Historia de España del siglo XIX

EL IMPACTO DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA: EL REINADO DE CARLOS IV.

Al morir Carlos III y acceder al trono Carlos IV, éste heredó el saldo exacto de los excesivos compromisos contraídos por los gobiernos reformistas de su predecesor. El cierre de la etapa reformista pondrá en evidencia la crisis del Antiguo Régimen. En el reinado inaugurado sobrará inhabilidad para corregir desórdenes en el funcionamiento de las instituciones, así como falta de coherencia para imprimir un rumbo certero debido a confusiones y contradicciones.

La transformación en Francia en el verano de 1789, repercutirá en el recién estrenado reinado de Carlos IV y marcará todo el proceso sociopolítico español coetáneo, precipitando la quiebra del Antiguo Régimen en España. El impacto de los acontecimientos franceses lo acusará ante todo la política exterior. Pero la situación interna de España igualmente registrará una singular manera de responder al clima suscitado, propiciando que se dieran respuestas excesivamente inmediatas como resultado del desconcierto ocasionado por los acontecimientos.

Carlos IV comienza a gobernar en 1788. Floridablanca fue su primer ministro, cargo que también desempeñó con Carlos III. Carlos IV, casado con María Luisa de Parma, fue muy dominado por ésta durante todo su reinado. En el año 1789 convocó las Cortes, en las que se anuló la Ley Sálica, vigente desde el reinado de Felipe V. Esta anulación no entraría en vigor hasta el año 1830, cuando Femando VII publicó la Pragmática Sanción, documento necesario para su validez. Las Cortes fueron disueltas poco después por miedo a que produjeran los hechos que acontecían en Francia en ese momento. Alarmados por la situación francesa, donde había estallado ya la revolución, el gobierno español intentó evitar la entrada de cualquier idea revolucionaria cerrando aduanas, censurando la propaganda, etc. En este momento la Inquisición tuvo libertad para censurar libros y confiscar propaganda. Como última medida se cerraron muchos periódicos.

En 1792, Floridablanca es destituido y el conde de Aranda toma el mando del Gobierno. Durante este tiempo intentó mantener al país al margen de Francia, oponiéndose a la idea del consejo de declarar la guerra a Francia. Poco después es retirado de su cargo y se nombra a Godoy al frente del país (1792).

Godoy era un miembro de la guardia real que había ido ascendiendo gracias a los favores de los reyes, en especial a los de María Luisa de Parma. Al no conseguir salvar la vida de Luis XVI, en 1793 estalla la Guerra de la Convención, en la cual España perdió varias plazas del Pirineo y de América. En 1795 se pone fin a la guerra con la firma de la Paz de Basilea. Esta guerra provocó, además de la pérdida de territorios, un gran desprestigio militar y una ruina económica y fiscal. A Godoy le concedieron el título de "Príncipe de la Paz". En 1796 se firma con Francia el Primer Tratado de San Ildefonso por el que se renovaban los pactos de familia con Francia y se establecía una alianza en la guerra contra Inglaterra, que estalla en 1796 y, tras la derrota del Cabo de San Vicente, supone la pérdida de Trinidad y el colapso comercial con América. Por todo ello, Godoy dimite en 1798.

El gran problema de España en los últimos años del s. XVIII era la gran crisis económica. Varios ministros ilustrados, como Saavedra y Jovellanos, intentaron resolverlo pero la intervención española en las guerras anteriores había dejado al país en la ruina. Tras la negativa del Rey de eliminar las exenciones fiscales de la nobleza, comienza la desamortización de los bienes de Iglesia (desamortización y venta de los bienes de organismos eclesiásticos de beneficencia), junto con algunas propiedades comunales de ayuntamientos y de los jesuitas expulsados, medida que no sirvió para arreglar la economía del país.

En el año 1800 se firma el Segundo Tratado de San Ildefonso y Godoy vuelve para dirigir el ejército que venció a Portugal en la Guerra de las Naranjas, causada por la violación del país al bloqueo continental con Inglaterra declarado por Napoleón. En 1803 estalló la guerra y en 1805 se produjo la derrota de una armada hispano-francesa frente a Inglaterra. La Batalla de Trafalgar supuso la destrucción de la flota naval española, necesaria para mantener el control sobre sus colonias americanas, y la reanudación del comercio inglés a través de Portugal.

Debido a las derrotas en las guerras y la grave situación económica y social del país, alrededor del príncipe, apoyado por sus consejeros personales (camarilla), se aglutina la oposición a Godoy. En 1807 se descubrió una conspiración por Fernando para ocupar el trono. Tras el Proceso del Escorial Fernando fue perdonado y sus cómplices encarcelados.

El descontento se acentuó con la firma del Tratado de Fontainebleau (1807), por el que Godoy autorizó la entrada y acantonamiento de tropas francesas en España para conquistar Portugal. Pero los franceses no cumplieron el Tratado y, frente a los 28000 estipulados, introducen 65000 hasta febrero de 1808. Temiendo una invasión, Godoy preparó la huida de los reyes a Andalucía o América. Pero en Aranjuez estalló un motín popular dirigido por la nobleza y el clero (marzo de 1808), que forzó la abdicación de Carlos IV en Fernando. Carlos IV pidió ayuda a Napoleón y éste, ante esta el hecho de que algunos puertos violaban el bloqueo, aprovechando la situación decide invadir España. Intentando mediar entre padre e hijo, Napoleón citó a Fernando VII en Bayona. Al frente del país quedó una Junta de Gobierno con órdenes de colaborar con los franceses. Napoleón consiguió que Fernando abdicara en su padre y éste en él (7 de mayo), con la condición de asegurar la integridad del territorio y la exclusividad de la religión católica.

La Guerra de la Independencia.

En 1808, España se encontraba en pleno proceso de cambio, dentro de la llamada "crisis del Antiguo Régimen". El año anterior, Godoy, primer ministro de Carlos IV, había firmado con Napoleón el Pacto de Fontainebleau (1807), por el cual se establecía una firme alianza frente a Inglaterra que suponía ceder el paso a los ejércitos franceses con el fin de ocupar Portugal. Napoleón tenía sin embargo un proyecto más amplio, que consistía en desalojar a los Borbones del trono es pañol y situar en él a uno de sus hermanos. Con este fin convocó a la familia real española en Bayona, donde obligó a Femando y a Carlos a abdicar en su persona, otorgando después el trono español a su hermano José Bonaparte.

La guerra de la Independencia

En Madrid, el 2 de mayo de 1808, se produjo un amotinamiento contra las fuerzas francesas ocupantes de la capital. Pocas horas después, el general Murat reprimía la revuelta fusilando a centenares de paisanos como escarmiento, mientras la Junta de Gobierno, dejada tras su marcha por Fernando VII, no hacía nada por evitar el castigo.

Al conocerse la noticia de las abdicaciones de Bayona y los sucesos de Madrid, se produjo un gran vacío de poder y la ruptura del territorio español. Para controlar la situación, en las regiones no ocupadas por el ejército francés los ciudadanos más prestigiosos establecieron un nuevo poder, las juntas provinciales, que asumieron la autoridad en nombre de Fernando VII. Hombres de la aristocracia y el clero, militares y letrados de ideología dispar componían estos poderes territoriales, que enseguida sintieron la necesidad de superar la división provincial y establecer un gobierno nacional unitario. De esta forma, con delegados de las juntas provinciales, entre los que se encontraba Jovellanos, quedó constituida en Aranjuez (septiembre de 1808), bajo la presidencia del conde de Floridablanca, la Junta Central Suprema, que tomó para sí los poderes soberanos y se erigió en el máximo órgano gubernativo. En su lucha contra los franceses, la Junta se veía, pues, empujada a tomar medidas revolucionarias a pesar del talante conservador de buena parte de sus miembros.

Las fases de la guerra

En junio de 1808, con el doble objetivo de reprimir los levantamientos populares e instaurar el régimen de José Bonaparte, un ejército de 170.000 hombres se adentró en España, confiando desplegarse en abanico por todo el territorio y controlar así los centros neurálgicos del país. Pero la inesperada resistencia de los españoles desbarató, en un primer momento, los proyectos de Napoleón. Aunque la toma de las ciudades se preveía fácil, Zaragoza y Gerona se resistieron a la ocupación, produciéndose los sitios o asedios que duraron varios meses, una posibilidad que no era recogida dentro de las ideas tácticas que regían el ejército francés. En el sur, el ejército de Dupont, encargado de dominar Andalucía, fue derrotado en julio de 1808 en Bailén, primera derrota en tierra de un ejército de Napoleón. José I se ve obligado a abandonar Madrid y se retira a Vitoria, mientras el ejército francés, desoyendo las órdenes del emperador, se repliega a la línea Bilbao-Pamplona, situándose frente a ellos los 110.000 soldados al mando de Blake, Castaños y Palafox que, faltos de coordinación, no son capaces de llevar una acción conjunta que podría haber expulsado a los franceses de la península.

A partir de entonces, la guerra adquiere una mayor envergadura, impulsada por el deseo de Napoleón de aplastar de forma definitiva la resistencia española. Acompañado de sus más prestigiosos generales (Soult, Ney o Moncey), el emperador entra en España (4 de noviembre de 1808) al frente de un ejército de 250.000 hombres. José Bonaparte vuelve a Madrid mientras la Junta Central debe abandonar la Meseta para buscar refugio en Sevilla y luego en Cádiz. Sólo algunas zonas de la periferia y las áreas montañosas del centro permanecen libres después de un año de guerra, en la que también se había comprometido Gran Bretaña, deseosa de frenar a Napoleón.

Dada su inferioridad militar ante el ejército invasor, los españoles adoptaron, una novedosa forma de combate, la guerrilla, formada por antiguos soldados del ejército español, voluntarios civiles e incluso bandoleros, que atacaban por sorpresa al enemigo en acciones rápidas, valiéndose de su conocimiento del terreno y la complicidad de la población civil. Algunos alcanzaron gran prestigio, como el Empecinado o Espoz y Mina.

En la primavera de 1812, la guerra dio un giro definitivo. Lo que en un principio pareció un paseo militar se había convertido en un atolladero que obligaba a Napoleón a mantener en España un importante conjunto de tropas, cada vez más necesarias en el frente de Rusia. La retirada de efectivos podía llevar a los franceses al desastre, como efectivamente ocurrió en julio de 1812 cuando el general Wellington, al frente de tropas inglesas, portuguesas y españolas y ayudado por las partidas guerrilleras, derrotó a los franceses en Arapiles, cerca de Salamanca, los expulsó de Andalucía y entró en Madrid obligando a José I a abandonar la ciudad.

Una nueva contraofensiva de los franceses restableció sus posiciones, pero la victoriosa campaña de Wellington había revelado la estrategia adecuada para derrotarlos. En la primavera de 1813, el general inglés lanzó de nuevo su acometida sin que los franceses consiguieran parar su avance. Abandonaron Madrid y llegaron hasta Vitoria, donde con sus tropas muy diezmadas sufrieron una grave derrota que se repitió en la batalla de San Marcial (Irún). Vencido también en Alemania, Napoleón llegó a un acuerdo con Fernando VIl (Tratado de Valençay) por el que le devolvió la Corona de España.

El reinado de José I y los afrancesados

José I se rodeó de una "Junta Española" de 91 notables partidarios e hizo publicar en 1808 el Estatuto de Bayona, una especie de carta otorgada que, a pesar de mantener en manos del monarca la mayor parte de las prerrogativas, tenía algunos aspectos liberales, entre los que figuran la libertad de imprenta, la reforma de la Hacienda y las aduanas interiores y otras medidas. Este texto no llegaría a ponerse en práctica, pues lo impediría la guerra contra los franceses.

Pero el gobierno de José I sólo alcanzaba al territorio ocupado efectivamente por el ejército francés. Así, a poco de llegar a Madrid, tras la derrota de Bailén, tuvo que retirarse rápidamente a Vitoria y las tropas francesas retrocedieron hasta el Ebro. Volvería a instalarse en la capital tras la entrada de Napoleón a fines de año. A partir de entonces, el gobierno de José I sólo alcanzaba -teóricamente- a las tierras situadas al sur del Ebro, ya que el resto quedó bajo administración directa de París.

En la España ocupada por las tropas francesas, el rey José I trató en vano de emprender las reformas que el Estatuto de Bayona había proyectado, contando para ello con la ayuda de los afrancesados, partidarios del reformismo ilustrado pero enemigos de medidas revolucionarias. Muchos afrancesados eran funcionarios del Estado que prefirieron seguir fieles a quien ejercía el poder; otros eran eclesiásticos ilustrados que, ante la fortaleza del ejército francés y la ineficacia de las instituciones del Antiguo Régimen, optaron por el invasor. Intelectuales como Meléndez Valdés o Moratín, militares como Vargas y Ponce y el almirante Mazarredo, fabricantes como Gómina o Remisa, clérigos como Llorente o Estala, fueron "afrancesados", convencidos de que solamente con el apoyo de Napoleón podían llevarse a cabo reformas modernizadoras en el ámbito de la enseñanza, el derecho, la economía, etc.

En definitiva, los levantamientos de mayo de 1808 degeneraron en una guerra (1808-1813) que se generalizó por todo el territorio español a lo largo de cinco años, dejando un trágico balance de pérdidas humanas (más de 300.000) destrucciones y saqueos. Esta guerra de la Independencia tuvo carácter nacional y patriótico, pero también de guerra civil -al combatir españoles en ambos bandos- y de guerra internacional, por la participación en ella de tropas anglo portuguesas.

