial puede generar a la larga procesos de empobrecimiento también de las propias estructuras del estado, de sus servicios, o de la calidad de los mismos.

LOS PROCESOS DE INTEGRACION ECONOMICA EN LA UE

LA INDUSTRIA Y LAS FUENTES DE ENERGIA EN LA UNION EUROPEA

LA DEBILIDAD ENERGÉTICA.

La UE consume más energía que la que produce, por lo que hay que recurrir a la importación para cubrir las necesidades energéticas. Este elevado consumo de energía se explica por el alto grado de industrialización y nivel de vida de la UE.

Hasta 1.973 la prosperidad económica de la Europa Occidental y el bajo precio de la energía (sobretodo el petróleo) posibilitaron un gran crecimiento del consumo energético. Desde 1.973 hasta nuestros días, propiciado por el alza de precios y la crisis del petróleo, el consumo ha sido moderadamente contenido con ligeras fluctuaciones. Al mismo tiempo, la estructura del consumo energético se ha modificado: acusado descenso del consumo del carbón y electricidad de origen hidráulico, y fuerte aumento de los hidrocarburos (básicamente el petróleo), y de la energía nuclear y otras fuentes de energía. Esta estructura varía según la disponibilidad energética de cada país, el carbón se consume mucho en el Reino Unido y Bélgica, y el gas en Holanda, aunque el petróleo sigue siendo la primera fuente utilizada por la UE.

La UE fomenta políticas de ahorro energético y desarrollo de nuevas fuentes de energía para paliar la dependencia exterior, que no es igual en todos los países. Luxemburgo no llega al 5% de producción energética, al otro lado de la balanza se sitúan Reino Unido (petróleo y gas del mar del Norte), y Holanda (gas de Groninga).

LAS DIFERENTES FUENTES DE ENERGIA

La producción carbonífera.

La UE Septentrional posee yacimientos carboníferos que fueron cuna de la revolución industrial, llamados “Países negros” como Yorkshire, Midlands, Lorena - Sarre o el Ruhr. La creación de la CECA, la nacionalización de los yacimientos y su modernización impulsaron un gran auge de la producción (pasó de 140 millones de toneladas en 1.946, a 234 millones de toneladas en 1.960).

A principios de los setenta, la producción de carbón disminuyó fuertemente por el elevado costo del carbón europeo con respecto al americano. Además, el petróleo tenía precios más económicos, por ello se abandonó el consumo de un producto caro por otro más barato, el petróleo. A raíz de la primera crisis del petróleo (1.973) se produjo una cierta reactivación de la producción del carbón pero, a pesar de métodos de extracción más modernos, el carbón seguía resultando caro por lo que aumentaron las importaciones carboníferas (28 millones de toneladas en 1.970, 98 millones en 1.985, y 151 millones en 1.998). La UE, en 1.998, era el primer importador de carbón. Los principales países exportadores son EEUU (29,2%), Sudáfrica (14,4%), Australia, Colombia, y Perú.

La preponderancia de los hidrocarburos

La producción de petróleo comunitario se limita a yacimientos puntuales en Alemania, Francia, Italia, y, sobretodo, los yacimientos del Mar del Norte del Reino Unido que representan el 80% de la producción comunitaria.

La UE acapara el 8,6% de las reservas mundiales de petróleo y produce el 3,6% del total mundial. Hasta 1.974 la importación de petróleo procedía de países de la OPEP. A partir de entonces se aprecia un descenso del volumen importado, y una diversificación de sus proveedores (países del Golfo Pérsico, Africa, CEI). En 1.998 la UE consumió 542 millones de toneladas de petróleo, pero al producir sólo el 23% de su consumo debe recurrir a importar el resto. El transporte en bruto del petróleo se realiza a través de una densa red de oleoductos desde los puertos de entrada (Rotterdam, Havre, Marsella) a refinerías del interior.

Tras la crisis, la industria del refinado comunitario en la UE exporta gasolina y queroseno e importa gasóleo y fuel - oil pesado. El gas natural está mejor repartido por el ámbito de la UE. A pesar de los yacimientos de gas en la llanura del Po y Lacq antes de 1.960 y la explotación del yacimiento de Groninga (Holanda) y Mar del Norte, ante el continuo aumento de su consumo la UE sigue importando gas natural de la zona noruega (Mar del Norte), CEI, y Argelia que se distribuye por toda Europa a través de una amplia red de gasoductos, que entran por España.

La producción de electricidad. La energía nuclear.

El cambio más espectacular no radica en la evolución de la producción, sino en su estructura. Las mayores áreas de producción hidroeléctrica están al sur de la UE, y las de origen térmico se encuentran en el norte de la UE. Frente a una energía térmica o hidroeléctrica, que no aumentan en producción, surge la energía nuclear con un progresivo volumen de participación. Sin embargo, lo controvertido de esta energía y el rechazo social ha llevado a muchos gobiernos a frenar o suspender gran número de centrales nucleares (graves problemas ocasionados por las fugas radioactivas y sus residuos). Si al principio la energía nuclear tuvo un comienzo lento, a raíz de las crisis de 1.973 conoció un mayor desarrollo, siendo Francia el primer productor de energía nuclear de la UE. Este tipo de energía, en la actualidad, proporciona el 34,1% de la energía eléctrica y el 14,1% de la energía total consumida en la UE.

La política energética comunitaria.

Desde 1.974, la UE intenta potenciar los recursos propios y paliar la dependencia del petróleo. Según el “Programa Energético” se pretende una utilización más racional de la energía, lo que supone reducir el consumo un 30%. El petróleo debe representar no más del 40% del consumo bruto de energía. Los combustibles sólidos y la energía nuclear deben garantizar del 70% al 75% de la electricidad.

Se deben potenciar las nuevas fuentes de energía (solar, eólica, marina) como alternativa a largo plazo e instaladas como factor de desarrollo en la Europa Meridional que tiene un alto nivel de dependencia energética. Se pretende la integración de las redes de energía de la UE para beneficio de todas las regiones de cara al mercado único.

Actualmente, el petróleo representa el 44,7% del consumo de energía primaria de la UE, los combustibles sólidos el 21,6%, el gas natural el 18,7%, y la energía nuclear el 14,2%. La dependencia energética exterior disminuye, pero sigue siendo fuerte (sólo el Reino Unido y Holanda disponen de recursos propios), por lo que la UE está condicionada a las oscilaciones e inestabilidades políticas da las regiones productoras (Golfo Pérsico, Norte de Africa, Iberoamérica).

LOS SECTORES INDUSTRIALES Y FUENTES ENERGÉTICAS EN LA UE

La industria comunitaria frente a los nuevos desafíos

Con una población activa en 1.998 de 44.072 millones de personas en este sector, la UE se manifiesta como una de las grandes potencias del mundo. Uno de los rasgos más significativos de Europa es su larga tradición industrial; a finales del siglo XVIII se produjo la Primera Revolución Industrial, empezando en el Reino Unido y propagándose a otras regiones del continente. El desarrollo industrial de la UE fue rápido debido a la abundante mano de obra del éxodo rural, entrada en el trabajo de los nacidos en el “baby boom”, coste bajo de la energía y materias primas, etc.

A raíz de la primera crisis del petróleo de 1.973, que coincide con un descenso de las inversiones en el sector industrial que dio lugar a un aparato productivo obsoleto, los costes de producción se disparan, el mercado de consumo se resiente y hasta el año 1.985 Europa pierde hegemonía frente a sus fuertes competidores: EEUU, Japón, y países en vías de desarrollo del Sudeste Asiático. Por esto, la industria comunitaria surge una fuerte reestructuración en todos sus sectores que deberán afrontar entre otros desafíos:

  • Creación de un mercado único.

  • Grandes inversiones para la utilización de nuevas tecnologías.

  • Calidad del medio ambiente (eliminación de residuos).

  • Investigación sobre nuevos productos, a la vez que busca soluciones por la dependencia exterior energética, así como por la dramática reducción del empleo en el sector.

La reestructuración de los sectores tradicionales en crisis.

Industria siderometalúrgica El crecimiento de la industria siderometalúrgica ha sido espectacular desde 1.952 hasta 1.973, año de la crisis del petróleo. La producción llegó a los 200 millones de toneladas, localizándose preferentemente en el “triángulo de hierro” (Midlands británicos, Ruhr alemán, y la cuenca de Lorena). Inicialmente, la siderurgia tuvo un emplazamiento continental por la proximidad de los yacimientos carboníferos de Europa septentrional, en los setenta hubo un desplazamiento de las instalaciones hacia el litoral. La crisis energética de 1.973 afectó profundamente a este sector. Estas fueron sus consecuencias:

  • Gran descenso de producción.

  • El consumo de acero descendió drásticamente: de 486 kg./hab. en 1.979 a 389 en 1.989, y 300 en 1.997.

  • Los puestos de trabajo en la siderurgia bajaron: de 792.000 en 1.974, a 379.400 en 1.990, y 361.800 en 1.998, con el aumento del grave problema del paro.

  • Exportaciones de acero europeo seriamente afectadas por la cada vez mayor competencia (EEUU, Japón, CEI).

En 1.997 la producción de acero alcanzó los 130 millones de toneladas, valor más bajo que el obtenido en décadas anteriores pero que supone el segundo puesto mundial, sólo superado por la CEI (154 millones), y por delante de Japón (110 millones), y EEUU (90 millones).

La reestructuración de la siderurgia comunitaria iniciada en 1.973 ha obtenido un aumento de rentabilidad y productividad del sector. Sin embargo, de cara al futuro, el “Informe Braun” (1.992) propone una reducción de capacidad de 25,8 millones de toneladas de acero y un importante recorte de empleo, de manera que el agravamiento de la recesión del sector es patente.

La construcción naval Es otro sector afectado. La reducción del tráfico marítimo y del consumo de petróleo más la competencia de los astilleros del Sureste asiático (Corea del Sur) ha originado la profunda crisis del sector que ha dado lugar al cierre de muchos astilleros, ordenado por la Comunidad, para disminuir la capacidad de producción y limitar los efectos de la competencia. En los últimos años de la década de los ochenta, se aprecia un ligero despegue del sector. Los países que dominan el mercado son Japón, y Corea del Sur, y en la UE, Alemania, Dinamarca, España, e Italia.

La industria textil La revolución industrial del siglo XVIII, con el empleo de la máquina de vapor como fuente de energía, trajo una concentración de la industria textil cerca de los yacimientos carboníferos, siendo el primer sector de tradicional importancia en gran parte de los países de Europa Occidental.

A partir de 1.973 se han perdido más de 800.000 puestos de trabajo en la UE y las importaciones han pasado del 26% en aquella fecha, al 47% del consumo interno en 1.987, y al 58% en 1.998. La automatización y la competencia de los productos del Sudeste Asiática han sido la causa de la pérdida de empleo. A ello se suma el débil aumento del consumo comunitario en fibras textiles (16 kg./hab.) muy superior a la media mundial (7 kg./hab.) pero estancado frente al aumento de los países del Tercer Mundo.

Desde mediados de la década de los ochenta se ha producido un aumento de la productividad en la Europa Meridional (Grecia, Italia, Portugal) pero el empleo ha reducido sus efectivos sobre todo en Alemania, Holanda, Francia, España, y con un déficit de 7.000 millones de euros en la balanza de pagos.

Sector del automóvil La elevada producción europea del sector del automóvil tuvo por causas fundamentales:

  • Alza del nivel de vida tras la Segunda Guerra Mundial que trajo una fuerte demanda interna.

  • Exportaciones de vehículos de poca cilindrada de EEUU, y países subdesarrollados.

  • Apoyo de los gobiernos para instalar las fábricas en regiones poco desarrolladas de la UE.

El sector concentraba a decenas de millares de empleados y las firmas eran: Volkswagen, Fíat, Renault, Peugeot - Citroën, Seat, etc. Actualmente, el sector mantiene una alta producción; la UE es el primer productor de coches de turismo (40% del total mundial). Alemania, Francia, Italia y España desarrollan una fuerte industria automovilística nacional y son varias las firmas que invierten en la Europa del Este (Skôda), creando empresas mixtas.

Sector químico Con más de 2 millones de empleados en 1.998 es uno de los sectores más exportadores de la UE y el principal productor mundial. Su volumen de negocios alcanzó en 1.998 los 300.698 millones de euros. Desde el punto de vista financiero y espacial se encuentra muy concentrado. Las multinacionales dominan el sector, tienden a concentrarse en fábricas de gran tamaño a lo largo de ríos navegables o puertos (Rhin, Sena, Po, Támesis).

Industria agroalimentaria Con 2,8 millones de empleos en 1.998 es otro sector expansionista por la fuerte demanda de productos agrícolas transformados (conservas, congelados, platos congelados). La producción en 1.998 supuso un volumen de 604.700 millones de euros, cifra más elevada que EEUU y Japón. Supone el 12% de empleo en las industrias transformadoras. Por el volumen y empleo que originan destacan: Reino Unido, Alemania, Francia, España e Italia. De una localización industrial dispersa se tiende a una concentración espacial y financiera donde las multinacionales acaparan gran parte del mercado, principalmente en la Europa Septentrional ya que en la Meridional esta industria está fragmentada.

Industria de la construcción Es el sector más importante de la UE (más de 9 millones de empleos), alcanzando una producción de 440.000 millones de euros. Tras una etapa de crisis (1.980 - 1.985), se ha producido un despegue, llegando a un crecimiento estimado del 3,5% en 1.990, y un 3% en 1.998. En la actualidad, la recesión económica ha llegado al sector que pasa por un estancamiento por el descenso de la demanda.

Industria aeronáutica Con industrias de alto grado tecnológico (I+D), que alcanza los 450.000 empleos en la UE (800.000 en la CEI y 1.500.000 en EEUU), realiza una política unitaria para hacer frente a la competencia. Destacan los programas Airbus o los programas de satélites para la conquista del espacio (Hispasat). Esta industria es pionera en la utilización de nuevos materiales y procedimientos tecnológicos.

Industria eléctrica y electrónica Este sector es dependiente de las ayudas nacionales (peticiones militares, desarrollo de investigación, etc.), ha tenido un alto crecimiento en los últimos años (3 millones de empleos) en forma de grandes empresas (Siemens, Philips, AEG, etc.) junto a multitud de pequeñas empresas. Actualmente, la industria de los servicios de información (Telecomunicaciones, Software, etc.) producen 120.000 millones de euros, la cuarta parte del mercado mundial. Cuatro países, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia obtienen el 90% del mercado de la UE. La competencia exterior (EEUU, Japón, y Sudeste Asiático -NPI's y China) y el retraso comunitario en el campo de la informática son retos que el sector debe superar.

La reestructuración empresarial En la actualidad se observa un movimiento de concentración empresarial mediante una ola de fusiones que ha tenido lugar en los últimos años para controlar toda la cadena de producción. En la UE la concentración es muy desigual: Alemania, Francia, y Reino Unido van a la cabeza. Frente a estos gigantes, las pymes juegan un papel económico y social esencial, con una plantilla inferior a 250 empleados de media, representa el 95% de las empresas de la UE y concentran el 70% del empleo.

Frente a las ventajas derivadas de sus dimensiones (dinamismo, agilidad, etc.) tiene otros aspectos negativos (medidas legislativas, administrativas, fiscales, etc.) que suponen gastos elevados, a lo que se unen escasa inversiones en investigación y tecnología, y excesivos gastos de distribución y comercio.

El declive de las regiones industriales La progresiva recuperación de viabilidad a largo plazo de los centros siderúrgicos, textiles y de construcción naval es un reto que la UE no ha resuelto plenamente.

Estas viejas regiones industriales han pasado a engrosar la lista de las zonas problemáticas por su crítica situación social (cierre de fábricas, aumento del paro, saldo migratorio negativo) padeciendo una economía poco dinámica y sin incentivos. La reconversión industrial de la UE no ha dado los mismos resultados en todas las regiones. Así, rente al hundimiento de la siderurgia en Lorena, “Países negros” del Reino Unido y España, la región del Ruhr ha resistido mejor la crisis por disponer de factores favorables (buenos yacimientos, situación estratégica, industrias diversificadas) y aunque la región padece serias dificultades estos factores han influido en su pronta recuperación.

La competitividad de la industria europea La UE, en los últimos años, asiste a una especialización de la producción para frenar la fuerte competencia de EEUU y Japón, y de países que, con costes más bajos, inundan el mercado europeo: Sudeste Asiático y América Latina. Uno de los factores de la recuperación industrial, a partir de 1.990, ha sido el incremento de la inversión extranjera en Europa. Los países más beneficiados han sido: Reino Unido, Alemania y Holanda. Otro factor a tener en cuenta es la adaptación estructural de la industria comunitaria, con tecnología punta, fundamento básico de la competitividad.

