Historia contemporánea de México (1940-2000)

Etapa civilista del poder (1940-1952). Industrialización. Alfabetización. Milagro mexicano (1952-1970). Desarrollo. Autoritarismo. Crisis del modelo desarrollista (1970-1982). Guerra fría. Modelo neoliberal (1982-2000). Crisis. Magnicidios. Reformas

  • Enviado por: Idali Pineda García
  • Idioma: castellano
  • País: México México
  • 181 páginas
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MEXICO CONTEMPORANEO DEL MODELO DEL DESARROLLO ESTABILIZADOR AL NEOLIBERALISMO.

(1940-2000)

Tema 1.

Etapa Civilista Del Poder (1940-1952)

Subtema: Manuel Avila Camacho, Miguel Aleman Valdez

a)La industrialización

b)La economia mexicana y la segunda guerra mundial

c)Politica educativa

d)Las universidades

e)Campaña de alfabetización

f)La urbanización

g)La división de la clase media en México

MANUEL ÁVILA CAMACHO, MIGUEL ALEMÁN VALDEZ

El gobierno de Manuel Avila Camacho (1940 - 1946) se caracterizo por su política de unidad nacional. Durante este periodo presidencial, se consolidaron las metas obtenidas en el gobierno de Cárdenas. En materia laboral, se estableció el Seguro Social Mexicano. En el aspecto educativo se reformó el artículo 3º. Constitucional, suprimiendo el carácter socialista de la educación; se estableció la Campaña Nacional contra el Analfabetismo y se creó la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica.

Con el fin de institucionalizar la vida política y democrática del país, Camacho, promovió una reforma electoral que permitió regular la existencia de los partidos políticos, la formación del Consejo del Padrón Electoral y la creación de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral. Se dio paso a los gobernantes de extracción civil.

En vista de las elecciones, el PRM se transformó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI). El PRI postuló al licenciado Miguel Alemán Valdés, quien obtuvo el triunfo electoral para su periodo presidencial 1946 - 1952. Su política se centró en impulsar la industrialización del país.

En 1947, a iniciativas del presidente, se modificó el articulo 115 constitucional para otorgar el voto a la mujer en las elecciones municipales.

Durante la campaña de 1952, el general Miguel Enríquez Guzmán abanderó a grupos descontentos con la política del gobierno y fue postulado por la Federación de Partidos del Pueblo (FPP) como candidato a la presidencia para contender contra el candidato del PRI, Adolfo Ruiz Cortines, quien resultó triunfador.

LA INDUSTRIALIZACIÓN

México ha iniciado un plan de industrialización general, abarcando todos los renglones de la agricultura y la industria que necesitan el mejoramiento: la mecanización agrícola, la mecanización industrial, la electrificación y la fundación de nuevas industrias.

El gobierno ha utilizado para este fin los créditos exteriores, que alcanzan más de cuatrocientos millones de dólares; ha expedido una ley de Fomento Industrial con particular protección para las industrias nuevas y ha creado la Nacional Financiera, encargada de la política de fomento económico.

Desde el primer año de la Administración del General Avila Camacho el gobierno mexicano trató de promover la industrialización, habiéndose proseguido esta política con vigor creciente durante el régimen del licenciado Alemán. Se ha hecho de la industrialización la gran meta nacional, confiando en que ha de lograrse una vida mejor para el pueblo mexicano al transformarse México de nación agrícola en país industrial.

LA ECONOMIA MEXICANA Y LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

En 1940 las naciones nazifascistas (Alemania e Italia) declararon la guerra a Francia, Inglaterra y Rusia, y el mundo entero se vio envuelto en esa contienda, en la que luchaban a vida o muerte la democracia y el fascismo.

La guerra fue total; no sólo se luchó en el frente de batalla, sino que también la industria, la agricultura, la ciencia y toda la economía mundial se acondicionaron para la lucha.

Al producirse el ataque de Japón contra los Estados Unidos (8 de diciembre de 1941), el gobierno mexicano, cumpliendo los compromisos contraidos en las Conferencias Internacionales, rompió sus relaciones diplomáticas y consulares con el Japón, Italia y Alemania y las reanudó con Inglaterra.

La Segunda Guerra Mundial cambio las relaciones internacionales de México en

muchas formas.

La segunda guerra mundial fue una guerra tota, y su aspecto economico incluyo la

cooperación de paises distantes de los campos de batalla. Las naciones aliadas,

Estados Unidos principalmente, aunmento sus esfuerzos para mantener los paises

de Latinoamérica a su lado.

La poliza del “buen vecino” de Estados unidos, y la inclinación de México en paoyar

las causas por la democracia, fueron las razones principales de que estos dos

paises se brindaron ayuda mutua.

Inmediatamente después del ataque japones Pearl Harbor, México rompio

relaciones con los paises del eje y adopto medidad defensivas, la cooperación de

México con los Estados Unidos aumento. México y Estados Unidos continuaron

negociaciones y ambos paises estableciron acuedos políticos, economicos y

militares par asegurar cooperación mutua. Uno de estos acuerdos fue la creación

de la Comision de Defensa México-Estado Americana.

La extensión del teatro depuse del ataque Pearl Harbor alcanzo a México. A

principios de 1942 los botes-U de Alemania extendieron su area de operaciones,

estas ahora incluian la costa Atlántica de Estados Unidos y el Golfo de México.

Y al ser hundidos por submarinos alemanes los barcos petroleros de matrícula mexicana Potrero del Llano y Faja de Oro (mayo de 1942), el gobierno mexicano se vio obligado a declarar el estado de guerra entre México y los países totalitarios.

Debido a todas estas circunstancias y a perdidas tanto físicas como materiales, México entro en un caos económico el cual afecto a todo el país, disminuyendo así la ayuda que proporcionábamos a Estados Unidos durante esta gran guerra mundial.

POLITICA EDUCATIVA

Conscientes los gobiernos revolucionarios de que una de las tareas básicas consiste en elevar el nivel cultural de los grandes sectores populares, se ha venido impulsando preferentemente la educación primaria, empero, se ha venido impulsando preferentemente la educación primaria; empero, como la población más numerosa del país se halla en el campo, la escuela rural se ha convertido en la institución representativa de la educación popular.

La nueva escuela rural no sólo atiende la enseñanza de los niños, sino que se pone al servicio de la comunidad en general, enseñando el mejoramiento del cultivo de la tierra, el aprovechamiento de los recursos de la región, y fomentando la vida higiénica, cívica y cultural de sus habitantes.

En 1960, a pesar de que existían 32,000 escuelas primarias, resultaban insuficientes para atender la enorme población escolar que queda al margen de la educación; por eso el Gobierno trata de resolver este ingente problema destinando una gran parte de su presupuesto para la formación de maestros y la construcción de edificios escolares, de acuerdo con el plan de “once años” formulado por la Secretaría de Educación, que permite prever que para 1970 ningún niño mexicano quedará sin oportunidad de recibir instrucción elemental.

LAS UNIVERSIDADES

Con el dictamen favorable de las comisiones, paso a Vasconcelos, entonces

secretario de educación, quien solicito que le fuera mostrado el proyecto.

Vasconselos retuvo en su poder el expediente hasta que fue devuelto a la cámara

por su sucesor, Bernardo Gastelum, sin que entonces llegara ya a discutirse.

En el documento de la federación se precisaba que la autonomía supone el

derecho de aprobar los planes de estudio y las demás resoluciones técnicas que el

funcionamiento de las escuelas requiriera; el de nombrar y remover a los

profesores, directores y empleados administrativos, el de ejercer con libertad el

derecho de propiedad de sus bienes y disponer libremente de los bienes que le

sean asignados. Por cuanto a la designación del rector, la federación de

estudiantes que el profesorado y alumnado de la universidad presentaran una

terna al presidente de la republica para que este hiciera el señalamiento final. En

lo que se refiere al funcionamiento interno de la universidad, el secretario de

educación tendría la facultad de hacer llegar sus opiniones y sugerencias al

consejo universitario sin que existiera ningún vinculo entre la universidad y la

secretaria.

La universidad nacional, autónoma.

Gómez morin describe los años y los días que preludiaron al movimiento de 1929 y

el otorgamiento de la autonomía de la universidad nacional como un periodo en

que la gestión ineficaz de las autoridades administrativas se extendió a todos los

sectores de la vida universitaria, rompiendo con sus aspectos más esenciales los

auténticos móviles del trabajo académico y trayendo consigo una serie de

consecuencias secundarias muy graves para la actividad docente.

La educación universitaria.

La versión que los estudiantes de1929 no reclamaron abiertamente la autonomía

parte del documento que, con gran habilidad política, le dirigió el presidente portes

Gil en respuesta al que había recibido del alumno Ricardo García Villalobos. En este

documento el presidente portes Gil dice: “aunque no explícitamente formulado, el

deseo de ustedes es el de ver a su universidad libre...” con esta declaración

pretendió ignorar todos los precedentes que habían sido presentados por los

miembros de la comunidad universitaria en demanda de autonomía, entre los que

figuraba el planteamiento de los propósitos huelguistas habían formulado en enero

durante el congreso de Mérida.

De acuerdo con la ley orgánica de la universidad autónoma nacional de México de

1929, el rector de la universidad seria nombrado por el consejo universitario de

una terna propuesta directamente por el presidente de la republica. Con todo, él

articulo 19 decía que si el presidente no hacia llegar, en él termino adecuado, la

terna al consejo universitario, este designaría a un rector provisional.

La universidad autónoma, privada.

La ley organiza de 1933 privó a la universidad de su carácter nacional, para

enfatizar el grado de autonomía que se le daba a la universidad y su

independencia completa relación al Ejecutivo, señalaba en su articulo 5° que el

rector seria "jefe nato de la institución”.

El carácter de la institución privada también se advertía en lo relativo al

financiamiento. Él articulo 9° estableció que la universidad recibiría una aportación

de diez millones de pesos por parte del gobierno a cambio de subsidio que venia

recibiendo hasta esa fecha.

Con la ley organiza de 1933 el estado aparento atorgar a la universidad su

autonomía económica; pero en realidad trato de venderla “por hambre”.

En Noviembre de 1933 el consejo universitario definió la naturaleza jurídica de la

universidad señalando que era una institución nacional

La educación universitaria.

Resolvió no remitir al congreso de la unión la iniciativa para la creación del concejo

nacional de educación superior y de investigación.

El 30 de octubre de 1935 fue publicado el decreto por virtud del cual se creo el

concejo nacional de educación superior y de investigación científica que seria el

nuevo instrumento del estado para normar la actividad de la enseñanza superior

de México. El consejo tenia carácter de órgano de consulta necesaria del gobierno

y su función ere la de estudiar las condiciones y necesidades del país en materia

educativa y de investigación.

Durante su corta vida, el concejo nacional de educación superior y de investigación

científica auspicio el desarrollos de centros universitarios como el de Guadalajara y

el de Morelia y promovió la unificación de los planes y programas de estudio, lo

mismo que las orientaciones y métodos de los institutos oficiales de cultura

superior de los estados.

La nueva universidad.

El 3 de marzo de 1943, el rector Rodolfo Brito Foucher, mediante el oficio N° 237,

solicito al precedente de la republica que dotara a la universidad de terrenos

ejidales correspondientes a los poblados de Tlalpan, Copilco, Padierna y San

Jerónimo Aculco para construir la ciudad universitaria. La gestión inicial había sido

formulada por el rector Ignacio García Téllez el 25 de septiembre de 1930 en oficio

dirigido al secretario de hacienda y crédito publico, donde expresamente requería a

esa dependencia para que activara los tramites a efecto de que la universidad

pidiera disponer de los “fondos necesarios para construir ciudad universitaria”.

Mediante un decreto publicado en el diario oficial de la nación del 25 de

septiembre de 1946, Manuel Ávila Camacho determino la expropiación de 4733

hectáreas localizadas en el punto solicitado por el rector de la universidad para que

se construyera ahí la ciudad universitaria.

Después del turbulento periodo del rector Rodolfo Brito Foucher y a sugerencia de

Ávila Camacho, el 7 de agosto de 1944 el consejo universitario constituyo una

comisión para entrevistar a los ex - rectores e invitarlos a que integraran una

junta encargada de resolver el problema de la universidad. La junta quedo

integrada por los ex - rectores García Téllez Gómez Morin, Ocaranza, Chico

Goerne, Baz y De La Cueva. A ellos correspondió designar rector a don Alfonso

Caso. De gestión de Caso, que debe considerarse luminosa , resulto la ley orgánica

de 1945 de la universidad nacional autónoma de México, todavía en vigor.

El proceso nacional.

El seminario tridentino conciliar de Sonora, fundado en 1838, fue el centro de

estudios para la juventud de Sonora y Sinaloa. Posteriormente, en 1837, fue

fundado en Sinaloa al Liceo Rosales que en 1918 paso a ser la universidad de

occidente y en 1937 la universidad socialista del Noroeste. En 1941 la universidad

socialista del Noroeste se convirtió en universidad de Sinaloa.

El 25 de febrero de 1922 fue decretada la creación e la universidad nacional del

sureste con una organización autónoma. esta universidad subsistió hasta 1938,

año en el que cambio su designación por la de universidad ce Yucatán.

En San Luis Potosí el antiguo instituto científico y literario fundado en 1859, se

convirtió en universidad del estado en 1923 y mas tarde, en 1934, en universidad

autónoma .

En 1925 quedo constituida la universidad de Guadalajara. 9 años después fue

clausurada y ese mismo año el nuevo gobernador la reinstituyo en definitiva con el

nombre de instituto socialista de altos estudios a partir de 1937 se denomina

universidad de Guadalajara. En 1930 se fundo la universidad de Nayarit. En

Querétaro el colegio civil del estado, cerrado desde 1914, fue reabierto en abril de

1921 para desparecer una ves mas en 1932 aunque entonces se le confirió

autorización para que siguiera funcionando la escuela de leyes. La universidad

Juárez de Durango, fundada el 21 de marzo de 1957 tiene como antecedente una

institución similar que comenzó a funcionar en 1933.

CAMPAÑA DE ALFABETIZACION

El sistema educativo mexicano, a partir de 1940, tuvo como objetivo principal

incrementar la edu­cación científica y tecnológica para que sirviera de apoyo a la

productividad. Desde entonces, cada gobierno ha establecido los lineamientos a

seguir con respecto a fa educación, en ese sentido, Avila Camacho implantó la

Escuela de Unidad Nacional, mientras que, tiempo después, en el período 19521

958, Ruiz Cortines retomó esa postura nacionalista.

Adolfo López Mateos aplicó el Plan de Once Años, con los objetivos da combatir el

rezago del servicio educativo mediante la permanente expansión, que pretendió

dar atención a la población estudiantil en constante y elevado crecimiento y el

mejoramiento de los planes y programas de estudio, en todos los niveles:

Preescolar, Primaria, Medio y Normal. Sin duda que un logro importante fue la

elaboración de los primeros libros y cuadernos de trabajo gratuitos.

Durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz se continuó con fa aplicación del

Plan de Once Años. La población estudiantil creció cada vez más, las escuelas

fueron insuficientes, la demanda de más y mejor educación fue intensa y

entonces, y para hacer frente a esta situación, el gobierno buscó nuevas formas de

apoyo por parte de la sociedad y decidió hacer uso de los medios masivos de

comunicación en beneficio de la enseñanza. Algunas acciones efectuadas en este

régimen con respecto al campo educativo fueron la organización del Sistema

Nacional de Orientación Vocacional, la aplicación de nuevos métodos de enseñanza

y el intento por unificar los niveles medio básico y medio superior, entre otros.

El sistema educativo nacional continuo su crecimiento en el periodo de gobierno de

Luis Echeverría Alvarez, pero a pesar del incremento en el gasto educativo. la

educación escolarizada fue cada vez más insuficiente, debido entre otras cosas, al

aumento considerable de la población.

La reforma educativa implementada por este régimen originó la modificación de los

planes y programas de estudio correspondientes a la educación básica; se

estableció el sistema de enseñanza por arcas, se diseña en nuevos libros de texto

para primaria; se crearon los Colegios de Ciencias y Humanidades y de Bachilleres

y surgieron los “Acuerdos de Chetumal” que consideraron diversos aspectos. entre

ellos, la evaluación educativa. Es notable la expedición de la Ley Nacional de

Educación para Adultos, en 1971, que indicó la creación de diversas formas de

educación extraescolar y sistemas abiertos que sirvieron de apoyo para remediar

en parte las carencias escolares.

El Plan Nacional de Educación y el Programa Federal del Sector Educativo,

señalaron los objetivos que en ese campo tenía el gobierno de José López Portillo:

satisfacer la demanda de educación básica (primaria y secundaria, principalmente);

la reducción del analfabetismo; el impulso de los sistemas abiertos y el incremento

en el uso de los medios masivos de comunicación como recurso de apoyo para la

educación.

En el período presidencial de Miguel de la Madrid, se aplicó la revolución educativa

cuyos resultados no fueron del todo positivos debido a la intensa crisis económica

que en ese tiempo afectó a todos los sectores de la actividad gubernamental, sin

embargo, en los diversos niveles educativos se hicieron llegar los adelantos

científicos y tecnológicos más modernos, como la computación, incluida en las

secundarias.

En el sexenio 1988-1994, el gobierno ha emprendido el proceso de “modernización

educativa” respuesta a los reclamos sociales y de acuerdo a los objetivos del

desarrollo nacional, pretendiendo mejorar la eficiencia, calidad y cobertura del

servicio educativo. Para esto resulta necesario extender la infraestructura, por lo

que se requiere presupuestos mayores, a fin de construir nuevos edificios

escolares y mantener los ya existentes. Una parte esencial del “Programa de

Modernización Educativa”, fue la conformación de un nuevo modelo educativo,

donde los contenidos habrían de modificarse, además de otras acciones.

Con Manuel Avila Camacho se pretendió combatir al analfabetismo, a partir de

1944. mediante la Campaña Nacional contra el Analfabetismo; el régimen de

Alemán Valdés creó la Dirección General de Alfabetización, buscando el mismo fin;

Ruiz Cortines y López Mateos continuaron la labor tendiente a reducir ¡os índices

de población analfabeta; Díaz Ordaz dispuso iniciar la alfabetización por televi­sión

y formar el Centro de Educación Básica para Adultos, además de otras acciones

que demostraron la decisión real del gobierno de reducir hasta donde fuera posible

los índices de población analfabeta.

Del gobierno de Luis Echeverría en adelante, la educación pública ha logrado

grandes adelantos al conseguir la disminución del analfabetismo. Sin embargo,

debido a muchos factores y a la crisis eco­nómica sucedida en la década de los

años 80, aumentó el rezago educativo, originando la existencia de 4;000,200

personas analfabetas y 20 millones de analfabetas funcionales, o sea, personas

que sola­mente cursaron hasta tercero de primaria. El panorama se torna difícil si

se agrega el hecho de que más de 300 mil jóvenes no tienen la oportunidad de

estudiar la secundaria y que un alto porcentaje de alumnos desertan de las

escuelas.

LA URBANIZACION

La urbanización de nuestro país, se inició prácticamente en la década de los 40;

desde luego que con ello la mancha urbana ha crecido cada vez más, ocupando

extensas áreas rurales transformándo­las y provocando la alteración de su medio

ambiente al construir en ellas casas. fábricas, carreteras y otras obras propias de

las ciudades.

Las recomendaciones dadas por organismos internacionales y los resultados

obtenidos de constantes investigaciones sobre e! problema de la contaminación,

han hecho que el gobierno mexicano aplique las medidas convenientes para

solucionarlo.

Los servicios médicos ofrecidos por todas las instituciones que integran el esquema

de la seguridad social en México, han hecho posible hacer frente a las principales

causas de muerte de la población, lo cual ha hecho posible que en ¡os últimos

años se mantenga una situación equilibrada entre enfermedades transmisibles, las

de tipo degenerativo y accidentes. Las campañas permanentes diseñadas por el

Sector Salud dieron por resultado el control y casi erradicación de enfermedades

como: sarampión, tosferina, tifo, sífilis, tuberculosis y algunas más, así también la

desaparición total de otras, entre ellas, el paludismo.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, hay enfermedades que aun

persisten ocupando primordiales lugares como causantes de defunciones,

sobresalen las diarreas y las neumonías. Además existen otros padecimientos que

han incrementado su frecuencia, destacan la diabetes, las enfermedades

cardiovasculares y las cerebro vasculares, principalmente.

Como una de las consecuencias del desarrollo económico del país, muchas

regiones vieron modificada su población. Las causas fueron la creación de vías de

comunicación, mejoramiento de las que ya existían, la fundación de nuevas

ciudades, el establecimiento de mejores condiciones de vida en vallas zonas del

país y otras más. Durante el período 1940-1990, el centro de la República siguió

siendo el lugar con mayor concentración poblacional, pero sucedieron también

varios movimientos de personas hacia otros sitios.

Algunos núcleos poblacionales se dirigieron con destino a lugares más adecuados

para las tareas agrícolas, de tal forma que provocaron un considerable aumento de

habitantes en las comarcas agrícolas de La Laguna, en la intersección de los

estados de Coahuila y Durango; del valle de Mexicali, en Baja California; la cuenca

del Río Papaloapan, en Veracruz; la cuenca del Río Tepacaltepec, en los límites de

Jalisco y Michoacán, los valles de los ríos Mayo y Yaqui, en Sonora y otras más.

Otros factores que han influido para que surgieran los cambios en la distribución

de la población son: Desarrollo ganadero, sobre todo en el norte de México; la

realización de obras portuarias y la oportunidad de estar cerca de Estados Unidos.

En los últimos años, la actividad comercial, pero sobre todo la industrial, ha

contribuido para la formación de grandes concentraciones humanas, provocando el

crecimiento de lugares como las ciudades de México, Guadalajara, Monterrey,

Nezahualcoyotl, Tlalnepantla, Naucalpan, León, Puebla. Cd. Juárez, Orizaba y

muchas más. De esta manera. en diversas regiones del país ha disminuido su

población, en otras se ha mantenido estable, mientras que en varias mas se ha

incrementado notablemente.

Tema 2

MILAGRO MEXICANO: (1952-1970)

Subtema: Gobiernos de Adolfo ruiz Cortines, Adolfo Lopez Mateos y Gutavo Diaz Ordaz.

a) El desarrollo estabilizaor

b) La crisis del autolitarismo

b.1) Movimiento magisterial

b.2) Movimiento ferrocarrilero

b.3) Movimiento medico

b.4) Movimiento estudiantil

GOBIERNO DE ADOLFO RUIZ CORTINES, ADOLFO LOPEZ MATEOS Y GUSTAVO DIAZ ORDAZ.

'Historia contemporánea de México (1940-2000)'
'Historia contemporánea de México (1940-2000)'

'Historia contemporánea de México (1940-2000)'

A la muerte del secretario de gobernación de Miguel Alemán, el doctor Héctor

Pérez Martínez, fue nombrado Adolfo Ruiz Cortines su sucesor. En 1951 dejó este

cargo para postularse como candidato a la presidencia. Durante su cargo, Ruiz

Cortines expropió latifundios extranjeros en el norte del país y estableció precios

de garantía para las cosechas. Formó el Programa de Progreso Marítimo, llamado

Marcha Mar; y la Comisión Federal de Electricidad otorgó el servicio a más de

seiscientas localidades. Ernesto P. Uruchurtu regente del Distrito Federal llevó a

cabo grandes obras públicas en la ciudad. Cortines estableció en 1954 el

aguinaldo, que consiste en un mes de salario por cada año de antigüedad del

trabajador; y dio plenos derechos ciudadanos a la mujer (elegir y ser elegida para

cargos públicos).

Una nueva devaluación dejó el tipo de cambio a 12.50 pesos por dólar. Entregó el

cargo presidencial a Adolfo López Mateos.

Durante su periodo presidencial, López Mateos nacionalizó la industria eléctrica y

se declaró el dominio de la nación sobre la plataforma continental y el espacio

aéreo.

Fue creado el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del

Estado (ISSSTE). Más de trescientas mil hectáreas comenzaron a ser utilizadas

para el cultivo gracias a mil obras pequeñas de irrigación. Se estableció la

repartición de los desayunos escolares y se edificaron cincuenta mil viviendas

populares. En 1964 se terminó la construcción de la Unidad Profesional de

Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, así como el espléndido edificio del

Museo Nacional de Antropología. En 1959 fue reprimida enérgicamente una huelga

de ferrocarrileros que no estuvieron de acuerdo con las resoluciones legales

establecidas por el gobierno.

López Mateos llevó a cabo varios viajes al extrajeron, con el fin de entablar

relaciones de amistad con otros países. Intervino en favor de Cuba cuando éste se

declaró socialista y se opuso a que fuera excluida de la Organización de Estados

Americanos. Negoció con Estados Unidos la devolución de un pequeño territorio

llamado "El Chamizal", que había pasado a manos de los norteamericanos cuando

el Río Bravo cambió su cauce unos kilómetros.

Entregó su cargo a Gustavo Díaz Ordaz el 1° de diciembre de 1964.

Durante el gobierno de Díaz Ordaz se construyó la presa de La Amistad en

Coahuila y se adquirieron dos ferrocarriles de corto tránsito: el Intercaliforniano y

el de Nacorazi.

Se desarrolló la telefonía nacional e internacional; creció la red de carreteras en

14, 200 kilómetros y fueron modernizados y construidos más de cincuenta

aeropuertos.

Fue en este periodo que se iniciaron las labores del Sistema de Transporte

Colectivo (Metro) con dos líneas la que va de Pantitlán a Tacubaya, y la de

Taxqueña a Cuatro Caminos.

Sin embargo hubo en este periodo graves problemas a los que no fue fácil

encontrarles solución. Uno fue la migración de muchos campesinos a la ciudad, lo

que causó problemas serios de vivienda.

En Guerrero se hicieron evidentes los problemas en asuntos ejidales y de

cacicazgo. En Sonora hubo fuertes manifestaciones en contra del gobierno local, y

tuvo que intervenir el ejército.

Todas estas situaciones conflictivas se presentaron en un periodo muy delicado,

pues México había sido elegido como sede de la XIX Olimpiada. Los problemas se

agravaron por el surgimiento de un movimiento que aglutinó en numerosas

marchas y manifestaciones al estudiantado de la Universidad Nacional Autónoma

de México y del Instituto Politécnico Nacional, culminando en una matanza durante

un mitin en la plaza de las tres culturas en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968.

Marcados por este lamentable acontecimiento transcurrieron los Juegos Olímpicos

y el resto del periodo presidencial de Echeverría.

EL DESARROLLO ESTABILIZADOR

Entre 1950 y 1970 la economía mexicana tuvo un desempeño notablemente

exitoso. Ante este periodo, el Producto Interno Bruto per capita creció de 3 y 4 por

ciento anual con una tasa de inflación promedio de cerca del 1 por ciento. Esos

fueron los años dorados del llamado desarrollo estabilizador de la economía

mexicana, época de industrialización y modernización. Sin embargo, a raíz de

ciertos cambios en la política económica durante la década de los setenta, la

economía se tornó más vulnerable a las condiciones externas; se devino la crisis en

la balanza de pagos: una en 1976 y otra, más severa y prolongada, en 1982. Los

gobiernos ulteriores serían partidarios de optar por la globalización del país,

intentando incertarlo en el mundo regido por los patrones de la competitividad. A

partir de 1988 el criterio teórico que prevaleció hasta el final del mandato del

Presidente Zedillo fue la aplicación de la política neoliberal


Una de las épocas más optimistas para la economía mexicana sin lugar a dudas es

el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, comprendido en las décadas de

los cincuenta a los setenta. El éxito se basó específicamente en concretar el

desarrollo del país en un modelo de crecimiento hacia adentro, prácticamente

ignorando al exterior a través de barreras arancelarias y no arancelarias (aranceles

y contingentes). A manera de ejemplo, de los sesenta a los setenta el número de

artículos que requerían de permiso previo aumentó en un 60%. Con la aplicación

del Sistema de Sustitución de Importaciones (SSI) se propició que el sector

industrial creciera notablemente, ello conllevó al desarrollo de una rápida

urbanización (durante los setenta el número de ciudades de más de 2,500

habitantes creció del 42,6% al 58,7%), con lo que la población se concentró en el

sector industrial y de servicios, quedando relegada la actividad agrícola. De los

cincuenta a los setenta la tasa de crecimiento poblacional alcanzó niveles de casi

3,5% por año. Sin embargo el crecimiento industrial no fue suficiente para

absorber la creciente fuerza de trabajo que se trasladó del campo a la ciudad. La

alternativa, nunca suficiente por supuesto, fue el sector de los servicios, aunque la

remuneración generalmente era inferior a la del sector industrial.

Durante la época del Desarrollo Estabilizador se aplicaron unas políticas

macroeconómicas empeñadas en lograr la estabilidad financiera. Lo más

destacable es que se logró generar un considerable ahorro interno; la política

cambiaria, con relación al dólar, desde 1954 se fijó en $12,50 pesos, paridad que

pervivió hasta mediados de 1976 cuando se devino una crisis en la balanza de

pagos que aniquiló al régimen de tipo de cambio fijo. El deterioro definitivo se

devino fundamentalmente por dos razones:

Debido a que la expansión del gasto público fue acompañada de incrementos en la

recaudación fiscal, y con ello el déficit fiscal creció con el aumento del déficit de

cuenta corriente, y la tasa de inflación.

La retórica de centro-izquierda del Presidente Luis Echeverría Álvarez, terminó por

deteriorar la confianza que los empresarios e industriales habían depositado en el

país.


La fórmula por la que el gobierno apostó tras la desaceleración económica de

principios de los setenta, fue optar por la expansión del gasto público,

incrementando la inversión estatal. Se creyó que si el Estado controlaba

mayormente el desarrollo económico participando activamente en la inversión y

que fuera propietario de sectores estratégicos como el energético, México sería un

país más próspero, más justo y menos vulnerable a las tensiones políticas y

económicas tanto internas como externas (The Macroeconomics of Populism in

Latin America, 1991: 223-262). El gobierno de Luis Echeverría Álvarez consideró

que lo más conveniente era que el Estado tuviera una mayor participación por que

con ello lograría un mayor control, y con un mayor control previsiblemente se

podrían evitar tensiones sociales similares a las acaecidas durante 1968, ya de tipo

estudiantil o de tipo guerrillero, específicamente en el campo (Bazdresch, 1989).

Lo rescatable de este período fue que se incentivó el desarrollo de proyectos de

infraestructura y lo referente a la educación se vio sensiblemente favorecido. En

contraposición hubo un desperdicio extraordinario de los recursos, lo que conllevó,

finalmente, a un incremento del déficit fiscal y a los ya señalados desequilibrios en

la cuenta corriente de la balanza de pagos; ambos problemas fueron financiados a

través del endeudamiento con el exterior. El déficit fiscal aumentó del 2,5% del

PIB en 1971, al 10% del PIB en 1975 (Zedillo, 1986: 968). Asimismo, en ese

mismo período el déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos subió de 900

millones de dólares a 4,400 millones de dólares, al tiempo que la deuda pública

aumentó de 6,700 millones de dólares a 15,700 millones de dólares (Macro

Asesoría Económica..., 1990: 562). Finalmente, la tasa de inflación, que en las dos

décadas anteriores había sido el máximo orgullo nacional, aumentó de 3,4% en

1969 a 17% en 1973 (Macro Asesoría Económica..., 1990: 433). Como

consecuencia, la política de la expansión en el gasto público definitivamente se

derrumbó en 1976.

La acción lógica ante tales vicisitudes económicas, y agravadas éstas por el

proceder pro-socialista del gobierno de Echeverría, fue la huida de los capitales

privados hacia Estados Unidos, previendo que el tipo de cambio con relación al

dólar caería todavía más. Ello provocó que las reservas del Banco Central se

agotaran, hasta que en agosto de 1976, ante una situación desesperada y luego

de 22 años de un tipo de cambio fijo, se permitió la libre flotación del peso. La

primera reacción fue la devaluación del peso en una cifra cercana al 40%.

Posteriormente estalló la crisis. El gobierno recurrió al FMI en busca de apoyo

financiero, hecho que se concretizó a finales de 1976 con la firma de un acuerdo.

Sin embargo, coincidiendo con Zedillo, bien es cierto que el mal manejo de las

políticas económicas no fueron el único factor que conllevó a la crisis económica,

también lo fue que la recesión económica sufrida a nivel mundial -específicamente

en virtud de la crisis de los precios del petróleo de 1973- implicaron que el país

entrara en una de sus más agudas crisis económicas (Zedillo, 1986: 965).

LA CRISIS DEL AUTORITARISMO

La crisis auritalista estallada en 1976 tuvo una corta duración. Ya en el ejercicio de

gobierno del Presidente José López Portillo, se descubrieron enormes yacimientos

de petróleo, lo que de nueva cuenta fue un factor determinante en la aplicación de

la política - económica nacional. Las anteriores políticas restrictivas del gasto

rápidamente fueron cambiadas por una política de derroche. La frase que se

convirtió en el estandarte del sexenio fue que México, de entonces y en adelante,

tendría que aprender a Administrar la Abundancia, frase que, como se verá más

adelante, no fue una realidad digna de fiarse. La postura gubernamental era que el

país crecería de forma inmensurable a partir de 1978, pero se desestimó la pésima

administración que tendrían los recursos obtenidos. Se pensó que el desarrollo del

país podría sobradamente estar sustentado en la exportación de petróleo y sus

derivados, y que a partir de la obtención de esos ingresos se podrían reducir las

restricciones de tipo fiscal al tiempo que se pagarían las deudas con el exterior. El

sector privado rápidamente se aprestó a retornar los capitales al país, situación

que se vio todavía más favorecida en 1979, cuando se descubrieron nuevos

yacimientos de petróleo y, añadidamente, el precio del petróleo se incrementó a

nivel internacional.

Con lo anterior todo parecía indicar que en adelante México se vería encumbrado

en la lista de los países más ricos y, tal vez, más poderosos. El Estado sustentó el

crecimiento en el gasto público, lo que impactó sensible y favorablemente en la

producción y en la captación de inversión privada, lo que conllevó a la generación

de empleo. Las cifras revelan la pujanza económica que se vivía en aquellos

tiempos, y específicamente entre 1978 y 1981. A modo de ejemplo, el incremento

del PIB alcanzó cifras del 8,4%, al tiempo que la inversión aumentó al 16,2% y la

generación de empleo creció 5,7%.

Empero, en el transfondo de todo este gran optimismo se vislumbraban agudos

problemas. La dificultad mayor radicaba en la excesiva dependencia en un solo

recurso natural, el petróleo. Mientras se pensaba en Cómo Administrar la

Abundancia se empezó a formar una bomba, la cual no tardaría en explotar.

