Historia de España (siglos XVIII-XX)

Historia

De

España

ESPAÑA s. XVIII

ANTIGUO RÉGIMEN. La España de este siglo se caracteriza por la pervivencia del Antiguo Régimen (igual que en Europa): sociedad estamental, economía agraria y sistema político absolutista.

-Sociedad estamental: la sociedad del antiguo régimen estaba dividida en tres estamentos inmóviles y jurídicamente desiguales. La nobleza y el clero formaban el grupo de los privilegiados, poseían la mayor parte de la propiedad, no pagaban impuestos y ocupaban la mayoría de los cargos públicos; el clero cobraba el diezmo (décima parte de la cosecha) a los campesinos. El tercer estamento abarcaba a los campesinos, la burguesía y las clases populares de la ciudad. Pagaban impuestos y no participaban en política. Los campesinos eran sometidos a un régimen señorial por los privilegiados, los cuales limitaban el poder burguesía, enriquecida por el comercio.

-Economía agraria: la agricultura era la principal fuente de riqueza (ocupaba al 80% de la población). El 80% de la tierra cultivable estaba amortizada (fuera del mercado) en manos de la Iglesia, los Ayuntamientos y la nobleza. Estaba vigente la institución del mayorazgo, que vinculaba la propiedad a un solo heredero que no podía vender las tierras. La corona, la nobleza y la Iglesia poseían señoríos (inmensas extensiones donde ejercían la jurisdicción y recibían rentas). La mayoría del campesinado era arrendatario o jornalero a causa de esta inmovilidad de la tierra (aunque en el norte existían algunos agricultores propietarios y en el Cataluña predominaban los campesinos con contratos enfitéuticos, estables y a perpetuidad). En le norte la subdivisión de la tierra disponible llevó a los subforos (pequeñas parcelas insuficientes para mantener una familia), mientras que en el sur los privilegiados poseían enormes extensiones (latifundios) trabajadas por campesinos en arriendo y jornaleros en unas condiciones pésimas. Existía, además, la competencia de la ganadería ovina cuyos rebaños (en manos de grandes propietarios unidos en la poderosa Mesta) privaban tierras a la agricultura para destinarla a pastos. La industria se reducía a talleres artesanos en las ciudades organizados en gremios caracterizados por el control sobre la producción y la falta de demanda. El comercio era débil y de nivel local. Existían graves problemas de transportes.

GUERRA de SUCESIÓN. Felipe d'Anjou (Borbón, nieto de Luis XIV de Francia) fue proclamado rey de España en 1701 (bajo el título de Felipe V) al morir sin descendencia el último Austria, Carlos II. El ascenso de un Borbón al trono fortalecería la relación entre España y Francia poniendo en peligro el equilibrio entre las potencias europeas. Por este motivo gran Bretaña, Holanda y Portugal apoyaron al otro candidato posible, el archiduque Carlos de Habsburgo. Dentro de España, el candidato austriaco fue respaldado por la antigua Corona de Aragón (especialmente por Valencia y Cataluña) por temor al absolutismo de Felipe V. Todo derivó en una guerra de una década de duración que concluyó en el plano internacional con el Tratado de Utrecht (1713) al manifestar inglese y holandeses su deseo de terminar la guerra reconociendo a Felipe V como rey español ya que el archiduque Carlos ocupó el trono de Austria (al morir José I en 1711), lo que suponía una amenaza mayor. En España, sólo algunas ciudades catalanas opusieron resistencia, pero fueron reducidas en 1914.

REINADO de los BORBONES en el siglo XVIII. La llegada al trono de los Borbones supuso la implantación del absolutismo. Los reinados de Felipe V y Fernando VI se caracterizaron por medidas centralizadoras y reorganizadoras. Carlos III, influenciado por los ilustrados, fue más partidario de reformas.

-Absolutismo monárquico (Felipe V, Felipe VI): los Borbones impusieron un absolutismo monárquico, donde el rey acumulaba todos los poderes (judicial, ejecutivo y legislativo) y gobernaba todo el territorio. Este modelo tendía a unificar y centralizar el territorio. Con los decretos de Nueva Planta impuso la organización político-administrativa de los reinos de la antigua Corona de Aragón como reprimenda por la Guerra de sucesión, mientras que Navarra y País Vasco (fieles al monarca) conservaron cierta autonomía. Con estos decretos el territorio quedaba prácticamente uniformizado bajo las Cortes de España, que en realidad no tenían un poder importante puesto que estaban por debajo del rey. Fernando V tenía un cuerpo de consejeros y en la administración central era auxiliado por secretarías. A la cabeza de la administración provincial estaban los capitanes generales que presidían las Reales Audiencias. Los corregidores controlaban las principales ciudades y los intendentes, que dependían del rey y gozaban de amplios poderes, se destinaban a recaudar impuestos y modernizar la economía. Se intentó reorganizar la Hacienda reformando la recaudación de impuestos, haciendo que los habitantes pagasen en relación a su riqueza incluyendo a los privilegiados. La experiencia se llevó a cabo con éxito en los reinos de la antigua corona de Aragón (equivalente en Valencia, catastro en Cataluña,...), pero no pudo extenderse al resto de España (Catastro de ensenada) por la fuerte resistencia de los privilegiados.

-Reformismo borbónico (Carlos III): su reinado constituyó una etapa interesante puesto que era partidario de algunas reformas, siempre que no atentaran contra el absolutismo (Despotismo Ilustrado). El modelo económico, social y político del Antiguo Régimen fue criticado durante el siglo XVIII por pensadores ilustrados (su pensamiento de caracteriza por la confianza en la razón, mediante la cual el hombre puede conseguir la felicidad; de ahí que se muestren partidarios de la educación y el progreso). Los ilustrados criticaron la sociedad estamental (afirmando la igualdad y la libertad, negando la transmisión hereditaria de privilegios), la organización económica (defendiendo la libertad en el comercio y la industria), se opusieron a que la Iglesia acumulase tanto poder y se enfrentaron al absolutismo monárquico. [Montesquieu defendió la separación de poderes y Rousseau, la soberanía nacional]. La influencia ilustrada provenía principalmente de Francia y en España penetró lentamente, porque los ilustrados españoles sufrían la inexistencia de una burguesía poderosa, la indiferencia de nobleza y clero, y la ignorancia del pueblo. Por este motivo hicieron prioritaria la educación junto a otra preocupación fundamental, la economía, ya que consideraban a España atrasada con respecto a Europa por el excesivo control de los privilegiados sobre las actividades económicas y el desconocimiento de los avances. Al principio, Carlos III encontró ante sus reformas y sus ministros extranjeros una fuerte resistencia (Motín de Esquilache, 1766) de los privilegiados (por pérdida de poder sufrida con las reformas). Los motines cesaron y, junto a ministros españoles (Jovellanos, Floridablanca, Olavide, Aranda, Campomanes), inició sus reformas de carácter progresista con un balance positivo; pero con el límite que suponían las reformas que trastocaban el poder del monarca y los privilegiados. Los ilustrados consideraron la agricultura como la principal fuente de riqueza del país (fisiócratas) y veían al Antiguo Régimen como el principal obstáculo para su progreso. Se organizaron en Sociedades Económicas de Amigos del País, donde analizaban la realidad económica de España y proponían reformas en sus informes. Se impulsaron reformas económicas, administrativas y en contra del enorme poder de la Iglesia. No obstante, las reformas agrarias no se llevaron a cabo por suponer una pérdida de los privilegios que beneficiaban a la Corona, la nobleza y el clero.

Reformas económicas del reinado de Carlos III:

• Limitación de los privilegios de la Mesta.

• Impulsar proyectos de repoblación y de aumento de propietarios y arrendatarios.

• Mejora de las infraestructuras de transporte.

• Ley de Libre circulación de Granos (1765).

• Liberalización del comercio colonial.

• Liberalización de la industria.

• Aranceles y tratados para proteger la economía nacional de la competencia extranjera.

• Se dejaron de considerar deshonrosas las actividades productivas.

Reformas sociales y políticas del reinado de Carlos III:

• Contra la Iglesia (control de la Inquisición, expulsión de los jesuitas)

• Sociales (saneamiento urbano, alumbrado,...)

VALORACIÓN. El siglo XVIII puede considerarse una etapa de transición entre el Antiguo Régimen y las nuevas ideas ilustradas; las cuales fueron el precedente de las revoluciones que, a finales del siglo y a lo largo del siguiente, sustituyeron el viejo orden (heredado de la Edad Media) por una nueva organización social, económica y política (denominada liberalismo burgués).

CRISIS del ANTIGUO RÉGIMEN (1808-1833)

La GUERRA de la INDEPENDENCIA (1808-1814). Carlos IV (hijo de Carlos III) vio con espanto los efectos de las ideas ilustradas en Francia [Revolución Francesa (1789)]. Confió el poder a Godoy (militar de origen plebeyo), el cual era odiado por los privilegiados por sus intentos de reforma, por los ilustrados al verse desplazados y por Fernando VII (hijo y heredero de Carlos III) que lo veía como un competidor. Godoy abordó reformas: desamortización de tierras eclesiásticas, reducción del poder de la Inquisición, promoción de las Sociedades económicas,... En política exterior se alió con Francia y se enfrentó a Inglaterra (en la batalla de Trafalgar, 1805, perdió su flota al destrozar Nelson la armada franco-española). Carlos IV consintió que las tropas de Napoleón atravesasen España para atacar Portugal (1807).

En 1808 estalló el motín de Aranjuez, dirigido por la nobleza y el clero para destituir a Godoy y forzar a Carlos IV a abdicar en su hijo Fernando (alrededor del cual se habían unido los enemigos de Godoy). Ante la situación, Carlos IV solicitó ayuda a Napoleón el cual se dio cuenta de la debilidad de la corona española y se decidió a invadir España. Carlos IV y Fernando VII fueron llamados por Napoleón a Bayona, donde abdicaron y Napoleón nombró rey de España a José Bonaparte (su hermano). En las Cortes de Bayona otorgó una constitución a España: desamortizó tierras del clero, desvinculó los mayorazgos, inició el final del régimen señorial, reconoció igualdad de todos los españoles ante la ley, impuestos y cargos públicos, se abolió la Inquisición y se reformó la administración.

La invasión francesa dividió a los españoles en los afrancesados (una minoría de intelectuales y altos cargos que aceptaron a José Bonaparte y se sentían vinculados con su programa reformista) y el frente patriótico (formado por todos los que oponían resistencia). El frente patriótico lo formaba la mayor parte de la población: el clero y la nobleza se oponían a la invasión, dirigían parte de la resistencia y buscaban la vuelta del absolutismo bajo el mandato de Fernando VII; algunos sectores ilustrados (Jovellanos, Floridablanca) deseaban la derrota francesa para que Fernando VII regresase e iniciase un programa de reformas; los sectores más liberales veían la guerra como la ocasión de acabar con el Antiguo Régimen; gran parte de la población afrontó la guerra como una defensa contra un invasor.

Mientras sucedían los hechos de Bayona, en España se alzó el pueblo contra los franceses el 2 de mayo de1808 en Madrid (aunque fueron reprimidos rápidamente, sirvió de ejemplo para el resto del país). La resistencia popular frenó el avance francés y surgieron Juntas de Armamento y Defensa, que dirigieron la resistencia ante el vacío de poder. Éstas se convirtieron en juntas Provinciales y forzaron la creación de una Junta Central. Las principales formas de impedir el avance francés fueron: los sitios (resistencia de las ciudades soportando bombardeos y falta de alimentos) y la guerrilla (gente de cualquier origen se organizaban en cuadrillas populares para luchar contra el invasor hostigándolo en pequeños grupos y atentando contra sus instalaciones y suministros).

Napoleón, que no esperaba encontrar mucha resistencia, dispuso sus tropas estratégicamente (en Barcelona, Vitoria y Madrid) para ocupar toda la península. Las previsiones francesas no se cumplieron por la resistencia popular: Gerona y Zaragoza resistieron durante meses impidiendo a las tropas avanzar hacia Levante y la victoria española en la batalla de Bailén (1808) impidió la toma de Andalucía y forzó a franceses a abandonar Madrid y a replegarse más allá del Ebro. Napoleón llegó a España y dirigió personalmente las acciones que condujeron al dominio teórico de los franceses sobre todo el territorio (a partir de entonces la resistencia se basó en la guerrilla). En 1812, la campaña rusa obligó a Napoleón a desplazar tropas hacía aquel frente, lo que aprovecharon españoles y británicos al mando de Wellington para forzar a los franceses a abandonar el territorio. En 1813, Napoleón firma la paz en el tratado de Valençay (reconociendo como rey a Fernando VII y abandonando sus tropas España).

