Historia constitucional

Derecho constitucional Argentino. Formas de gobierno. Aristóteles. Roma. Problemas políticos medievales. Gregorio el Grande. Constituciones

  • Enviado por: Ariel Casanova
  • Idioma: castellano
  • País: Argentina Argentina
  • 148 páginas
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Unidad I

Concepto de historia: se ocupa de objetos reales tanto como de inexistentes, porque ésta trabaja con el pasado. Nosotros vivimos la historia, somos testigos o coparticipantes de los acontecimientos o hechos.

El historiador investiga o escribe la historia. Ante hechos sucedidos, trata de reconstruirlos y otorgarles significación. Su desafío es comprender el pasado histórico. Se mete en el tiempo y espacio de esa época.

La historia es movimiento y cambio. Es un suceder de hechos humanos y está interpretada y valorada por seres humanos.

Tiene su metodología y se constituirá en una ciencia con caracteres propios y definidos.

En un principio, la historia era narrativa, se limitaba a narrar los hechos, luego se hizo pragmática, formulando enseñanzas aleccionadoras.

Los hechos:

Los hechos pasados sirven como experiencia para encarar los presentes y futuros. La historia se repite. Los acontecimientos pasados servirán de lección para no incurrir en futuras equivocaciones.

El hecho no es repetible, no se da dos veces la misma situación, pero puede darse ante circunstancias de parecidas características a través del tiempo.

Tiene un carácter científico. Según Guillermo Bauer, es la ciencia que trata de describir, de explicar y de comprender los fenómenos de la vida, en cuanto a los cambios que tiene el hombre en distintos conjuntos sociales.

Para Marx, la historia se da a través de un proceso dialéctico, en una lucha de clases que culmina luego de un período de dictadura del proletariado en una sociedad sin clases. Es la historia de luchas entre clases.

El historiador busca los testimonios, debe saber qué es lo que va a buscar, qué es lo que quiere, y a dónde recurrir en su búsqueda.

Se encuentra lo que está a la vista y se halla lo que está oculto. Se realiza la investigación a través del método inductivo, partiendo de lo particular para llegar a lo general.

La historia necesita de disciplinas auxiliares, como la diplomacia, biografía, paleografía, derecho, economía, etc.

Todos los materiales de la investigación historiográfica se dividen en dos:

Restos: obras producidas por el hombre (puentes, utensilios, etc.)

Los Modos: de vida de las comunidades (usos y costumbres, etc.)

Los ordenamientos jurídicos, los documentos en general y las tradiciones que pueden ser orales o escritas por las cuales se transmite la memoria de los hechos pasados y documentados entre los cuales podrían incluirse inscripciones, etc.

Las tradiciones pueden ser orales, escritas o gráficas. Los restos pueden serlo en sentido estricto o monumentos.

El investigador social debe recurrir a los depósitos de testimonios, como los museos, bibliotecas y archivos. Se transformarán en fuente de información. Y el hecho pasado revivirá como actualidad presente.

Antes de la etapa final de la investigación se debe realizar un previo y cuidadoso examen crítico de las fuentes. Se dirigirá hacia la determinación de autenticidad. Éste es el trabajo más difícil de la investigación.

La tarea del historiador es la reconstrucción del mundo histórico en un momento determinado y lo más objetivamente posible.

Historia constitucional: es preferentemente historia política e institucional.

Como génesis de las instituciones políticas y en el sentido de la historia como historia de las instituciones durables.

El Estado es el poder organizado de la comunidad.

En las sociedades primarias el uso del poder se apareja al de la fuerza. Existiría un grupo dominante y otro dominado, pero donde hay sociedad que se consolida, el estado de derecho pretende eliminar al poder de las mayorías con respecto a la minoría y controlador de la opinión pública. (así estaba).

Linares Quintana: es una especie de introducción al estudio con profundidad de las instituciones, tomándose elementos variados. La definición del derecho constitucional es muy amplia.

Ravignani: la historia constitucional tiene como finalidad la organización política de la república.

Se trata de un proceso dinámico, habrá que tener presenta la historia de las ideas políticas.

Constitución:

Aristóteles: el orden de una comunidad y la norma fundamental organizadora y superior a las leyes.

Romanos: ordenamiento legislativo y reglamento que defiende los derechos obligatorios y deberes políticos y religiosos.

Edad Media: concepto nuevo: garantizar la libertad de los individuos.