Primero se empezó a formar un déficit fiscal, agravado por la sobrevaluación del

peso, lo que conllevó a un sensible desequilibrio en la balanza de pagos. El hecho

que desafortunadamente vino a agravar la situación fue la creencia de que los

precios de la gasolina seguirían en aumento, lo que sirvió de justificante para que

el gobierno incrementara el gasto público (World Bank Development Report, 1980:

La creencia resultó un fracaso. En el último tercio de 1981 el déficit fiscal alcanzó

la cifra del 14,1% del PIB. Ya en 1982 la situación se convirtió en una crisis

insostenible.

El camino que el gobierno decidió tomar fue financiar el déficit público a través de

préstamos solicitados al exterior, y más en concreto a algunos bancos. Bien es

cierto que hasta 1980 se manejaban niveles de deuda dentro de los límites de lo

razonable -v.g 3,300 millones de dólares por año, de 1978 a 1980-, pero se

disparó hasta un total de 33,800 millones de dólares. La solución, a la vista del

gobierno, no fue otra que echar mano de los recursos naturales, aunque no ayudó

a paliar los efectos contundentes pues las condiciones ya estaban dadas.

Aparejadamente la balanza comercial rápidamente fue deficitaria, incrementándose

de 1,800 millones de dólares en 1978 a 3,400 millones en 1980.

En muy corto tiempo el país se volvió absolutamente dependiente de sus

exportaciones petroleras, llegando al 72,5% de las exportaciones totales de bienes

y servicios durante 1981, lo que conllevó a que la paridad peso - dólar estuviera

en función de los precios internacionales del petróleo. Por último, y como una

agravante mayor, las tasas de interés del exterior aumentaron, lo que obligó a que

se designaran mayores cantidades de dinero al pago de la deuda. Durante 1981

las tasas de interés del exterior subieron, al tiempo que el precio del petróleo bajó.

La solución seguida ante tal situación: más endeudamiento con el exterior. Con

esto se terminaron de afinar las causas para convertir a la deuda en un problema

de dimensiones inmanejables, esto es, al término Deuda se agregó el de Eterna.

MOVIMIENTO MAGISTERIAL

Independientemente de los antecedentes del MRM, del movi­miento de los maestros bilingües de la Coalición de Promotores 1 que por cierto en 1979 habían llevado a cabo un plantón y la to­ma del edificio mismo de la SEP en el Distrito Federal, de los mo­vimientos de normalistas en Oaxaca, Tuxtepec, Tamazulapan y la participación de muchos maestros normalistas en el Mo­vimiento Democrático Universitario; en la coyuntura de 1980 se presentan, como nuevos ingredientes para el surgimien­to del Movimiento Magisterial Democrático de la sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), los siguientes hechos: los salarios castigados por la política económica gubernamental; la discutida elección de Fernando Maldonado como secretario general de la misma <en el congreso celebrado en Huajuapan el 22 de enero) y que grupos de opositores señalaban como una imposición; el nombramiento de éste como secretario general del CDF del PRI (el 24 de abril), que genera el rechazo de diversos núcleos de profesores; los intentos de la policía por detener la protesta del contingente magisterial en la marcha del 1 de mayo del mismo año y de lo que más adelante se responsabilizará al secretario general de la sección; las maniobras de la dirección del sindicato para destituir al delegado de la SEP, Hernán Mo­rales Medina, utilizando el paro magisterial (iniciado el 2 de mayo en demanda de solución al problema de retraso de pa­gos a más de 2 000 mentores) y que tienen como propósito colocar en ese puesto al anterior secretario general de la sec­ción, profesor David Mayrén.

El paro iniciado el 2 de mayo rebasa a los dirigentes y se vuelve como un bumerang contra ellos cuando intentan dete­nerlo. Se le pide a Maldonado que renuncie a la secretaria del PRI y que encabece la demanda de aumento salarial, a lo que habrá de negarse.

Días más tarde, el 12 de mayo, más de 12 000 maestros realizan una marcha silenciosa en la ciudad de Oaxaca. Se forma la asamblea permanente con 66 secretarios generales de las delegaciones, así como con representantes de diversos centros de trabajo y comités de lucha. Los acontecimientos se desarrollan vertiginosamente. El 13 de mayo es desconoci­do el Comité Ejecutivo Seccional y se nombra una comisión ejecutiva integrada por tres representantes de cada región misma que, por la fuerza que adquiere el movimiento, enca­bezará casi por dos años al magisterio de la entidad. El movi­miento es apoyado por la Federación de Padres de Familia y otras organizaciones del sector disidente entre las que se en­cuentran la COCEO y la COCEI.

El 29 de mayo, más de 24 000 maestros oaxaqueños parti­cipan en una manifestación en la ciudad de México exigiendo un aumento de salarios y el reconocimiento de la comisión ejecutiva. El día 9 de junio vuelven a manifestarse junto con otros 60 000 profesores del Distrito Federal convocados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) la que, incluso, realiza un paro en apoyo de los maes­tros de Oaxaca. Los maestros oaxaqueños se quedan en plan­tón indefinido frente a las oficinas de la SEP en la ciudad de México. Corno resultado de estas acciones se obtiene del Co­mité Ejecutivo Nacional del SNTE el compromiso de convocar a un congreso extraordinario para elegir nuevos dirigentes y la aceptación de la comisión ejecutiva integrada por 12 miem­bros de la sección XXII, pero encabezada por un representan­te del Comité Ejecutivo Nacional, responsabilidad que recae en la persona del profesor Hugo Romero Ojeda. Por su parte el gobierno federal otorga un aumento del 22 por ciento a maestros federales y además 500 pesos adicionales a los maestros rurales con lo que concluye finalmente el paro y el plantón frente a la SEP.

Al término de esta primera etapa, en que son desconocidos los dirigentes, queda al frente de la sección XXII una co­misión ejecutiva presidida por un representante del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE que, en dos ocasiones incluso, es reemplazado. La lucha empero no queda ahí, sino que durante cerca de dos años se orientará a lograr la realización del congreso seccional para elegir a sus representantes. A pesar de las dilaciones y negativas del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE el congreso se realiza finalmente en febrero de 1982 saliendo derrotado por abrumadora mayoría el grupo van­guardista y quedando al frente de la sección uno de los miembros de la comisión ejecutiva, el profesor Pedro Martí­nez Noriega.

Consolidado en Oaxaca el movimiento, éste habrá de to­mar nuevos perfiles. La sección XXII, luego de una consulta estatal entre sus miembros, decide integrarse a la Coordi­nadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), levantando nuevas demandas ante la delegación estatal del ISSSTE, de la cual es titular Ericel Gómez Nucamendi, entre ellas: creación de puestos periféricos y clínicas; remoción del director del hospital por despotismo y negligencia; liquida­ción de préstamos y devolución de descuentos; abasteci­miento y ampliación de las tiendas del instituto. El 22 de noviembre de 1982 la asamblea estatal de dicha sección, máxi­mo órgano de dirección del movimiento, acuerda exigir un aumento salarial del 50 por ciento y constituir el Frente Esta­tal en Defensa del Salario y Contra la Carestía de la Vida, para ello amplían sus alianzas con otros grupos del sector disidente: Pedro Martínez Noriega expresa en abril de 1983: “La presente crisis obliga a que numerosos sectores nos aglutinemos para conseguir mejores condiciones de vida, es un momento coyuntural que identifica a los trabajadores, no tanto en coincidencias políticas sino en función de necesidades insatis­fechas que indudablemente llevarán al magisterio oaxaqueño a celebrar alianzas con obreros y campesinos.”

Con la intención anterior se celebra, en octubre de 1983, el Primer Foro de Organizaciones Populares Contra la Carestía y la Austeridad, con la asistencia de 16 organizaciones, entre ellas: la Unión de Colonias Populares de Huajuapan, el SUTIN, la COCEI, el PSUM, el PRT, la Unión de Campesinos Pobres de la Mixteca, el STEUABJO, etcétera, y el 18 del mis­mo mes se lleva a cabo, junto con estas organizaciones y otras en todo el país, el Paro Cívico Nacional. Para este mo­mento las demandas del magisterio se dirigen al ISSSTE, a la Unidad de Servicios Educativos a Descentralizar (USED) y al gobierno del estado. A este último se le pide la aclaración de la muerte de 36 profesores que han sido asesinados en los úl­timos años y la solución del problema de 2 810 maestros fede­ralizados que no pueden jubilarse mientras no sean cubiertas las cuotas que requiere el ISSSTE.

Otros planteamientos de este momento son la negativa de la sección a la llamada “descentralización educativa”, en cu­yo rechazo coincide con los contingentes a los de la Coordi­nadora Nacional de Trabajadores de la Educación que agrupa a la sección VII de Chiapas y a los comités centrales de lucha de diversos estados de la república. En enero de 1983 la CNTE logra del consejo nacional (en el que se elige a Alberto Mi­randa Castro como secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE) dos carteras dentro del comité ejecu­tivo que recaen en las personas de Cirilo Rivera de la sección XXII y de Manuel Hernández de la sección VII.

Obviamente el desarrollo del movimiento no es lineal, se enfrenta especialmente a la burocracia sindical nacional que apoya a los miembros de Vanguardia Revolucionaria para re­cuperar el control de la sección XXII. Las fuerzas minoritarias de Vanguardia en Oaxaca la llevan en su impotencia polí­tica, a dar golpes de espectacularidad como el de las “tomas” del edificio sindical y del hotel del magisterio el 24 de octubre de 1983, en un momento en que la sección sindi­cal atraviesa por un fuerte diferendo interno a causa del apo­yo al ayuntamiento popular de Juchitán, desconocido el 3 de agosto del mismo año, y que en el balance político de Van­guardia presenta circunstancias favorables para recuperar el poder. La respuesta, sin embargo, es negativa para ésta, ya que los maestros actúan masiva y unitariamente en defensa de su proyecto sindical que se caracteriza por una amplia par­ticipación de las bases en la toma de decisiones y que ha si­do, hasta el momento, el elemento fundamental de su larga resistencia. El 25 de octubre miles de maestros acordonaron la manzana donde se ubica el edificio sindical, y días más tar­de, los miembros de Vanguardia se ven obligados a desalo­jarlo, protegidos por la policía del estado.

No obstante, los vanguardistas no cejan en su empeño, el 3 de noviembre de ese

año, realizan una asamblea general en Temazcal, Tuxtepec, donde eligen un

Posteriormente las acciones políticas de los maestros de la sección XXII se dirigieron en varias direcciones, entre ellas destacan: la preparación de la sucesión del Comité Ejecutivo Seccional que debió ser relevado en febrero de 1985, la solución de las diversas demandas hechas al gobierno estatal, a la USED y al ISSSTE; el fortalecimiento de la alianza con otros sectores, entre ellas con la sección VII de Chiapas, con la que se habían realizado asambleas estatales conjuntas, la CNTE, los sindicatos independientes y la FSTE, con la cual participó en marzo de 1984 en la toma de las oficinas del SSSTE.

Casi tres años habían transcurrido desde la elección del Comité Ejecutivo de la sección XXII encabezado por Pedro Martínez Noriega y cuando ello, en diciembre de 1984, se ini­ciaron los trámites para que de acuerdo a lo dispuesto por los estatutos del SNTE, el Comité Ejecutivo Nacional diera a co­nocer la convocatoria para el congreso en donde se elegirían a los nuevos representantes. Al hacer, el Comité Ejecutivo Nacional caso omiso del acuerdo, los maestros oaxaqueños decidieron realizar un paro indefinido de labores, en marzo de 1985, e iniciar una caminata de cerca de 1 000 maestros hacia la ciudad de México. Después de varios días, cuando la mar­cha llegaba ya a la ciudad de Tamazulapan, en la víspera de una visita a Oaxaca del Presidente de la República Miguel de la Madrid, con motivo de la celebración del natalicio de don Benito Juárez, el 21 de marzo, y con el apremio de la Se­cretaria de Gobernación, el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE aceptó firmar un convenio con la sección XXII, en el que aquel se comprometía a celebrar el congreso en abril del mismo año y esta última, a levantar el paro y suspender la ca­minata. Llegó abril y los maestros oaxaqueños se quedaron esperando, el CEN dijo, entonces, que el congreso se celebra­ría en junio. Con el argumento de las próximas vacaciones de fin de cursos, el CEN volvió a posponerlo para diciembre, pero tampoco cumplió. En enero de 1986, los maestros reiniciaron la lucha en demanda de su congreso. Su plan de acción in­cluía, como medidas centrales: paro indefinido de labores, reinició de la marcha a México; huelga de hambre en las ciudades de Oaxaca y México; bloqueo de carreteras en el es­tado de Oaxaca; traslado masivo del magisterio oaxaqueño a la ciudad de México. Estas acciones se llevarían a cabo en forma sucesiva.

El paro indefinido y la caminata a la ciudad de México se reiniciaron el día 16 de enero de 1986. En el primero participó más del 90 por ciento de los trabajadores de la sección XXII y sólo unas cuantas escuelas, en manos de vanguardistas, per­manecieron en clases. La caminata la hicieron más de un millar de maestros. A los tres días de iniciadas estas actividades el CEN del SNTE aceptó llevar a cabo el congreso para cl 27 y 28 de enero firmando la convocatoria correspondiente. No obstante ésta, y considerando los antecedentes de convenios similares que no fueron respetados por la dirigencia nacional, los maestros oaxaqueños decidieron continuar con su plan de acción hasta la realización del congreso. Los marchistas recorrieron cientos de kilómetros entre Oaxaca y Puebla llegando a esta última justamente en la víspera de la supuesta realización del congreso. Muchos de ellos lesionados, cansa dos y enfermos tuvieron que ser atendidos en centros hospi­talarios para rehabilitarlos y continuar su recorrido al Distrito Federal en caso de que el congreso no se realizara.

Por su parte, el resto del magisterio se plantó en las prin­cipales plazas públicas de la entidad y continuó realizando actividades político - sindicales entre las cuales destaca la enorme marcha del 25 de enero en la ciudad de Oaxaca, de la que una cronista de El Imparcial decia:

"...mientras la cabeza de la marcha hacia su arribo al zócalo entrando por las calles de Trujano y llegaba a la explanada de catedral, la cola de la serpiente hu­mana era visible en el cruce de García Vigil y More­los. Alrededor de las 5:30 de la tarde el mitin dio prin­cipio y no fue sino hasta las 7:15, cuando la luna ya había aparecido en el horizonte, que el último contingente de maestros de valles centrales entró en la pla­za de la Alameda de León.

Era notorio que el apoyo y la solidaridad que el movimiento magisterial lograba dentro y fuera del estado iba creciendo.

MOVIMIENTO FERROCARRILERO

Entre 1958 y 1959, años del movimiento ferrocarrilero encabezado por Demetrio

Vallejo y Valentìn Campa, militantes del Partido Obrero Campesino Mexicano y del

Partido Comunista Mexicano, respectivamente, y 1961, año en que Fidel Castro

declara el rumbo socialista de la revoluciòn cubana, la izquierda vive un intenso

debate ideològico dentro de cada una de sus organizaciones.

La derrota del movimiento ferrocarrilero habìa llevado a concluir al Partido

Comunista Mexicano que su vieja tèsis de que el socialismo podìa ser alcanzado

profundizando las conquistas sociales, econòmicas y polìticas de la Revoluciòn de

1910 era caduca. La represiòn del gobierno de Lòpez Mateos a los ferrocarrileros y

a los partidos de izquierda habìa sido la constataciòn de que era necesario cambiar

de estrategia.

 

La actuaciòn del PCM dentro del movimiento ferrocarrilero habìa llevado a Josè

Revueltas, Enrique Gonzàlez Rojo, Eduardo Elizalde y otros distinguidos

intelectuales a elaborar una aguda crìtica al Partido Comunista, lo cual les valiò

ser expulsados de la organizaciòn. A lo largo de dos años, Josè Revueltas para

fundamentar teorèticamente la creaciòn de la Liga Comunista Espartaco, una

nueva agrupaciòn comunista, se abocò a escribir El Proletariado Sin cabeza,una de

las obras polìticas màs importantes de la historia del socialismo mexicano.

 

En el movimiento ferrocarrilero, decìa Revueltas, la izquierda mexicana y en

particular el PCM, no supieron ver el contenido polìtico de la huelga que habìa

provocado un enfrentamiento abierto con el conjunto de la burguesìa , para lo cual

los ferrocarrileros no estaban organizativa e ideològicamente armados. La derrota

ferrocarrilera llevò a Revueltas a hablar de “la inoperancia del movimiento

comunista en Mèxico, tal como se encuentra concebido y dirigido”.

 

En El proletariado sin cabeza, Revueltas hizo una puntillosa crìtica del

nacionalismo revolucionario y su influencia en los comunistas mexicanos. Para èl

quedaba claro que la ideologìa de la revoluciòn mexicana era, desde una

perspectiva marxista, inservible para los intereses de la clase obrera.

 

No obstante el rigor intelectual de Revueltas y lo novedoso de sus

planteamientos dentro del pensamiento comunista mexicano, su influencia era

grupuscular y sin trascendencia alguna en un movimiento de masas o en un

frente polìtico amplio. Precisamente cuando el autor de Los bienes terrenales, Los

errores, Los Muros de Agua y El Apando, entre otras obras señeras de la literatura

mexicana, termina El Proletariado sin Cabeza, se gesta un amplio movimiento

polìtico que reivindica centralmente el papel del nacionalismo revolucionario en la

organizaciòn de las clases sociales antiimperialistas de Mèxico.

MOVIMIENTO MEDICO

El movimiento medico de 1964-1965, que demando mejoras en los salarios  y las

condiciones de trabajo, es calificado por el gobierno, como peligroso en el grado

sumo. El movimiento medico es intenso, heroico a su manera, combativo, y por

eso se le reprime con ferocidad, con todo y encarcelamiento.

Recién iniciado el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, en 1965, surgió un movimiento

de protesta por parte de los médicos miembros de la Asociación Mexicana de

Médicos Residentes e internos cuyos antecedentes provenían desde el año

anterior, siendo reprimido mediante el uso de la fuerza pública. La actitud

autoritaria del presidente Díaz Ordaz se manifestó en diversas ocasiones, por

ejemplo: al oponerse a los proyectos presentados por Carlos Madrazo para

democratizar la vida interior del Par­tido Revolucionario Institucional; al negársele

el registro legal del Frente Electoral del Pueblo; al or­denar la clausura de diversas

revistas como parte de las acciones tendientes a controlar ¡a libre ex­presión

política, entre otras más.

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

El movimiento estudiantil de 1968 comenzó prácticamente cuando ¡os alumnos del

Instituto Politéc­nico Nacional (IPN) realizaron protestas en contra de la represión

policíaca ejercida el 24 de julio que trajo por consecuencia la ocupación de las

escuelas vocacionales 2 y 5 por parte de los policías. Se organizaron

manifestaciones, algunas de ellas coincidieron con ¡as llevadas a cabo por los

grupos juveniles del Partido Comunista; hubo en­frentamientos entre estudiantes y

policías; in­tervino el ejército en la UNAM el 30 de julio; se formó un Comité

Coordinador de Huelga; se declararon en huelga en la UNAM, el IPN, la

Universidad de Chapingo y algunas universi­dades de otras partes del país y se

unieron al movimiento la coalición de Profesoras de Enseñanza Media Superior, las

universida­des Iberoamericana del Valle de México y el Colegio de México.

En términos generales los participantes so­licitaban una mayor reforma democrática

del sistema político mexicano, amplia libertad de­mocrática y libertad a ¡os presos

políticos. Los sectores participantes en este movimiento fueron: el formado por ¡os

estudiantes radica­les de las escuelas preparatorias y de educa­ción superior que

iniciaron las protestas; los profesoras y estudiantes de tendencias iz­quierdistas y

los Identificados con el Partido Comunista y por último, el integrado por inte­

lectuales, profesores y alumnos próximos a salir, del área de humanidades de la

UNAM, así como del IPN.

Entre las causas que provocaron este movimiento pueden citarse la tendencia del

gobierno por favorecer a las clases privilegiadas económicamente en perjuicio de

las clases medias; la pérdida gradual del sentimiento nacionalista en los jóvenes

estudiantes; la crisis en las relaciones del gobierno con ¡as universidades y la falta

de instituciones y organizaciones políticas que representaran e incorporaran

adecuadamente a los nuevos elementos de la sociedad mexicana como eran los

jóvenes estudiantes y las clases medias.

También influyeron, sin duda, las posturas radicales de los jóvenes que en la

década de los 60 rea­lizaron rebeliones violentas contra los valores y normas de los

países donde vivían: Estados Unidos, Francia y Alemania.

México se preparaba para inaugurar los juegos olímpicos el 12 de octubre de 1968,

pero la situación se fue agravando durante agosto y septiembre, hasta que

finalmente hizo crisis el 2 de octubre, cuando la manifestación conformada por

aproximadamente 15 mil personas, fue reprimida en la Plaza de las Tres Culturas

de la Unidad Habitacional Tlaltelolco, en el Distrito Federal, causando la muerte de

más de 300 gentes e hiriendo a miles de manifestantes, según datos oficiales. Al

año siguiente, en su quinto informe de gobierno el Presidente Díaz Ordaz asumió

totalmente su responsabilidad ante estos sucesos.

Tema 3

CRISIS DEL MODELO DESARROLLISTA: 1970-1982

Subtema 1: Gobiernos de Luis Echeverria Alvarez y Jose Lopez Portillo.

Subtema 2: Relaciones Exteriores

a) La migración México-Estados Unidos

b) Vecinos Distantes

c) Fin de la guerra fria

d) México y la confrontación de los bloques economicos

GOBIERNOS DE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ Y JOSE LOPEZ PORTILLO

'Historia contemporánea de México (1940-2000)'

El periodo de Echeverría aceleró el ritmo de la inversión pública y extremó el

diálogo entre el gobierno y los jóvenes, los obreros y los campesinos.

El desorden económico mundial también se manifestó en México con el fenómeno

que los periodistas llamaron "atomía", que consistió en la rápida y desordenada

elevación de los precios, la escasez de circulante y una fuerte tendencia al

desempleo.

Gracias a la inversión pública creció la producción petrolera, eléctrica y siderúrgica;

se duplicó la red carretera y se construyeron nuevos aeropuertos.

Para solucionar de algún modo la situación económica del país, creó la Comisión

Nacional Tripartita, la cual estaba formada por empresarios, líderes sindicales y

funcionarios públicos. De esta comisión nació INFONAVIT .

Surgieron en este periodo la Secretaría de Turismo, la de Reforma Agraria y la

Comisión de Estudios del Territorio Nacional.

En 1976, año en que entregó su cargo a López Portillo, se produjo una nueva

devaluación, que sería causa más tarde de la crisis nacional.

Unico candidato en su periodo de elecciones, López Portillo tomó el poder el 1° de

diciembre de 1976.

Para beneficiar a los trabajadores con bajo salario, López Portillo modificó algunas

leyes fiscales y se firmaron convenios con 140 empresas privadas para crear

trescientos mil empleos.

Fundó el banco obrero, con un capital de cien millones de pesos.

En el ámbito internacional, López Portillo es un personaje importante en las

relaciones con España, pues fue el primer jefe de Estado mexicano que viajaba a

ese país. Con este hecho, las relaciones se hicieron prometedoras. España compró

una fuerte cantidad de petróleo y azufre mexicanos.

Basó el desarrollo económico en la explotación de bancos petrolíferos y en la

obtención de créditos en el extranjero a partir de ésta, lo que causó serios

problemas cuando se dio una baja mundial en el precio del petróleo. El peso sufrió

varias devaluaciones y la banca fue nacionalizada.

RELACIONES EXTERIORES

Si partimos de la afirmación según la cual la política exterior surge como

consecuencia de un cambio en lo interno o en lo externo que afecta la condición

del Estado, el efecto de los factores internacionales de carácter económico

presentes de 1970 a 1982 llevaron a la crisis del modelo económico sustentado en

la sustitución de importaciones y orientado hacia el desarrollo de la economía

nacional mexicana, entendido éste último como el interés primordial de la nación.

De ahí que la respuesta, fundamentada en el mismo imperativo, habría de plantear

necesariamente acciones consecuentes en dos planos: el interno, en el cual

recaerá en mayor medida la responsabilidad del éxito del Plan Nacional, y el

externo que incluirá el logro de objetivos específicos que habrían de coadyuvar al

logro de las metas propuestas en lo interno.

Es así como a partir de 1982 nos encontramos con la propuesta de un nuevo

modelo económico, calificado por muchos como de corte neoliberal debido a su

identificación con dicha corriente de pensamiento económico, y manifiestamente

orientado hacia la recuperación de los niveles de crecimiento recientemente

perdidos por la economía mexicana con el consecuente deterioro de los niveles de

vida de la mayor parte de la población, ahora por la vía de a inserción de la

economía nacional en la economía mundial.

De aquellos momentos a la fecha han transcurrido 18 años de intensa actividad

gubernamental en ambos planos. Sin perder de vista la relación intrínseca entre

ambas políticas, el planteamiento central nos llevaría a concluir en que medida las

acciones desarrolladas en cada espacio han cumplido con los propósitos que las

animaron y los fines que se les asignaron.

De ello nuestro interés se centrará en la observación, el análisis metodológico con

su correspondiente explicación teórica de los planes implementados de manera

subsecuente durante el período que va de 1982 a 1999 a través de los esquemas

que identificaremos por su correspondencia con la política exterior económica

mexicana, coincidiendo con la afirmación de que los Estados desarrollan tantas

políticas exteriores como objetivos se propongan alcanzar actuando más allá de

sus fronteras.

La hipótesis central a demostrar en esta investigación es que la Política Exterior de

México ha contribuido directamente a enfrentar los problemas económicos del país

al crear las condiciones propicias para la implantación y operación del nuevo

modelo económico cuyos beneficios teóricamente deben recaer en la sociedad

mexicana, fuente legitimadora de las acciones gubernamentales en lo interno y lo

externo y en cuyos términos ha de evaluarse el éxito o el fracaso de las acciones

del Estado.

Para tal fin nos proponemos identificar él o los criterios primordiales fijados por

cada gobierno actuante durante el período en cuestión, en cuyos términos cabría

esperar que el Estado Mexicano juzgaría acerca del efecto de los factores

internacionales de situación y la determinación en torno a la preferencia relativa

que se juzgó conveniente dar a la consecución de fines específicos y el

establecimiento de las formas de conducta adoptadas.

Desde nuestra perspectiva, identificaremos el proceso a partir de su naturaleza

eminentemente social y su característica predominantemente política coincidiendo

en lo que hoy en día resulta axiomático, que las relaciones exteriores, a diferencia

de antaño, han dejado de ser el simple ejercicio burocrático de un número

reducido de peritos políticos, toda vez que, el gran conjunto de ciudadanos se

interesa profundamente en las relaciones con el exterior.

De otra parte, compartimos la apreciación de que los propósitos del Estado

moderno se han vuelto tan amplios y el esfuerzo que requiere su consecución

incluye tantas facetas de la fuerza nacional que ningún estadista con sentido

común se atreve a correr el riesgo de perder el apoyo de sí pueblo para llevar a

buen término sus relaciones con el mundo exterior.

Asimismo, que en los últimos tiempos ha quedado demostrado que por la más

elemental racionalidad, los gobiernos se ven obligados a ordenar esas relaciones

en planes en los que por lo menos se incorpore el sentir de la masa nacional, se

fijen metas claras, se determinen rumbos y se seleccionen métodos para la política

exterior.

Además, las evidencias sobran para afirmar que el sistema internacional continua

siendo en lo esencial un sistema formado por entidades políticas soberanas, razón

suficiente como para que la política exterior sea trazada en función de él y

ejecutada en sus propios confines.

Con el fin de llevar a buen término mi investigación, creo conveniente iniciar

señalando los fenómenos y procesos que manifestaron la ineficacia del modelo

económico basado en la industrialización por sustitución de importaciones durante

el decenio de 1970.

La crisis del modelo se manifiesta en fenómenos como el aumento de la inflación,

el incremento del desempleo, la reducción del ritmo de crecimiento de la

economía, el déficit fiscal, el déficit comercial, el aumento de la deuda externa, las

constantes devaluaciones del peso, etc.

Estos problemas comprometieron el desarrollo del país, obligando al gobierno

mexicano a replantear el modelo económico. A partir de 1982 es clara la vocación

gubernamental por sentar las bases para una nuevo estrategia de desarrollo

económico.

Al conjunto de políticas gubernamentales tendientes a redefinir al modelo

económico se les denomina Ajuste Estructural. Revisar en que consisten estas

políticas será el siguiente paso en mi investigación.

Las políticas de Ajuste Estructural fueron diseñadas para contrarrestar los

problemas de la economía mexicana (inflación, déficit comercial, déficit fiscal,

endeudamiento, etc.) a partir de la revisión de las funciones del Estado y la

reinserción de México en la economía internacional.

Con el Ajuste Estructural se fue configurando lentamente a lo largo de los años un

nuevo modelo económico radicalmente distinto al de sustitución de importaciones.

Para su éxito, requería de una serie de condiciones tanto internas como externas

que no estaban presentes en 1982. Para crearlas, se tornó imperativo revisar y

volver a definir las políticas estatales tanto en lo interno como en lo externo.

En esta investigación sólo estudiaré las acciones gubernamentales con relación al

ámbito externo, aquellas vinculadas a la Política Exterior, cuyo objetivo primordial

es generar las condiciones propicias para el establecimiento y funcionamiento del

modelo económico. Señalaré la manera en que la Política Exterior de México ha

planteado objetivos y líneas de acción acordes con las necesidades del nuevo

modelo económico, que se traducen en una serie de acciones, actitudes y

decisiones a la hora de que México se interrelaciona con los demás Estados

miembros de la comunidad internacional. Finalmente examinaré acciones tales

como la firma de acuerdos de libre comercio con otros países, la apertura

comercial, el fomento a la industria exportadora, la renegociación de la deuda

externa, la participación en organismos internacionales de corte económico (GATT-

OMC), etc. a partir de las necesidades impuestas por el nuevo modelo económico.

LA MIGRACIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS

Las migraciones internas de nuestro país posteriores a la Revolución Mexicana, se

intensificaron desde el tiempo en que arrancó el período de desarrollo económico y

la aplicación de Ja política social implementada por los gobiernos

postrevolucionarios.

Los movimientos migratorios, se incrementaron entre 1 940y 1960, siendo los

destinos más pretendidos la ciudad de México, el norte, noreste y noroeste del

territorio nacional. De 1940 a 1950, el noroeste y el Distrito Federal, ocuparon un

lugar predominante como zonas de atracción, mientras que las otras registraron

variaciones en cuanto a la recepción de migrantes, solamente la ciudad de

Monterrey se mantuvo estable, pues a ella llegaron considerables cantidades de

personas provenientes de diferentes partes del país.

En el período 1950 a 1960, la capital mexi­cana siguió siendo el principal polo de

atrac­ción, pero ya no propiamente del Distrito Fe­deral, sino los municipios

colindantes, per­tenecientes a los estados de México y More­los. También surgieron

como nuevos centros atrayentes, diversas zonas costeras o esta­dos litorales, entre

ellos: Nayarit y Colima, que recibieron flujos de migrantes gracias a su progreso

agrícola.

Hasta 1970 se apreciaron los movimientos migratorios al interior de las grandes

zonas atrayentes, por ejemplo: dentro de la zona noroeste, mucha población de

Coahuila y Tamaulipas se trasladó a Nuevo León y en el noreste, de Sinaloa

salieron emigrantes ha­cia Baja California y Sonora. En Veracruz hu­bo un flujo de

emigrantes que llegaron a él debido al auge petrolero.

En los años recientes la capital del país sigue siendo un punto importante de

atracción, sin embargo, la población migrante ha hecho crecer la mancha urbana

hacia los municipios del Estado de México, por esa razón esta entidad resulta ser,

según el censo de 1990, la que recibió mayor cantidad de emi­grantes. Por su

parte, las ciudades norteñas han llegado a una situación de atracción estable,

mientras que en algunos estados la emigración rural se ha dirigido hacia sus

propias capitales, como es el caso de Puebla y Guadalajara.

De vital importancia es el movimiento migratorio que de 1940 a 1990 ha sucedido

en nuestro país en vir­tud del cual, una buena cantidad de población rural se ha

trasladado hacia las grandes ciudades. Des­taca, además, la constante migración

mexicana hacia Estados Unidos, provocando que, por ejemplo: en 1959 se

registraran aproximadamente 400 mil “braceros y 300 mil en 1963", hasta llegar a

cantidades mayores en los años siguientes. Se presume que en la actualidad hay

en norteamérica más o menos entre 3 y 6 millones de mexicanos, emigrados

clandestinamente, la mayoría de ellos originarios de los estados del norte y centro

occidente del país: Zacatecas, Durango, Jalisco, Michoacán y Guanajuato.

Las grandes ciudades mexicanas, transformadas en polos de desarrollo debido

sobre todo al progreso industrial, reciben amplias cantidades de migrantes,

surgiendo entonces la explosión demográfica” algunas de ellas se fundaron como

centros mineros, otras por ser puntos de intercambio comercial y varias más por

su situación geográfica estratégica para las comunicaciones.

Después de 1965, se ha acelerado el crecimiento de las ciudades, destacando las

metrópolis de la ciudad le México, Guadalajara y Monterrey. en ellas se encuentra

la mayor actividad económica. Industrial, política y cultural del país. También fue

notable el progreso en las ciudades de tipo medio, entre las que figuran Puebla,

chihuahua, León, Aguascalientes, Torreón, Cd. Juárez y varias más. Por otro lado,

hubo algunas que presentan un estancamiento relativo, tal es el caso de Mérida,

Oaxaca, Chilpancingo, Jalapa y otras.

VECINOS DISTANTES

En muchas ocasiones, cuando se analiza el periodo de nuestra historia que parte

de la consumación de la independencia hasta la invasión estadounidense iniciada

en 1846, suele descuidarse el contexto internacional que rodeaba a la joven

república mexicana y que en más de una ocasión influiría de forma bastante

significativa en su proceso histórico. Desde el mismo momento en que la guerra de

independencia tuvo su culminación, México tuvo que dirigir su mirada al extranjero

buscando el aval de la comunidad internacional respecto a su autonomía y

rastreando cualquier suceso que de alguna manera afectara al país.