La CONSTITUCIÓN de 1812 (Cádiz). La Junta Central, que había dirigido al país durante las primeras fases de la guerra, se disolvió y convocó las Cortes en Cádiz. Sus miembros, en su mayoría liberales, consiguió la creación de una cámara única, aprobar el principio de soberanía nacional y promulgar una Constitución en 1812 (la “Pepa”). La nueva Constitución se basa en la división de poderes: el legislativo lo controlan las Cortes (que representan al pueblo y tiene amplios poderes: elaboración de leyes, aprobación de presupuestos, tratados con el extranjero, mando militar,...); el monarca posee el poder ejecutivo (dirige el gobierno, interviene en la elaboración de leyes por iniciativa o vetando y su poder está acotado por las Cortes, que pueden intervenir en la sucesión al trono y han refrendar las decisiones del monarca); y la justicia recae exclusivamente sobre los tribunales. El sistema electoral era el sufragio universal masculino. La Constitución reconoce la igualdad de todos los españoles ante la ley, el derecho de la propiedad, la libertad de imprenta y reconoce con igualdad a los españoles peninsulares y coloniales. También reorganiza la administración, los impuestos, la Hacienda, implanta el servicio militar obligatorio y una educación primaria pública y obligatoria. Las cortes de Cádiz aprobaron una serie de leyes destinadas a acabar con el Antiguo Régimen (supresión de los señoríos, anulación de gremios, abolición de la Inquisición, desamortización e inicio de la reforma agraria). La Constitución no llegó a ser aplicada por la Guerra ni durante el reinado de Fernando VII, pero su importancia radica en su carácter liberal y el reconocimiento de una amplia gama de derechos, y en haber sido modelo para constituciones posteriores.

El REINADO de FERNANDO VII (1814-1833).

• Retorno al Absolutismo (1814-1820): tras la Guerra de la Independencia, Fernando VII regresó a España. En principio, temía enfrentarse a los liberales y decidió consentir ante ellos comprometiéndose a jurar la Constitución. Cuando los absolutistas (nobleza y clero) le mostraron su apoyo (Manifiesto de los Persas) y movilizaron al pueblo en favor de Fernando VII, éste declaró nula la constitución de Cádiz e implantó el Antiguo Régimen (en el resto de Europa, la derrota de Napoleón supuso que las potencias absolutistas consiguieran restaurar el viejo orden en el Congreso de Viena y la Santa alianza garantizaba la defensa del absolutismo). Restableció las antiguas instituciones, la Inquisición y el régimen señorial. Los liberales fueron detenidos, asesinados o forzados a exiliarse. El gobierno de Fernando VII hizo frente al objetivo de rehacer un país destrozado por la guerra, con la economía en declive y con las colonias en guerra por la independencia mediante los métodos del antiguo régimen. Sus continuos fracasos crearon una gran oposición: la burguesía liberal reclamaba la vuelta a la constitución, los campesinos se negaban al régimen señorial y a los impuestos, y en el ejército dirigentes liberales eran partidarios de reformas. Hubo pronunciamientos liberales que evidenciaron el descontento, pero la represión fue la férrea respuesta de la monarquía absoluta.

• Trienio liberal (1820-1823): en 1820, el coronel Rafael de Carrillo se sublevó al mando de las tropas destinadas a la guerra colonial forzando a Fernando VII a jurar la constitución ante el apoyo de los liberales de las ciudades, la pasividad del ejército y la indiferencia del campesinado. El nuevo gobierno restauró reformas de la Constitución de Cádiz (abolición de gremios, señoríos y mayorazgos, reducción del diezmo) y se intentó acabar con el feudalismo. Se liberalizó la industria y el comercio para beneficiar a la burguesía comercial, y se modernizó la política y la administración. Fernando VII aceptó la Constitución forzado por las circunstancias; paralizó las leyes y reformas que pudo con su derecho a veto, y conspiró contra el gobierno buscando el apoyo de las potencias absolutistas europeas. Las reformas no beneficiaron a los campesinos y en algunos aspectos empeoraron su situación, por lo que se colocaron en contra de los liberales. La nobleza y el clero (perjudicados por las reformas) animaron la revuelta contra el gobierno del Trienio y llegaron a dominar zonas del territorio (establecieron una regencia absolutista en la Seo de Urgel). Las dificultades dividieron a los liberales en moderados (partidarios de realizar reformas con prudencia sin enemistarse con el rey y la nobleza) y exaltados (partidarios de acelerar las reformas y enfrentarse todos los ilustrados juntos contra el monarca).

• Década Ominosa (1823-1833): la Santa alianza respondió a las peticiones de Fernando VII enviando un ejército de 100.000 hombres (los cien Mil Hijos de San Luis, al mando del duque de Angulema) que, ayudados por absolutistas españoles, repusieron a Fernando VII como monarca. Esto supuso la vuelta al absolutismo y una fortísima represión contra los liberales (la mayoría se exiliaron). El gobierno del rey se centró en la represión y en la economía, la cual estaba en crisis (agudizada por la reciente pérdida de las colonias). Se hizo patente que la recaudación era imposible de aumentar sin tocar los privilegios fiscales de la nobleza. El rey optó por recurrir al sector moderado de la burguesía financiera e industrial, poniendo a uno de sus representantes en el ministerio de Hacienda. Esta actitud, junto con no reponer la Inquisición, fue mal vista por los sectores más conservadores, que reclamaban mayor represión contra liberales y mayor poder para los conservadores. Los sectores conservadores más radicales se agruparon alrededor de Carlos María Isidro (hermano del rey y previsible sucesor). Con el nacimiento de la hija de Fernando VII y María Cristina, Isabel II, tuvo lugar un grave conflicto en la sucesión del trono. La Ley Sálica impedía a las mujeres gobernar, pero Fernando VII la derogo (Pragmática Sanción) y declaró heredera a su hija con la regencia de Maria Cristina. Los carlistas se negaron a aceptar la situación y, al morir Fernando VII y proclamarse en el trono Isabel II, don Carlos se proclamo rey iniciando una levantamiento absolutista que supuso el inicio de la Primera Guerra Carlista, entre los partidario del absolutismo agrupados alrededor de don Carlos y los liberales, que apoyaban a Isabel II ya que su madre buscó el apoyo de éstos para conservar el trono.

VALORACIÓN. Las ideas de la Revolución Francesa (1789) derrumbaron al antiguo Régimen en la Europa occidental, abriendo paso al liberalismo, el capitalismo y la sociedad de clases. Las ideas revolucionarias fueron extendidas por los ejércitos napoleónicos durante su expansión; de ese modo penetraron en España ideales que posteriormente quedarían reflejados en la Constitución de Cádiz (1812), la cual comparte muchos principios con la constitución francesa (1789) y la declaración de Derechos del Hombre (1789).

CONFIGURACIÓN del ESTADO LIBERAL (1833-1874)

La PRIMERA GUERRA CARLISTA (1833-1839). En 1833 sectores absolutistas no reconocieron a Isabel (hija de Fernando VII) como sucesora y se sublevaron contra el gobierno de María Cristina (Regente por la minoría de edad de su hija), proclamando rey a don Carlos María Isidro (hermano del difunto Fernando VII).

El Carlismo (tradicionalista y antiliberal) englobó a la nobleza rural, gran parte de clero y una base social campesina (del País Vasco, Navarra y parte de Aragón, Cataluña, Valencia). Temían la supresión del Antiguo Régimen, la implantación de la igualdad jurídica y las reformas tributarias. Ante los carlistas, María Cristina contó con sectores absolutistas que ya fueron fieles a Fernando VII (alta nobleza, altos cargos eclesiásticos, funcionarios,...) y con los liberales moderados (con los que pactó para defender el trono). Pero la guerra creó la necesidad de un apoyo social, por ello la regente accedió a las reformas más progresistas para aglutinar la base popular de las ciudades y de las clases ilustradas.

La guerra se inició con el levantamiento de partidas carlistas en el País Vasco y Navarra, donde controlaron el ámbito rural (las ciudades siguieron fieles a los liberales). Al principio, los carlistas optaron por la guerra de guerrillas. Las vacilaciones del gobierno permitieron al general Zumalacárregui (principal dirigente carlista) organizar un ejército considerable mientras el general Cabrera unificó las partidas aragonesas y catalanas. Don Carlos entró en España y dirigió su ejército hacia Madrid, pero fue incapaz de tomar la ciudad y se replegó hacia el norte. En 1835 murió el general Zumalacárregui, iniciándose la reacción de los liberales. Espartero (general liberal) derrotó a los carlistas en Luchana (1836). Durante los últimos años del conflicto el carlismo se divide, ante la imposibilidad de la victoria, entre transaccionistas (partidarios de pactar la rendición) y los intransigentes (los más próximos a don Carlos y partidarios de continuar la guerra). El general Maroto (jefe de los transaccionistas) acordó con Espartero la firma del convenio de Vergara (1839), donde se establecía la conservación de los fueros vascos y navarros, y la integración de los oficiales carlistas en el ejército real. Con este pacto concluyó la guerra (sólo resistieron las partidas del general Cabrera en el Maestrazgo, sucumbiendo en 1840). En el marco internacional, don Carlos recibió el apoyo de potencias absolutistas como Rusia, Prusia o Austria; Isabel II fue apoyada por Inglaterra, Francia y Portugal (favorables a la implantación del liberalismo moderado en España).

- Valoración: en España existía un enfrentamiento entre los liberales (que pretendían implantar un liberalismo moderado) y los conservadores (que defendían la monarquía absolutista, la fuerte presencia de la Iglesia y la conservación del Antiguo Régimen). Este conflicto se daba a todos los niveles de la sociedad y desembocó (bajo la forma de un conflicto sucesorio) en la Primera Guerra Carlista, en la que el país se vio sumergido en una guerra civil de seis años. Dicha guerra tuvo la virtud de acelerar la implantación del régimen liberal porque María Cristina se vio forzada a pactar con los liberales en busca de su apoyo, permitiéndoles llegar al gobierno. A pesar de que la derrota carlista evidenciaba la derrota de los partidarios del Antiguo Régimen, la defensa de sus valores siguió presentes en algunos sectores de la sociedad.

REGENCIA de MARÍA CRISTINA (1833-1841) y ESPARTERO (1841-1843): implantación del liberalismo. La Guerra Carlista aceleró la implantación del liberalismo en España, porque forzó al bando isabelino a buscar el apoyo de los liberales. Con este fin se promulgó un Estatuto Real (Martínez de la Rosa, 1834) que reconocía ciertas libertades políticas (sin aceptar la soberanía nacional ni la división de poderes) pero que aceptaba un liberalismo censitario (limitaba el poder absoluto de la corona pero por medio de un parlamento formado por clases acomodadas próximas a la Corte, marginando a la mayoría).

El estatuto era insuficiente para algunos sectores liberales. Se produjo entonces una la división de los liberales en moderados y progresistas. La corona sustentó siempre un liberalismo moderado, pero la necesidad de luchar contra el carlismo la forzó a gobernar con los progresistas.

Los progresistas protagonizaron, a través de las Juntas y lasa Milicias, donde expresaron a la regente sus exigencias: reunión de cortes, libertad de prensa, reorganización de la milicia Nacional,.... María Cristina llamó entonces al gobierno al progresista Mendizábal (que inició reformas bajo los límites del Estatuto Real). Pero cuando desamortizó los bienes del clero (para obtener recursos para la guerra carlista) la nobleza y el clero presionaron a María Cristina hasta que destituyó a Mendizábal. Tras su destitución (1836) hubo revueltas progresistas y levantamientos militares, culminando con el levantamiento de la guarnición de La Granja, en el que la regente decidió llamar a los progresistas al poder y restablecer la Constitución de Cádiz.

Los progresistas abordaron reformas orientas a la implantación del liberalismo (especialmente económico) basado en la concepción jurídica de los derechos de propiedad. Iniciaron la reforma agraria: disolución de los señoríos (los señores perdían su derecho a ejercer justicia y se convertían en el nuevo propietario agrario haciendo que los campesinos se conviertan en arrendatarios o jornaleros); desvinculación (se suprime el mayorazgo y las tierras pueden venderse libremente); y desamortización (llevada a cabo por Mendizábal en 1836, cuando disolvió las órdenes religiosas, incautó su patrimonio y lo vendió en subasta pública con el fin de conseguir recursos para luchar contra el carlismo y aminorar el déficit). La liberalización económica se completó con la supresión de los privilegios de la Mesta, la aprobación de leyes que liberalizan la actividad agrícola (supresión del diezmo, libertad de arrendamientos, libertad de precios, almacenamiento y comercio de los productos), la abolición de los privilegios gremiales, la supresión de las aduanas interiores y la implantación de la libertad industrial y comercial.

Las cortes aprobaron la Constitución de 1837, la cual tiene un carácter progresista pero moderado en algunos aspectos respecto a la de Cádiz. En ella se mantiene la soberanía nacional, división de poderes, una amplia gama de derechos (libertad de prensa, de asociación,...) y presenta al Estado como aconfesional. No obstante, se introducía una segunda cámara (el senado) más conservadora, se concedía mayores poderes a la Corona (derecho de veto, disolución del Parlamento, nombramiento de ministros,...) y el sistema electoral era censitario y muy restringido.

En las elecciones de 1837 ganaron los moderados (por lo restringido del electorado). Éstos intentaron desvirtuar los elementos más democráticos y progresistas mediante leyes que limitasen las libertades, aumentasen el poder de la Corona y devolviesen los bienes eclesiásticos. El apoyo de María Cristina a los moderados hizo que se enfrentase a los progresistas, que forzaron (mediante alzamientos) su dimisión. La regencia se le concedió a Espartero (1841-1843) el cual gobernó de forma autoritaria siendo incapaz de cooperar con las Cortes. Aprobó un arancel que abría el mercado a los tejidos de algodón inglés (amenazando a la industria catalana). La medida provocó un levantamiento en Barcelona sofocado por Espartero mediante el bombardeo de la ciudad (colocando en su contra a Cataluña y parte de los progresistas). Los moderados aprovecharon para conspirar contra él por medio de Narváez y O'Donnell, forzando a Espartero a dimitir y exiliarse en 1843. Las cortes decidieron nombrar reina a Isabel II con minoría de edad (13 años).

