Historia de España contemporánea

Historia de España del siglo XIX. Carlismo. Liberales y reformistas. Liberalismo. desamortizaciones eclesiásticas. Regencia de María Cristina

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Tema 7

  • Pleito dinástico y opciones políticas

  • La cuestión sucesoria y la situación política

    La sucesión de Fernando VII ofreció a los liberales la posibilidad de alcanzar el poder político de manera pacífica.

    La situación política al final del reinado de Fernando VII

    Los absolutistas confiaban en que el infante Carlos María Isidro alcanzara el trono a la muerte de éste. El año 1830 fue decisivo: se promulgó la pragmática Sanción, que permitía a las mujeres reinar en España, y nació la primera hija (María Isabel) de Fernando VII. Este hecho dejaba al candidato absolutista sin posibilidades de reinar.

    Primeros intentos carlistas y reacción de Fernando VII

    En septiembre de 1832, el ministro Calomarde logró la derogación de la Pragmática.

    La reina consorte María Cristina reemplazó a Calomarde por Cea Bermúdez y el rey restableció la pragmática.

    Don Carlos no aceptó la decisión y se expatrió a Portugal. La confrontación bélica fue inmediata.

    El conflicto español en el ámbito internacional

    Los países de régimen liberal, como Francia, Inglaterra y Portugal, reconocieron a la nueva reina; otros mantendrán una prudente reserva y un tercer grupo llegó a acreditar representación diplomática ante don Carlos.

    Tradicionalismo y liberalismo

    El conflicto surgido en España en 1833 suponía una etapa más de la revolución liberal que acabaría triunfando.

    Se enfrentaban dos opciones donde el triunfo de una suponía la desaparición de la otra.

    Dos corrientes en el carlismo

    En el carlismo convivían dos grupos ideológicos. Los mayoritarios eran absolutistas inmovilistas que se oponían a cualquier reforma que supusiera apertura política o social. Los minoritarios defendían los regímenes forales y las leyes políticas tradicionales españolas del Antiguo Régimen con algunas reformas. Unos y otros propugnaban la confesionalidad del Estado y la unidad religiosa.

    Liberales y reformistas

    Los liberales pretendían una Constitución que reconociera la soberanía nacional y los derechos de los ciudadanos y que se liberaran las propiedades de la Iglesia y de la nobleza. Al tomar don Carlos partido por los absolutistas intransigentes, los liberales sólo tuvieron una opción: apoyar a la reina y a su madre María Cristina.

    Un país dividido y enfrentado

    Los carlistas sólo podían organizarse como guerrillas en campo abierto. Allí podían eludir las unidades militares de mayor número y escoger los lugares con guarniciones más débiles para vencerlas y desarmarlas. Así, poco a poco, fueron dominando territorios cada vez más amplios.

    Los apoyos de los carlistas e isabelinos

    Isabel se identificó con el liberalismo. Recibió apoyo de una minoría selecta e influyente de la sociedad.

    El carlismo estuvo arropado por el sector más activo del bajo clero, el artesanado pobre y buena parte del campesinado sin propiedades.

    Las guerras carlistas

    Con el reconocimiento de Isabel como heredera de la Corona, el carlismo se configuró como alternativa política al sistema liberal. Esto originó una larga guerra civil que se desarrolló en tres períodos diferenciados:

    -La primera guerra carlista (1833-1840)

    -La segunda guerra (1848-1849) y la evolución del carlismo hasta el sexénio democrático.

    -La tercera guerra carlista (1873-1876)

  • El triunfo del liberalismo

  • Tras la muerte de Fernando VII, su hija Isabel fue proclamada reina. Sin embargo, su minoría de edad obligó a establecer un período de regencias, que desempeñaron, sucesivamente, su madre María Cristina de Borbón -hasta 1840- y el general Espartero, hasta 1843.

    A lo largo de esos diez años en España se libró un doble conflicto. El primero es la guerra carlista. El segundo tuvo lugar en los territorios que dominaba el ejercito isabelino. Aquí las diversas facciones liberales pugnaron por establecer un régimen constitucional que respondiera mejor a sus principios políticos, a sus aspiraciones de reforma social y al modo y velocidad de imponer unos y otras.