Así, es indudable que la postura de enemistad que España adoptó durante la

primera década y fracción de vida independiente hacia su ex colonia, fue un

catalizador importante de diversos acontecimientos, al acercar a esta última a

aquellas naciones con políticas menos conservadoras y con las que, al menos

inicialmente, se tenía cierta simpatía y afinidad. Ni que decir de lo sucedido en la

década de 1830, cuando México tuvo que hacer frente a la desmembración de su

territorio con la pérdida de Texas, así como a la posibilidad de graves conflictos

con los Estados Unidos, con su creciente política expansionista, y con Francia, y

sus interminables sueños de un imperio ultramarino.

Asimismo, el estudio del periodo antes mencionado en cuanto a las relaciones

diplomáticas entre México y los Estados Unidos suele darse con base en el análisis

de problemas específicos que se han dado a lo largo de los casi 175 años de

vinculo oficial. La firma de tratados, las rupturas de relaciones, los intereses

económicos y/o políticos detrás del trato diplomático, así como la labor de los

representantes mexicanos o estadounidenses, son los temas más comunes

abordados por la historiografía nacional.

Tomando en cuenta estas dos ambivalencias en cuanto al estudio de las relaciones

México-Estados Unidos entre 1822 y 1847, se pensó realizar una búsqueda que

nos permitiera, por un lado, aproximarnos a estas relaciones bilaterales desde una

perspectiva diferente y, por otro, estar al tanto del complejo panorama

internacional en el que México se vio inmerso durante los primeros veinte años de

vida independiente. Afortunadamente los materiales localizados en el archivo de la

Embajada de México en los Estados Unidos (AEMEUA) del Archivo Histórico de la

Secretaría de Relaciones Exteriores, en la sección específica conocida como

Correspondencia encuadernada, nos permitió hacerlo. A continuación explicaremos

en que se basa esta investigación.

La revisión del archivo antes mencionado, y la reflexión acerca de sus

documentos, nos permiten concluir que el desempeño informativo de los

diplomáticos mexicanos entre 1822 y 1844 (en este año aparece el último de los

despachos incluidos en la Correspondencia encuadernada hasta antes de la guerra,

suscrito por Juan Nepomuceno Almonte) fue una de las tareas más importantes

que desempeñaron entonces. Dejan también apreciar la extraordinaria labor de

aquellos funcionarios en el exterior que, por alguna razón desconocida, han

pasado casi inadvertidos en la historia diplomática mexicana, que ni siquiera

merecieron el rango de representantes oficiales, pero que fueron vehículos

eficientes en la construcción de un mecanismo de obtención de noticias.

Por supuesto, esta búsqueda de novedades se concentró principalmente en

aquellas naciones que, de alguna manera, se vinculaban con México. Fue por ello

que, a pesar de que no faltaron informes sobre países sudamericanos y de casi

toda Europa, el hincapié de esta investigación se encuentra en aquellos materiales

que trataban los acontecimientos de cuatro países en particular: a saber, España,

Francia, Inglaterra y los Estados Unidos, naciones con quienes México compartió la

parte más relevante de sus relaciones exteriores entre 1821 y 1844.

Igualmente, la documentación propició la separación de este periodo en dos

etapas: una primera, concentrada en la década de 1820, en la que el núcleo de la

problemática externa de México estuvo, por un lado, en la búsqueda del

reconocimiento por parte de Inglaterra y Francia, las principales potencias de

Europa y, por el otro, en la preocupación por contrarrestar los temidos intentos

respecto a los planes de reconquista españoles. La segunda etapa, que se

extiende de 1830 a las vísperas de la guerra con Estados Unidos, fue más

conflictiva. El asunto de las reclamaciones y presiones expansionistas

norteamericanas, los problemas diplomático-económicos con Francia y la perenne

rebelión texana así lo indican.

En ambas etapas, México recurrió a todos los medios a su alcance para solucionar

estos problemas. De la misma manera, su legación en Washington usó uno de sus

escasos recursos: la información. En el medio de los conflictos, y aun en

momentos de calma, cualquier suceso, rumor, noticia o punto de vista que se

consideraba oportuno merecía una reseña y era transmitido a cualesquiera de los

gobiernos mexicanos que ocuparon el poder en ese tiempo.

Tanto la una como los otros mantuvieron esta relación como una constante, a

pesar del continuo y aparente desinterés o desarticulación entre ambos. Aparente

pues, en la mayoría de las ocasiones, más que falta de interés por resolver las

necesidades económicas o atender a la labor informativa de quienes nos

representaban en el país del norte, lo que se daba en las administraciones

mexicanas era impotencia o incapacidad para enviar recursos o actuar en

concordancia con los informes que le llegaban y, a veces, aun con las propuestas y

deseos que se le manifestaban. También sucedía, sin embargo, que la misión en

Washington no fuera en ocasiones muy consciente de la verdadera magnitud de

los problemas que enfrentaba el país.

Entre los asuntos que la legación notificaba a sus superiores se hallaban, de

manera importante, algunos que no parecían guardar conexión directa con México

y que se referían a los asuntos domésticos de Estados Unidos. Si bien es lógico

que hubiera mucho que decir sobre el país en donde se residía y trabajaba, esto

respondía también, quizá en un grado alto, a la ambivalente valoración que los

mexicanos hacían de sus vecinos. En efecto, estos últimos representaban un ideal

y un ejemplo a seguir en muchos aspectos (ambos países eran ex-colonias

independizadas así como sociedades que trataban de romper con el viejo molde

conservador europeo) a la vez que una amenaza a la soberanía nacional.

Por ello, cualquier acontecimiento destacado resultaba irresistible a los ojos de los

servidores mexicanos, y digno de mención. Ni qué decir que los momentos de

especial agresividad expansionista de Washington estimularon de manera especial

a la legación, que puso su mejor esfuerzo en enterarse cuanto antes de cualquier

noticia o rumor que pudiera ayudar a sus gobiernos en el proceso de toma de

decisiones. De esta manera, México era puesto al tanto, siempre y en forma

cuidadosa, de los problemas externos y conflictos internos así como de los logros

estadounidenses.

En concordancia con estos elementos, una preocupación de la política exterior

mexicana de entonces, y de quienes debían aplicarla en los Estados Unidos, fue la

promoción de una imagen positiva de la nación, utilizando para ello a la opinión

pública estadounidense para conseguirlo. Se trataba de manejar las noticias de tal

forma que se crease la impresión de que México era un país en desarrollo y en

paulatina prosperidad. Con ello se favorecía, antes que nada, la obtención del

reconocimiento, tanto de las potencias europeas como de los mismos Estados

Unidos, pero también, cuando se hizo evidente que la visión idílica no era del todo

exacta y que Estados Unidos era más un enemigo que un aliado, se satisfacía la

necesidad de agradar a Washington y, aún más que eso, de agradar a la opinión

pública, que en muchas ocasiones se consideraba más importante. Lo último era

un medio de convencimiento, que en realidad no dejaba de ser defensivo.

De cierta forma, la legación distinguió entre el pueblo de Estados Unidos (por lo

menos aquel que tenía voz y voto) y su gobierno. En los momentos de mayor

conflicto bilateral se buscó incluso ganar al primero, haciéndole llegar el punto de

vista mexicano acerca de las injusticias cometidas por el segundo, y así ejercer

presión sobre éste. El hecho de que noticias favorables a la situación del país (aun

siendo falsas o inexactas) aparecieran en periódicos estadounidenses era recibido

con gusto por los diplomáticos mexicanos, más que nada por el deseo de que

éstas tuvieran, en su momento, un efecto positivo sobre el gobierno de

Washington. El medio principal para que estas notas aparecieran en los diarios

mencionados fue la compra de espacios periodísticos, de forma que, a cambio de

una «gratificación» en efectivo, los editores permitían la inserción de artículos

propicios a México.

En este sentido, puede afirmarse que la labor informativa del encargado de

negocios o del ministro extraordinario y enviado plenipotenciario de México en

Washington era difícil, constante y exigente. Difícil porque la legación debió haber

sido casi invisible e incluso menospreciable para el Departamento de Estado y el

ambiente diplomático de Washington. Constante pues era una tarea cotidiana, que

no se podía dejar de lado en ningún momento. Exigente porque quienes la

realizaban dependían, en la mayoría de los casos, de su propio criterio para

informar sobre un asunto y dejar otro fuera, para crear una imagen o para estar

prevenidos de un ambiente externo que, en general, había sido hostil para México.

Se trató entonces de acciones sobresalientes en el trabajo de los representantes

de aquel país en el vecino del norte, que complementaba aquellas que suelen

considerarse como propias de la diplomacia, así como los otros deberes

«menores» de intermediación comercial.

Los informes y perspectivas de estos funcionarios mexicanos en el exterior son, de

tal forma, una herramienta para saber cómo fue que México entendió al mundo

que lo rodeaba. Y no sólo eso, sino también la forma en que ese entendimiento,

esa «visión», cambió con el paso del tiempo y el devenir de los hechos. Así, el

temor y el rencor hacía España se transformó en un paulatino pero creciente

desinterés hacia lo que se había constituido en un «obstáculo» superado; el

constante respeto por Gran Bretaña se vio interrumpido en ocasiones por la

desilusión ante su cautelosa y a veces fría (desde el punto de vista mexicano)

política exterior hacia México; la incertidumbre respecto de Francia pasó al

convencimiento de que ésta constituía más una amenaza que un punto de apoyo

y, por último, el eterno y contradictorio sentimiento de atracción y rechazo,

identificación y recelo frente a los estadounidenses se mantuvo, pero, en el

periodo trabajado, la desconfianza y al mismo tiempo la conciencia de que Estados

Unidos constituía un enemigo al que debía temerse aumentaron en forma

inexorable. Estos temores se vieron ratificados, en forma abrumadora y definitiva,

en 1846, cuando la amenaza que significaba el país del norte estalló en pleno

rostro de México.

De tal suerte, investigar la labor informativa de los diplomáticos mexicanos permite

adentrarse en el México de principios y mediados del siglo XIX y en la forma en

que se encaró entonces el contexto internacional, vinculando así los problemas

externos e incluso internos del país con los de otras naciones. En concordancia con

esto, podemos también, formarnos una idea de la presencia de la delegación

mexicana en los Estados Unidos, junto con las enormes dificultades económicas,

administrativas y diplomáticas que enfrentaba, revalorizando a la vez, la labor de

quienes, tal vez por no haber sido enviados oficiales, o por no aparecer en algún

momento coyuntural espectacular de las relaciones México-Estados Unidos, han

pasado desapercibidos en la historiografía tradicional. De esta forma, no se

pretende más que aclarar un aspecto desconocido en la historia de las relaciones

entre ambos países y contribuir, de tal modo, a su mejor comprensión.

FIN DE LA GUERRA FRIA

Un nuevo proceso de reno­vación surgió en la Unión Soviética, llevado a la práctica

por el presidente Mijail Gor­bachov que tomó el poder en el año de 1985. La

reestruc­turación o “Perestroika” en el gobierno soviético incluía la política de

apertura y mayor transparencia en la informa­ción, conocida como “glas not”.

Gorbachov propuso este programa de reformas políti­cas, económicas y sociales

para aplicarse no sólo en su país, sino en todo el bloque so­cialista. A nivel

internacional sus objetivos estaban dirigidos a lograr el desarme de las grandes

potencias proponiendo una estrategia basada en relaciones de cooperación y de no

enfrentamiento con los Estados Unidos. Esta postura soviética contribuyó en gran

medida a la reducción de las tensiones provocadas durante mucho tiempo debido

a las duras y difíciles relaciones sostenidas con el bloque capitalista sobretodo con

Norteamérica.

Los presidentes Mijail Gorbachov de la firmaron en Washington el 1 de julio de

alcance, de prohibición de la fabricación de armas químicas y destrucción de los

arsenales nucleares. Asimismo, varios paí­ses miembros del bloque so­cialista

iniciaron un proceso de democratización mediante la aplicación de una política de

apertura que los ha llevado, entre otras cosas, a establecer relaciones con países

capitalistas. Esto trajo por conse­cuencia el término de la Gue­rra Fría y

simbólicamente este hecho se representa con la destrucción del Muro de Ber­lín,

Alemania en 1989.

La caída del muro de Berlín proclama el fin de la Guerra Fría, de la cual uno de sus

frentes era el Oriente Medio.

En 1989, el gobierno israelí adopta una iniciativa de Paz basada en los Acuerdos de

Camp David. Los puntos de la propuesta eran:

**Elecciones libres y democráticas en el Margen Occidental y Gaza.

**Negociaciones directas de Paz entre los estados árabes e Israel.

**Colaboración internacional para solucionar el problema de los refugiados árabes.

**Estrechar los vínculos con Egipto para aplicar la visión de paz contenida en los

Acuerdos de Camp David.

En el verano de 1990 Iraq invade Kuwait y en el mes de febrero de 1991 una

coalición internacional, en aplicación de las resoluciones 660 y siguientes del

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, expulsa a las tropas iraquíes del

territorio de Kuwait.

Durante la Guerra del Golfo Israel es bombardeado con misiles de largo alcance

desde Iraq.

La OLP se pone del lado de Iraq lo que produce el descalabro político de Yasser

Arafat que sólo logra superar con posiciones de moderación y acatamiento de

precedentes como las previsiones de los Acuerdos de Camp David.

 MÉXICO Y LA CONFRONTACIÓN DE LOS BLOQUES ECONOMICOS.

La dureza con que los cambios históricos recientes en Mexico y en el mundo han

golpeado a los trabajadores, a los sectores más desposeídos; la profundidad y

extensión de las derrotas sufridas por las fuerzas progresistas de la humanidad en

las últimas 2 décadas han sido aprovechadas por los publicistas de los vencedores

para proclamar el fin de la historia. Se pretende borrar la memoria, acentuar el

desaliento y someter por la ignorancia a los pueblos. Este siglo habría demostrado

que el único sistema económico-político viable y posible es el capitalismo y la

inconsistencia de quienes luchan por superarlo.

La verdad de las cosas es más compleja. Lo cierto es que el capitalismo, desde que

emergió sobre la base de la revolución industrial y el mercado mundial, ha sido un

sistema atravesado por contradicciones económicas y sociales que periódicamente

lo ponen en cuestión, en crisis. Las crisis ponen fin a las fases de expansión del

sistema y derivan en fases de recesión del mismo, configurando así, entre ambos

tipos de fase un movimiento de ciclo u onda.

Desde la revolución industrial se han sucedido varios ciclos largos de una duración

de alrededor de 50 años; caracterizados cada uno por una fase expansiva seguida

de una fase recesiva, cada una de las cuales ha durado alrededor de un cuarto de

siglo. Precediendo cada una de las fases expansivas del capitalismo, la historia

registra un conjunto de importantes innovaciones tecnológicas, por un lado, y la

existencia de una abundante mano de obra barata, por otro; factores ambos que

permiten un aumento de las tasas de ganancia.

Las fases de expansión se caracterizan por la tendencia al aumento de la

producción y de las utilidades, crece el empleo, crece la inversión. Junto con ello, a

lo largo de estas fases, el movimiento social y político de los trabajadores se

reconstituye y fortalece, alcanzando progresivos avances.

Las crisis se desatan ante una baja persistente de la tasa de ganancia, por el

agotamiento de las innovaciones tecnológicas y las crecientes presiones salariales

que se van generando a medida que el sistema se acerca al pleno empleo.

Durante las fases recesivas, por ello, bajan las tasas de crecimiento, aumenta el

desempleo, se agudiza la concentración del ingreso y la centralización del capital y

cae la inversión.

Las crisis son momentos decisivos, llenos de tensiones y peligros, que reflejan la

incapacidad de continuidad del sistema bajo las pautas tecnológicas, económicas,

sociales y políticas que lo sustentan. En presencia de la crisis, se producen

violentas convulsiones políticas, en las que se ponen en juego distintas salidas

históricas, reformuladoras o revolucionarias del sistema.

Hasta ahora, el capitalismo ha logrado salir de estas crisis, operando profundas

transformaciones políticas, económicas y tecnológicas en su seno, por una parte, e

inflingiendo derrotas sucesivas a los trabajadores en la lucha de clases, por otra.

Sin embargo, el doloroso aprendizaje del movimiento revolucionario no se ha

detenido y ello se ha revelado en su capacidad de cuestionamiento cada vez más

global del sistema.

En un rápida mirada a los ciclos y crisis del capitalismo, cabe recordar una primera

onda larga entre 1790 y 1848. Apoyado en las invenciones de la máquina de vapor

y el telar mecánico, este ciclo se reflejó políticamente en la revolución francesa e

inglesa, en la independencia de los EE.UU. y de América Latina, entre otros hechos

significativos. La crisis se presentó a partir de 1817, al calor de la cual surgió la

Primera Asociacion Internacional de los Trabajadores y el marxismo.

El siguiente ciclo abarcó desde 1849 hasta 1895, con crisis a partir de 1873. El

imperialismo británico se afirmó como centro motor del sistema apuntalado por el

desarrollo de los ferrocarriles, los transatlánticos a vapor, el telégrafo y la industria

siderúrgica. En medio de la crisis, los trabajadores protagonizaron una primera

experiencia de gobierno obrero, al capturar por algunas semanas el control de la

Comuna de París.

Un tercer ciclo se extendió desde 1896 hasta 1945. La invención del motor de

combustión interna, la aparición de la industria automotriz, los motores y la

iluminación eléctrica, el desarrollo de la infraestructura urbana y de las industrias

afines, dinamizaron la expansión. La crisis que se presentó a partir de 1913

desembocó en las dos guerras mundiales, al calor de las cuales se produjeron las

primeras dos revoluciones triunfantes, en Rusia y China, que emprendieron sendos

intentos por superar el capitalismo.

Así llegamos al ciclo que ha cubierto los últimos 50 años.

Su fase expansiva, que duró hasta 1967 aproximadamente, se basó en la

expansión de la industria automovilística, de la aeronáutica, la petroquímica y los

comienzos de la tecnología electrónica y nuclear.

En el plano económico-institucional, el capitalismo se vió necesitado de empujar al

Estado a una actuación reguladora del sistema y promotora de la demanda para

salir de las crisis y prevenirlas. Se dió paso así a los estados de bienestar -

proveedores de bienes y servicios publicos extendidos- y al capitalismo de estado,

como marco de actuación del capital, encabezado ya para entonces por grandes

empresas transnacionales.

Ante la aparición de fuertes movimientos socialistas, que aprovechaban las lacras

del sistema para promover su cambio, la reformulación capitalista se dirigió a

corregir los excesos del mercado y a temperar las violencias del sistema; para

cerrar así el paso al avance de la revolución.

El Estado se presenta como el refugio contra lo arbitrario y lo injusto y es él, bajo

la presión de las luchas sociales, quien mediante leyes y decretos morigera las

brutalidades del capitalismo. Se desarrolla así la legislación del trabajo, el aumento

continuo del gasto público y de los sistemas de redistribución. El Estado, además,

se preocupa de combatir la recesión y el desempleo -mediante su capacidad de

compra y contratación-. Maneja con tal intención su presupuesto.

El mundo de la post-guerra, se caracterizó políticamente por el desarrollo de la

llamada Guerra Fría, entre un campo capitalista liderado política, económica y

militarmente por los EE.UU., y un campo "socialista" encabezado por la Unión

Soviética. Confrontación en función de la cual se alinearon las fuerzas políticas en

la mayor parte del planeta.

En este contexto internacional, el capitalismo chileno adoptó también hacia 1940

una nueva configuración histórica. En lo económico, se dió paso a un proceso de

industrialización del país, protegiendo a las nacientes empresas nacionales de la

competencia de importaciones, que eran de esta manera sustituídas. El estado

asumió en ese proceso un rol de motor y guía del desarrollo nacional, acometiendo

directamente la inversión y la gestión productiva en diversas actividades

consideradas estratégicas, así como en la provisión de bienes y servicios públicos

(educación, salud, vivienda, seguridad social, energía, comunicaciones, transporte,

etc.)

Si bien la producción minera continuó teniendo por destino fundamental a los

mercados externos, la producción industrial estaba volcada al mercado interno y

era éste el que dinamizaba al conjunto de la economía. No obstante, claro está, los

dólares necesarios para importar las maquinarias y los bienes intermedios para la

industria continuaron proviniendo, fundamentalmente de las exportaciones de

cobre -y de la inversión extranjera, luego de 1950-.

En lo político, amparado en la Constitución de 1925, se estructuró un "estado

nacional desarrollista", o "estado de compromiso" entre la burguesía industrial, las

capas medias y la clase obrera de la gran industria, cuyos partidos hegemonizaron

el control del poder político.

Hacia fines de la década del 60, diversas evidencias mostraron el inicio de una

nueva crisis estructural del capitalismo a nivel mundial. Las tasas de ganancia

había venido declinando en los EE.UU., una vez más, como consecuencia del

agotamiento del patrón tecnológico y de las crecientes presiones salariales. El

síntoma específico fue la aparición de la llamada "estanflación"; esto es,

estancamiento -bajo crecimiento del producto- con inflación.

A partir de ese momento, una serie de hechos fueron jalonando la crisis y

revelando su proceso de generalización desde los países núcleo y cabeza del

sistema hacia los países dependientes, e incluso hacia los llamados países

"socialistas".

El primero de tales acontecimientos fue la crisis monetaria internacional, hacia

1971, cuando EE.UU., presionado por Francia, anuncia el término del patrón oro-

dólar (convertibilidad y respaldo del dólar por reservas en oro), que había sido uno

de los acuerdos básicos -acuerdo de Bretton Woods- para el restablecimiento del

comercio internacional luego de la II Guerra Mundial.

En 1973 estalla la crisis del petróleo, provocando una agudización de las

tendencias recesivas e inflacionarias en los países capitalistas avanzados y

derivando en una enorme acumulación de capital en los países productores de

petróleo, especialmente los árabes -surgen los "petrodólares"-.

Todo ello en el marco de una extensión de los movimientos populistas,

nacionalistas, reformistas y revolucionarios en todo el mundo capitalista, que

tienen lugar con singular fuerza a partir de 1968.

Revueltas obrero-estudiantiles en Francia y Alemania, el movimiento hippie, por los

derechos civiles y contra la guerra de Vietnam en EE.UU., el rebrote guerrillero en

América Latina y en Africa, el ejemplo movilizador del Che y de la Revolución

Cubana, el Concilio Vaticano Segundo y la emergencia de movimientos de

cristianos comprometidos con el pueblo; son algunos de los hechos que reflejan la

tendencia del cambio, haciéndose presente en el escenario de la crisis.

Hacia 1979, la crisis se extendió hacia toda Europa y Japón. La contracción de la

producción y del comercio se acentuó, en tanto se expandió aceleradamente el

capital financiero y la especulación. La banca internacional, a la que fueron a parar

una buena parte de los petrodólares, los recicló hacia los países dependientes y

hacia los países "socialistas". Fue la época del "dólar barato", en que se multiplicó

el endeudamiento, insuflando oxígeno prestado a estas economías.

En lo político, mientras en el Cono Sur de América Latina las dictaduras militares

ponían término al ascenso popular, en otras regiones del mundo, otros pueblos

rompían con la dominación colonial y la presencia del imperialismo: Vietnam, Laos

y Camboya, en Asia; Angola, Mozambique, Cabo Verde y Guinea Bissau, en Africa;

Nicaragua, en Centro América.

1982 marca un momento de viraje: estalla la crisis de la deuda externa. El

gobierno norteamericano fuerza su recuperación con altas tasas de interés que

atraen los dólares de todo el mundo hacia los EE.UU., provocando una elevación

del precio del dólar que sumerje en la insolvencia y en la recesión a todos los

países previamente endeudados.

En América Latina, la crisis remeció a las dictaduras militares. Económicamente, los

80' serían la "década perdida"; políticamente, estarían marcados por los procesos

de "transición a la democracia" en el Cono Sur y de "guerra de baja intensidad" y

posterior "pacificación" en Centro América.

Generando enormes déficits en su balanza comercial y en su presupuesto, Reagan

impulsó hacia adelante la demanda y la inversión en los EE.UU. poniendo al

complejo militar-industrial a la cabeza de su recuperación económica. La "Guerra

de las Galaxias" o Iniciativa de Defensa Estratégica, cumplió así un rol tanto

económico como de arma central de una feroz ofensiva político-militar desatada

por los EE.UU. Al término de los 80', muchos de sus objetivos se habían cumplido.

Desde 1982-83, se verifica una fase de ajuste y reestructuración del sistema

capitalista internacional, en que se van creando las bases tecnológicas, económicas

y políticas de superación de la crisis y de inicio de un nuevo ciclo.

En el plano tecnológico, la introducción de la microelectrónica, la cibernética, la

robótica y la biotecnología, abren nuevas fronteras al desarrollo de las fuerzas

productivas; configurando una verdadera Tercera Revolución Industrial. Entre la

microelectrónica y la cibernética, fundamentalmente, se ha dado paso a una

"revolución de las comunicaciones" -las telecomunicaciones y la autopista de la

información- con enormes implicancias para la movilidad y la integración planetaria

del capital y para la dominación política e ideológica de los pueblos.

La nueva era tecnológica sitúa al conocimiento como factor decisivo de la

producción; relativizando la importancia de las materias primas y de la mano de

obra sin calificación.

En el plano económico, se han sentado las bases objetivas para una acumulación

del capital a escala planetaria. Ese es el transfondo esencial de lo que se ha dado

en llamar globalización o transnacionalización: la etapa de desarrollo del

capitalismo en que el ámbito más dinámico de acumulación pasa a ser el mercado

mundial. Esto ya es así en el plano del capital financiero, especialmente el de

carácter especulativo; pero empieza a plantearse también en algunas ramas

productivas como la automotriz y la electrónica.

El patrón de acumulación resultante de la Segunda Guerra Mundial se desarrolló

teniendo como eje y base a los mercados nacionales y como complemento esencial

al proceso transnacional de acumulación. Es esto lo que empieza a cambiar.

Como reflejo de esta tendencia, se acentúa la mayor velocidad de crecimiento del

comercio mundial respecto del producto mundial. La proporción de su producto

que los países centrales vuelcan al comercio mundial aumenta considerablemente:

por ejemplo, EE.UU, de un 4,5% del PIB en 1950, al 10,7% del PIB en 1990.

Alemania, del 13,5% al 33,2% del PIB durante el mismo período.

La economía mundial va dejando de ser sólo un agregado de economías nacionales

vinculadas por flujos de comercio e inversión, para convertirse progresivamente en

una red única de mercados y producción.

El proceso de globalización podría definirse como un sistema de producción en el

que una fracción cada vez mayor del valor y de la riqueza es generada y

distribuida mundialmente por un conjunto de redes privadas relacionadas entre sí y

manejadas por las grandes empresas transnacionales, aprovechando plenamente

las ventajas de la globalización financiera, núcleo central del proceso.

El proceso de globalización representa, por ello, la etapa más avanzada de la

tendencia a la internacionalización, a la máxima movilidad, que es consustancial al

capitalismo.

Esta etapa del desarrollo del capitalismo enarbola su propio discurso, su propia

ideología y política económica. Es el Neoliberalismo, que invade el planeta en los

últimos 15 años.

Estrangulados los países por la deuda externa, las transnacionales y la banca

internacional utilizaron al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional para

imponerles los llamados Programas de Ajuste .

Tema 4 Modelo Neoliberal:(1982-2000)

Subtema 1: Gobiernos de Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de Leon.

a)Perdida de la autosuficiencia alimentaria b)El desempleo c)Dependencia tecnologica

Subtema 2: Rompimiento estado y empresarios

a)Nacionalización de la banca

Subtema 3: Pactos estabilizadores

a)Propuesta y crisis “Cambiar Todo Para Quedar Igual”

Subtema 4: Ilegitimidad de las intituciones políticas

Subtema 5: Radiografia de la pobreza y las políticas de solidaridad y bienestar social

Subtema 6: Reformas Contitucionales

Subtema 7: 1994 al que vivimos (2000)

a) EZLN b) Magnicidios c) EPR d) La cuarta declaración d ela selva lacandona e) Narcotrafico

GOBIERNOS DE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, CARLOS SALINAS DE GORTARI Y ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON.

De la Madrid recibió al país en una grave situación económica, empeorada por la

deuda externa y las circunstancias políticas y económicas a nivel mundial.

Con una política austera enfrentó problemas económicos muy fuertes, como el

descenso del precio del petróleo a nivel mundial.

En el ámbito internacional, cooperó con un grupo diplomático encargado de

procurar la paz en Centroamérica.

Un viaje por varios países europeos trajo como consecuencia un intercambio más

intenso a nivel comercial, político y cultural.

A finales de su gobierno una muy fuerte devaluación afectó nuevamente la ya

quebrantada economía mexicana.

Dejó su cargo a Carlos Salinas de Gortari, y actualmente funge como director del

Fondo de Cultura Económica.

Asumió la presidencia el 1° de diciembre de 1988, en un periodo extremadamente

complicado para México, pues la crisis continuaba afectando la economía nacional.

A través de lo que los especialistas llamaron "Terrorismo fiscal", Salinas obtuvo

más ingresos; y se deshizo de muchas empresas propiedad del gobierno que

funcionaban como pérdidas para reducir los gastos.

Renegoció la deuda externa reduciéndola en un 26% e incluso, en 1991, se

reportó el primer superávit en muchos años.

Durante su sexenio, la red de carreteras se reestructuró y se puso en marcha el

Programa Nacional de Solidaridad, que se encargó de dotar de agua, electricidad,

o banquetas a pueblos lejanos de la ciudad.

A nivel internacional se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y

Canadá y se lograron muchos intercambios comerciales y culturales con diversos

países.

En enero de 1994 se inició en Chiapas un levantamiento armado indígena que

provocó una seria crítica internacional contra su gobierno. A partir de ello,

sobrevinieron varios acontecimientos que desembocaron en la estrepitosa caída

del peso al final de su mandato presidencial.

De este modo quedó empañado su buen desempeño presidencial, el cual había

hecho declarar a la prensa, tanto nacional como internacional que era el mejor

gobernante de México en los últimos años. Entregó el poder a Ernesto Zedillo y se

retiró al extranjero.

Ernesto Zedillo siendo Secretario de Educación Pública en 1988, renuncia a su

cargo para incorporarse a la campaña presidencial de Luis Donaldo Colosio.

El candidato fue asesinado y Ernesto Zedillo fue postulado por el PRI para

contender en la elección presidencial. Resulta electo por un amplio margen para

ocupar la Presidencia de 1994 al 2000.

Su administración se caracteriza por el gran impulso que se le ha dado a la

democracia con la reforma a las leyes electorales. En la actualidad, la oposición

gobierna diversos estados, como el Distrito Federal, y también tiene una

participación significativa tanto en la Cámara de Diputados como en la de

Senadores.

Al inicio de su gestión el país se enfrentó a una de las peores crisis económicas de

su historia, pero con su programa de gobierno logró una estabilidad importante,

que ninguno de sus últimos antecesores habían podido conseguir. Su gobierno le

ha dado un gran impulso a la exportación y al comercio, por que se han firmado

diversos tratados internacionales.

En estos años se han estrechado los lazos y la relación de México con los países

latinoamericanos, europeos, y de todo el mundo en general. En el aspecto social,

el gobierno implementó el programa "Progresa" para ayudar a familias en pobreza

extrema. También durante su gobierno, el país se ha visto afectado por numerosas

catástrofes naturales, como sismos, sequías e inundaciones, en todos los casos el

Presidente Zedillo giró instrucciones y supervisó personalmente la ayuda a los

damnificados.

MODELO NEOLIBERAL

Los Planes Nacionales de Desarrollo tienen sus antecedentes en la programación

sectorial surgida en los años setenta como un intento de racionalizar las acciones

del sector público, surgieron programas en educación, agricultura, industria, etc.

Posteriormente, a principios de los años ochenta, en el régimen de López Portillo

se elabora el Plan Global de Desarrollo. Con estos precedentes en el sexenio de De

la Madrid y en el de Salinas de Gortari se elaboran los Planes Nacionales de

Desarrollo. Sin embargo, hay que considerar que dichos planes no eran un mero

ejercicio técnico, sino que subyace en los dos últimos la concepción política

neoliberal como resultado de que representantes de esa corriente tomaron el

poder en 1982.

Sin embargo, existe un común denominador en todos ellos, establecen siempre

objetivos de beneficio social y mejoramiento de los niveles de vida de la población,

también fijan metas de alto crecimiento del producto interno bruto, sin embargo

como es evidente por el estado actual de la mayor parte de la población muy poco

o nada se ha cumplido, quizá de ahí se derive que en el discurso gubernamental

siempre se repita el que "aun falta mucho por hacer". Hay que considerar también

que las presentaciones de los Planes son fastuosas, pero debido a los resultados

obtenidos y a que al final de cada sexenio se acumula tal desprestigio a los

presidentes en turno que ya no se acuerdan de realizar la evaluación de lo

alcanzado, en relación a lo que se fijó como objetivos y metas a alcanzar. Muchas

veces, incluso, se realizaron acciones trascendentes que no se consideraron en los

Planes, tales como la venta masiva de empresas públicas, la reprivatización de los

bancos, el ingreso al TLC, firmas de acuerdos internacionales que han

comprometido la soberanía nacional, etc.

Durante la etapa inicial de auge de la planeación en el aparato administrativo

gubernamental se empezaron a formar cuerpos especializados, llegándose a

establecer subsecretarías de planeación en casi todas las Secretarías de Estado e

incluso la Secretaría de Programación y Presupuesto, que fue la entidad que tenía

como responsabilidad la formulación y el seguimiento del Plan. Sin embargo con

los recortes presupuestales desaparecieron estas dependencias especializadas,

convirtiendo el ejercicio de planeación en un requisito a cumplir porque así lo

señala la Constitución y la Ley de Planeación.

Hay que considerar que aunque han existido buzones y foros para recoger aportes

de la población sobre los diversos capítulos del Plan, en realidad no se conocen los

mecanismos de consulta y el cómo las sugerencias se tomarán en cuenta, desde

mi punto de vista, los lineamientos establecidos plasman el contenido neoliberal,

que el gobierno ha impulsado desde el régimen de De la Madrid, al margen de las

aportaciones y propuestas que hagan los miembros de la sociedad.

De ahí que a pesar de la existencia de planes nacionales, las crisis recurrentes que

se han presentado en la economía mexicana como resultado de la aplicación del

llamado modelo neoliberal han provocado un cuestionamiento de amplios sectores

sociales a los gobiernos que lo han instrumentado, ya que los efectos negativos lo

resiente la mayor parte de la población, en términos de reducciones sustantivas de

sus niveles de ingreso, de aumento desproporcionado en los volúmenes de

desempleo, de problemas de subsistencia de gran cantidad de empresas de

diverso tamaño y de subordinación de la política económica a los intereses directos

del Fondo Monetario Internacional y del Departamento del Tesoro de los Estados

Unidos. Ese es el marco en el que se ha presentado el más reciente Plan Nacional

de Desarrollo, que si bien en tiempo se presenta de acuerdo a lo establecido por la

Ley de Planeación, en contenido, desde mi punto de vista, no analiza las causas

estructurales que no han permitido un desarrollo económico sostenido en los

últimos 12 años y por lo tanto no permite realizar una perspectiva con viabilidad.