- Valoración: durante las regencias (1833-1843) se desmantelaron las bases del Antiguo Régimen de forma total e irreversible, llevada a cabo por los progresistas que transformaron el Estado absoluto en liberal, desmantelando jurídicamente el Antiguo Régimen por medio de la consolidación de una nueva concepción de la propiedad.

El REINADO de ISABEL II (1843-1868): los moderados en el poder. Durante su reinado, Isabel II apoyó principalmente a los moderados. Las Cortes tenían una mayoría moderada con el general Narváez al frente, que implantó un liberalismo conservador que reformaba el Estado en beneficio de las clases dominantes y de la burguesía terrateniente (fusión de los antiguos señores y los nuevos propietarios rurales, cuyo predominio económico y social servía de sustento para el nuevo régimen), teniendo el apoyo de la corona y de parte del ejército.

La Constitución de 1845 rechaza la soberanía nacional y la sustituye por el gobierno conjunto del rey y las Cortes (ampliando los poderes ejecutivos del rey y reduciendo el legislativo de las Cortes); reconoce como oficial la religión católica (y se compromete a mantener el clero y el culto); suprime la Milicia Nacional; se restringe el derecho a voto; el Senado es elegido por la reina entre personalidades cercanas a la Corona; se mantiene gran parte de la declaración de derechos de la Constitución de 1837 (aunque se regulan por leyes posteriores, que fueron muy restrictivas); se confiere enormes poderes a la corona (facultad de nombrar ministros y el senado, y de disolver las Cortes). Los moderados mejoraron sus relaciones con la Iglesia y obtuvieron su respaldo tras la firma del Concordato con la Santa Sede (1851, en el que se establece la suspensión de la desamortización de los bienes eclesiásticos y la financiación del culto y el clero).

Los moderados emprendieron la construcción de un Estado liberal en función del interés de las clases próximas a las Corona y de la burguesía terrateniente y bajo los principios del centralismo y la uniformización. Con estos objetivos realizaron reformas fiscales y de Hacienda (1845) para reformar el sistema recaudatorio (centralizando los impuestos); se unificó el Código Penal (1851); se reorganizó la Administración partiendo de la división provincial de 1833 y reforzando los gobiernos Civiles y Militares de cada provincia, cuyos poderes dependían del gobierno central en Madrid (sólo País Vasco y Navarra conservaron, por miedo a los rebrotes carlistas, parte de sus antiguos derechos forales); la Ley de Administración Local (1845) dispuso que los alcaldes de los municipios grandes fuesen nombrados por la Corona; se reguló el sistema de instrucción pública, que pasaba a manos del Estado central; se adoptó un único sistema de pesos y medidas (el sistema métrico decimal); y se disolvió la Milicia Nacional para crear la Guardia Civil (1844, un cuerpo con estructura militar pero con la finalidad civil de mantener el orden y proteger la propiedad).

Los fuertes poderes otorgados a la Corona hicieron que las Cortes fuesen irrelevantes, pues la vida política se desarrollaba alrededor de la corte en forma de poderosos grupos de personalidades (camarillas) que buscaban el favor real, y el restringido número de votantes (1'1%) anulaban cualquier oposición política. El carlismo siguió oponiéndose a Isabel II y sus levantamientos se revitalizaron provocando la Segunda Guerra Carlista (1848-1849, el levantamiento más importante fue la “guerra dels matiners” en Cataluña).

El gobierno era partidario de reformar la Constitución para otorgar mayor poder a la Corona, lo que provocó un levantamiento de progresistas y parte de los moderados que desembocó en el pronunciamiento de Vicálvaro (1854, a cuyo frente estuvo el general O'Donnell). Sectores progresistas y moderados elaboraron el Manifiesto de Manzanares (1854), en el que se reclama que se respete la Constitución (ya que leyes posteriores la anulaban), una reforma electoral (ya que el sufragio era muy restringido), la reducción de los impuestos, la abolición de la leyes centralistas, la restauración de la Milicia nacional y que la camarilla no influyese en los asuntos de gobierno. Al llamamiento se unieron jefes militares y grupos civiles que protagonizaron levantamientos, forzando a Isabel II a llamar a formar gobierno a Espartero y a O'Donnell.

Durante los dos años siguientes (1854-1856) se desarrolló el bienio Progresista, en el que el gobierno restauró los principios de la constitución de 1837, restauró la Milicia e inició reformas económicas orientadas al beneficio de la burguesía urbana y de las clases medias. Las dos acciones más importantes fueron la desamortización de Madoz (1855, mayor que la de Mendizábal) que afectó a los bienes de los Ayuntamientos, la Iglesia, las órdenes militares,... para obtener beneficios (destinados a sanear la Hacienda e invertir en obras públicas para modernizar la economía) y la Ley General de Ferrocarriles (1855), que regulaba su construcción. Las medidas no tuvieron en cuenta las demandas de las clases populares ni la beneficiaban, lo que creó un estado de conflictividad social (la crisis económica produjo levantamientos obreros en Barcelona que demandaban la reducción de los impuestos, la abolición de las quintas y mejoras laborales). El gobierno presentó una Ley del Trabajo que introducía mejoras, pero no pudo impedir en 1856 un grave levantamiento en el campo y las ciudades, que forzó a Espartero a dimitir y a Isabel II a confiar el gobierno a O'Donnell (que sofocó duramente las protestas).

O'Donnell restableció los principios del moderantismo y la Corona confió el gobierno primero a O'Donnell (Unión Liberal) y después a Narváez (moderado), produciéndose una época de cierta estabilidad política (dominada por la vuelta al conservadurismo). Se restableció la constitución de 1845 y se anularon las reformas del Bienio. Los unionistas llevaron a cabo una política exterior agresiva para desviar la atención de los problemas internos y fomentar el patriotismo (expedición a Indochina, intervención en México y victoria de Wad-Ras contra Marruecos, permitiendo la incorporación de Sidi Ifni). El gobierno unionista fue incapaz de afrontar la oposición de progresistas, demócratas y republicanos, y la crisis económica, lo que provocó la dimisión de O'Donnell (1863) y la Reina entregó el poder a los moderados. Éstos gobernaron de forma autoritaria al margen de las Cortes y ejerciendo una fuerte represión; fueron incapaces de mejorar la situación económica (agravada por la guerra en Estados Unidos y la crisis en Europa), por lo que amplios sectores de la sociedad coincidieron en la necesidad de un cambio radical que implicase a la monarquía isabelina.

-Valoración: el reinado de Isabel II fue un largo periodo en el que apoyó a los moderados en el gobierno (con breves interrupciones), hasta que en 1868 se llegó al agotamiento y a la impopularidad del moderantismo y de la monarquía de Isabel II (agudizados por la crisis económica) desembocando en el exilio para los Borbones y en el ascenso de los progresistas al poder.

El SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874). A partir de 1860 la crisis política y económica se unieron creando una inestable situación en la España isabelina. La crisis financiera se originó porque las acciones ferroviarias no eran rentables, lo que hizo que la bolsa cayera estrepitosamente arrastrando la Deuda Pública y otras entidades. La crisis industrial (sobre todo en Cataluña) se debió a que la Guerra de Sucesión de Estados Unidos había hecho detenerse sus exportaciones de algodón, lo que implicó un alza enorme del precio del producto (dada su escasez). Algunas industrias del sector no pudieron afrontar la situación y cerraron (aumentando el paro y descendiendo en nivel de vida de la clase trabajadora). La crisis de subsistencia vino provocada por una serie de malas cosechas a partir de 1866 que dieron como resultado una carestía de trigo (que produjo el aumento de precio del producto).

Cuando O'Donnell fue apartado del gobierno (tras el fusilamiento de los implicados en la revuelta del cuartel de San Gil), lo sustituyeron los moderados con Narváez al frente (después González Bravo), cerrando las Cortes y gobernando por decreto. En 1866 la oposición elaboró el Pacto de Ostende, firmado (en el exilio) por progresistas (Prim) y demócratas para acabar con el moderantismo. El pacto era antiisabelino y la forma de gobierno se decidiría en unas Cortes elegidas por sufragio universal (los demócratas conseguían el sufragio universal, pero cedían en la implantación de una República a una decisión posterior; los progresistas, a pesar de no querer el sufragio universal ni derrocar la monarquía, aceptaron las condiciones para acabar con los moderados). Al pacto se unieron los unionistas (Serrano), que aportaron altos cargos del ejército.

En 1868 gran parte de la población tenia motivos para alzarse contra el sistema isabelino (los negociantes e industriales reclamaban medidas para salvar la Bolsa y medidas proteccionistas; los obreros y campesinos demandaban del gobierno mejoras que les sacasen de su miseria). En 1868 la escuadra concentrada en Cádiz al mando de Topete se sublevó contra el gobierno de Isabel II. Prim se unió a los sublevados y algunas ciudades del sur se alzaron. Surgieron Juntas Revolucionarias que organizaron la rebelión y alzaron al pueblo. El gobierno y la Corona se encontraron aislados, y cuando sus escasas tropas fueron derrotadas en Alcolea, el gobierno dimitió e Isabel II se exilió.

Las Juntas Revolucionarias y la Milicia Nacional habían contribuido a la revolución convirtiendo un golpe militar en un alzamiento popular, pero fueron disueltas por un gobierno provisional formado por los firmantes del Pacto de Ostende. Se cumplieron los objetivos de Prim (progresistas) y de Serrano (unionistas) que era derrocar el gobierno, pero quedaron frustrados los objetivos de los demócratas, los republicanos y las masas populares. El gobierno provisional (con Prim y Serrano al frente) puso en marcha un programa de reformas: reconocimiento de la libertad de imprenta, derecho de reunión, sufragio universal, reforma de la enseñanza, democratización de los Ayuntamientos y la emancipación de los hijos de los esclavos de las colonias. Fueron convocadas elecciones a Cortes constituyentes (la primea vez en España con sufragio universal masculino) dando la victoria a la coalición gubernamental (progresistas, unionistas y una parte de los demócratas) y creando unas minorías importantes (carlistas, moderados y republicanos).

La Constitución de 1869 (liberal democrática) proclamaba la soberanía nacional, el sufragio universal masculino, una amplia gama de derechos, el mantenimiento de culto y clero (pero el Estado es aconfesional), la independencia del poder judicial (como en otras constituciones) creando un sistema de oposiciones a juez y restaurando el juicio por jurado, y la monarquía como forma de gobierno (al rey le correspondía el poder ejecutivo y la facultad de disolver las Cortes, pero por medio de sus ministros que elaboraban leyes en las Cortes y el rey las sancionaba o las promulgaba).

Uno de los principales objetivos fue establecer una orientación capitalista en la economía (para beneficiar a la burguesía), para lo que se fomentó el librecambismo y la apertura del mercado español a capital extranjero (para favorecer la competencia, la iniciativa y fomentar la industria y el comercio del país). Se fijó la peseta como unidad monetaria. El problema más grave era la situación de la Hacienda con una elevada Deuda Pública, la necesidad de sanearla forzó a la venta de parte del patrimonio minero. La Ley de Bases Arancelarias (Arancel Fuiguerola, 1869) liberalizó los intercambios exteriores (acabando con la tradición proteccionista de la España del siglo XIX).

La constitución de 1869 consolidaba los principios liberal-democráticos defendidos por los partidos de la revolución, pero frustraban algunas aspiraciones de carácter popular y republicano (la monarquía disgustó a quienes aspiraban a la implantación de una República, el mantenimiento de culto y clero no era del agrado de los anticlericales, y los campesinos y obreros no vieron mejorar su situación). En esta época penetran en España las ideas internacionalistas, expandiéndose el anarquismo y el socialismo.

-La Monarquía de Amadeo de Saboya (1870-1873): la Constitución de 1869 establecía una monarquía democrática, por lo que era necesario encontrar un nuevo monarca; Prim se encargó de esta tarea, considerando como candidato a Amadeo de Saboya (de la casa italiana y proclive a una concepción democrática de la monarquía). El nuevo monarca fue elegido rey por las Cortes en 1870; ese mismo año llegó a España (habiendo sido asesinado Prim, su principal valedor).

Amadeo I contó con la oposición de los moderados (fieles a los Borbones, los cuales empezaron a organizar un partido alfonsino para restaurar la monarquía borbónica en la persona del hijo de Isabel II, Alfonso; esta opción fue apoyada por la Iglesia y fue Canovas del Castillo quien captó muchos disidentes convenciéndolos de que la monarquía borbónica era una garantía de estabilidad). La élite económica se colocó en contra de Amadeo I porque este permitía leyes que les perjudicaban (abolición de la esclavitud en Cuba, regulación del trabajo infantil,...). Tenía en contra a los sectores que no querían la monarquía como forma de gobierno, es decir, los republicanos y los sectores populares (protagonizaron constantes levantamientos que dieron inestabilidad al reinado de Amadeo I). Los carlistas, beneficiados por el clima de libertad, habían revivido las expectativas de sentar en el trono a su candidato (Carlos VII); mientras que una facción se había convertido en una pequeña fuerza política muy conservadora, otra optó por la vía insurrecta y se alzó en armas en 1872 (el levantamiento se inició en el País Vasco y se extendió a Navarra y zonas de Cataluña, sin representar un auténtico problema pero siendo foco permanente de inestabilidad).