Resulta, pues, vital para el futuro económico de la UE la creación de un mercado único para no perder terreno y mercado con los competidores, y que permita realizar grandes proyectos a nivel de producción, investigación e innovación. Este es el desafío que la UE tiene planteado para esta nueva década.

LA POLITICA AGRARIA COMUNITARIA (PAC)

LA DIVERSIDAD DE LA AGRICULTURA EUROPEA

La Europa comunitaria presenta unas condiciones muy favorables para el desarrollo agrícola tanto por su morfología, como por su situación geográfica, quedando inscrita en un marco templado con débiles amplitudes térmicas y suficientes precipitaciones.

El espacio cultivado y la intensidad de la explotación han ido creciendo a medida que era mayor el peso demográfico. Las formas de agricultura tradicional, previas a la Revolución Industrial, fueron evolucionando progresivamente a partir del siglo XIX, época en la que se inicia la verdadera “revolución agraria”, dando lugar a un proceso de modernización de la agricultura europea que, desde un principio, conoció distintos ritmos e intensidad según los diferentes países, divergencias que con el paso del tiempo no han hecho sino acentuarse.

Todo ello ha fomentado unos paisajes agrarios extremadamente variados, lo cual ha permitido la existencia de distintas orientaciones productivas, que, a grandes rasgos, se traducen en una clara oposición entre una Europa meridional mediterránea, cálida y seca, donde predomina la producción agrícola, frente a una Europa noroccidental, atlántica y semicontinental, donde la vocación ganadera es dominante.

A finales de los años 50, en el momento de crearse la Comunidad, la agricultura presentaba el aspecto de un verdadero mosaico multiforme y heterogéneo. Además, existían fuertes disparidades entre los estados fundadores en todos los aspectos: grado de incidencia en la población activa, tamaño de las explotaciones, incidencia en la contribución al PIB, ingresos medios de los agricultores, etc.

Todos estos factores explican la necesidad que la Europa de los Seis vio en crear un mercado común agrario y un apolítica agraria común, que impulsara los cambios estructurales necesarios para mejorar el sector y paliar los grandes desequilibrios existentes.

EL FUNCIONAMIENTO DE LA POLITICA AGRARIA COMUN (PAC)

El artículo 39 del Tratado de Roma define los cinco objetivos fundamentales que inspiran la PAC:

  • Aumentar la productividad de la agricultura.

  • Garantizar un nivel de vida justo para los agricultores.

  • Estabilizar los mercados.

  • Garantizar la seguridad en los aprovisionamientos.

  • Asegurar precios razonables para los consumidores.

En 1.960, se acabaron de definir los principios básicos necesarios para la consecución de los objetivos propuestos en el Tratado de Roma y que constituyen la base sobre la que descansa la PAC:

  • Unidad de mercado entre los Estados miembros, que implica la libre circulación de productos, la existencia de unos precios comunes, unas reglamentaciones administrativas sobre controles sanitarios y veterinarios armonizadas, y el mantenimiento de paridades monetarias estables.

  • Preferencia comunitaria. Ello exige la protección del mercado contra las importaciones a bajo precio y las fluctuaciones excesivas de los mercados mundiales.

  • Solidaridad financiera. Asegurada por el FEOGA (Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria) que financia los gastos derivados de la puesta en marcha de la PAC.

Estos principios se rigen a través de dos instrumentos esenciales:

  • La política de precios y mercados, basada en las OCM (Organizaciones Comunes de Mercado). Además, al variar las paridades monetarias, fundamentalmente desde 1.969, se hizo necesario instaurar unos MCM (Montantes Compensatorios Monetarios).

  • La política socio - estructural. En 1.972, se adoptaron unas “directrices socio - estructurales”, contenidas en el llamado “Plan Mansholt”, que preveían acciones en tres ámbitos:

  • Modernización de las explotaciones.

  • Acelerar la renovación de las generaciones y reestructuración de las explotaciones.

  • Potenciar la difusión del progreso técnico y económico en la agricultura.

LOS PERSISTENTES DESEQUILIBRIOS EN LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS

A finales de los años sesenta, se elaboró un plan de reforma de las estructuras agrarias destinado a preparar el futuro de la agricultura europea, conocido con el nombre de “Plan Mansholt”, cuyas líneas maestras quedaron plasmadas en 1.972.

Desde entonces, la política estructural de la Comunidad cubre tres grandes ámbitos:

  • Facilitar la modernización de las explotaciones y favorecer la formación de los agricultores.

  • Mejorar la comercialización y transformación de los productos agrarios.

  • Suprimir gradualmente las diferencias regionales.

Las explotaciones agrarias

La superficie agrícola utilizada (SAU) representa en 1.998 el 39,61% de la superficie total comunitaria; inferior, por tanto, a la de EEUU (46%), y superior a la de Japón (14%), y CEI (26%).

La rentabilidad de las distintas dedicaciones del uso del suelo guarda estrecha relación con la dimensión de las explotaciones y las técnicas aplicadas en ella. A raíz de las recomendaciones del Plan Mansholt, se consideraba que el 80% de las explotaciones de la Comunidad de los Seis eran demasiado pequeñas para el trabajo racional de un agricultor.

Desde entonces se asiste a un continuo proceso de concentración parcelaria con objeto de aumentar la superficie de las explotaciones y facilitar la especialización e intensificación de la producción.

Aunque se han dado grandes pasos en este sentido, en la Europa de los Doce aún persistían enormes diferencias en cuanto al tamaño medio de las explotaciones, siendo necesaria una eficaz política de redimensionamiento de las mismas, que llevaría consigo una mejora de los índices de mecanización, de infraestructura, etc., y que se presenta como único medio de alcanzar una mayor rentabilidad del sector.

La mano de obra.

Junto a la progresiva modernización de las explotaciones, la reducción del número de trabajadores agrarios y el aumento de su nivel de formación es otro de los objetivos prioritarios de la política socio - estructural.

En la Europa de los Doce, a mediados de los ochenta, la población agraria suponía el 8%5 de la población activa. En la actualidad, la cifra ha descendido al 5,5% (1.998). Este porcentaje de población activa agraria sigue siendo demasiado numeroso, demasiado envejecida y con un insuficiente nivel de formación. En este último aspecto, debemos hacer mención al contraste que se da entre las regiones mediterráneas, con bajo nivel de formación, y las regiones noroccidentales, con un elevado nivel.

Por lo que respecta a la forma de gestión de las explotaciones, la explotación agraria comunitaria mantiene un carácter eminentemente familiar. En cuanto a la dedicación laboral, los Estados septentrionales de la CE se caracterizan por un mayor porcentaje de la población agraria dedicada a tiempo completo, frente a las penínsulas meridionales donde el predominio de la agricultura a tiempo parcial es mucho mayor.

EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA: HACIA UNA MAYOR ESPECIALIZACIÓN REGIONAL.

Paralelamente a la transformación de las estructuras agrarias, la producción ha experimentado profundos cambios en las últimas décadas. Aunque todavía muchas explotaciones se dedican al policultivo y ganadería (agricultura mixta), la tendencia es cada vez más acusada hacia una mayor especialización de la producción de cada región.

La producción agraria comunitaria se encuentra preferentemente orientada hacia la producción animal, sobre todo en la Europa del noroeste (fundamentalmente ganadería vacuna de orientación lechera), mientras que en la Europa mediterránea se da un mayor peso de la producción vegetal.

El incremento de la inversión de capital (maquinaria, instalaciones, ...) y los progresos tecnológicos, unidos a la creciente especialización, han hecho posible aumentar en gran medida el volumen de producción, de manera que hoy en día la comunidad es prácticamente autosuficiente en la mayor parte de los productos básicos. No obstante, el fuerte incremento de los excedentes, fundamentalmente leche y sus derivados, sigue siendo uno de los problemas más graves con que se enfrenta la PAC.

Paralelamente a este creciente proceso de intensificación y especialización de la agricultura, la interpenetración del sector agrario con el resto de los sectores económicos ha ido en constante aumento. Así, en varios países europeos, la industria agroalimentaria constituye hoy en día el primer sector industrial.

Por otra parte, la superficie forestal representa el 23% de la superficie total comunitaria. La Comunidad es altamente deficitaria en madera, suponiendo éste el segundo déficit más importante de la CE, tan sólo superado por los productos petroleros, siendo ésta una de las razones que llevó a Europa a emprender la aventura colonial.

En cuanto a la estructura de las explotaciones forestales, destaca el predominio de la pequeña explotación, en general poco productiva, y en su mayoría pertenecientes a propiedades privadas (más del 60%).

La paulatina transformación de los paisajes agrarios

El rasgo que mejor define al espacio agrario comunitario es su enorme diversidad. Sin embargo, a pesar de la evidente heterogeneidad, en la actualidad se tiene cada vez más a una mayor especialización regional.

En síntesis, se pueden distinguir varios tipos regionales de agricultura:

  • Las grandes regiones cerealísticas se extienden fundamentalmente por las fértiles llanuras y mesetas del norte de la Comunidad; aunque hoy en día se observa un paulatino aumento de los sistemas mixtos (agricultura - ganadería).

  • Las regiones ganaderas, esencialmente de ganadería bovina, se encuentran altamente monoespecializadas, extendiéndose por las ricas praderas naturales de la Europa atlántica, donde se cría una ganadería bovina intensiva, orientada a la producción de leche y derivados. Esta fuerte especialización, con elevados rendimientos, sigue dando lugar a cuantiosos excedentes de productos lácteos, como ya habíamos dichos anteriormente.

El ganado porcino tiene gran peso en países como Holanda, España y Alemania, destacando Dinamarca por la calidad de sus productos. Por último, en los mediocres pastos de las colinas mediterráneas y del Reino Unido, se practica una ganadería extensiva de ovinos con unos rendimientos, por lo general, sumamente bajos.

  • Las regiones de policultivo se encuentran muy extendidas por todo el espacio comunitario.

En el área mediterránea, se orientan fundamentalmente a la producción vegetal: trilogía tradicional mediterránea (trigo, vid, y olivo), o la “agricultura promiscua” de la península italiana (cereales, legumbres, vid, y olivo), mientras que en la Europa atlántica la orientación suele ser mixta: agrícola - ganadera.

Este tipo de actividad agraria acapara un mayor volumen de mano de obra, el nivel de mecanización suele ser bajo, y los rendimientos que se obtienen no son elevados.

  • Por último existen en la Comunidad regiones altamente especializadas en las que, de forma intensiva, se cultivan determinados productos totalmente orientados al mercado.

En este sentido, cabe mencionar: el cultivo de frutas y legumbres de la llamada huerta mediterránea; el cultivo de invernadero de la costa oceánica; el cultivo de arrozales de la Llanura del Po, Valencia, Delta del Ebro, Tracia, Macedonia, La Camarga, Alentejo...; la agricultura periurbana; el cultivo de flores de Holanda, y del área situada entre San Remo y Bordiguera; la agricultura tropical del sureste español y Canarias, etc.

Asimismo, otras muchas regiones se encuentran especializadas en la producción de vino o aceite de oliva, éste último muy concentrado en las penínsulas mediterráneas.

A modo de resumen

En conjunto, se puede establecer una clara dualidad entre el espacio agrario septentrional y meridional de la Comunidad.

En la Europa Septentrional predominan las explotaciones ganaderas intensivas de orientación lechera, en las costas; mientras que en el interior, grandes áreas cerealísticas conviven con sistemas mixtos agrícola - ganaderos y pequeñas comarcas vitícolas. La actividad agraria de estas regiones de la comunidad se caracteriza por una neta preponderancia de la producción animal sobre la vegetal, un mayor grado de mecanización, un menor número de efectivos agrarios, pero más jóvenes y mejor cualificados, una práctica habitual de cooperativismo entre los agricultores; una alta capitalización, un nivel de renta elevado; una mayor integración de la actividad agraria con la industria, etc.

Frente a ella, en la Europa mediterránea, los tradicionales cultivos de secano (trigo, vid, y olivo) contrastan con una agricultura de regadío, mucho más dinámica, aunque muy vulnerable a las fluctuaciones del mercado. La agricultura del sur de la comunidad se caracteriza por un mayor porcentaje de producción vegetal sobre la animal, un mayor número de mano de obra agraria, más envejecida, y menos formada, un neto desequilibrio en el tamaño de sus explotaciones (pervivencia de la dualidad minifundio - latifundio); en definitiva, una agricultura menos desarrollada y competitiva.

LA FINANCIACIÓN DE LA PAC: EL FEOGA

La financiación de la PAC se basa en la solidaridad financiera de los Estados miembros y se ejerce a través del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria.

Creado en 1.952, recibe y administra la mayor partida del presupuesto de la Comunidad (53% en 1.998), que se distribuye en dos secciones, la de “Garantía”, y la de “Orientación”.

La sección de Garantía, cuyos gastos suponen el 90% de los gastos totales del FEOGA, financia los recursos necesarios para la política de precios y mercados (intervenciones para regular los mercados, restituciones a las exportaciones, y los montantes compensatorios monetarios).

La sección de “Orientación” administra los fondos destinados a las medidas de la política de estructuras agrarias (mejora de las explotaciones e infraestructuras del medio rural y transformación y comercialización de los productos agrarios).

EL FUTURO DE LA PAC: LA NECESIDAD DE UNA REFORMA

Son indiscutibles los éxitos logrados por la PAC desde comienzos de su andadura, hasta convertirse hoy día la CE en una de las primeras potencias agrícolas del planeta. Sin embargo, persisten graves desajustes que por el momento carecen de una solución viable a corto plazo. Las rentas agrícolas crecen lentamente, en comparación con el resto de los sectores económicos; el desequilibrio entre las regiones agrícolas de la comunidad es cada vez mayor. Así mismo, ante la ausencia de unos mecanismos eficaces que regulen la producción, la Comunidad se ha visto desbordada por la existencia de ingentes excedentes de productos agrarios (leche y derivados lácteos, cereales, carne bovina, vino, ...), cuyo coste resulta demasiado oneroso. Frente a esta situación, la carencia de otros productos sigue aún sin resolverse, teniendo que recurrir a costosas importaciones (alimentos para el ganado, madera...).

Ante este panorama, en la década de los ochenta, se hizo necesaria una reforma de la PAC, cuyas líneas maestras giran en torno a seis ejes prioritarios:

  • Modificar progresivamente la producción en los sectores excedentarios y moderar la carga que se deriva para el contribuyente.

  • Promover la diversificación y la mejora cualitativa de la producción en función del mercado interior y exterior, y de los deseos de los usuarios.

  • Tomar en consideración de una manera más eficaz y sistemática los problemas de rentabilidad de las pequeñas explotaciones familiares.

  • Apoyar la actividad agrícola en las zonas donde se revele indispensable para el fomento de recursos, el mantenimiento de los equilibrios sociales y la protección del medio ambiente y del paisaje.

  • Promover una sensibilización creciente de los agricultores respecto a los problemas del medio ambiente.

  • Contribuir al desarrollo de las industrias de transformación de los productos agrícolas.

LA POLITICA PESQUERA COMUN. LA EUROPA AZUL

Con una producción global de casi 7 millones de Tm. la CE constituía en 1.998 la segunda potencia mundial en este sector, por detrás de Japón (8,8), y por encima de potencias como EEUU (6), y la CEI (5,5).

Rodeada por mares ricos en abundantes recursos pesqueros, debido al elevado nivel de plancton que hay en ellos y a la confluencia de aguas cálidas y frías, ostenta importantes zonas de pesca: Mar del Norte, Báltico, Cantábrico, áreas del Gran Sol y Pequeño Sol, Mediterráneo.

Si en un principio, la Comunidad de los Seis no se planteó seriamente la necesidad de una política pesquera, fueron las sucesivas ampliaciones las que determinaron la agilización del proceso. Así, con la integración de Irlanda, el Reino Unido, y Dinamarca, países marítimos de gran tradición pesquera, se empiezan a tomar las primeras medidas, entre las que cabe mencionar la decisión de ampliar la extensión de las aguas territoriales a 200 milla (1.977).

Se inicia un largo proceso de negociaciones que culmina con la firma de la Política Común de Pesca en el año 1.983. En ella, se establecen las normas que deben regir los accesos a las zonas de pesca, se fijan los TAC (Total Autorizado de Capturas) y las medidas técnicas par ala conservación de las especies. Al mismo tiempo que interviene en la organización de los mercados, en las medidas estructurales y de investigación, y finalmente, en las relaciones internacionales en materia pesquera.

