Inmigración

Ciencias sociales. España. Evolución

  • Enviado por: Primarca
  • Idioma: castellano
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La evolución reciente del fenómeno

A lo largo de las dos últimas décadas España ha experimentado cambios formidables en los ámbitos social, político y económico. Se ha convertido en una democracia consolidada, ha pasado a formar parte de la Unión Europea y del grupo de países ricos y ha dado pasos significativos en la construcción del estado del bienestar. Paralelamente, el fenómeno de la inmigración de trabajadores extranjeros constituye una de las novedades que acompañan a estos cambios, precisamente cuando durante los tres primeros cuartos del siglo XX el rasgo dominante había sido la emigración de españoles, primero hacia Iberoamérica y después hacia Europa Occidental

La transformación ha sido rápida y en un primer momento imprevista. Cuando se elaboró la primera Ley de Extranjería en 1985 se pensaba sobre todo en armonizar la legislación española con la europea ante la entrada en la CEE. Las cifras del proceso de regularización subsiguiente (40.000 solicitudes, 8.000 de ellas de marroquíes) dan una idea de la modestia de las magnitudes de entonces, con una población residente inferior a 250.000 extranjeros, de los que un 60% eran comunitarios. Sin embargo, fue precisamente a lo largo de la segunda mitad de la década de los ochenta, al abrigo de la bonanza económica, cuando empieza a producirse un aporte significativo de trabajadores procedentes de países menos desarrollados. Las dificultades para la entrada y para el mantenimiento de la situación legal introducidas por la Ley generan a su vez una creciente bolsa de trabajadores irregulares que acaban por llamar la atención de los medios de comunicación y, de esta manera, del conjunto de la sociedad. A raíz de ello se produce un replanteamiento del enfoque dado a la inmigración hasta la fecha y se inicia una etapa de consenso político en el que se procura no utilizar la inmigración como arma arrojadiza. En consecuencia se abre un nuevo proceso de regularización en 1991 al que acuden unos 130.000 trabajadores no comunitarios. El proceso introduce cambios cualitativos fundamentales: los comunitarios dejan de ser mayoría y los marroquíes pasan a ser la nacionalidad más representada. Las bases de la nueva política vienen dadas por el reconocimiento de:

- Que existe la necesidad de trabajadores extranjeros, porque a pesar del desempleo quedan determinados puestos que no se cubren y hay sectores económicos que dependen de ellos, dependencia que va, por otra parte, en aumento.

- Que hay que ordenar los flujos de inmigrantes para que el ritmo de entrada se ajuste a las necesidades y a las posibilidades del país, lo que supone entre otras cosas intensificar los medios de vigilancia de las fronteras.

- Que se debe facilitar la integración de los inmigrantes que viven en España por cuanto ello va a redundar en beneficio de la convivencia. Para ello se pone en marcha en 1994 el Plan para la integración de los Inmigrantes y en 1996 se reformó el Reglamento de la Ley con objeto de contemplar ciertos derechos de los inmigrantes y de introducir permisos más largos que facilitaran el asentamiento.

El principal mecanismo ideado para canalizar los flujos fue el de establecer un contingente de trabajadores en función de las necesidades previstas de mano de obra por provincias y sectores productivos. En la práctica ha adolecido de una falta de conexión entre la oferta de los sectores productivos y la demanda en origen que ha hecho fracasar el objetivo inicial y se ha ido convirtiendo en un proceso de regularización de inmigrantes que ya están aquí, porque han entrado irregularmente o porque no han podido renovar su permiso. A medida que avanzaba la década de los noventa y la economía aumentaba su crecimiento se hacía más patente la diferencia entre las cuotas establecidas y la demanda de trabajadores extranjeros. En el último contingente para 30.000 plazas se produjeron unas 90.000 solicitudes, lo que evidenciaba la existencia de un número de irregulares considerable.

La continuidad de la tendencia a mejorar los derechos de los inmigrantes se concretó en la aprobación a finales de 1999 de una nueva Ley de Extranjería. Si bien en principio elaborada de forma consensuada por representantes de los principales partidos, al poco de ser propuesta se convirtió en manzana de la discordia al producirse una fuerte oposición por un sector dominante dentro del Partido Popular. Este hecho ha roto el consenso precedente y ha abierto un frente de batalla, ya que el Partido Popular, triunfante en las urnas de marzo de 2000, ha indicado su intención de reformar nuevamente la Ley, pero en un sentido más restrictivo, sobre todo en lo que se refiere a los derechos de los irregulares. Lo más grave es que los ataques a la Ley han creado una imagen de ésta de absoluta permisividad, que ha generado desasosiego y temor en la sociedad española. Como suele ocurrir ante los cambios de normativa se ha abierto un nuevo proceso de regularización que terminará el 31 de julio de 2000 y en el que se han presentado más de 120.000 solicitudes, superando las previsiones iniciales.

Características de la inmigración extranjera en España

La inmigración en España presenta fuertes rasgos de concentración desde el punto de vista geográfico y ocupacional. A 31 de diciembre de 1998 había 719.647 residentes extranjeros en España (1,8% de la población nacional), de los que cerca de un 45% eran ciudadanos de la Unión Europea, mientras que iberoamericanos y africanos (en su mayoría marroquíes) superaban el 20% cada uno. Entre la Unión Europea y nueve nacionalidades más reúnen el 81% de los extranjeros. La más representativa, la marroquí reúne 140.000 personas con permiso de residencia en vigor.