En 1868 se había iniciado en Cuba (con el “grito de Yara”) la Guerra de los diez años (animada por hacendados cubanos y apoyada popularmente al prometer el fin de la esclavitud). El gobierno intentó abolir la esclavitud y conceder reformas políticas, pero se negaron los sectores económicos españoles con intereses en Cuba y frustraron la solución pacífica, convirtiéndose la guerra en un grave problema para España. En 1872 se produjeron insurrecciones de carácter federalista (en las que la acción de los republicanos se combina con las influencias anarquistas, aumentando la inestabilidad del régimen). La desintegración de la coalición gubernamental (progresistas, unionistas y demócratas) dejó al monarca sin apoyos para afrontar los graves problemas del país, lo que obligó a Amadeo de Saboya a renunciar al trono en 1873.

-La Primera República española (1873-1874): en ausencia de monarca, las Cortes proclamaron la República (gran parte de la cámara era monárquica, pero su voto a favor fue una estrategia de los alfonsinos para que la República se deteriorara dándoles tiempo a organizar la vuelta de los Borbones). Los partidarios de esta forma de gobierno era los miembros del Partido Demócrata Republicano Federal (escisión del Partido demócrata en 1868 i con Pi i Margall al frente), que defendían la República, una serie de pactos entre regiones como nueva forma de articular España, Estado aconfesional, ampliación de los derechos democráticos y mejora de las condiciones laborales (por intervención del Estado); contaba con el apoyo de la pequeña burguesía y parte del proletariado y el campesinado, antes de que éste fuera atraído por anarquistas y socialistas. La República motivó a los republicanos a constituir Juntas revolucionarias (Andalucía, Cataluña, Valencia,...); en las ciudades aparecieron revueltas populares reclamando la abolición de los consumos (impopulares impuestos sobre los productos básicos) y de las quintas (sistema de reclutamiento de un joven de cada cinco, que podía librarse mediante el pago al Estado de la redención).

Los dirigentes republicanos (respetando la legalidad) disolvieron la Juntas y sofocaron las revueltas. Fueron convocadas elecciones a Cortes constituyentes que ganaron (aun siendo sufragio universal hubo un 60% de abstención, se trataba de la estrategia de los monárquicos); En 1973, las Cortes reconocieron el régimen de la República federal y elaboraron una Constitución: similar a la de 1869 y con una estructura federal en la que el poder se lo repartían las instituciones autónomas (municipio, región y nación) reconociendo 15 Estados federales más Cuba y Puerto Rico.

La República había acelerado el conflicto carlista: en 1873 se extendió por Cataluña, hizo incursiones por Teruel y Cuenca y se consolidó en el País Vasco y el Maestrazgo (las tropas gubernamentales impidieron la extensión del movimiento, que se prolongaría hasta 1876). En Cuba la situación de la guerra no mejoraba (en parte porque las autoridades españolas en Cuba eran proclives a la restauración borbónica y actuaban al margen del gobierno central). En zonas republicana, la población se radicalizó por las aspiraciones revolucionarias de lo bakuninistas (anarquistas), alzándose en cantones dirigidos por los federales intransigentes (Cartagena, Sevilla, Málaga, Valencia, Alicante, Torrevieja, Salamanca,...). Pi i Margall dimitió ante la necesidad de emplear las armas; lo sustituyó Salmerón que dimitió por motivos similares (ambos eran antibelicistas).

Fue nombrado jefe de gobierno Castelar (representante de los republicanos más conservadores, Republicanos Unitarios). Castelar gobernó autoritariamente y tuvo un sector en la Corte dispuestos a forzarle dimitir. En 1874 el gobierno de Castelar fue derrotado en las cortes (120 votos contra 100); parecía inminente un gobierno de centro-izquierda y, para impedirlo, el general Pavía, invadió el hemiciclo y disolvió la asamblea (no hubo resistencia, lo que evidenciaba la debilidad de la República). El poder pasó a manos de Serrano (en una coalición unionista y progresista) que intentó mantener un régimen republicano conservador.

En 1874, el pronunciamiento militar de Martínez Campos (Sagunto), proclamaba rey de España a Alfonso XII. El mismo año Alfonso había firmado el Manifiesto de Sandhurst, que establecía el programa de la nueva monarquía (conservadora y católica, que defendería el orden social y el sistema político liberal).

-Valoración: a partir de 1869, los partidos en España adquieren una organización más moderna (pasan de ser grupos con intereses aglutinados ante la figura de un dirigente carismático y se convierten en partidos más populares). En el Sexenio Democrático, que supone un paréntesis de democracia, se consolida definitivamente el sufragio universal masculino y se intenta llevar a cabo un programa de renovación democrática y de recuperación económica. Las nuevas experiencias de gobierno, fracasan por la crisis económica y política de la época y, en el caso de la República, también por la división interna de los republicanos (entre unitarios, más conservadores, y federales, más progresistas; y dentro de los federales entre benévolos, representados por Pi i Margall y partidarios de la legalidad, y los intransigentes, más radicales). Las ideas democráticas se generalizan y la población se vuelve más exigente, coincidiendo con la llegada del socialismo y el anarquismo (que abrirán una nueva etapa en la organización del proletariado y el campesinado). Las exigencias populares (reducción de impuestos y abolición de las quintas) tradicionalmente no se tenían en consideración, pero en esta época los republicanos intentaron prescindir de los impuestos de consumo lo que fue imposible por el déficit de la Hacienda. A pesar del fracaso de los nuevos modelos de gobierno y de que terminaron con la vuelta de los Borbones, se pueden valorar como positivos, pues sirvieron de antecedentes e implantaron definitivamente libertades democráticas.

El PAPEL del EJÉRCITO (1833-1874). Las guerras carlistas hicieron que el ejército se convirtiera en la única garantía de la pervivencia de Isabel II en el trono (también fue indispensable en la época de Fernando VII para conseguir el trono y mantenerse en él). Fue indispensable para forzar a la Corona a entregar el gobierno a progresistas (que sólo accedían al poder la fuerza) o a moderados. En consecuencia, durante el siglo XIX el ejército tuvo una constante presencia en la vida política; de hecho los jefes de los partidos eran cargos militares (Espartero, Narváez, O'Donnell, Prim) y el ejército tuvo un papel destacado en momentos puntuales como el levantamiento de la guarnición de La Granja (1836), el pronunciamiento de Vicálvaro y el Manifiesto de Manzanares (1854, dirigido y apoyado, respectivamente, por jefes militares), la revolución de 1868 y el pronunciamiento militar de Martínez Campos (1874). El ejército no tenía la iniciativa de cambiar de gobierno, sino que era el mero brazo ejecutor de la conspiración política, haciendo que España se acostumbrase a solucionar las crisis por las armas (ello evidenciaba la debilidad del sistema de partidos). Los oficiales se distribuían entre las distintas ideologías; no obstante, muchos altos cargos del ejército comenzaron a ser progresistas (ya desde la Guerra de la Independencia) y esto propició que los progresistas pudiesen llegar al poder, ya que al ser el sufragio tan censitario (hasta la revolución de 1868) sólo podían derrocar a los moderados por la vía revolucionaria.

Las JUNTAS y la MILICIA NACIONAL. Las extensas atribuciones de la Corona, el apoyo que ésta recibía del ejército y el sufragio censitario, marginaban las clases populares de la vida política. Esto provocó la aparición de dos elementos populares (Juntas y Milicia) nacidos en la Guerra de Sucesión y en el reinado de Fernando VII. Las Juntas surgen en momentos de crisis, cuando el gobierno no responde a las expectativas del pueblo, y se constituyen de forma espontánea representando la voluntad popular. Aparecen en toda España y son un elemento esencial en el cambio de gobierno, pues hace que los golpes de Estado se conviertan en revueltas populares, ejercen el poder durante los conflictos y organizan las revoluciones. La Milicia es una alternativa al ejército regular al constituir una fuerza que lucha por los intereses liberales del pueblo y que se encontrará detrás de los levantamientos, pues a ella recurrieron a partir de 1835 los liberales en su intento de derrocar a los gobiernos moderados de Isabel II y de movilizar a los sectores populares.

PARTIDOS POLÍTICOS (1833-1874). El liberalismo hizo que en la vida política aparecieran los partidos. La enorme restricción de voto y la falta de tradición parlamentaria desvinculaban a la mayoría de la población de la política de partidos, haciendo que estos no tuviesen demasiado poder respecto a la Corona. Eran una agrupación de personalidades alrededor de algún notable (muchas veces militar) que respondían a una ideología vinculada por intereses económicos y no a un programa electoral. Los grandes partidos de la época isabelina, que reclamaban un liberalismo monárquico constitucional, eran los moderados y los progresistas.

Los moderados (terrateniente, comerciantes e intelectuales conservadores, parte de la vieja nobleza, alto clero y altos mandos militares) defendían el derecho a la propiedad, el sufragio censitario restringido (para impedir el acceso de las clases populares a la política), la soberanía compartida entre Cortes y Corona (otorgando a esta amplios poderes), la limitación de los derechos individuales (especialmente de prensa, asociación,...) y la influencia de la Iglesia Católica.

Los progresistas (media y pequeña burguesía, burguesía industrial y financiera) defendían el principio de soberanía nacional y el predominio de las Cortes, no aceptan el poder de la Corona en la política, partidarios de fortalecer los poderes locales (Ayuntamientos democráticos, Milicia Nacional,...) y defendían los derechos individuales y colectivos (de prensa, religión,...), el sufragio censitario (reservado a las clases ricas, pero ampliando el electorado); su posición a favor de la reforma agraria y el fin de la influencia eclesial les hacía contar con el apoyo de las clases populares medias, parte de la oficialidad media-baja del ejército y con profesionales liberales. Una escisión de los progresistas dio origen al Partido Demócrata (1849), que defendían el sufragio universal, la ampliación de las libertades, la intervención estatal en la enseñanza, la asistencia social y la fiscalidad para garantizar la igualdad. En 1845, surge un partido denominado Unión Liberal, que era una escisión de los moderados menos conservadores al que se unieron los progresistas más conservadores.

ECONOMÍA (1833-1930)

AGRICULTURA. Para que un Estado se industrializase era imprescindible un desarrollo agrario que contribuyese a un crecimiento económico general. En el caso de España, una de las principales causas del poco peso industrial que representaba a nivel europeo fue el escaso desarrollo agrario, producido por condiciones físicas adversas y porque la tierra era propiedad, mayoritariamente, de clases con poco interés por el desarrollo. La reforma agraria contribuyó a la desmantelación del Antiguo Régimen y a la implantación del liberalismo; de este modo, las reformas agrarias consolidaron la propiedad privada y la sociedad capitalista, lo que acabaría favoreciendo a la industrialización. La privatización de la tierra contribuyó a paliar el déficit público y permitió a las clases con recursos acaparar gran parte de las propiedades, perdiéndose la ocasión de disminuir las desigualdades y de fomentar una expansión agrícola, tal como hubiese ocurrido con una verdadera reforma de la estructura de la propiedad de la tierra. De hecho, ésta venia siendo una de las causas del atraso agrario; ya que los latifundios (presentes en Andalucía, Extremadura y sur de Castilla) tenían muy escaso rendimiento y forzaban a la población a la subsistencia (lo que condujo a movilizaciones campesinas), y los minifundios (característicos de Galicia y de la fachada cantábrica) presentaban una subdivisión que les impedía ser competitivos (provocando una fuerte emigración). El cereal fue el principal cultivo (contando con una gran protección arancelaria) y su precio era mucho mayor que en el mercado internacional, por lo que la población debía invertir más dinero en alimentación lo que impedía el consumo de productos manufacturados.

El escaso desarrollo agrario (que aumentó en otros países al mejorar su productividad) consolidó el retraso español y obstaculizó la industrialización (ya que un mayor desarrollo agrario hubiese permitido que una proporción cada vez mayor de la población ocupase el sector secundario y que aumentase la renta así como la demanda de bienes manufacturados).

DEMOGRAFÍA. A pesar de todo, la desamortización propició un aumento de la producción que acompañó a la progresiva modernización de la economía y permitió la transición demográfica. Este proceso, propio de los países que se están industrializando, se debió a un importante descenso de la mortalidad y, posteriormente, de la natalidad. Las mejoras alimenticias e higiénicas permitieron un descenso de la mortalidad a la mitad, y la mayor urbanización y planificación de la descendencia redujeron la natalidad; ambos factores significaron un crecimiento demográfico considerable pero inferior al de otros países. Dicho crecimiento fue periférico y propició un aumento de la urbanización (haciendo que los grandes núcleos, Madrid y Barcelona, superasen el millón de habitantes y Bilbao, Valencia, Sevilla, Málaga y Zaragoza duplicasen su población, hacia 1930). Otras ciudades menores también aumentaron su población gracias a que se convirtieron en centros industriales o mineros. A pesar de la creciente urbanización, la mayoría de la población seguía siendo rural. La distribución irregular de la población produjo tensiones entre el campo y la ciudad. El aumento de la población y las escasas oportunidades de trabajo, provocaron una fuerte emigración a América Latina. El minifundismo forzó a emigrar a parte de la población en Galicia, cornisa cantábrica y Canarias (Andalucía y Extremadura, a pesar de las deplorables condiciones de vida, muestran un tasa de emigración baja). El analfabetismo fue reduciéndose (siendo el 70 % de la población alfabetizada en 1930), pero en menor medida que en las potencias europeas (el analfabetismo fue un factor desfavorable para el desarrollo económico español).