Existe un debate desde diversas perspectivas teóricas y políticas en relación al

rumbo del proceso de desarrollo que debe seguir nuestro país y del papel del

Estado, la neoliberal ha sido la hegemónica desde 1982. Es evidente que una

reorientación de la política económica hacia otro tipo de modelo presupone el

ascenso de fuerzas sociales que permitan la sustitución del modelo neoliberal.

Considero que el neoliberalismo corresponde a una corriente política de derecha

que favorece, sin mediaciones, el poder del capital financiero y la subordinación

absoluta del interés nacional a los de Estados Unidos, es como alguien ha dicho, la

expresión del capitalismo salvaje.

En el presente artículo analizo el capítulo 5 del Plan Nacional de Desarrollo,

denominado Crecimiento Económico, en el cual se plantean los objetivos de la

política económica por instrumentar en el periodo 1995-2000, la estrategia para el

crecimiento de la producción y del empleo presentados por el presidente Zedillo, a

finales de mayo del presente año, que da continuidad a la política neoliberal.

Posteriormente se incorporan concepciones neokeynesianas sobre el incremento

de la producción y el empleo que constituyen una crítica al modelo neoliberal y que

de hecho representan una alternativa que puede contribuir a enriquecer a las que

en nuestro país se han ido construyendo paulatinamente, a fin de desmentir el

aserto gubernamental de que solamente es viable el modelo que él ha impuesto y

que a pesar de las profundas crisis considera que solamente se requieren algunos

ajustes. Mi punto de vista es que la sociedad mexicana deberá considerar otros

caminos, los cuales ha empezado a construir, con su acción, el despertar de la

sociedad civil.

Durante el llamado periodo del desarrollo estabilizador no existían los Planes

Nacionales y México tuvo un crecimiento alto y sostenido durante un largo plazo.

Paradójicamente a partir de 1982, en los últimos tres periodos presidenciales se

han elaborado planes nacionales de desarrollo, cuando fue impuesto el modelo

neoliberal que se basa en la desregulación de la actividad económica y en el retiro

del Estado de la actividad productiva, el crecimiento en promedio ha sido

sumamente bajo. También hay que considerar que la planeación se establece en

México cuando ya había dado muestras de su inefectividad en países de economía

centralizada y en países que la habían establecido de manera indicativa. El modelo

neoliberal se basa en que todo debe regirlo las leyes del mercado, por lo cual

desde esta perspectiva la planeación debería ser un contrasentido. Quizá por eso

los objetivos y metas propuestas en los planes anteriores no solamente no se

alcanzaron, sino que se tuvieron resultados inversos a los planteados en materia

de crecimiento económico, empleo y bienestar para la población. Hay que agregar

que el marco en el cual se presenta, por el presidente Zedillo, el nuevo Plan

Nacional de Desarrollo es de una depresión económica muy severa, lo que hace

más difícil alcanzar los objetivos y las metas establecidas.

En el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 se establece el objetivo estratégico

fundamental que se propone: "Promover un crecimiento económico vigoroso y

sustentable que fortalezca la soberanía nacional, y redunde en favor tanto del

bienestar social de todos los mexicanos, como de una convivencia fincada en la

democracia y en la justicia" (PND, 1995). Este objetivo no deja de ser un deseo sin

ningún fundamento a la luz de los resultados de 12 años de neoliberalismo y del

acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y del Acuerdo firmado entre los

Estados Unidos de América y México para la estabilización de la Economía

Mexicana, cuyas cláusulas no dejan duda de que la política económica que se

instrumenta en México se elabora en Washington y que por tanto han vulnerado la

soberanía económica, aunque alguien podría rectificar de que se elabora aquí y se

aprueba en Washington, con cuya corrección estaría de acuerdo (ver: Núñez, et.

al., 1995). Como resultado de tales acuerdos se aplica el PARAUSE que es un

programa depresivo que atenta contra el bienestar de la población, pues aparte de

que ha bajado los niveles de ingreso está provocando niveles de desempleo sin

precedente en la población.

La profundidad de la contracción provocada por los acuerdos internacionales

comentados se expresa en diversos indicadores, entre otros, en la reducción de la

base monetaria, pues según cifras del Banco de México, el 31 de diciembre de

1994 había 56,935 millones de nuevos pesos y para el 16 de junio de 1995 se

contrajo a 47,046, es decir, una reducción del circulante de -9,889 millones de

nuevos pesos, alrededor del 15%. También el crédito interno neto se colapsó de

24,197 millones de nuevos pesos el 31 de diciembre de 1994 a solamente N$-

17,321 millones el 16 de junio de 1995, lo que implica una reducción de -41,518

millones de nuevos pesos, lo cual significa que en términos netos el crédito ha

estado cerrado y solamente hay pagos a empréstitos anteriores, lo cual se debe

entre otros factores a la reducción de los flujos de efectivo, disminución de las

ventas, caída de las expectativas y la alta tasa de interés activa (datos publicados

en El Financiero, 22 de junio de 1995).

La inversión productiva también se ha desplomado, lo cual significa que la

inversión bruta fija haya sido negativa durante el primer bimestre del año, de

acuerdo al analista Marcos Chávez, "La inversión productiva continúa registrando

su desplome más dramático de los 12 últimos años, lo cual obstaculizará la

posibilidad de que la economía se recupere a tasas de crecimiento socialmente

aceptables en el menor tiempo posible" (Chávez, Marcos. El Financiero. 21 de junio

de 1995).

La oferta y demanda agregadas también tienen fuertes retrocesos, pues de

acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda, analizados por Elvia Gutiérrez, el

consumo privado cayó 8.7% durante el primer trimestre, expresa que: "La

paralización del mercado interno motivó que se diera una drástica disminución en

el consumo de bienes duraderos de 41.2 por ciento real, respecto al igual periodo

de 1994" (Gutiérrez, Elvia. El Financiero. 23 de junio de 1995).

La recuperación de la pequeña y mediana empresa que constituyen la mayor parte

de establecimientos del país y las que más absorben empleo, de acuerdo al

Secretario de Hacienda "iniciarán su recuperación hasta 1996, mientras los

próximos meses serán los más difíciles para la planta productiva nacional2 (Arroyo,

Elba. El Financiero. 20 de junio de 1995).

En relación a las tasas de desempleo, la de desempleo abierto, de acuerdo a INEGI

representó 6.3% de la población económicamente activa, o sea, alrededor de 2

millones de desocupados, cifra que contrasta con otras estimaciones, por ejemplo,

la del Secretario del Trabajo que declara alrededor de 6 millones de desocupados,

hasta otras que llegan a 12 millones (El Financiero. 20 de junio de 1995).

En el Plan Nacional de Desarrollo no se hace un recuento de las causas y

consecuencias de las crisis recurrentes y los efectos sobre la actividad productiva y

la población que la aplicación del modelo neoliberal ha tenido en los últimos 12

años y medio incluido el sexenio actual, hay una defensa del mismo rumbo sin

cuestionar la estructura del mencionado modelo y solamente se plantean ajustes.

Si bien se reconoce la necesidad de alcanzar un crecimiento dinámico y sostenido a

fin de generar empleos, solamente se reconoce que: "la población

económicamente activa es de alrededor de 35 millones, cada año algo menos de

un millón de personas buscan incorporarse al mercado de trabajo" (PND, 1995).

En ningún momento se hace el diagnóstico completo y correcto, que los niveles de

desempleo abarcan proporciones cercanas al 30% de la población

económicamente activa como resultado de los ajustes neoliberales. Hay que

también considerar que dichos ajustes pueden llegar a dañar en forma irreversible

tanto a la planta productiva como a sectores amplios de trabajadores, muchos de

los cuales al quedar desempleados difícilmente volverán a incorporarse a la

actividad laboral.

El proceso de crecimiento del desempleo continúa, ¿cuál es la prospectiva?, ante

escenarios desastrosos para la población la propuesta es el cambio de rumbo, pues

los resultados son el incremento del desempleo abierto y seudo ocupaciones en el

sector informal. Ante esta situación, las autoridades gubernamentales se han

manifestado inflexibles, no tienen sensibilidad ante el padecimiento de la población

de efectos perniciosos que ellas mismas generan. Recuérdese al respecto el

comentario del Director-Gerente del FMI, de que ningún otro país hubiera

soportado lo que está pasando México.

En el Plan se reconoce que solamente para absorber a los nuevos demandantes de

empleo que se incorporan cada año al mercado de trabajo la economía deberá

crecer en casi cinco por ciento anual, pero si se quiere incorporar a subempleados

y desempleados actuales, la "meta del Plan Nacional sea que, una vez superada la

crisis financiera actual y consolidada la recuperación económica, se alcancen tasas

sostenidas de crecimiento superiores al cinco por ciento anual". En torno a esta

meta existen varias consideraciones, en primer lugar es un error caracterizar a la

crisis actual como meramente financiera. Si bien se detonó en el sector financiero,

es evidente que penetró en el sector productivo y que también existen causas

gestadas en el seno de la actividad productiva. El mismo Secretario de Hacienda lo

tuvo que reconocer en reciente reunión del FMI, al señalar que la economía real

resiente los efectos de la crisis. La baja en la producción, en las ventas, las

utilidades y el empleo son manifestaciones evidentes de que no es solamente crisis

financiera.

Existen diversas perspectivas en torno a la situación en que nos encontramos, el

presidente Zedillo ha insistido desde finales del mes de marzo acerca de los

resultados alentadores por la aplicación del Programa de Ajuste, en la clausura de

la XVII de la Asamblea General del Consejo Coordinador Empresarial declaró que:

"Hemos comprobado que el programa es el adecuado y que vamos en la dirección

correcta... Ustedes conocen los avances en la corrección del déficit en la balanza

comercial con el exterior. En el primer cuatrimestre se registró un saldo positivo en

esa balanza de mil 340 millones de dólares. Ustedes conocen el avance en el

fortalecimiento de las finanzas públicas que refleja un incremento real de 80% en

el superávit del sector público. Ustedes conocen la favorable evolución del perfil de

nuestras obligaciones externas...que en mayo comenzó a registrarse una tendencia

decreciente en el aumento de precios" (La Jornada. 16 de junio de 1995).

En relación al saldo positivo de la balanza comercial, Marcos Chávez ha señalado

que: "La parálisis de la inversión se refleja en parte, en la mejoría de la balanza

comercial, pues las compras de bienes intermedios y de capital requeridos del

exterior tendieron a reducirse...se interrumpió la recuperación de inversión de

1994...y con ello la modernización de la planta productiva, afectándose el proceso

de internacionalización de la economía" (Chávez, Marcos. El Financiero. 21 de junio

de 1995).

Otra consideración que se incorpora al Plan Nacional de Desarrollo es la propuesta

reiterada como en los Planes anteriores de que el ahorro interno debe ser la base

del crecimiento, asignándole al ahorro externo el carácter de complementario. Sin

embargo hay que recordar que el sistema financiero permite la libre movilidad de

capitales y que el capital financiero especulativo no tiene por lo tanto barreras ni

se pretende imponerle regulaciones. No se prevén en el Plan mecanismos de

defensa de lo que puede quedar de soberanía económica frente a los embates del

capital especulativo y aunque él en términos de inversión productiva del capital

externo sea complementario, en la esfera de la circulación del capital este podrá

seguir realizando movimientos altamente especulativos en los mercados

financieros como lo ha hecho en los años pasados.

Al respecto existe absoluta claridad en los países más desarrollados, pues en la

reciente reunión del Grupo de los Siete en el mes de junio, se consideró: "que la

especulación es un elemento perverso que ha infiltrado los sistemas financieros del

planeta y que al quedar fuera de control, es causa de estrepitosos derrumbes de

las economías...lesiona sobre todo a la economía real, deteriora las unidades

productivas y deja sin empleo a millones de personas" (La Jornada, 19 de junio).

Estos gobiernos como representantes del capital internacional no sugirieron el

establecimiento de medidas de control de dicho capital especulativo, a lo más se

decidió crear un fondo de rescate para casos como el de México y reconocer que la

especulación es el SIDA de las finanzas como apuntó el presidente Chirac.

Otra consideración es acerca del crecimiento del ahorro interno que se pretende

incrementarlo progresivamente de 16% del PIB en 1994 a 22% en el año 2000.

Habría que tomar en cuenta si por un lado se construyen las condiciones de

certidumbre para que eso suceda, pues en el Plan se reconoce "la caída del ahorro

privado interno en los últimos años" (PND, 1995). Por otra parte con la crisis

presente los niveles de ingreso y por lo tanto de ahorro se reducirán

significativamente, sobre todo de las familias, de las empresas medianas,

pequeñas y microempresas, sus posibilidades de incrementar el ahorro futuro son

muy difíciles, pues su lucha actual es de subsistencia. Las empresas vinculadas a la

exportación que tienen excedentes no necesariamente tienen que invertir en

México, recuérdense los procesos de expansión de empresas como Cemex y

Televisa que han invertido en la compra de filiales en Europa, Sudamérica y en los

Estados Unidos.

No podemos dejar de mencionar otros objetivos económicos que si bien ahora no

son presentados en un lugar destacado, sí se siguen considerando como centrales,

sobre todo rodeándolos de una justificación ideológica que a la luz de los

resultados es insostenible, recuérdese que durante el salinismo el combate a la

inflación fue un objetivo central, en el nuevo Plan también se reitera que: "Un

crecimiento elevado, sostenido y equitativo también requiere condiciones de

creciente estabilidad de precios. En condiciones de alta inflación, tarde o

temprano, el crecimiento económico se agota y desemboca en crisis financieras.

Además, el crecimiento así logrado es inequitativo, pues la inflación contribuye a la

reducción del ingreso real de la mayoría de la población" (PND, 1995).

Si se siguen manejando concepciones teóricas al margen del proceso histórico real

se puede justificar lo que sea, no hay que olvidar que solamente hace unos meses

con inflación decreciente y de un dígito no hubo crecimiento sostenido y se

desembocó también en la peor crisis financiera que hemos vivido en los últimos

decenios. También con esa baja inflación tuvimos el proceso más acentuado de

agudización de la desigualdad y se han reducido los niveles de ingreso de la

población. La visión acrítica del modelo neoliberal como un todo llevaron a los

formuladores del Plan a recurrir a los textos que lo justifican, pero que en nuestro

caso no corresponden a la realidad.

Para los elaboradores del Plan 1995-2000 el México moderno, cuando se empezó a

salir de la crisis más profunda fue a mediados de los ochenta: "cuando se inició un

proceso de apertura comercial y de corrección estructural de las finanzas

públicas... A partir de 1988 el proceso de ajuste estructural se aceleró. La apertura

comercial prácticamente se generalizó, se abrieron nuevos campos para la

inversión privada mediante la privatización de empresas públicas y se aligeró la

regulación de varios sectores económicos. También se fortalecieron

significativamente las finanzas públicas, lo que mejoró el ahorro público" (PND,

1995). Si bien no se menciona al Salinismo como el impulsor del milagro mexicano

hasta antes de diciembre de 1994, si se sobrentiende que el modelo continuará

con pequeños ajustes durante el actual periodo Zedillista, es decir, habrá

continuidad.

De acuerdo a los elaboradores del Plan el modelo neoliberal no es el que falla,

pues reconocen que a pesar de cambios que a su juicio fueron espectaculares al

decir que: "Infortunadamente, el indispensable proceso de cambio estructural no

se materializó en un crecimiento económico significativo, a pesar de que entre

1989 y 1994 el país tuvo el mayor ahorro externo de su historia. En ese lapso la

tasa promedio anual de crecimiento del PIB fue de tres por ciento. Si se toma en

cuenta la transformación estructural y el cuantioso ahorro externo disponible,

puede verse que el crecimiento económico de esos años resultó particularmente

reducido. Es muy ilustrativo el caso de 1993, cuando ingresó ahorro externo

equivalente a casi siete por ciento del PIB y se alcanzó un crecimiento del producto

de sólo 0.6 por ciento" (PND, 1995). No dicen que el modelo falló en su estructura

y que su aplicación fue originando factores que conducirían a su crisis en un corto

plazo al desaparecer las expectativas sobre el crecimiento económico que no se

alcanzaron a pesar del manejo ideológico triunfalista.

Los elaboradores del plan analizan que: "la crisis fue precedida de un periodo en

que confluyeron la disponibilidad de recursos externos, el aumento sin precedente

en el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos y la sobrevaluación del

tipo de cambio real del peso respecto a las monedas de nuestros principales socios

comerciales" (PND, 1995). Lo que los analistas gubernamentales han explicado

como causas de las crisis, pueden también ser vistos como resultados de la política

económica aplicada, pues la apertura comercial indiscriminada no se dio por

generación espontánea, lo cual provocó un crecimiento más que proporcional de

las importaciones y los flujos de ahorro externo eran atraídos con altos

rendimientos especulativos en los mercados de dinero y capitales.

Al respecto existen otras interpretaciones, un grupo de profesores universitarios en

un libro publicado a finales de marzo del presente año señalaban que: "Hay que

analizar que se produjo una gran contradicción, pues mientras más grande era la

afluencia de capitales, el crecimiento productivo era sumamente bajo o nulo y se

tenían que pagar altos costos financieros que hacían más difícil el crecimiento de la

producción... El capital financiero y las autoridades gubernamentales se

encontraban en una interacción dialéctica, pues el primero aprovechaba las

condiciones especulativas generadas por el propio gobierno ya que creaba

condiciones para altas ganancias de capital en la Bolsa y pagaba tasas de interés

superiores a las internacionales en el mercado de dinero" (Núñez, et. al., 1995).

La política deliberada de atraer capitales externos con marcado énfasis a la

especulación se realizó a costos muy elevados para el país, pues dichas ganancias

extraordinarias no se invirtieron finalmente en México.

El capital externo captado no se tradujo mas que en pequeña proporción en

inversión productiva, pues ante la apertura acelerada e indiscriminada del mercado

externo, "en presencia de un aparato productivo escasamente integrado, marcado

por la carencia de una política industrial que como compensación fomentara la

productividad en los sectores que finalmente han sido desintegrados. Al carecerse

de política industrial el sector financiero no pudo ponerse al servicio del desarrollo,

entonces se enfocó a la especulación donde el capital financiero nos ha

demostrado nuevamente se voracidad" (Núñez et al., 1995).

De acuerdo al PND, "El problema de fondo no fue que nuestra economía tuviese

importantes transformaciones y contase con ahorro externo en montos muy

significativos. El problema fue que ese ahorro externo no se tradujo en una mayor

inversión y crecimiento del PIB" (PND, 1995). Como ya dije anteriormente el

problema de fondo fueron las transformaciones, es decir la apertura y

desregulación acelerada y la ausencia de política industrial, el capital externo en su

mayor proporción no se destinaba a la inversión productiva, situación que fue

detectada desde 1993 cuando sólo la Bolsa acumuló más de 50 mil millones de

dólares.

Obsérvese como hay un reconocimiento de que el ahorro pudiera no traducirse en

inversión productiva, sin embargo a mi juicio, existe una interpretación errónea

respecto del papel del ahorro interno que disminuyó del 22% a menos de 16% del

PIB en el periodo 1988-1994, se dice en el PND que: "No hay duda de que, si

durante esos años el ahorro interno se hubiese mantenido al menos estable, se

habría tenido un crecimiento más dinámico de la inversión y del PIB" (PND, 1995).

Parte significativa del ahorro interno también fue canalizado a la bolsa y a títulos

de deuda gubernamentales con fines especulativos, pues suponer que el capital

interno se mueve por leyes distintas que el capital internacional es equívoco. El

capital, tanto externo como interno sin diferencia, invariablemente se canalizará en

su mayor proporción a la inversión especulativa cuando los rendimientos en los

mercados financieros sean superiores a la tasa de ganancia que existe en la

inversión productiva.

En las causas que explican la disminución del ahorro interno, de acuerdo al PND,

están la sobrevaluación del peso que induce a mayores niveles de consumo,

también señala una causa que a mi me parece esencial en relación al ahorro y a la

reinversión de utilidades de las empresas, expresa que: "Es probable que la

reducción del margen de utilidades que necesariamente causó el proceso de

apertura y de mayor competencia económica interna y externa haya sido mucho

mayor al apreciarse el tipo de cambio real. En otras palabras, el efecto en la

moderación de utilidades que deliberadamente buscó la apertura a la competencia

internacional se exacerbó con la apreciación real de la paridad y afectó el ahorro

de las empresas" (PND, 1995). Agrega otros factores explicativos tales como la

baja en los impuestos al consumo en 1990 y el aumento en la disponibilidad de

crédito, que elevaron la capacidad de compra.

A mi modo de ver no solamente se afectó el ahorro, sino también la inversión

productiva de las empresas, la entrada de mercancías a precios más bajos que los

internos provocó en muchas ramas industriales que las expectativas futuras sobre

la rentabilidad de la inversión no fuera aceptable, lo cual seguramente provocó

diversos efectos, tales como:

a) Sustituir la tecnología de producción para hacerse competitivo bajando costos.

b) Cambiando su inversión a ramas con menor competencia o dedicándose a la

comercialización de los bienes importados.

c) Saliendo del proceso productivo. Los efectos sobre la inversión a su vez

modificaron la estructura ocupacional, tanto en el número de trabajadores

ocupados como en las calificaciones requeridas para poder permanecer en la

planta productiva.

En el PND se reconocen los efectos de la apertura sobre la inversión, aunque no se

cuantifican las proporciones, se señala que: "el cambio estructural por el que

atravesó nuestra economía incidió sobre su tasa de crecimiento, como

consecuencia de que el acervo de capital con que contaba nuestro país, apropiado

para una economía esencialmente cerrada al comercio internacional, tuvo que ser

reemplazado conforme se dio el proceso de apertura comercial. Así, al dedicarse a

reemplazar capital obsoleto, parte del esfuerzo de inversión realizado en los

últimos años no se reflejó en una expansión de la planta productiva, sino que

mantuvo el nivel de la capacidad productiva en el contexto de una economía

abierta" (PND, 1995). En este apartado no se recogieron las persistentes críticas

empresariales sobre la naturaleza indiscriminada de la apertura comercial y su

efecto devastador sobre algunas ramas y la ausencia de política industrial por

parte del gobierno para enfrentar la embestida de dicha apertura.

No comparto la conclusión acerca de las causas esenciales de las crisis y el bajo

crecimiento de la economía que señala el Plan: "puede concluirse que la

insuficiencia del ahorro interno ha sido el elemento común y fundamental en las

crisis financieras que recurrentemente ha vivido nuestro país y la causa principal

del estancamiento económico" (PND, 1995). Se omite aquí una evaluación crítica

tanto del modelo neoliberal y los efectos perniciosos de la apertura acelerada de la

economía, de la naturaleza especulativa del capital financiero y de que la

globalización abarca también la internacionalización de los capitales, por lo cual es

nostálgico y se convierte en un planteamiento solamente ideológico el pensar que

únicamente con el ahorro interno se podrán alcanzar niveles competitivos que

requieren grandes inversiones de capital.

Al respecto la correduría estadounidense Merril Lynch ha declarado recientemente

que: "Para crecer a un ritmo de 3 por ciento o más, México continuará su

dependencia de los capitales foráneos como resultado del perfil demográfico y

estructural de la economía...a partir de 1990 la economía mexicana se torna cada

vez más dependiente de la inversión foránea" (Arroyo, Elba. El Financiero. 21 de

junio de 1995).

De hecho el PND 1995-2000 es una ratificación del modelo salinista en la época del

presidente Zedillo, pues no se plantea ningún cambio de rumbo, al contrario se

establece que uno de los retos es: "consolidar e intensificar los cambios

estructurales emprendidos durante la última década y que son indispensables para

contar con una economía productiva, eficiente y en expansión" (PND, 1995).

En el PND se omite, seguramente en forma deliberada, un análisis de la situación

actual y de los efectos de la política contraccionista sobre la economía y la

sociedad, sobre el aumento del desempleo, la elevación de las tasas de interés y

los problemas ocasionados a los bancos y a los deudores por el crecimiento de la

cartera vencida, tanto personas físicas como empresas, muchas de las cuales no

tienen más alternativas que cerrar. Las críticas del sector empresarial a la política

económica del Gobierno se han acentuado. No se señala como se realizará el pago

del crédito de salvamento por 50 mil millones de dólares que otorgó el FMI y el

Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Esta es la prospectiva de corto y mediano plazo para la economía mexicana. Según

las autoridades gubernamentales una vez que se supere la difícil situación actual

sobrevendrá el milagro, es decir creceremos a ritmos sostenidos de tasas

superiores al 5% anual y habrá más empleos y mejores salarios. Dados los

múltiples ejemplos de los resultados excluyentes para la mayor parte de la

población por la aplicación del modelo neoliberal en América Latina y en México,

me inclino a pensar que eso es un espejismo y un canto de sirenas. No en balde la

población mexicana ha sustituido el slogan de la campaña presidencial: El sabe

como hacerlo, por el de: ¿El sabe cómo hacerlo?

La presentación de la alternativa neokeynesiana parte de la revisión de algunos de

los planteamientos teóricos fundamentales de los economistas que se encuentran

desarrollando esta corriente, en torno al crecimiento del empleo por medio tanto

de la utilización de la capacidad instalada como por la inversión y paralelamente

discutir los límites que se establecen a la razón de apalancamiento como fuente de

financiamiento en economías abiertas, donde debido a lo intenso de la

competencia no es posible pensar en un crecimiento paulatino de dicha razón al

requerirse por parte de las empresas fuertes volúmenes de financiamiento para

enfrentarla y que determina las condiciones para alcanzar el pleno empleo,

situación analizada como posible por esta corriente.

Ante los problemas generalizados en el fin de siglo en la mayor parte de los países,

como son el desempleo, la disminución en la demanda efectiva y la baja en la

utilización de la capacidad instalada, provocados por los programas de ajuste

neoliberales, se requiere de acuerdo a esta concepción, de un modelo de ajuste

expansivo que aborde en el sector de la producción las posibilidades del

incremento en el empleo, de los recursos productivos, en el incremento de los

beneficios y los salarios a través de crecimientos en la productividad, todo lo cual

se traducirá en crecimiento de la demanda efectiva.

También deberán considerarse las fuentes de los recursos financieros externos a

las empresas (adicionales a los beneficios y utilidades no distribuidas), a fin de que

puedan hacer posible la mencionada expansión productiva en los términos que la

han planteado, para lo cual se requiere también una expansión crediticia que

permita a los empresarios elevar su razón de apalancamiento financiero (P/K), que

en la mayoría de los establecimientos industriales de nuestro país es menor que la

unidad, aunque en este sentido M. Lavoie, uno de los principales teóricos del

neokeynesianismo, advierte sobre el problema del riesgo que es un limitante al

crecimiento de la razón de apalancamiento, como veremos en el modelo que

presenta para analizar los fondos totales para el financiamiento de la expansión.

Consideramos que las tendencias existentes en el desarrollo del capitalismo

contemporáneo, derivadas entre otras causas de las profundas reformas

financieras que han llevado a la libre movilidad de capitales, a la globalización de la

economía y a la formación de grandes grupos regionales, nos obligan a pensar que

las nuevas formas de financiamiento serán uno de los factores determinantes de la

inversión y por lo tanto de la utilización de las capacidades instaladas. Las

empresas podrán responder a sus expectativas de ganancia con incrementos de la

inversión dependientes cada vez menos de sus propios recursos a través de una

tendencia creciente de la razón de apalancamiento P/K.

Si bien los neoliberales plantean la no intervención gubernamental y de que no hay

razón para que existan las instituciones, ya que con su acción impiden por ejemplo

los ajustes salariales a la baja, las fluctuaciones de los precios y la reactivación de

la producción, es decir, bloqueando un ajuste automático del mercado. Lo cierto es

que la profundización del ajuste puede ser tal, que no haya el tiempo suficiente

para experimentar su libre aplicación al generar en la sociedad situaciones de

conflicto que llegan a cuestionar incluso la legitimidad de los gobiernos que han

tratado de aplicar el llamado modelo neoliberal, como está resultando en el caso

de México.

También dentro del pensamiento Keynesiano han existido diversas

interpretaciones, pues como señala Hyman Minsky, se le redujo en el pasado a

planteamientos de intervención gubernamental a través de la política fiscal,

tratando de encajonar sus críticas a los clásicos, dentro del modelo IS-LM, que ha

sido criticado por la misma realidad, como decía precisamente Keynes, al no

ajustarse los hechos al mencionado modelo. Al respecto vale recordar por su

vigencia la multicitada crítica que Keynes hace al final del capitulo de El Principio

de la Demanda Efectiva: "En mi opinión, el celebrado optimismo de la teoría

económica tradicional puede encontrarse en el hecho de no haber tenido en

cuenta la rémora que una insuficiencia de la demanda efectiva puede significar

para la prosperidad; porque es evidente que en una sociedad que funcionara de

acuerdo con los postulados clásicos debería existir una tendencia natural hacia el

empleo óptimo de los recursos. Puede suceder muy bien que la teoría clásica

represente el camino que nuestra economía debería seguir; pero suponer que en

realidad lo hace así es eliminar graciosamente nuestras dificultades" (Keynes, J.M.,

1963). Este planteamiento a pesar de haber sido formulado hace casi 60 años

sigue conservando su frescura, y puede ser aplicado por la crítica en la aplicación y

los resultados obtenidos del modelo neoliberal, por ejemplo, a casos como México.

En el modelo poskeynesiano se parte de que existe capacidad productiva ociosa y

desempleo involuntario, definido por Keynes de la siguiente forma: "los hombres

se encuentran involuntariamente sin empleo cuando, en el caso de que se

produzca una pequeña alza en el precio de los artículos para asalariados, en

relación con el salario nominal, tanto la oferta total de mano de obra dispuesta a

trabajar por el salario nominal corriente como la demanda total de la misma a

dicho salario son mayores que el volumen de ocupación existente" (Keynes, J.M.,

1963). Otro punto de partida lo constituye el que las fuentes de los recursos

financieros no sólo son las utilidades retenidas, sino que también hay beneficios e

instituciones crediticias y mercado de valores. En este sentido la expansión

económica no puede depender exclusivamente del ahorro interno sobre todo si

consideramos economías abiertas donde la competencia se agudiza, si las

empresas no se modernizan aceleradamente tenderán a desaparecer por lo cual

requerirán recurrir al crédito para la adquisición de tecnología y equipos que los

mantenga en el mercado.

Se plantea que la demanda de trabajo pueden tener pendiente positiva y

corresponder aumentos en la demanda de trabajadores a salarios reales

crecientes, con incremento en los beneficios, en el producto y en la productividad

del trabajo, a través de un proceso de utilización de la capacidad instalada, hasta

llegar a la ocupación plena, lo cual repercutirá en aumentos de la demanda

efectiva.

En la Teoría General, Keynes plantea que el empleo depende de la función de

oferta global, de la propensión a consumir y del volumen de inversión, por lo cual

las fluctuaciones de ésta -de no haber cambios en la propensión a consumir- se

traducirá en fluctuaciones del nivel de ocupación. Es decir, una baja en la inversión

puede traducirse en un descenso en el nivel de empleo, con lo cual se reduciría la

demanda efectiva. De ahí que como expresa Lavoie, retomando el planteamiento

original Keynesiano: "Hay desempleo debido a deficiencia en demanda efectiva, no

porque los salarios reales son muy altos" (Lavoie, M. 1992).

La crisis se explica por un colapso repentino de la eficacia marginal del capital, lo

cual precipita un aumento en la preferencia por la liquidez y un alza en la tasa de

interés, lo cual puede agravar aún más el descenso de la inversión. Esta situación

no sólo provoca desocupación friccional y voluntaria, ya que origina otro tipo de

desocupación que como señala Keynes, "...los postulados clásicos no admiten la

posibilidad de una tercera, que definiré como involuntaria" (Keynes, J.M., 1963). Al

respecto, Joan Robinson plantea que "el volumen de desempleo involuntario es

igual a la suma de trabajos que, en la condiciones existentes, la población estaría

dispuesta a aceptar, pero que se ve impedida de hacerlo" (Robinson, 1959).

Keynes también expresa la actitud del empresario de maximizar los beneficios,

para este autor, "el costo de factores y las ganancias juntos dan lo que

definiremos como el ingreso total derivado del empleo proporcionado por el

empresario. Las ganancias de éste, así definidas, deben ser, y son, la cantidad que

procura elevar al máximo cuando decide qué volumen de empleo ofrecerá"

(Keynes, J.M., 1963). Visto desde otro ángulo, la ocupación estará determinada en

un nivel en el cual el empresario espere recibir la mayor ganancia y dependerá de:

"a) de la función de la oferta global,... b) de la propensión a consumir... c) del

volumen de inversión... Esta es la esencia de la teoría general de la ocupación"

(Keynes, J.M., 1963).

El resultado de acuerdo con los poskeynesianos, es que se genera capacidad

productiva ociosa, por lo cual en el corto plazo el incremento del producto y el

empleo no requieren de una inversión adicional hasta que se alcance la utilización

total de la capacidad instalada. A partir de ese punto, de no haberse alcanzado la

ocupación plena de los trabajadores se requerirán nuevas inversiones, lo cual nos

hace entrar al largo plazo donde necesariamente debe existir acumulación de

capital.

Nos proponemos en el presente modelo plantear fundamentalmente dos objetivos

que se interactúan:

a) En el mediano y largo plazo, cómo la expansión e institucionalización del

sistema financiero se traduce en un factor determinante para incrementar la

inversión y por lo tanto la producción a través de un cambio de comportamiento

del empresario en torno a los requerimientos de crédito, que motivado por las

nuevas condiciones competitivas tiende a elevar su nivel de apalancamiento

financiero, aumentando la relación pasivos/capital. Recuérdese al respecto lo

planteado por Marc Lavoie, de que "cualquier producción en una economía

moderna, requiere acceso al crédito, esto como veremos, es una ley

macroeconómica... Aunque alguna firma pueda concebirse capaz de evadir los

préstamos, veremos que, desde un punto de vista macroeconómico, las firmas

como un todo deberán adquirir deudas para la expansión de la producción"

(Lavoie, M. 1992).

b) En el corto plazo, el lograr una creciente utilización de la capacidad instalada

con aumentos crecientes del salario, de la productividad y del volumen de empleo

y provocar un crecimiento de la demanda efectiva.