En la actualidad, la Comunidad cuenta con 260.000 pescadores (0,2% de la población activa), de los que una tercera parte son del Estado español, si bien el sector de la pesca ocupa casi millón y medio de personas empleadas en industrias de transformación, mantenimiento, o en la construcción de barcos y accesorios de pesca.

El principal país pesquero de la CE es Dinamarca, con casi 2 millones de Tm. de capturas al año, seguido de España (1,3) y el Reino Unido (0,8).

El consumo comunitario de pescado alcanza los 22,6 Kg. por habitante al año, muy por encima de la media mundial (13 kg./hab.).

Fundamentalmente, la flota pesquera comunitaria faena en el Atlántico nororiental, aunque hoy en día es cada vez mayor la tendencia a faenar en los cálidos mares de las costas africanas atlánticas y del Océano Indico.

La balanza comercial de los productos pesqueros es altamente deficitaria, duplicando casi el volumen de importaciones (6,13 millones de Tm. en 1.998) al de exportaciones (3,9 millones de Tm).

LA IMPORTANCIA DE LA TECNICA EN LAS RELACIONES ECONOMICAS

CARACTERÍSTICAS DE LA TECNOLOGÍA Y EL TECNOGLOBALISMO

Definimos como patente tecnológica a cualquier elemento dotado de información y conocimientos que pueden ser aplicables sistemáticamente a la producción de bienes y servicios. En ocasiones facilitan la creación de nuevos productos, y en otras transforman las ya existentes. La tecnología es, por tanto, el núcleo central y más importante de todo proceso productivo. Por tanto, el mercado y sus agentes están directamente relacionados con la innovación tecnológica, tanto que:

  • Los países más ricos del mundo son los que más patentes generan.

  • Cualquier empresa seria que quiera mantenerse en el mercado mundial, debería desarrollar un importante departamento de I+D.

Las patentes tecnológicas desde el punto de vista de la economía presentan 4 características importantes:

  • Hacer aumentar extraordinariamente la productividad, aunque eliminan notable mano de obra del proceso productivo, pero ganan en mano de obra del proceso comercial.

  • No tiene consumo rival porque una patente preserva a su dueño de su utilización en todo el mundo. Claro que pueden salir productos genéricos, pero que, normalmente, tienen menos cuota de mercado por no tener un nombre reconocido.

  • La utilización de patentes no es excluyente porque, en general, los agentes económicos pueden utilizar una tecnología u otra, salvo en casos específicos de restricción. Normalmente en el ámbito militar o similares. En este caso se dan circunstancias tan paradójicas como que los propios EEUU hayan tenido que reprogramar todo su sistema de patentes militares porque se llegó a depender en más de un 60% de tecnologías fundamentalmente asiáticas.

  • Están sujetas a fugas porque los científicos trabajan casi con comportamiento de espías clandestinos protegiendo sus inventos bajo control o alto secretismo, y pese a toda la tecnología y las patentes, están sujetos a fugas, secuestros, y compras fraudulentas.

La importancia de la técnica en las relaciones comerciales y mercantiles es tal que se ha acuñado ya un término en economía para definir el proceso tecnificador. Nos estamos refiriendo al tecnoglobalismo o proceso globalizador de la tecnología que es bien visible a partir de 1.995, pero que tiene alta incidencia desde 1.989. Así, en los países de la OCDE, las exportaciones de alta tecnología pasaron de suponer el 12,2% del total en 1.970, al 36,9% en 2.000. El país que más invierte en patentes, y el que más patentes genera, es, sin duda, EEUU, aunque buena parte de los inventores proceden de todo el mundo bajo programas de colaboración específica.

Las universidades norteamericanas y los hospitales son los centros en los que avanzan la técnica y la ciencia que después se traslada al resto del mundo. Asimismo, el campo militar también desarrolla numerosas patentes y alta tecnología que luego pasa al ámbito civil, y a la exportación. El segundo país en número de patentes es Alemania que predomina fundamentalmente en el sector químico, mientras que USA lo hace en casi todos los campos, pero especialmente en biotecnología.

En los países de la OCDE se ha destinado como media en el año 2.000 el 5,1% del PNB a I+D, lo que supone un avance muy sustancial con respecto a otras épocas.

EL FACTOR LIMITATIVO DE LA DIFUSION INTERNACIONAL DE TECONOLOGIA

Para evitarse fugas, plagios, o imitaciones fuera de los circuitos legales, las economías occidentales han puesto en práctica trabas y códigos que intentan impedir la copia de patentes. Es más, las economías desarrolladas gastan ingentes cantidades de capitales en la lucha contra el fraude de patentes. Esta lucha va desde la destrucción de prendas de vestir de conocidas marcas, a la destrucción de relojes, colonias de maracas afamadas, hasta la lucha contra la piratería informática, en los sistemas de conducción cibernética, y otros similares. Por ejemplo: en la UE durante el año 2.000, el 62% de los sistemas informáticos utilizados tenían carácter de bandidaje.

El número de grabaciones incontroladas en CD ha aumentado en los 2 últimos años un 300%, por lo que las sociedades generales de autores han protestado vehementemente. En el sector librero sucede lo mismo. Otro sector donde se persigue mucho esta cuestión es en el de las piezas de recambio de los automóviles, porque se han introducido con tanta fuerza, que salvo piezas muy indispensables, la mayor parte de los ciudadanos optan por los genéricos. Lo mismo sucede en el campo farmacéutico, aunque en este caso los genéricos tardarán más en asentarse porque la salud es un valor primacial en la ciudadanía, y en consecuencia, aunque se pague más, se tiende a la compra del producto clásico.

El tecnoglobalismo es un factor decisivo para entender la riqueza de las naciones en el año 2.001, porque hay una profunda brecha entre aquellas naciones con mediana o alta capacidad patentística, y aquellas otras que dependen de las primeras. Por tanto, hay economistas que insisten en que de 1.989 a hoy (2.001), la manera que tiene Occidente de dominar el mundo, es a través del tecnoglobalismo como elemento primacial de la globalización de la economía mundo. Cuatro tipos de instituciones son las que habitualmente fomentan y desarrollan la tecnología y las patentes:

  • Las empresas: Especialmente aquellas que hacen alta inversión en I+D, y que en la OCDE agrupan al 16% aproximadamente.

  • Universidades o institutos tecnológicos de alto nivel: Desarrollan investigación básica, específica, o mixta.

  • Instituciones públicas y privadas: Dedicadas a la educación general así como a centros docentes de formación profesional que son los encargados de transmitir los conocimientos tecnológicos después de que éstos se apliquen a los procesos productivos.

  • Los gobiernos: En la medida en que financian, promueven, y regulan políticas tecnológicas. En este último punto, desde 1.985 hay una apuesta por todos los gobiernos españoles por desarrollar enseñanzas técnicas, y, de hecho, todas las universidades públicas que se han construido en la última década eliminan de sus enseñanzas las humanidades, y sólo enseñan ingenierías, ciencias ambientales, carreras químicas, físicas, etc., por lo que España ha pasado a tener un papel importante, aunque todavía lejano de las primeras potencias en el sector I+D. Los gobiernos autonómicos han desarrollado importantes parques tecnológicos, y desde el gobierno central ha habido grandes iniciativas sectoriales para la creación y mejora de nuevas tecnologías. Por su parte, las empresas están desarrollando programas, cursos, y modelos de enseñanza a sus trabajadores volcados hacia la más pura y moderna tecnología, con el fin manifiesto de crear trabajadores alfabetizados en los nuevos conocimientos técnicos del milenio. En la UE estas cuestiones se toman muy en serio, y la innovación tecnológica se fomenta de la mano del partenariado, o colaboración a 3 bandas: empresa, gobierno (nacional o regional), y UE.

La tecnificación elevada genera siempre economías de alta dinamización, es más, todas las economías prósperas del mundo y las más desarrolladas tienen altísimos grados de técnica, lo cual se explica desde los fenómenos globalizadores y también tiene que ver con los mercados de trabajo actuales porque sólo se entiende la grandísima flexibilidad de los mercados laborales desde perspectivas tecnológicas, porque la tercera revolución industrial que se inicia en 1.980 y en la que aún estamos inmersos ha traído consigo un cambio tan drástico en nuestras vidas y de manera tan solapada, que el mundo de la empresa y el mundo del trabajo no se explican sin esta aplicación tecnológica.

Todo trabajador con formación superior que quiera mantenerse en la avalancha productiva de hoy deberá someterse desde su primer puesto de trabajo hasta su jubilación (70 años) a procesos formativos en los que sus conocimientos últimos tendrán vigencia absoluta durante 6 meses. A menor escala, operarios no cualitativos deberán tener un dominio tecnológico sustancialmente mayor al que tenían hace una generación. La tecnología además agiliza los mercados de compra - venta y también genera procesos de rapidez comercial y de producción inusitados. Por tanto, el factor tecnológico en 2.001 es lo más importante desde el punto de vista económico, porque si en la década de los 80 la frontera era la calidad, de 1.990 a 2.001 la frontera está en la reducción de los tiempos de trabajo, o lo que es lo mismo, reducción de costes productivos, abaratamiento del producto, agilización de los mercados y competencia descomunal.

En 1.975, era común escuchar desde tribunas serias que en el año 2.000 los ciudadanos de los PD andarían sobre discos antigravitatorios, que por cierto están inventados en Japón, o también se hablaba de casas tan inteligentes que prácticamente eliminaban el trabajo doméstico, y en el mundo empresarial se hablaba ya de sociedades de ocio en el sentido estricto del término, sociedades en las que la tecnificación eliminaba casi la fuerza productiva humana. Sin embargo, en 2.001 nada de esto ha sucedido, y es más, los ordenadores que hoy forman parte de nuestro paisaje económico y privado ya estaban inventados en la década de los 30. Por tanto, hemos realizado una revolución en base a la mejora de invenciones existentes, porque el único invento nuevo revolucionario es el CD, que nace en el año 1.989.

Existe una tendencia a creer que la tecnología es el fundamento del más importante negocio de nuestro tiempo en sí mismo. Sin embargo, la mayor parte de los negocios que se introducen en la red telemática fracasan porque muchos de ellos tienen el inconveniente de la emoción primera, que no se corresponde con una realidad social que siempre tarda en asimilar cambios tecnológicos serios. Además, cambiar los hábitos de mercado o de consumo suele tardar un tiempo razonable, y en consecuencia, negocios de pura tecnología son, cuando menos, siempre arriesgados. Sucede otro tanto con los teléfonos móviles a los que se incorpora internet y otros servicios y que sin embargo han producido fuertes pérdidas en numerosas empresas debido a un exceso de confianza en los mercados.

La tecnología genera también fuertes dislates económicos entre PD y PS. Por tanto, la tecnología sirve para abrir brecha en el desarrollo, porque si en occidente una buena parte de su ciudadanía no pasa de tener pequeñas relaciones con la técnica, imaginémonos un 3er mundo donde las aportaciones tecnológicas son testimoniales.

Por eso hay autores que hablan de una diversificación tal que tratan de economías neolíticas por un lado, y otras cibernéticas de alto nivel.

El desarrollo tecnológico requiere de modernos entramados sociales que son más efectivos, en la medida en que se sustentan en naciones con clase media poderosa y en el que la cultura de tecnificación es elevada. Por ello, la tecnología trae siempre aumento autosostenido en los PD.

Puede darse el caso de que países potencialmente muy técnicos transmitan sus patentes a otros que, a su vez, la readaptan y la traspasan más allá de sus fronteras. Este es el caso de Telefónica, S.A. que bajo patente ITT redistribuye luego a Latinoamérica su propia producción. Sin embargo, lo más habitual es que quienes controlen las patentes controlan el mercado, el negocio, y los modos de producción, y los países tecnológicamente inadaptados tienen grandes dificultades en acceder a la tecnología por su alto coste, por lo que podemos hablar de un neocolonialismo tecnológico que consiste en otorgar tecnología a cambio de determinadas concesiones socio - políticas.

La UE, al igual que hace EEUU, Japón, y Australia, desarrolla procesos tecnológicos excepcionales a través de fórmulas de partenariado, es decir, fórmulas compartidas de financiación con las cuales la UE suele otorgar el 50% del capital y el otro 50% está en manos, o debe completarse por el Estado miembro, la Comunidad Autónoma, o por la empresa privada. De esta manera, se pretende hacer copartícipes a todas las partes en un proceso de agilización y modernización productiva sin el que el desarrollo se pierde.

EVOLUCION RECIENTE DE LA ECONOMIA ESPAÑOLA

Todo trabajo supone un esfuerzo, un coste para el trabajador; el salario es la compensación positiva que éste recibe por su realización. Desde la perspectiva de la tendencia de todo individuo a maximizar su bienestar, si la cantidad de trabajo está fijada, el empleado tratará de incrementar su salario. Si, por el contrario, es el salario el que está fijo o garantizado, el trabajador intentará reducir el esfuerzo para obtenerlo. Tanto la autodisciplina derivada de la responsabilidad como la eficiencia impuesta por el control tienden a contrarrestar los efectos de la anterior tendencia. Pero nuestra cultura laboral no está especialmente bien dotada en ambos aspectos.

En los últimos tres años, la productividad española ha crecido menos que la media de la UE. Como nuestros salarios no han aumentado más, los costes laborales unitarios se elevan por encima de la media, y nuestra competitividad empeora. El diferencial de inflación nos amenaza y ya no podemos devaluar la peseta. Necesitamos mecanismos dentro de nuestros procesos de producción que ajusten de manera permanente los salarios a los resultados. Precisamos sistemas salariales que actúen como instrumentos de motivación, como eficientes compensadores del esfuerzo productivo y no como garantes de rentas perpetuas, inamovibles y nada flexibles. Porque al jefe se le puede engañar, al mercado no.

Una asignación lógica del salario debiera conducir a una heterogeneidad derivada de las diferencias funcionales de la producción y de la diversidad humana en el desempeño. Tal asignación no puede tener un carácter permanente y estable, al menos en su totalidad, como tampoco lo tiene la cuota de mercado obtenida por las empresas o el nivel de facturación alcanzado. La variabilidad ligada a la productividad y la heterogeneidad asociada a la eficiencia debieran ser mecanismos básicos de asignación de compensaciones de naturaleza salarial. Todas las diferencias retributivas tendrían que estar, a priori, explicadas por su contribución a la eficacia productiva.

La falta de una esmerada gestión de los salarios por parte de las empresas, adecuando éstos a la productividad y al real desempeño, favorece la despersonalización de los salarios y la conversión de facto de muchos complementos salariales conceptualmente variables en otra parte fija del salario. El establecimiento de tarifas y tablas salariales en reglamentaciones y convenios colectivos supraempresariales supone también un elemento uniformador de los salarios, más fuerte en los más bajos y numerosos. Asimismo, la tendencia consolidadora de los trabajadores devora todos los incrementos salariales de carácter variable.

Una deficiente gestión salarial de los recursos humanos desincentiva al trabajador a incrementar su formación y su eficiencia. Los elementos estructurales retributivos impuestos por la costumbre o la legislación pueden ser reforzados o debilitados por la gestión empresarial.

Sin embargo, es obligado reconocer que el ritmo de vida de nuestros salarios está más acompasado a la normativa legal y la macroconcentración que a las circunstancias productivas y comerciales de cada empresa y al desempeño del trabajador. En economías de mercado, donde la libertad individual de las personas, la opacidad general de los salarios y la intervención permanente de agente espúreos a la relación laboral con el Estado o los sindicatos deja sentir su influencia en la asignación de recursos, deberemos estar prevenidos contra la tentación de querer descubrir inexorables reglas de funcionamiento que expliquen el comportamiento de los salarios y, en consecuencia, el del equipo humano. La contemplación de nuestro escenario salarial refleja más un paisaje después de la batalla que una maquinaria de precisión.

Las conclusiones de la revisión de nuestra estructura salarial apuntan a un cierto distanciamiento entre los criterios de productividad, eficiencia y equidad y la realidad de nuestras remuneraciones, demasiado sometidas a los imperativos de una costumbre moldeada entre organizaciones productivas cerradas, mercados poco concurridos y con baja competencia y relaciones laborales sujetas al corporativismo institucional y a la intervención reguladora de un Estado ambiguo y receloso frente a la dinámica de los mercados abiertos.