LA REVOLUCION LIBERAL EN ESPANA: LAS CORTES DE CADIZ Y LA CONSTITUCION DE 1812

Cortes de Cádiz

Ante la situación creada por la abdicación borbónica en Bayona se produce un vacío de poder real, se reclama a las instituciones del Antiguo Régimen que asuman la soberanía en ausencia del Rey. Pero el Consejo de Castilla y la Junta de gobierno se pusieron bajo la autoridad de José I. Entonces, tras el levantamiento del 2 de mayo de 1808, los españoles asumieron la soberanía nacional y formaron sus propios órganos de gobierno. Surgieron por todo el país las Juntas locales y, más tarde, las Juntas provinciales. El pueblo español siguió confiando en autoridades como Floridablanca, Jovellanos, Palafox, Blake, etc. Se decidió organizar una Junta Central que asumiera el papel de gobierno de la nación.

Todos los miembros de la Junta estaban de acuerdo en la necesidad de reformar el Antiguo Régimen y se convocaron las Cortes. Se formó una Comisión de Cortes y se realizó una encuesta nacional para saber la opinión del país sobre los cambios que debían hacerse. La elección de representantes se llevó a cabo mediante el sufragio universal de los varones mayores de 25 años. En cuanto a su origen social, había una mayoría procedente de las capas medias urbanas, eclesiásticos y aristócratas. Las opiniones liberales eran claramente mayoritarias. Estas ideas habían penetrado en España procedentes de Francia, en los últimos años del s. XVIII y primeros del XIX pese a la censura oficial. Los liberales postulan un régimen político libre, parlamentario, en oposición al absolutismo monárquico. Las Cortes se componían además de los llamados serviles, que abogaban por la continuación del Antiguo Régimen y el absolutismo real, y por representantes de las colonias españolas en América, también de tendencia liberal.

Las Cortes son inauguradas el 24 de septiembre de 1810. En marzo de 1812 los diputados proclamaron que representaban la soberanía nacional y emprendieron la elaboración de una Constitución, esta comisión fue presidida por Muñoz Torrero. El texto fue aprobado, finalmente, el 19 de marzo de 1812 y sus principales aspectos eran:

La afirmación de que la soberanía reside en la Nación.
La división de poderes.
El poder legislativo reside en las Cortes con el Rey. El Rey puede promulgar, sancionar y vetar leyes (a través del veto suspensivo por dos veces en tres años).
El poder ejecutivo reside en el Rey, que nombra libremente a sus Secretarios.
El poder judicial reside en los tribunales.
Se reconoce la confesionalidad y la exclusividad de la religión Católica.
Se establece un ejército permanente y una Milicia Nacional, con el objetivo de reforzar el ejército en caso de guerra y servir de cuerpo de defensa del Estado liberal.
La representación nacional reside en las Cortes, que son unicamerales y elegidas por sufragio universal indirecto de los varones mayores de 25 años.
Los Regidores (alcaldes) serán elegidos por la población. Se establecen las Diputaciones y los Jefes Políticos en el ámbito provincial.

La Constitución tuvo tres periodos de vigencia: marzo 1812-marzo 1814, enerol820-noviembre 1823 (Trienio Liberal), agosto 1836-junio 1837 (Regencia de María Cristina). Fue la primera Constitución española, de régimen liberal y bastante avanzada para su época. Fue tomada como modelo para constituciones posteriores y para las de los países coloniales de América.

Las Cortes de Cádiz tuvieron otra labor legislativa de la que destaca lo siguiente:

La abolición del régimen jurisdiccional.
La desamortización de bienes propios y baldíos.
La eliminación del mayorazgo, al declararse la propiedad libre y sólo atribuible a particulares
La supresión de los gremios.
La libertad de imprenta.
La legislación religiosa (supresión de la Santa Inquisición).

Estas medidas tienen por objeto cambiar el sistema político español, eliminar el Antiguo Régimen y desarrollar un liberalismo político y económico.

Las Cortes fueron disueltas por Fernando VII y la Constitución suprimida en 1814, al regresar el monarca a España.

La revolución liberal, las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812.

La obra reformista de las Cortes de Cádiz

En mayo de 1808, ante el "vacío de poder" creado por la marcha de la familia borbónica a Bayona, donde Femando VII y Carlos IV abdicaron en favor de Napoleón, habían surgido por todo el país juntas formadas por ciudadanos que se oponían a la presencia del ejército francés en España y se declaran en guerra abierta contra Francia. Comenzó así un período de casi seis años de guerra generalizada y popular denominado "guerra de la Independencia".

En este contexto, la Constitución de 1812 fue elaborada a lo largo de casi dos años por las Cortes reunidas en Cádiz, convocadas por la regencia que había asumido el poder en 1810 por delegación de la Junta Central Suprema. De esta manera, la otra cara de la guerra de Independencia la constituye, sin duda, la labor de las Cortes de Cádiz. Mientras gran parte de la sociedad española se enfrentaba con las armas a los franceses y a sus ideas, unos pocos ilustrados pretendían implantarlas para llevar a cabo, como en Francia, una verdadera revolución burguesa. La gran oportunidad llegó cuando las derrotas militares desacreditaron a la Junta Central, que, refugiada en Cádiz, dio paso en enero de 1810 a una regencia colectiva, especie de gobierno provisional compuesto por cinco miembros muy conservadores pero sometidos a la presión ambiental de la ciudad, sede de una nutrida burguesía mercantil y de importantes colonias de comerciantes extranjeros. Muchos burgueses liberales, funcionarios ilustrados e intelectuales, procedentes de otras ciudades tomadas por el ejército del rey José, se habían concentrado en Cádiz, ciudad-refugio protegida por la marina británica.

Aunque la idea de una reunión de Cortes Generales para reorganizar la vida pública en tiempo de guerra y llenar el vacío de poder ya había sido debatida en la Junta Central, la regencia no se decidió a convocarlas hasta que llegó a Cádiz la noticia del establecimiento de poderes locales en distintas ciudades americanas, situación que podía poner en peligro el imperio español. Después de cien años en los que los Borbones habían gobernado sin reunirlas, las Cortes inauguran sus reuniones en septiembre de 1810 con el juramento de los diputados de defender la integridad de la nación española, y prolongan su actividad hasta la primavera de 1814. Un conjunto de decretos, y, sobre todo, la Constitución de 1812, manifiestan su deseo de trasformación del país mediante la aplicación de importantes reformas que debían convertir a España en una monarquía liberal y parlamentaria.

A causa de las dificultades de la guerra, la alta nobleza y la jerarquía de la Iglesia apenas si estuvieron representadas en Cádiz. Tampoco pudieron asistir los delegados de las provincias ocupadas, a los que se buscó suplentes gaditanos, lo mismo que a los representantes de los territorios españoles de América. Predominaban en las Cortes las clases medias con formación intelectual, los eclesiásticos, abogados, funcionarios, militares y catedráticos, aunque no faltaban tampoco miembros de la burguesía industrial y comercial. No había, en cambio, representación alguna de las masas populares: ni un solo campesino tuvo sitio en la asamblea de Cádiz. Las primeras sesiones de las Cortes congregaron un centenar de diputados, pero su numero fue aumentando hasta llegar a los trescientos.

Desde su inicio, las Cortes demostraron que en nada se parecían a las antiguas. Al auto constituirse en Asamblea Constituyente y asumir la soberanía nacional, los diputados gaditanos ponían en marcha la revolución liberal que contaba ya con el precedente de la Revolución Francesa de 1789. Asimismo, con la concesión de iguales derechos a todos los ciudadanos, incluidos los de América, convertían España y sus colonias en una única nación repartida a ambos lados del océano.

De inmediato surgieron dos grandes tendencias en la cámara gaditana. Los liberales -por vez primera se emplea este término como etiqueta política- eran partidarios de reformas revolucionarias, mientras que los absolutistas, llamados despectivamente "serviles", pretendían mantener el viejo orden monárquico. La prensa de Cádiz, especialmente el Semanario Patriótico, estuvo en su mayoría del lado de los liberales, que siempre dominaron los debates de las Cortes, manteniéndose en cambio los púlpitos de las iglesias al servicio de la ideología absolutista. A pesar del pensamiento reaccionario de la mayor parte del clero, algunos sacerdotes participaron en la tarea legislativa, entre ellos Diego Muñoz Torrero, miembro del equipo redactor de la Constitución y una de las personalidades más relevantes del liberalismo español.

La obra legislativa

Los liberales decretaron la libertad de imprenta -primera formulación del derecho de expresión-, que suprimía la censura para los escritos políticos pero no para los religiosos. En el sentir de los diputados gaditanos, la libre expresión de las ideas era una pieza clave de un sistema basado en la soberanía nacional y un eficaz instrumento de concienciación política y defensa frente a los abusos del poder.

A instancias del pensamiento ilustrado, las Cortes de Cádiz desmontan la arquitectura del Antiguo Régimen, aboliendo los señoríos jurisdiccionales, que impedían la modernización de la administración local y provincial. Se trata de una decisión fundamental en el proceso de refuerzo del Estado, ya que la mitad de los pueblos y dos tercios de las ciudades españolas mantenían todavía alguna dependencia del clero y la nobleza. Son derogados asimismo los gremios, una estructura medieval, para dar paso a las modernas relaciones de producción liberal capitalista. En el campo se decretó también una nueva desamortización, estableciéndose la venta en pública subasta de las tierras comunales de los municipios.

Las Cortes también legislaron en materia religiosa, después de acaloradas disputas entre los diputados, que alcanzaron su mayor vehemencia al decretarse la abolición de la Inquisición, presentada como un obstáculo a la libertad de pensamiento y el desarrollo de la ciencia.

La Constitución de 1812

El día de San José de 1812, los diputados de Cádiz aprueban una Constitución, la primera de la historia de España, que resume su labor legisladora y establece las ideas y el lenguaje del liberalismo español. Es un texto muy extenso porque, en su deseo de evitar interpretaciones contrarias al espíritu de la Constitución, los legisladores gaditanos regularon hasta el detalle todas las cuestiones relacionadas con la vida política y los derechos de los ciudadanos. Su idea de la nación quedó plasmada en el diseño de un Estado unitario, que afirmaba los derechos de los españoles en su conjunto por encima de los históricos de cada reino. Los diputados representan a la nación, lo que supone la eliminación de toda otra representación, regional o corporativa, que ya carecía de sentido en una España dividida en provincias y municipios.

De esta forma, la Constitución de 1812 daba un nuevo paso adelante en el proceso de centralización política y administrativa emprendido por los primeros Borbones. Al mismo tiempo, con su afirmación de los derechos individuales y colectivos de los españoles, ponía los fundamentos para acabar con un modelo de sociedad basado en las exenciones y privilegios. Con el fin de conseguir la igualdad de los ciudadanos, la Constitución de 1812 fijaba una burocracia centralizada, una fiscalidad común, una milicia nacional y un mercado libre de aduanas interiores.

En consonancia con la primera declaración de la asamblea gaditana, la Constitución proclama la soberanía nacional en detrimento del rey, al que se despoja de la función legisladora, atribuida ahora a las Cortes, que tendrían una sola cámara, elegida por sufragio universal masculino mediante un complicado sistema de compromisarios. Para ser diputado se requería, sin embargo, la condición de propietario, lo que excluía a asalariados y campesinos sin tierra. Al atribuir la soberanía a la nación se estaba produciendo un cambio fundamental. Los ciudadanos, de acuerdo con el texto, reconocían a Femando VII como rey de España, pero no como rey absoluto, sino constitucional. Aunque símbolo del liberalismo radical, la Constitución de 1812 refleja el influjo de la religión, definiendo al Estado como confesional y el reconocimiento de las propiedades de los grupos privilegiados.

La aplicación de la Constitución de 1812

La Constitución de Cádiz, tuvo una escasa aplicación. Ni la guerra ni Fernando VII dieron tiempo a la Constitución de Cádiz para implantar sus reformas; solamente en el Trienio Liberal de 1820-1823 y unos meses en 1836. No obstante, años después, otros textos inspirados en ella se encargarían de hacer avanzar a la sociedad española en la conquista de sus derechos individuales y colectivos. Como símbolo del deseo de libertad de los españoles, la Constitución de 1812 permanecería! viva en el recuerdo a lo largo del siglo, prolongándose también en el ideario de los liberales de América de Sur y de Europa.

EL REINADO DE FERNANDO VII: ETAPAS

El reinado de Fernando VII comenzó en el año 1814, al finalizar la Guerra de la Independencia, y terminó en 1833, al morir el Rey. Este periodo se puede dividir en tres etapas:

El Sexenio Absolutista (1814 - 1820)

En 1813 se firma el Tratado de Valençay, por el que Napoleón devuelve la Corona española a Fernando VII, pero éste no regresa a España hasta marzo de 1814. Al llegar al país y ser recibido de manera entusiasta por el pueblo, suprime las Cortes y la Constitución, a la vez que envía al general Elío a detener a los componentes de éstas. Este golpe de Estado se lleva a cabo gracias al apoyo del ejército al Rey, de la nobleza, el clero y el pueblo llano absolutista. Dicho apoyo se expresó en el llamado Manifiesto de los Persas, que reclama la vuelta al Antiguo Régimen. Se anularon todas las medidas adoptadas por las Cortes de Cádiz. En el resto de los países europeos se vivía un proceso similar ya que se restauró el antiguo Régimen y, tras el Congreso de Viena, se acordó la Cuádruple Alianza, sistema para preservar Europa de movimientos liberales o revolucionarios.

Políticamente, este periodo se caracterizó por la gran represión que sufrieron los afrancesados y los liberales, acusados de traición. Se castigó con el destierro, la cárcel y la expropiación de bienes a todos aquellos colaboradores de José I y a los componentes liberales de las Cortes. Fernando VII tuvo un gobierno muy inestable ya que no existía acuerdo en la línea a seguir y los consejeros reales eran incapaces de gobernar el país. España era dirigida por la llamada Camarilla, hombres de confianza del Rey que impedían cualquier medida que no les fuera favorable. Esto produjo seis años de profunda crisis.