INICIOS Y OBSTÁCULOS DE LA INDUSTRIALIZACIÓN. Durante el siglo XIX, en España se produce un desarrollo industrial importante pero inferior al de otros países con mayor tradición industrial. Este retraso tuvo diversas causas:

1. Un obstáculo fundamental, derivado indirectamente del escaso desarrollo agrario, fue el escaso poder adquisitivo de la población, que se tradujo en una débil demanda la cual elevó los costes y no estimuló la competitividad.

2. Escasez de fuentes de energía provocada por la falta de cursos de agua aptos para la energía hidráulica y por la mala calidad del carbón.

3. Otro obstáculo lo constituyó la distancia al núcleo central de la industrialización debido a la posición excéntrica de España y que supuso una desventaja manifestada en la dificultad para comerciar, por los elevados costes del transporte en aquella época.

4. También destaca el hecho de que el Estado absorbiese gran cantidad de recursos para hacer frente al déficit público (ya que los impuestos eran insuficientes), elevando de ese modo los tipos de interés, que desincentivaron las iniciativas empresariales al encarecer su financiamiento.

La industrialización española se originó en Cataluña por medio del sector algodonero, cuya importancia radicó en que su producción iba destinada al comercio, contrastando con el resto de actividades de la época. En Cataluña ya existía desde mediados del siglo XVIII una importante actividad manufacturera que producía tejidos de algodón vistosamente estampados. Esta industria se consolidó con la introducción de las nuevas tecnologías en el hilado (de origen británico) y con la prohibición de la entrada de algodón hilado en España (1802). No obstante, el crecimiento de la industria textil catalana se vio frenado por la congelación de los mercados durante la Guerra de la Independencia. Después de este conflicto la producción se reanudó, expandiéndose a pesar de la emancipación colonial y mecanizándose con la introducción de la máquina de vapor (especialmente en la hilatura). Dicha mecanización, necesaria por el aumento de los costes laborales derivados de la relativa escasez de mano de obra tras la Guerra de la Independencia, supuso una disminución de los gastos y de los precios de venta, lo que hizo aumentar la demanda. Esta época de crecimiento del sector se vio interrumpida por la Guerra de Secesión estadounidense que implicó dificultades para proveerse de materia prima. No obstante, a partir de 1874 se inició una fase de crecimiento promovida por la mecanización del tejido. Este dinamismo del sector algodonero, que permitió la industrialización catalana, no supuso la modernización del resto de la economía nacional.

FERROCARRIL. La construcción del ferrocarril se inició en España a mediados del siglo XIX, existiendo en el país un atraso importante en los medios de transporte respecto a otros países europeos. El primer recorrido ferroviario español, que unía Barcelona y Mataró, fue inaugurado en 1848. La implantación de la red se abordó durante el Bienio Progresista con la Ley General de Ferrocarriles (1855), que abrió una etapa de construcción intensa que se frenó con el hundimiento de la acciones del ferrocarril durante la crisis financiera de 1866. Este hecho, unido a que en muchas regiones escasease la industria y que el volumen de intercambios de mercancías fuese tan escaso que no beneficiase a los promotores ferroviarios, produjo la paralización de las construcciones, las cuales, al reemprenderse, se prolongaron hasta las primeras décadas del siglo XX. La construcción del ferrocarril estaba protegida por el Estado, que ofrecía subvenciones por kilómetro de vía construido (por lo que los trazados se planificaron más por el beneficio de la subvenciones que por la eficacia de la línea). Las grandes inversiones que supuso la construcción del ferrocarril propiciaron la entrada de capital extranjero (especialmente francés). La Ley General de Ferrocarriles presentaba aspectos que perjudicaron a la economía española durante el siguiente siglo: la estructura radial de la red con centro en la capital (que respondía al deseo de centralizar el Estado); la mayor anchura de los carriles, debido al problema técnico de superar la difícil orografía española y que dificultó el comercio con Europa por ser necesario un trasbordo de las mercancías al llegar a la frontera; y la autorización a las compañías para importar libremente los materiales para la construcción, haciendo que el beneficio que hubiese supuesto el aumento de la demanda en el sector siderúrgico y de maquinaria no se produjese, al contrario que en otras economías europeas.

El hecho de que la industria española no estuviese a la altura de la construcción del ferrocarril (con su modesta siderurgia y su inexistente construcción de maquinaria) forzó al gobierno a conceder la construcción del tejido ferroviario a empresas extranjeras (en especial porque una implantación más lenta de la red hubiese frenado dramáticamente la economía por la ineficacia de transportar las mercancías por medios antiguos). Los aranceles que posibilitaron la importación del material destinado a la construcción ferroviaria perjudicaron a los fabricantes nacionales, ya que supusieron una oportunidad desperdiciada de impulsar la industria y hacer prosperar la economía. A pesar de los fallos en la construcción del ferrocarril, éste tuvo indudables efectos positivos en la economía del país, pues facilitó el transporte de personas y mercancías, contribuyó a la exportación y articuló el mercado interior.

MINERÍA Y SIDERÚRGIA. El aumento de la demanda internacional de productos mineros, el avance en las técnicas de explotación y la liberalización de los yacimientos mineros, así como la concesión de la propiedad de las explotaciones a empresas extranjeras (francesas e inglesas, especialmente) por el endeudamiento de la Hacienda, propiciaron el aumento de la producción minera. Sin embargo, el desarrollo minero tuvo escasos efectos sobre el conjunto de la economía debido, seguramente, a la fuerte presencia de compañías extranjeras entre las explotadoras. La minería del carbón se desarrolló especialmente en Asturias, por la riqueza del subsuelo y porque la cercanía de la costa facilitaba el transporte marítimo. A pesar de la baja calidad del carbón, la producción asturiana aumentó; al principio, por lo elevados derechos arancelarios y, cuando dejó de ser competitivo por la liberalización el sector en 1869, mantuvo su crecimiento mediante ayudas estatales (de hecho, fue junto al cultivo cerealista uno de los sectores más protegidos).

Por otra parte, la introducción del convertidor Bessemer que transformaba el hierro en acero a partir de mineral sin fósforo, estimuló la demanda de hierro vasco al presentar esta característica tan escasa en Europa y, además, contaba con la ventaja de la proximidad a la costa. Durante la segunda mitad del siglo XIX se crearon en tierras vascas un gran número de sociedades mineras de capital extranjero y, en ocasiones, nacional cuya producción se destinó principalmente a la exportación (en especial, a Inglaterra vía Cardiff) por la escasa demanda interior. Desde comienzos del siglo XX, la difusión de nuevos métodos para obtener acero redujo la demanda del mineral vasco, pero en la zona ya se había consolidado una floreciente industria siderúrgica. Sin embargo, los primeros intentos de implantación siderúrgica se dieron en Málaga, que fracasó por la dificultad de obtener carbón, y en Asturias, que mantuvo cierta hegemonía por ser la única zona del país con yacimientos carboníferos. Pero con la llegada del coque galés, de mayor calidad y más barato que el obtenido a partir de hulla asturiana, se consolidó la siderurgia vizcaína en detrimento de la asturiana. En las últimas décadas del siglo XIX, se fundaron en Vizcaya las tres grandes empresas españolas del sector, introduciendo el convertidor Bessemer y el horno Martín -Siemens representando rápidamente casi dos tercios de la producción nacional. Fue muy importante, en cuanto a la reducción de gastos de transporte, el eje comercial entre Bilbao y la capital galesa, basado en la exportación de hierro a Inglaterra y la importación de carbón hacia el País Vasco. Cantabria también se beneficio de este hecho abriendo altos hornos. La fusión en ésta época de varias empresas originó la sociedad Anónima Altos Hornos de Vizcaya, la siderúrgica española más importante durante gran parte del siglo siguiente.

Los beneficios de la industrialización vasca permitieron una importante industria de bienes de equipo que se diversificó en construcciones mecánicas, navales y metalúrgicas, fomentando a su vez compañías eléctricas, químicas y de seguros, y reclamando grandes aportaciones de capital representadas por los Bancos Bilbao y Vizcaya. De este modo se conformó el tejido industrial en el País Vasco, el cual estimuló la modernización de la industria española, cosa que no había logrado el sector algodonero catalán.

DIFUSIÓN INDUSTRIAL. A partir del último tercio del siglo XIX, la industria española se diversificó y se extendió a nuevas regiones. No obstante, en aquella época el peso de la industria todavía era escaso a pesar del desarrollo textil y siderúrgico. El resto del sector secundario se basaba en actividades industriales tradicionales vinculadas a la alimentación, el calzado, la cerámica o el vidrio. La necesidad creciente de bienes de equipo en la agricultura y en el sector textil, propició la aparición de las primeras industrias metalúrgicas españolas, que no pudieron competir con los capitales de las empresas extranjeras ni con su tecnología, viéndose España, de hecho, forzada a importar gran parte de la tecnología necesaria para desarrollar su tejido industrial. Con la consolidación de la siderurgia vasca, el hierro fue una materia prima abundante y se asentaron nuevas empresas de construcciones mecánicas y navales. El sector químico, especialmente en Cataluña y la Comunidad Valenciana, experimentó un crecimiento importante gracias a la fabricación de medicamentos, pinturas, explosivos y otros productos.

La transformación económica de este periodo se explica por la introducción de la electricidad y del petróleo como nuevas forma de energía permitiendo a España superar el obstáculo que supuso la escasez de fuentes de energía debido a la mala calidad del carbón nacional. Estos progresos aparecieron en el contexto de la segunda Revolución Industrial y, como en la mayor parte de Europa, la electricidad permitió mecanizar la industria, disminuir los costes, reducir los precios, incrementar la demanda y aumentar la producción. Los avances en el tratamiento del petróleo y en la tecnología motora, supusieron la aparición del automóvil y propiciaron una revolución de los transportes durante la primera mitad del siglo XX de la cual se benefició España. El ferrocarril, el telégrafo y, posteriormente, el teléfono y la radio, supusieron una mejora decisiva en la transmisión de la información.

El crecimiento de la economía española presentaba profundos desequilibrios regionales. Además de los núcleos indústriales tradicionales representados por Cataluña y País Vasco, se sumó a las zonas industrializadas Madrid, cuyo desarrollo se debió a un fuerte crecimiento demográfico y a ser la sede de la Administración Central. Estas regiones eran las únicas cuyo producto interior bruto superaba a la media nacional en 1930, a las cuales se añadieron la Comunidad Valenciana (por su exportación citrícola) y, Castilla y León (ya que la emigración mejoró su estadística).

COMERCIO EXTERIOR Y POLÍTICA ECONÓMICA. Durante el siglo XIX, España aumentó sus intercambios con el exterior. Las principales mercancías exportadas a comienzos del siglo XIX fueron el aceite y el vino, y, en cuanto a las importaciones, tejidos de algodón y lino. A finales de siglo, la principal importación era el carbón y el algodón en rama, y las exportaciones más importantes eran minerales, tejidos de algodón y productos agrarios. Esta relación refleja como a principios de siglo la economía se basaba fuertemente en la agricultura y se importaban manufacturas por la escasa industria nacional; sin embargo, a finales de siglo, aunque todavía tiene un peso predominante la agricultura, se aprecia un incremento industrial puesto que se exportan productos elaborados y se importan materias primas. Durante la década de 1820 se produjo la traumática pérdida de las colonias, lo que orientó el comercio español hacia Francia y Gran Bretaña, cuya avanzada industrialización supuso una importante demanda de productos españoles.

Ante la creciente relación comercial con Europa, en España existían dos posturas enfrentadas durante todo el siglo XIX. Los proteccionistas defendían obstaculizar la competencia exterior para fomentar la producción interior, mientras que los librecambistas abogaban por liberalizar la entrada de productos extranjeros con el fin de estimular la competitividad de la industria española. La política arancelaria del gobierno se rigió por las pautas generales europeas y por la presión ante los sucesivos gobiernos en demanda de protección por parte de las industrias textiles catalanas, los cerealistas castellanos, los sectores mineros asturianos y los siderúrgicos vascos. De este modo se pasó de una etapa librecambista, a una caracterizada por el proteccionismo durante la última mitad del siglo XIX y que obstaculizó las relaciones con el mercado internacional, la incorporación de nuevas tecnologías, la especialización y supuso, en definitiva, un freno, no decisivo pero si importante, del desarrollo industrial español. Las empresas del país tendían a prácticas monopolizadoras, cuyas consecuencias eran el aumento de precios, el descenso de la demanda, el freno del crecimiento y menores posibilidades de las empresas para ser competitivas. La intervención del Estado en esta época fue fuerte y se basó en la implantación de aranceles y en el intervencionismo para reducir los riesgos de las inversiones privadas. Para proteger la producción nacional se dispusieron aranceles y para incentivarla se otorgaron privilegios fiscales, subsidios, primas y pedidos de la Administración. A pesar de que algunas medidas fueron nocivas para la economía, la intervención estatal fue decisiva para la implantación de la tecnología y la mejora del transporte.