Liberar el salario de regulaciones jurídicas en cuanto a su cuantía y estructura y traspasar su gestión integral al libre acuerdo de las empresas con sus empleados, supone dar a los salarios el rango de precios que les pertenece. Además, se abriría un marco de confianza entre empresarios y trabajadores, no por la aceptación de normas y acuerdos tomados en otras instancias, sino sobre la base del acuerdo entre quienes buscan en el beneficio conjunto la satisfacción de sus intereses particulares.

ANALISIS ECONOMICO COYUNTURAL (1.975 - 1.995)

La política económica del periodo 1.975 - 1.995 se caracterizó por el rígido crecimiento del sector público, por el olvido de las reglas básicas de la actividad económica, y por la aparición y permanencia del déficit público. El gasto público, que representaba el 26% del PIB en 1.975, pasó a suponer el 47% en 1.995, con una singularidad: las transferencias y el consumo fueron los grandes motores del crecimiento del gasto puesto que, con algunas oscilaciones, la inversión pública mantuvo a lo largo del periodo, niveles similares.

Los criterios que deben guiar la asignación intertemporal de recursos (los recursos son escasos, pueden emplearse de formas distintas, el ahorro ha de estimularse para potenciar la inversión, la inflación constituye un síntoma de mala administración) tampoco fueron respetados. Al contrario, por lo general, se olvidaron: desde el sector público se procuró satisfacer conjuntos incompatibles de demandas sociales. Los gastos corrientes prevalecieron sobre los de capital; el ahorro nacional se contrajo, no tanto por la reducción del ahorro privado como por la compresión del ahorro público; la inflación se mantuvo, siempre, a niveles preocupantes y, en todo caso, por encima de la de los países de nuestro entorno.

Pese a que la estructura tributaria se fortaleció a notable ritmo, la velocidad del gasto público hizo que el déficit fiscal, iniciado en 1.976, se repitiera año tras año, con olvido sistemático de la primera de las proposiciones económicas: que nadie puede gastar, de forma permanente, más de lo que su renta le permite. En 20 años, la economía española había adquirido dos de los rasgos fundamentales que hoy la caracterizan: ser, por un lado, una economía de transferencia y, por el otro, una economía de endeudamiento. Es una economía de transferencia porque la dilatación del sector público, y de su actividad redistribuidora, ha hecho que el área de no mercado (la que se nutre de impuestos y canaliza las transferencias entre los distintos segmentos sociales) haya crecido enormemente respecto del área de mercado (la que se nutre de la venta de bienes y servicios dentro y fuera de las fronteras nacionales). Dicho de otra forma, las administraciones públicas han aumentado enormemente su dimensión respecto del sector privado de la economía, de forma tal que, en la actualidad, el número de personas cuyas rentas dependen de las administraciones públicas es mayor que el de las que las reciben del sector privado: unos 11 millones, en el primero de los casos, y 10'5 millones en el segundo. Es una economía de endeudamiento porque el ingente esfuerzo de transferencia se ha llevado a cabo con recurso al déficit permanente, lo que situó la deuda pública en un 65% del PIB, al término de 1.995, y la deuda exterior en un 19% del PIB del mismo año. Puesto que las deudas se proyectan hacia el futuro, y han de ser amortizadas mediante esfuerzos que significan disminuciones del nivel de vida, puede concluirse que, a lo largo del periodo, las administraciones públicas han redistribuido la renta corriente y también la futura.

Una economía en la que se van afianzando esos dos rasgos (predominio de la actividad de transferencia y acrecentamiento de la deuda interna y externa) tiende a moverse de forma inercial, porque cada vez resulta más difícil embridar el gasto público. Y buena prueba de ello es que el gasto realizado por las administraciones públicas fue, en 1.975 - 1.981, un 18'41% superior al inicialmente presupuestado, y, en 1.982 - 1.995, un 19'42% superior. Las razones concretas, en el caso español, son fácilmente identificables: en primer lugar, las prestaciones sociales (en especial pensiones y desempleo) tienden a aumentar en una sociedad que envejece, que crece a ritmo lento y que presta mucha mayor atención a las políticas pasivas de empleo que a las activas. En segundo lugar, la demanda de bienes sociales (educación y sanidad, ante todo) aumenta velozmente por el lógico deseo de ascensión social, de un lado, y, del otro, por la falta de medidas eficaces para poner coto a tales conductas. En tercer lugar, no resulta fácil aminorar los gastos de intervención económica que, en su mayor parte, son ayudas a empresas o sectores en crisis, sobre todo en una economía con dilatada tradición de intervención pública. En cuarto lugar, por el coste creciente de la deuda; y añádase a todo ello, en quinto lugar, el gasto creciente a que da lugar la consolidación de un estado de las autonomías que, entre otros aspectos, ha hecho crecer, con la aparición de múltiples redundancias, el número de funcionarios públicos.

Ante el desbordamiento del gasto, los gobiernos optaron, en ese lapso, por seguir dos vías simultáneas: aumentar los ingresos fiscales para tratar de contener la brecha entre ingresos y gastos públicos y aplicar una política monetaria restrictiva para frenar la inflación.

De 1.975 a 1.995, los ingresos fiscales pasaron del 21'35% al 35'3% del PIB. Ese aumento de la presión fiscal gravitó, además, no sobre el conjunto de los obligados a tributar, sino sobre parte de ese conjunto: en general, sobre los preceptores de sueldos y salarios, en el IRPF y cotizaciones sociales, y sobre las empresas debidamente registradas, en el caso de las cotizaciones a la seguridad social, el impuesto de sociedades, y los demás variados tributos a que se ve sometida la actividad empresarial. Sólo el IVA parece haberse aplicado sobre una base bastante más amplia. El resultado de esa creciente presión fiscal, aplicada de forma intensiva, fue doble: avivar el crecimiento de los costes salariales, al defender los perceptores de sueldos y salarios sus ingresos netos y recortar los beneficios empresariales, en muchos casos, al no poder las correspondientes empresas trasladar costes a precios. Al aplicar una política monetaria restrictiva, para contener la demanda global y frenar así la inflación, el resultado ha sido la permanencia de altos tipos de interés, salvo en los últimos tiempos, sostenidos, además, por la apelación continua del tesoro al ahorro privado, con objeto de financiar una deuda pública cada vez más voluminosa. Un entorno privado caracterizado por una presión fiscal creciente, que dilata los costes laborales y merma los beneficios, y elevados tipos de interés, no es el entorno más favorable para crear y expandir empresas. Al contrario, es un escenario de crecimiento lento del tejido empresarial y, por tanto, de aumento tendencial de la tasa de desempleo, aumento que se ve, además, estimulado por la rigidez de los mercados laborales. Un entorno público marcado por la persistencia del déficit y el aumento de la deuda es, además, un escenario que apenas deja espacio para la política anticíclica, porque el binomio déficit - deuda supone una cortapisa de notable envergadura. El entorno global que ha ido generándose a lo largo de esos años tenía que conducir, con algunos vaivenes, a tasas de crecimiento claramente inferiores al producto potencial y a tasas de desempleo muy elevadas.

Y, sin embargo, la política económica que ha prevalecido, con alguna excepción, a lo largo de ese periodo no es caprichosa; es la respuesta única a un gasto público creciente, cuyos componentes fundamentales son las transferencias y el consumo, porque, de no haber aumentado la presión fiscal, el déficit y la deuda hubieran sobrepasado, con rapidez, los límites tolerables y situado a la economía española al borde de la suspensión de pagos. Y, de no aplicarse, sistemáticamente, políticas monetarias restrictivas, la inflación hubiera corroído el mecanismo económico y generado consecuencias similares.

No es posible, sin embargo, mantener ese rumbo indefinidamente porque, a menos que se pueda dinamizar el área de mercado, la economía irá perdiendo pulso de forma gradual, la capacidad de transferencia se reducirá sustancialmente, la deuda se irá acumulando de forma explosiva y, en un mucho abierto, los mercados financieros penalizará, de forma continua, la persistencia y agrandamiento de los desequilibrios. Tras la recesión de 1.992 - 1.993, y las tormentas cambiarias de esos años, la imposibilidad mencionada se había hacho patente para los responsables de la política económica española; la urgencia del cambio llegó, sin embargo, de la mano de los compromisos exteriores, entre los que destaca, en primer lugar, el cumplimiento de los criterios de convergencia.

LAS OBLIGACIONES EXTERIORES

Los gobiernos españoles han apostado, siempre, por la adhesión, primero, a las comunidades europeas y, después, por la pertenencia a la UE y la incorporación a la unión monetaria. Como es bien sabido, cualquier miembro de la UE que desee formar parte de la unión monetaria ha de cumplir 5 condiciones:

  • Su tasa de inflación no debe superar en más de 1'5 puntos, la de la media de los tres países más estables.

  • El déficit público no debe sobrepasar el 3% del PIB.

  • La deuda pública no debe superar el 60% del PIB.

  • El tipo de cambio ha debido formar parte del mecanismo de cambio del SME y no haber experimentado grandes alteraciones ni haberse devaluado a petición propia.

  • Los tipos de interés a largo plazo no deben exceder en más de dos puntos a la media de los tres países más estables.

Pero la incorporación española a la unión monetaria (mayo de 1.998), por haber cumplido las condiciones, no exime de ulteriores obligaciones. No es posible abandonar la disciplina presupuestaria, en fase posterior, porque no es posible construir un área monetaria en un contexto macroeconómico inestable. De ahí que los países miembros de la UE firmaran, en el Consejo Europeo de Dublín de diciembre de 1.996, el denominado Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), en el que se insiste en la necesidad de sanear las finanzas públicas para asegurar la viabilidad del proyecto y en el que se precisan las medidas que la comisión habrá de adoptar frente a los países que incurran en déficit excesivo: más del 3% del PIB de déficit público y más del 60% del PIB de deuda pública. Salvo circunstancias excepcionales, de carácter temporal (como caídas inesperadas del PIB) que permitirían no calificar de excesivos los déficit, los estados miembros han de cumplir las dos condiciones so pena de verse sancionados con la obligación de constituir depósitos sin intereses, depósitos que pueden transformarse en multas. Pero, además, los países integrantes de la UME (Unión Monetaria y Económica) deben establecer programas plurianuales de estabilidad para alcanzar, a medio plazo, el equilibrio presupuestario, con objeto de que los estabilizadores automáticos puedan funcionar, a lo largo de todo el ciclo, sin que el déficit supere el 3% del PIB.

Sin embargo, la estabilidad no es sólo un requisito impuesto por las reglas de la UM; es, también, una exigencia para mantener la competitividad. Al instaurarse la moneda única desaparece la política cambiaria autónoma: frente a los demás estados miembros, porque no hay sino una moneda común; frente a países terceros, porque la relación euros, otras monedas será competencia del consejo. Cualquier pérdida de competitividad experimentada por un sector de un país cualquiera no podrá ser resuelta mediante reajustes del tipo de cambio, lo que nos lleva a uno de los problemas más aireados por los analistas de la futura UME: la perturbación asimétrica. Se entiende por perturbación asimétrica un desplazamiento de demanda, que afecte a un país o a un sector, y que dé lugar a una caída de producción, renta y empleo. Su origen puede ser vario, desde una modificación de las pautas de consumo, hasta una pérdida de mercado derivada del rápido aumento de costes y precios. La correspondiente pérdida de producción, renta y empleo puede ser atajada de dos maneras: o bien la mano de obra de la zona deprimida se traslada a otras áreas en expansión, o bien las transferencias fiscales resuelven todo o parte del problema, evitando la caída de la renta. Dos soluciones que requieren de movilidad de la mano de obra y capacidad de transferencia.

Supongamos que, ya dentro de la moneda única, la economía española experimenta, durante un cierto tiempo, una elevación de costes y precios superior a la de sus principales competidores de la UE. La demanda exterior de muchos bienes y servicios españoles se retraerá, sin que la competitividad pueda restablecerse por depreciación del tipo de cambio. Sería posible aliviar el problema si la mano de obra afectada por la caída de la producción se desplazara a sectores en expansión de otros países comunitarios, lo que legalmente puede hacer. En la práctica, esa posibilidad queda muy limitada por las barreras lingüísticas y culturales que separan a unos países de otros. No sería tampoco factible hacer uso de ayudas presupuestarias de alcance, porque el presupuesto español ha de cumplir la regla del cuasi - equilibrio y porque el presupuesto comunitario es de corta dimensión y queda absorbido, en su mayor parte, por la PAC. La perturbación asimétrica no es, pues, un problema menor, sino un riesgo omnipresente; y para evitar que el riesgo se materialice, la condición primera es mantener la estabilidad macroeconómica.

Enfrentada a las exigencias de la moneda única, la política económica española debía otorgar prioridad a las medidas que permitieran cumplir los criterios de convergencia, lo que necesariamente obligaba a frenar el gasto público como paso ineluctable para tratar de recuperar la estabilidad. Pese a que, desde 1.995, se venía intentado hacer menor el déficit público, con el resultado de haberlo disminuido del 6'6% del PIB (1.995) hasta el 4'4% (1.996), y 3'7% (2.000), los más importantes recortes del gasto se han producido en el presupuesto de 1.997 y se han concentrado en el consumo y la inversión. Su objetivo: que el déficit, medido de acuerdo con el protocolo comunitario, no supere el 3% del PIB. Objetivo que se ha cumplido habiéndose situado por debajo.

La disciplina en el gasto ha producido, hasta el momento, una serie de consecuencias positivas. En primer lugar, ha colaborado a situar la inflación en una tasa interanual inferior al 2% (1'5% en 1.997), objetivo más ambicioso que el inicialmente previsto por el Banco de España: lograr que los precios al consumo crecieran por debajo del 3% a lo largo de 1.997, y años siguientes. En segundo lugar, y como consecuencia de la caída de la inflación, los tipos de interés han descendido sustancialmente: el tipo de intervención del Banco de España, fijado en 9'25% a finales de 1.995, se estableció en 5'25% en mayo de 1.997, situándose al 4'5% en mayo de 1.998, y 5'2% a finales de 2.000; de forma gradual los intereses determinados en los mercados financieros experimentaron recortes generalizados, lo que ha significado una mejora muy apreciable de las condiciones de financiación. En tercer lugar, el consumo y la inversión privados se han visto estimulados por los menores intereses, en especial la adquisición de viviendas, puesto que las correspondientes decisiones de gasto dependen muy estrechamente, de las condiciones financieras. En cuarto lugar, y a impulsos de variables anteriores, el ritmo de crecimiento ha aumentado y debe situar el incremento anual en un 30'2% aproximado.

Ese camino nuevo, que se inicia con la contención del gasto público y termina en un mayor dinamismo del conjunto de la economía, ha permitido cumplir casi todas las condiciones de convergencia. No se ha cumplido el criterio de deuda pública porque no es posible, en un solo año, pasar del 69'9% al 60%, pero ese incumplimiento no debe constituir un obstáculo infranqueable por dos razones: porque según las normas de Maastricht importa, sobre todo, la aproximación al valor de referencia, situación que sí se producirá en el español, y porque la mayor parte de los países incumplirán la condición, lo que hará imposible una interpretación inflexible de la misma.

Las relaciones entre las grandes variables económicas no son ni mecánicas ni estimables con precisión porque están entrecruzadas por las expectativas de los agentes económicos. No basta por tanto anunciar primero, y poner en práctica después, una determinada medida para que los efectos se desencadenen; es preciso que los agentes económicos la crean. No basta, pues, con anunciar, por medio del presupuesto, que se frena el crecimiento del gasto público; es preciso que los agentes económicos crean esa limitación: las administraciones públicas en primer lugar, lo que supone un ejercicio constante de autodisciplina. E igual sucede con los demás agentes. Sólo así se consigue que la estabilidad sustituya a la incertidumbre y que la secuencia reducción del gasto público (menor inflación) menores tipos de interés cristalice. Lo que, en abstracto, se consideraba posible, ha sucedido porque se ha resuelto, hasta el momento, el problema de credibilidad.

A la sombra del pensamiento keynesiano, todavía una amplia corriente de opinión entiende que los recortes de gasto público tren aparejados efectos recesivos. La causalidad es simple: si el ritmo de crecimiento depende del nivel de demanda agregada y se frena el gasto público, uno de los componentes de esa demanda, la economía, crecerá más lentamente. A fuerza de simple, el razonamiento olvida el impacto que la limitación del gasto produce: consumo e inversión privados repuntarán, por la caída de tipos, la competitividad se reforzará, al amparo de una menor inflación, lo que impulsará las exportaciones de bienes y servicios, y el compás de la economía podrá acelerarse en lugar de debilitarse. Así ha ocurrido en el caso español y ha ocurrido con presteza por haberse repetido una regularidad ya contrastada: que son los países que padecen desequilibrios más agudos los que antes se benefician de la reducción de esos desequilibrios.