Económicamente el país estaba sumido en graves problemas ya que a la ruina producida por la guerra se sumaban la pérdida del comercio colonia, el hundimiento de la producción industrial y la crisis en el campo, propiciada por la restitución de los bienes de la nobleza y la Iglesia y la vuelta de la Mesta.

Todos estos factores fueron agravando el descontento del pueblo y del ejército sensiblemente (dentro del ejército nuevamente se reservaron los altos mandos para la nobleza. Parte de los mandos guerrilleros fueron represaliados y las condiciones de vida eran pésimas. A este malestar se unió el envío de tropas a América). Además el Rey se oponía totalmente al pago de impuestos por parte de los nobles y el clero, y fue destituyendo ministro tras ministro sin solucionar el problema de la Hacienda.

La situación provocó múltiples levantamientos, reprimidos por el gobierno y un acercamiento entre liberales y el ejército, dando lugar a pronunciamientos que buscaban un cambio de régimen y que permitían a los liberales llegar al poder, pues era imposible legalmente, y al ejército, intervenir en política. Poco a poco se reorganizó el movimiento clandestino liberal y comenzó la conspiración contra el Estado Absolutista. Entre 1814 y 1820 sucedieron multitud de pronunciamientos sin éxito (Espoz y Mina, Porlier, Lacy...). Finalmente, triunfa el pronunciamiento del comandante Riego, al frente de las tropas que iban a ser enviadas a América, en Cabezas de San Juan (enero de 1820). Así se restaura la Constitución de Cádiz.

El Trienio Liberal (1820 - 1823)

El golpe de Estado de Riego tuvo éxito gracias al apoyo de guarniciones de diversas provincias españolas y a los levantamientos protagonizados por los campesinos. Fernando VII se ve obligado a jurar la Constitución el 7 de marzo. Este período se caracterizó por la inestabilidad política, producida por diversas causas. En primer lugar la división de los liberales entre moderados, partidarios de un gobierno fuerte, doble Cámara, libertad de prensa limitada, sufragio censitario y defensa de la propiedad y el orden social; y los exaltados o radicales, más jóvenes y a favor de la Cámara única, control parlamentario del gobierno, sufragio universal, libertad de opinión absoluta y anticlericales. Éstos actuaban en los clubes y Sociedades Patrióticas. También contribuyó a la inestabilidad política la actitud involucionista del Rey, expresada a través de los nombramientos de ministros absolutistas, el derecho de veto y la desconfianza ante los ministros liberales. Además conspiró con las potencias de la Santa Alianza para que invadiesen el país y restaurasen el absolutismo. Otro factor fue el de la conflictividad que existía en las calles por parte de radicales exaltados y de absolutistas. Todo ello influiría en los realistas (llamados apostólicos) para llevar a cabo la contrarrevolución.

La legislación reformista de este período se basaba en la supresión de las propiedades vinculadas, desamortización de tierras de propios y baldíos (fue un fracaso), desamortización eclesiástica, reducción del diezmo a la mitad (pagándose al Estado y en metálico), contribución directa sobre la propiedad, y libertad de contratación, explotación y comercialización de la producción agraria. Las consecuencias de esta política fueron contrarias a las esperadas. Se volvió a suprimir la Inquisición y la Compañía de Jesús y se restableció la Milicia Nacional, con el objetivo de que fuera un cuerpo de defensa de la Constitución y de apoyo al ejército. También se produjo la reforma de la Educación. Estaba previsto un plan de reforma de la Hacienda pero no llegó a ponerse en práctica y los intentos de mejora realizados sólo consiguieron irritar a los campesinos, que ya lo estaban anteriormente al igual que la nobleza y el Clero. Empezaron a producirse movimientos contrarrevolucionarios: se formaron partidas realistas con apoyo campesino en Cataluña, Navarra, Galicia y Maestrazgo. Tras el golpe militar de 1822, los liberales más radicales llegaron al poder y Fernando VII fue recluido. En el Congreso de Verona (octubre de 1822) la Santa Alianza decidió intervenir y envió un gran ejército francés (los llamados Cien Mil Hijos de San Luis) que, sin apenas oposición, devolvió al Rey su poder absoluto.

La Década Ominosa (1823 - 1833)

En este período se volvió al Absolutismo y se llevó a cabo una tremenda represión contra los liberales. Se revocan todos los nombramientos del Trienio y se suprimen sus medidas. Dirigido por el ministro Calomarde, se lleva a cabo un plan de medidas para castigar a los liberales y que consta de Comisiones Militares, que procesaron a los militares liberales, las Juntas de Purificación, encargadas de depurar a todos los funcionarios, empleados públicos y profesores liberales; y las Juntas de Fe, que sustituirían a la Inquisición con la obligación de no permitir ningún tipo de publicidad liberal. Además de esto se sustituyó la Milicia Nacional por el Voluntariado Realista.

Fernando VII solicitó la permanencia del ejército francés para mantener el orden mientras se reconstruía el ejército. Su actuación contribuyó a suavizar las medidas represivas y en 1824 se firma un decreto de amnistía, aunque ineficaz por sus numerosas excepciones.

Se inició una política de reformas para solucionar el problema de la Hacienda. Fernando VII contó con el apoyo de ministros reformistas, como Cea Bermúdez y López Ballesteros, con lo que se moderó un poco el régimen. Esto no consiguió resolver los problemas del país y, además, originó una división dentro de los absolutistas y comenzaron a surgir partidarios del trono para Carlos María Isidro, hermano del Rey y de tendencia aún más absolutista. Empezaron a producirse levantamientos en el norte del país a favor de Don Carlos y los carlistas llegaron a controlar varias plazas importantes (en 1827, en Cataluña: guerra de los Agraviados). El rey intervino y acabó con la sublevación, pero el apoyo de los absolutistas más radicales a Don Carlos y la bancarrota del país hacen tambalearse el gobierno de Fernando VII.

En 1829, Fernando VII contrajo matrimonio con Mª Cristina y en 1830 nació Isabel, por lo que Fernando VII decidió publicar la Pragmática Sanción para derogar la ley Sálica. Los carlistas no la aceptaron y presionaron al rey. En 1832, en los sucesos de la Granja, estando gravemente enfermo Fernando VII, Calomarde consiguió que anulara la Pragmática sanción. Pero la recuperación del rey permitió que volviera a entrar en vigor. A partir de ese momento, Fernando VII delegó en Mª Cristina las funciones de gobierno. Esta, para defender los intereses de su hija, comenzó a acercarse a los liberales más moderados, decretando una amplia amnistía. La muerte de Fernando VII en 1833 supuso el fin del absolutismo, pero la intransigencia de Carlos Mª Isidro, que se proclamó rey, y sus seguidores dio lugar a una guerra civil: la 1ª Guerra Carlista.

Coyuntura internacional y emancipación de las colonias americanas.

Al comenzar el s. XIX, el Imperio español americano lo componían varias entidades administrativas con unas dimensiones territoriales bastante vagas. El espacio geográfico que iba desde México hasta la Patagonia, excluyendo Brasil, se dividía en cuatro virreinatos: el de Nueva España (1535), el de Perú (1544), el de Nueva Granada (1740) y el de Río de la Plata (1776); además de cuatro capitanías generales: la de Guatemala, la de Venezuela, la de Chile y la de La Habana. Sus límites geográficos entre sí y con las colonias portuguesas quedaron delimitados después del Tratado de Madrid (1750).

La independencia, como sinónimo de corte de lazos políticos con la metrópoli, la emancipación, como idea de mayoría de edad con posibilidades de auto valerse, y la revolución como hecho que sugiere un cambio político social, económico e institucional e ideológico, fueron objetivos que conformaron uno de los hitos más importantes de la historia universal, y en particular de la de España durante el s. XIX, y por su amplitud y originalidad puede compararse con su descubrimiento y conquista.

Las causas de la Independencia

Las causas de la independencia de las colonias americanas se remonta al s. XVIII y se deben a la política ejercida por los Borbones y a la estructura social de la América colonia. Estaba constituía por peninsulares, reducido grupo de españoles que desempeñaban importantes cargos públicos; criollos, que controlaban las haciendas y eran el grupo más poderoso económicamente, también muy reducido, pero discriminado respecto al acceso de los altos cargos administrativos; y la población indígena (indios, negros, mestizos, mulatos...), que eran el grupo mayoritario y formaban el campesinado, explotado por criollos y peninsulares. La situación política en la península en aquel momento era claramente desfavorable para las colonias, ya que les excluía de poder establecer relaciones comerciales con cualquier país excepto con España, además de una falta de representación en los organismos peninsulares. Se aumentó la presión fiscal y administrativa, lo que favoreció, a lo largo del s. XVIII, manifestaciones de protesta y levantamientos campesinos que fueron creando un clima de desobediencia (la sublevación en Perú de Tupac Amaru, en 1780). En los años anteriores a la guerra de Independencia se dieron nuevos movimientos, ya independentista y financiados por Gran Bretaña (intento de invasión de Venezuela por Francisco Miranda en 1806). Ya durante la guerra contra los franceses, las colonias pueden llevar a cabo un comercio internacional y esto creó unas buenas relaciones con Inglaterra que prestó ayuda diplomática y fue el primer país en reconocer la independencia de las colonias. Y a todo ello hay que añadir el ejemplo de los EEUU, independizado años antes y que prestó ayuda a las colonias en el proceso independentista. El interés estadounidense era el de aprovecharse de los territorios latinoamericanos como se verá en años posteriores (doctrina Monroe: "América para los americanos ").

Las fases de la Independencia

El movimiento independentista americano va unido al desarrollo de la revolución liberal, que, portadora de una concepción social nueva, adquirió dimensión universal. Está dirigido por las altas elites criollas, sin ningún interés por mejorar la situación económica y social de indios, mestizos y negros. Los indígenas en un primer momento apoyaron a la metrópoli, aunque finalmente optaron por la independencia ante la crueldad de virreyes y generales españoles. El proceso de independencia de las colonias americanas puede dividirse en tres fases:

1ª FASE (1808 - 1815): En los primeros años de la guerra contra Francia se crearon juntas similares a las españolas en las principales ciudades americanas (Caracas, Buenos Aires, Santiago de Chile...) pero a partir de 1809, convencidos de la incapacidad de la Regencia gaditana de resistir, los burgueses criollos comenzaron los movimientos revolucionarios. Este primer intento de independencia no tuvo éxito por la falta de unidad entre los líderes revolucionarios. En Méjico la revolución tuvo un carácter social mucho más marcado. Dirigido por Miguel Hidalgo y apoyado por los criollos primero y, más tarde, por los indios y mestizos después, fue sofocado por el ejército español ejecutando a Hidalgo. Más tarde, Morelos reanudaría el movimiento campesino y declararía la independencia en el Congreso de Anahuac. Fue capturado y ejecutado pero arraigó el nacionalismo en el resto de colonias.

2ª FASE (1816 - 1820): En este periodo se produjo la expansión del movimiento independentista. La situación en España hacia imposible el envío de tropas a América y la restauración del absolutismo reavivó el deseo de independencia. En julio de 1816 se proclamó la independencia de la futura Argentina, mientras que Simón Bolívar actuaba en Venezuela. En enero de 1819 se proclama la República de Gran Colombia, reconquistado por José San Martín en 1817 (Batalla de Carabobo).

3ª FASE (1820 - 1824): Estos años sirvieron para consolidar las nuevas repúblicas y expulsar definitivamente a las fuerzas realistas. En julio de 1821, las tropas de José San Martín entraron en Perú, considerado gran bastión español, y proclamaron su independencia, aunque tuvo que ser reconquistado en 1824 por Simón Bolívar, teniendo lugar la definitiva Batalla de Ayacucho. Con la independencia, al mismo tiempo, de los países de Centroamérica, de los que sólo quedaron como colonias Cuba y Puerto Rico, se puso fin al imperio colonial español en América.

Las consecuencias de la Independencia

Las consecuencias que esta pérdida colonial supuso a España fueron la pérdida de los recursos y mercados de América, que ocurrió cuando más falta le hacía a España para la recuperación tras la guerra. Además la intransigencia de Femando VII, negándose a reconocer la independencia de las nuevas repúblicas, impidió que se pudiera establecer una posible cooperación económica que hubiera beneficiado a España.

Respecto a América, el primitivo ideal de Bolívar de construir un gran estado federal, fue desapareciendo poco a poco. Los territorios que, al principio, quedaron unidos, se fueron disgregando debido a rivalidades políticas y se enfrentaron a menudo entre sí por disputas territoriales, lo que hizo muy difícil el desarrollo de estos países. Además, heredaron alguno de los defectos españoles, como el predominio de la Iglesia y del ejército en la sociedad y el recurso de los pronunciamientos militares para cambiar los gobiernos. Los criollos ignoraron a la población india, negra y pobre, dando lugar a grandes desigualdades sociales. Por otra parte, la independencia política deja paso a una dependencia económica de Gran Bretaña y EEUU.

El pleito dinástico: el carlismo y la guerra civil (1833-1840).

El carlismo es un movimiento político presente en la historia contemporánea de España, que surgió durante la última etapa del reinado de Femando VII y que recogía en su programa la defensa del absolutismo frente al liberalismo. Toma su nombre del pretendiente a la Corona, don Carlos María Isidro, hermano de Femando VII, quien se puso al frente de la insurrección que estalló a la muerte de Femando VII en 1833, aunque tenía precedentes en los ultrarrealistas, que en 1827 protagonizaron algunos levantamientos.