VALORACIÓN. Aunque España progresó económicamente en todos los aspectos y se incrementó su industrialización, su desarrollo fue inferior al de otros países europeos (Gran Bretaña, Alemania, Francia, Bélgica,...) debido a múltiples factores como la inestabilidad institucional, el subdesarrollo agrario, la mala estructura fiscal, la falta de iniciativa empresarial, el escaso poder adquisitivo de la población, la excesiva intervención estatal, el perjudicial proteccionismo, etcétera, unidos a una escasez de recursos energéticos, una mala posición geográfica y unas duras condiciones climáticas y orográficas, así como la tardía incorporación al proceso de industrialización y las ocasiones perdidas a lo largo del siglo XIX, especialmente durante la reforma agraria y la construcción del ferrocarril. Sin embargo, el caso español no fue aislado, pues los países de la cuenca mediterránea presentan una evolución similar o inferior.

SOCIEDAD siglo XIX y principios del XX

CLASES DIRIGENTES. La pequeña nobleza (abundante en el Norte y el centro del país), una vez perdidos sus privilegios, se deterioró económica y socialmente. La gran nobleza también perdió sus privilegios, pero conservó la mayoría de sus tierras en forma de propiedad privada y adquirió nuevas tierras durante las desamortizaciones, por lo que se incrementó su poder económico. A finales del siglo XIX, el carácter rentista de la nobleza y su costoso estilo de vida, forzó a esta élite al endeudamiento y a la cesión de parte de sus tierras, por lo que el patrimonio nobiliario decreció, viéndose superado por las fortunas burguesas (muchos nobles optaron por emparentarse con burgueses). La alta nobleza tenía un gran poder proveniente de su riqueza, de la influencia que ejercieron las “camarillas” en la corona durante el reinado moderado isabelino y de que ocupasen los altos cargos del ejército y del Senado. La nobleza mantuvo sus anticuados valores de vivir de las rentas y no se adaptó al liberalismo, siendo imitados por parte de la burguesía.

La revolución liberal fue formando una burguesía, dinámico grupo ligado a las operaciones comerciales y financieras (que apareció a finales del s. XVIII). Durante el siglo XIX, activos grupos de negociantes liberales fueron los inversores en Deuda Pública y en la Bolsa (especialmente con el ferrocarril), logrando engrandecer sus fortunas. Gran parte de esta burguesía, en lugar de sentirse atraída por la inversión industrial, consiguieron tierras provenientes de la desamortización y se convirtieron en rentistas. Se trataba de la burguesía del Norte y de Andalucía, cuyo centro y residencia era Madrid (durante el reinado isabelino el centro de negocios y de poder fue la capital). La burguesía industrial (limitada a Cataluña y País Vasco, únicas regiones industriales), se preocupó por conseguir del Estado políticas proteccionistas para sus productos. Su escaso número y poder económico en comparación con la burguesía terrateniente, dificultó la implantación de una sociedad industrial en lugar del capitalismo agrario defendido por la burguesía terrateniente. En la sociedad isabelina se formó una relación entre las clases dirigentes: la burguesía aportaba el dinero y la innovación que suponía el derecho y la propiedad, y la nobleza, el pasado y el prestigio social. Muchos burgueses intentaron conseguir un título mediante matrimonios o comprándolo. El peso de los terratenientes consolidó un modelo rentista, en lugar del modelo emprendedor del burgués industrial (abundante en otros países). En Cataluña, y posteriormente en las zonas industriales del norte, los valores del trabajo, el esfuerzo y la austeridad se convirtieron en predominantes. No obstante, la ostentación de riqueza por parte de los burgueses expresaba las aspiraciones de reconocimiento social.

La clase media era un conglomerado que agrupaba a propietarios, comerciantes, pequeños fabricantes, profesionales liberales (abogados, notarios, arquitectos, médicos,...) y empleados públicos (maestros, oficinistas,...), cuya riqueza era muy inferior a la de las clases dirigentes. Su escaso número evidencia la polarización de la sociedad, la escasa industrialización y urbanización, y explica la violencia que tendrá la lucha social. Las clases medias pretendían imitar el estilo de vida de los grupos poderosos, y compartían sus formas de ocio y nivel de instrucción. Eran conservadoras y defendían la propiedad.

El papel de la mujer en las clases altas y medias era el matrimonio, el hogar y las relaciones sociales; su educación era acorde con este fin, pero a partir del Sexenio Democrático aumentó la demanda femenina de educación, pero siguieron alejadas de las universidades. Las mujeres de las clases populares trabajaban como los hombres. Las formas de ocio pasaron a comercializarse (las élites frecuentaban teatros de ópera, cafés, restaurantes, bailes,... y las corridas de toros continuaron siendo la diversión popular). El peso de la Iglesia siguió siendo muy importante, a pesar de que sectores liberales demandaban una laicización de la sociedad y las clases trabajadoras eran anticlericales (al asociar la Iglesia con los grupos poderosos).

CLASES POPULARES. Abarca los grupos desfavorecidos durante la revolución liberal: grupos urbanos, artesanos, campesinos pobres, jornaleros sin tierras y el proletariado.

Las clases bajas urbanas estaban formadas por mujeres que trabajaban en el servicio doméstico (la inmensa mayoría de las mujeres de clase baja, al contrario de las de clase alta, trabajaban), mozos de comercio y pequeños tenderos. El crecimiento urbano permitió la concentración en las ciudades de trabajadores de servicios (empleados de limpieza, alumbrado, transporte, administración, comercio,...) que bordeaban el límite entre las clases medias y las populares. Aunque los privilegios gremiales desaparecieron en la década de 1830, continuó habiendo una fuerte presencia artesana tanto en el medio rural como en las ciudades (en gran parte de España realizaban la mayoría de los productos manufacturados).

La disolución del régimen señorial y las desamortizaciones no alteraron la estructura de la propiedad de la tierra; aunque permitieron la copra de propiedades por parte de agricultores acomodados y burgueses urbanos, la tierra se volvió a concentrar en pocas manos. Los señores conservaron, de forma reforzada con el reconocimiento de propiedad privada, sus tierras en Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura. En Cataluña y Valencia, muchos arrendatarios enfitéuticos accedieron a la propiedad (formándose un grupo de medianos y pequeños agricultores). Desaparecida la servidumbre jurídica del antiguo régimen, los campesinos continuaron sometidos al poder del cacique, a cambio de trabajo, arriendo de tierras, mínima protección,... La situación del campesinado era compleja; existía el pequeño propietario, el arrendatario, el mozo permanente y el jornalero sin tierras. La reforma agraria dio lugar a un amplio grupo de campesinos sin tierra (o parcelas pequeñas) que vivían como jornaleros soportando duras condiciones de vida y bajos salarios. El “hambre de tierras” no se corrigió con la reforma agraria y se acentuó con la privación de las tierras concejiles. Su presencia era predominante en la zona del latifundio (Sur del Tajo). Gran parte del grupo tan solo trabajaba parte del año (siembra, recolección,...), por lo que sufrían paro estacional. La pobreza obligaba a trabajar (por un salario aún más bajo) a las mujeres y los hijos de los jornaleros. El número de jornaleros aumentó en la primera mitad del siglo XIX por el crecimiento demográfico del grupo, por la transformación de parte de los antiguos campesinos de las tierras señoriales en jornaleros y porque (sobre todo en el sur) los pequeños agricultores, agobiados por las deudas, sucumbieron ante la demanda de tierra de los labradores acomodados y los nuevos terratenientes.

El proletariado surge con la nueva organización del trabajo producida por el proceso de industrialización. El limitado proceso de industrialización en España supuso que el número de obreros fuese menor que en Europa, concentrándose en Cataluña y aumentando su presencia a medida que la industrialización se expandía a otras zonas (País Vasco, Asturias, Valencia,...). El patrón compraba la fuerza de trabajo de un obrero a cambio de un salario (no existía ninguna ley que regulase la situación al principio de la industrialización). Las jornadas laborales eran de 12 a 14 horas (todos los días del año) en establecimientos insalubres. Mujeres y niños eran habitualmente empleados en las fábricas (cobraban un salario inferior al de los hombres).

LOS PRIMEROS MOVIMIENTOS SOCIALES. El aumento de la población asalariada en el campo, mientras el trabajo y los recursos se mantenían estables, provocó un grave problema social. Desde principios de siglo, los campesinos sin tierras protagonizaron manifestaciones espontáneas de rebeldía (destrucción de cosechas, bandolerismo,...). Algunos campesinos presentaron pleitos y se negaban a pagar tierras, pero los tribunales fallaban a favor de los terratenientes, lo que aumentó la radicalización. A partir de la nueva desamortización que hizo pasar la mayoría de las tierras comunales a manos privadas durante el Bienio Progresista (1854-1856), las insurrecciones agrarias se convirtieron en una constante en el campo andaluz (donde había hambre crónica durante las malas cosechas). Los levantamientos consistieron en quema de cosechas y escrituras, matanzas de ganado, ocupaciones de tierras y su reparto entre los jornaleros,... A mediados del siglo XIX, tuvo lugar en Andalucía, Aragón y Castilla un fuerte movimiento de ocupación de tierras y en Sevilla hubo revueltas en algunos pueblos. Numerosos campesinos se alzaron en varias provincias andaluzas y formaron un ejército, pero la falta de apoyo político hizo fracasar el movimiento. El afán de tierras continuó y los movimientos campesinos se prolongaron durante más de medio siglo.

Las primeras manifestaciones de protesta obrera tuvieron lugar a partir de 1830 (quema de telares mecánicos en Alcoy, incendio del Vapor Bonaplata en Barcelona) y se basaron en el ludismo (destrucción de máquinas al responsabilizarlas de la pérdida de puestos de trabajo). La mala situación de los trabajadores se debía al desigual reparto de beneficios y salarios, por lo que intentaron cambiar la situación laboral utilizando la unidad de acción y la huelga. El primer sindicato (la Sociedad de Tejedores, fundada en Barcelona en 1840) nació al organizarse los tejedores ante la decisión de los fabricantes de alargar el tamaño de las piezas sin aumentar el salario. Los primeros sindicatos agrupaban a los trabajadores por oficios, reivindicaban mejoras laborales y funcionaban como Sociedades de Protección Mutua. El sindicalismo se desarrolló durante los años cuarenta a pesar de la oposición de los empresarios y del gobierno 8que prohibieron las asociaciones obreras).

La mayor tolerancia del gobierno del Bienio Progresista permitió que proliferase el obrerismo y la subida del precio de los alimentos estimuló las reivindicaciones. Durante el Bienio, tuvo lugar en Barcelona la primera huelga general, la cual reivindicaba el derecho a asociación, la fijación de la jornada laboral,... y culminó con la creación de un comité de patronos y obreros que acordó el aumento de los salarios. A partir de esta época, se asentó el sindicalismo de clase y la huelga.

ANARQUISMO Y SOCIALISMO (1868-1898). La entrada del socialismo en España se produjo a través de Cádiz, el cual promovía un orden social más justo. En Andalucía, Madrid y Barcelona surgieron núcleos socialistas. El republicanismo federal encontró un amplio apoyo de las clases medias y populares. Durante el Sexenio Democrático (1868-1874) los federales defendieron un programa el régimen republicano, la descentralización y mejoras laborales. La falta de apoyo político y la no satisfacción de parte de sus reivindicaciones condujeron a sectores obreros hacia el anarquismo y el socialismo.

Durante el sexenio Democrático (1868-74), la nueva situación de tolerancia permitió la expansión del movimiento obrero y la llegada del socialismo y el anarquismo. La Primera Internacional (creada por Karl Marx, defensor de la lucha de clases y el comunismo) empezó a ser conocida en España por Fanelli (enviado por el anarquista Bakunin). Fanelli fundó los primeros núcleos de la AIT y difundió los ideales bakuninistas como si fuesen los de la AIT, lo que ayudó a arraigar en el proletariado catalán y el campesinado andaluz las idas anarquistas pensando que se trataban del programa de la AIT. En el Congreso de Barcelona (1870) se fundó la Federación Regional Española (FRE) de la AIT, donde se acordó la necesidad de preparar al obrero para la revolución, la huelga como medio de acción y el carácter apolítico del movimiento. La dirección española de la AIT recaía en un Congreso Federal, y en su momento de máxima expansión (1873) contaba con 40000 afiliados y más de doscientas federaciones (Cataluña, Valencia, Andalucía,...). Las ideas marxistas llegaron a España por medio de Lafargue, que impulsó grupos marxistas que desarrollaron (a través del periódico La Emancipación) una campaña del marxismo. Las discrepancias entre marxistas y bakuninistas culminaron con la escisión de la FRE y la fundación por parte de los marxistas de la Nueva Federación Madrileña. El internacionalismo tuvo su momento álgido durante la Primera República, cuando los anarquistas adoptaron una postura insurreccional para provocar el derrumbe del Estado. Con la Restauración, las organizaciones obreras fueron declaradas ilegales y hubo una gran represión (forzándolas a la clandestinidad y haciendo que la Internacional perdiese fuerza). El ascenso de los liberales en 1881, permitió volver a la legalidad y expandirse a los movimientos obreros.