ESTRUCTURA ECONÓMICA A FUTURO

La evolución demográfica de la sociedad española, se cumplirá de forma bastante aproximada, dada la consistencia de este tipo de previsiones, lo que hará que el número de pensionistas de la Seguridad Social aumente desde los 4 millones actuales hasta cerca de 11 millones en el año 2.025. A esta cifra habrá de añadir la correspondiente a las clases pasivas, hoy próxima a 700.000 personas. En cifras aproximadas, unos 12 millones de personas, de un total de 41 millones, formarán el grupo de perceptores de pensiones de jubilación. Se trata de un dato del que debe partir cualquier proyección realista. Ante esa hipótesis demográfica, no resulta difícil admitir la imposibilidad de mantener la actual sociedad de transferencia, entendida como aquélla en la que el estado transfiere bienes, capitales, sueldos y servicios. Hay que reformarla, precisamente para hacerla viable en el futuro. Y esa reforma requerirá, por lo menos, alcanzar tres objetivos fundamentales:

  • Crecer a mayor ritmo de forma continuada.

  • Que el crecimiento se produzca en el área de mercado.

  • Redimensionar la red de protección social.

Es preciso crecer a mayor ritmo para aumentar la tasa de actividad y disminuir la de desempleo; es necesario que el crecimiento se produzca en el sector privado para que las transferencias fuera del sector público hagan de motor de la economía. Es forzoso redimensionar la red de protección social porque, de mantener los rasgos que hoy la caracterizan, el crecimiento del gasto sanitario bastaría para esterilizar cualquier esfuerzo.

Para que los dos objetivos primeros (crecer más y que sea el sector privado el que crezca) puedan cumplirse, deberá reducirse el tamaño del sector público y facilitarse la creación de empresas privadas. Dos líneas de acción que requieren una serie de importantes decisiones de política económica. La primera de ellas es lograr que el gasto público crezca a ritmo bastante menor que el producto total. De esa manera se lograría la consolidación fiscal (eliminación del déficit) y se reforzaría la estabilidad macroeconómica. La proyección que completa lo que figura en el Programa de Convergencia, indica un posible camino: si en el periodo 2.000 - 2.010, el crecimiento medio del gasto de las administraciones públicas se mantiene en el 2'8% anual, en términos nominales; los ingresos aumentan al 5'4% nominal, y el PIB lo hace al 3%, el déficit desaparece en el año 2.001, la deuda se reduce hasta el 35% del PIB en el 2.010, y para el año final, el gasto público tan sólo representaría el 33'9% del PIB. Conseguir que el PIB crezca a un 3% no resulta, en principio, un objetivo disparatado. Pero no depende sólo de la buena conducción de la economía española, porque el comportamiento de las grandes economías es elemento decisivo tanto de nuestras posibilidades expansivas como de la estructura global de la economía mundo.

Facilitar la creación de empresas privadas, la segunda línea de acción, significa, ante todo, crear un entorno económico que estimule las decisiones empresariales. La contención del gasto público, que debe colaborar a mantener el clima de estabilidad y los bajos intereses, constituye un factor muy positivo que debe acompañarse con otras medidas. Muy en especial la mejora de la infraestructura y la liberalización progresiva de los mercados de servicios: perfeccionar la red de transportes y comunicaciones significa reducir costes y acercar mercados, lo que redundarán en aumentos generales de productividad; salvo en los mercados financieros, en los que la competencia ha recortado los márgenes hasta situarlos en los niveles prevalecientes en los grandes países de nuestro entorno. Muchos de los otros mercados de servicios mantienen barreras protectoras que significan costes adicionales para empresas de muy variado signo, y en especial, para las de tamaño mediano y pequeño.

La expansión del área de mercado no garantiza, por sí sola, el aumento de la tasa de actividad y la disminución del desempleo, las dos piezas clave del escenario postulado. Garantiza una cierta mejora de las dos variables, pero de lo que se trata es de aumentar considerablemente la primera y de disminuir sustancialmente la segunda. Y es probable que esas metas sólo puedan alcanzarse con mercados de trabajo más flexibles y con prestaciones de desempleo sometidas a regulación más exigente. Aunque en este punto hay disparidad de criterios. En una economía abierta, y con moneda única, los mercados de trabajo ganarán mucha flexibilidad para que las empresas puedan adaptarse, con rapidez, a la variación de las condiciones de demanda.

Aún así, y si queremos mantener el Estado del Bienestar, algunas de las actuales tendencias de la red de protección social habrán de ser corregidas, en especial la concerniente a las prestaciones sanitarias: la mejor gestión de los servicios y un mayor control de las prestaciones son medidas necesarias para racionalizar el gasto, hoy situado en 6 puntos del PIB. Pero probablemente, no serán suficientes; habrán de ser completadas con la introducción de elementos que buscarán concretar la demanda real sanitaria existente.

Las líneas de política económica aquí apuntadas son fáciles de proponer pero muy difíciles de aplicar. Mantener el crecimiento del gasto público muy por debajo del crecimiento del PIB, puede no resultar muy difícil durante un periodo breve (un año por ejemplo), pero lograrlo a lo largo de una serie de años es tarea muy complicada porque los niveles de vida de muchos colectivos quedarán afectados y esos colectivos removerán cielo y tierra para impulsar el gasto del que dependen. Téngase además, en cuenta que hablamos de las administraciones públicas, en su conjunto, es decir, de gastos muy descentralizados y dependientes de poderes públicos distintos, y en los que la pretensión de trasladar el sacrificio a los demás será constante. Lograr que el sector privado se mueva en un clima que facilite su expansión requiere acentuar la competencia en muchos mercados, en especial los de servicios y los laborales. Bajo la presión de las normas comunitarias, la liberalización de los principales servicios se producirá, pero, en muchos otros, las resistencias serán firmes porque están ancladas en una larga tradición. Y flexibilizar más los mercados laborales será tarea muy complicada porque se tropezará con la oposición frontal de los sindicatos, para quienes la reforma de 1.997 constituye un límite infranqueable. Pese a los problemas que lo aquejan, y que ensombrecen su futuro, el gasto sanitario es considerado, por la mayoría de la población, como un conjunto de prestaciones que no pueden ser modificadas porque son derechos adquiridos e irrenunciables.

Pero los hechos están ahí, y anuncian un porvenir borroso para el conjunto de la economía española si no se acierta a cambiar su dirección. ¿Cómo garantizar el futuro de una sociedad que envejece pero, sobre todo, cómo garantizarlo cuando son cada vez menos los que trabajan? El único camino que se nos ocurre es transformar una economía de transferencia - endeudamiento. La española actual, en una economía de crecimiento, una economía que haga viables las transferencias que, de verdad, exige el principio de solidaridad, que reduzca el endeudamiento para evitar quedar anquilosada por su carga y que ofrezca, a un porcentaje mucho mayor de la población en edad laboral, muchas más posibilidades de empleo. A la vez que se intenta mantener la esencia estructural del Estado benefactor.

EVOLUCION RECIENTE DE LA ECONOMIA MUNDIAL. LOS PAISES DESARROLLADOS. ECONOMIAS DE TRANSICION

JAPON

LAS PRINCIPALES REGIONES INDUSTRIALES DEL JAPON ACTUAL

Son las siguientes:

  • KEIHIN: Que ocupa la bahía de Tokio y gran parte de la llanura de Kanto. Es la principal región industrial del Japón y del mundo con el 40% de la producción nacional. Aquí hay construcción naval, refinerías de petróleo, siderurgia, automóviles, industrias alimentarias y aeronáuticas. También electrónica, Alta tecnología, y computación.

  • HANSHIN: Bahía de Osaka - Kobe y gran parte de la llanura hasta Kyoto. Segunda región industrial del país con el 30% de la producción. Predomina la construcción naval (en primer lugar), y después las refinerías de petróleo, la siderurgia y la fabricación de automóviles. También hay industrias de computación.

  • CHUKYO: Bahía de Nagoya. Predominio del sector automovilístico (primer lugar), y después en el mismo porcentaje construcción naval y químicas. Viene después la industria siderúrgica y la electrónica.

  • KITAKYUSHU: Al norte de la isla de Kyushu. Esta región basó su hegemonía en la industria pesada y en la actualidad la crisis del sector ha propiciado su lenta decadencia, aunque mantiene su productividad combinándola también con la fabricación de automóviles y componentes electrónicos.

Regiones secundarias

  • Muroran - Tomakomai: Siderurgia.

  • Sendai: Componentes y aparatos electrónicos.

  • Tokai: Industrias químicas.

  • Niigata: Componentes electrónicos. Industrias pesqueras.

  • Hokuriku: Industrias mineras.

  • Suwa - Katsumoto: Textil.

  • Okayama - Sanyo: Construcción naval, refinerías de petróleo, químicas, siderurgia y automóviles. También electrónica y cibernética.

  • Matsugama: Construcción naval.

  • Hyuga - Nobeoka: Química.

  • Mi - Ike: Construcción naval.

Los principales sectores industriales

En líneas generales, la industria japonesa se caracteriza por el alto desarrollo, la alta productividad, y el elevado nivel tecnológico. Aunque, tiene una fuerte dependencia del exterior en materias primas y energía, y está distribuida desigualmente por el territorio concentrándose fundamentalmente en el litoral meridional.

La industria textil, es la de mayor tradición en el Japón hasta la década de los 40. En la actualidad, está en retroceso ante el empuje de china y los vecinos países asiáticos. Sin embargo, aún mantiene un mercado interior pujante.

La siderurgia comienza en Japón a finales del siglo XIX, en 1.874. Los conflictos zonales así como las dos guerras mundiales favorecieron su desarrollo, alcanzando un gran crecimiento hasta 1.945, fruto también del nacimiento del fascismo japonés, que favoreció su rearme, con Hiro - Hito.

El aumento de la demanda de armamento a raíz de la Guerra de Corea entre 1.950 y 1.953, y la política norteamericana de favorecer la industria nipona para que el país no cayera en manos comunistas, en plena Guerra Fría, hizo que para 1.950 - 55, se alcanzaran los niveles de preguerra. En la década de los 80, el sector entra en crisis como consecuencia de la bajada de la demanda internacional y de la competencia de otros países asiáticos o Africa del Sur. Pese a todo, en la actualidad, es el segundo país productor de acero del mundo. Se ha basado, tradicionalmente, en la importación de materias primas, de ahí su ubicación portuaria y los graves desequilibrios regionales en el país. Hoy en día, sin embargo, la industria siderúrgica nipona consume poca energía y de una forma racional y está muy tecnificada.

Por su parte, la construcción naval es un sector tradicional en el Japón, y que alcanza sus máximas cotas a partir de 1.955. La Guerra de Corea (1.950 - 53) y el bloqueo del Canal de Suez (1.956 - 57) influyeron decisivamente en su reactivación. En un principio, esta industria se localizó entre Nagasaki y Kobe, aunque a partir de la década de los 70 se traslada a la costa del Pacífico Sur, Sakai, Nagoya bahía de Tokio contribuyendo aún más a sobrecargar la región. Las razones del éxito nipón en la construcción naval han sido:

  • Concentración empresarial.

  • Mano de obra altamente cualificada.

  • Elevada infraestructura técnica y fuerte respaldo financiero.

En la actualidad, y a pesar de que ocupa un lugar destacado en la producción mundial de grandes buques, el subsector ha venido a menos por la competencia de Corea del Sur y por el cambio de coyuntura internacional, o por la crisis energética de 1.973 que golpeó duramente a Japón.

La industria del automóvil representa un buen ejemplo de sector industrial en expansión ya que, en los años 80, Japón alcanza el primer puesto mundial en fabricación de coches cuando en 1.960 el sector era prácticamente inexistente en el país. Este sector emplea al 10% de la población activa del país con el 12% de la producción industrial y el 25% de las exportaciones. El sector absorbe, en un 96%, la demanda interna y exporta coches por este orden a:

  • EEUU.

  • Europa.

  • Asia.

  • América Latina.

En los últimos años se ha producido una ligera regresión, en la venta de coches, ante las medidas proteccionistas de EEUU, y la UE.

Punta de lanza del actual sistema japonés y uno de los subsectores de más reciente desarrollo es la electrónica, que ha conocido un espectacular crecimiento desde la década de los 70, gracias a la demanda interior y exterior. En principio, el sector se orientó hacia televisiones, transistores, relojes y calculadoras, pero más recientemente hacia los ordenadores, robótica, y telecomunicación. Actualmente es el primer sector industrial del país y la primera potencia industrial en circuitos integrados.

La industria química (representa el 19% de la producción industrial japonesa) ha conocido una rápida expansión en los últimos años (segundo puesto mundial tras EEUU). Abastece a la industria electrónica y del automóvil. El sector evoluciona favorablemente gracias a las fibras textiles artificiales, sector fotográfico y caucho sintético.

ESTRUCTURAS SOCIALES Y LA INDUSTRIA JAPONESA

Desde el punto de vista de su evolución industrial, Japón es uno de los países más interesantes. Pues no en vano, hasta la segunda mitad del siglo XIX era un país feudal, tanto en lo que se refiere a estructuras sociales como a económicas. Pero de 1.868 a 1.912 la Dinastía Meiji inició un proceso de modernización de las estructuras industriales con deseo de occidentalizar la industria. Se organizó este proceso en torno a los sectores textil, de pesca, y se articuló un fuerte desarrollo en torno a la industria pesada. El estado nipón configuró grandes empresas estatales llamadas zaibatsu.

De 1.912 a 1.926, Yoshi - Hito, volvió a las empresas de carácter familiar desmantelando algunas zaibatsus, aunque reforzando las estructuras industriales de su antecesor.

De 1.926 a 1.945, el emperador Hiro - Hito vuelve a la estructura del zaibatsu y configura una poderosa estructura industrial en el país basada en el sector pesado y en la industria militar. No en vano fomentó y fue el primer artífice del fascismo en Asia, conquistando un importante número de territorios periféricos al Japón.

Tras la derrota japonesa en la Primera Guerra mundial, los Estados Unidos de Norteamérica desmantelaron al ejército japonés así como a las empresas militares y para evitar que cayera el país en manos de los comunistas de Stalin, Norteamérica dotó al país de:


  • Ayuda económica.

  • Constitución.

  • Legislación laboral.

  • Liberalismo económico.


Se sentaban así las bases del moderno desarrollismo nipón.

Entre 1.955 y 1.960, el PNB de Japón fue del 8% y fueron esos años los que contemplaron el desarrollo de las industrias eléctricas, petroquímicas, siderúrgicas, y de maquinaria.

De 1.961 a 1.965, el PNB fue del 10% afianzándose las industrias pesadas y de alta tecnología industrial y produciéndose un extraordinario crecimiento industrial.

El crecimiento entre los años 1.965 y 1.970 fue del 11%, caracterizándose este periodo por las exportaciones masivas de productos fabricados.

De 1.971 a 1.980, el crecimiento medio fue del 7% caracterizándose por los mismos motivos que el lustro anterior, mientras que entre 1.980 y 1.990, el incremento ha sido del 3'7%, habiéndose caracterizado este periodo por la guerra comercial mantenida con los EEUU, y la CEE y de 1.991 a 1.998, del 2'9%.

Debido en gran parte a la competencia que mantiene con los EEUU y la UE, Japón se ha lanzado a la conquista de la América Latina, preparando para este fin a una auténtica legión de industriales, comerciantes y empresarios, a quienes se les está enseñando el castellano, para controlar la economía latinoamericana.

En un proceso paulatino, Japón se convirtió en un voraz consumidor de las producciones mundiales. En 1.998, absorbía una décima parte de las exportaciones de todo el mundo. En el mismo año consumía el 10% de petróleo de todo el mundo. Lo más sorprendente es que el tremendo auge de la actividad industrial es debido, en parte, a la orografía del país, ya que sólo el 16% del suelo japonés es terreno cultivable, lo que implicaba la necesidad de importar productos agrarios, siendo este gasto suplido con la exportación de su producción industrial.