En los sectores productivos sobresale la elevada representatividad de los trabajadores no comunitarios en el sector servicios y en el agrario, y su escasa presencia en el industrial. El sector servicios es el dominante y emplea a más del 62% de los extranjeros con permiso, la mayoría en empleos de baja cualificación como el servicio doméstico, limpieza, ayudantes de cocina o camareros, así como vendedores. No menos importante es el peso que localmente tiene el sector agrario (18% a nivel nacional, pero muy significativo en algunas provincias y con franca tendencia al crecimiento), en el que la casi totalidad (96%) de los trabajadores son africanos, si bien recientemente se observa una penetración progresiva de ecuatorianos. El 36% de los trabajadores no comunitarios son mujeres. En cualquier caso, lo fundamental es la concentración en puestos de trabajo muy precarios, con frecuencia ligados a economía total o parcialmente sumergida y en los que resulta difícil encontrar mano de obra nacional. Ello genera unas condiciones especialmente difíciles para el mantenimiento de una situación de regularidad y para conseguir un cierto grado de asentamiento. Las principales zonas de residencia de los extranjeros son:

Las provincias con grandes ciudades (Madrid, Barcelona, Málaga y en menor medida Zaragoza, Sevilla y Vizcaya) son núcleos cosmopolitas con economías diversificadas y centro de atracción de inmigrantes de todos los continentes. En ellas se concentran el mayor número de extranjeros, si bien no son las que registran las mayores densidades en relación a la población autóctona si exceptuamos a Málaga. El sector servicios es en el que se emplean principalmente los extranjeros, abarcando un amplio rango en variedad y grados de cualificación. A considerable distancia siguen la construcción y la industria. En cambio son muy escasos los de carácter agrícola, salvo en Barcelona y algo en Zaragoza. Destaca la presencia de trabajadores europeos en estas zonas, ligados con frecuencia a empresas transnacionales y a academias de idiomas. También constituyen el destino principal de los residentes iberoamericanos y asiáticos. El porcentaje de mujeres con permiso de trabajo alcanza en estas zonas sus valores más altos, aunque únicamente en Madrid es superior al de los varones.

Residentes y trabajadores extranjeros en las principales provincias según permisos de trabajo en vigor (31-12-1998) .

- Las Islas Baleares y Canarias presentan las tasas más elevadas de población extranjera, si bien, ésta se caracteriza por el fuerte predominio de residentes europeos (71%) con una baja tasa de actividad. Del resto, aunque todos los continentes estén representados, destacan los ibeoramericanos. El sector de trabajo fundamental es el de servicios, si bien también es relevante el de la construcción, en ambos casos muy ligados al sector turístico. No obstante, Canarias, Fuerteventura en particular, se ha convertido en los últimos años en una de las vías de penetración de inmigrantes africanos en pateras ante la creciente vigilancia del Estrecho, lo que supone un problema grave de infraestructuras y de control para un espacio necesariamente limitado.

- En las provincias de interior con un número significativo de extranjeros (Lleida y Cáceres) es el sector agrario el que recibe más permisos de trabajo y presentan un predominio de trabajadores africanos. En Cáceres ocurre de manera particularmente acentuada y con la peculiaridad de una fuerte concentración de la demanda en la comarca de la Vera. En cambio, en Lleida, los otros sectores productivos también tienen cierta relevancia.

Los retos de la inmigración

La inmigración extranjera provoca toda una serie de retos diversos que tienen que ver con la incorporación a la sociedad española de grupos de distintos orígenes, fisonomías y costumbres, y que muchas veces hacen más patentes los fallos existentes en nuestra organización social. Se ha hecho especial hincapié en el control de la frontera e incluso se ha hablado bastante de la integración o de la interculturalidad. Sin embargo, preferiría destacar aquí dos retos previos: la gestión de los permisos y el cambio de mentalidad con que se aborda la inmigración.

- La gestión de la inmigración da la sensación de estar permanentemente desbordada. Aunque se han mejorado los medios materiales, parece que los personales, tanto en formación, como sobre todo en cantidad, están muy lejos de lo óptimo. Los retrasos de los permisos (más de ocho meses) generan un desfase insuperable para sectores que precisamente se caracterizan por su máxima flexibilidad. Ello conduce al trabajo irregular, lo que para el inmigrante significa "ser" un irregular y carecer de muchos derechos básicos. La prolongación y complicación del papeleo incide muy directamente en la calidad de vida de los inmigrantes y desespera a las empresas que requieren formalizar sus servicios.

- Desde todos los ámbitos se destaca en la actualidad la irreversibilidad a medio plazo del fenómeno de la inmigración hacia España, tanto por sus necesidades de personas activas para desempeñar determinados puestos de trabajo, como por la creciente presión migratoria de los países del sur, a la que cada vez se suman nuevos lugares de origen. Desde este punto de partida no cabría sino mentalizarse para aceptar esta situación y establecer las mejores condiciones para la convivencia entre españoles e inmigrantes. Sin embargo, se están atravesando por un momento crítico. Los sucesos de Can Anglada, de El Ejido, de Totana manifiestan la existencia de problemas de convivencia que no se están abordando de manera decidida por las diferentes administraciones. Por el contrario, se está dejando correr el miedo, el miedo a la delincuencia (sin que se produzcan respuestas en medios y actuaciones estratégicas) y el miedo a la invasión (presentándolos como una avalancha incontenible). Desde el miedo se culpabiliza al otro de todos los conflictos y se favorecen los arranques de "ira popular" contra los inmigrantes de manera indiscriminada, que por otro lado se saldan sin apenas detenciones de los agresores, generando evidentes situaciones de indefensión. Se hace necesario un cambio de enfoque que recalque los aspectos positivos y que se tenga en cuenta que la integración requiere tiempo y condiciones de igualdad.