Los factores que explican el surgimiento del carlismo se encuentran en la actitud de diferentes grupos sociales ante las reformas implantadas por el liberalismo: por un lado, amplios sectores de la Iglesia que no aceptan los principios de soberanía nacional y del individualismo liberal burgués, así como tampoco la desamortización de bienes eclesiásticos; por otro, gran parte del campesinado, que recibe las reformas liberales con hostilidad principalmente por haber sido desahuciados de las tierras desamortizadas sin recibir tierras en propiedad o bien por el nuevo sistema fiscal e impositivo. De esta manera, el liberalismo aparece como enemigo del orden tradicional que representaba para muchos un mundo más seguro y estable.

La primera guerra carlista (1833-1839)

A lo largo del siglo XIX se dieron tres sublevaciones carlistas frente al Estado liberal. A la muerte de Fernando VII en 1833, con el pretexto de la cuestión sucesoria entre los partidarios del hermano de Femando, don Carlos María Isidro, y su hija niña doña Isabel, comenzó una cruenta guerra civil que se prolongó hasta 1839. La alianza obligada entre la regente doña María Cristina y los liberales llevó el pleito a una guerra entre el liberalismo y el tradicionalismo absolutista. Esta guerra tuvo como escenario principal el territorio de Navarra y el País Vasco, probablemente a causa de la importancia que tenía en el conflicto el mantenimiento o no de las libertades y privilegios forales de estos territorios frente al Gobierno central. El carlismo hizo bandera del mantenimiento de los fueros tradicionales y de ahí el gran apoyo que tuvo entre algunos sectores de la población vasco-navarra.

Los fueros eran los usos y costumbres por los que se regían los distintos territorios del País Vasco y Navarra, que habían sido respetados por el centralismo borbónico en el siglo XVIII debido al apoyo que estos territorios prestaron a Felipe V en la Guerra de Sucesión. Cataluña, Aragón, Valencia y Mallorca, en cambio, los perdieron en los Decretos de Nueva Planta. En resumen, los fueros establecían un sistema y régimen fiscal propios, exención del servicio militar, derecho civil y derecho penal propios, y un estatuto de hidalguía de todos sus habitantes.

El programa y los apoyos sociales del carlismo en el País Vasco y Navarra

Los principios defendidos por el carlismo tuvieron un gran eco entre la población vasco-navarra ya que preconizaban la defensa de la religión y el mantenimiento de los fueros tradicionales, del sistema señorial y del legitimismo absolutista, encarnado en la persona del pretendiente don Carlos María Isidro ("Carlos V"). Estos principios se oponían frontalmente a las aspiraciones unitarias y modernizadoras de los liberales, que defendían la soberanía nacional la división de poderes, la unificación jurídica de la nación en unas mismas leyes y la reforma de la propiedad, aboliendo los señoríos y los privilegios económicos y administrativos de la Iglesia.

Diversos sectores sociales, campesinos, artesanos y pequeños propietarios, alentados por el clero rural que planteó el conflicto como una cruzada frente a la revolución, apoyaron a don Carlos y nutrieron las filas de su ejército. La alta jerarquía eclesiástica, la burguesía urbana más acomodada y la aristocracia no secundaron el intento de restaurar el absolutismo y apoyaron a Isabel II, ya que las reformas liberales propiciaban su poder social y económico y creaban un mercado unificado.

El desarrollo de la guerra

La guerra comenzó siendo una guerra de partidas, similares a la guerrilla de 1808, hasta que se configuraron unidades militares estables. A favor de los carlistas jugaba el conocimiento del territorio y su capacidad para moverse con rapidez y golpear en los momentos más oportunos al ejército isabelino. Zumalacárregui fue el jefe indiscutible del ejército carlista, garantizando el control del medio rural, pero fracasando en el intento de ocupar Bilbao, principal objetivo estratégico del carlismo. Durante estos años tiene lugar la primera fase de la guerra (1833-1835), en los que es favorable a los carlistas y se produce la batalla de Amezcoas.

A partir de 1835 y hasta 1837 se desarrolló la segunda fase, momento de mayor apogeo carlista. Los carlistas realizaron diversas expediciones a lo ancho del territorio peninsular, llegando don Carlos en persona a las puertas de Madrid en 1835, si bien el intento de don Carlos de pactar con la regente Maria Cristina, favoreció la reorganización de los ejércitos isabelinos. En el Maestrazgo se generó otro foco importante de la revuelta, en la que el general Cabrera, "el tigre del Maestrazgo", dominó el territorio de las sierras de Castellón y Teruel desde su cuartel general en Morella durante seis años.

Los apoyos exteriores fueron determinantes en la marcha de la guerra. Mientras los absolutistas contaban con el reconocimiento de Austria, Prusia y Rusia, Francia, Inglaterra y Portugal apoyaron a los liberales, deseosas de contar con un país estable hacia el que dirigir sus inversiones en un contexto de economía abierta capitalista. La brutalidad de la guerra conmocionó a la opinión pública occidental y así, en 1832, lord Elliot consiguió que ambos contendientes firmasen un convenio que llevó su nombre, estableciendo un código de respeto hacia heridos y prisioneros.

El final del conflicto

El final del conflicto corresponde a la tercera fase de la guerra (1837-1840). Tras el fracaso en el intento de ocupar Bilbao y la retirada del ejército carlista en la batalla del Puente de Luchana, el general carlista Rafael Maroto encabezó un sector del carlismo partidario de llegar a un acuerdo con los liberales para poner fin a las hostilidades. Maroto representaba la facción carlista de los moderados o "transaccionistas", partidarios de llegar a un arreglo con el gobierno isabelino, frente a los intransigentes o "apostólicos", que formaban el círculo de allegados a don Carlos. Maroto ordenó fusilar a los dirigentes navarros pertenecientes a la facción adversaria y llegó a un acuerdo con Espartero, el héroe de Luchana, para poner fin a la guerra. Mientras tanto, el político Muñagorri defendía en sus escritos la defensa de los fueros al margen de la cuestión dinástica, distanciándose así del carlismo.

El acuerdo se firmó en agosto de 1839 y se concretó públicamente en el Abrazo de Vergara entre Maroto y Espartero, por el que se llegaba a un acuerdo honorable que suponía el reconocimiento de los grados militares a los oficiales carlistas y el mantenimiento de las libertades forales para el País Vasco y Navarra. El general carlista Cabrera aún continuó su lucha unos meses más hasta ser derrotado y obligado a abandonar el país en 1840, con lo que se daba fin a la primera guerra carlista.

La Guerra Carlista trajo como principales consecuencias la instauración del liberalismo en España y una gran crisis demográfica y económica enorme que aumentó la deuda externa del país.

Moderados y progresistas durante la minoría de edad de Isabel II. El Estatuto Real y la Constitución de 1837.

Moderados y progresistas

Durante el período de minoría de edad y, más tarde, el reinado de Isabel II, pueden distinguirse entre los liberales dos tendencias políticas: moderados y progresistas. Estas dos tendencias, claramente diferenciados a la muerte de Fernando VII en el liberalismo español, ya se habían manifestado durante el trienio liberal, al dibujarse una tendencia formada por personalidades que habían intervenido en las Cortes de Cádiz y cuyas aspiraciones no iban más allá de conseguir restablecer la Constitución y obtener las libertades básicas, los “doceañistas”, enfrentados a los “exaltados”, que pretendían realizar reformas profundas en la organización del Estado. Son estas dos corrientes las que configuran a partir de 1833 la división de los liberales en moderados y progresistas.

El partido moderado representaba básicamente los intereses de los grandes propietarios, especialmente de los terratenientes, Era partidario de los principios del liberalismo doctrinario. Apoyaba la soberanía compartida, las Corles con el Rey; una monarquía y un gobierno con amplios poderes, unas Cortes bicamerales, con un Senado elegido por el Rey y unos poderes locales también controlados por la Corona; y un sufragio restringido. En cuanto a su política económica, eran proteccionistas con los productos extranjeros. Pero, sobre todo, defendían el orden, por lo que limitaron los derechos individuales y colectivos. Este partido estaba formado terratenientes, nobles y burgueses, además de los altos cargos del Ejército y de la Administración, cuya acción cotidiana se concentraba en la vida parlamentaria.

El partido progresista representaba, dentro de la defensa de la monarquía liberal, la tendencia reformista y los intereses de la burguesía financiera e industrial. Sus principios eran los del liberalismo progresista: soberanía nacional, con un poder legislativo exclusivo de las Cortes y un poder ejecutivo de la Corona y el gobierno, controlado por las Cámaras. Partidarios de las Cortes bicamerales, pero con un Senado electivo y renovable. Defendían que los poderes locales fueran de elección popular, y un sufragio más amplio, sin dejar de ser censitario. Económicamente, eran partidarios del librecambismo. Este partido se apoyaba en las clases medias urbanas, que reclamaban un gobierno eficaz y moderno, y estaban a favor de los cambios. Eran partidarios de los derechos individuales pero no tanto de los colectivos.

A lo largo del reinado de Isabel II, ambas tendencias se alternarán en el poder mediante pronunciamientos de uno y otro signo, elaborando constituciones y promulgando leyes que reflejaban sus posiciones políticas.

La regencia de Maria Cristina

Durante la minoría de edad de Isabel II, su madre, María Cristina, ostenta la regencia de España, si bien se sucederán otras regencias hasta la subida al trono de Isabel. En la regencia de María Cristina el país inicia una tímida evolución hacia la apertura política, aunque los ministros moderados Martínez de la Rosa y Toreno, no llevan a cabo las reformas necesarias para sanear la Hacienda y relanzar la actividad económica. No obstante, se articula una nueva organización territorial del Estado en provincias, con criterios de centralismo y uniformidad. En abril de 1834 se aprueba el Estatuto Real, una especie de “carta otorgada” que marca el intento de efectuar una transición pacífica del absolutismo al liberalismo. Regulaba unas nuevas Cortes, divididas en un Estamento de Próceres y un Estamento de Procuradores cuyos miembros eran elegidos por la Corona, los primeros, y mediante un sufragio muy restringido, los segundos. El objetivo eran unas Cortes conservadoras, pero comenzó a aparecer la división entre moderados y progresistas. El desacuerdo de los progresistas con este gobierno se plasmó en multitud de disturbios en diferentes ciudades que obligaron a María Cristina a aceptar la dimisión de Toreno y a nombrar a Mendizábal jefe de gobierno.

Con la llegada de Mendizábal se inició la revolución liberal. Este emprendió reformas fundamentales, como la ampliación de la Guardia Nacional y, principalmente, la desamortización. Ante el distanciamiento sufrido entre Mendizábal y las Cortes, y la negativa de la regente a admitir los cambios militares de éste, el jefe de gobierno tuvo que dimitir. Se nombra a Istúriz nuevo jefe de gobierno, pero es rechazado por las Cortes y la actuación de la regente despierta el miedo de la vuelta al conservadurismo; comienzan a producirse amotinamientos en varias guarniciones militares. En agosto de 1836 el país está al borde de la revolución y la regenta acepta un cambio de gobierno y se restablece la Constitución de 1812.

Tras el Motín de los sargentos en La Granja (1836), comienza un gobierno progresista con Calatrava al frente y Mendizábal en Hacienda, cuyos principales objetivos eran la instauración de un régimen liberal, el impulso militar para ganar la guerra y la elaboración de una nueva Constitución. Las Cortes comenzaron la realización de una nueva Constitución que actualizara la de Cádiz y sirviera para gobiernos moderados y progresistas. Esta Constitución fue establecida en junio de 1837 y reconocía la soberanía nacional, los derechos individuales y libertades públicas, ampliación del sufragio, unidad jurisdiccional y milicia nacional organizada por los ayuntamientos; reforzaba el poder ejecutivo (atribuido a la Corona), y otorgaba el poder ejecutivo a las Cortes con el Rey. Se establecían dos Cámaras, la de Diputados y el Senado, y el derecho real de elegir a los ministros (que eran propuestos por los electores). Los progresistas, bajo la dirección de Mendizábal, acometieron la desamortización de gran parte de los bienes del clero regular, como una medida fundamental del nuevo modelo económico liberal.

En los años siguientes (1837-1840) se sucedieron los gobiernos moderados y se produjo el fin de la guerra, convirtiendo a Espartero, de talante progresista, en héroe nacional. Los moderados restringieron el sistema mediante diversas leyes sobre imprenta y suspendiendo el proceso desamortizador, así como con proyectos de ley encaminados a reducir la participación electoral y tratando de suspender lo previsto sobre la elección de los ayuntamientos (por los vecinos). Los progresistas, al aprobar la regente la reforma de la Ley de Ayuntamientos, favoreciendo a los moderados, comenzaron a protestar en el verano de 1840, pidiendo la intervención de Espartero. La regente aprobó finalmente la reforma, lo que produjo levantamientos por todo el país. Espartero presentó entonces un programa de gobierno a la regente, que no lo aceptó y marchó al exilio.

La regencia de Espartero (1841-1843)

Espartero asumió la regencia en mayo de 1841, pero fracasó y cayó en 1843. Esto se produjo primero por la división del partido progresista entre los más radicales y el resto del partido. Su política económica (arancel de 1841, que introducía una relativa libertad de comercio), que se basaba en el librecambismo y en la ampliación de la desamortización, ayudó también al fracaso, originando disturbios en Barcelona, por miedo a perder la industria textil. Espartero bombardeó la ciudad, lo que supuso la oposición catalana a su regencia, y el daño a su imagen para toda la opinión pública. En julio de 1843 tiene lugar el levantamiento de Torrejón de Ardoz que obliga a Espartero a exiliarse junto a otros líderes progresistas. Las Cortes declararon mayor de edad a Isabel II con sólo trece años, y fue proclamada reina el 8 de noviembre de 1843.

La primera parte del reinado de Isabel II (1843 -1854): Desarrollo institucional y cambios políticos.

La Década Moderada

Este período se caracterizó por el reaccionarismo de sus gobiernos, que cambiaron continuamente. Narváez fue la figura más importante de la época en la que ejerció como jefe de gobierno y fue el principal impulsor de la Constitución de 1845. Fue el general Narváez el que instaló en el poder a los moderados mediante otro golpe de fuerza.