Otra característica que explica el fenómeno japonés desde los años 30 y 40 hasta la actualidad es, sin lugar a dudas, el alto porcentaje de población que trabaja fuera del hogar. Como ejemplo sirva que a mediados de 1.995, el 39'8% de las mujeres casadas tenían un empleo, pero con salarios inferiores a los de los hombres. Por otra parte, abundan los empleos poco productivos y muy mal pagados pero que comprenden a población activa, sobre todo en el sector terciario, que emplea a numerosos jubilados ya que el retiro en Japón es temprano y muy poco retribuido por lo que muchos optan por emplearse de nuevo.

En la actualidad, el sector fuerte está constituido por los grandes complejos financieros e industriales, como las 44 empresas del grupo Mitsubishi, que acaparan el 10% de ventas del total del PNB. No obstante, en los últimos cinco años, se está asistiendo a una curiosa situación con la aparición de pequeñas y medianas empresas que empiezan a hacer una cierta competencia a las grandes multinacionales, pero aún lejos de competir con ellas.

Los altos beneficios de las empresas japonesas son debidos, tanto a los bajos salarios con que pagan a sus empleados, como a las poderosísimas barreras aduaneras que tiene Japón, que forman una muralla infranqueable para los productos extranjeros, y que reservan el mercado interior para la producción nacional. Por supuesto, esta política proteccionista sigue provocando el descontento de los rivales comerciales de Japón, EEUU, Canadá y la UE, quienes han llegado a plantearse atacar al Japón con la misma moneda, cerrando sus fronteras a los productos japoneses si bien con poco éxito, ya que los nipones continúan colocando su producción en esos países.

Otra de las razones que podríamos señalar para entender el gran desarrollo de la economía japonesa es, sin lugar a dudas, la enorme capacidad de ahorro que tienen los japoneses. Así, por ejemplo, hacia mediados de los años noventa, cada hogar ahorraba por término medio la quinta parte de su sueldo, y algunos hasta las dos quintas partes del mismo. Este ahorro deriva del alto precio de las viviendas, motivado por la escasez de suelo edificable en Japón, por una parte, y del elevado coste de la educación, por otra, ya que las escuelas públicas gratuitas son relativamente escasas y no existe una seguridad social estatal. De esta manera, el ahorro personal suple la carencia de servicios sociales que en Europa están financiados por los Estados. Los ahorros conseguidos por los trabajadores son retenidos por los bancos, los cuales, a su vez, los prestan a las grandes multinacionales para generar más beneficios. El hecho de que Japón se encuentre relativamente desarmado, y que tan sólo invierta el 2'1% de su PIB en defensa militar, no es ninguna casualidad, ya que todo lo que el estado se ahorra en armamento es invertido en otros sectores.

Los grupos dirigentes de la economía japonesa forman una elite cerrada y jerarquizada, en la que los lazos familiares adquieren gran importancia. Más que en ningún otro país del mundo, la carrera del individuo y su futuro dependen directamente, y en un alto porcentaje, de la Universidad en la que estudie; la de Tokio ha proporcionado al país un 70% de la elite política y económica. El sistema de enseñanza es tremendamente competitivo y selectivo. Consiste en la preparación dura y espartana de los estudiantes elegidos entre los más cualificados, a quienes se les prepara para una determinada y específica función, sin escatimar en medios para conseguirlo, pensando desde el primer momento en su futura utilidad y rendimiento en una determinada empresa y, por supuestos, enseñándoles a ser útiles a su país. La vinculación de empresa - política es aquí más fuerte que en ningún otro países del mundo, de tal manera que una cuarta parte del Parlamento japonés ocupa altos cargos en las grandes empresas, explicándose de esta manera el alto grado de corrupción política de los últimos años, que ha obligado a dimitir a más de un parlamentario y jefe de estado. Así se entiende la financiación de los partidos políticos que se sirven del dinero de las empresas para defender las ideas del partido que representan.

Por debajo de esta elite de privilegiados se encuentran los denominados Sarariman clase social que engloba a unos 10 o 12 millones de japoneses y que son aquellos que poseen un puesto vitalicio dentro de las grandes empresas, a cambio del cual deben mantener hacia ellas una fidelidad absoluta.

Por debajo de los Sarariman están los asalariados no permanentes, trabajadores temporales que trabajan para las grandes firmas, pero que están expuestos a perder sus trabajos en cualquier momento si sus dirigentes lo consideran oportuno.

Tras ellos encontramos a los pequeños propietarios campesinos, que gozan de un nivel de vida inferior al que poseen las ciudades, a pesar de que estos campesinos completan sus ingresos del campo con otros conseguidos en las empresas cercanas.

Los más desfavorecidos de la escala social japonesa son, sin lugar a dudas, los inmigrantes coreanos, los campesinos de terreno pedregoso pobre, y los pescadores.

Las centrales sindicales son poderosas y cuentan con gran número de afiliados. Su estrategia laboral consiste en reunirse y hacer grandes frentes colectivos, en lugar de atacar conflictos locales de empresas individuales. Todas estas ofensivas sindicales tienen lugar siempre en primavera, época en la que acaba el año económico, y cuando el gobierno discute con las patronales las cuestiones de precio, salario, y empleo.

Con todas estas peculiaridades, Japón se ha convertido en el país más rico y poderoso de Asia, formando así parte del Club de los Siete Grandes e introduciéndose en todas las economías mundiales. A pesar de que en los últimos años el país ya no crece con la intensidad de la década de los años 70, su liderazgo económico nadie lo discute.

LOS INCONVENIENTES DE LAS TERAPIAS DE CHOQUE EN EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL

INTRODUCCION

El proceso de transición en los PECO ha adoptado en general una pauta bastante similar a la de Rusia, si bien países como Hungría o Rumanía la efectuaron de forma más gradual. En términos generales, la estrategia de transición de los PECO (Albania, Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, y Rumanía) ha consistido en los siguientes aspectos generales:

  • La prioridad otorgada a las medidas de estabilización macroeconómica a corto plazo, en detrimento de la adopción de políticas microeconómicas (industrial, comercial, etc.) susceptibles de garantizar el crecimiento a medio y largo plazo.

  • La privatización acelerada de la economía, con resultados mediocres, y emprendida antes de la modernización del sistema bancario y fiscal.

  • La liberalización repentina de los precios, mediante la supresión de los subsidios estatales, con el objeto de provocar un aumento inmediato de la oferta. En la práctica el resultado ha sido un considerable deterioro de la demanda interior.

  • Una liberalización comercial amplia y generalizada, para fomentar la competitividad de la actividad industrial, así como su modernización técnica, pero que se ha manifestado en una importante desindustrialización y en el deterioro del saldo de la balanza comercial.

  • Una política cambiaria sustentada en una maxi - devaluación inicial y proseguida con el sostenimiento del tipo de cambio, en la idea de que la apreciación de la moneda contribuiría a la lucha contra la inflación. En la práctica, ese tipo de política cambiaria ha agravado los problemas de competitividad internacional.

Pese a esas características comunes, las diferencias en el grado o intensidad de las medidas adoptadas ha sido importantes. Polonio o la antigua Checoslovaquia han adoptado claramente una estrategia de transición basada en la terapia de choque (ajuste restrictivo en las políticas monetaria y fiscal) y en las transformaciones estructurales repentinas y simultáneas. Por el contrario, Rumania y, sobre todo, Hungría han proseguido una senda más gradualista, con una l9beralización progresiva de los precios y de las importaciones, un ajuste macroeconómico menos restrictivo y una política cambiaria más flexible. Bulgaria y Albania han optado por una senda intermedia, en el primer caso con una liberalización comercial progresiva y con un tipo de cambio flexible y, en el segundo, con una estrategia más tardía y menos dependiente de una moneda sobrevalorada. Albania, además, se nutre de mayores ayudas internacionales, al ser la economía más empobrecida de la zona.

Además, las situaciones de partida eran claramente distintas. Mientras que Hungría y, en menor medida, Polonia habían experimentado ya cierta liberalización económica (desde 1.968 y 1.978, respectivamente), el resto de los PECO tenían una economía fuertemente centralizada. Los desequilibrios macroeconómicos al iniciarse la transición eran mucho más importantes en Polonia, Albania, o Checoslovaquia que en Hungría y Rumania. Algunos PECO, como Polonia y Hungría, eran menos dependientes de los intercambios con otros países del COMECO (Mercado Común de los Países Socialistas) que los restantes. A finales de los años 80, aproximadamente, el 40% de las exportaciones de los dos países citados se dirigía a otras naciones del COMECON, porcentaje que llegaba al 60 - 70% en Checoslovaquia, Bulgaria o Rumanía.

El primer programa de transición se intentó aplicar desde 1.989 en Yugoslavia, pero los conflictos internos y el desmembramiento del país, así como la prolongada guerra civil, alteraron las posibilidades de reforma económica. En Polonia, el "Plan Balcerowicz" (por el nombre del ministro de economía de entonces) se inició en 1.990. Adoptó claramente las prescripciones de los partidarios de la terapia de choque (J. Sachs fue asesor del gobierno polaco, además del de Rusia): eliminación de golpe de los controles de precios, liberalización comercial indiscriminada, fuerte ajuste fiscal y monetario, maxi devaluación inicial (seguida del mantenimiento de un tipo de cambio fijo), privatización masiva de las empresas estatales, etc.

Por el contrario, en Hungría, los menores desequilibrios macroeconómicos y la existencia de una actividad productiva más desregulada que la de sus vecinos, así como la resistencia de su gobierno a aplicar una terapia de choque, hicieron posible la adopción de una transición gradualista o incremental. Los precios fueron liberalizándose de manera progresiva y la apertura comercial fue controlada.

Entre los extremos polaco y húngaro se dieron, en la primera mitad de los años noventa, toda clase de situaciones intermedias.

La caída de la producción fue muy importante en todos los PECOS, si bien, resultó menos acusada en Hungría y duró menos tiempo en los países que habían iniciado antes la reforma.

Las estadísticas oficiales seguramente sobrevaloran el alcance de la crisis, ya que se cree que existe un importante sector privado oculto (por razones fiscales) que informa de cifras inferiores a las reales para acceder a subsidios públicos. Además, algunos especialistas consideran que parte de esa caída es una ilusión estadística, ya que la reducción de la producción militar y de bienes inútiles resultó ser, en realidad beneficiosa para la economía. En todo caso, la recesión fue sustancial.

Hubo sin duda factores externos de una crisis sin precedentes desde los años 30: la disolución del COMECON en 1.991, la inestabilidad política y la crisis en Europa occidental (1.992 - 1.993), que afectó tanto a las posibilidades de exportación de los PECO como a su recepción de inversión directa extranjera. Sin embargo, es seguramente abusivo desdeñar los efectos depresores de la política económica y especialmente de la contención de demanda y de la liberalización comercial.

La hiperinflación se dejó notar en Polonia en 1.990, en Bulgaria en 1.991, y en Rumanía en 1.991 -1.993, mientras que el crecimiento de los precios fue notable, aunque inferior, en la antigua Checoslovaquia y Hungría en 1.991. Además, la reducción de la inflación ha sido más lenta y menos acusada de lo que se esperaba.

Un efecto adicional de las transiciones en los PECO fue el fuerte crecimiento del desempleo, cuyas tasas llegaron a superar en 1.997 el 18% en Polonia, Bulgaria y Eslovaquia, y el 13% en Rumanía y Hungría. Sólo la República Checa ha podido mantener una baja tasa de desempleo (4'5% en 1.997). Albania es un caso aparte, con el 39% de paro en 1.997. Las razones del crecimiento del desempleo fueron la crisis de las empresas que exportaban a otros países del COMECON, el afloramiento del desempleo encubierto debido al acaparamiento excesivo de trabajadores y, sobre todo, la prioridad otorgada a la estabilización fiscal y monetaria respecto de la generación de puestos de trabajo.

Además, el desequilibrio comercial también ha aumentado, aunque con variaciones muy distintas según los países. La apreciación de la moneda en términos reales, resultante de la entrada de un capital extranjero especulativo atraído por los altos tipos de interés, así como de devaluaciones inferiores a la inflación o del mantenimiento de la cotización de la moneda en aras de la lucha contra la inflación, ha perjudicado al sector exportador y fomentado un fuerte crecimiento de las importaciones, especialmente de bienes de consumo.

Pese a la desaparición del COCOM (Comité para la Coordinación del Control Multilateral de las Exportaciones, que regulaba el comercio exterior de los países occidentales con los PECO y la URSS), a la integración de los países de Europa oriental en el GATT (hoy OMC), a la aplicación de la cláusula de nación más favorecida y del sistema de preferencias generalizadas a sus exportaciones, así como a la firma de acuerdos de cooperación y asociación con la UE, las ventas la exterior de los PECO se han visto limitadas por una combinación de factores:

  • Apreciación, en términos reales, de sus monedas.

  • Proteccionismo, especialmente en forma de barreras no arancelarias, de los mercados solventes de Europa occidental.

  • Recesión en el oeste de Europa durante la primera mitad de los años 90.

Además, la liberalización de las importaciones, ya fuese gradual como en Hungría, o repentina e indiscriminada, como en Polonia y la antigua Checoslovaquia, provocó un fuerte aumento de las compras al exterior. Así, Hungría, Polonia, la República Checa y Rumanía vieron aumentar sus déficit comerciales y aparecer saldos negativos importantes de sus balanzas por cuenta corriente (8'6% del PIB en Hungría en 1.998, 6% en la República Checa, o 5'3% en Rumanía).

Por último, las privatizaciones de las empresas estatales han adoptado formas diversas, desde la venta a los trabajadores en Hungría o Polonia, la creación de los fondos de inversión en Polonia, o la distribución de bonos gratuitos en la antigua Checoslovaquia. En general, han procedido con extrema dificultad y lentitud. La incapacidad o falta de voluntad de los gobiernos para reestructurar las empresas estatales antes de privatizarlas, las dificultades para obtener financiación bancaria por la política monetaria restrictiva, o l a falta de gerentes preparados ha enfriado sustancialmente las esperanzas depositadas en la privatización. Desde el punto de vista social, la contención de salarios y la hiperinflación han conducido a una fuerte caída de los salarios reales y a la erosión del poder adquisitivo de las pensiones, agravando la incidencia de la pobreza y la fractura social. En suma, las políticas de transición en los PECO han desembocado en dificultades económicas y en costes sociales similares a los registrados en Rusia. La liberalización repentina de los precios mediante eliminación de subsidios ha generado hiperinflación, no ha desembocado en una respuesta de la oferta tan importante como se había previsto y ha provocado el mantenimiento durante varios años seguidos de fuertes tensiones inflacionistas. Además, los estados de la Europa central y oriental se han encontrado con problemas añadidos en lo que concierne a la propiedad del suelo industrial. Téngase en cuenta que con la implantación en la zona de regímenes comunistas, a partir de 1.946, se nacionalizaron buena parte (90%) de los solares que eran de titularidad privada. Solares en los que hoy se asientan fábricas y que ahora son reclamados por sus antiguos propietarios. Lo que trae consigo importantes problemas judiciales, y espanta la inversión occidental.

El balance de la transición en los PECO es, al igual que en Rusia, claramente negativo. Si bien en años recientes la inflación se ha reducido a tasas más razonables, aunque aún superiores al 10 - 20%, tal fenómeno se ha debido a la fuerte depresión de la demanda interior, a la caída de los salarios reales y a la política de moneda fuerte, mucho más que a la restricción monetaria. De igual modo, la recuperación del crecimiento, especialmente notable en Polonia, la República Checa, Eslovaquia, y Bulgaria, ha sucedido a casi cinco años de descenso acumulado.

No resulta arriesgado concluir que la pauta de transición más gradualista, adoptada por ejemplo en Hungría, ha arrojado, en términos generales, mejores resultados económicos y sociales que la terapia de choque aplicada en Polonia o la antigua Checoslovaquia.

DERRUMBE ECONOMICO DE LAS ECONOMIAS SOCIALISTAS EUROPEAS

Hace aproximadamente medio siglo, Schumpeter predijo el derrumbamiento del capitalismo y su sustitución por el socialismo. No por razones económicas sino por causas fundamentalmente psicológicas, la evolución del sistema mina las instituciones que lo apoyan y, desprovisto de ese caparazón protector, el capitalismo termina por sucumbir: los hijos de la burguesía triunfante devoran, en un ejercicio de autoinmolación, el legado familiar.