Historia Constitucional: la historia de las Constituciones para entender la historia. Estudia la Constitución teniendo en cuenta el sistema social en que fue generada.

Estado: el término no se conoce como tal hasta los tiempos modernos.

Con Maquiavelo se generaliza en el siglo XVIII. Está identificado con el mundo moderno. Es una comunidad política organizada en un ámbito territorial determinado, es una entidad abstracta, (supongo, porque el autor del resumen puso abstrato) soberana, a la que se le entrega la titularidad del poder, con la cual nos encontramos.

Los elementos esenciales del Estado son:

  • Territorio: a condicionar una sociedad.

  • Población: dentro de la organización del Estado, se encuentran los hábitos, cultura, etc.

  • Poder: un sistema de relaciones en que unos individuos se subordinan a otros. Reconoce dos elementos: el mando, que es el ejercicio de la autoridad y la obediencia, que es el consentimiento que brinda la población hacia esa autoridad. El poder se ejercería a través de la fuerza y la autoridad a través de la ley.

  • Derecho es un conjunto de reglas obligatorias que prescribe las acciones y el comportamiento de los habitantes.

  • Nación: fenómeno de tipo cultural. Conjunto de personas que comparten una historia cultural común, religión, etc. No es necesario compartir un objetivo.

  • Soberanía: cualidad de poder independiente respecto de otro. En un Estado, titularidad legítima del mando político dentro de las fronteras. En la actualidad reside en el pueblo.

  • Imperio de la ley: es una cualidad del derecho, reflejada en la Constitución. Se pueden diferenciar los Estados Centralizados de los descentralizados. En los primeros todas las instancias están subordinadas al poder central. Los segundos pueden ser confederados, en los cuales hay viva unión permanente de Estados soberanos que pueden separase. Esta unión encuentra su fundamento jurídico en cartas o pactos de Derecho Internacional, con una finalidad de defensa común. La otra postura son los Estados federales, sistemas cuyas provincias o Estados son autónomas, ejercen derechos de legislación y jurisdicción y participan del poder central.

  • Sufragio: derecho a elegir y ser elegido por medio de éste.

  • Partidos políticos constituyen una condición indispensable para un gobierno representativo. Buscan el poder para poner en práctica sus ideologías.

  • Factor de poder: los gobernantes llevan adelante su función de gobierno. Dos grandes bases fundamentales actúan como factor de poder: la burocracia y las fuerzas armadas.

  • Grupos de interés: sector de la sociedad que no participa de las decisiones gubernamentales, pero buscan concretar una demanda ejerciendo el derecho de petición.

  • Grupos de presión: se caracterizan por tratar de concretar una determinada demanda ejerciendo presión a las autoridades.

Unidad II

La edad antigua abarca desde los orígenes del hombre hasta el año 476 d. C.

Grecia: el primer ensayo de organización donde los ciudadanos disponen de libertad política o en la participación en la ciudad Estado o polis.

La vida humana, individual y social se desarrolla y se cierra en la polis. No hay otra civilización que la ciudad, todo lo que se encuentra fuera de la polis es bárbaro. El extranjero es un enemigo.

El hombre se integra y se realiza en el área de esa jurisdicción política. Él pertenece la polis y viceversa. La polis es una comunidad autosuficiente. En ella se satisfacen todas las necesidades del hombre. Es una comunidad perfecta, responde a la naturaleza humana y disfruta de independencia total. La polis es el complemento y la perfección del hombre. Es un Estado pequeño. Muestra la libertad política a través de la participación en las asambleas y magistraturas. Cada polis tiene su asamblea o reunión de los ciudadanos donde se votan las leyes.

En Atenas se discuten previamente. En Esparta se aprueban o rechazan por sí o por no.

Esta participación política tiene como nombre democracia directa.

Mientras que practican la libertad política ignoran la libertad civil, o sea la libertad personal.

Los ciudadanos votaban la ley, pero la ley podía mandarles o prohibirles cualquiera cosa. Sí, y lo pongo así, porque está bien dicho.

Clasificación de formas de gobierno según Aristóteles (capo)

Puras son aquellas que tienden al bien común, divididas en monarquía, aristocracia y democracia.

Cuando se corrompen, o sea las versiones impuras, se llaman: tiranía, oligarquía y demagogia.