Las características generales de este período son: la permanencia de un régimen de monarquía liberal de tendencia conservadora; el apoyo de la reina Isabel a los sectores más conservadores, que se alineó claramente con el moderantismo; la presencia permanente de militares entre los gobernantes del país (Narváez, Espartero, O'Donnell.);y en último lugar la exclusión de la mayoría del país de la vida política y su constante degradación de sus condiciones de vida.

Durante la Década Moderada continuó el desarrollo legislativo del Estado liberal en un sentido conservador. Durante diez años se acometieron reformas que limitaron el alcance de las efectuadas por los progresistas. Se establecieron unas duras medidas para favorecer el control político absoluto de los moderados, a la vez que se elaboraba una nueva Constitución. La Constitución de 1845 es una manifestación clara del liberalismo doctrinario. En ella se establece la soberanía compartida, unas leyes que limitan los derechos de los ciudadanos, el estado confesional, la eliminación de los límites al poder real, un Senado vitalicio elegido por la Corona, Ayuntamientos y diputaciones sometidos a la Administración central, el poder de la Corona para disolver el Congreso, y la supresión de la Milicia Nacional. Posteriormente, la Ley Electoral de 1846 restringe el derecho al voto aumentando el nivel de rentas mínimo.

En 1844 se fundó la Guardia Civil, con el objetivo de mantener el orden público y la seguridad en los caminos (su fundador fue el Duque de Ahumada). Otras medidas adoptadas en esta época fueron: las leyes educativas; la primera ley del ferrocarril; la restricción de la libertad de prensa, mediante la Ley de Imprenta; el Código Penal de 1851; la reorganización de la Administración del Estado, encaminada a reforzar el centralismo; y la importante reorganización de la Hacienda en 1845. Las relaciones con la Iglesia mejoraron gracias a la firma del Concordato de 1851, durante el gobierno de Bravo Murillo, Por este concordato la Iglesia reconocía la venta de las propiedades desamortizadas, renovaba el Regio Patronato y apoyaba la monarquía isabelina a cambio de otros reconocimientos (la religión católica como la única de la nación española; el derecho de la Iglesia de poseer bienes y de intervenir en la enseñanza y en la censura sobre publicaciones), regulaciones (de la jurisdicción y atribuciones eclesiásticas; reajuste administrativo de la Iglesia española) y ayudas por parte del Estado (dotación de culto y clero).

En el aspecto político, destacó el problema del matrimonio de la Reina (1846), casada con su primo Francisco de Asís para evitar conflictos con otros países europeos. Entre 1846 y 1849, habiendo fracasado los intentos de casamiento entre Carlos VI, hijo de Carlos V y nuevo pretendiente, e Isabel II, tuvo lugar una nueva sublevación que dio comienzo a la segunda guerra carlista. Se la denomina "guerra dels matiners" y duró hasta 1849. Se desarrolló sobre todo en Cataluña y Levante, y en ella volvió a intervenir el general Cabrera. En el año 1848 se produce en toda Europa una ola de protestas revolucionarias, que coincidiría en España con una crisis económica. Estas protestan fueron sofocadas duramente por Narváez, lo que provocaría la división de los progresistas y la posterior creación del Partido Demócrata (1849). Esta crisis aumentaría durante el gobierno de Bravo Murillo (1851-1852), ya que su política ultra conservadora parecía una vuelta al absolutismo. Con todos los grupos moderados en su contra junto con los escasos diputados progresistas, dimitió y le sucedieron varios gobiernos de carácter muy conservador que provocaron un nuevo pronunciamiento militar frente al gobierno dictatorial de Sartorius, a finales de 1853.

Partidos políticos

Moderados ! "liberalismo doctrinario”

Ultra conservadores (autoritarios) ! Bravo Murillo; Martínez de la Rosa.
Centro ! Narváez.
Aperturistas ! Serrano; Canovas; O'Donnell

Progresistas "liberalismo progresista"

Más o menos moderados o radicales.
Radicales ! Partido Demócrata.
Aperturistas ! UNIÓN LIBERAL ! O'Donnell; Serrano; Alonso Martínez.

La segunda parte del reinado de Isabel II (1854 -1868): desarrollo institucional y cambios políticos.

Bienio Progresista (1854-1856)

Mientras en Europa se había producido desde 1848 un reconocimiento del sufragio universal y en España se difundían los ideales democráticos y despuntaba el movimiento obrero, el régimen moderado se iba desprestigiando cada día más. La Revolución de 1854, que fue el producto del gran descontento popular y que fue precedida por un fracasado pronunciamiento de O'Donnell en Vicálvaro (la Vicalvarada), provocaba la caída del Gobierno y el retorno de los progresistas al poder. Los protagonistas de este pronunciamiento publicaron el llamado Manifiesto de Manzanares (redactado por Cánovas) en el que se prometían importantes cambios y que sirvió de gran publicidad. Con el apoyo de varios jefes militares y el apoyo popular, la revolución triunfa en julio de 1854 y se nombra Jefe de Gobierno al General Espartero y a O'Donnell, Ministro de la Guerra.

Se convocan unas Cortes Constituyentes y el Gobierno lo formaron, casi en su totalidad, una coalición de progresistas y unionistas. La Unión Liberal estaba formada por moderados aperturistas y progresistas moderados, tenía vocación centrista y se constituía como la única alternativa al progresismo. Este partido era liderado por O'Donnell. Además del proyecto de la Constitución de 1856, que no llegó a entrar en vigor, se realizaron una serie de importantes mejoras: la Ley de Desamortización, la Ley de Ferrocarriles y la Ley de Sociedades Bancarias y Crediticias. La Ley de Desamortización (1855), llevada a cabo por Madoz, declaraba la venta en subasta pública de todos los bienes amortizados, pertenecieran al Estado, la Iglesia o a los Municipios, siendo estos últimos los que fundamentalmente se enajenaron. La Ley de Ferrocarriles (1855), quería promover la construcción ferroviaria, casi inexistente; se produjo un gran crecimiento pero no pudo rentabilizarse. En cuanto a la Ley de Sociedades Bancarias y Crediticias, contribuyó al surgimiento de un mercado financiero moderno. También se restauraron la milicia nacional, la autonomía municipal y de las diputaciones.

A pesar de estas mejoras se vivía un clima de conflictividad social provocado, junto a otros factores, por el descontento obrero. Esto obligó al gobierno a presentar una Ley de Trabajo por la que se reducía la jornada laboral de los niños, se permitían las asociaciones obreras y se establecían Jurados para resolver conflictos laborales. Esta ley fue rechazada por la oposición y la conflictividad siguió creciendo. Por todo ello, Espartero dimitió y se encargó formar Gobierno a O'Donnell, que tras un breve período fue relevado por Narváez.

Vuelta al moderantismo: la Unión Liberal y el final del reinado

Durante el Gobierno de Narváez (1856-1858) se volvió a una política conservadora con el apoyo real pero con un tímido respaldo de las Cortes. En este gobierno se desarrolló una importante legislación financiera y se aprobó la ley de Instrucción Pública, o Ley Moyano, que estableció el nuevo sistema educativo, vigente hasta el s. XX.

Pero la política conservadora y represiva de Narváez, obligó a la reina a destituirle y llamar de nuevo a O'Donnell, que llevaría a cabo el llamado "Gobierno largo" de la Unión Liberal (1858-1863), un nuevo partido que pretende sobre todo el mantenimiento del orden ante el desarrollo creciente del movimiento obrero. En este período se experimentó una prosperidad económica que ayudó a mantener la estabilidad en los primeros años y el crecimiento de la industria. Aún así se vivieron dos conflictos importantes: el intento de golpe de Estado por parte de los carlistas en San Carlos de la Rápita, en 1860, dirigida por el general Ortega y la insurrección campesina en Loja, ambos sofocados rápidamente.

En cuanto a la política exterior, ésta se basaba en las llamadas "guerras de prestigio" (Marruecos, Conchinchina, México), expediciones coloniales con el objetivo de desviar la atención de los españoles de los problemas internos y de despertar el ideal patriótico.

A finales de 1862 el gobierno de la Unión Liberal comenzaba a estar desacreditado, el partido se venía abajo y comenzaba a reclamarse un cambio político. En marzo de 1863, O'Donnell dimite volviendo Narváez al poder.

El retorno de Narváez y los moderados al poder supuso un endurecimiento gubernamental que llevaría a nuevas conspiraciones. La crisis económica de 1864 y el agravamiento de la situación social, ante la demanda de participación política, la corrupción y el descrédito de la Corte de Isabel II, causaron una serie de conflictos como los sucesos de la Noche de San Daniel (Abril de 1865), el pronunciamiento de Prim en Villarejo de Salvanés (Enero de 1866) y la sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil (Junio de 1866). Estas insurrecciones fueron castigadas muy duramente y causaron la muerte de muchos protestantes.

Así, tras reprimir con fusilamientos la sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil y las manifestaciones de descontento estudiantil por la expulsión de catedráticos demócratas (Castelar, Sanz del Río) se produjo una alianza entre los sectores progresistas y demócratas. En Agosto de 1866, los progresistas, demócratas y republicanos firmaron el Pacto de Ostende, primera vez que se hace un pacto de acción entre diferentes fuerzas políticas. Tras la muerte de O´Donnell se unirían los unionistas. El pacto tenia dos objetivos fundamentales: destruir todo lo existente en las altas esferas del poder político español y constituir una asamblea constituyente elegida por sufragio universal y directo que decidiera el futuro del país. El 17 de Septiembre de 1868 tiene lugar un pronunciamiento en Cádiz, conocido como "La Gloriosa", dirigido por Prim, Serrano y Topete, que supuso la caída de Isabel II y el fin de la dinámica de enfrentamientos entre moderados y progresistas que había marcado todo su reinado.

La crisis del moderantismo y la Revolución de Septiembre de 1868.

El Sexenio democrático se inicia con el último levantamiento militar y civil de los liberales al viejo estilo, probablemente el mejor organizado y articulado de todos ellos: la revolución de septiembre de 1868, también llamada septembrina o Gloriosa.

El movimiento revolucionario de septiembre es consecuencia de la acumulación de causas muy variadas: ninguna por sí sola —probablemente— hubiera producido la revolución, pero su confluencia hizo posible el triunfo inicial del movimiento septembrino. Las causas económicas de mayor relevancia se refieren a los efectos de la crisis financiera de 1866. Su traducción más amplia supone la caída del valor de las acciones de las empresas ferroviarias, de los títulos de la deuda del Estado y del precio del suelo de las grandes ciudades. En consecuencia, muchos bancos y empresas quebraron y se arruinaron los propietarios. A lo anterior hay que unir las malas cosechas de 1867 y 1868, que ocasionaron carestías y hambre. La situación se agravaba porque la actividad económica se redujo (por ejemplo, se detuvo la construcción de ferrocarriles) y consiguientemente también la oferta de trabajo. La subsistencia de amplios sectores de la población —urbana y rural— se hizo más difícil y, entre las clases populares, se extendió el hambre. Este clima de insatisfacción se traducía en demandas variadas en función de la escala social que se ocupaba. Desde el reclamo de una nueva desamortización por parte de las clases medias, a la supresión de los consumos y de las quintas en las clases populares.

En el terreno político, las causas apuntan a un elemento clave: el agotamiento del régimen político moderado. Los motivos del desgaste eran abundantes. Unos sencillamente biológicos: los principales defensores de Isabel II se murieron, O'Donnell en 1867 y Narváez en 1868. Otros se refieren a la corrupción misma del régimen liberal. Todos están en relación con el empeño de los moderados, sin capacidad para resolver los problemas del país, en mantenerse en el poder a cualquier precio. Eso se tradujo en el desprecio del sistema parlamentario, que aunque no era nuevo en la vida política española, se convirtió ahora en patente. La intervención de la reina a favor de un sector del partido no permitía el acceso al poder de las oposiciones liberales monárquicas más que desde la fuerza: el pronunciamiento.

En esta situación, los partidos de la oposición (progresistas, Unión Liberal y demócratas), carecían de posibilidades legales para alcanzar el poder. O'Donnell, en lo que sería el último intento, pretendió que los progresistas volvieran a participar en las elecciones y ofreció la ampliación del sufragio censitario y las libertades de expresión y reunión. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Ni los moderados ni la reina tenían credibilidad ante progresistas y demócratas. Así las cosas sólo existía una vía para que la oposición alcanzara el poder y pusiera en práctica las reformas que creían necesarias: la revolucionaria. Cuando los unionistas optaron —a la muerte de O'Donnell— por seguir el mismo camino, a los moderados sólo les quedó la posibilidad de intentar resistir.

La preparación del movimiento revolucionario correspondió —como en ocasiones anteriores— al grupo minoritario de la élite política. Sin embargo, en este caso, hubo también un importante movimiento popular que hay que poner en relación con el malestar social y con la difusión de las ideas políticas en las ciudades, merced a la creciente influencia de la prensa política de oposición. Hubo dos intentos revolucionarios anteriores: uno en 1865, otro en 1867. No tuvieron éxito.

En 1865, un artículo de Castelar contra la reina ("El rasgo") ocasiona su destitución como catedrático. Hubo motines estudiantiles en protesta a los que se sumaron los progresistas. La fuerza pública los reprimió con dureza en la Noche de San Daniel.

En 1866, Prim coordinó esfuerzos de militares y civiles progresistas y demócratas para organizar un pronunciamiento. Estaban comprometidos también los sargentos del cuartel de San Gil de Madrid. El movimiento fracasó y la represión fue muy dura. Estas acciones desacreditaban y minaban aún más a los gobernantes unionistas y moderados. Con las muertes de O´Donnell y Narváez, una parte del ejército quedó a la expectativa. Otros muchos jefes y generales unionistas optaron por la adhesión a la alternativa revolucionaria. La resultante suponía la pérdida del apoyo militar para la causa de Isabel II.