La economía de mercado, por otro nombre, capitalismo, ha estado, a lo largo de este siglo, por lo menos dos veces al borde del abismo: en los años 30, con el fenómeno de desempleo masivo que conocemos con el nombre de Gran Depresión, y en los años 70, golpeada por los grandes vendavales energéticos. En las dos ocasiones el paradigma reinante, en el análisis económico, parecía no ofrecer receta alguna para resolver los problemas básicos que cada gran crisis hace aflorar. La Gran Depresión puso de manifiesto que los mercados no se equilibraban automáticamente y que el mercado no era un mecanismo autorregulado que asegurase, en todo momento, los niveles necesarios de crecimiento y empleo; la subida continua y veloz de los precios del petróleo reveló que las excesivas adherencias del capitalismo mixto, caracterizado por una presencia muy activa de los gobiernos en la vida económica, frenaban, innecesariamente, las transformaciones requeridas por la nueva situación. En las dos ocasiones, por tanto, se produjo un viraje en la forma de interpretar los fenómenos económicos, un viraje que, en el primero de los casos, daría paso al keynesianismo y que, en la segunda crisis, pondría en tela de juicio la vigencia de ese tipo de políticas y subrayaría la conveniencia de evitar los excesos del recetario keynesiano.

Pero el sistema no sucumbió; simplemente, se transformó. Precisamente porque es un sistema plástico, que permite múltiples adaptaciones a los choques más diversos en la medida en que la descentralización de decisiones (una de sus características más relevantes) acelera los cambios y da paso a la nueva configuración. Más aún, su correspondiente superestructura política (la democracia representativa) es un sistema crítico y compensador que, pese a todos sus inconvenientes, termina por revelar las debilidades del mecanismo económico y fuerza los cambios. El capitalismo no ha sucumbido a pesar de las muchas veces que se ha anunciado su derrumbamiento y a pesar de las muchas veces que, repetidamente, han proclamado, desde los dos mundos, la proximidad de su funeral. Es, en su lugar, el socialismo el que parece sumido en un profundo coma y el que, de forma acelerada, ha ido revelando, desde 1.989, que su arquitectura económica y política se resquebraja sin remedio.

DOBLE ENFERMEDAD DEL SOCIALISMO REAL

Los inconvenientes de una economía de dirección centralizada, sea cual fuere su grado de centralización, pueden ser múltiples pero, en un esfuerzo de síntesis, podríamos reducirlos a tres: el sistema es viscoso, el sistema es ciego, y el sistema es inercial.

Como es bien conocido, los teóricos del socialismo científico, o comunismo, pensaron siempre que, eliminando el mercado y la pasión por el beneficio, la actividad económica se simplificaría enormemente y se reduciría a la mera gestión de los asuntos materiales de una sociedad. Nunca pudieron prever que la supresión de esos dos elementos (mercado y beneficio) haría enormemente complicada, por no decir imposible, la solución del conjunto de problemas económicos que toda sociedad compleja plantea. Porque la descentralización de decisiones, que es la que da sentida al mercado (en tanto que regulador de la actividad económica y juez de las combinaciones de acierto / error de sus agentes) es la que permite corregir el error marginal y, por lo tanto, evitar la suma de errores que haría del sistema un mecanismo inoperante y rígido. Y porque el beneficio no es sólo un premio que se concede al capital; es, también, un indicador de eficiencia y uno de los grandes estímulos del esfuerzo productivo. Esas funcionas básicas, tanto del mercado como del beneficio, pueden verse emborronadas por las imperfecciones de la competencia, por la desigualdad en la generación de capital humano y por decisiones institucionales de muy diversa índoles pero siguen ejerciendo su efecto mientras no se supriman los elementos que le dan vida. Suprímanse mercado y beneficio y el mecanismo económico resultante se mostrará incapaz de hacer frente a las demandas sociales y aún menos de reaccionar ante la evolución de tales demandas. Se convierte así en un sistema viscoso por varias razones: primera, el Plan no es capaz de resolver la miríada de incógnitas que se derivan del funcionamiento de una economía de cierta amplitud y complejidad, por mucho 1ue se refinen los instrumentos de cálculo; segunda, la dirección centralizada de la economía hace prevalecer no las necesidades y demandas de los agentes económicos básicos sino las preferencias y objetivos políticos del Estado - Partido; tercera, los gestores de las empresas procurarán, en la mayoría de las ocasiones, falsear los datos que transmiten al órgano planificador para evitar que se les fijen objetivos demasiado ambiciosos y garantizarse (aún a costa de derrochar recursos) los suministros necesarios para cumplir los objetivos que, finalmente, se les encomienden; cuarta, el aparato distributivo, que se hace tanto más necesario cuanto más se amplía la división del trabajo, rezuma continuamente ineficacia y corrupción, y termina por convertirse en un estrecho cuello de botella que asfixia el funcionamiento de la economía.

Pero el sistema no es tan sólo viscoso, en el sentido que le hemos dado al término; es también ciego porque los elementos que lo guían son casi inexistentes.

La polémica sobre el cálculo en una economía socialista ha constituido uno de los grandes debates teóricos de este siglo, polémica que ha sido resuelta no por la brillante< del análisis sino por la contundencia de las realidades: el cálculo socialista tiende a ser erróneo porque las hipótesis de partida son distintas en uno y otro sistema. En el capitalismo, el precio refleja el coste marginal y, por lo tanto, es su indicador de escasez relativa o, en términos de posibilidades productivas, del deslizamiento a lo largo de la curva de transformación; el precio se convierte, por lo tanto, en una guía no sólo de la tensión presente en los mercados sino, además, de los cambios requeridos en las funciones de producción. Cierto que, en ocasiones, los precios no responden al coste marginal porque quedan enmascarados por ayudas o subvenciones de diversa índole y cierto, asimismo, que las decisiones fiscales y, en general, las políticas globales producen alteraciones importantes en la estructura general de precios; pero todo ello no es óbice para que, en términos generales, los precios cumplan sus funciones básicas: traducir escaseces relativas, guiar la producción y lograr que, a corto plazo, los mercados tiendan al equilibrio. Y, prueba de ello, es que los excesos de intervención pública que dan lugar a importantes distorsiones en la estructura de precios lleva, más temprano que tarde, al caos productivo y a la ampliación veloz de los desequilibrios básicos de una economía de mercado.

La economía de dirección centralizada no utiliza el precio de la misma forma. Puesto que beneficios y pérdidas se socializan (no existe un sistema de derechos de propiedad que premie el éxito y castigue el fracaso) los precios terminan por reflejar decisiones políticas que, de nuevo, responden a los intereses del Estado - Partido que controla el órgano planificador: decisiones que van generando, en el conjunto de la producción, un entrecruzamiento de señales erróneas que producirán, de un lado, un enorme derroche de recursos y, del otro, una extraordinaria confusión en productores y consumidores. Más aún, puesto que el ritmo de inflación demuestra, en cualquier economía, que la sum de demandas nominales supera al conjunto de ofertas, prescindir de esa seña (impidiendo el movimiento de los precios) equivale a ignorar, sistemáticamente, los cambios de rumbo que requiere toda organización productiva y a aceptar, a medio plazo, la esclerosis del sistema. De un sistema que no puede anticipar escaseces ni cambios porque funciona a ciegas, al haberse prescindido de la capacidad de guía de la estructura de precios.

La actividad económica está sujeta, a lo largo del tiempo, a transformaciones que tienen su raíz en las variaciones demográficas, la evolución de los gustos y, por encima de todo, los cambios técnicos; y, en un mundo intercomunicado, las diferentes economías tienen que adaptarse a esas alteraciones que, unas veces, se producen en su propio espacio económico y, otras muchas, les viene de fuera en forma de choques de diferente amplitud. La capilaridad de los mercados, en el sentido capitalista del término, obliga a esas transformaciones, transformaciones que no están exentas de costes pero que, de no aceptarse, frenan la capacidad expansiva de cualquier economía y pueden llegar a bloquear su desarrollo. Es el sentido de la destrucción creadora del modelo schumpeteriano.

Salvo en la industria militar, sometida a la competencia externa por razones obvias, el mecanismo productivo de las economías de dirección centralizada es reacio al cambio. No existe, o apenas existe, competencia interna ya que la especialización de las economías socialistas da lugar a que la mayoría de productos queden en manos de una sola empresa, ni tampoco se acepta la competencia externa, puesto que el monopolio del comercio exterior es una de las características de este tipo de economías. Es más, la socialización de pérdidas y beneficios amortigua los efectos de cualquier choque externo de envergadura. Si a ello se añade que la innovación es arriesgada, dado que puede dar lugar a pérdidas considerables, se entenderá por qué los gestores de las empresas socialistas, a los que la competencia no aguijonea, eviten los cambios de la producción. Con lo cual el conjunto del sistema no va adaptándose a las transformaciones operadas en su propio espacio ni a las que se observan en la economía internacional, sino que, por definición, tiende a más de lo mismo. Es, por lo tanto, un sistema inercial que apenas internaliza los cambios y que, en un mundo cambiante y de innovaciones constantes, va quedándose anquilosado.

Esos tres grandes inconvenientes de las economías de dirección centralizada (viscosidad, ceguera e inercia) han dado la vuelta al sueño de sus creadores y hecho imposible el logro de lo que, en su propio lenguaje, se denominaba la base material del comunismo, es decir, la abundancia de bienes y servicios que hiciera posible otorgar a cada cual según sus necesidades. Porque el resultado final de las economías de dirección centralizada no ha sido la racionalidad en la asignación de recursos, ni el mantenimiento de altos niveles de empleo, ni el aumento continuo del bienestar de conjunto de la sociedad. El resultado final es, como advirtiera Kornai, la escasez sistémica. La escasez es el emblema de las economías dirigidas y ha sido, también el acelerador de su desintegración política.

Todas las economías de dirección centralizada han funcionado bajo regímenes totalitarios por mucho que se autocalificaran de "democracias populares" ninguna voz, salvo la del propio Partido - Estado, ha podido organizarse y ser oída; la disidencia, incluso la procedente de las propias esferas del poder, no ha sido nunca aceptada por largo tiempo; ninguna crítica, salvo la superficial, ha sido tolerada; ninguna de las libertades individuales defendidas por las democracias representativas ha sido respetada si su ejercicio podía dar lugar aunque fuera a leves arañazos en la coraza del poder monopolizado por el Partido - Estado. Y esas características se han dado tanto en sistemas nacidos de una revolución (casos de la Unión Soviética, China o Cuba) como en sistemas impuestos en países con tradición democrática (caso, por ejemplo, de Checoslovaquia); tanto en países de desarrollo rudimentario, por ejemplo, Vietnam, come en países de alto grado de industrialización como de nuevo Checoslovaquia o la actualmente desaparecida República Democrática Alemana.

Durante los años 60 y 70 algunos de los partidos comunistas de países de la órbita occidental acuñaron el término Eurocomunismo para designar un tipo de socialismo real que no se organizaría bajo fórmula totalitaria, sino que respetaría las libertades democráticas y, fundamentalmente, la existencia de otros partidos de signo distinto. No se les escapaba, a muchos dirigentes de los partidos comunistas occidentales, que las dictaduras existentes en los países de socialismo real difícilmente podrían ilusionar ni siquiera a las masas obreras de sus mismos países. Pero el eurocomunismo, o comunismo democrático, ha sido sólo una promesa de partidos comunistas encuadrados en países de democracia representativa, partidos, además, que nunca han llegado a gobernar.

La marca distintiva del socialismo real es la supresión de la propiedad privada; al menos, de la propiedad privada de los medios de producción, sin que ello quiera decir que la supresión sea total. Ciertos medios de producción, de escaso alcance y dimensión familiar, pueden quedar en manos privadas, pero los grandes medios de producción son de propiedad estatal o, lo que es igual, quedan en las manos del poder político. La producción, por lo tanto, es gobernada por el poder político que es quien planifica su volumen, composición y distribución. ¿Y qué poder político se resiste a transformarse en dictadura total cuando tiene en sus manos todos los resortes económicos del país? Es más, ¿qué oposición puede organizarse y luchar por la conquista del poder en un mundo de funcionarios que dependen, para su subsistencia, de las decisiones del propio poder político? No puede haber oposición, en un país en el que la vida económica está estrechamente ligada al poder político, porque, en el mejor de los casos, sucumbiría por hambre. Los moralistas ingleses de los siglos XVII y XVIII, que luchaban entonces contra el absolutismo monárquico, sabían bien que la libertad y propiedad son conceptos estrechamente enlazados y que no es posible un mundo de libertades, es decir, una organización democrática, sin la existencia de la propiedad.

Las dictaduras de partido, o lo que hemos venido denominando Estado - Partido o Partido - Estado, puesto que el estado queda totalmente dominado por el partido, dan lugar a una serie de malformaciones bien conocidas puesto que el poder político se reviste de una total intolerancia y se filtra por todos los resquicios de la acción individual. Las dictaduras de partido no se conforman con regular la organización social del país sobre el que imperan, sino que tratan de alcanzar el reducto más protegido del individuo: su libertad de pensamiento; y más aún cuando esa dictadura e total, por estar apoyada sobre el dominio absoluto de los medios de producción. Se intenta, por lo tanto, no sólo que los individuos actúen conforme a ciertas pautas sino, además, que piensen y sientan en sintonía con los propios dogmas emanados del poder político y, en última instancia, del centro sobre el que ese poder político gira: el dictador.

Pero, además, la dictadura totalitaria no resuelve, tampoco, los problemas de las sociedades en las que se implanta; simplemente, los oculta. El arrumbamiento del sistema soviético, acelerado por el fracaso del golpe de estado de Agosto de 1.991, pone de relieve, de forma continua, el resurgir violento de las grandes fricciones que toda evolución social incuba. El problema de las nacionalidades, en un país como la anterior Unión Soviética, de 22 millones de Km2 y casi 300 millones de habitantes, un país resultante de anexionar al imperio ruso toda una serie de repúblicas circundantes, estalló tan pronto como la glasnost hizo posible que las gentes se expresaran con cierta libertad. Casi 70 años de poder comunista y de pretensión de unidad, a la búsqueda de una armonía cimentada sobre los objetivos aparentemente superiores del socialismo real, no han servido para nada; tan pronto como se han aflojado las tuercas represoras, las distintas república, enormemente dispares entre sí por motivos étnicos y culturales, han reclamado su derecho a la independencia y se han enfrentado, en algunos casos, unas a otras con violencia inusitada; y lo mismo ha sucedido en Yugoslavia, y suerte parecida corren, en otros países del anterior bloque comunista europeo, las tensiones de similar origen.

Como tampoco se ha resuelto otro problema que está en el núcleo mismo de la visión comunista de la sociedad: el igualitarismo. Todos los ciudadanos deben poder vivir de forma similar, sin que se produzcan las estridentes diferencias de poder y riqueza que se advierten en las sociedades de corte occidental. Para lo cual lo que se implanta, ante todo, es un mecanismo retributiva con un abanico salarial muy corto que apenas marca la diferencia entre el especialista y el obrero sin cualificación alguna, entre las más difíciles profesiones y las tareas más humildes. Un mecanismo que se completa con lo que podría parecer un régimen objetivo de atribución de beneficios sociales tales como el disfrute de una vivienda o los servicios educativos o recreativos. Se aspira, en teoría, a borrar las grandes diferencias sociales a la búsqueda de una sociedad movida por estímulos distintos a los empleados por el capitalismo.

La realidad ha sido otra, y ha demostrado palpablemente que, en todas las sociedades comunistas, aparecía una casta, procedente del Partido - Estado o relacionada con él, que disfrutaba de unos enormes privilegios que aparecían aún más enormes en sociedades atenazadas por la escasez: la Nomenklaturat. Los integrantes de este núcleo de poder, lo suficientemente amplio como para albergar a todos los cargos importantes del partido y sus aledaños, no se veían limitados, en su diario quehacer, por ninguna de las restricciones que debía sufrir el ciudadano normal; disfrutaban de vivienda espaciosa, de casas de recreo, coche con chófer, vacaciones dentro y fuera del país, viajes frecuentes y tiendas especiales en las que podían encontrar todos los productos, nacionales y extranjeros, con los que normalmente soñaban las familias no integrantes de esa casta. Lo cual no tiene nada de extraño porque, en una sociedad donde reina la escasez y no se permite la crítica, se cumple, aún con más intensidad, la apotema de Lord Acton: "el poder corrompe siempre, y el poder absoluto corrompe absolutamente". Sin los equilibrios sociales propios de una democracia, y sin los equilibrios económicos de las economías de mercado, el dictador o el núcleo dictatorial pueden actuar sin trabas pero necesitan, siempre, para que quede garantizada su supervivencia, un amplio anillo de fieles cuya trayectoria vital depende de su pertenencia a una casta privilegiada. Lo demás es conocido, en parte, y lo será mucho más cuando el desmoronamiento final de los sistemas europeos de socialismo real, y especialmente, de la antigua Unión Soviética, permita calibrar el alcance de los privilegios disfrutados por sus núcleos de poder.