La FRE (bakuninista, de mayor implantación en Cataluña y Andalucía) cambió de nombre (para adaptarse a la nueva legalidad que prohibía las asociaciones internacionales), aumentó su número de afiliados y desarrolló una acción sindical reivindicativa. Los desacuerdos internos y la represión favorecieron que parte de los anarquistas optara por la acción directa, atentando contra los pilares del capitalismo (Estado, burguesía e Iglesia). Los actos más destacados de violencia fueron: atentados contra personajes claves de la Restauración (Cánovas, Martínez Campos), bomba en el Liceo de Barcelona (ataque a la burguesía) o contra la procesión del Corpus (símbolo eclesiástico). Los atentados se respondieron con gran represión indiscriminada, la cual provocó una espiral de violencia que culminó con los procesos de Montjuïc (en los que fueron ejecutados 5 anarquistas). El anarquismo se dividió entre los partidarios de la acción directa y los que propugnaban la acción de masa; estos últimos planteaban una revolución social a medio plazo y la fundación de organizaciones sindicales (a principios de siglo fundaron Solidaridad Obrera y la CNT).

La Nueva Federación Madrileña (marxista), se convirtió en el origen del Partido Socialista Obrero Español (fundado por Pablo Iglesias, 1879) e impulso la creación de un sindicato socialista (la Unión General del Trabajadores). Los socialistas tuvieron mayor presencia en Madrid, Asturias y Vizcaya. El PSOE era un partido marxista partidario de la revolución social y que presentaba un programa que incluía el derecho de asociación, reunión y manifestación, el sufragio universal, la reducción de la jornada laboral y otras medidas sociales. El partido se afilió a la Segunda Internacional, protagonizó huelgas y consiguió concejales en algunos ayuntamientos, obteniendo su primer diputado en 1910. La UGT era un sindicato de masas que se organizaba en secciones por oficios. Aunque la UGT era independiente del partido, estuvieron muy vinculados, y elaboró un programa reivindicativo de mejoras laborales defendiendo la negociación colectiva y la huelga.

Las duras condiciones de vida de la clase obrera empezaron a concienciar a los liberales de que el gobierno debía regular las relaciones laborales. Con este fin se creó la Comisión de Reformas Sociales (para informar sobre la condición obrera y regularla), se aprobaron leyes contra el trabajo infantil y se crearon asilos y barriadas para obreros.

SINDICALISMO Y CONFLICTIVIDAD OBRERA (principios del s. XX). En las primeras décadas del siglo XX aumentaron los militantes sindicales (aunque su número sólo era importante en las zonas industriales). Las viejas federaciones se convirtieron en sindicatos de masa, pero seguían sin tener influencia en la vida política. El nuevo siglo se inició con un ciclo de agitaciones obreras con mayor incidencia en Cataluña (1902, huelga general en Barcelona), Valencia, Andalucía, Asturias, Castilla, País vaso y Madrid. Estos conflictos tenían el fin de oponerse a la pérdida de capacidad adquisitiva obrera, y reclamaban la jornada laboral de 8 horas y el reconocimiento de los sindicatos.

El sindicalismo socialista (UGT) tuvo un crecimiento de afiliación debido a la ausencia de una ideología rígida (su incidencia fue mayor en Madrid y el Norte).

El impulso del anarquismo resultó importante en Cataluña, donde se creó Solidaridad Obrera (federación obrera, apolítica y favorable a la lucha revolucionaria). Solidaridad Obrera contó con su propia prensa y fundó la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), logrando implantarse en Cataluña, Andalucía y Valencia. La CNT era revolucionaria y apolítica, y se basaba en la independencia del proletariado, la necesidad de unidad sindical y la voluntad de derribar el capitalismo; la acción debía llevarse a cabo por medio de huelgas y boicots que culminasen en una huelga general revolucionaria.

La legislación laboral comenzó a formarse a partir de 1900, mediante la promulgación de leyes y reglamentos que regulasen las condiciones de trabajo (estas medidas eran tímidas y de escaso cumplimiento, por la inexistencia de una inspección de trabajo y unos tribunales laborales eficaces). Las organizaciones obreras tomaron conciencia, ante la indiferencia de las autoridades, de la necesidad de educación, convirtiéndola en un instrumento de liberación de la clase obrera. Se impulsó la creación de Ateneos Obreros (lugares de reunión donde se realizaban actividades lúdicas o educativas), de la Escuela Moderna (creada por Francisco Ferrer y Guardia), de la Escuela Nueva (creada por el PSOE) y de Casas del Pueblo (impulsadas por el PSOE).

VALORACIÓN. Los cambios económicos derivados del proceso de reforma agraria y de la industrialización dieron lugar a la configuración de una nueva sociedad de clases, en la que desaparecían los estamentos. La revolución liberal transformó las relaciones sociales al hacer desaparecer los privilegios e igualar a todos los ciudadanos ante la ley. Debido a esta desaparición de los privilegios señoriales y de las diferencias jurídicas, las diferencias y enfrentamientos de clases son por motivos económicos. La riqueza se convirtió el factor básico de definición social, existiendo un acusado contraste entre burgueses y propietarios y las clases populares.

La RESTAURACIÓN MONÁRQUICA (1875-1902)

FUNDAMENTOS DE LA RESTAURACIÓN. El pronunciamiento de Martínez Campos (1874) supuso la restauración de la monarquía en la persona de Alfonso XII (hijo de Isabel II). El sistema político (diseñado por Cánovas y basado en la Corona, los partidos dinásticos y el ejército) tenía un carácter conservador y se asentaba en un sistema parlamentario liberal, pero escasamente democrático. La Restauración fue bien recibida por los conservadores, atemorizados por la radicalización del Sexenio y del obrerismo, con la esperanza de que la monarquía devolviese la estabilidad, y redujese el intervencionismo militar en la política y la proliferación de enfrentamientos civiles. El nuevo sistema se basó en la Constitución de 1876 (moderada e inspirada en la de 1845) la cual defendía los valores tradicionales, la religión y la propiedad, y era compatible con la incorporación de algunos de los principios democráticos del Sexenio. La Constitución establecía la soberanía compartida entre las Cortes y la Corona (a la que se le otorgaba el poder legislativo junto con las Cortes y el nombramiento de ministros). Las Cortes se dividían en 2 cámaras (el Congreso de los diputados y el Senado) y se proclamó la confesionalidad católica del Estado (restableciendo el presupuesto al clero). Contaba con una gran declaración de derechos que se remitía a leyes que tendían a restringirlos (especialmente, los de imprenta, expresión, asociación). La Corona era considerada incuestionable y su papel era ejercer de árbitro político y garantizar la alternancia en el poder. El poder debía ser alternado entre los grandes partidos dinásticos (el conservador y el liberal), que renunciaban a los pronunciamientos. Al ejército se le quería alejar de la vida política, por lo que se estableció la supremacía del poder civil sobre el militar (pero otorgando al ejército libertad absoluta en sus asuntos internos), y se potenció al rey como su símbolo. La despolitización del ejército fue aparente, pues se acabó convirtiendo en un instrumento de presión sobre la vida civil.

La Restauración Borbónica privó a los carlistas de su hipotética legitimidad y el ejército bajo el mando de Martínez Campos forzó la rendición de los carlistas en Cataluña, Aragón y Valencia (el conflicto continuó en el País Vasco y Navarra hasta su total rendición en 1876). La derrota carlista supuso la abolición del régimen foral, quedando los vascos sujetos a los impuestos y al servicio militar comunes a España (se estipuló cierta autonomía fiscal). El fin del carlismo permitió el envío de nuevas tropas a Cuba (donde se puso fin al conflicto tanto por la acción militar como por las negociaciones). La Paz de Zanjón (1878) incluía una amnistía, la abolición de la esclavitud y la promesa de reformas políticas que permitiesen a Cuba tener diputados en las Cortes (el retraso o incumplimiento de estas reformas provocaría posteriores insurrecciones). El fin de la guerra carlista y cubana favoreció la estabilidad del régimen.

ALTERNANCIA EN EL PODER Y OPOSICIÓN. Los dos grandes partidos, el conservador y el liberal, coincidían en lo fundamental: defendían la monarquía, la constitución, la propiedad privada y la consolidación del Estado liberal y centralista. Ambos eran los partidos de las élites económicas y las clases medias (aunque lo terratenientes eran más entre los conservadores y los profesionales entre los liberales). El Partido Conservador (Cánovas del Castillo) aglutinó los sectores más conservadores y el Partido Liberal (Sagasta) reunió a antiguos progresistas, unionistas y algunos ex republicanos moderados. Los conservadores eran más proclives al inmovilismo y a la defensa de la Iglesia, mientras los liberales estaban más inclinados al reformismo progresista y laico. El gobierno se ejercía mediante un turno pacífico y regular entre ambos para asegurar la estabilidad mediante la participación de las dos ramas del liberalismo. Cuando el partido en el gobierno sufría un desgaste político, el rey llama a la oposición a formar gobierno, el líder de la cual convocaba elecciones para obtener una mayoría con la que gobernar de forma estable. Esta alternancia fue posible gracias a un sistema electoral corrupto que se valía de la influencia de los caciques. El ministro de Gobernación elaboraba la lista de los candidatos que debían salir elegidos y los alcaldes y caciques garantizaban su elección. Para conseguir la elección del candidato se adulteraban los resultados (pucherazo) mediante la falsificación del censo, manipulación de actas, compra de votos y amenaza al electorado y a la oposición. Los caciques eran individuos que, por su poder económico e influencias políticas, controlaban una determinada zona rural, donde la población estaba sujeta al cacique que hacía certificados, controlaba el sorteo de las quintas, proponía el reparto de las contribuciones, podía resolver o complicar los trámites burocráticos y proporcionaban puestos de trabajo. Con favores de este tipo recompensaban los caciques la fidelidad electoral y el respeto a sus intereses. El fraude electoral se apoyaba en el trato favorable a los distritos rurales (donde era mayor la influencia caciquil) y a la abstención de gran parte de la población (por no sentirse representados y por el desencanto de la oposición en participar en el proceso electoral).

El turno dinástico funcionó regularmente hasta 1898, cuando la crisis erosionó a los partidos dinásticos. A partir de entonces, en algunas ciudades grandes las fuerzas de la oposición se hicieron con el poder, pero el turno (aunque desprestigiado) duró hasta 1923. El partido conservador se mantuvo en el gobierno desde 1875 hasta 1881. Tras la muerte de Alfonso XII (1885), el temor a la desestabilización del sistema impulsó a conservadores y liberales a acordar un gobierno liberal en el Pacto del Prado. Maria Cristina asumió la regencia hasta 1902, cuando su hijo Alfonso XIII alcanzó la mayoría de edad. Durante el Gobierno largo de los liberales (1885-1890), Sagasta tuvo la oportunidad de hacer varias reformas: abolición de la esclavitud, Ley de asociaciones y sufragio universal masculino (el cual no permitió democratizar el sistema por el control electoral).

El sistema de la Restauración marginaba a amplios sectores de la sociedad, por lo que se concedió un reducido espacio parlamentario a la oposición más acomodadiza y se marginó a los más radicales. La dirección del carlismo, tras su fracaso bélico, optó por el exilio a Francia y por las conspiraciones. No obstante, los carlistas carecían de capacidad suficiente para realizar nuevos levantamientos y, en ocasiones, colaboraron en las insurrecciones republicanas. Un sector del carlismo de carácter integrista creó el Partido Tradicionalista, que defendía el antiliberalismo, la tradición y la Iglesia. El republicanismo debió enfrentarse al desencanto de sus seguidores, a la represión y a la división interna. Parte del republicanismo fundó el Partido Posibilista (Castelar) y optó por participar en la Restauración con un papel testimonial; los sectores más radicales formaron el Partido Republicano Progresista (Ruiz Zorrilla), que protagonizó pronunciamientos pero sin contar con apoyo popular; el resto del republicanismo unitario se organizó alrededor de Salmerón y los federales (más numerosos) siguieron a Pi i Margall. La introducción del sufragio universal (1890) significó la revitalización del republicanismo y estimuló su reunificación con la creación de Unión Republicana, pero el hecho de que el movimiento obrero se identificase más con el internacionalismo les privó de gran parte de su base social.

NACINALISMOS. Durante la Restauración, emergen movimientos de carácter nacionalista como reacción a las pretensiones centralistas que no respetaban las culturas regionales.

-Catalanismo: en 1830 (dentro del Romanticismo y de una España liberal incapaz de desarrollarse económicamente) surgió en Cataluña un movimiento cultural y literario sin aspiraciones políticas, cuya finalidad era la recuperación de la lengua y de la cultura catalana (la Renaixença). Las primeras aspiraciones políticas catalanas surgieron con la creación del Centre Català por parte de Valentí Almirall, que pretendía la autonomía, denunciaba la opresión catalana y reclamaba armonía entre los intereses de las distintas regiones españolas. Un grupo de intelectuales (contrarios al progresismo de Almirall) fundaron Unió Catalanista, de tendencia conservadora y cuyo programa (fijado en las Bases de Manresa) defendía una organización confederal de España y soberanía interna en Cataluña. La convergencia de interese entre los catalanistas y la burguesía industrial, cuajó en la creación de la Lliga Regionalista (1901), que presentaba un programa conservador centrado en la lucha contra el corrupto sistema de la Restauración y a favor de la autonomía de Cataluña.

-Nacionalismo Vasco: en el País Vasco la abolición de los fueron (tras la ultima guerra carlista) dio origen a una corriente que reclamaba los derechos forales. Por otra parte, la industrialización supuso una fuerte inmigración que fragmentó a la sociedad vasca y supuso el fortalecimiento de una corriente de defensores de la lengua y la cultura vascas (euskeros). Sabino Arana formuló los principios del nacionalismo vasco y fundó el Partido Nacionalista Vasco (1894), que se articulaba en torno a los principios de la raza vasca, los fueron y la religión. Defendían la vieja sociedad de forma tradicionalista y antiliberal, reclamando también los fueros. Más tarde, abandonaría los postulados independentistas para impulsar la creación de un partido autonomista.