La preparación inmediata de la revolución de 1868 se inició en agosto de 1866. Cuarenta y cinco dirigentes progresistas y demócratas(Prim, Sagasta, Ruiz Zorrilla, Castelar, Pi y Margall, etc.) se reunieron en la ciudad belga de Ostende. Allí acordaron unir sus esfuerzos para hacer triunfar un movimiento revolucionario que acabara con la monarquía de Isabel II y el régimen político de 1845, para establecer un régimen liberal democrático. Las características precisas, en concreto y sobre todo la opción sobre monarquía o república, las definirían unas Cortes constituyentes elegidas por sufragio universal masculino y directo. El general Serrano, jefe de la Unión Liberal a la muerte de O'Donnell, decide la adhesión del partido al Pacto de Ostende. El nuevo socio aseguraba el apoyo militar al movimiento revolucionario y, en buena parte, su triunfo efectivo. A la vez, se diluía el carácter radical de la revolución.

La revolución se inicia en septiembre de 1868 con el pronunciamiento de la armada surta en Cádiz. El almirante Topete y los generales Serrano (Unión Liberal) y Prim (progresista) son sus dirigentes indiscutibles. Difunden el manifiesto de la España con honra en el que se proclama la expulsión de la reina y el establecimiento de un gobierno provisional que asegure el orden y la regeneración política del país mediante la proclamación de las libertades —expresión, asociación, reunión— y la convocatoria de Cortes constituyentes por sufragio universal.

Enseguida se suman fuerzas militares y también juntas revolucionarias de carácter civil al movimiento, que se extiende primero por las regiones mediterráneas y andaluza y, luego, con rapidez, por toda España. El encuentro militar de Alcolea, entre las tropas sublevadas y las fieles a Isabel II, supone el triunfo de los primeros y la salida de la reina a Francia.

El Sexenio Democrático: características políticas y problemas de cada una de sus etapas.

Este periodo se divide en varias etapas:

Gobierno provisional (Oct. 68 - Jun. 69)

Al poco tiempo del comienzo de este Gobierno se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes. Los partidos políticos no estaban de acuerdo acerca de la forma de Estado, Monarquía o República. Mientras que los unionistas y progresistas eran partidarios de la Monarquía, los demócratas estaban divididos entre los monárquicos y los republicanos. La opción monárquica aventajó ampliamente a la republicana y se procedió a la elaboración de una nueva Constitución. Las principales características de la Constitución de 1869 eran: la proclamación de la soberanía nacional, con el correspondiente sufragio universal; la Monarquía como forma de estado pero con las competencias del Rey limitadas; la división de poderes; una exhaustiva declaración de derechos; sufragio universal masculino de mayores de 25 años y modelo conservador del Senado, regulación de Ayuntamientos y Diputaciones, libertad de culto pero con el mantenimiento del culto católico por parte del Estado; y el compromiso de regular la situación de las colonias. Esta última medida llegaba tarde ya que la revolución había estallado en Cuba, dando comienzo a la Guerra de los Diez años o Guerra Larga (1868-1878). Una importante medida de este período fue la reforma monetaria y el establecimiento de la peseta como moneda oficial, con la función de emitirla exclusivamente del Banco de España.

Regencia de Serrano (Jun. 69 - Dic. 70)

Aprobada la Constitución, Serrano fue elegido regente y Prim Jefe de Gobierno. En estos años se publicaron diversas reformas para desarrollar la Constitución, como la Ley de Orden Público, la ley Electoral, el nuevo Código Penal, etc., además de la ya mencionada reforma monetaria. A pesar de estas reformas, el descontento popular no disminuía y comenzaron a producirse levantamientos campesinos a favor de la República. Además la situación en Cuba era muy desfavorable para el Gobierno español que se vio obligado a aumentar las levas y los impuestos. En este clima de inestabilidad, Prim emprendió la búsqueda de un nuevo Rey. Descartadas las casas de Francia y Portugal e incluso la de Alfonso, el hijo de Isabel II, la posible entronización de Leopoldo Hohenzollern (Prusia), causó un grave enfrentamiento diplomático entre Francia y Prusia, que tiempo después desencadenaría la guerra entre los dos países. Finalmente, el príncipe italiano Amadeo de Saboya accedió y partió para España. Prim, principal valedor del futuro rey, fue asesinado días antes del desembarco de Amadeo, condicionando así su reinado.

Reinado de Amadeo de Saboya (Ene. 71 - Feb. 73)

El reinado de Amadeo de Saboya fue un fracaso. Primero por el carácter del monarca, que no logró ganarse el apoyo del pueblo español, y segundo, por la ausencia de Prim, que mantenía unido al partido progresista y a la coalición gobernante. La inestabilidad política era enorme y el monarca tenía en su contra a la aristocracia, los terratenientes, los industriales, el clero, los carlistas y los republicanos. En tales circunstancias no es de extrañar que se sucedieran seis gobiernos y tres elecciones generales. Tras la muerte de Prim, el Partido Progresista, mayoritario hasta entonces, se dividió en dos grupos: los constitucionales, dirigidos por Sagasta, y los radicales, liderados por Ruiz Zorrilla. A estos problemas se sumarian el agravamiento de la guerra cubana y el estallido de una insurrección carlista en el País Vasco. Además se produjo un enfrentamiento en el Congreso sobre la abolición de la esclavitud y el auge del movimiento obrero había llevado a las Cortes a prohibir las asociaciones obreras. En tan difícil situación, Amadeo se vio incapaz de gobernar el país y el 11 de Febrero de 1873, al tiempo que rechazaba la propuesta de un golpe militar por parte de algunos generales, presentó su abdicación.

La I República (Feb. 73 - Ene. 74)

La proclamación de la República era la única alternativa, ya que los alfonsinos y carlistas no contaban con el apoyo necesario para la restauración borbónica. Figueras fue nombrado Jefe del Poder Ejecutivo y formó gobierno entre republicanos y radicales, con Pi y Margall como Ministro de Gobernación. La situación del país en este momento era caótica, todavía no se había recuperado de la crisis económica y la República contaba con escaso apoyo popular. Internacionalmente, sólo Estados Unidos y Suiza reconocían el nuevo régimen. En el interior, la mayoría de los partidos pasaron a la oposición. Además, los republicanos estaban divididos entre unionistas o centralistas (Castelar) y federales o federalistas (Pi y Margall). Desde el primer momento se produjeron levantamientos campesinos y surgieron los primeros focos federalistas. El Partido Radical intentó dos golpes de Estado y su fracaso les obligó a abandonar las Cortes. Tras las elecciones a Cortes Constituyentes en mayo se proclamó la República federal como forma de Estado y Pi y Margall comenzó a ejercer como presidente. Se realizó un proyecto de Constitución en 1873 pero no llegó a entrar en vigor porque, a partir de los primeros días de Julio, el país entró en un proceso revolucionario que acabó por hundir definitivamente a la República. Se sucedieron los incidentes como la huelga general proclamada en Alcoy, la insurrección cantonal en buena parte del país y el agravio de la guerra carlista. Pi y Margall dimitió entonces y fue sustituido por Salmerón. Éste dio plenos poderes al Ejército que fue sofocando los focos de sublevación y la Guardia Civil incrementaría sus efectivos. Salmerón dimitió en Septiembre, tras negarse a firmar dos penas de muerte para unos líderes cantonalistas. El nuevo presidente sería Castelar, que buscaba el orden y la autoridad apoyándose en el Ejército. Se puso fin al avance carlista y estaba a punto de caer la sublevación cantonal de Cartagena pero Castelar no contaba con el apoyo suficiente en las Cortes y el 2 de Enero de 1874, cuando se estaba votando un nuevo gobierno, se produjo un golpe de Estado por parte del general Pavía sugiriendo a Serrano Jefe de Gobierno.

Gobierno autoritario de Serrano (Ene. - Dic. 74)

Serrano lleva a cabo una dictadura militar, que dura casi un año, y es un gobierno de transición hasta la restauración borbónica. En este período se estaba desarrollando el Partido alfonsino y hacía efecto la propaganda de Cánovas, dirigente de este partido. En Diciembre, Alfonso XII firmaba el Manifiesto de Sandhurst, en el que prometía una monarquía católica, dialogante, constitucional y democrática. Aunque la idea de Cánovas era una vuelta pacifica a la Monarquía, el general Martínez Campos se adelantó y se pronunció en Sagunto el día 29 de Diciembre a favor de la Monarquía. El Gobierno no opuso resistencia y Alfonso XII era proclamado Rey.

El sistema político de la Restauración (1874-1917): fundamentos, funcionamiento, sistema electoral; conservadores y liberales.

Tras el pronunciamiento del general Martínez Campos en 1874, por el que se reponía en el trono al hijo de Isabel II, Alfonso XII, comentó en España una nueva etapa histórica conocida como Restauración, en la que se acabó consolidando una forma de Estado liberal moderada bajo la hegemonía de una oligarquía burguesa y terrateniente muy conservadora. Esta etapa duraría en teoría hasta 1931, aunque ya en 1923, con la dictadura de Primo de Rivera, se puede dar por finalizada. Experimentó numerosos cambios políticos, pero por primera vez existió una Constitución duradera que materializaba los rasgos políticos del sistema.

El régimen político

Las líneas generales del sistema se contienen en la Constitución de 1876, fiel reflejo del pensamiento de Antonio Cánovas del Castillo.

El proyecto de Constitución canovista que comenzó a elaborarse en 1875, y fue planteado de manera flexible para que diera cabida a los distintos programas liberales. Los principios políticos de Cánovas se resumen en lo que denominaba ''la constitución interna del país'', es decir, las instituciones tradicionales: la Corona y las Cortes. Por otra parte, admirador de la estabilidad del parlamentarismo inglés, Cánovas pretendía establecer un sistema bipartidista en el que dos partidos "de notables" se turnasen en el ejercicio del poder mediante elecciones restringidas a los propietarios y contribuyentes.

Se elaboró una constitución de carácter moderado, que establecía el bipartidismo como sistema de relevo en el gobierno, no reconocía la soberanía nacional de modo suficiente y sancionaba los derechos tradicionales de la Iglesia. Los artículos de la misma fueron aprobados en breve tiempo y con pocos debates. Fue promulgada en junio de 1876 y establecía la "soberanía compartida" del Rey y las Cortes como representante de los principios de autoridad y libertad, y una práctica política que debía efectuarse sobre el principio de la existencia de unos partidos oficiales que aceptaran los reglamentos de la legalidad constitucional. Serían unos "partidos de notables", puesto que la ley electoral de 1878 restableció el sufragio censitario que dejaba la participación ciudadana reducida a no más de un 5% de la población.

La constitución establecía el centralismo político-administrativo como fórmula de organización del Estado, aboliendo los fueros de las provincias vascas por una ley de julio de 1876 que revalidaba la igualdad fiscal y de prestación del servicio militar de todos los ciudadanos españoles. Establecía también la Constitución la unidad de códigos y la igualdad jurídica de todos los ciudadanos. Sólo hay un reconocimiento vago de ciertas libertades políticas (expresión, asociación, etc.).

Otro aspecto de la centralización fue la reorganización de las diputaciones provinciales y ayuntamientos. Se restringió la participación ciudadana en las elecciones de los cargos, dejándose estas a los propietarios; se estableció que en las poblaciones de mas de 30.000 habitantes (casi todas las capitales de provincias y algunas otras ciudades) los alcaldes fueran nombrados por el rey y que los presupuestos provinciales y municipales debían ser aprobados por este.

En resumen, la constitución canovista estableció un modelo moderado, censitario, lleno de limitaciones a los derechos políticos de los ciudadanos. Pero su propio carácter flexible y abierto permitiría que se fuesen introduciendo reformas en años sucesivos que le dieran un talante mas aproximado al de las constituciones democráticas.

A partir de la muerte de Alfonso XII en 1885, se consolidó el turno de partidos ("Pacto de El Pardo"). El nuevo partido liberal-fusionista de Práxedes Mateo Sagasta -que ya había gobernado entre 1881 y 1883- apareció como contrincante del liberal-conservador de Cánovas. Sagasta era más liberal y avanzado que Cánovas: bajo sus gobiernos se introdujo el sufragio universal, se ampliaron las libertades de asociación y expresión e, incluso, se tuvieron en cuenta los problemas sociales, creándose la Comisión de Reformas Sociales.

Pero el régimen, a pesar de las reformas, se basaba en el falseamiento electoral. Los candidatos, designados desde el Ministerio de la Gobernación -"encasillados"- salían elegidos como diputados por el distrito correspondiente gracias al control social que ejercían los hombres influyentes -"caciques"- del partido en esa zona.

A fines de siglo, el sistema político estaba en crisis por diversos factores. La España "oficial" y la España "real" no tenían nada que ver y el sistema era incapaz de resolver los grandes problemas del país: los nacionalismos periféricos, la cuestión colonial y militar y el desarrollo del movimiento obrero. Además, los dos líderes desaparecieron en esos años: Cánovas fue asesinado en 1897 y Sagasta murió en 1903. Tras ellos, una nueva generación de políticos -Antonio Maura, José Canalejas- encabezaron los dos grandes partidos dinásticos que en muchas ocasiones tuvieron que crear "gobiernos de concentración" con políticos de diversas tendencias.

Los fundamentos sociales

El régimen canovista se basaba fundamentalmente en el apoyo de las clases y grupos más conservadores de la sociedad: los latifundistas, la burguesía harinera castellana, la burguesía industrial catalana y sectores de la gran burguesía industrial y financiera vasca. Se ha afirmado que la política económica y social de la Restauración era dictada por el "triángulo" formado por cerealistas castellanos, ferreteros vascos y empresarios del textil catalanes. Pero también se ha hablado de una "España dual" en la que esas zonas industriales convivían con otro país muy atrasado, con un analfabetismo superior al 75% de la población y modos de vida y niveles de renta miserables.