La tiranía es una forma degenerada y corrupta, que pervierte el bien común y dura poco. La polis debe ser gobernada por leyes, los ciudadanos participan de la sanción de la ley y ésta es igual para todos. El orden se establece y se mantiene por la ley.

Los griegos mantuvieron el concepto de que los hombres no son naturalmente iguales.

Aristóteles dice que por naturaleza algunos nacen para mandar y otros para ser mandados (y hacer mandados :-), pero como era un capo, dice que no se nace naturalmente esclavo, y que la esclavitud ignora políticamente al hombre.

Toda organización política basada en la ciudad Estado entra en crisis y desaparece durante la época helenística, expansión del Imperio helenístico por Alejandro donde se quiso combinar el absolutismo oriental con las tradiciones propias.

Escuelas filosóficas: los sofistas (que eran cualquiera) se aplicaron a los estudios humanistas mediante el razonamiento, procurando alcanzar el éxito. Se alzan contra la tradición y las leyes sagradas, sustituyéndolas por la voluntad individual del hombre.

Sócrates: cree en un orden universal derivado de Dios. Prefiere una aristocracia intelectual de los mejores y un régimen basado en la justicia. La polis es el único marco para la vida del hombre y sus leyes el mayor bien para la convivencia y el orden.

Platón: (se la comía) estudia al Estado, imaginando tres clases sociales: los sabios, los guerreros y los labradores y artesanos. A cada uno le corresponde respectivamente una de estas virtudes: prudencia, fortaleza, templanza. En la ciudad perfecta, estas tres virtudes se complementan y armonizan con la Justicia. Ésta consiste en que cada uno cumpla con su función propia.

El Estado desempeña bien su deber, pero para ello es fundamental la educación. El Estado ideal es un Estado modelo o perfecto. Deben gobernar los más aptos. El Estado debe buscar el bien, la felicidad y la virtud de todos los hombres.

Aristóteles: el hombre no puede vivir sino en sociedad. El Estado es producto de la naturaleza, satisface todas las necesidades humanas. La vida perfecta no tiene lugar más que en la polis. El bien común diferencia entre las formas de gobierno puras e impuras.

Ciudades y Guerras: el período de la Grecia heroica es la época de las polis. No obstante, hubo lazos de unión político religiosa, fiestas nacionales como los juegos olímpicos, tradición literaria a través de Homero, etc. Esparta mantuvo mayor rigidez y estabilidad en sus instituciones que Atenas.

La población se dividía en: espartanos, que monopolizaban la ciudadanía, y descendían de conquistadores, por lo que eran de carácter guerrero; pereicos, que conservaban su libertad pero no eran ciudadanos y vivían en las afueras de las ciudades, dedicados al comercio y a la industria; e Iliotas, que eran sometidos y se hallaban en situación similar a los esclavos.

En pleno esplendor de la Constitución ateniense, tuvieron lugar las guerras médicas contra el imperio persa, que duraron medio siglo. El esfuerzo realizado por los griegos para ganarlas, los llevaron a perder sus tradiciones.

Las guerras civiles entre Esparta y Atenas duraron treinta años y abrieron el proceso de crisis de la ciudad Estado como forma de organización política y de la convivencia humana, hasta su quiebra total.

Roma: la base del Derecho y de las instituciones jurídicas, estructura política y jurídica que pertenece al pueblo, a la comunidad.

El griego piensa en términos filosóficos, políticos o morales, los romanos lo hacen en términos jurídicos.

En los orígenes de Roma, es carácter fuertemente religioso, pero al perder la religiosidad tenían vigencia la ley con la aprobación del pueblo.

La ley es un pacto entre los magistrados y el pueblo.

La soberanía del Estado radica en la comunidad política de todos los ciudadanos.

La historia de Roma se divide en tres períodos: monarquía, desde el 753 hasta el 509 a. C.; la república, hasta el 27 a. C.; el imperio, hasta el 476 d. C.

Maneja tres distinciones de suma importancia:

Ius civile, que es el derecho positivo, producto de la ciudad; el ius gentium que es el derecho común a todos los pueblos; ius natural.

En la monarquía había tres instituciones:

El rey electivo y vitalicio, asistido en materia religiosa por los colegios religiosos.

El Senado, que era un cuerpo colegiado de padres o ancianos, asesorando al rey.

Los comicios, que eran la asamblea, masa de ciudadanos patricios.

El pueblo estaba dividido en tribus, divididas a su vez en treinta curias.