    La organización del Estado liberal

    Bajo los principios ideológicos del liberalismo se implantaron las reformas que aseguraron su triunfo político, social y económico.

    La transición del absolutismo al liberalismo

    A partir de 1834, la cuestión no se planteaba ya entre absolutistas y liberales, sino entre las dos tendencias del liberalismo: moderados y progresistas.

    Una situación de compromiso: el Estatuto Real

    El Estatuto Real (10 abril de 1834) estructuraba las Cortes en dos cámaras: el Estamento de próceres, de designación real y el Estamento de procuradores, elegido por un censo.

    Durante el verano de 1836 se reanudaron los movimientos populares, éstos obligaron a la regente a reponer la Constitución de 1812 y a nombrar un gobierno progresista.

    El régimen progresista de 1837

    El período 1837-1840 se implantaron las reformas sociales liberales. Éstas estuvieron dirigidas a acabar con el poder económico y la influencia política del clero, se estableció un régimen político que respondía a los principios exaltados de soberanía nacional, división de poderes y definición de derechos de los ciudadanos.

    La organización del poder provincial y local

    El régimen de 1837 estableció el marco básico de organización del poder político en provincias y ayuntamientos. En cada localidad los electores nombraban por sufragio a su Ayuntamiento y alcalde.

    Los progresistas crearon la Milicia Nacional para el mantenimiento del orden público, dependiente de las autoridades locales y provinciales.

    Los mecanismos de acceso al poder de los partidos liberales

    • Manipulación electoral por parte de los gobiernos

    El reducido número de electores facilitaba la victoria al partido que organizaba las elecciones mediante presiones

    • Exclusivismo en el control del poder

    Ninguno de los dos partidos estaba dispuesto a permitir que el otro partido accediera al gobierno mientras ellos estuvieran en el poder. Como las elecciones se falseaban, no podían producir cambios de gobierno. Para conseguirlo se requería la confianza del regente o la reina. Los contrarios no tenían más posibilidades de alcanzar el poder que mediante un movimiento revolucionario.

    Al terminar la guerra carlista, como los jefes militares encabezaron los diferentes partidos, el control del ejército fue un factor esencial para el triunfo de los movimientos revolucionarios. Ya no bastaba un levantamiento popular, era preciso que algunas fuerzas militares lo apoyaran y organizaran un pronunciamiento.

    La implantación de la sociedad de clases

    La lucha por el poder político se justifica en buena medida por la necesidad de imponer a los que se resisten una nueva sociedad: estructurada según nuevos valores y con criterios distintos a los vigentes en la etapa anterior.

    La igualdad ante la ley: la supresión de privilegios

    Una sociedad que defiende la radical igualdad de todos ante la ley ha de acabar con las desigualdades legales; aunque se recoge en las constituciones, es necesario hacerlo efectivo con leyes.

    La supresión del diezmo y la abolición del régimen señorial en julio de 1837 acabó con los privilegios fiscales de la nobleza y el clero.

    La libertad económica

    El Estado liberal dispuso las cosas para que la libertad económica fuera efectiva: en 1836 suprimió la Mesta y sus privilegios.

    • Se dio libertad para que los propietarios rurales pudieran cercar sus tierras e imponer libremente las condiciones de los contratos

    • Se abolieron las ordenanzas que establecía la dedicación obligatoria de montes y plantíos a pastizales.

    • Se declaró la libertad de industria

    La desvinculación y supresión de mayorazgos

    El mayorazgo consistía en que las propiedades vinculadas a un título nobiliario se transmitía íntegramente al mayor de los hijos, evitando que el patrimonio se disolviera de generación en generación por efecto de sucesivas particiones.

    Las desamortizaciones eclesiásticas

    El Estado procedió a la desamortización de los bienes del clero y asumió su sostenimiento y el mantenimiento de sus instituciones educativas y asistenciales.

    El Estado liberal vendió los bienes desamortizados a particulares en subastas públicas.

    Consecuencias de las desamortizaciones eclesiásticas

    La desamortización eclesiástica tuvo motivos prácticos. El Estado liberal estaba empeñado en ganar la guerra al carlismo y necesitaba recursos económicos: la desamortización resultó ser un recurso financiero de enorme eficacia.