Una economía floreciente puede hacer soportable un poder dictatorial y una economía en ruinas coexistir con fórmulas democráticas que, seguramente, servirán de válvula de escape para las grandes tensiones sociales. Lo que resulta mucho más difícil es hacer compatible, durante mucho tiempo, una economía en ruinas con un poder dictatorial e inflexible, sobre todo cuando ese poder encuentra su más directa legitimación en la promesa de elevar, continuamente, el nivel de vida de sus ciudadanos. Las sociedades comunistas, empezando por la Unión Soviética, han conseguido mantener, durante un periodo muy largo, un experimento social basado en la escasez económica, producto de una economía sin base nacional, y en la más inflexible dictadura política; lo cual demuestra la fortaleza de un modelo en el que poder económico y político se confunden totalmente. Pero ese experimento ha tocado a su fin tan pronto como la esclerosis económica ha terminado por cuartear el poder político. El intento de Gorbachov de lograr una reorganización de la economía (Perestroika) y de permitir una mayor transparencia social (Glasnost) no hizo más que aflorar la gran contradicción que el experimento llevaba dentro y que constituía un dilema insoluble: para mejorar la eficacia del mecanismo económico era preciso lograr una firme estabilidad política pero esa estabilidad política, que sólo podía garantizar el propio partido comunista, no hacía sino mantener el mecanismo económico tradicional y, por consiguiente, reproducir una y otra vez el fracaso económico.

EL INCIERTO FUTURO

Asistimos, cotidianamente, al derrumbamiento de lo que fuera, hasta hace muy pocos años, el bloque comunista europeo y, muy en especial, al desmembramiento de la antigua Unión Soviética puesto que las repúblicas que la integraban parecen haber optado, decididamente, por la independencia sin que sus nexos posibles de unión hayan sido definidos con claridad. Asistimos, pues, al ocaso ineluctable de la gran visión del siglo XX, la que pretendiera dirigir racionalmente las fuerzas materiales y redimir al ser humano de las cárceles del capitalismo y cuyo fracaso, económico y político, convirtiera a los países por ella gobernados en sistemas cerrados y propensos a toda suerte de despilfarros, irracionalidades y servidumbres. El "nadie ha salido jamás de este campo" de Iban Denissovitch no es sólo la reflexión ácida del forzado a trabajar sin esperanzas; es, sobre todo, la síntesis angustiada de lo que podía llegar a ser el socialismo real.

Pero ese derrumbamiento, tras el que aparecen economías en ruinas y sociedades desmoralizadas, no anuncia un tránsito fácil y rápido hacia sistemas regidos por el mercado y gobernados por fórmulas democráticas; al contrario, lo visto hasta ahora anticipa un largo periodo de convulsiones y dudas, especialmente en los territorios de la desaparecida Unión Soviética, la realidad más preocupante por su dimensión, por la magnitud de sus problemas, por el vacío político en que aparece sumida, y por el hecho de ser, todavía, una gran potencia atómica.

Son cuatro, al menos, las grandes incógnitas que, a corto y medio plazo, esperan respuestas. La primera de ellas es cómo hacer funcionar, de inmediato y de forma razonable, un aparato productivo y distributivo que no depende ni de un Plan, del que claramente se huye, ni de unos mercados que no existen o que existen de forma embrionaria careciendo de sus instituciones adecuadas, lo que da lugar a las "mafias". Hasta la quiebra del socialismo real, del modelo de economía dirigida, la orientación de la producción a través de un macroplan generaba derroches y disfunciones múltiples pero era capaz de satisfacer, a trancas y barranca, las necesidades básicas de la población. Roto ese modelo, y en universos económicos caracterizados por la casi inexistencia de redes de distribución fiables y de sistemas financieros ágiles, la división del trabajo no tarde en resentirse puesto que los mercados o no existen o apenas cumplen su fundamento de guía de la producción. Lo cual se traduce, como dolorosamente están experimentando los habitantes de las ciudades exsoviéticas, en una ruptura de los nexos entre los 3 sectores productivos que acarrea un aumento del autoconsumo en las zonas rurales y un claro desabastecimiento de las ciudades. Pero aún hay más: el bloque socialista europeo había llegado a establecer una cierta división del trabajo en el interior de su propio espacio y, dentro de la desaparecida Unión Soviética, la especialización era aún más notoria hasta el punto de haber concentrado, a veces, en una sola empresa la fabricación de un determinado producto. La desaparición del bloque, y el deseo de sus antiguos miembros de reducir sus interdependencias para integrarse, más decididamente, en el occidente industrializado constituye, sin duda, una dificultad adicional para el funcionamiento, a corto plazo, de las economías afectadas; el resquebrajamiento de la Unión Soviética, y la aparición de múltiples centros de poder económico, hace aún más difícil y costoso el esfuerzo de hacer funcionar las economías exsocialistas.

El actual viraje de la historia (el paso del Plan al mercado) no tiene antecedentes: hasta el año 1.989 se habían producido saltos del capitalismo al socialismo real pero nunca se había recorrido el camino contrario. Hasta el punto de haberse llegado a dudar, incluso por los críticos más acendrados de las fórmulas comunistas, de la existencia de esa posibilidad. Lo cual hace que, ocurrida la suerte, la segunda gran incógnita radique en saber cómo se pilota el tránsito del comunismo al capitalismo. El problema no es en absoluto banal y una breve reflexión sobre las diferencias que separan los dos tipos de economías hará comprender, sin dificultades, la magnitud del mismo: la propiedad privada caracteriza al mercado, en el mundo socialista apenas existía dicha propiedad; las empresas se han regido, en uno y otro sistema, por patrones absolutamente distintos y restricciones radicalmente diferentes; la organización institucional, desde el sistema financiero a la estructura fiscal, no presenta paralelismos apreciables; la creación de capital humano se ha regido por objetivos dispares, en uno y otro campo, especialmente en todo lo referido a las ciencias sociales; el aparato estadístico de uno y otro bloque difícilmente puede compararse puesto que, en el mundo occidental, ha estado sometido a críticas y revisiones permanentes y, en el campo socialista, ha sido casi siempre, un mero instrumento del poder, utilizado más para ocultar que para clarificar. Las antiguas economías socialistas necesitan, por lo tanto, una transformación radical que ha de empezar, necesariamente, por establecer un sistema de derechos de propiedad que, de un lado, permita, de verdad, el paso a un sistema descentralizado de decisiones y, del otro, internalice beneficios y pérdidas. Con el inconveniente de que esa transformación radical ha de hacerse "ex novo", sin previa experiencia que permita soslayar los graves inconvenientes que todo proceso de prueba - error entraña.

Sin que sea posible, a priori, evaluar las necesidades de capital de las economías del este europeo, y muy en especial de los antiguos miembros de la exUnión Soviética, existe un amplio consenso respecto de su elevado volumen. Parte de ese capital deberá proceder del ahorro interno pero la mayor parte, dad la situación de dichas economías, tendrá que venir del exterior en forma de ayudas, inversiones y préstamos. Ahora bien, anticipar la necesidad de fuertes inyecciones de capital en esas economías no significa, necesariamente, que la concreción de esos flujos no revista especiales dificultades.

Aunque el mundo occidental se esfuerce por aumentar los flujos oficiales de ayuda (los PHARE, etc., constituyen ayudas homeopáticas) el capital fundamental, en forma de inversiones y préstamos, ha de proceder del sector privado, lo cual hace aparecer una tercera dificultad: ¿cómo atraer a ese sector privado a países cercados por toda suerte de dificultades y sobrecargados con una deuda externa que se mueve alrededor de 170.000 millones de dólares, de los cuales 60.000 - 70.000 millones corresponden a la exUnión soviética? El capital privado huye, en primer lugar, de la inestabilidad política y prefiere, además, un marco institucional conocido que le garantice, dentro de límites razonables, la seguridad de la inversión, si bien el problema fundamental se mantiene en la antigua URSS, puesto que se está trasladando en la cantidad de inversión a algún país del Este.

La cuarta incógnita es, con todo, la que resulta más difícil de despejar, ¿cómo se logra, en sociedades ahora abiertas, la cohesión social necesaria para aceptar el largo periodo de dificultades y carencias que entraña el paso de unas economías centralizadas a unas futuras economías de mercado? No olvidemos que la caída de los niveles de producción en todos los países del Este, lo que significa, por definición, un menor nivel de vida para sus ciudadanos que, tarde o temprano, terminarán por pensar que el paso del comunismo al capitalismo puede haber aumentado, a un tiempo, las libertades y las escaseces; y no olvidemos, de nuevo, que los problemas cobran una dimensión mucho mayor en la exUnión Soviética, por razones bien conocidas: el desorden total de sus economías, su anterior condición de potencia mundial y las aproximadamente 27.000 ojivas nucleares que están diseminadas por varios de los nuevos estados que se agrupan, y no todos, en la naciente Comunidad de Estados Independientes.

Aunque añorase, continuamente la panoplia de bienes y servicios que las economías desarrolladas occidentales podían ofrecer, el ciudadano de la Unión Soviética se consideraba miembro de una potencia mundial, temida en muchos aspectos y con zonas de influencia específicas. La quiebra del socialismo real y la disolución de su propio país han cambiado, radicalmente, esa situación: el país al que ahora pertenece, sea cual fuere, forma, probablemente, parte del Tercer Mundo, reclama ayudas por doquier, ofrece un horizonte de estrecheces y tensiones civiles y no cuenta con zonas de influencia. Un panorama, por tanto, mucho más propicio para la ira que para la esperanza en un futuro mejor.

Las 27.000 ojivas nucleares, de todo tipo, están situadas en países independientes y, por el momento, parecen obedecer a un mando único, el impuesto por Yeltsin y Puttin. Pero, en situaciones de gran tensión social, como las que se avecinan, pueden ser moneda de cambio o instrumentos de chantaje tanto en las fricciones intrabloque como en las relaciones con países terceros. Precisamente es éste el tipo de situación que más inquieta al mundo occidental, en general, y a los Estados Unidos muy en particular.

Esas cuatro incógnitas, cuya solución final se desconoce por el momento, pueden crear múltiples problemas y hacer muy difícil el tránsito desde un comunismo agotado a un capitalismo razonable. Pero sería ingenuo creer que los problemas, los grandes problemas que ese proceso genere, van a quedar limitados al ámbito exclusivo de esos países: la dimensión económico - política del bloque hará que las tensiones se desborden y alcancen al mundo occidental, y muy especialmente, al europeo, y al orden mundial en su conjunto.

La desaparición del socialismo real, en su dimensión europea, abrirá, sin duda, nuevos horizontes, económicos y políticos, a unas sociedades atenazadas por la escasez, por la falta de perspectivas vitales y por regímenes dictatoriales implacables pero el “camino hacia una economía libre” que requiere de cambios profundos en las instituciones y en las mentalidades y que producirá efectos de gran alcance, dentro y fuera de la Europa del Este, no será, probablemente, ni fácil ni breve.

LOS PROBLEMAS DE LA ECONOMIA RUSA

  • Se trata de un mercado involucionista. En economía se puede crecer, decrecer, o involucionar (bajar del 0). En las economías de involución los negocios son complicados pero conociendo bien el sistema, se puede obtener un gran beneficio empresarial por las propias disfunciones del modelo.

  • El mercado ruso es un mercado donde las normativas legales mezclan totalitarismo de la etapa comunista con absoluta neoliberalización actual y con leyes económicas intermedia. En una palabra, el sistema legal al que nos tenemos que enfrentar en este país para negociar es de tal complejidad que a veces da la impresión que está hecho adrede para desviar al inversor y al empresario a los sistemas paralegales.

El mayor enemigo del inversor forastero al respecto, es una lentitud del trámite burocrático, y después la disparidad y muchas veces, la contradicción de las normativas.

  • Estamos ante un mercado absolutamente viscoso, es decir, que combina áreas económicas de subdesarrollo, como es el caso de las Repúblicas Musulmanas del Sureste con rentas per cápita en torno a los 1.800$.

En el mismo nivel, las áreas urbanas próximas a occidente tienen comportamientos similares a los europeos, mientras que los asiáticos rozan el subdesarrollo.

  • Rusia es un país que nunca ha tenido un sistema democrático pluripartidista, lo cual significa que el sistema de autoridad está impregnado en la sociedad de este país.

  • La economía rusa en el año 2.001 adolece de no tener madurez en aquello elementos que caracterizan al capitalismo occidental.

De 1.917 a 1.989 el único productor, el único distribuidor, el único comercial, el único diseñador de Marketing, el único importador y exportador era el Estado, por tanto, hemos de tener en cuenta que la mentalidad de los pueblos tardan cierto tiempo en asimilarse a nuevas pautas de comportamiento.

  • En Rusia, en 1.985, empezó un proceso de apertura que de alguna manera intentaba imitar el experimento economicista de Deng Xiao Ping. Si embargo, en este país, en Rusia, no se pudo hacer peor el proceso de transición.

En 1.985 Mijail Gorvachov dio este paso revolucionario porque se encontró gobernando un país con crecimiento cero. Sus asesores y analistas indicaron que el siguiente ejercicio inauguraba una involución económica en este país. Frente al modelo chino, Rusia desmanteló dos importantes elementos estructurales de tradición china:

  • El partido como elemento vertebrador de la economía (PCUS) llegó incluso a vender la mayor parte de su patrimonio.

  • El andamiaje institucional del Estado.

A cambio se hicieron políticas de transición rápida hacia el capitalismo con la absoluta esperanza de la masiva llegada de capitales, técnicas y empresarios de occidente. Sin embargo, entre la destrucción del estado comunista y del partido, y esta esperanza referida, ocurrió el total y absoluto derrumbamiento del Estado comunista con la quiebra del sistema y el hundimiento de la economía nacional.

  • Los empresarios occidentales no invirtieron en este país con la fuerza esperada por varias razones: Por tratarse de un mercado consumidor peregrino errático y pletórico de disfunciones, además, el ahorro ciudadano era poco significativo. Pero a nivel productivo las técnicas, métodos y formas que se encontraron quienes acudieron a estos países eran tan anticuadas que no servían para el producto occidental, y por si fuera poco, la titularidad de tierras, empresas y, en general el modo de producción era tan complicado en su privatización que también ayudó a rechazar la inversión.

Completaremos el círculo diciendo que la extorsión mafiosa, secuestros y otros métodos paralegales provocaron psicosis inversionista seria. En una palabra, no se creó un mercado en un ambiente que resultó inadecuado, poco interesante, y obsoleto.

  • La descomposición del estado, que ha sido sustituido por el segundo sistema paralegal y económico mafioso del mundo, que tiene sobre todo en los chechenos a sus principales catedráticos del terror, aunque en el ámbito occidental, los rusos blancos se llevan también la primacía de este negocio.

Hoy en día, la sociedad civil rusa cree en la mafia como hasta 1.985 creía en el comité central del PCUS.

De 1.990 a 2.000, la llamada unidad anticrimen organizado de este país, ha desmantelado 3.983 bandas mafiosas de las cuales 150 son de droga, prostitución, y otras actividades de naturaleza ilegal internacional. El resto de las mafias en principio operan en actividades, en principio normales o aceptadas.

Por tanto, Rusia es en Europa el paraíso del crimen organizado. Su potencia en el tráfico de armas y estas mafias han intentado, consiguiéndolo, entrar en el entramado político del país, sustituyendo al Estado y situando a los hombres de su confianza sin antecedentes penales, dentro de los órganos legislativos, ejecutivos, y judiciales del país. En 1.999, estas mafias controlaban el 82% del sistema financiero ruso y el 75% de los sistemas energéticos del país, y el 40% del cómputo general de la economía nacional.

Colaboran con la Yakuza japonesa, con la Camorra italiana, y con las Tríadas chinas, y se calcula que entre 1.985 y 1.999 han muerto en la federación rusa por cuestiones mafiosas de corte económico 286.572 personas.

En 1.999, existieron alrededor de 170 bandas mafiosas incontroladas que, a su vez, controlan 145.000 empresas públicas y privadas.

La mafia rusa llena de funcionarios, militares y miembros del KGB, opera primacialmente en los siguientes mercados o áreas:

  • Costa Mediterránea Española.

  • Venezuela - Colombia.

  • Gibraltar.

  • Paraísos fiscales clásicos: Panamá, Liechtenstein...

  • Israel.

  • Polonia, Alemania.

Economía política II 73