La república sustituye a la monarquía, designa al Estado como cosa pública o de todos. Serie de magistraturas o cargos públicos.

Se han dividido según diversos criterios. Hay magistraturas ordinarias y extraordinarias, según en épocas de normalidad o de crisis. También en magistraturas patricias y plebeyas, mayores y menores. Magistraturas con imperio, que son las que invisten las facultades que en la época monárquica pertenecieron al rey y magistraturas sin imperio, todas las demás.

La primera magistratura republicana es el consulado. Los titulares son dos, duran un año y son elegidos en los comicios. Es una magistratura ordinaria, mayor, curul, con imperio y patricia hasta el año 367 a. C.

La pretura, creada en 367 a. C., es ordinaria, permanente, mayor, curul y con imperio (todo esto no importa). En el 337 a. C. se hace accesible a los plebeyos. La función principal es decir el derecho y determinar las normas aplicables a los conflictos particulares.

La cuestura es una magistratura ordinaria, menor, sin imperio y no curul, plebeya desde su origen.

La censura es otra magistratura ordinaria, mayor, sin imperio, curul y patricia. Hasta 351 a. C. una de sus funciones principales es la vigilancia de la moral y las buenas costumbres. Llevan los censos del pueblo según los bienes que posee.

Los ediles son magistrados ordinarios, sin imperio y plebeyos desde su instauración en 494 a. C. Hay también ediles patricios que son curules.

El tribunado de la plebe, surge en 494 a. C., y es accesible sólo para plebeyos. El tribuno posee derecho de veto para paralizar las decisiones de los magistrados. Es sacrosanto, pero carece de honores de las magistraturas.

Entre las magistraturas extraordinarias se citan:

La dictadura, es una magistratura mayor, con imperio, curul, originariamente patricia y unipersonal. Su duración no excede de seis meses.

El tribunado militar, con poder consular, elegido entre los jefes del ejército y en situación de los cónsules.

El decenvirato, integrado por diez tipos.

Durante la república, el Senado es un órgano político de suma importancia.

Cabe señalar los concilios de la plebe convocados y presididos por los tribunos de la plebe. Las normas que en ellos se votan se llaman plebiscitos y se aplican a los patricios y plebeyos desde la ley de Hortensia.

Imperio: la crisis republicana se precipita en el último siglo de la república. Las reformas de Sila, cuando es nombrado dictador, la actuación de Pompeyo y Julio César, las guerras civiles, la rápida ascensión de César, que llega a dictador, su asesinato en el 44 a. C., la formación del segundo triunvirato con Octavio, Antonio y Lépido, la terminación de las guerras civiles cuando Octavio vence a Antonio, acumulando el poder entre 43 - 36 a. C., con el título de emperador. El 23 se puede considerar el principado. Los títulos de príncipe emperador, César y Augusto se emplean como sinónimos para mencionara quien ejerce el principado.

El principado o alto imperio se entiende hasta el año 284 de nuestra era, y es definido como una monarquía que inserta un nuevo órgano, el príncipe o emperador.

El príncipe absorbe la mayor parte de las funciones correspondientes a las magistraturas de la república. El Senado y los comicios pierden parte de sus atribuciones.

Se denomina constituciones imperiales a todas las disposiciones que el emperador establece por decreto, edicto o rescripto. Los decretos son decisiones judiciales; los edictos, órdenes dirigidas a los gobernadores de provincias; los rescriptos, son respuestas a consultas que efectúan los magistrados o los particulares.

La voluntad del príncipe tiene fuerza de ley, es así porque el pueblo es quien ha concedido al emperador todo poder y fuerza.

Bajo imperio o dominado. El príncipe actúa y se titula como dueño y dios del imperio.

Se inicia en 284 con Diocleciano, lleva a la reforma gubernamental que se conoce con el nombre de tetrarquía, consistente en el establecimiento de dos augustos con igual poder y categoría, cada uno de los cuales era secundado por un César con derecho a sucesión. Esto dura hasta 314, cuando Constantino vence a Licinio en oriente y unifica nuevamente la monarquía imperial. En 395 el imperio romano se divide en dos, occidente y oriente, donde tiene su capital, Bizancio renombrada a Constantinopla, la actual Estambul.

El imperio romano de occidente dura hasta 476, cuando cae con la invasión de los bárbaros, mientras que al de oriente lo hacen pinga los turcos en 1453.