La inversión estaría determinada por:

1.- I = f(UTR, B, P/K),

La inversión I, es una función de las utilidades retenidas o no distribuidas UTR, de

los beneficios B del empresario y de su razón de apalancamiento financiero P/K,

por lo cual establecerá una interrelación muy estrecha con el sector crediticio y de

flujos, pues una proporción cada vez mayor de la inversión será financiada a través

de pasivos, tomando en consideración medianas y pequeñas empresas que para su

subsistencia y desarrollo tienen que entrar a la competencia con empresas

internacionales.

La inversión creciente dinamiza el sistema productivo y provoca las innovaciones,

que de acuerdo con Kalecki son factores de desarrollo, "que impiden que el

sistema se quede en situación estática y engendran una tendencia ascendente a

largo plazo. La acumulación de capital, resultante del hecho de que la inversión a

largo plazo es superior al nivel de depreciación, amplía a su vez el alcance de la

influencia de los `factores del desarrollo' y contribuye de esa manera a sostener la

tendencia a largo plazo. El aumento de las ganancias y de la producción que se

suscita como resultado del movimiento de ascenso de la inversión tiende a

provocar una tasa más elevada de crecimiento" (Kalecki, M., 1956).

De acuerdo con H. Minsky, los aspectos monetarios y financieros nunca pueden ser

dejados de lado en ningún análisis económico (Prólogo a Post-Keynesian Monetary

Economics. Arestis, Philip. 1988). El sector financiero debe estar íntimamente

vinculado con los otros dos, pues no basta solamente contar con flujos importantes

de recursos financieros, sino además se requiere una estructura institucional para

su canalización eficiente y además deben existir expectativas favorables para que

dichos recursos se canalicen preferentemente hacia la inversión productiva, es

decir, a cubrir requerimientos de capital de trabajo y de activos fijos. De no darse

estas condiciones los recursos financieros serán dirigidos a actividades

especulativas, con lo cual el sector producción y la inversión no se verán

favorecidos.

Para establecer las interrelaciones entre las diversas variables que se manejarán

en el sector productivo, partiremos de algunos planteamientos básicos de los

poskeynesianos en torno a la producción, por ejemplo, la función producción no

tendrá la forma tradicional, ya que en el mediano y largo plazo puede haber

cambios en la tecnología y por lo tanto los equipos y maquinaria pueden ser

cambiados por otros más eficientes.

En el corto plazo el stock de capital es constante, es decir, los coeficientes de

producción pueden considerarse fijos, el trabajo no puede sustituir el capital o a la

inversa. Si se parte de la no utilización plena de la capacidad instalada, existirá una

función de utilización, Y = Lz, que permitirá un crecimiento del empleo.

PERDIDA DE AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA

La pérdida de la capacidad de un país para autoalimentarse no es sino el resultado

de la paulatina pérdida de la autosuficiencia alimentaria en el ámbito familiar, local

y regional por efecto de ala aplicación de un cierto modelo tecnológico que

obedece a un modelo de desarrollo típicamente centralizador, basado en la

continua transferencia de capital de la periferia a el centro.

No debe olvidarse que por principio, la producción típicamente campesina es una

economía donde los productores tienen a producir casi todo lo que consumen y a

consumir casi todo lo que producen, es decir, tienen a conformar unidades que su

autoabastecen casi de manera absoluta. Por otro lado, el estudio de aquellas

regiones donde la economía de mercado no es todavía la que predomina, muestra

que el papel del intercambio de productos es complementar las economías locales,

es decir, proporcionar aquellos materiales que el productor o los núcleos de

población no logran obtener de sus particulares condiciones naturales. Lo anterior

significa que así como las características de la producción campesina tienden a

garantizar la autosuficiencia del producto, las formas mercantiles simples de

circulación constituyen también mecanismos que hacen posible el

autoabastecimiento regional. Todo ello se logra, en tanto continúa predominando

en mayor o menor grado la estrategia del uso múltiple de los ecosistemas, que se

caracteriza por obtener de la naturaleza una gran variedad de productos y que,

como veremos, es una correcta respuesta productiva al heterogéneo potencial

ecológico propio de todo espacio natural. Bajo el proceso modernizador de tipo

capitalista, la paulatina transformación de las economías locales y regionales que

implica el continuo deslocamiento de la estrategia de uso múltiple y su sustitución

por una estrategia especializada, tiende a convertir tanto a las unidades

productivas como a las comunidades y a las regiones, en generadoras obligadas de

uno o unos cuantos productos. De esta forma, la gradual imposición del modelo

tecnológico especializado logra desarticular los enclaves locales y regionales cuya

producción y cuyo intercambio aparecían aún como respuestas ala potencialidad y

a la complejidad ecológicas, para implantar una producción especializada que

obliga al consumo de productos que se generan en lugares distantes. Conforme al

desarrollo del capitalismo va integrando cada vez mayores espacios bajo su férula,

acentuando su manera de concebir, hacer producir y circular los recursos, este

fenómeno de pérdida de autosuficiencia que tiene lugar en los ámbitos familia,

local y regional, se reproduce y se amplía hasta llegar a comprender la dimensión

nacional. Si en un principio el modelo tecnológico impuesto por el capitalismo sólo

afectaba la manera de realizar la producción, una vez arraigados los productores a

las leyes de la oferta y la demanda, éste llega a determinar lo que se produce, sus

cantidades y sus consumidores. Así, el libre juego del mercado va a poco

orientando la producción hacia lo más rentable y no hacia lo más adecuado desde

un punto de vista ecológico, ni hacia lo que más necesitan los productores, las

regiones y la nación. En un fase avanzada, la implantación de este modelo

tecnológico ya en íntima relación con los fines mismos del capital, convierte a

enormes sectores de la naturaleza y de la sociedad en proveedores de los

productos requeridos por los sectores de la nación de elevados ingresos y,

finalmente, por los países centrales e industriales. Es común encontrar que, de

pronto, regiones que en el pasado se abasteció casi por completo a partir del

potencial productivo de sus propios ecosistemas, hoy, como son generadores de

un solo producto, deben importar todos los productos alimenticios de otras

regiones y aún de otros países.

En resumen, la pérdida de la autosuficiencia alimentaria no puede concebirse sino

como el resultado final de un prolongado proceso por el cual la manera capitalista

de producir va subutilizando, desaprovechando y finalmente destruyendo todo el

potencial productivo representado por la diversidad delos ecosistemas, y al mismo

tiempo y por lo mismo, va paulatinamente destruyendo la capacidad de

autoabastecimiento de productores, localidades y regiones enteras.

EL DESEMPLEO

El elevado crecimiento poblacional de las últimas dos décadas _26.1 millones de

personas_ imposibilita la meta de abatir en términos reales la tasa abierta de

desempleo, que aunque se sitúa en 2.3 por ciento en el país, no considera a la

población subocupada o que realiza una actividad sin percibir ingresos, y que

representa 23.1 por ciento de la PEA.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), deberán

transcurrir 20 años para que se empiece a reducir la tasa abierta desocupacional, y

no será sino hasta el año 2045 cuando se alcance un nivel de equilibrio en el

mercado laboral, en que la mayoría de los jóvenes de ahora estén por concluir su

vida laboral y la tasa de crecimiento demográfico haya descendido a l.0 por ciento

o menos.

El organismo internacional señala que no es posible tener un indicador confiable de

la población desocupada, debido al crecimiento explosivo de la economía informal

y las nuevas formas de contratación temporal o eventual aplicadas muy

particularmente en los últimos cinco años.

Apunta que aunado al dinámico crecimiento demográfico registrado en los últimos

años, se está generando una fuerza laboral con escasa preparación que hace más

difícil su colocación en el mercado formal de trabajo.

El 43.9 por ciento de la PEA, equivalente a 17.3 millones de personas, no cuenta

con estudios básicos. Además 10.7 millones no concluyeron siquiera la primaria y

sólo 29 por ciento del total de la PEA terminó algún tipo de educación media o

superior.

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) convalida la escasa preparación

académica de la fuerza laboral, con base en los datos de la Encuesta Nacional de

Empleo del INEGI.

La información más reciente revela que 73.8 por ciento de la población ocupada no

cuenta con educación básica terminada, lo cual representa un gran problema para

la modernización de los procesos productivos de las empresas.

Datos del INEGI indican que 11.1 por ciento de la población ocupada no cuenta

con ninguna instrucción, 21.2 por ciento no cursó la primaria completa, 20.6 la

terminó y 20.9 por ciento cursó los primeros años de secundaria sin haber

concluido el ciclo escolar.

La OIT expone que México se mantiene entre los principales países con mayor

crecimiento poblacional, aun cuando la tasa de natalidad disminuyó de 2.1 a 1.6

por ciento en los últimos diez años.

Con las cifras actuales la economía mexicana deberá generar cuando menos 12

millones de puestos laborales en los próximos diez años, tan sólo para cubrir la

demanda de la población que requerirá incorporarse al mercado de trabajo, y que

la tasa abierta de desocupación se mantenga entre 1.9 y 2.1 por ciento, precisa la

OIT.
 

DEPENDENCIA TECNOLOGICA

El proceso de crecimiento del México moderno ha implicado la renovación y

expansión de casi todas las ramas de su economía y servicios infraestructurales

para acceder a otro nivel de desarrollo material. Una de estas áreas

profundamente transformadas por el fenómeno de la modernidad se refiere al

campo de las telecomunicaciones, y en particular, a la de los satélites de

comunicación directa.

Sin embargo, no obstante que la transmisión de información directa vía satélite

hoy día es una realidad común en nuestras vidas cotidianas, y que evoluciona con

una velocidad de expansión geométricamente creciente, prácticamente, desde la

ingeniería cultural, casi no sabemos nada acerca de sus orígenes, su impacto en la

conciencia de la población, la transformación de los hábitos de vida, su peso sobre

las estructuras nacionales de cultura y comunicación, el corrimiento de las

fronteras ideológicas, el rebasamiento de los ordenes jurídicos, sus tendencias de

expansión, etc. Es por ello, que consideramos importante realizar un acercamiento

descriptivo y conceptual de este fenómeno en el caso de México, pues es una

realidad que esta modificando profundamente el horizonte comunicativo y mental

de nuestra sociedad.

ROMPIMIENTO ESTADO Y EMPREARIOS

Durante el periodo 1970-1981, el país entra en una trayectoria de crisis

recurrentes. Se deterioran las relaciones entre los sectores público y privado. El

proceso de crecimiento y en particular las actividades asociadas a las manufacturas

comenzaron a perder dinamismo después de más de dos décadas de desarrollo. El

eje del modelo de acumulación pasó de la industria manufacturera al sector

petrolero (extracción, refinación, procesamiento y exportación).

El auge de 1973-1974 puede verse esencialmente como una continuación del estilo

de crecimiento anterior El boom de 1980-81 en cambio, se caracterizó por ser el

primero desde la posguerra que no fue liderado por el sector manufacturero sino

por la exportación masiva de petróleo, que permitió un ritmo de crecimiento

notable, aunque muy dependiente de variaciones externas. Esta nueva modalidad

marcó el fin de la industrialización sustitutivo de importaciones. 

El factor determinante de la dinámica económica pasó de la inversión privada al

gasto y la inversión públicos. Se compraron un gran número de empresas en

bancarrota; desde empresas galleteras hasta centros nocturnos. El déficit público

llegó a ser inmanejable y no hubo reforma fiscal. El déficit externo se expandió y

no sumo para impulsar la industrialización. La económica cayo en una severa

recesión detonada por el incremento del desequilibrio externo y de las finanzas

públicas. 

Se volvió recurrente la intervención de los organismos financieros mundiales y sus

programas de "ajuste" que tuvieron como resultado la quiebra de empresas, el

crecimiento del desempleo y la miseria, así como la agudización de los conflictos

políticos y sociales. Ni el estatismo populista, ni la "administración de la

abundancia" mejoraron la situación de la planta productiva.

El clímax de este proceso fue 1982. En agosto de ese año el gobierno mexicano se

declaró insolvente para cubrir los pagos de la deuda externa. Funcionarios

mexicanos se reunieron en Washington con representantes del Banco Mundial, del

Fondo Monetario Internacional y de la Reserva Federal, de donde surge el llamado

Consenso de Washington, que establece, desde el exterior, la política económica,

que seguirá México en los siguientes años.

A cambio de un nuevo préstamo, para abonar a los préstamos anteriores y de este

modo no desestabilizar el sistema financiero internacional, el gobierno mexicano se

compromete a establecer una política económica orientada a reducir la inflación,

impulsar la apertura comercial, restringir el consumo, incrementar el ahorro e

iniciar un proceso de privatización de las empresas paraestatales. A contracorriente

de estos acuerdos, se decide nacionalizar la banca. 

Durante el gobierno de Miguel de la Madrid se crearon las bases para un cambio

en la estructura financiera del país y en la composición de los grupos financiero

empresariales, que desplazaran al sector industrial como factor fundamental del

desarrollo. Se fortaleció a los intermediarios bursátiles con todo tipo de apoyos; la

bolsa operó en la práctica como banca paralela.

En 1982, los bancos contaban con 6 de las 31 casas de bolsa existentes. Los

recursos manejados por la intermediación bursátil representaba poco más del 7%

del PEB. Al finalizar el sexenio manejaba el 22% de los ahorros depositados en el

sistema financiero nacional. Fue la época del crack de la bolsa en 1987 y el fraude

con los ajusta bonos.

La economía nacional se abrió en 1986 y en 1987, además de entrar al GATT, se

bajaron los aranceles y a fines de este último año se implantó una política

cambiaria antiinflacionaria.

La apertura externa y el tipo de cambio antiinflacionario (sobrevaluado) no fueron

acampanados de políticas industriales, de créditos de largo plazo, ni baja de tasas

de interés para impulsar la modernización del sector productivo, necesaria para

hacer frente a la competencia desleal configurada. Esto se tradujo en un gran

crecimiento de importaciones, que si bien contribuyeron a bajar la inflación, fue a

costa de desplazar la producción nacional del mercado interno y originar presiones

negativas sobre el sector externo. 

Durante el periodo de 1982 a 1988 la a inversión pública y privada no creció; la

economía enfrentó graves desequilibrios en la balanza de pagos, un índice

inflacionario que superaba el 200 por ciento; tasas de interés anual de 160% y una

deuda externa que sobrepasaba los cien mil millones de dólares. El producto

interno bruto tenía el mismo nivel alcanzado en 1982; es decir, durante seis años

la tasa de crecimiento fue de cero, fue un periodo recesivo e inflacionario. 

El gobierno se planteó como objetivo estratégico la recuperación del crecimiento

económico a través de la modernización y el cambio estructural de la economía

mexicana, lo que se lograría siguiendo tres grandes líneas: apertura comercial,

privatización de la economía y desregulación. 

Esto implicaba tres supuestos básicos: los mecanismos del mercado serían los

instrumentos determinantes en la distribución de los recursos productivos; el

capital privado, nacional y extranjero, se encargarían de dinamizar la economía y,

la intervención del estado en la economía sería reducida a su mínima expresión.

 Se contempló "reconvertir" el conjunto la planta productiva, al mismo tiempo que

se consolidaba un sector industrial exportador de manufacturas para incorporar a

nuestro país al circuito económico mundial. En lo inmediato se aplicará una política

de estabilización macro-económica y de combate a la inflación.

El Plan Nacional de Desarrollo, 1989-1994, señalaba que la insuficiencia de

inversión fue el factor determinante del estancamiento del PIB. Por lo tanto, se

que de un mayor ahorro interno y, de manera fundamental, de una reducción de

las transferencias netas de recursos al exterior, para poder financiar el desarrollo. 

En este sentido el gobierno impulsó fuertemente la modernización del sistema

financiero y la creación de grandes grupos económicos, porque en ellos recaería

"la importante función de fomentar el ahorro de la sociedad y de canalizar

oportuna y eficientemente los recursos captados," para que se recuperara y

sostuviera el crecimiento productivo. Los resultados de todas estas medidas están

a la vista. 

La apertura comercial no fue concebida como parte de una estrategia de

desarrollo, sino como un componente más de la política antiinflacionaria. En un

lapso sumamente corto se abrió la economía mexicana y esto, junto con una tasa

de cambio fija (sobrevaluada) generó la entrada de mercancías extranjeras

relativamente más baratas que las nacionales redujo la inflación; pero, por otra

parte, debilitó al sector productivo, propiciando que miles de micro y pequeñas

empresas quebraran. a reducción de la inflación fue acompañada por una profunda desindustrialización y déficit de la cuenta externa.

La acelerada e indiscriminada apertura de la economía y el incremento de las

importaciones se traduce en un incremento del déficit comercial. El ímpetu

modernizador llevó al régimen a desarticular una estructura productiva que era

ineficiente, pero no se creó al mismo tiempo la que iba a tomar su lugar. En estas

condiciones, la firma del TLC implicaba magros beneficios para una planta

productiva en proceso de desintegración.

En el ramo manufacturero, por ejemplo, donde hasta 1994 existían más de 123 mil

empresas, de las cuales casi 90 por ciento eran micro, se advertía desde mediados

del sexenio pasado, el serio problema que la falta de financiamiento, las cargas

impositivas y la competencia desleal de productos extranjeros estaba

ocasionando. 

Debido a la apertura comercial unilateral, más de 50 por ciento de la planta fabril

tuvo que cerrar sus puertas. Alrededor de tres de cada diez empresas medianas y

pequeñas se vieron obligadas a transformarse de productoras en comercializadoras

de artículos importados.

Más de un millón 300 mil micro, pequeñas y medianas empresas del país

mantuvieron una feroz lucha por sobrevivir a la política económica gubernamental.

Lo anterior quiere decir que cerca de 98 por ciento de las empresas que tuvo que

conformarse con observar cómo el restante dos por ciento consolidaba proyectos

de expansión realizando grandes inversiones y alianzas con los grandes capitalistas

del país y el exterior.

La indiscriminada apertura comercial llevó a la ruina a múltiples empresas y

propició con ello el rompimiento de cadenas productivas y que algunos sectores

importantes de la industria manufacturera entraran en crisis, además de agudizar

el ya de por sí grave problema del desempleo.

Se vendió el patrimonio de la nación "para generar recursos", sin embargo, en

ausencia de una política de financiamiento a la inversión productiva, en el marco

de una liberalización comercial y financiera, lo que se provocó fue una enorme

desindustrialización, pues los recursos se orientaron a la adquisición de mercancías

extranjeras "baratas", a pagar altos réditos al capital especulativo y a redimir la

deuda externa. Volvimos a la crisis de 1982, pero desindustrializados. 

La desregulación consistió básicamente en modificaciones legales que abrieron a la

inversión extrajera y nacional sectores en los cuales anteriormente no podía

participar. Los ejemplos más relevantes podrían ser la modificación al artículo 27

constitucional; el cambio de productos considerados como petroquímicos básicos,

a la petroquímica secundaria, y la propia liberalización financiera.

Los mecanismos de desregulación pretendían colocar en "las fuerzas del mercado"

la dinámica económica, pues este operara como corrector automático de

eventuales desajustes económicos y sena garante de la inversión productiva y el

desarrollo económico, reduciendo la participación del Estado al máximo. 

Con la privatización y desregulación de áreas económicas sólo reservadas al

Estado, se abrieron nuevos mercados y opciones de negocios- inversión, como

petroquímica, gas, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, satelital y comunicaciones.

Las medidas desreguladoras favorecieron fundamentalmente al capital extranjero. 

El fomento a las exportaciones, tal y como se aplica en el régimen salinista,

profundiza la desintegración del aparato productivo nacional y propicia el

surgimiento de una economía de "enclave", esto es, desligada del resto de la

planta industrial.

Las exportaciones se concentran en unas cuantas ramas industriales, productos y

empresas. Sólo tres divisiones industriales concentran cuatro quintas partes de las

exportaciones: maquinaria y equipo; industria química e industrias metálicas

básicas. Dentro de estas divisiones sólo 22 empresas generan más de un tercio de

las ventas externas de manufacturas.

Este tipo de crecimiento de las exportaciones agudiza, en vez de superar, la

desarticulación "interna y la desigualdad en el desarrollo de las camas fabriles, al

crecer vertiginosamente el componente importado de la producción y exportación

manufacturera, desplazando componentes nacionales".

Los tres sectores manufactureros más importantes son los que están integrados a

las tendencias reestructuradoras mundiales y son encabezados por transnacionales

que buscan optimizar la descentralización de su producción y acceder a nuevos

mercados, aprovechando las ventajas concedidas por el gobierno mexicano, vía

desregulación y apertura comercial.

No es casual que la más importante industria de exportación, la automotriz, sea

también la principal causante del déficit comercial, lo que indica que sus

exportaciones lejos de ejercer un efecto de arrastre sobre la industria nacional,

transmiten sus efectos multiplicadores sobre la producción, la inversión y el

empleo fiara del país, tendiendo a convertirse en una industria casi maquiladora. 

En su afán de lograr una inflación de un dígito el gobierno restringió

excesivamente la oferta monetaria (circulante), ocasionando con ello que no

hubiera dinero para impulsar la producción, el comercio y el consumo. Esto

provoca la asfixia de la actividad productiva, lo mismo que las altas tasas de

interés bancario que llegaron hasta el 40 por ciento anual, impidiendo la

modernización de la mayoría de las micro y pequeñas empresas mexicanos.

Se induce una reducción en la demanda agregada interna, es decir, el consumo y

la inversión, principalmente el gasto público: se reducen los salarios, las compras

gubernamentales y se manipulan diversas variables para que las empresas no

aumenten su formación o reposición de capital (maquinaria, instalaciones), todo lo

cual propicia una severa crisis de liquidez. 

Esta falta de liquidez ahoga el flujo de caja de las empresas y aunque existan

empresas sanas desde el punto de vista de su productividad y de su

administración, se enfrentaron al riesgo de quiebra. Muchas no sobrevivieron.

El fenómeno más directo que hace evidente la carencia de liquidez es el

incremento de las carteras vencidas. Esta carencia también obstaculizó que las

empresas pudieran pagar nóminas, cuotas patronales, impuestos, etc. Las

empresas empezaron a subsidiarse con impuestos no pagados.

La reducción del gasto público y de los salarios, junto con los aumentos de las

tasas de interés real contrajeron el gasto doméstico, disminuyendo el ritmo de la

actividad económica y con ello, se logró reducir los precios. El costo de estas

medidas fue la quiebra de miles de micro y pequeñas empresas, y un mayor

desempleo. 

La conformación de poderosos grupos financieros que aglutinaran a empresas

bancarias, bursátiles, afianzadoras, aseguradoras, arrendadoras, almacenadoras,

factoraje y casas de cambio, fue la línea estratégica concebida para hacer frente a

la apertura económica derivada del TLC. 

En poco más de un año desde que se subastó la primera institución bancaria- se

conformaron 20 grupos financieros que en solo 12 meses absorbieron el 97 por

ciento de la captación total de la banca; 89.4 por ciento de los valores en custodia

en el mercado bursátil; 83.97 por ciento de la inversión neta en arrendadoras; 30

por ciento de los recursos de las instituciones de seguros y 79.96 por ciento de la

actividad de factoraje. Manejaban casi dos veces el presupuesto de gastos del

sector público autorizado para el ejercicio de 1990. 

En ese sexenio se consolidó un proceso de recomposición profunda de las altas

esferas del poder económico. Surgieron grupos financieros y empresariales que

hasta 1990 "no existían", además de que algunos de esos capitales temían un

origen poco claro. La promoción y protección de esos nuevos grupos empresariales

y financieros llevó a la anulación de la competencia económica. 

Las relaciones de poder dentro de los organismos empresariales se modificaron al

cambiar los grupos y personas de la iniciativa privada que mantenían relaciones de

privilegio con el sector gubernamental. Se hace más evidente la falta de

representatividad de las cámaras y confederaciones y su incapacidad para

defender los intereses de sus agremiados. 

Contra el optimismo gubernamental que buscaba ofrecer la idea de una estructura

económica sana y en desarrollo, pues el PIB creció 3.5 por ciento en 1994, la crisis

financiera puso en evidencia la situación insostenible del aparato productivo

nacional. 60 por ciento de las 49 ramas de la industria manufacturera mostraban el

inicio de otra recesión.

Con créditos del orden de 85 por ciento anual; divisas escasas, donde el dólar se

intercambiaba por más de 5.50 nuevos pesos; una cartera vencida del orden de 55

mal millones de nuevos pesos, que en este tiempo representaba 11 por ciento de

la cartera total bancaria, y sin certidumbre en la poética económica, el panorama

para las medianas, pequeñas y microempresas industriales era de franca

supervivencia.

 La situación para la industria tendió a ser más difícil debido a que las uniones de

crédito (corrupción aparte), prácticamente abandonaron a sus clientes ante la

decisión de Nacional Financiera de suspender de manera "temporal" su asistencia.

La industria automotriz trabajaba a 50 por ciento de su capacidad para poder

cumplir convenios con las matices en el extranjero y mediante convenios que

pasaron por alto los derechos laborales. Por sus características la crisis colocó al

país en la ruta de la maquila y la subordinación a las grandes empresas

productoras transnacionales como única salida financiera.

Debido a la devaluación del peso frente al dólar, la competitividad relativa de las

dos mil 40 plantas maquiladoras existentes en el país se incrementa

significativamente y el valor de su mano de obra es de las más bajas del mundo,

pero también su poder de compra se halla tan devaluado alrededor de 65 por

ciento que hace incosteable el sostenimiento de este tipo de empresas para los

estados y municipios de México. La crisis también afectó a las maquiladoras pues

ese sector productivo trabajaba a 65 por ciento de su capacidad tradicional y, de

manera extraoficial se hablaba de la desocupación de 50 por ciento de su planta

laboral.

La apertura comercial, además de su saldo financiero negativo, incremento la

dependencia de México al extranjero. El coeficiente de importación de la planta

productiva creció diez puntos entre 1980 y 1992, desplazando con bienes

importados a varios sectores, entre los que destacan la industria del vestido, la del

papel, madera, imprenta, y afectó diversas empresas del ramo de la química. El

crecimiento de 3.5 por ciento del PIB durante 1994 anunciado por la Secretaría de

Hacienda, parecía estar muy alejado de la realidad.

Este '"crecimiento" con crisis no era nuevo. En 1992, precisamente cuando se

acentuó la desaceleración económica de las 49 camas que conforman el sector

manufacturero, 18 mostraron caídas pronunciadas, pese a que el balance general

fue positivo en 2.3 por ciento. Los resultados positivos que son minoría en las

estadísticas se observan en los sectores más modernos y con mayor acceso a

divisas, vinculados generalmente a transnacionales.

Al inicio de este sexenio 60 por ciento de la planta industrial una de cada tres

empresas- estaba al borde de la quiebra; en suspensión de pagos; procesos

productivos suspendidos de forma parcial o total e inventarias que se acumulaban

onerosamente debido al desplome del poder de compra. Esto, hoy día, no ha

cambiado sustancialmente. 

NACIONALIZACIÓN DE LA BANCA

Desde que se nacionalizo la banca y se establecio el control de cambios en 1982

durante el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, la frontera norte inicio un

proceso de reordenación economica; el dólar no es ya la moneda imperante en

cualquier transacción y el peso ha tomado el lugar que le corresponde.

En tanto que el peso no se revalue substancialmente otra vez respecto al dólar

quedara cautivo para el mercado nacional un potencial de 10 millones de

habitantes de la franja fronteriza que antes compraba sus alimentos del lado

americano. Otro numero demejante de mexicanos residentes en el sur de estados

unidos constituye igualmente un mercado potencial para las exportaciones

mexicanas. Ambos mercados serian una realidad solo si la oferta nacional acudiera

con

ILEGITIMIDAD DE LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS

Las instituciones políticas esenciales para mantener la unión, la libertad y la

soberanía de México han sido degradadas por la corrupción, la ineficacia y la

complicidad impune de quienes nos gobiernan.

 

La primera tarea de la política es sacar a México del círculo vicioso de las crisis y

de la soberbia de los que abusan del poder, con un proyecto claro y con una

estrategia política de la sociedad. Rechazamos que nos impongan un futuro que no

aceptamos, exigimos someter a los gobernantes a la ley y demandamos establecer

contrapesos efectivos para obligarlos a rendir cuentas.

 

Se ha obtado por trabjar en contra de la Ilegitimidad de las Intituciones Políticas;

para lo cual se han originado planes para ir en contra de tal situación que afecta

considerablemente al pais. 

 

Reconstituir las instituciones políticas para hacer gobernable a México. Con base

en la democracia, el respeto a la ley, la garantía de los derechos y transparencia

en el ejercicio de gobierno; con igualdad efectiva para las mujeres, reconociendo a

la pluralidad étnica y cultural de las comunidades indígenas; con plena libertad

política de las ciudadanas y ciudadanos para formar mayorías legítimas, capaces

de decidir con legitimidad, que sustituyan, de manera definitiva, el ejercicio de la

autoridad presidencial no sujeto a control legal ni social.

 

 Que se reconozca que la estrategia de desarrollo económico del país a lo largo de

los dos últimos decenios ha fracasado. Su legado es una enorme carga para el

futuro de los jóvenes y para las próximas generaciones. Sólo a partir de ello se

pueden tomar las decisiones que abran las oportunidades del país para mejorar el

empleo y los salarios, generando mecanismos para la integración equitativa de la

mujer en el mercado de trabajo, garantizando el cuidado de los recursos naturales

y la protección del medio ambiente.

 

Será necesario reconstituir el fisco sobre bases justas, crear condiciones de

competencia en las que puedan desarrollarse las pequeñas y medianas empresas,

urbanas y rurales que den solidez a la economía mexicana. Dar una verdadera

solución al desastre bancario provocado por la complicidad, la irresponsabilidad y

la ausencia de vigilancia.

 

 Revertir la tendencia al incremento de las desigualdades sociales y regionales y

establecer políticas que permitan aumentar las oportunidades de los millones de

mexicanos que viven en la pobreza extrema.

 

Es inaceptable que frente al crecimiento de la miseria, en cada auge económico

sea menor el grupo de los que se benefician y en cada crisis las cargas recaigan

sobre los más pobres y sobre las futuras generaciones.

 

Ni la globalización ni la economía de mercado pueden ser pretexto para que se

dejen de impulsar políticas que hagan llegar los créditos a donde más se

necesitan, que permitan que se capitalice el campo, que defiendan a los

productores y que vayan transformando las relaciones sociales y políticas en las

zonas más atrasadas del país.

 

El compromiso es dar oportunidad a la sociedad de tener acceso, sin

condicionamientos políticos, a los programas públicos, a los beneficios de la

descentralización y de gobiernos locales fortalecidos, así como a las oportunidades

que pueden brindar un gobierno y un sistema financiero comprometidos con

impulsar a quienes tienen ideas y se esfuercen, no a quienes son cómplices.

 

México no puede lograr estos propósitos fundamentales sin una reforma real de la

educación pública. Es indispensable formular e instrumentar una estrategia de

educación, que sea sostenida por el Estado y la sociedad de manera permanente.

Esta estrategia deberá fundamentarse en los principios de igualdad de

oportunidades educativas de calidad para todos los jóvenes, varones y mujeres, y

en el respeto a los valores y la promoción de la identidad nacional yerna la cultura

democrática; desde luego facilitar la transmisión de conocimientos básicos, buscar

enseñar a pensar y desarrollar la creatividad.

 

 Reconstituir el pacto federal para garantizar la integridad de México con base en

la participación de las entidades federativas en la definición de las políticas

nacionales, la redistribución de recursos y competencias, así como el desarrollo de

las instituciones de gobierno local que facilite el desarrollo regional. El nuevo

equilibrio político y territorial, tendrá que basarse en compartir un proyecto y en

fundar la integridad del territorio y un verdadero desarrollo.

 

Establecer un verdadero sistema de separación de poderes y de rendición de

cuentas que ataque de frente y en serio a la corrupción y a la impunidad de los

funcionarios públicos.

 

Se necesita una profunda reforma del ministerio público, un control efectivo de las

decisiones del Ejecutivo en materia de procuración de justicia por la Corte y por el

Congreso. Una vigilancia efectiva de la administración por el Congreso que elimine

la discrecionalidad actual que permite la simbiosis entre funcionarios que deberían

representar el interés público y delincuentes que se benefician ilegalmente con las

decisiones públicas.

 

La seguridad de los ciudadanos es tarea central del ejercicio de gobierno. Para

enfrentar la complicidad existente entre autoridades y delincuentes, el primer paso

es fortalecer a la autoridad política para garantizar que la asignación de recursos

tenga objetivos precisos y se haga con transparencia. Al mismo tiempo, se deben

fortalecer los instrumentos legales y las políticas públicas para combatir la violencia

hacia la mujer.

  

Proteger la biodiversidad y el medio ambiente, con una visión de largo plazo,

basada en un crecimiento sustentable. Defenderemos las escasas reservas

ecológicas que aún quedan en nuestro territorio y los cinturones verdes de las

ciudades.

 

El cuidado y el ahorro del agua serán prioridad del gobierno, así como su

tratamiento y reciclaje.

 

Hay que frenar el deterioro ambiental en regiones enteras del país que puede

llevar a crisis ambientales, de salud y para la economía.

  

Es imperativo reconstruir la soberanía del país para poder desempeñarnos bien en

el mundo globalizado. La soberanía no consiste en defender cualquier decisión del

gobierno, sino en la defensa de los ciudadanos y, a partir de ello, la integridad del

Estado. No concebimos una soberanía que descansa en la protección de quienes

violan los derechos humanos, de quienes utilizan los instrumentos del Estado para

socavar el ejercicio libre y equitativo de los derechos políticos.

 

Es inaceptable que, por vivir en una economía globalizada, se justifique que el

gobierno coloque los intereses de los extranjeros por encima de los mexicanos. Eso

no lo hace ningún gobierno que se respete a sí mismo y que tenga que contar con

el apoyo del electorado y de la opinión pública libres.

 

Consideramos, asimismo, que se debe mantener la soberanía sobre los recursos y

las empresas energéticas.

 

La fuerza de México no está en invocar la soberanía para proteger la ilegitimidad

interna, sino en su voluntad de sustentar las decisiones de la política exterior en el

bienestar de la mayoría de los ciudadanos, en la legitimidad y en el prestigio de las

instituciones nacionales.

 

RADIOGRAFIA DE LA POBREZA Y LAS POLÍTICAS DE SOLIDARIDAD Y BIENESTAR SOCIAL

El 6 de diciembre de 1988 se creo la comisión del programa nacional de

solidaridad, con el propósito de coadyuvar en el logro de las estrategias planteadas

en el acuerdo nacional para el mejoramiento productivo del nivel de vida, y como

respuesta a las principales demandas de la población mexicana para erradicar la

pobreza extrema.