En esas condiciones sociales, la Restauración se apoya en una sociedad organizada en tomo a los "caciques", hombres ricos e influyentes que controlan la vida social en la mayor parte del país. El caciquismo era la forma de vertebración de una sociedad tan atrasada. Además, la Restauración contaba, desde luego, con el apoyo indiscutible de instituciones sociales tan influyentes como la Iglesia y el Ejército.

Pero el desarrollo económico y urbano que se produce en el último tercio del siglo irá generando fuerzas sociales cuyos intereses chocarán con los de la oligarquía. La pequeña burguesía en Cataluña y País Vasco irá creando una conciencia regionalista que busca su expresión política en los primeros movimientos nacionalistas ("Bases de Manresa" en 1892 y PNV en 1895). El movimiento obrero se desarrolla, por un lado, entre el proletariado agrícola del sur, donde predomina el anarcosindicalismo, y entre los obreros de la minería y la industria, que asumen con fuerza las ideas socialistas (PSOE, 1879; UGT, 1885). Además, el republicanismo se mantuvo vivo y pujante entre los sectores urbanos más ilustrados.

A fines de siglo nuevos partidos políticos irán consiguiendo representación en ayuntamientos, e incluso en 1910 un socialista (Pablo Iglesias) se convirtió en diputado. De esta manera, la base social del régimen se fue haciendo cada vez más estrecha y, a pesar de que se introdujo el sufragio universal y se promulgaron leyes que ampliaban las libertades políticas (asociación, expresión, sindicación, etc.), sobre todo con los gobiernos de Sagasta, a finales de siglo empezó a resultar inservible el sistema político para permitir la participación de la “España real” y la solución a los graves problemas del país.

Restauración borbónica y Constitución de 1876

Tras el golpe del general Pavía y la disolución de las Cortes (1874), se establece un régimen militar bajo la presidencia de Serrano. Pero durante este período Cánovas prepara el regreso de la dinastía borbónica al trono español con una propaganda hábilmente dirigida. El 1 de diciembre Alfonso XII firma el Manifiesto de Sandhurst, en el que garantiza una monarquía dialogante, constitucional, democrática y católica. La idea de Cánovas era una vuelta pacífica de la Monarquía pero los generales Martínez Campos y Jovellar se adelantaron pronunciándose en Sagunto el 29 de diciembre. El gobierno no opuso resistencia y el día 31 se proclamó rey a Alfonso XII. El 9 de enero, a su llegada a España, Alfonso ratifica su confianza en Cánovas. Las primeras medidas adoptadas por éste fueron la sustitución de gobernadores civiles, presidentes de Diputación y alcaldes por hombres afines a la Corona. Se restituyeron los cargos perdidos en el Sexenio y se condecoró a los jefes y servidores de la causa alfonsina. Se decretó el cierre de numerosos periódicos y se dieron órdenes estrictas para el mantenimiento del orden público y el control de la oposición. Se aprobaron nuevos tribunales y procedimientos para los delitos de imprenta, se eliminó el matrimonio civil, los juicios por jurado y vistas orales públicas y se restableció el Concordato. A pesar de todas estas medidas la represión fue selectiva y suave, y se mantuvo contacto con los líderes progresistas y demócratas.

La elaboración de una nueva Constitución se encarga a una asamblea elegida por Cánovas y dirigida por Alonso Martínez. En diciembre se convocan elecciones por sufragio universal, aunque fueron manipuladas por el ministro Romero Robledo para asegurar una amplia mayoría canovista e inaugurar la práctica electoral típica de la Restauración. La Constitución de 1876 establecía un sistema político que habría de permitir el ejercicio del gobierno a todos los partidos que aceptaran el sistema liberal y la Monarquía, intentando acabar con el retraimiento político y los pronunciamientos. Los principales aspectos son: Soberanía compartida; restricción de ciertos derechos (imprenta, asociación...); poder legislativo para las Cortes con el Rey, Cortes bicamerales, con senadores elegidos por derecho propio, por designación real y elegidos por corporaciones y mayores contribuyentes; poder ejecutivo ejercido por la Corona; refuerzo del poder judicial; Ayuntamientos y Diputaciones bajo el poder gubernamental; reconocimiento de la confesionalidad católica, manteniendo el culto y el clero, pero con una ambigua libertad de creencias.

Aún con el predominio del talante conservador en el texto se intenta establecer en sistema flexible para garantizar la durabilidad del régimen. Mientras tanto, se termina con el frente carlista, aunque los problemas asociados a él no se resuelven (sentimientos regionalistas y religiosos ultra conservadores). También se logró la pacificación en Cuba mediante la paz de Zanjón (1878). En ella se prometen una serie de reformas cuyo incumplimiento desatará años más tarde la guerra de 1895.

Restauración borbónica y Constitución de 1876

La Restauración sucede a un período extraordinario, encuadrado por los años 1869-1875, y en cuya agitación todo resultó imposible: monarquía y República, centralismo y federalismo, la guerra —mal conducida— y la paz. —ni siquiera intentada—. La Restauración había de ser norma, equilibrio y estabilidad, final de un estado de excepción, no sólo en el curso de la vida española, sino estado de excepción en el concierto de los pueblos europeos. [J. Pabón, Cambó, I, p. 45]. Cánovas contribuye cual ningún otro a levantar el edificio de la Restauración sobre la base de la monarquía tradicional, aunque en la figura nueva de Alfonso XII. La característica más definitoria del período que adviene tras el pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto es la idea de estabilidad, que emerge ahora y contrasta no sólo con relación al convulso sexenio precedente, sino incluso frente al largo y accidentado período isabelino. El hecho de que el contexto europeo coetáneo venga definido también, incluso previamente, por el orden y el equilibrio, aunque ayuda, no debe hacer olvidar las bases específicas en las que se apoya este singular periodo de la historia contemporánea de España.

Estabilidad que es consecuencia de la integración en el sistema —previa aceptación de la monarquía— de buena parte de las fuerzas políticas y sociales; que se concreta en el turno pacífico de partidos; que, tras el golpe de Pavía y el pronunciamiento de Martínez Campos, trueca militarismo por civilismo, aunque tenga que vérselas de inmediato con los enconados problemas carlista y cubano; que se traduce en un desarrollo económico sostenido, bien que sin poder seguir el ritmo europeo que por entonces se acelera con la segunda revolución industrial; y que está en la base del despertar de la Edad de Plata de la cultura española. Por descontado, teniendo como telón de fondo la Constitución pactada de 1876, la cual, hasta el presente, no ha tenido parangón en longevidad en nuestra historia contemporánea.

Pero no todo son luces en la Restauración canovista. Las críticas de los más prominentes hombres de la generación del 98 y su entorno (Valle-Inclán, Ortega, Unamuno, Azorín, Costa...), pues sus defectos chocan frontalmente con su ideal regeneracionista. Y, de entre ellos, tal vez sea Joaquín Costa, al hablar de «oligarquía y caciquismo», quien encuentra la más concisa y acertada definición, aspectos éstos en los que ha ahondado buena parte de la historiografía posterior.

Es manifiesto que muchos de sus líderes —versus partidos—, más bien consideran al Estado cual si fuese coto o finca propia, viviendo de espaldas al pueblo y sin dejar que éste se inmiscuya en política (Vicens Vives) o, lo que es lo mismo, que las elecciones resultan sistemáticamente un fraude, al estar amañadas de antemano (Romero Robledo es mero ejemplo, bien que paradigmático), no sólo por arte y parte de los conservadores, sino también de los liberales (y ello es más censurable tras el sufragio universal de 1890, propiciado por Sagasta).

No menos grave resulta que sus dirigentes, en exceso conservadores y no sobrados de inquietudes sociales, se muestren incapaces de dar cauce a las nuevas fuerzas emergentes que la industrialización y el incipiente auge regionalista hacen brotar por entonces (socialismo y catalanismo en especial), como tampoco intentan una adecuada reforma agraria que, en especial en Andalucía, reparta la propiedad de modo más justo, al tiempo que mejore el estatus socioeconómico, cultural y vital de los braceros, y vaya acompañada de una verdadera modernización de la agricultura.

La concepción canovista, aun sin desconsiderar su validez y aciertos, ya tiene en sí sobrados gérmenes de conservadurismo, aburguesamiento, falta de inquietudes sociales, y hasta de corrupción, de modo que, superada la gracia inicial, confrontada al desgaste del tiempo, y añadida su escasa capacidad de regeneración, inclusive de adaptación para integrar las nuevas fuerzas emergentes, la acaben haciendo progresivamente inadecuada.

La Restauración monárquica en la figura de Alfonso XII y sus antecedentes

El pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto, con una brigada cuyo mando le presta el general Dabán, y que supone el acto inicial de la Restauración de la monarquía borbónica en la figura de Alfonso XII, no resulta algo casual.

Esquematizando, podríamos incidir brevemente en cinco puntos, que nos encaminan a la Restauración monárquica: el callejón sin salida a que la República ha conducido al país, sumado a una postura internacional cada vez más proclive hacia un giro que aporte estabilidad a España; el golpe del general Pavía, que acaba con el gobierno republicano de Castelar, ya que este último, a pesar de su prestigio, inclusive del viraje conservador, no logra enderezar la convulsa trayectoria anterior; el gobierno provisional del general Serrano en 1874, que no consigue superar su estatus de provisionalidad; la aceleración por entonces de los pasos que Cánovas viene dando desde tiempo atrás, a la espera del momento en que la aceptación de Alfonso XII caiga cual fruta madura; y, finalmente, el pronunciamiento de Martínez Campos y la inmediata y apoteósica llegada del joven monarca a España.

Mas todo va a evolucionar en 1874. No serán los enconados conflictos del carlismo o de la guerra de Cuba, sino: por un lado, el mismo ejército, ya un tanto desengañado de seis años de gobiernos, entre revolucionarios e inestables, que quiere salir de una vez por todas de esta situación de provisionalidad; por otro, la desafección de los grupos sociales más favorecidos, que sólo piensan en el regreso a una situación más estable (dígase favorable a sus intereses); y con el alejamiento cada día más perceptible de las clases medias, pues los ideales utópicos republicanos no conjugados con la estabilidad y el orden, les habían hecho olvidar su fervor inicial. Y, como telón de fondo, la fuerza del alfonsismo que se percibe por doquier, y que dará al traste con los proyectos de presidencia vitalicia del general Serrano.

En efecto, desde la abdicación de Isabel II en su hijo (junio de 1870), y desde que en agosto de 1873 Cánovas se convierte en portavoz del partido alfonsino, este historiador viene dirigiendo todos sus esfuerzos en preparar el terreno para que el país, de manera como espontánea, reconozca y acepte la restauración monárquica en la figura del joven príncipe Alfonso.

Para ello orienta su educación, primero en el Theresianum de Viena y luego en Inglaterra, modelo de monarquía constitucional, en la Academia Militar de Yorkton (había prometido un «rey soldado»), al tiempo que se convierte en su portavoz. Por otro lado, intenta allanar el camino, ganándose la adhesión de las clases populares, potenciando los dos círculos alfonsinos establecidos en la capital (conservador y liberal), estimulando la prensa, e intentando captarse al ejército al tiempo que debe frenar la impaciencia de los generales más impetuosos, pues teme que un precipitado pronunciamiento a favor del príncipe aboque en guerra civil, deje al futuro monarca a merced de un general o de un partido, de una sospecha de ilegitimidad, de la cual difícilmente pueda despojarse, al tiempo que le sustraiga la paternidad de la Restauración.

Un hito clave en este encuentro planificado entre el príncipe y su pueblo es el Manifiesto de Sandhurst (residencia del príncipe, próxima a la Academia) el 1 de diciembre de 1874, redactado por el propio Cánovas, en el cual el futuro rey se compromete a serlo de todos los españoles, intentando desvanecer posibles suspicacias o reticencias asentadas, apelando a su talante liberal y reafirmando su catolicismo, pues los carlistas, dada su mayor aceptación entre el clero y los católicos españoles, tienen una vaga esperanza de que Roma se incline por su pretendiente.

La proclamación del nuevo rey en la figura del príncipe Alfonso se realiza el 29 de diciembre de 1874, aunque el método no sea del agrado ni coincida con lo planificado por su principal valedor. Con Sagunto o sin Sagunto, la monarquía habría sido restaurada. El recibimiento apoteósico de Alfonso XII en Barcelona el 9 de enero de 1875, como su posterior entrada triunfal en Madrid cinco días después, resultan muestras evidentes de la adhesión del pueblo, y la presentación de credenciales que un mes más tarde llevan a cabo los embajadores de Portugal, Rusia, Austria, Francia, Bélgica, Alemania o Inglaterra, de reconocimiento internacional; como, por especial motivo, la del nuncio, a primeros de mayo, que significa la pérdida de toda opción por parte del carlismo, a quien, por demás, la suerte de las armas le resulta cada día más adversa en el campo de batalla.

El ministerio regencia que preside Cánovas, y cuyo gabinete causa extrañeza por su heterogeneidad no parece que se confeccione con ligereza. En la idea de sumar fuerzas al proyecto monárquico incluye antiguos moderados como Orovio (Fomento) y Cárdenas (Gracia y Justicia), pasando por otros unionistas (Salaverría y el marqués de Molins, para Hacienda y Marina, respectivamente), algún amigo como Alejandro de Castro (Estado), o progresistas y revolucionarios como López de Ayala (Ultramar), o el mismo Romero Robledo (aunque éste ya había dado un giro notable tras su participación en los hechos de 1868); buena parte de ellos, bien es verdad, con experiencia anterior en el cargo. Y para Guerra, Jovellar, en vez de Martínez Campos, para que no quede la menor duda sobre la paternidad de la Restauración.