Cicerón: (cenicerón) la definición sobre la forma de convivencia que llamamos sociedad o pueblo de un Estado, es una reunión de hombres fundada en el consentimiento a un mismo derecho y a una misma concepción de la utilidad común. Va a nacer así la cosa común, pública o de todos, que es la res publicae o república. Propone tender a un solo fin, que nuestro interés propio coincida con el interés general, puesto que quien todo lo toma para sí es enemigo de la sociedad. (decile a Bill Gates)

Es racionalista, acepta la existencia de una ley natural, conoce por la recta razón lo bueno, lo justo, que lo son por naturaleza y no por la voluntad de los hombres.

No hay nada superior a la razón, por medio de ésta el hombre se comunica primeramente con Dios. Existe una ley natural para todos los hombres, es única, eterna e inmutable.

Existe un maestro, gobernante común a todos, que es Dios, que impone su cumplimiento.

Quien la viole o desobedezca huye de sí mismo y de su naturaleza de hombre. Ninguna ley humana vale como tal si se opone a la ley natural.

Ni el Senado ni el pueblo pueden dispensar de cumplirla. De la existencia del derecho natural, Cicerón deriva aceptar la igualdad de los hombres todos, la necesidad de que el gobernante actúe con justicia, cada hombre asuma su función u oficio en la vida pública y privada, etc.

Séneca: (4 a. C - 65 d. C.) tiene una visión pesimista del Estado. Existe a causa de la maldad de los hombres, para combatir el pescado. El gobernante debe obrar con justicia, en beneficio de su pueblo.

El cristianismo: su influencia y la de la iglesia en lo político se extienden a través de 20 siglos.

En el año 313, Constantino promulga el edicto de Milán, por el que concede la libertad al culto cristiano y a la Iglesia. La donación que Constantino habría hecho al Papa de la ciudad de Roma y de Italia, fundó por muchos siglos el poder temporal de la Iglesia sobre los Estados pontificios.

En el año 394, el emperador Teodosio el Grande, convierte al cristianismo en la religión oficial y única del imperio.

La línea de doctrina: el poder del Estado no se ejerce sobre todo el hombre, porque en lo espiritual el hombre es súbdito de otra autoridad: la religión. Donde como beneficio para la libertad personal del hombre que sabrá su obligación a Dios antes que a los demás hombres.

La existencia y el prestigio de la Iglesia impidieron que la sociedad fuese totalitaria, y conservó la libertad manteniendo en la sociedad una organización capaz de enfrentarse al Estado.

La nueva religión de Cristo, hace al hombre centro del mundo, pero no egoísta o individualista, sino todo lo contrario. La libertad plena y verdadera del hombre proviene del espíritu y alcanza su perfección en la búsqueda y realización del bien. El cristiano encuentra una sociedad organizada y un orden político con ideologías diferentes a las suyas, pero para cambiar esto, él debe cambiar primero. Cuando el que manda se excede frente a la ley de Dios, los súbditos pueden o deben desobedecer, porque en caso de conflicto, primero hay que obedecer a Dios. Para ellos, todos los hombres son iguales ante Dios.

San Agustín: (354 - 430 - Maestro) Dos amores fundaron dos ciudades: el amor propio la ciudad terrenal, hasta menospreciar a Dios, y el amor a Dios la ciudad celeste, hasta el menosprecio de sí mismo.

Ambas ciudades han existido siempre y coexisten todavía.

La ciudad de Dios, formada por hombres que se mueven a impulsos del espíritu, y la ciudad terrenal, formada por los que responden a los estímulos de la carne con papas.

Coloca la justicia como base y fin del Estado, el gobierno debe ser justo. Donde no hay justicia no hay Estado. Ningún hombre tiene por sí mismo autoridad o poder sobre otro, porque Dios no ha conferido ese poder a nadie en particular, son los propios hombres quienes deben determinar mediante su consentimiento quien o quienes estarán para guiar a la comunidad. Deben gobernar con prudencia y con fuerza, evitando el orgullo, la soberbia y la dominación. Exige la previsión y provisión de las necesidades de la comunidad y como consejo y guía del pueblo para defenderlos. La felicidad de los príncipes es cuando reinan justamente, cuando ponen su dignidad y poder al servicio de Dios, cuando aprecian su reino sin temor de que se lo quiten, etc.