El programa nacional de solidaridad se expresa en tres propósitos primordiales:

*solidaridad para el bienestar social, con prioridad en los aspectos como salud,

alimentación, vivienda, servicios básicos y regularización de la tenencia de la tierra.

*solidaridad para la producción, en la oportunidad de empleo y desarrollo de las

capacidades y recursos de las comunidades con apoyo a las actividades

agropecuarias, agroindustriales, micro industriales y piscícolas.

*solidaridad para el desarrollo regional, mediante programas de mejoramiento de

la infraestructura física de la zonas especificas.

Asimismo , el programa fundamenta su acción a partir de cuatro principios básicos:

*el aspecto a la iniciativa a las comunidades.

*participación democrática.

*la honestidad y transparencia en el manejo de los recursos.

A partir de experiencia generada por el programa, y retomando las propuestas

formuladas pos los miembros de comités de solidaridad, su deseo de encontrar un

espacio de reflexión común y de intercambio de experiencias para enriquecer la

practica de solidaridad en el ámbito nacional se crea el instituto nacional de

solidaridad, inaugurándose el 8 de julio de 1992.

Dada la necesidad de intensificar las tareas de capacitación para converger en

proyectos productivos que posibiliten elevar el bienestar social, lideres de

organizaciones laborales, campesinas, grupos del sector social y empresarios se

sumaron a la propuesta de contar con este espacio.

Atribuciones

La secretaria de desarrollo social, en el articulo 42 de su reglamento interior,

otorga al instituto nacional de solidaridad las siguientes atribuciones:

*formular y llevar acabo programas de investigación, capacitación, información,

asesoria gestión y participación social;

*divulgar los lineamientos del programa nacional de solidaridad, así como inducir a

una conciencia de solidaridad social;

*promover la participación solidaria de los grupos indígenas, rurales y urbanos con

mayor rezago, en las acciones que llevan acabo los sectores públicos, social y

privado para mejorar su nivel de vida.

*constituirse en órgano de consulta para las dependencias y entidades de la

administración publica federal en acciones de promoción, organización y

capacitación social, así como de los gobiernos estatales y municipales que lo

soliciten.

*publicar y difundir, por si o a través de terceros, los estudios, investigaciones y

materiales que contribuyan al cumplimiento de la política de desarrollo socia, de

conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; y

*las que le confiera el titular del ejecutivo federal, el secretario y aquellas que sean

necesarias para el debido cumplimiento de su objeto, así como otras disposiciones

jurídicas aplicables.

Objetivos

Los objetivos del instituto están relacionados con las necesidades del programa

nacional de solidaridad; se sustentan en la filosofía de este y se dirigen a la

promoción del cambio en las relaciones el estado y la sociedad.

Objetivo general

El instituto nacional de solidaridad tiene como objetivo general:

Elevar los niveles de organización y participación social, el fortalecimiento de la

identidad y los valores comunitarios, así como el fortalecimientos a liderazgos

comprometidos con las tareas de desarrollo social que promueve solidaridad.

Objetivos específicos

*proporcionar a los participantes información de la filosofía de solidaridad en el

contexto de la modernización.

*inducir a los participantes a una conciencia de solidaridad y participación

comunitaria.

*promover, como condición necesaria, una actitud democrática y pluralista en los

participantes, para el fortalecimiento de sus organizaciones, así como la unión de

esfuerzos para progresar

*fomentar el dialogo y la concertación entre los participantes como principales vías

para definir y solucionar los problemas.

*formar y consolidar liderazgos acordes con las transformaciones del país.

Destinatarios

Las diversas acciones emprendidas por el instituto tienes como destinatario a:

representantes de comité de solidaridad, presidentes municipales, servidores

públicos de los tres niveles de gobierno , empresarios, lideres sindicales, y

campesinos, así como aquellos sectores sociales involucrados en la producción y el

bienestar social.

Programas.

El instituto ha diseñado una serie de programas que tienen como propósito la

consolidación de la organización social y la participación comunitaria. Para su

realización, periódicamente se llevan acabo talleres, seminarios, conferencias y

mesas redondas, donde los participantes tienen la oportunidad de combinar la

practica con la teoría, partir de la reflexión colectiva, teniendo especial relevancia

el intercambio de experiencias.

REFORMAS CONSTITUCIONALES

Las reformas constitucionales propuestas por los Acuerdos son modificaciones

básicas, fundamentales para avanzar al Estado de Derecho, la convivencia

democrática, la observancia de los derechos humanos, la erradicación de la

impunidad y la institucionalización de una cultura de paz basada en la tolerancia

mutua, el respeto recíproco, la concertación de intereses y la más amplia

participación social a todos los niveles e instancias de poder.

De su aprobación depende el reconocimiento de la unidad de la Nación

guatemalteca, en tanto Nación multiétnica, pluricultural y multilingüe; la

reorientación de la seguridad ciudadana, la aplicación de justicia y la redefinición

del papel del ejército nacional.

La iniciativa de Ley de Reformas Constitucionales, expresión formal del mecanismo

acordado por las partes, ha generado diversas reacciones que eran previsibles.

Las más conservadoras y timoratas plantean la inconveniencia o disminución de los

alcances. Otros sectores, en cambio, están dispuestos a impulsarlas y ven en este

momento la posibilidad de abrir la discusión sobre otras propuestas, no

necesariamente contempladas en los Acuerdos, y que responden a intereses

particulares que atentan y están en contra de la unidad de la nación y del

desarrollo del país.

1994 AL QUE VIVIMOS (2000)

Entre los años cuarenta y el inicio de los ochenta México demostró una notable

estabilidad política represiva. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobierna

ininterrumpidamente desde 1929 por medio del fraude electoral, la corrupción y la

represión; ejecutadas bajo las banderas del "nacionalismo revolucionarista" y, a

diferencia de otros países de América Latina que también conocieron el fenómeno

de gobiernos represivos, México ha sido tolerado por la comunidad internacional.

La prueba más reciente de ello es que en las negociaciones para el ingreso al TLC

(Tratado de Libre Comercio), en el proceso de creación de una zona de libre

comercio con Canadá y EEUU, la situación de los Derechos Humanos y políticos no

fueron jamás considerados en las agendas de las negociaciones. La Unión Europea

tampoco los ha puesto como condición para las relaciones económicas con México.

Desde el dos de octubre de 1968, cuando fueron asesinados en la Plaza de las

Tres Culturas cerca de trescientos estudiantes que a propósito de la publicidad

internacional de los Juegos Olímpicos exigían la apertura democrática del sistema

político, el régimen mexicano ha cultivado sistemáticamente una imagen de

estabilidad política que contrastaba con sus vecinos del sur (Guatemala, El

Salvador y Nicaragua). Dicha estrategia se apoya en una política internacional

"progresista" y de estímulo a los movimientos de liberación nacional de los países

subdesarrollados; que no excluía de su discurso una prudente dosis de anti-

imperialismo. Este ciclo ha sido cerrado con la rebelión el 1 de enero de 1994 del

Ejercito Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas y con el asesinato del

candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, que se une a la historia de

los magnicidios presidenciables mexicanos iniciada con al asesinato de Francisco

Madero en 1913, de Venustiano Carranza en 1920 y Álvaro Obregón en 1928.

Las transformaciones económicas y políticas del México moderno se han tornado

dramáticas desde la crisis de la deuda externa en 1982 bajo el gobierno de López

Portillo, que condujo a la posterior suspensión unilateral de los servicios de la

deuda, a la inflación, a una dramática devaluación del peso y a la estatalización de

la banca en septiembre del mismo año. Las políticas de estabilización y de ajuste

estructural aplicadas para superar la crisis y la introducción de las reformas

neoliberales que se ejecutaron bajo la presidencia de Miguel de la Madrid (1982-

88), crearon las condiciones iniciales para una reforma profunda de las funciones

económicas del Estado y una transformación radical de las políticas económicas

que se habían basado en el keynesianismo económico de corte populista

autoritario. La profundización de la reestructuración neoliberal llevada a cabo por

el presidente Carlos Salinas de Gortari consolidaron dichas reformas y por medio

de la privatización de las empresas del Estado y la apertura irrestricta y

regionalización de la economía mexicana (TLC), se sustituyó definitivamente el

modelo económico basado en la Industrialización Sustitutiva de Importaciones

(ISI). Las consecuencias políticas y sociales de más de una década de reformas

explican en parte, la desarticulación global de la estructura social y del sistema

político, que se había apoyado en mecanismos corporativos de relaciones entre

Estado y sociedad civil y en un sistema político que indentificaba el Estado con el

partido. La creación inicial de una arena política real se había manifestado por la

izquierda en el cardenismo y por la derecha en la creación del Partido de Acción

Nacional (PAN).

La sustitución del Estado populista autoritario por el Estado neoliberal ha sido

impulsada por la burocracia política del Estado y el partido en un intento por

conservar el poder y regionalizar la internacionalización de la economía mexicana;

manteniendo el poder de la clase política partido/estado. El paso de un Estado

rentista/keynesiano a un Estado neoliberal por medio de la privatización de las

empresas públicas pone en dificultades la naturaleza autoritaria corporativa de la

tradición estatal mexicana que había sido apoyada por el clientelismo y que, en

períodos de recesión económica, es difícil de alimentar. El hecho de que estas

reformas fueran iniciadas "desde arriba", por la burocracia del estado y el partido,

es lo que le ha permitido autorepresentarse como una fuerza democratizadora o

de apertura política. Esta perspectiva es reforzada por la tradición teórica del

liberalismo político que considera la modernización económica como la causa

inevitable de la sustitución del autoritarismo corporativo, en la medida en que éste

no está en condiciones de regular, en tanto proceso político, las transformaciones

de la economía. La integración de México en el TLC y como consecuencia el

proceso de regionalización e internacionalización de la economía, ha operado como

un factor de consolidación de la reestructuración neoliberal. La integración con

EEUU y Canadá, a su vez, representa una ruptura con la tradición latinoamericana

de integración económica que se inició en la década de los sesenta. Ésta aspiraba

a un modelo de industrialización autosustentada de corte nacionalista y en cierta

medida antinorteamericano.

Con un mercado de 360 millones de consumidores, el TLC se constituye en la

esperanza futura de acceso de las restantes economías latinoamericanas y

transforma otras iniciativas integradoras como el Mercado Común del Sur

(MERCOSUR) (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) en una sala de espera para

un ingreso posterior. El análisis de estos problemas constituye el objeto central del

presente artículo. En la primera parte ofrece un estudio retrospectivo sobre lo que

han sido los intentos de integración económica y cómo ellos han sido sustituidos

después de la crisis del keynesianismo internacional; en la segunda parte,

presentamos una descripción de los procesos económicos y políticos que facilitaron

la integración de México en el TLC; en la tercera, consideramos los efectos de las

reformas neoliberales sobre el sistema político mexicano; en la cuarta,

consideramos el proceso de internacionalización vía regionalización de la economía

mexicana; y finalmente, presentamos una serie de conclusiones.

Las experiencias de integración latinoamericana tienen ya casi medio siglo. Desde

los inicios de los años sesenta se intentó un proceso de integración económica

regional no muy exitosa por medio de la ALAC (1960) y posteriormente la ALADI.

Ello representó el intento por resolver tres problemas: la creación en marzo de

1957 de la Comunidad Económica Europea (CEE) que se consideró una amenaza

de cierre de los mercados europeos para los productos agrícolas latinoamericanos;

la necesaria renovación y ampliación de los acuerdos económicos preferenciales

establecidos entre los diversos países de América Latina, conservando los

beneficios de la cláusula de nación mas favorecida consagrada por los acuerdos del

GATT, como resultado de ello surgió la creación de una zona de libre comercio,

apoyada por el articulo XXIV del GATT y en el inicio de la década de los años 60

era evidente el estancamiento y la crisis del modelo de desarrollo basado en la ISI.

La ampliación de los mercados internos era considerada como una de las

soluciones destinadas a resolver la crisis y facilitar la profundización de la

industrialización. La ampliación de los mercados vía integración regional conduciría

al desarrollo de una industrialización regionalizada en donde cada uno de los

países se especializaría en determinadas ramas de la industria disminuyendo los

costes de los bienes de capital. Ello facilitaría la rentabilidad del capital y

dinamizaría el proceso de acumulación fortaleciendo también la rentabilidad del

capitalismo de Estado (empresas estatales).

El deterioro de estas experiencias de integración no sólo está vinculado a la crisis

de los modelos de industrialización keynesiana y al derrumbe posterior del

keynesianismo internacional, sino también a la introducción temprana de la

reestructuración neoliberal por vía autoritaria (dictaduras de Chile, Argentina,

Bolivia y Uruguay) que acentuaron los principios del libre cambio. Con ello pusieron

en discusión la efectividad de la políticas regionales de inspiración keynesiana

identificándolas con el proteccionismo. Sólo a mediados de los años ochenta, con

la restauración de la democracia en Brasil y Argentina se reabrieron los debates

sobre integración regional que dieron curso a la constitución de MERCOSUR.

El primer antecedente de MERCOSUR es el Programa de Integración y Cooperación

Económica entre Argentina y Brasil de julio de 1986. A mediados de 1990 ambos

países tomaron la determinación de formalizar la creación de un Mercado Común

para fines de 1994. En marzo de 1991 se incorporaron Paraguay y Uruguay dando

origen al Tratado de Asunción que creó oficialmente MERCOSUR. En el Acta para la

Integración Argentino Brasileña de julio de 1986 se estableció el Programa de

Integración y Cooperación Económica entre ambas Repúblicas incluyéndose los

siguientes principios: gradualidad en las diversas etapas de definición, negociación,

ejecución y evaluación, con ello con se busca garantizar la apertura paulatina de

ambas economías regulando los costos sociales y económicos de la integración;

flexibilidad para ajustar los objetivos previstos a los efectos reales de la

integración; y equilibrio para no inducir a una especialización de las economías en

sectores específicos en desmedro de una integración internacional diversificada. El

Tratado firmado el 26 de marzo de 1991 que establece el Mercado Común del Sur

implica: la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los

países por medio de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no

arancelarias a la circulación de mercaderías; el establecimiento de un arancel

externo común y la adopción de una política comercial común en relación a

terceros Estados o agrupaciones de Estados y la coordinación de posiciones en

foros económicos y comerciales regionales e internacionales; coordinación de

políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados participantes: de

comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales,

de servicios, aduanera, de transporte y comunicaciones y otras destinadas a

favorecer la competencia de las economías; y, por último, armonización jurídica de

las legislaciones de los países miembros a fin de fortalecer el proceso de

integración.

El lanzamiento del Programa de Integración entre Argentina y Brasil se hizo en un

momento en el que ambos países se encontraban embarcados en luchas

antiinflacionistas similares: Plan Austral y Plan Cruzado. Por otra parte, MERCOSUR

tiene lugar antes de la formulación de la "Iniciativa de las Américas" y es en parte

el producto de la democratización de Argentina y de Brasil (de los Presidentes

Alfonsín y Sarney). En sus inicios representa, por lo menos desde la parte

argentina, un intento de restauración de los modelos de integración de inspiración

keynesiana que habían prevalecido en América Latina desde el inicio de los años

sesenta. La formación de MERCOSUR responde en una medida importante a la

estrategia internacional de formación de bloques: la búsqueda de una mayor

capacidad de negociación frente a sus principales socios comerciales, los EEUU y la

CE (Comunidad Europea). Es bajo los regímenes de Collor de Mello y de Menem

cuando MERCOSUR adquiere un carácter neoliberal y, desde la perspectiva

argentina, es considerado como un mecanismo de consolidación de las reformas

neoliberales de la economía argentina y antesala para el ingreso posterior al TLC

vinculándose definitivamente con la Iniciativa de las Américas.

Las relaciones de MERCOSUR con el TLC se han formalizado por medio de los

acuerdos que se conocen como "cuatro más uno" del 19 de junio de 1991

(Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y EEUU). Ellos condujeron a la creación de

un Consejo Consultivo sobre Comercio e Inversión. Se indica que las negociaciones

con EEUU serán hechas con MERCOSUR y no con cada país individualmente. Esto

último constituirá el mecanismo principal de las futuras conversaciones referidas al

ingreso al TLC. MERCOSUR reconoce que la Iniciativa de las Américas se diferencia

significativamente de otras iniciativas previas de USA respecto de América Latina,

como la Alianza para el Progreso: inspirada en la época de la Guerra Fría como

visión geopolítica de la región y en el rechazo a la revolución cubana. Por primera

vez en la historia de las relaciones de EEUU con América Latina no se trata de un

programa de asistencia económica y financiera con el objeto de "cooperar al

desarrollo".

El consenso sobre el carácter neoliberal de la formación de bloques en América

Latina fue previamente legitimado por lo que se ha llamado "las nuevas

democracias neoliberales". Incluso la CEPAL (Comisión Económica para América

Latina y el Caribe) ha formulado una política regional en un texto ya clásico

"Desarrollo con equidad" (CEPAL, 1990). Dicho análisis se fundamenta en el

concepto de "década perdida" para referirse a la magnitud del retroceso del

desarrollo en la década de los años ochenta. El producto real por habitante de

1989 era equivalente al de 1976. América Latina enfrenta el inicio de la década de

los años noventa con los efectos de la deuda externa y la inadecuación entre la

estructura de la demanda internacional y la composición de sus exportaciones. A

esto se agrega la obsolescencia de la planta de capital y de la infraestructura física,

la incapacidad para asimilar los cambios tecnológicos internacionales, el deterioro

de la capacidad financiera y de gestión de los Estados, la acentuación de la

desigualdades sociales, el crecimiento gigantesco del desempleo o del subempleo,

el mal aprovechamiento de los recursos naturales y la depredación ambiental. En

el nivel de los sistemas políticos, se restablecieron las democracias en diversos

países que habían sido sometidos a dictaduras destinadas a implementar por la vía

autoritaria las reformas neoliberales; entre ellos se encuentran Chile, Argentina,

Bolivia y Uruguay y se agregan Brasil y Paraguay. Pero ello fue acompañado en los

años noventa por lo que la CEPAL llama "desideologización en el debate político

económico".

Desde el inicio de los años ochenta México se encuentra abocado a la introducción

del modelo de libre mercado y a la implementación de las reformas neoliberales

dominantes en el sistema mundial. Sus últimos dos Gobiernos han eliminado las

barreras a las inversiones extranjeras y al comercio, han reducido la participación

del Estado en la economía e implementado una estrategia de promoción de

exportaciones que es considerada como la solución más adecuada a los cruciales

problemas de la economía mexicana. Como consolidación necesaria de la

reestructuración económica neoliberal, México decidió acceder al Tratado de Libre

Comercio junto a Canadá y USA (TLC). La nuevas políticas y los programas de

reestructuración neoliberal han tenido efectos considerables en el sistema político

aún cuando ello no proviene directamente de una demanda democratizadora

explícita del bloque regional neoliberal (TLC). Las partes más sensibles de

transformación silenciosa del sistema político tienen que ver con el carácter

corporativista de funcionamiento del Estado y la influencia de los sectores

dominantes del PRI. Ello deriva de la necesaria reorganización de las alianzas

políticas destinada a favorecer la vinculación de las élites empresariales con la

influyente posición de las Empresas Transnacionales (regionales) y Washington. El

retorismo nacionalista que formó parte indispensable de los discursos oficiales

mexicanos (Ros, Stanley R., 1966; Sigmund, Paul E., 1970) ha desaparecido junto

a toda referencia a la idea de un proyecto "nacional" de desarrollo. Éstos han sido

reemplazados por conceptos como integración económica, productividad, bajos

costes, disciplina laboral, diversificación de exportaciones, privatizaciones, libre

comercio, etc. Al igual que en otras experiencias neoliberales de América Latina,

los no beneficiarios de las reformas y en particular los desempleados resultantes

del proceso de privatización de la economía son temporalmente compensados

desde 1989 con el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL). La financiación

de dicho programa proviene de la venta de las empresas estatales y paraestatales

como TELMEX y otras 1.000 empresas privatizadas o en vías de privatización. La

creación de PRONASOL se presenta como una nueva forma de lucha contra la

pobreza, aún cuando su creación fue la respuesta a las manifestaciones de

descontento popular con el PRI en las elecciones nacionales de 1988 y la

movilización política iniciada por el nacional populismo representado por la

candidatura de Cárdenas. Una respuesta más estructural del presidente Salinas de

Gortari se ha expresado en su programa del capitalismo social y con ello la fracción

neoliberal del PRI puede conservar sus tendencias populistas.

Las mayores críticas respecto a la modernización económica y de su participación

en el bloque regional del TLC provienen de la izquierda y se concentran en la

enorme asimetría/desequilibrio de la economía mexicana respecto de Canadá y

EEUU y al carácter autoritario de las estructuras políticas (Grinspun, Ricardo &

Cameron, Maxwell A., 1993). Los programas de modernización política

implementados por el régimen de Salinas de Gortari son también criticados por la

izquierda y la derecha liberal (Kaufman Purcell, Susan, 1988) y se concentran en el

fraude político y en el monopolio tanto del PRI como del Estado respecto a los

recursos financieros y a la propaganda ideológica destinados a manipular todo

intento de democratización (Grayson, George W., 1988). El objetivo central del

Gobierno estaría constituido por el intento de acceder a una nueva forma de

control político que facilite la existencia de una democracia limitada. La necesidad

de cambios en el sistema político no sólo provienen de las consecuencias políticas

de las elecciones de 1988, sino también de la sustitución del modelo keynesiano de

industrialización protegida por el modelo neoliberal de promoción de exportaciones

y que implica además cambios dramáticos de la estructura social, derivados

también de los cambios en la configuración político- espacial del sistema mundial,

de la globalización de la economía mundial, de los patrones internacionales de

producción, de comunicación y de inversiones.

La reestructuración económica y las políticas de liberalización han agudizado los

desequilibrios geográficos de la distribución de la riqueza entre los Estados en

detrimento del sur, que se caracteriza por una pobreza estructural. Ésta se

concentra en cuatro Estados, Oaxaca, Chiapas, Guerrero e Hidalgo, con más de

dos tercios de su población en la línea de la extrema pobreza. La estrategia

neoliberal de exportaciones intensifica numerosos problemas sociales que han sido

tradicionales en la sociedad mexicana y que se expresan en la disminución del PIB

desde un 37,5% en 1981 al 26,2% en 1987. En 1987 el 10% de la familias

mexicanas más ricas controlaban el 37% del total de los ingresos en oposición al

80% que compartía sólo el 46% y, sobre una población total de 90 millones, 43

millones están afectados de desnutrición (Alarcón, Diana & Mckinley, Terry,

1992:78). Estas desigualdades no sólo se deriva de la estructura de las clases

sociales sino también tienen carácter étnico, sexual y geográfico, y amenazan con

restituir las condiciones existentes en la época del porfiriato (1876- 1910). La

irritante distribución de los privilegios favorece naturalmente a los inversores

extranjeros (especialmente de EEUU), banqueros, especuladores, industriales y

agroexportadores. Esta distancia social se reproduce también en la relación entre

la elite política y los sectores populares. La tendencia socialista, populista y

nacionalista que emergió de la Revolución Mexicana constituyeron una reacción

contra la alianza política de comerciantes, barones industriales regionales,

aristocracia agraria y financieros internacionales en un período de crecimiento

económico (Meyer, Michael C. & Sherman, William L., 1991). Dicha situación, con

excepción de la regionalización (TLC) de la economía mexicana es muy similar

tanto a las alianzas políticas que hoy dominan México como a los niveles de

pobreza a que son sometidos los sectores populares.

El ingreso reciente en el TLC representa la institucionalización de la "integración

silenciosa" de México al área de influencia norteamericana. Con ello se puso fin a

la utilización del verbalismo revolucionarista utilizado por la élite política e

intelectual en los momentos en que era necesario garantizar la estabilidad política

del autoritarismo. La "familia revolucionaria mexicana", originada en el proceso de

la revolución (1910- 20), culminó en la conformación de una élite política que

diseña un Estado corporativista jerárquico y dinamizado por un "partido nacional

populista" (PRI) que se apoya en un modelo de reproducción capitalista de

economía mixta y en la "tolerancia represiva" aplicada por el sistema político. La

función del PRI ha sido la de otorgar estabilidad a un bloque político centrista y

contener la naturaleza contradictoria de los conflictos de clase (Teichman, Judith

A., 1992:87). El partido no sólo incorpora las organizaciones del sector público

(CNOP y militares), sino también las organizaciones laborales urbanas y

campesinas tales como la CTM y la CNC. La incorporación del aparato militar al

Estado y al partido es legitimada por la utilización del concepto de Seguridad

Nacional. El Estado también utiliza mecanismos de control del sector privado de la

economía incorpora por medio de la afiliación de las organizaciones empresariales

(CONCAMIN, CONCANACO, CANACINTRA). La relación simbiótica entre el Estado y

el partido fue articulada por la existencia de un "proyecto nacional". La hegemonía

tanto del partido como del Estado sobre el sector privado está garantizada por el

monopolio sobre los subsidios, los contratos públicos, el otorgamiento de licencias

y el control directo de las organizaciones laborales; constituyendo lo que se a

llamado la "alianza para la ganancia" (Reynolds, Clark W., 1970), base del

proyecto nacional. Los años sesenta constituyeron un período de consolidación y

profundización de este proyecto (1958- 1968). El modus vivendi de la "alianza para

la ganancia" logró sobrevivir las dificultades económicas nacionales y a los cambios

de la economía mundial.

La estabilidad y autonomía del Estado fue afianzada por la alianza estratégica del

PRI con la heterogénea clase capitalista y su vinculación a la hegemonía

norteamericana en el hemisferio occidental. El "proyecto nacional" era parte

constitutiva de la Pax Americana, cuyo ingrediente más importante fue la

industrialización sustitutiva de importaciones constituyendo la forma específica de

integración al sistema mundial (Frobel, Folker; Heinrichs, Jurgen & Kreye, Otto;

1991:75). Por otra parte, la autonomía relativa de la clase obrera respecto del

Estado mexicano fue limitada políticamente por tres vías: la utilización alternativa

de las diferentes prioridades y estrategias de las organizaciones horizontales y

verticales del estado y el PRI, que resultaron de la fricción entre técnicos y

políticos y los discursos alternativos de la élite industrial del norte y de la burguesía

neoliberal de Monterrey; la influencia y presión de la hegemonía norteamericana; y

la acción más radical de organizaciones sociales de base que operan de manera

independiente del sindicalismo oficialista y del partido/Estado. La alta capacidad

centralizadora del Estado que se expresa en la concentración del poder público, le

otorga tanto a la burocracia estatal como a la del PRI capacidad suficiente, junto a

los grupos empresariales, para definir, sin contrapeso y en ausencia de una arena

política pluralista, las políticas económicas nacionales. El PRI ha sido utilizado para

resolver las deficiencias generadas por el Estado y los grupos económicos y ello

regularmente ha tomado la forma del fraude electoral por medio del monopolio

que ejerce sobre la arena política. Su función ha variado históricamente; en

determinados momentos ha constituído la síntesis de intereses contradictorios que

se negociaban interiormente en la medida que constituían una versión restringida

de la arena política. En otros momentos ha transferido al Estado (y a la clase

política del Estado) el rol crucial en la formulación del proyecto nacional de

desarrollo. El bloque político constituido por la "alianza para la ganancia" y que se

expresó en la vinculación de la burguesía compradora con las corporaciones

transnacionales constituyó el factor creciente de deterioro de las políticas

nacionalpopulistas y de la vieja aristocracia política. Ello fue acompañado de un

deterioro progresivo de la movilidad social, en particular de la clase media

progresivamente empobrecida y del fortalecimiento de la discriminación étnica. Ello

ha conducido a la pérdida de la capacidad estatal para mantener la cohesión

política y la estabilidad del sistema político basado en la estructura del modelo

partido/estado.

El resultado de las reformas neoliberales introducidas por el presidente Miguel de

la Madrid y profundizadas por Salinas de Gortari ha conducido después de la crisis

de deuda externa y de la quiebra financiera del Estado a lo que se llama "el

milagro mexicano", basado en la privatización general de las empresas públicas, en

una concentración drástica de los ingresos y en la regionalización de la economía

(TLC). La alianza tripartita establecida entre el heterogéneo grupo empresarial, la

fracción neoliberal del PRI y la profundización de la integración política y

económica con EEUU constituyen los componentes esenciales de la estabilidad del

sistema. En el pasado, la transformación de la élite política en un régimen político

burocrático autoritario no resolvió los conflictos de intereses entre la burocracia

estatal/partidista encargada de formalizar las políticas económicas y los políticos de

representación electiva e integrados como fracción corporativa del aparato del PRI

pero en una situación dependiente del poder de los técnicos. Ello constituye el

fraccionamiento más importante que ha sufrido la poderosa camarilla. La oposición

a las políticas neoliberales y de desmantelamiento del Estado populistas iniciadas

por Cuauhtémoc Cárdenas, que exige tanto la democratización del PRI como el

abandono del coorporativismo estatal y del monopolio político del partido sobre

toda actividad política de masas. El neocardenismo constituye una reformulación

del populismo destinado a resistir el desmantelamiento de las funciones sociales

del Estado y de las políticas neoliberales en general y se apoya en la necesidad de

introducir un modelo de democracia pluralista (Tamayo, Jaime; 1993). El

neocardenismo cuenta a su favor con la larga tradición nacionalista de la

modernización y con la idea de una mexicanidad que rechaza a largo plazo todas

las limitaciones antidemocráticas del sistema político. La crisis económica de 1973

y 1976 puso fin tanto a la esperanza del "milagro económico", dramáticamente

expresado en 1982, como a la idea de una modernización industrial

autosustentada y políticamente consensual (Pastor, Robert A. & Castañeda, Jorge;

1988). El abandono de la retórica nacionalista y populista ha privado al Estado y al

sistema político de sus mecanismos tradicionales de legitimación ideológica frente

a la sociedad civil. La retórica del presidente Echeverría constituyó el último

momento de presión popular efectiva sobre la burocracia política del Estado y del

PRI, que se manifestó en la crisis entre el partido y el sector empresarial en el

período de 1981- 1983.

El Estado mexicano sólo en los momentos de crisis ha logrado grados

considerables de autonomía respecto a los grupos empresariales y a los intereses

económicos internacionales. El primer ejemplo de ello se produjo bajo la

presidencia de Lázaro Cárdenas (1934- 40). Posteriormente, tres hechos

certificaron la autonomía estatal: el apoyo del Estado mexicano a los grupos

revolucionarios de América Central que significó el rechazo de la política de EEUU

del período 1978- 84, la negativa a formar parte del GATT en 1980 y la

nacionalización de la banca en 1982.

Al igual que los restantes países de América Latina, la industrialización iniciada por

el México post- revolucionario fue una respuesta reactivadora de la economía

frente a las consecuencias de la Gran Depresión de 1929. A mediados de la década

de los años setenta el proceso de ISI había consolidado el rol protagonista del

Estado en la economía y fortificado un "contrato social" establecido entre la élite

empresarial y los sectores del PRI partidarios de la expansión de un capitalismo de

Estado destinado a conservar el statu quo aceptando la dominación de la Pax

Americana. Desde el punto de vista teórico, la ISI estaba destinada a reducir las

importaciones de bienes manufacturados de los países industrializados y ampliar la

capacidad del mercado interno para el consumo de las nuevas industrias

nacionales apoyadas por la intervención estatal. Es dicha estrategia la que se

agota en la década de los años setenta, y que se expresa en el aumento

significativo de las importaciones de bienes de capital destinados a satisfacer las

demandas de la expansión de la industria petrolera, de los servicios y del sector

financiero. En los años de la expansión de la ISI (1940- 70), México fue

presentado como un ejemplo de desarrollo para los restantes países de América

Latina y el tercer mundo. En los años de Milagro Económico Mexicano se verificó

un crecimiento anual de 6 % y ello fue considerado como la era (1954- 70) del

"crecimiento estable". En la década de los setenta el presidente Luis Echeverría

implementó el último intento por revitalizar el estado populista negociando el

"contrato social" entre la elite empresarial y el movimiento popular. Ello fue

acompañado de la reforma política destinada a sustituir la exclusión política

represiva por la negociación, lo que constituyó una apertura política destinada a

ampliar la participación de los partidos y grupos sociales que habían sido

tradicionalmente excluidos del sistema político tradicional (Tamayo, Jaime;

1993:258). En lo económico las reformas estaban destinadas a sustituir el modelo

de estabilización por uno de "desarrollo compartido". El Estado debía fortalecer su

función de intervención para regular las desigualdades económicas y sociales

derivadas del desarrollo.

En lo económico, la realización de dichas reformas exigía la integración "vertical"

de la ISI estimulando la producción de bienes de capital e intentando resolver el

déficit crónico de la balanza de pagos que era una de la características inherente a

la ISI. En 1971 fue creado el Banco de México destinado a constituirse en el

soporte de la industrias exportadoras (Alarcón, Diana & Mckinley, Terry; 1992). Ya

desde los años sesenta se habían tomado medidas económicas liberalizadoras tales

como el Pacto Automotriz que tenía un carácter regional (General Motors, Ford y

Chrysler) y el Programa de Industrialización Fronteriza que transformó a los

Estados más próximos a EEUUen zonas de libre comercio destinadas a la

exportación representadas preferentemente por la industrias maquiladoras (Philip,

George, 1988; Bennett, Douglas & Sharpe, Kenneth; 1985). Ello era fortalecido por

el rol central de estado en la definición del programa nacional de "desarrollo

compartido". La apertura económica de los Estados fronterizos para el comercio y

la inversión externa representó una ruptura y el inicio del fin de la adhesión de

México a los principios del modelo de la ISI. La nueva liberalización significó la

extensión al país del programa de las industrias maquiladoras que desde la década

de los sesenta había estimulado el desarrollo de la manufactura de enclave para la

exportación. Tres factores explican el desarrollo de la tradicional industria

maquiladora. En 1962 los cambios en la regulación aduanera norteamericana

facilitaron la libre importación de componentes y partes de productos destinados a

un ensamblaje posterior. La revisión de las tarifas aduaneras permite los derechos

de importación sólo sobre componentes de productos no terminados desplazando

parte de la producción fuera de EEUU. Otro factor de mayor importancia para

México fue el fin en 1964 del programa por parte norteamericana referido a los

"braceros". El término de dicho programa provocó un aumento considerable del

desempleo en las regiones fronterizas con EEUU y el crecimiento de la migración

ilegal. La globalización de la producción y de las inversiones fue el último factor

que estimuló el desarrollo de la nuevas industrias maquiladoras.