    Los recursos disponibles se dedicaron a comprar tierras, lo que impidió que se invirtiera en la industria, o en la mejora de cultivos y ganadería para hacerlos más rentables.

    Política liberal y sociedad de clases: el sufragio censitario

    El planteamiento que los liberales tenían del individuo y de la sociedad era radicalmente utilitarista. La riqueza se convierte en la medida de su capacidad y de su dedicación al cumplimiento de un fin natural: conseguir el éxito. Los más capaces eran los más ricos.

    Sólo poseían derecho a voto aquellos que cumplían las condiciones de riqueza y de capacidad fijadas por la ley electoral.

    3.La evolución de los acontecimientos políticos

    La regencia de María Cristina (1833-1840)

    Por muy contraria que fuera María Cristina a las medidas de gobierno que tomaban los progresistas, este grupo político no podía prescindir de ella. La regente tampoco contaba con otras fuerzas capaces de eliminarlos del juego político legal: carecía del apoyo suficiente en el ejército que, ocupado en la campaña militar contra los absolutistas, no podía interferir en la política nacional.

    La situación se modificó radicalmente cuando terminó la contienda civil: los progresistas pudieron plantearse el control del poder ejecutivo prescindiendo en la práctica de la regente, ya que el peligro de don Carlos había desaparecido. También ella intentó imponerse a los progresistas. Las dos partes recurrieron a la misma persona, Espartero, héroe popular indiscutible por su victoria sobre los carlistas, en busca del apoyo del ejército, auténtico poder efectivo en la España de entonces.

    La lucha entre moderados y progresistas

    Las diferencias entre los progresistas y los moderados se refirieron al ritmo de implantación de las reformas, a la extensión del sufragio y, sobre todo, al grado e intensidad del control que el gobierno ejercería sobre el poder político.

    Respecto a las reformas sociales, los moderados procuraron detener las ventas de bienes desamortizados y negociar con la Santa Sede para continuarlas de mutuo acuerdo. En la misma línea hay que situar su política de incluir en los presupuestos una partida para sostenimiento del clero, como preveían las leyes desamortizadoras progresistas.

    La renuncia de María Cristina

    Los moderados habían ganado las elecciones convocadas por un gobierno progresista en 1839. Su programa político les llevó a reformar las leyes aunque respetando la Constitución de 1837: lograr mayor eficacia en el control de la prensa, detener las ventas de bienes desamortizados, reducir la participación electoral, volver al sistema de un elegido por distrito y reformar la Ley de Ayuntamiento para asegurar el dominio del ejecutivo en la administración local y provincial. La reacción progresista fue declarar que tales reformas liquidaban el régimen del año 1837 y buscaron el apoyo de Espartero para defenderlo. La regente le ofreció también presidir el ministerio, aunque no aceptó sus pretensiones de anular las disposiciones moderadas.

    Los progresistas iniciaron un movimiento insurreccional de apoyo a Espartero que triunfó y el general se convirtió en el único poder real en España.

    La regencia de Espartero (1840-1843)

    La jefatura de Espartero dentro del partido progresista era discutida. La actitud de los moderados, que habían renunciado a la lucha electoral y se dedicaban a la conspiración para conseguir el poder, no le favorecía.

    Desde 1840 la opinión del país parecía inclinarse hacia posiciones moderadas.

    En lo económico se adoptó una política que benefició a la burguesía rural (reanudación de la desamortización) y un sistema comercial tendente al libre cambio.

    La oposición contra Espartero de los progresistas se concretó de dos maneras: en las Cortes, mediante el voto de censura del 28 de mayo de 1842; en la prensa, mediante la coalición antiesparterista suscrita por doce periódicos en defensa de la libertad de imprenta y de la libertad individual.

    Primero la campaña electoral y luego un golpe militar conjunto de oficiales progresistas y moderados acabaría con la regencia: Prim desde Reus, Serrano desde Barcelona y Narváez desde Valencia, se convirtieron en sus máximos dirigentes.

    El progresista Joaquín María López presidió un gobierno provisional en 1843 que abría una nueva etapa más conservadora en la construcción del Estado liberal, cuyo hombre fuerte será Ramón María Narváez.

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