Edad Media:

Desde un punto de vista material todo lo que representa la edad media puede considerarse como original. El ensayo de una nueva vida realizado por pueblos jóvenes sobre las ruinas de un viejo mundo.

Dos etapas: la alta edad media siglos V y XI y la baja edad media siglos XII y XV

Varios sucesos:

Desaparición de una unidad política a raíz de la caída del imperio Romano de Occidente y por invasiones surgidas.

La aspiración a restablecer la unidad política perdida.

Nuevas invasiones de árabes, magiares y normandos dan origen al feudalismo.

En Oriente sobrevive y se afianza el Imperio Bizantino.

Las relaciones de la iglesia con el Estado tienen una doble línea.

Como aspectos neurálgicos:

  • La disfunción y la influencia del cristianismo.

  • La gravitación espiritual y moral de la iglesia y el Papado.

  • La disfunción del derecho romano en los ordenamientos jurídicos de Occidente.

  • El surgimiento de la escolástica.

  • La introducción del pensamiento aristotélico por medio de la filosofía árabe, judía y cristiana.

  • La aspiración a la unidad espiritual y a la unidad política.

  • Los primeros antecedentes del constitucionalismo moderno a través de cartas y fueros que reconocen la libertad y derechos a los hombres.

  • La inexistencia de un absolutismo político en Occidente.

  • La literatura política sobre el gobierno justo.

  • Problemas políticos medievales:

    El primero probable es a causa de las invasiones de los bárbaros, los pueblos de diverso origen que vivían más allá de las fronteras del Imperio; eran extraños o extranjeros.

    Tres agrupamientos:

    • Los de raza germana; comprendían a su vez los francos, anglos, alemanes y sajones.

    • Los de raza eslava; polacos, prusianos, rusos.

    • Los de raza tártara; hunos, húngaros, turcos.

    Tanto germanos como eslavos eran asirios.

    Los tártaros eran de raza amarilla.

    La invasión más importante a final de la edad antigua y comienzo de la edad media fue la de los germanos, que comenzaron su emigración pacifica hacia territorios del Imperio Romano, donde dio paso a invasiones violentas, donde también aparecen pueblos no germánicos, los hunos. A consecuencia de estos surgen varios reinos bárbaros.

  • Francia Reino Franco.

  • España Suevos.

  • África Vándalos.

  • Italia Lombardos.

  • Nos interesa destacar la situación en Francia con los Francos, los primeros bárbaros convertidos al cristianismo que aportaron consecuencias políticas debidas a su conversión.

    Y en Italia por el surgimiento de los Estados Pontificios, donde el Papa va a ejercer poder temporal durante muchos siglos.

    En lo temporal, meramente humano, lo tuvo como gobernante de un Estado, en el poder espiritual, divino. El Papa sobre todos los fieles como jefe de la iglesia.

    En el año 751 adviene Pepino el Breve como Rey e inicia la dinastía de los carolingios.

    A Pepino le sucede Carlomagno que tras otra invasión de los lombardos en el 774 recibe un pedido de auxilio del Papa Adriano y acude en su socorro venciendo y destronando al rey decidero, con lo que confirma el poder terrenal del sumo pontífice originado en la donación de Pepino. En la Navidad del año 800, Carlomagno es coronado por el Papa León III como emperador de los romanos y realiza la restauración del Imperio por vez primera después de la caída de Roma.

    Al imperio Carolingio lo han denominado Sacro Imperio Romano. Y sigue la reconstrucción de una cierta unidad política y religiosa en Europa. Pero el imperio duró poco tiempo.

    En el año 940 ocupa el trono de Germania Otón I el grande coronado en el 962 por el Papa Juan XII y es restaurada la unidad política con el Sacro Imperio Romano Germánico que sobrevive 1806 en que se disuelve después del triunfo de Napoleón. Con el tiempo se denominó Imperio Alemán.

    Otros problemas políticos se presentan, por un lado nuevas invasiones por el otro el feudalismo.

    Siglo IX y X invasión de los normandos “ hombres del norte”. Vikingos o noruegos, los suecos y daneses. Cabe citar la invasión oriental de húngaros y hunos.

    Con anterioridad se ha producido la conquista árabe a partir de la muerte de Mahoma formando el Imperio Musulmán.

    Se extendió en la India hasta el Atlántico. Los árabes estuvieron siete siglos en España.