En el inicio de los años cincuenta las industrias intensivas en utilización del trabajo

comenzaron a ser transferidas de los países desarrollados hacia áreas en vías de

industrialización (Altvater, Elmar; 1991:260). México en el contexto del desarrollo

de la Nueva División Internacional del Trabajo (NDIT), habría llegado al "tiempo

histórico justo de la producción" (Fatemi, Khosrow; 1990) y la maquiladorización

de la economía habría sido funcional a este proceso. El status de las empresas

japonesas y otras que no forman parte del TLC y que operan en el sector de las

industrias maquiladoras formaron parte substancial de la dificultades para la firma

del tratado. La élite financiera y los conglomerados industriales, junto a la política

monetarista del Gobierno mexicano constituyen los elementos centrales de la

maquiladorización. La concentración del poder económico de los conglomerados y

la disminución gradual de la participación nacional son características inherentes a

este proceso.

México, al igual que otros países del tercer mundo, logró un progreso notable en la

capacidad de producción de bienes intermedios y de capital que requieren de una

alta capacidad tecnológica con acceso eficiente al mercado mundial. Al igual que

en otros casos de América Latina el sector transnacionalizado de la economía es el

de mayor dinamismo. A mediados de la década de los setenta el deterioro del

crecimiento económico y de la pérdida de efectividad en los programas de

desarrollo se hizo evidente. Ello intentó ser compensado con la prioridad otorgada

el sector exportador, el apoyo estatal para la financiación de programas de

irrigación en la región norte del país, la reducción tributaria, el aumento del crédito

y de la asistencia técnica. La deficiencias estructurales, tanto del sector industrial

como agrícola, se vincularon a la crisis financiera y al deterioro de la balanza de

pagos. El déficit fiscal aumentó significativamente, la sobrevaluación del peso en

los años setenta, el crecimiento constante de la inflación, la fuga sistemática de

capitales y la disminución de las importaciones crearon el inicio de una prolongada

crisis. La soluciones que se aplicaron estaban basadas en medidas financieras de

corto plazo, a partir de la utilización de los recursos del mercado financiero

internacional que no fueron destinados a resolver los problemas estructurales de la

economía. El descubrimiento de petróleo en la bahía de Campeche alimentó las

falsas esperanzas sobre la efectividad de las medidas. El período entre 1978- 81

otorgó al sistema mexicano una nueva posibilidad basada en el crecimiento

espectacular del precio del petróleo en el mercado mundial.

Con la caída posterior del precio del petróleo y el aumento de las tasas de interés

se inicia una profunda recesión del mercado mundial, que la economía de EEUU

debe padecer bajo la reaganmania. Con ello, los años del milagro económico

mexicano llegaron definitivamente a su fin y el presi- dente López Portillo, en los

últimos meses de su mandato intenta controlar los efectos de la crisis por medio

de la estatalización de la banca y la devaluación del peso. La necesidad de pagar

los servicios de la deuda externa y del derrumbe de la industria petrolera otorgan

al sector empresarial la posibilidad única para intentar eliminar el modelo estatal

de desarrollo. Finalmente, en 1983 la deuda externa fue financiada con la creación

de un fondo de crédito destinado a cubrir los riesgos del comercio exterior y a

servir de intermediarios entre las empresas y los bancos (FICORCA), como

compromiso entre la elite empresarial y la banca internacional (EEUU). El conjunto

de estas medidas, presentadas políticamente con una enorme retórica populista,

estaban destinadas a satisfacer las demandas de la élite empresarial

(particularmente de Monterrey), que habían acumulado cerca del 40% de la deuda

externa (Rojas, Raúl; 1991). A pesar de la reprivatización de la banca, ejecutada

por el nuevo Gobierno de Miguel de la Madrid, la crisis de la "alianza para la

ganancia" establecida entre el PRI y la élite empresarial no fue resuelta. En el

interior del PRI se encontró una solución para resolver el problema de la deuda

externa que consistió en la utilización de la inflación para cubrir a corto plazo la

deuda pública y ahorrar en la cancelación de los salarios de los trabajadores de las

empresas públicas y paraestatales. Por causa de los altos índices de inflación no

eran posibles nuevas emisiones monetarias y en virtud de ello se aplicó la medida

táctica de congelación salarial a niveles extraordinariamente bajos, acompañada de

la disminución de los subsidios para la alimentación básica y de los servicios

sociales. A fin de atraer "capitales frescos" el Gobierno desplazó préstamos al

mercado de capitales otorgando al sector financiero certificados oficiales a un

interés mucho más bajo que el del mercado financiero internacional. Esta política

reveló con claridad la existencia inicial de una nueva estrategia basada en una

alianza tripartita entre el Estado, la élite empresarial nacional y las empresas

extranjeras. Cuando se produce el colapso financiero México recurre al Banco

Mundial, al Fondo Monetario Internacional y a Washington. La asistencia de

emergencia recibida fue de corto plazo y la comunidad financiera internacional,

organizada como un cártel, exige de México la reestructuración neoliberal de la

economía. Dentro del PRI los mayores partidarios de la reestructuración

constituyeron un nuevo grupo de tecnócratas educados en EEUU que proponen la

introducción de drásticas reformas neoliberales y la necesidad de aplicar una

"terapia de Shock" (Weintraub, Sidney; 1990). La aplicación de dichas medidas y la

adecuación de la deuda externa mexicana a las exigencias del "Plan Baker" y

posteriormente del "Plan Brady", situaron a México en una momento más favorable

para las negociaciones que posteriormente culminaron en el Tratado de Libre

Comercio con EEUU y Canadá, y con su vinculación al GATT en 1986.

En la década de los ochenta México adopta una estrategia económica más

estrechamente vinculada a los requerimientos de su integración en el mercado

mundial y en particular, a su ingreso al bloque neoliberal del TLC, sobre la base de

dos argumento clásicos: estabilización económica y crecimiento sobre la base del

aprovechamiento de las ventajas comparativas. La estabilización económica está

destinada a resolver los problemas financieros derivados del déficit fiscal, la

presión inflacionista y el desequilibrio de la balanza de pagos derivado de la deuda

externa y de la fuga de capitales. Ello se completó con la aplicación de las teorías

económicas monetaristas que ponían énfasis en la idea de que tanto la crisis

económica como el declive en el proceso de acumulación de capital derivan del

desequilibrio entre la expansión del gasto público y la capacidad de ingresos del

Estado. La estabilización de la economía debía ser lograda por medio de medidas

de austeridad, de privatización, de la disminución de los gastos del sector público y

de la liberalización del comercio y de las inversiones. El nuevo crecimiento

económico resultaría de las inversiones privadas en el sector empresarial orientado

a las exportaciones con ventajas comparativas suficientes para competir

ventajosamente en el mercado internacional. Los bajos costes de la mano de obra

y la proximidad geográfica con EEUU serían dos de las más relevantes ventajas y

de especial importancia en la explotación de los recursos naturales mexicanos. Ello

es compatible con la globalización de la economía mundial estimulada por el

neoliberalismo internacional.

La integración de México en la globalización de la economía internacional fue

acelerada en los últimos años de la Guerra Fría por los efectos del aumento de la

fuga de capitales, el estancamiento del precio internacional del petróleo y las

drásticas devaluaciones del peso. Entre las consecuencias políticas internas de la

incorporación de México a la globalización de la economía se encuentra la

profundización de las discrepancias políticas en el seno del PRI entre los técnicos y

los políticos (Camp, Roderic A.; 1990) y en la oposición entre los antiestatalistas

del conservador PAN y las ascendentes fuerzas modernizadoras de centro-

izquierda representadas por Cuauhtémoc Cárdenas, apoyadas por movimientos

sociales de base decididos a implementar el "proyecto de modernización nacional".

La turbulencia política mexicana de los años ochenta fue coronada por lo que en

los círculos progresistas se llamó el "debate por la nación" que revindicó la justicia

social, el nacionalismo y los valores populistas de la revolución mexicana que son

negados por el proyecto de reformas neoliberales (Reynolds, Clark W. & Tello,

Carlos; 1983). En este debate se reproduce y se reitera la vieja contradicción

existente desde la década de los años treinta entre los ideales progresistas de

Lázaro Cárdenas y el conservadurismo de Miguel Alemán. A nivel internacional

Washington presiona a favor del triunfo de los técnicos y de las reformas

neoliberales. Durante el porfiriato la clase política del Estado mexicano fue

dominada por los llamados científicos que inspiraban sus políticas económicas en el

positivismo francés, y su similitud con la tecnoburocracia de Miguel de la Madrid y

de Salinas de Gortari es enorme en el sentido de aspirar a crear un espacio

incondicional a las fuerzas del mercado, del sector privado y del capitalismo

internacional.

En 1987 se instituyó el Pacto de Solidaridad Económica (PSE) como un acuerdo

tripartito entre la élite empresarial, las organizaciones sindicales oficialistas y el

Gobierno destinado a reducir la inflación por medio de las reducciones salariales y

los controles de los precios. El objetivo político del PSE fue el restablecimiento de

la "armonía de clase" y la moderación en la reformulación eventual de un "pacto

social" de naturaleza corporativa. El salario mínimo disminuyó en un 80% en el

período de 1988- 91 y el precio de los productos de consumo básico aumentaron

en el mismo período en un 250%. La crisis económica también intentó ser

remontada a partir de eliminación de las normas restrictivas a la inversión

extranjera y en 1985, en el contexto de la negociaciones sobre la deuda externa,

se exigieron a México nuevas liberalizaciones en el tratamiento de dichas

inversiones; culminando en 1989 con los cambios de la regulación de la Ley sobre

Inversiones Extranjeras y con un derecho al 100% del retorno de capital. El

estímulo en estos términos a la inversiones extranjeras formulado por el presidente

Salinas fue dirigido a las llamadas "áreas estratégicas de la economía" que incluyen

el subsuelo, la infraestructura de construcción y servicios públicos, petróleo,

industria química, etc.

A pesar de la inestabilidad política iniciada con el alzamiento de Chiapas, que

culminó con el asesinato del candidato presidencial del PRI y de la alarma que ello

creó en sus contrapartes canadiense y norteamericana, los restantes países de

América Latina consideran el TLC como la materialización neoliberal del ideal

bolivariano del panamericanismo, esta vez bajo la forma de una zona de libre

comercio desde Alaska a Tierra del Fuego. La ampliación a nuevos miembros

(Chile, Argentina, Venezuela, Colombia y Costa Rica) es considerada por los

ideólogos latinoamericanos del neoliberalismo como la recompensa justa a la

liberalización de la economías y a las drásticas privatizaciones. La angustia frente a

la posibilidad de que las inversiones norteamericanas se desvíen a otras regiones,

frente al peligro creciente de una conducta proteccionista de la economía

norteamericana y la ampliación a otros miembros fuera de la región como Nueva

Zelanda; constituye el telón de fondo del nuevo ideal bolivariano. Desde la óptica

de los Estados Unidos la ampliación futura del TLC se ve dificultada por el alto

coste político que el Gobierno de Clinton debió pagar por la aprobación del

Congreso, por la dificultades proteccionistas que crea respecto de los mercados

asiáticos y por el hecho de que el 75% de las exportaciones de EEUU tienen un

destino que no es el mercado de Canadá y México. Esto último es lo que explica la

ambigüedad con que el Gobierno de EEUU reacciona frente a los futuros

candidatos y a su preferencia por la búsqueda de acuerdos bilaterales. América

Central y la región del Caribe se encuentran marginalizadas de las negociaciones,

en la medida en que la primera, con el término de la Guerra Fría, ha dejado de

constituir una prioridad en la política exterior de los EEUU, y la segunda, como

resultado de las transferencias de la inversiones norteamericanas a México donde

encuentran facilidades fiscales hoy por hoy muy superiores a las que

tradicionalmente ofrecía la región caribeña.

La oposición de EEUU a la aprobación parte del Congreso de los acuerdos del TLC

fue conformada por el movimiento sindical, los movimientos de protección y

defensa del medio ambiente, campesinos y organizaciones de consumidores, que

aglutinaron sus fuerzas en la Citizens Trade Campaign que dijo representar cerca

de 40 millones de norteamericanos que manifestaban su disconformidad con los

acuerdos formulados por el presidente Bush. Esta organización, financiada por las

organizaciones sindicales, encontró en Ross Perot su portavoz más importante. Los

argumentos centrales de la oposición al TLC fueron los bajos costes de la mano de

obra mexicana y la insuficiente normativa respecto de la protección del medio

ambiente que desplazaría el mercado de trabajo hacia México. Los trabajadores

norteamericanos serían las primeras víctimas del tratado. Ello quedaba

estadísticamente demostrado con el hecho que el salario mínimo por hora en EEUU

corresponde a cuatro dólares y en México a 68 centavos. El salario medio industrial

equivale en los Estados Unidos a 14,83 dólares y en México a 1,85. Ello explica en

parte, porque antes del uno de enero de este año (fecha de entrada en vigor del

Tratado) ya se habían instalado en México cerca de 200 empresas de EEUU:

Honeywell, Sears, Wal- Mart, General Motors, RCA Components, Ford, General

Electric, Procter Silex, etc. La característica común de todas estas empresas es que

habían sido sometidas a un proceso radical de reorganización y disminución de

puestos de trabajo. El desplazamiento de sectores productivos y trabajo hacia

México es un fenómeno real y para muchas de estas compañías responde más a

los ajustes productivos generados por la globalización de la economía mundial, que

al resultado directo de la configuración del TLC y cuya existencia confirma dicho

proceso. La oposición de los EEUU suponía que con el mantenimiento de las

barreras arancelarias podrían evitarse tales desplazamientos y la competencia del

bajo precio de la mano de obra de los Estados Unidos sin considerar la decisión de

las empresas norteamericanas de beneficiarse del crecimiento económico de

México y de su mercado potencial de 85 millones de habitantes. La desigualdad de

salarios no puede ser resuelta sobre la base de acuerdos políticos generados por

una ronda de negociaciones. A ello se agrega la liberalización de los servicios

financieros y del sector agrícola que abre nuevas posibilidades a la empresas

norteamericanas. Tanto los bancos como las empresas de seguros de Canadá y

EEUU podrán beneficiarse de un mercado que hasta hace poco les estaba vedado.

En el año 2007 deberán eliminarse todas las tarifas y trabas puestas por el

mercado financiero mexicano a dichas empresas. Los sectores petroquímicos y de

la energía deben ser liberados en un período máximo de diez años y el monopolio

estatal de la explotación sobre las fuentes energéticas podrá perma- necer a

condición de que su mercado de abastecimientos sea liberalizado, aún cuando el

Estado mexicano se reserva el derecho a favorecer empresas nacionales en casos

calificados.

En noviembre del pasado año el presidente Clinton consideraba que un rechazo

eventual de los acuerdos del TLC crearía dificultades para las negociaciones

norteamericanas con los países asiáticos. EEUU exige de Japón, China y los

restantes países del Pacífico Sur la eliminación de las barreras aduaneras en

condiciones que le permitan resistir toda medida destinada a ampliar el ingreso de

los productos de dicha región en su mercado. El TLC es considerado por los países

asiáticos como un proceso de regionalización del proteccionismo, que afectaría

principalmente la industria automotriz, la electrónica y textil. Sin embargo, los

países asiáticos iniciaron la penetración de la economía mexicana en los inicios de

los años noventa en la perspectiva de anticiparse al cierre del mercado regional

representado porel TLC. En el año 1991 México exportó productos industriales por

un valor de 1.700 millones de dólares obteniendo por primera vez más divisas de

las que aportaba tradicionalmente la industria turística. En 1992 dicha cifra llegó a

los 2.400 millones de dolares, con el protagonismo de las inversiones de las

empresas de Japón, Taiwan, Corea del Sur, Singapur y Hong Kong. Las facilidades

de acceso al mercado de EEUU, la energía y el transporte a bajo precio, la

existencia de buena mano de obra cualificada y los bajos costes del trabajo

constituyen otra parte del estímulo a las inversiones de los países asiáticos. Los

costos de los salarios en la región fronteriza de México no alcanzan el 10% de los

de EEUU y están por debajo de los costes de Corea del Sur, Singapur y Taiwan;

esto no hace más que fortalecer las inversiones de dichos países en la región de la

maquila.

Setenta y un años de poder ininterrumpido del Partido Revolucionario Institucional

(PRI), el partido que más tiempo ha estado en el poder en el mundo, fueron

simbólicamente enterrados el pasado lunes, por miles de manifestantes que

aplaudían el inicio de un "Nuevo México" al ser elegido Vicente Fox, candidato del

Partido Acción Nacional, (PAN).

El PRI fue fundado en 1929 por el ex presidente Plutarco Elías Calles con la

consigna de "mantener el partido en la presidencia del país", y fue cumplida al pie

de la letra al punto que el PRI terminó por confundirse con el propio Estado

mexicano y controló por completo la vida política de ese país. Pero el poder

acumulado por este partido terminó, y para algunos, ese éxito constituye una

verdadera revolución pacifica.

Hay quienes consideran que esta revolución se hizo posible por la "necesaria

apertura democrática", impulsada por el presidente Ernesto Zedillo. No puede

negarse que el dirigente Mexicano logró entre otras cosas, que el órgano que rige

las elecciones, el Instituto Federal Electoral (IFE), quedara en manos ciudadanas

elegidas por consenso. Creó la Fiscalía Especial para Delitos Electorales y promovió

la primera elección democrática de un candidato a presidente del PRI mediante

unas primarias en las que participaron 9 millones de personas, y en las que resultó

electo Francisco Labastida.

Como diría Carlos Fuentes, escritor Mexicano, "Zedillo pasará a la historia como el

presidente que confirmó la era de la democracia en México y consolidó la

transición que la hizo posible." Esto mismo opinó el Representante de la Política

Exterior y Seguridad de la Unión Europea, Javier Solana, cuando dijo que la labor

de Ernesto Zedillo "constituye un modelo que sin duda contribuirá al

fortalecimiento de la democracia y del estado de Derecho en América Latina".

Para otros, como Víctor Juárez, comentarista político del diario peruano El

Comercio, "en México bastó que se realizaran unas elecciones limpias, como las del

domingo pasado, para que llegara el fin de la hegemonía que el Partido

Revolucionario Institucional (PRI) ejerció durante más de siete décadas".

Sergio Muñoz, analista político del periódico Los Angeles Times, considera que el

resultado de las elecciones en México fue la suma de tres factores: un total

cansancio político (del partido oficialista PRI), el surgimiento de un candidato con

carisma (Vicente Fox), y unas elecciones garantizadas (a través del IFE).

El escritor Carlos Monsiváis lo resume en una palabra: "hartazgo". Esta es sin duda

una de las razones, pero la lista es larga y habría que agregar otras como el

cumulo de escándalos políticos, (especialmente el del gobierno de Carlos Salinas),

el fortalecimiento de la oposición, ( a través de los partidos Acción Nacional y de la

Revolución Democrática), el creciente rechazo social a las prácticas de corrupción

del "partido único" y la masiva participación electoral ocurrida el domingo (que

neutralizó la compra de votos).

El historiador Enrique Krauze sostiene que el PRI pasó de ser en los años cuarenta,

"una maquinaria de control político" a convertirse, de los años cincuenta en

adelante, en una "maquinaria sofisticadísima de manipulación electoral". El Diario

Peruano El Comercio, considera que al PRI "el tiempo lo desgastó y junto a ello

hay que sumar su historia, que ha personificado la corrupción del poder en un

estado de un solo partido, que controlaba por completo la vida política".

Como dijo del expresidente de E.U. Jimmy Carter, observador del proceso

electoral, las elecciones fueron "una manifestación extraordinaria de que el pueblo

de México tiene la madurez y el compromiso con la democracia, pero también, que

estaba listo para un cambio".

"Este es el momento para la democracia, el momento de cambiar nuestro país por

el que deseamos", dijo Vicente Fox en una de sus declaraciones de victoria. No hay

duda que la elección de Fox genera grandes esperanzas de cambio en una nación

con mas de 97 millones de habitantes.

Este sentimiento fue expresado al día siguiente de las elecciones en el Editorial del

periódico mexicano, El Universal cuando dijo: "Dejaremos de ser vistos como un

país con un partido de estado, hegemónico y cerrado a cambios indispensables en

esta hora de transformaciones profundas de cara al futuro. Demostramos que

somos capaces de sumarnos al conglomerado de naciones que aspiran a fortalecer

un sistema democrático abierto a cambios esenciales que aseguren una suma de

esfuerzos, sin sectarismos ni mesianismos, como lo exigen las circunstancias y

demanda la propia sociedad. Es preciso entender que apenas abrimos la puerta

que conduce a una transición irreversible. De ahí la necesidad de cuidar los pasos

que deban dar los diferentes actores políticos en este momento de arranque."

Esto significa para el presidente electo asumir uno de sus mayores retos; darle

forma al cambio que tanto anunció en su campaña, y buscar que el paso de un

régimen a otro, sea lo menos traumático posible para un país que logra finalmente

la alternancia en el poder.

Según Jorge Castañeda, analista político y asesor de Fox, las grandes prioridades

serán "echar a andar la transición mexicana y empezar a desarrollar de nuevo el

país (...) A partir de mañana comienza la alternancia en el país".

Fox ha dicho que gobernará con todos los partidos y grupos políticos, incluyendo al

PRI. Esa es una estrategia que podrá servirle para asumir entre otros desafíos, el

de atacar la corrupción, fortalecer la autonomía de las instituciones electorales y

compartir el poder con la oposición, puesto que se enfrentará a un legislativo

dividido entre los tres grande partidos.

Para Mario Vargas Llosa, "La labor que tiene Fox es verdaderamente titánica

porque desmontar un aparato autoritario que lleva 71 años enquistado en el poder

significa reformar el Estado prácticamente de pies a cabeza", y agrega que México

ha pasado de la "dictadura perfecta a la democracia difícil".

Lo cierto, es que los Mexicanos votaron por el cambio, y por eso más que un voto

a favor de Vicente Fox, fue un voto a favor de la democracia. El país vivió una

jornada electoral histórica, que representa un avance para su sistema democrático

y significa una nueva etapa de su vida política. Comenzó una nueva era en México.

 

EZLN

Existen por supuesto otras organizaciones político-militares en el país, pero hasta

ahora sólo han dado muestras de vida por medio de comunicados y no han

realizado ninguna acción armada. Si se diera crédito a cada comunicado, existirían

conflictos armados potenciales en casi todo el territorio nacional. Sin embargo,

hasta el momento, sólo son tres las guerrillas que demuestran contar con armas,

efectivos, organización, estructura jerárquica, programas de lucha y que han hecho

uso de su poder de fuego. Estas organizaciones armadas operan militarmente en el

sudeste de la república, aunque sus estructuras de mando político parecen estar

descentralizadas en otros estados del país. En términos de su alcance político-

militar, los movimientos armados mexicanos constituyen problemáticas de orden

nacional.

Los grupos paramilitares que asuelan el territorio chiapaneco son el protagonista

principal del cuarto conflicto armado. Entrenados para combatir a comunidades,

bases de apoyo y milicianos zapatistas, estos grupos ejercen una violencia extrema

y han sido responsables de graves masacres en Chiapas. Esto es un fenómeno

nuevo en la historia del país. Aunque la experiencia coercitiva del Estado mexicano

ha incluido la creación y el uso de grupos paramilitares para destruir a los

movimientos armados, ésta parece ser la primera vez en la que los paramilitares

mexicanos controlan territorio, incluyen a comunidades, no ocultan su filiación

política y realizan, en forma organizada, operativos de debilitamiento o destrucción

de las bases de apoyo de una organización armada, en este caso el EZLN.

Las fuerzas irregulares que conforman el espectro conocido como grupos

paramilitares abarcan desde el nivel de una banda armada hasta pequeños

paraejércitos de efectivos uniformados, equipados con armas de alto poder, que

poseen organización y técnica militar y son protegidos por funcionarios locales y

federales. Hasta el momento no se cuenta con evidencias fehacientes del

involucramiento de mandos militares en la formación de los grupos paramilitares,

pero hay indicios sistemáticos que permiten inferirlo.

En el contexto de estos conflictos armados, se ha producido la concentración de

grandes contingentes de tropas y de una variedad importante de agrupamientos

especializados en contrainsurgencia en el sudeste del país. Estimaciones

conservadoras indican que se ha concentrado a cerca de 70 mil efectivos, casi un

tercio del total de las fuerzas de aire, mar y tierra, en los estados de Chiapas,

Guerrero y Oaxaca.

Esta densidad de tropas está presente en un territorio también ocupado por

paramilitares, sin que, curiosamente, estos grupos sean detectados por el Ejército

y sus cuerpos de inteligencia. Mientras el grueso de las tropas se dedican a tareas

de control territorial y ocupan posiciones de cerco de las fuerzas insurgentes, el

Ejército mexicano ha desplegado unidades de elite, grupos aeromóviles, batallones

y regimientos de operaciones especiales, así como fuerzas de intervención rápida

para optimizar la efectividad de sus operaciones contrainsurgentes.

Este despliegue militar, acompañado de la movilización de fuerzas combinadas de

policías y militares en las bases de operaciones mixtas, ha realizado acciones

distintas según la naturaleza del movimiento armado y la magnitud de las

presiones de organizaciones sociales, organismos de derechos humanos,

observadores internacionales y redes solidarias que repudian una salida armada y

exigen mesas de diálogo-negociación y cumplimiento de lo negociado.

Durante cuatro años, la evolución del conflicto chiapaneco redujo el riesgo de un

intercambio de fuego entre las Fuerzas Armadas y el EZLN. Ambos ejércitos, uno

regular y el otro irregular, tienen las manos atadas para recurrir de nuevo a las

armas en forma directa. La enorme presión nacional e internacional y la gran

actividad de las redes de solidaridad zapatista han servido como un poderoso

elemento disuasivo para evitar que el Ejército mexicano haga uso de su capacidad

de aniquilamiento físico del EZLN y sus integrantes. Lo mismo ocurre en sentido

contrario: los zapatistas no pueden usar sus armas y realizar operativos

insurgentes porque carecen de fuerza para romper el cerco militar y ocupar con

tropas varias cabeceras municipales de Chiapas, tal como lo hicieron en enero y

diciembre de 1994. El EZLN también experimenta la misma presión civil, tanto

nacional como internacional, para limitar sus acciones al campo de la política y no

de la guerra.

El conflicto en Chiapas tiene una historia centenaria; no es algo nuevo, como

tampoco lo son las insurrecciones indígenas, los motines, las sublevaciones, las

tomas de la ciudad de México. Es decir, el conflicto está incrustado en la dinámica

misma de la historia nacional y es un recordatorio permanente de su propia

naturaleza.

Con todo, el EZLN surge originalmente como un grupo marxista de naturaleza

mestiza que se plantea ahora reivindicaciones fundamentales de democracia y de

desarrollo nacional.

Los zapatistas afirman que no tenían una visión del conflicto indígena, no se

habían visto a sí mismos como un actor político importante, no conocían la

especificidad de las demandas indígenas, ni tenían idea de la autonomía. Eso lo

vinieron construyendo a lo largo de 1994 y hasta la fecha. Ellos afirman que no

querían hacer de éste un conflicto regional local; es decir, no querían que

apareciera como un conflicto de "los indios de Chiapas”; surgen entonces a la

lucha con un nombre que no corresponde a la naturaleza implícita de un

movimiento indígena tradicional. En su lugar, adoptaron el nombre de "liberación

nacional” como una herencia de los conflictos armados de los años sesenta y de

los setenta.

El zapatismo, entonces, hereda la vertiente marxista, obviamente introducida por

los movimientos de liberación nacional de la época, pero en los que poco a poco, y

con ciertas dificultades, se va introduciendo la llamada cuestión nacional, revisada

y actualizada para el caso de América Latina, porque ciertamente, al ejercer la

burguesía su hegemonía en complicidad estratégica con el imperialismo -ahora

llamado neoliberalismo-, no es posible la efectiva liberación nacional. Es decir, hay

una esclavitud nacional o una dominación nacional o una sobre-nación, en el

sentido de que el pueblo, como soberano de la nación, no es el que realmente

manda en el interior de la nación. Cuando eso ocurre, entonces sí tiene sentido

hablar de la liberación nacional; pero eso no corresponde a un movimiento de la

naturaleza del que surge en Chiapas en 1994.

Viene después la versión del subcomandante Marcos de que "fueron vencidos por

las comunidades”, en cuanto que su línea fue derrotada y que entonces ellos, los

mestizos, fueron indigenizados y todos sus planteamientos iniciales fueron hechos

a un lado.

Por otra parte, también los zapatistas se ven presos o constreñidos dentro de los

límites de lo militar; esto es, el EZLN se estuvo entrenando para dar una lucha de

acumulación de fuerzas, dentro de lo que se llama en la terminología insurgente la

guerra popular prolongada, es decir, prepararse por años y años hasta acumular

un número suficiente de fuerzas como para que, a su vez, esa acumulación de

fuerzas lleve del campo a la ciudad, de las ciudades hacia una expansión a otras

regiones del ámbito nacional, y entonces, finalmente, venga el triunfo del pueblo

sobre el régimen.

Pero resulta que si bien al inicio lo militar permitió a las tropas del EZLN una toma

relativamente pacífica de cuatro ciudades importantes, la reacción posterior les

hizo ver que, desde el punto de vista militar, iban a estar constreñidas en un

territorio, no obstante que esas fuerzas son más que nada un ejército del pueblo o

un ejército campesino del pueblo.

A pesar de que la organización de la cual proviene Marcos tenía otros focos en

otros lugares de la república, éstos no actuaron. No se conoce si las

contradicciones en el seno de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN)

hicieron que no actuaran. No se sabe exactamente qué pasó, pero el hecho es que

hubo una clásica insurrección regional-local que fue controlada militarmente dentro

de ese ámbito territorial.

Se presenta entonces una contradicción entre su visión nacional y el carácter

regional-local que los constriñe a un territorio, militarmente hablando. Esto se ha

ido acentuando. Y hay una contradicción porque, siendo un grupo armado, la

naturaleza de la represión, del cerco estratégico, del cerco de profundidad y de la

presencia de los paramilitares y de la situación de no paz no guerra a la que ellos

se vieron forzados, han hecho que la esencia de su lucha en cuanto a método, que

era la lucha armada, se torne cada vez más política y busque lo nacional, e incluso,

lo internacional, como equilibrio y como respuesta a su situación real.

Al contrario de la idea de una base de apoyo a la milicia, los zapatistas han tenido

que acotar cada vez más esos círculos, de tal manera que lo único que queda del

círculo básicamente es el insurgente, el soldado profesional; porque evidentemente

los milicianos no pueden ser tales porque no pueden desarrollar su poder de fuego

ante la presencia militar permanente en comunidades asediadas por el Ejército.

Esto también constituye un elemento difícil en cuanto a la naturaleza de su

conflicto; esto es, son marxistas por su origen y por las formas y necesidades de

organización de la lucha clandestina, pero al mismo tiempo ellos van

incorporándose en los marcos políticos de lo nacional y lo democrático-popular.

Son militares por el surgimiento y la naturaleza de su grupo, pero paralelamente

va ganando terreno la organización no militar. Es posible que estas

transformaciones estén ocasionando contradicciones en el seno de los zapatistas,

porque cuando se tiene un grupo entrenado para un objetivo, y resulta que no es

posible llevar a cabo ese propósito, se provoca un desgaste; un ejército que no

combate o que no se entrena, es un ejército que va perdiendo su esencia, su

razón de ser.

Eso los lleva necesariamente hacia el diálogo y la negociación, pero, a su vez, los

coloca frente al incumplimiento de lo pactado, frente a la inconsecuencia del

gobierno y la obcecación del régimen que los obliga a mantenerse armados y no

abandonar la organización militar.

Por otra parte, su política de alianzas ha tenido fallas importantes. Primero se

apoyaron en sectores radicalizados de la izquierda, como el Movimiento Proletario

Independiente. Luego pusieron sus esperanzas en sectores de variado origen a

través de la Convención Nacional Democrática, la cual también terminó. Con la

propia diócesis de San Cristóbal, más que alianza fue una relación necesaria,

sujeta a tormentas frecuentes. No es posible hablar de una alianza con el PRD, ya

que la relación ha transitado de las críticas y los desencuentros iniciales, a la

ausencia de todo contacto en los últimos años. Se ha evitado incluso la

comunicación epistolar con la Cocopa de la legislatura actual y la única reunión con

esta instancia pluripartidista fue un fracaso. Ni el FZLN ni el Congreso Nacional

Indígena han respondido a las expectativas de ser las organizaciones que

permitieran a los zapatistas una presencia permanente en el ámbito nacional.

Esto no significa que no cuenten con el apoyo, muy importante, de lo que ellos

consideran sus aliados naturales: la sociedad civil, sólo que ésta cambia

constantemente en su disposición y características.19 Las alianzas más

permanentes de los zapatistas son las internacionales, pero éstas no son

determinantes. Lo importante en un momento siempre son las alianzas nacionales

y ellos no han tenido la capacidad para hacer duraderas las alianzas más allá de

sus límites ideológicos y políticos.

Este debilitamiento relativo ha favorecido el desarrollo de la estrategia

contrainsurgente del gobierno. Ahora esta estrategia es discutida en términos

reales, en términos de ponerla en práctica y evaluar todas sus consecuencias en lo

nacional e internacional. El gobierno está preparando la vertiente militar todos los

días. Sus agentes cada vez tienen mayor información de las redes locales,

regionales y nacionales; de los dirigentes; del papel de la Iglesia Católica; de quién

es líder, adónde va y a quién frecuenta; de las características de cada población, a

quiénes hay que detener, en qué momento; de cuál va ser la forma del ingreso de

las tropas, si conviene recurrir a paracaidistas, etcétera. Esta estrategia militar va

avanzando. De eso no hay duda. Cada vez están mejor preparados para ello.

En el momento en que se presente una coyuntura política favorable, la solución

militar puede ocurrir. La estrategia gubernamental es, en pocas palabras, la

utilización del diálogo y la negociación como una mascarada política de una lucha

militar. A partir de esto, es posible explicar por qué sigue la misma política de

desgaste, de desprestigio, de golpeteo, de guerra sucia contra la Conai hasta su

desaparición; y contra la Cocopa introduciendo en su seno las contradicciones,

neutralizándola, esperando que la "coadyuvancia” sea una forma de complicidad

con el gobierno.

Se sigue la misma lógica para cualquier otra forma de la guerra irregular. Este tipo

de guerra considera la guerra sicológica y eso ya refiere a la cuestión de la

información pública, de la información que se difunde a las comunidades, del

manejo de los medios, etcétera. El gobierno ha seguido en el diálogo y la

negociación una política contrainsurgente. En otras palabras, el conflicto que se

vive, que incluye el diálogo y la negociación, no ha sido más que la expresión de

una guerra de contrainsurgencia.