La Constitución de 1876

La preparación de la Constitución de 1876 manifiesta claramente el propósito de conciliación. En el ministerio de regencia de 1875, Cánovas reúne una comisión de significados personajes políticos de períodos anteriores y de las más diversas tendencias, los cuales, de común acuerdo, concretan unas bases de legalidad común. Pero Canovas no sólo influye directamente en el proceso, sino que hasta la redacción de muchos artículos se deben a él. El anteproyecto resultante estará dotado de cierta flexibilidad, y a medio camino entre la Constitución moderada de 1845 y la democrática de 1869. El texto definitivo, que en gran medida coincide con el anteproyecto, es aprobado el 24 de mayo en el Congreso con un 87 % de votos a favor (y hasta con un 92 % en el Senado, un mes después), para, tras su ratificación real, aparecer en la Gaceta de Madrid el 2 de julio.

Se trata de una Constitución pactada («que en unión y de acuerdo con las Cortes del reino [...] hemos venido en decretar y sancionar»; preámbulo), donde «la persona del rey es sagrada e inviolable» (Art. 48), que consagra unas Cortes bicamerales (Congreso y Senado), en las que «la potestad de hacer leyes reside en las Cortes con el rey» (Art. 18), y el poder ejecutivo en el rey y sus ministros; que establece «unos mismos Códigos [que] regirán en toda la monarquía» (Art. 75), y que en el título último precisa que «las provincias de Ultramar serán gobernadas por leyes especiales». En general muy sobria en la formulación de los principios (dejando amplio margen de interpretación al partido en el poder), y, por demás, extremadamente breve (89 artículos en trece títulos).

Los tres puntos en teoría más arduos (soberanía nacional, cuestión religiosa y sufragio universal), tienen salidas harto diferentes. El primero, relativo a la soberanía nacional, se solventa sobreentendiendo que tanto el rey como las Cortes son anteriores a cualquier Constitución escrita, y que el poder legislativo recae en ambos conjuntamente. El segundo, sobre la cuestión religiosa (Art. 11), al final se llega a una transacción, ya que ni se establece una unidad religiosa excluyente, ni tampoco la libertad de cultos.

En el tercer punto, el artículo deja libertad al partido en el poder para actuar como le plazca: cabe el sufragio restringido y el universal. Queda el asunto remitido para una ley posterior, que se traducirá en sufragio censitario en los tres primeros quinquenios, para retornar al modelo de 1869, el del sufragio universal, con Sagasta en 1890.

El reinado de Alfonso XII (1875-1885): el turno de partidos.

En 1876 el sistema diríase sustancialmente configurado. Pero no menos importante es su andadura inmediata posterior, ya que es ahora cuando se estructuran los partidos, la Constitución se desarrolla a través de leyes especiales, es preciso atender a la situación económica y financiera, un tanto postergada en años anteriores, respetar el acuerdo tácito del turnismo que se hace efectivo en 1881, para más tarde responder al reto que se plantea con el fallecimiento prematuro del monarca en 1885.

Los hechos principales que tuvieron lugar durante este reinado fueron el fin de la guerra carlista, aunque no se resolvieron los problemas asociados al carlismo como el sentimiento regionalista (especialmente en el País Vasco) y el sentimiento religioso ultra conservador y tradicionalista. También el fin de la guerra cubana, gracias a la actuación de Martínez Campos y Jovellar y a la negociación, por medio de la Paz de Zanjón (1878). El incumplimiento de las promesas realizadas a los cubanos acarrearía años más tarde la guerra de 1895.

El turno de partidos

En el aspecto político, la característica fundamental es el turno de partidos, ideado por Cánovas e imitando el sistema británico. Para éste, era fundamental para mantener el orden y la estabilidad, un equilibrio político. Si Cánovas y su partido se hubieran perpetuado en el poder, hubieran dado lugar a la aparición de conflictos políticos, como en la época de Isabel II. Por lo tanto, era necesaria una ordenada alternancia entre los dos partidos que aceptan los principios básicos del sistema (partidos dinásticos). Los carlistas y los republicanos quedan excluidos por ello (además no serán legalizados hasta 1881) y el resto de fuerzas políticas son muy minoritarias. En la práctica, la alternancia política no empieza a funcionar hasta 1881, cuando entra a gobernar el recién creado Partido Liberal Fusionista. A partir de 1885, con el Pacto de El Pardo, este sistema queda definitivamente configurado. Cuando un partido considera que ya se ha desgastado en el ejercicio del poder o ha perdido apoyo de los propios grupos que hay en su seno, presenta el Rey su dimisión. El Rey entonces nombra jefe de Gobierno al líder del otro partido, se disuelven las Cortes y se convocan unas nuevas elecciones y, mediante la práctica del fraude electoral (que se haría más frecuente a medida que pasara el tiempo) daba lugar a una mayoría cómoda para el nuevo partido en el gobierno, con una representación minoritaria del otro partido.

Trayectoria política.

Las diferentes fases del Gobierno durante este período fueron:

Primer Gobierno conservador de Cánovas (1875 - Feb. 1881)

Se caracteriza por el establecimiento de una serie de medidas que refuerzan el control del Estado. Estas medidas eran de carácter represivo y destacan entre ellas la Ley de Imprenta (1879), que establece la censura previa de prensa y se considera delito cualquier ataque a la Monarquía o al sistema, bajo pena de supresiones y multas cuantiosas; el control de la Enseñanza Universitaria (1876), impuesto por Orovio, limitando la libertad de la cátedra; y la restricción de la libertad de reunión y asociación, prohibiendo los partidos republicanos y las asociaciones obreras, distinguiendo a los partidos en legales e ilegales (1881). Además de esto, se realiza una reforma administrativa de carácter centralizador (1876), que incluye el control por parte del Estado de Diputaciones y Ayuntamientos, poco después de que una ley deje abolidos los fueros vascos (si bien se establecen unos conciertos económicos que van a resultar muy positivos para el desarrollo vascongado, en especial de Vizcaya); y se publica la Ley Electoral de 1878, en la que se establece el sufragio censitario muy restrictivo (aproximadamente un 5% de la población).

Primer Gobierno liberal de Sagasta (Feb. 1881 - Ene. I884)

Comienza con este gobierno la alternancia que caracterizó el régimen. En 1881, Canovas lleva ya cinco años de presidente de un gobierno refrendado por elecciones. Su partido ha sido revalidado en 1879, en elecciones organizadas durante el intermedio de Martínez Campos. Ahora bien, de intentar seguir obcecadamente en Ministerio, máxime tras la consolidación de la oposición liberal, se habría hecho inviable el turno de partidos. Es por un lado una cierta sensación de cansancio en los conservadores y, por otra, la impaciencia del líder de los fusionistas lo que motiva que el rey acabe llamando a Sagasta para que forme gobierno.

En esta primera etapa liberal la orientación liberalizadora fue bastante tímida. La necesidad de consolidar un partido más heterogéneo, la defección de Serrano, y el breve tiempo que permanecen en el poder, motivan que los grandes proyectos legislativos tengan que ser relegados para posterior turno: así acaece con la Ley de Asociaciones, del Jurado, el Código Civil o la implantación del sufragio universal. Se intentó terminar con las restricciones de la libertad de expresión, se devolvieron las cátedras a los profesores y se permitieron las asociaciones obreras y republicanas y se creó la Comisión de Reformas Sociales(1883), un antecedente del Instituto de Reformas Sociales. Aún así, la timidez de estas medidas provocó disturbios y protestas, que fueron respondidas con dureza por el Gobierno. El Rey encargó entonces formar Gobierno a Cánovas en 1884.

Segundo Gobierno conservador de Cánovas (Ene. 1884 - Nov. 1885)

En enero de 1884 de nuevo Cánovas accede al poder, en el que permanece hasta noviembre de 1885.

Entre las causas que, sin duda, contribuyen a una rápida erosión de este gabinete, se encuentran: los alborotos estudiantiles de Santa Isabel, con ocasión de un nuevo intento por parte de Pidal y Mon de limitar la libertad de enseñanza; la primera pérdida de unas elecciones (municipales), en abril de 1885, organizadas por Romero Robledo; el asunto de las Carolinas, al autorizar Canovas a Alemania el establecimiento de un depósito carbonero en Guam; y el cólera de 1885 (a los efectos, la causa principal), mostrándose el gobierno incapaz de hacer frente con una política sanitaria adecuada a un embate que acaba costando 120245 vidas humanas y causa estragos en toda la economía del país, en especial en el comercio. Sin olvidar la trascendencia y excepcionalidad del fallecimiento de Alfonso XII, en noviembre de 1885, que aconsejan un gobierno no desgastado, que acompañe a la regente en una nueva etapa en la que bien podían barruntarse algunas dificultades.

En definitiva, en este período se volvió a una política de mano dura con el objetivo de restablecer el orden público. Tuvieron lugar nuevos enfrentamientos con los republicanos y se decidió el cierre de la Universidad de Madrid. En noviembre de 1885 muere Alfonso XII, que dando como regente su segunda esposa, María Cristina.

La Regencia (1885-1902): las transformaciones políticas y los límites del sistema.

Con la muerte de Alfonso XII (25 de noviembre de 1885) se abría un período muy significativo, caracterizado por la presencia al frente del Estado español de su viuda la reina regente doña María Cristina de Habsburgo-Lorena, en aplicación de los artículos 67 y 72 de la Constitución de 1876. La Regencia alcanzó hasta la mayoría de edad de Alfonso XIII en mayo de 1902. Junto a la consolidación del régimen monárquico en unas circunstancias adversas, la vida política española instituyó unos patrones de comportamiento político declaradamente oligárquicos, sin que ello impidiese la recuperación de una parte notable de los principios que alimentaron la Gloriosa. Al mismo tiempo, la sociedad española conoció profundas mutaciones que alteraron el statu quo sociopolítico sobre el que se había desenvuelto en las décadas precedentes. De un lado, se afirmó el componente civilista del régimen. De otro lado, el centralismo de corte francés que caracterizó al liberalismo español fue respondido por la aparición de unos movimientos nacionalistas y regionalistas que encontraron en la década final del siglo su expresión política en Cataluña, País Vasco, Galicia y Valencia.

En el orden social, el desarrollo y consolidación de un sistema capitalista durante la Regencia alimentó el nacimiento de un movimiento obrero de raíz doble, anarquista y socialista que, siquiera de un modo simbólico, puso en entredicho el engranaje socioeconómico del sistema. Finalmente, los problemas coloniales que se arrastraban desde hacía décadas encontraron su desembocadura en la crisis finisecular que acabó con los restos del Imperio ultramarino y situó España en el ámbito internacional corno una potencia de orden menor. La crisis de fin de siglo alcanzó su expresión más dura en la derrota militar y se plasmo con toda crudeza en el Tratado de París al establecer la pérdida de las colonias antillanas y del Pacífico, restos del que fuera Imperio español preliberal.

En el plano de la política interior, la Regencia representó el triunfo definitivo de los presupuestos de Cánovas del Castillo de establecer un sistema de turno pacífico entre los partidos del sistema y la exclusión de aquellas fuerzas extremas que negaban las bases sobre las que la Constitución de 1876 estableció el juego político. Una Constitución, que se mostraba flexible, como habrían de mostrar las medidas reformistas de los liberales y que, a su vez, establecía con nitidez el marco de los excluidos: aquellos que pusieran en cuestión el régimen político (monarquía), el sistema socioeconómico (hegemonía de la burguesía y, por lo tanto, de los principios del capitalismo) y, en el orden territorial, la unidad de España y sus colonias dependientes. De no menor interés se presentaban igualmente otras cuestiones «accidentales», como el sufragio, susceptible de ampliación, o el papel creciente de la Iglesia en una sociedad en franco proceso de secularización.

El Pacto del Pardo

La muerte del rey afectó de modo inmediato a la dinámica política de la España restauradora. La primera consecuencia fue la entrada en vigor de los preceptos constitucionales que garantizaban la continuidad del régimen a través de la Regencia de la reina viuda, María Cristina, cuya aplicación inmediata puso fuera de lugar las aspiraciones de la reina madre. La segunda consecuencia se había concretado días antes de la muerte del rey, cuando Antonio Cánovas del Castillo y Práxedes Mateo Sagasta acordaron la inmediata renuncia de los conservadores al poder y su asunción por el líder liberal. Bajo la idea desarrollada por Cánovas de que la nueva situación requería un nuevo gobierno, la llegada de los liberales significaba la consolidación desde entonces de un sistema de turno pacifico entre los dos partidos dinásticos que arranca del denominado pacto de El Pardo. Con dicho acuerdo ambas fuerzas políticas establecieron un sistema de rotación en el poder que representaba en primer término el dominio total por parte del Ministerio de la Gobernación de las consultas electorales con independencia del tipo de sufragio practicado. El falseamiento electoral sistemático era el único capaz de crear las mayorías necesarias para garantizar la estabilidad del régimen. Su práctica, consolidada hasta la segunda década del siglo actual, constituyó el experimento maduro de un sistema político definido como liberal oligárquico, que permitió una sucesión de gobiernos liberales y conservadores con independencia de la voluntad popular. En definitiva, se comprometen a apoyar la regencia, a facilitar el relevo en el gobierno cuando perdiera prestigio y apoyo de la opinión pública, y a no echar abajo la legislación aprobada por ellos en el ejercicio del poder.

La evolución política de estos años fue la siguiente:

• Gobierno "largo" de Sa

Historia de España del siglo XIX

Reinado Carlos IV. Guerra de Independencia. Revolución Liberal. Cortes de Cádiz. Fernando VII. Isabel II. Moderantismo. Sexenio revolucionario

Apuntes resumidos de varios temas