-Galleguismo: por ausencia de una burguesía, el regionalismo fue más débil y tardío en Galicia, pese a contar con una población campesina con lengua y cultura muy arraigadas. A mediados del siglo XIX se inició O Rexurdimento, que supuso el redescubrimiento de la literatura gallega. Unas minorías cultas responsabilizaban a la subordinación política gallega de su atraso económico (que forzaba a la emigración). Durante la última etapa de la Restauración, el galleguismo fue adquiriendo un carácter político aunque el movimiento fue minoritario.

-Otros nacionalismos: El valencianismo adquirió cierta importancia con la creación de València Nova y Juventut Valenciana, primeros pasos hacia la creación de un movimiento político. En Andalucía comenzó a forjarse un nacionalismo alrededor del Ateneo de Sevilla, al que Blas Infante dio un gran impulso pero no consiguió tener influencia política.

LAS GUERRAS COLONIALES. Entre la Paz de Zanjón y el inicio de la última guerra cubana se produjo la Guerra Chiquita (1879), pero los gobiernos españoles tuvieron casi dos décadas para introducir las reformas prometidas a Cuba. El período idóneo para hacer concesiones fue el Gobierno largo de los liberales, pero la única medida que acabó aprobándose fue la abolición de la esclavitud (1888), ya que las propuestas de dotar de autonomía a la colonia fueron rechazadas en las Cortes. Las tensiones aumentaron con la oposición Cubana a los fuertes aranceles proteccionistas que España imponía para obstaculizar el comercio con Estados Unidos (principal comprador de productos cubanos). El proteccionismo sobre Cuba se reforzó con el arancel de 1891, que creó gran malestar en la isla y en EE UU.

José Martí fundó el Partido Revolucionario cubano, protagonista de la revuelta independentista de 1895 (grito de Baire). La insurrección comenzó en la parte oriental de la isla y entre sus dirigentes contó con Antonio Maceo y Máximo Gómez, que consiguieron extender el conflicto a la parte oriental. El gobierno (presido por Cánovas) respondió enviando el ejército bajo el mando de Martínez Campos. La falta de éxitos decidió el relevo de Martínez Campos por Valeriano Weyler, que empleó métodos más contundentes para acabar con la insurrección (aislar en aldeas cerradas a la población campesina de las tropas insurrectas). La dificultad de proveer de alimentos y asistencia médica produjo una elevada mortalidad civil y militar; además, la guerra resintió la economía cubana. El nuevo gobierno liberal decidió probar una estrategia de conciliación, concediendo a Cuba la autonomía, el sufragio universal, la igualdad de derechos y la autonomía arancelaria. Pero las reformas eran tardías y los independentistas (apoyados por EE UU) se negaron a aceptar el fin de las hostilidades. Al mismo tiempo, se produjo la insurrección de Filipinas (donde la presencia española era menor). El levantamiento filipino fue reprimido y su dirigente (José Rizal) fue ejecutado. En 1898, EE UU declaró la guerra a España tras el hundimiento del Maine. Los americanos intervinieron en Cuba y Filipinas, derrotando a la flota española en Cavite (Filipinas) y Santiago (Cuba). La intervención americana en Filipinas propició un nuevo alzamiento que finalizó con la expulsión de los españoles. En 1898 se firmó la Paz de París, que significó el abandono por parte de España de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que quedaron bajo control americano.

LAS CONSECUENCIAS DEL 98. La derrota de 1898 sumió a la sociedad en un estado de frustración, ya que significó el fin del mito del imperio español (en un momento en que las potencias europeas forjaban imperios coloniales) y la relegación de España a un papel secundario. La prensa extranjera presentó a España como una nación moribunda, con un ejército ineficaz y un sistema político corrupto (esta imagen cuajó en la sociedad). No hubo una crisis política (como se había vaticinado) y el sistema de la Restauración sobrevivió adaptándose a la nueva situación. Tampoco hubo crisis económica y, de hecho, durante los primeros años del nuevo siglo se redujo la Deuda Pública y aumentaron las inversiones de capital repatriado. A pesar de la envergadura del desastre, la estabilidad económica y política pone de manifiesto que la crisis fue más moral e ideológica que real. La burguesía industrial tomó conciencia de la incapacidad de los partidos dinásticos de desarrollar una política renovadora, por lo que apoyaron la expansión de los movimientos nacionalistas (País Vasco y Cataluña).

La crisis colonial favoreció la aparición de movimientos que criticaron el sistema de la Restauración y propugnaron la necesidad de una regeneración y modernización de la política española, los cuales se basaron en las ideas de Joaquín Costa, que proponía dejar atrás los mitos de un pasado glorioso, modernizar el país y alfabetizar a la población (“escuela, despensa y siete llaves al sepulcro del Cid”). También defendía la desmantelación del sistema caciquil y la transparencia electoral. Tras el desastre, apareció la generación del 98, un grupo de intelectuales (Unamuno, Valle Inclán,...) caracterizado por su pesimismo y su crítica al atraso español. La derrota militar supuso un cambio en la mentalidad del ejército, que se volvió más autoritario y comportó el retorno del éste a la vida política, ya que veían en la ineficacia de los políticos la razón de la derrota.

El gobierno de Sagasta estaba desgastado y la Regente llamó al gobierno al nuevo líder conservador, Francisco Silvela, el cual mostró cierta voluntad de renovación dando entrada a figuras regeneracionistas (como el general Polavieja). Se inició una política reformista con proyectos de descentralización administrativa y aumento de los impuestos sobre los productos básicos. Estos impuestos provocaron huelgas y los ministros dimitieron ante las dificultades de reformar, perdiéndose el espíritu regeneracionista. El sistema de la Restauración demostró ser capaz de adaptarse a intentos de renovación y sobrevivió al desastre, quedándose en nada las promesas de renovación.

Valoración. La Restauración constituyó un largo período que se extendió desde el pronunciamiento de Martínez Campos (1874), hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera (1923), con una importante inflexión en 1898. Fue una época de estabilidad constitucional, modernización económica y alejamiento del ejército de la vida política, pero sustentado en el dominio de la burguesía oligárquica, el caciquismo y el fraude electoral. El “desastre” del 98 hizo tambalearse los cimientos del corrupto sistema, planteando la necesidad de reformas destinadas a regenerar la política y la sociedad del país.

CRISIS de la RESTAURACIÓN (1902-1931)

FUERZAS POLÍTICAS. En 1902, Alfonso XIII llega al trono y se inicia la segunda etapa de la Restauración, en la que se intentó modernizar el sistema político (pero el miedo a la democratización plena freno la reforma del sistema, y éste entró en su quiebra). Con Antonio Maura (conservador) y José Canalejas (liberal), llegó al gobierno una nueva generación de político influidos por el regeneracionismo. En el “gobierno largo” de Maura se intentó llevar a cabo la “revolución desde arriba”, un intento de regenerar el sistema a partir de la formación de una clase política que contase con el apoyo de las “masas neutras” (el pueblo), a partir del cual crear un Estado capaz de gobernar eficazmente, de desbancar a los caciques e impedir que las clases populares cobrasen excesivo protagonismo. Con este fin se llevó a cabo una reforma electoral (1907, que no consiguió acabar con la corrupción pero hizo más difícil el fraude), una política social (creación del Instituto Nacional de Previsión y Ley del descanso dominical) y exigió mayor independencia del poder ejecutivo respecto a la Corona. Maura integró al catalanismo en su proyecto, al conceder más autonomía a los ayuntamiento y diputaciones y reconocer las regiones. Tras el gobierno de Maura, José Canalejas formó un gobierno liberal que proponía la modernización de la vida política, la reforma del financiamiento eclesiástico y la separación de la Iglesia del Estado (Ley del Candado, 1910, que ponía coto a las órdenes religiosas). En política social, se llevó a cabo la sustitución del impuesto de consumos por un impuesto progresivo sobre la renta (lo cual trajo consigo la protesta de las clases acomodadas), la reforma de la Ley de reclutamiento (que era obligatorio en tiempos de guerra y se suprimía la redención) y se promulgó una serie de leyes para mejorar las condiciones laborales (normativa sobre el trabajo de la mujer). Canalejas continuó la política de acercamiento a los catalanistas (convencido de que su incorporación al sistema afianzaría su estabilidad) elaborando la Ley de Mancomunidades (que aceptaba la unión de diputaciones y que fue aprobada en 1914, tras el asesinato de Canalejas y estando en el gobierno el conservador Dato).

El no haber aprovechado la crisis del 98 para poner fin a los partidos dinásticos colocó a las fuerzas de la oposición ante la necesidad de renovar sus idearios y sus líderes. El republicanismo la principal minoría parlamentaria opositora; para dar unidad a este republicanismo se nació Unión Republicana (agrupaba a diferentes grupos republicanos bajo la figura de Salmerón), la cual consiguió cierto éxito pero las disidencias internas la llevaron al declive. La mayores discrepancias las planteó Lerroux, quien creó su Partido Radical con un discurso demagógico y revolucionario (consiguió influir sobre las clases populares barcelonesas, pero tras la Semana Trágica perdió su influencia). Vicente Blasco Ibáñez impulsó el blasquismo, un movimiento populista y anticlerical que consiguió controlar el Ayuntamiento de Valencia. El PSOE colaboró con otras fuerzas de izquierdas sin renunciar a sus principios revolucionarios, pactando una alianza entre distintas tendencias republicanas (excepto Lerroux); de esta forma consiguieron los socialistas su primer diputado en el congreso (Pablo Iglesias, 1910).

La GUERRA de MARRUECOS y la SEMANA TRÁGICA. España inició su penetración en el norte de África con la conferencia de Algeciras (1906) y el Tratado Hispano-francés (1912). Bajo el influjo de Gran Bretaña (que deseaba limitar la presencia francesa en el norte de África) se estableció un protectorado franco-español en Marruecos (a España se le concedió la franja norte, el Rif, y los enclaves atlánticos Ifni y Río de Oro). El interés español por esta zona era por los beneficios económicos y por la voluntad política de restaurar el prestigio militar. La presencia española en esta zona estuvo contestada por las tribus beréberes mediante constantes ataques de los rifeños, los cuales obligaron a mantener un fuerte contingente militar que se intensificó cuando en unas operaciones militares en Melilla los rifeños derrotaron a las tropas españolas. Se decidió entonces enviar a Marruecos tropas integradas por reservistas (muchos de ellos casados).

Si el sistema de reclutamiento y la guerra ya eran impopulares, el envío de los reservistas fue la chispa que provocó un importante movimiento de protesta que se inició en el puerto de Barcelona (1909, mientras se realizaba el embarque de tropas a Marruecos). La revuelta se prolongó durante una semana y se constituyó un comité de huelga (con participación republicana, socialista y anarquista) que hizo un llamamiento a la huelga general. Ésta acabó siendo un estallido espontáneo de las tensiones sociales acumuladas que multiplicó los incidentes callejeros (se levantaron barricadas, hubo enfrentamientos con las fuerzas del orden y un sentimiento anticlerical desembocó en el ataque a iglesias). Las autoridades respondieron declarando el estado de guerra y enviando refuerzos. Hubo heridos y muertos, por lo que el movimiento se radicalizó y derivó en una insurrección descontrolada. Cuando el ejército puso fin a la revuelta, la represión fue muy dura y numerosos anarquistas fueron responsabilizados arbitrariamente. Centenares fueron detenidos y 5 ejecutados (entre ellos Francisco Ferrer y Guardia, que no participó directamente en los hechos pero fue acusado de ser su inspirador ideológico).

La fuerte represión levantó protestas en Europa y Maura se enfrentó a una dura crítica liberal y republicana que exigía su dimisión. La oposición a Maura consiguió que Alfonso XIII traspasara el gobierno a los liberales. En Cataluña, las fuerzas de izquierda acusaron a la burguesía y a la Lliga Regionalista de haber apoyado la represión contra republicanos y obreros. De ahí se formó un nacionalismo republicano y socialista que se concretó en la fundación de la Unión Federal Nacionalista Republicana (1910). La Semana Trágica contribuyó al acercamiento republicano-socialista y al nacimiento del Partido Reformista de M. Álvarez (1912). El ambiguo papel de los republicanos lerrouxistas acentuó el desencanto obrero frente al republicanismo, y muchos se pasaron a las filas anarcosindicalistas.

La PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914-1918) y la SITUACIÓN de 1917. En 1913, Alfonso XIII nombró presidente al conservador Dato. España se mantuvo neutral frente a la Primera Guerra Mundial (por el tradicional aislamiento y escasa importancia militar).

-Consecuencias económicas: la neutralidad propició una expansión económica, ya que la guerra redujo la productividad de los contendientes y España se convirtió en suministradora de productos. El incremento de la demanda exterior estimuló el crecimiento de la producción, pero también aumentaron los precios y, en consecuencia, la inflación (aumentaron enormemente los precios de los productos de primera necesidad, especialmente, el trigo), que conllevó un empeoramiento del nivel de vida de las clases populares.

-Consecuencias sociales y políticas: durante la Revolución Rusa (1917) un