Entonces, si la tendencia histórica del régimen ha sido a la dureza, a la represión,

a la cooptación, a la mediatización, no veo por qué, en el caso del movimiento más

irreverente, más cuestionador que ha existido en los últimos tiempos, que además

ha tenido imaginación e inteligencia, que ha realizado un esfuerzo mediático

extraordinario para los recursos con los que cuenta, el gobierno federal negociará.

La idea es destruirlos. La idea gubernamental es descabezar al movimiento, sin

entender que éste se reproduce regularmente, que ya hay alguien para sustituir a

todos y cada uno de los dirigentes.

MAGNICIDIOS

El informe sobre el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo no aporta

nada nuevo. No hay conclusión, sólo presenta dos hipótesis, pero no hay ninguna

prueba jurídica de que fue un complot; clama una y otra vez el arzobispo primado

de México, cardenal Norberto Rivera Carrera.

Después del informe presentado por la Comisión Institucional y la Procuraduría

General de la República, fue enviado al pontífice Juan Pablo II, por el nuncio

apostólico Leonardo Sandri.

El representante de El Vaticano en México, asegura que en la Santa Sede en

Roma, hay satisfacción por los esfuerzos hechos para llegar a la verdad del

asesinato del cardenal Posadas Ocampo, pero que no les corresponde juzgar los

resultados.

El jefe de la Iglesia católica en México, Norberto Rivera Carrera, dice estar

convencido de que el asesinato del cardenal de Guadalajara obedeció a un

complot, pero no cuentan con pruebas jurídicas que se puedan presentar ante un

tribunal, sobre quién y con qué fin se realizó el complot que terminó en la matanza

de seis personas en el aeropuerto tapatío.

Dos presidentes, varios gobernadores de Jalisco y cinco procuradores generales

de la República pasaron desde el 24 de mayo de 1993 y aún no logran aclarar el

asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.

Primer magnicidio de la sangrienta década de los 90, punta de lanza de los

asesinatos de hombres de influencia, poder político y religioso, con sospechosas

ligas con la fuerza oculta, económicamente fuerte y corruptora que es el

narcotráfico; capaz de comprar conciencias, moralinas y profesionalismos.

El otro extremo es el asesinato, la ejecución sanguinaria y violenta, que sirve como

ejemplo y amenaza perenne para los que se resisten a sus medidas corruptoras y

complicidades forzadas.

Lo cierto es que en los magnicidios realizados a partir de la muerte del cardenal

Posadas Ocampo, hay un factor común que los unifica, los encadena y es la

característica principal : La impunidad.

Para ello se planean intrincados laberintos legales e interpretativos, que superan

por lo complicado, a las mejores tramas novelescas de la literatura de misterio y

muerte.

El asesinato o ejecución de un príncipe de la Iglesia católica en el aeropuerto de

Guadalajara, cimbró y alertó a los habitantes del país y a los representantes y

dirigentes del alto clero Vaticano, que algo realmente estaba podrido en México.

Siete años después, la sensación de putrefacto no sólo se mantiene, sino que

aumenta porque además de otros asesinatos y ejecuciones de hombres del poder

político, judicial y gubernamental, sucede que para todos los casos la impunidad es

un común denominador.

El 24 de mayo de 1993 poco antes de las 16 horas fue ejecutado el cardenal

Posadas Ocampo y varios de las personas que se encontraron en las

inmediaciones. A pesar de lo público y notorio del asesinato, los testigos reales o

“plantados”, no aportaron muchos datos claros y sí parece que todo está

encaminado para complicar más aún lo enredado de la investigación.

A partir del 27 de julio de este año, las versiones sobre el asesinato del prelado y

alto jerarca católico, enfrentaron aún más a las autoridades eclesiásticas y

gobierno de Jalisco contra la Procuraduría General de la República, es decir con el

Ejecutivo Federal, ya que Jorge Madrazo Cuéllar es el abogado no sólo de la

Nación, sino también del régimen gubernamental que aún encabeza Ernesto

Zedillo.

Así la confrontación entre esos dos grupos de poder, llegó al extremo y en los días

subsecuentes al 27 de julio, las declaraciones de altos jerarcas católicos y de

funcionarios del gobierno panista de Jalisco descalifican y desmientes la hipótesis

del procurador Madrazo Cuéllar que viene a ser la versión oficial del asesinato de

Posada Ocampo.


El 27 de julio la Procuraduría General de la República, por medio de su titular

Jorge Madrazo Cuéllar dio el “carpetazo” y anunció que mandaba a la “reserva” el

caso del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.

En ese momento, al rendir el informe que coincide con lo que durante siete años

sostuvieron cinco diferentes procuradores, entre ellos Jorge Carpizo, el más

cuestionado; se impone la impunidad una vez más en un caso extremo.

Durante dos años, el cuerpo interdisciplinario, formado por investigadores de la

PGR y juristas de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), el obispo de

Cuernavaca Luis Reynoso y el arzobispo de Chihuahua José Luis Fernández

Arteaga, encabezaron el complejo estudio y análisis.

Por fin el día 27 de julio, con maqueta, muñequitos y cochecitos que enviaría un

niño para jugar, reprodujeron los actos violentos en que fallecieron el cardenal

Posadas Ocampo y varias personas más, en el estacionamiento del aeropuerto de

Guadalajara, Jalisco.

Todo para sostener lo mismo y justificar el asesinato del cardenal de Guadalajara

como un hecho fortuito, en que al más tradicional de los conceptos peliculescos,

fue un hombre que llegó en el momento equivocado al lugar equivocado.

Así la hipótesis de la confusión es sostenida firmemente por la PGR. Pero a lo largo

de esos siete años, son muchas las contradicciones que aparecieron y permanecen

aún dentro de la misma versión oficial.

Así en 1995, bajo el mando de Jorge Carpizo, la PGR sostuvo que el ataque al

Grand Marquis de Posadas Ocampo, se debió a que estaba estacionado atrás del

Buick verde de “El Chapo” Guzmán, por lo que dos asesinos confesos, Eduardo

Mariscal Rábago, (a) “El Negro” y otro conocido como “El Güero Jaibo”, dispararon

en contra del prelado que intentaba bajar de su automóvil.

También a fines de 1995, el subprocurador Pablo Chapa Bezanilla, el mismo que

armó la intrincada trama de “sembrar” una calavera junto con varios cómplices, en

el juicio contra Raúl Salinas de Gortari, lanzó la versión de un tercer grupo

encargado de ejecutar al cardenal en medio de la confusión del choque entre las

dos bandas de narcotraficantes.

Esa versión está aceptada como real, por el sucesor de Posadas Ocampo, el

cardenal Juan Sandoval Iñiguez y en ella trabajaron los investigadores del

gobierno de Jalisco, encabezado por el panista Alberto Cárdenas.

Ahora las diversas versiones son desechadas por la PGR y se impone el criterio de

la equivocación de los sicarios asesinos.

Sin resolver el caso, sin aclarar y presentar culpables reales, la PGR y Jorge

Madrazo envían a la congeladora, bajo el término de “en reserva”, el asesinato del

cardenal Posadas Ocampo, su chofer y otras cuatro personas inocentes.

Los responsables directos, los que ordenaron la ejecución o el enfrentamiento

están a salvo, desaparecidos o ejecutados, pero no se sabe quiénes fueron los

autores intelectuales. Un caso más que es resuelto por lo que parece la tradición

nacional: mediante la impunidad.

A los siete años del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo estas son

las cifras jurídicas:

Fueron 18 los procesos penales tanto locales como federales los realizados. Para

ello se tomaron casi 400 declaraciones ante el Ministerio Público Federal y el

Ministerio Público de Jalisco, lo que dio como resultado que se realizaran 81

dictámenes periciales.

Eso llevó a que se liberaran 73 órdenes de aprehensión por diversos delitos

relacionados con el atentado y actividades ilegales de narcotráfico y portación de

armas. De ellas se cumplieron el 50 por ciento.

Entre ellas destaca la de Joaquín Guzmán Loera, (a) “El Chapo”, que de posible

víctima pasó a ser sospechoso del asesinato de Posadas Ocampo, en una maniobra

más de ilusionismo jurídico de la PGR.

A partir de julio de 1998, en que se formó el grupo interinstitucional de

investigación, se realizaron 23 reuniones plenarias entre sus integrantes, para

conocer y discutir las 139 declaraciones ministeriales tomadas a diversos testigos y

participantes de la investigación anterior.

Además fueron 14 los exámenes periciales de tipo siquiátrico efectuados, junto con

15 pruebas de polígrafo -detector de mentiras-, dictámenes de trayectorias de las

balas, mediante el uso de rayos láser y la posición que tenía el 24 de mayo de

1993 tanto las víctimas como los victimarios, en el aeropuerto de Guadalajara.

Quizá lo más impresionante es que se logró aumentar de 47 a 57 los tomos de la

averiguación previa que forma el expediente de siete asesinatos, entre ellos el de

Juan Jesús Posadas Ocampo.

Lo último fue que para lograr enviar al cuarto de las sombras, darlo como un

dictamen sin conclusión, el procurador general de la República Jorge Madrazo

Cuéllar, necesitó más de cinco horas, la presencia de varios jerarcas de la Iglesia

católica, varios altos funcionarios de la PGR y tener como testigos para explicar en

maqueta el asesinato incidental, a todos los representantes de los medios

informativos del país. Incluidos varios corresponsales extranjeros.

El primero de diciembre de este año, llegará a la presidencia de la República un

hombre que no pertenece al partido que durante 71 años fue el oficial de México.

Es por lo tanto diferente en intereses y principios.

De entrada, judicialmente, el gobierno de Vicente Fox Quesada recibirá una

herencia difícil, que incluye las investigaciones no resueltas de varios magnicidios

que sucedieron a lo largo de los años en que el priísmo entró en una decadencia,

que lo llevó a perder el poder que detentó con sangre a lo largo de esas siete

décadas.

Por lo pronto, a pesar de la forma insatisfactoria para gran parte de los mexicanos,

conque el procurador Jorge Madrazo dio fin a las investigaciones del asesinato del

cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, al considerarlo caso cerrado, enviado a la

reserva, le restan varios asesinatos importantes que aclarar.

Principalmente el de Luis Donaldo Colosio y el de José Francisco Ruiz Massieu,

pero se unen una larga secuela de muertes no aclaradas como son de varios

funcionarios judiciales, supuestamente ejecutados por grupos de narcotraficantes.

Además quedará en pie el proceso, aún no cerrado de Raúl Salinas de Gortari,

hermano del ex presidente Carlos Salinas, que cumple condena por 27 años por la

autoría intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu.

También queda el caso del prófugo y acusado de narcotráfico, Mario Villanueva, ex

gobernador de Quintana Roo.

Quizá el más grave de todos, sea el conflicto armado en el estado de Chiapas y las

amenazas de acción de grupos armados de guerrilleros en otros estados del país.

Como solución y camino para aclarar todos esos delitos y acciones ilegales, el

equipo del virtual presidente electo Vicente Fox, preparan una “comisión de la

verdad”, que se encargará de investigar a fondo cada uno de esos casos. Y en el

problema de la lucha en Chiapas, el propio Fox expresó ya su deseo de

solucionarlo lo más pronto posible.

La Procuraduría General de la República no quiere solucionar y nunca tuvo la

voluntad para hacerlo, y esclarecer el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas

Ocampo, porque basa sus investigaciones en falsedades y engaños.

Tajante y definitivo el cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez descalificó

la investigación y conclusión dadas a conocer el 27 de julio por el grupo

interinstitucional, formado por la PGR y los representantes juristas del Episcopado

Mexicano, Luis Reynoso, obispo de Cuernavaca y José Luis Fernández Arteaga,

arzobispo de Chihuahua.

El cardenal Sandoval Iñiguez afirma que las confesiones y declaraciones de los

pistoleros que se supone tomaron parte en la matanza del 24 de mayo de 1993 en

el aeropuerto de Guadalajara, fueron tomadas bajo tortura, son narcotraficantes

detenidos y obligados a declarar por e Ejército y con amenazas, por lo tanto no

tienen validez.

Otro tema que abordó el cardenal tapatío, es que habla a tono personal, al igual

que los dos altos prelados que no coinciden con él, por o que eso no significa que

haya división dentro de la Conferencia del Episcopado Mexicano ni entre sus

miembros.

Por cierto el Episcopado no hace aún declaraciones sobre la forma en cómo la

Procuraduría General de la República dio por cerrado el caso del asesinato del

cardenal Posadas Ocampo.


Después de que la PGR y el grupo interinstitucional rindieron el informe final sobre

la muerte del cardenal Posadas Ocampo, y por el fortalecimiento de la teoría del

complot que sostienen el gobierno de Jalisco y el cardenal de Guadalajara Juan

Sandoval Iñiguez resurgen una serie de nombres de famosos, que sostienen están

ligados con la ejecución del alto prelado católico.

Así el gobernador de Jalisco Alberto Cárdenas, el cardenal Sandoval Iñiguez y otros

funcionarios y altos jerarcas católicos sostienen que todo fue un complot para

asesinar directamente, a boca de jarro, con 14 disparos directísimos sobre el

cuerpo, al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.

Ente otros temas, destacan que el primer fiscal especial de la PGR para investigar

el asesinato, fue Alejandro Arenas Gallardo, que afirmó en su declaración del 26 de

noviembre de 1998, que “al cardenal Posadas no se le confundió con Joaquín

Guzmán, (a) “El Chapo”.

También aparecen nombres de famosos ligados con el complot para el asesinato,

como son Carlos Salinas de Gortari y su hermano Raúl; José Córdoba Montoya;

Jorge Carpizo MacGregor; Jorge Carrillo Olea, Patrocinio González Garriod y otros

notables de la política y del poder judicial.

Por parte del alto clero, la figura del nuncio apostólico Gerónimo Prigione también

aparece como un personaje implicado de alguna manera, sobre todo, porque

meses después del asesinato de Posadas Ocampo, recibió, confesó y protegió a los

principales sospechosos de la masacre en el aeropuerto de Guadalajara, los

hermanos Arellano Félix.

Dos de los hermanos Arellano Félix que se considera manejan gran parte de la

droga que llega a México y pasa a los Estados Unidos, afirmaron a Prigione que

ellos no eran responsables de la muerte del cardenal de Guadalajara.

Los narcos se reunieron por separado, con el nuncio de El Vaticano, que no puede

aún aclarar cómo y por qué protegió a los principales sospechosos de la muerte de

un príncipe de la Iglesia católica.

De todos ellos, coinciden los partidarios del complot contra el cardenal, deben ser

llamados a rendir declaraciones e investigados por las autoridades de la PGR que

dieron ya cierre a la investigación.

Por otro lado, de ser cierta la teoría de complot, surge una duda, sobre los

intereses o razones que hubo para ejecutar a un hombre que pertenecía al Colegio

Cardenalicio.


Los partidarios del complot en el asesinato del cardenal Posadas Ocampo,

sostienen que en el estado de Morelos, en el gobierno de Jorge Carrillo Olea, se

planeó el asesinato del cardenal de Guadalajara.

También de ahí son los agentes judiciales que lo ejecutaron, en medio de la

confusión provocada por la presencia de dos bandas rivales dedicadas al

narcotráfico, que coincidieron en el aeropuerto de Guadalajara.

Fue en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en el que hubo una fuerte

presencia corruptora de su hermano Raúl, que fue asesinado a mansalva el

cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.

Según testigos, los ejecutores llegaron en un vehículo diferente y que no aparece

en ninguna de las descripciones reunidas por los investigadores de la PGR, pero

que otros testigos a los que no se tomó declaración oficial describen como un

carro café o marrón.

Asimismo hay quien informó en Guadalajara que un grupo de judiciales del estado

de Morelos estuvieron en el aeropuerto Miguel Hidalgo, para matar al cardenal

Posadas en medio de la confusión planeada al citar en el mismo lugar a los jefes

de las dos bandas rivales dedicadas al narcotráfico.

EPR

Ejercito Popular Revolucionario.

México enfrenta ahora cuatro conflictos armados de gran envergadura en el

sudeste del país. Dos escenarios de conflicto armado se encuentran en Chiapas.

Uno de ellos es el que sostienen los gobiernos federal-estatal y las Fuerzas

Armadas contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El segundo enfrenta a

las fuerzas paramilitares y las bandas armadas contra las comunidades y

organizaciones indígenas que simpatizan con el zapatismo armado. Se estima que

desde enero de 1994, ambos conflictos han causado la muerte de cerca de 1 500

chiapanecos y el desplazamiento de más de 20 mil personas.9

En 1996 surge también el EPR. Una de las causas principales es la desconfianza de

la estructura económica. Aspecto político: está muy presente la sombra del

gobierno anterior (Salinas de Gortari), la cual tiene repercusiones en el gobierno

actual (Zedillo).

En Guerrero y Oaxaca se viven también dos conflictos armados. En estas

entidades, el gobierno federal y las Fuerzas Armadas mantienen una estrategia de

contrainsurgencia, cuyo objetivo principal es la neutralización o el exterminio del

Ejército Popular Revolucionario (EPR) y del Ejército Revolucionario Popular

Insurgente (ERPI).

Una historia diferente sucede en Guerrero y Oaxaca, donde la contrainsurgencia

gubernamental, basada principalmente en el empleo del Ejército, ha sido directa,

no disuasiva, con masacres, hostigamiento sistemático a las comunidades y

medidas como las detenciones arbitrarias, la tortura y la desaparición forzada.13

Esta nueva "guerra en el paraíso” casi consigue ya el aniquilamiento del EPR y del

ERPI y la destrucción de sus redes de apoyo campesino. Guerrero y Oaxaca no

reciben la misma atención de la comunidad internacional que se concentra en

Chiapas. Ambos movimientos armados carecen de la capacidad de levantar redes

de apoyo solidario con fuerza semejante a las que logró el EZLN. No hay vínculos

permanentes del EPR y del ERPI con organizaciones sociales, partidos políticos u

organismos de derechos humanos. La matanza de El Charco, por ejemplo, levantó

una ola de protestas, pero fue limitada y momentánea, mucho menor a la

indignación y condena internacional que se originó por la masacre de Acteal.

Ha habido una destrucción que ha sido aparentemente lograda en Guerrero y

Oaxaca. El EPR casi cumple un año sin acciones armadas, el ERPI no se ha

repuesto de la masacre de El Charco, en junio del año pasado. Las comunidades

esparcidas en las regiones de la Montaña y Filo Mayor en Guerrero están saturadas

con militares. En Los Loxichas el control militar ha sido muy efectivo. Y los abusos

contra las garantías individuales y los derechos humanos en ambas entidades son

cada vez más crecientes.

Es difícil predecir escenarios. En estas circunstancias cualquiera puede ocurrir.

Desde una transición pacífica hacia formas de vida más democráticas, una elección

limpia y creíble en el 2000, hasta el fraude generalizado, intentonas de solución

militar al conflicto en Chiapas, nuevas catástrofes como la de Acteal o una

intervención aún mayor de los militares en los asuntos del país en su conjunto.

Sin embargo, tampoco se puede esperar pasivamente el desenlace de esta

compleja trama de circunstancias sociales, políticas, económicas y de violencia

armada. Por ello, es indispensable insistir en la desmilitarización, en el abandono

de la estrategia de contrainsurgencia, en la búsqueda inmediata de nuevas

fórmulas de negociación, en el control y desmantelamiento de los paramilitares y la

investigación de las atrocidades cometidas en esos estados. Es necesaria la

movilización de un amplio abanico de fuerzas que constituyan el poder alternativo

frente a un régimen con vocación para la violencia y la guerra social, así como

para establecer gobiernos que sólo pueden ser calificados como de traición

nacional.

LA CUARTA DECLARACIÓN DE LA SELVA LACANDONA

Con a Cuarta declaración se hace un llamado a todos los hombres y mujeres

honestos a participar en la nueva fuerza política nacional que nacia en ese intante

y que era El Frente Zapatista de Liberación Nacional.

Estos desplazamientos armados de miles de hombres y mujeres hacia los centros

del poder mestizo le da una impronta que no tienen otros movimientos de

liberación nacional, ni otras guerrillas, y lo que viene después del '94 hasta la fecha

es inédito, pues es completamente distinto de lo que conocemos como

movimientos armados de liberación nacional.

La naturaleza del zapatismo contemporáneo es impactada por la historia de las

rebeliones chiapanecas, por la dinámica del conflicto indio-mestizo;18 y la prueba

es que se desarrollaron ciertos acontecimientos que demostraban que a pesar de

no tener clara la percepción teórica de lo indígena, sí habían asumido en su

movimiento el carácter indígena.

Lo que ocurre es que el propio zapatismo, como todo movimiento clandestino,

como todo movimiento militar, todavía no cuenta su historia, la verdadera. Es

normal, la historia se va haciendo de acuerdo con intereses; pero es obvio que el

EZLN sí tenía una identidad marxista. Todos sus referencias emblemáticas son

marxistas: la bandera de los cinco triángulos, su panteón de héroes

revolucionarios, el Che, el hombre nuevo, etcétera. Después desaparece todo

aquello, al menos hacia el exterior del movimiento; ellos mismos se dan cuenta de

que no van a ser escuchados con ese discurso, y entonces se da un cambio, pero

es un cambio decidido en el último momento, cuando surgen a la luz pública, para

sustituir el discurso marxista por el discurso nacional.

Ahora este discurso ya ha sido asumido; quieran o no, ya el discurso patriótico,

democrático-popular, se ha convertido en el verdadero discurso, porque ya no se

tiene otro: es decir, es imposible ahora enarbolar la bandera del socialismo,

aunque en lo recóndito de su corazón de pronto, pues, como suele ocurrir, sale lo

marxista. Esto es posible observarlo en la simbología, la cual es más indicativa que

las palabras mismas.

Sin embargo, la forma de ser de las comunidades indígenas sí permeó mucho de

ese discurso e incidió para elaborar el segundo mito de los zapatistas, que es un

poco la idea un tanto sublimada y romántica de lo indígena. Ya hay una mitología

de las comunidades como el lugar de la sabiduría, el espacio democrático, el

receptáculo de todo lo sabio, de todas las templanzas, los equilibrios, etcétera;

aunque quienes han estudiado la llamada cuestión étnico-nacional saben que eso

es difícil de lograr, que existen contradicciones profundas en el seno de los pueblos

y de sus comunidades, que existe el valor de cambio, el valor de uso, que hay

profundas jerarquías e injusticias, y que la situación de la mujer no es la más justa

y adecuada posible, etcétera.

***En la que llamamos a todos los hombres y
mujeres honestos a participar en la nueva
fuerza política nacional que hoy nace: el
Frente Zapatista de Liberación Nacional.

organización civil y pacífica, independiente y democrática, mexicana y nacional,

que lucha por la democracia, la libertad y la justicia en México. El Frente Zapatista

de Liberación Nacional nace hoy e invitamos para que participen en él a los

obreros de la República, a los trabajadores del campo y de la ciudad, a los

indígenas, a los colonos, a los maestros y estudiantes, a las mujeres mexicanas, a

los jóvenes de todo el país, a los artistas e intelectuales honestos, a los religiosos

consecuentes, a todos los ciudadanos mexicanos que queremos no el poder sino la

democracia, la libertad y la justicia para nosotros y nuestros hijos.

Invitamos a la sociedad civil nacional, a los sin partido, al movimiento social y

ciudadano, a todos los mexicanos a construir una nueva fuerza política.Una nueva

fuerza política que sea nacional. Una nueva fuerza política con base en el EZLN.

Una nueva fuerza política que forme parte de un amplio movimiento opositor, el

Movimiento para la Liberación Nacional, como lugar de acción política ciudadana

donde confluyen otras fuerzas políticas de oposición independiente, espacio de

encuentro de voluntades y coordinador de acciones unitarias.

Una fuerza política cuyos integrantes no desempeñen ni aspiren a desempeñar

cargos de elección popular o puestos gubernamentales en cualquiera de sus

niveles. Una fuerza política que no aspire a la toma del poder. Una fuerza que no

sea un partido político.

Una fuerza política que pueda organizar las demandas y propuestas de los

ciudadanos para que el que mande, mande obedeciendo. Una fuerza política que

pueda organizar la solución de los problemas colectivos aún sin la intervención de

los partidos políticos y del gobierno. No necesitamos pedir permiso para ser libres.

La función de gobierno es prerrogativa de la sociedad y es su derecho ejercer esa

función.Una fuerza política que luche en contra de la concentración de la riqueza

en pocas manos y en contra de la centralización del poder. Una fuerza política

cuyos integrantes no tengan más privilegio que la satisfacción del deber cumplido.

Una fuerza política con organización local, estatal y regional que crezca desde la

base, desde su sustento social. Una fuerza política nacida de los comités civiles de

diálogo.

Una fuerza política que se llama Frente porque trata de incorporar esfuerzos

organizativos no partidistas, tiene muchos niveles de participación y muchas

formas de lucha.

Una fuerza política que se llama Zapatista porque nace con la esperanza y el

corazón indígena que, junto al EZLN, volvieron a bajar de las montañas mexicanas.

Una fuerza política que se llama De Liberación Nacional porque su lucha es por la

libertad de todos los mexicanos y en todo el país.

Una fuerza política con un programa de lucha de 13 puntos, los de la Primera

Declaración de la Selva Lacandona enriquecidos a lo largo de dos años de

insurgencia. Una fuerza política que luche contra el sistema de partido de Estado.

Una fuerza política que luche por la democracia en todo y no sólo en lo electoral.

Una fuerza política que luche por un nuevo constituyente y una nueva

Constitución. Una fuerza política que luche porque en todas partes haya justicia,

libertad y democracia. Una fuerza política que no luche por la toma del poder

político sino por la democracia de que el que mande, mande obedeciendo.

Llamamos a todos los hombres y mujeres de México, a los indígenas y a los no

indígenas, a todas las razas que forman la nación; a quienes estén de acuerdo en

luchar por techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, información, cultura,

independencia, democracia, justicia, libertad y paz; a quienes entienden que el

sistema de partido de Estado es el principal obstáculo para el tránsito a la

democracia en México; a quienes saben que democracia no quiere decir

alternancia del poder sino gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo; a

quienes estén de acuerdo con que se haga una nueva Carta Magna que incorpore

las principales demandas del pueblo mexicano y las garantías de que se cumpla el

artículo 39 mediante las figuras de plebiscito y referéndum; a quienes no aspiran o

pretenden ejercer cargos públicos o puestos de elección popular; a quienes tienen

el corazón, la voluntad y el pensamiento en el lado izquierdo del pecho; a quienes

quieren dejar de ser espectadores y están dispuestos a no tener ni pago ni

privilegio alguno como no sea el participar en la reconstrucción nacional; a quienes

quieren construir algo nuevo y bueno, para que formen el Frente Zapatista de

Liberación Nacional.

Aquellos ciudadanos sin partido, aquellas organizaciones sociales y políticas,

aquellos comités civiles de diálogo, movimientos y grupos, todos los que no

aspiren a la toma del poder y que suscriban esta Cuarta Declaración de la Selva

Lacandona se comprometen a participar en el diálogo para acordar la estructura

órganica, el plan de acción y la declaración de principios del Frente Zapatista de

Liberación Nacional.

Con la unidad organizada de los zapatistas civiles y los combatientes zapatistas en

el Frente Zapatista de Liberación Nacional, la lucha iniciada el 1o. de enero de

1994 entrará en una nueva etapa. El EZLN no desaparece, pero su esfuerzo más

importante irá por la lucha política. En su tiempo y condiciones, el EZLN participará

directamente en la formación del Frente Zapatista de Liberación Nacional.

Hoy, 1o. de enero de 1996, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional firma esta

Cuarta Declaración de la Selva Lacandona. Invitamos al pueblo de México a que lo

suscriba.

Hermanos:
Muchas palabras se caminan en el mundo. Muchos mundos se hacen. Muchos

mundos nos hacen. Hay palabras y mundos que son mentiras e injusticias. Hay

palabras y mundos que son verdades y verdaderos. Nosotros hacemos mundos

verdaderos. Nosotros somos hechos por palabras verdaderas.

En el mundo del poderoso no caben más que los grandes y sus servidores. En el

mundo que queremos nosotros caben todos.

El mundo que queremos es uno donde quepan muchos mundos. La Patria que

construimos es una donde quepan todos los pueblos y sus lenguas, que todos los

pasos la caminen, que todos la rían, que la amanezcan todos.

Hablamos la unidad incluso cuando callamos. Bajito y lloviendo nos hablamos las

palabras que encuentran la unidad que nos abraza en la historia y para desechar el

olvido que nos enfrenta y destruye.

Nuestra palabra, nuestro canto y nuestro grito, es para que ya no mueran más los

muertos. Para que vivan luchamos, para que vivan cantamos.

Vive la palabra. Vive el Ya basta! Vive la noche que se hace mañana. Vive nuestro

digno caminar junto a los todos que lloran. Para destruir el reloj de muerte del

poderoso luchamos. Para un nuevo tiempo de vida luchamos.

La flor de la palabra no muere, aunque en silencio caminen nuestros pasos. En

silencio se siembra la palabra. Para que florezca a gritos se calla. La palabra se

hace soldado para no morirse en el olvido. Para vivir se muere la palabra,

sembrada para siempre en el vientre del mundo. Naciendo y viviendo nos

morimos. Siempre viviremos. Al olvido sólo regresarán quienes rinden su historia.

Aquí estamos. No nos rendimos. Zapata vive y, a pesar de todo, la lucha sigue.

Desde las montañas del Sureste Mexicano.

Comité Clandestino Revolucionario

Indígena-Comandancia General del

Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

NARCOTRAFICO

El narcotafico es un tipico delito moderno; quizas el tipico delito se nuestro tiempo.

Combina los datos centrales de la delencuencia: astucia y ciolencia. Se comete con

el ingenio y con la fuerza.

Ni e autor ni la victima del narcotráfico se resumen en una o en algunas personas.

El delincuente es numeroso, innominado. Son muchos los participantes en el

narcotráfico al grado de que este se ha propagado por todo el pais y america

latina, hasta convertirse en un problema mundial.

En México, la regulación de las sustancias químicas utilizadas en la producción

ilícita de drogas contempla diversos sistemas de control administrativo.

 Tanto los precursores químicos como los químicos esenciales son sustancias que

están reguladas ya sea como sicotrópicos, sujetas a las disposiciones de la Ley

General de Salud, o como sustancias tóxicas o peligrosas, controladas a través de

diversos ordenamientos jurídicos por lo que hace a su transporte, a sus posibles

efectos en el medio ambiente y a sus efectos en la salud de los trabajadores que

están expuestos a ellas.

Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos

Esenciales y Máquinas para elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos

 Además, con el objeto de detectar y prevenir el tráfico ilícito de sustancias

químicas, mediante la coordinación de dependencias del Gobierno Federal y la

participación de la industria, el Congreso de la Unión aprobó, por unanimidad de

votos en ambas cámaras, la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos,

Productos Químicos Esenciales y Máquinas para elaborar Cápsulas, Tabletas y/o

Comprimidos, publicada el 26 de diciembre de 1997 y en vigor desde el 25 de

marzo de 1998.

 La Ley contempla el control de diversas sustancias listadas, un mecanismo para

actualizar las listas y la creación de una base de datos que permite un control

efectivo de sustancias, operaciones y sujetos.

 Las listas de la nueva Ley contemplan la totalidad de sustancias contenidas en la

Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y

Substancias Sicotrópicas de 1988, que son las más comúnmente utilizadas por los

delincuentes para producir narcóticos.

 Asimismo, refleja la tendencia regulatoria del Reglamento Modelo para el Control

de Precursores y Sustancias Químicas, Máquinas y Elementos de la Comisión

Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD-OEA), y de las

legislaciones de la Unión Europea y de EUA.

 Para la instrumentación de la base de datos han trabajado conjuntamente

diversas dependencias del Ejecutivo Federal y el Consejo de Salubridad General.

 Actualmente el Consejo de Salubridad ya cuenta con la infraestructura necesaria

para recibir la información correspondiente por parte de las dependencias.  Cabe

señalar que diversas áreas de la Secretaría de Salud (SA), Secretaría de Comercio

y Fomento Industrial (SECOFI) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

(SCT) ya han comenzado a ingresar información en la base de datos.

 Las unidades administrativas de la PGR especializadas en control de drogas,

tienen acceso directo en red a la base de datos, lo que permitirá la oportuna

fiscalización de actividades que pudieran implicar un desvío de precursores

químicos o productos químicos esenciales.

Reglamento de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos

Químicos Esenciales y Máquinas para elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos

 El 15 de septiembre de 1999 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el

Reglamento de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos

Químicos Esenciales y Máquinas para elaborar Cápsulas, Tabletas y/o

Comprimidos, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación.

 Este ordenamiento reglamentario es resultado del trabajo coordinado de las

distintas dependencias encargadas de la aplicación de la Ley, así como del Consejo

de Salubridad General, con la participación del sector privado.

 Este ordenamiento define el concepto de “merma” como: “Los precursores

químicos o productos químicos esenciales que se consumen o pierden en el

desarrollo normal de las actividades reguladas”, así como el procedimiento para su

calculo.

Para el control de la importación y exportación la SHCP y la SSA integrarán en la

base de datos la información relativa a pedimentos aduanales y permisos de

importación y exportación de precursores químicos y productos químicos

esenciales, respectivamente.

La información que contenga la base de datos podrá compartirse con las demás

dependencias, lo que permitirá un mejor control respecto del destino que se le

asigne a las sustancias reguladas, evitando así su desvío a la producción ilícita de

drogas.

 La información que se obtenga al respecto se ingresará a la base de datos, lo que

permitirá agilizar la identificación de actividades irregulares.

 En virtud de la sofisticación y de los cada vez más complejos medios a través de

los cuales opera la delincuencia organizada, se publicó en el Diario Oficial de la

Federación el 7 de noviembre de 1996 la Ley Federal contra la Delincuencia

Organizada.

 La Ley dispone que la PGR debe contar con una unidad especializada en la

investigación y persecución de delitos cometidos por miembros de la delincuencia

organizada. Dicha unidad debe integrarse con Agentes del Ministerio Público de la

Federación, auxiliados por Agentes de la Policía Judicial Federal, Peritos y un

cuerpo técnico de control.

 En cumplimiento de lo dispuesto por la referida Ley, por Decreto publicado en el

Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 1997, se reformó el Reglamento de

la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y se creó la Unidad

Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), como una unidad administrativa

dependiente de la PGR, con las atribuciones que le confiere la multicitada ley.

 El Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República

establece como requisito de ingreso y permanencia en la Unidad, la aprobación de

las mismas evaluaciones a que deben someterse los miembros de la FEADS.

 

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