    Feudalismo:

    Está ligado a las invasiones. La inseguridad que estas provocaban, llevó a las distintas poblaciones a buscar un apoyo y una defensa que los reyes no podían proporcionarles y la encontraron en señores más poderosos que tomaron a su custodia a los pequeños propietarios y campesinos.

    Ambas partes se vinculan con obligaciones y derechos recíprocos.

    El sistema feudal origina política de debilitamiento de la autoridad de las leyes y una situación de dependencia del poder político con respecto a la propiedad de la tierra; quien tiene la propiedad tiene la jurisdicción sobre el lugar.

    Con ser fundamentalmente religiosas las cruzadas interesan en la historia política. Son expediciones que procuran rescatar para los cristianos los lugares santos que habían caído en manos de los turcos; que privaron a los cristianos de la libertad religiosa que hasta entonces habían tenido bajo la dominación de los árabes.

    Las cruzadas surtieron numerosos efectos políticos.

    • Un mayor acercamiento y conocimiento entre los pueblos.

    • Comunicaciones entre oriente y occidente. Incluso de tipo comercial.

    • Un debilitamiento del feudalismo. Muchos señores debieron vender y empeñar sus propiedades para viajar a sus expensas.

    • Impidieron otra invasión musulmana y demoraron la caída de oriente hasta el siglo XV.

    Del auge del comercio y de la industria surge la burguesía. Los Burgos fueron los nuevos centros de población y los burgueses tenían interés en el comercio y la industria.

    Por su parte los gremios o corporaciones reunían a patrones y obreros de una misma actividad u oficios.

    La edad media nos ofrece los más remotos antecedentes del constitucionalismo moderno.

    Se llaman cartas o fueros, los documentos en que reyes, señores, abades, etc., reconocen y otorgan por acto unilateral o por pacto, determinados derechos o libertades a determinados hombres; nobles, vasallos, habitantes de una ciudad, etc. Por ejemplo la famosa Carta Magna inglesa de 1215 del rey Juan Sin Tierra.

    Pero mucho antes se conocen en España con el nombre de fueros. Cartas o fueros funcionan como limitaciones al poder político en la medida que ponen fin a sus excesos e invisten de facultades a los súbditos.

    A la caída de occidente sobrevive oriente que pronto se convirtió por su situación geográfica como la influencia del Helenismo, un imperio griego que difundió la tradición grecorromana y amortiguo simultáneamente las invasiones asiáticas contra Europa.

    La línea de doctrina.

    El cristianismo ya esta establecido y difundido en occidente más por el carácter de religión oficial que le asignó Teodosio dentro del Imperio Romano a fines del siglo IV.

    La influencia del cristianismo en la Edad Media conduce a la elaboración doctrinaria del gobierno justo. El gran pensador cristiano San Agustín (334 - 430), afirma que los reinos sin justicia se parecen a una banda de ladrones; porque no gobierna con rectitud.

    La monarquía templada (no absolutista y sometida al derecho) y el gobernante virtuoso (debe al igual que los súbditos observar la ley), se toman de la mano.

    El rey ideal esta obligado por la justicia y por la ley, es un servidor de la comunidad y un regente de Dios que tiene a su cargo regir.

    La virtud tiene enorme importancia en la política porque mitiga y modera a la autoridad. El rey sin virtud y sin justicia se convierte en tirano y éste no es servidor del pueblo.

    La búsqueda del gobernante perfecto o ideal se inspira en la imagen de príncipe cristiano.

    El tirano es el reverso del rey justo, el que obra mal, el que gobierna injustamente, será el que usa el poder en utilidad propia.

    Gregorio el Grande.

    “Ser rey no tiene en sí nada maravilloso, ya que también otros lo son. Lo importante es ser católico”.

    La concepción del gobernante justo se liga la bien común, la idea del bien común como fin del Estado. Su poder debe ser ejercido en beneficio de los súbditos.

    El orden político debe ser imitación del orden celestial.

    La edad media no conoce en occidente el absolutismo político, los reyes carecen de medios para absolutizarse: no hay ejércitos permanentes, no hay recaudaciones fiscales que proporcionen recursos económicos, etc.

    Se da más bien el fenómeno inverso: el gobernante está sujeto a las leyes como lo está también a la justicia, religión; a Dios, etc.

    El rey no debe estar sometido a ningún hombre, sino a Dios y a la ley, ya que la ley la hace el rey.

    Así como se sostiene una idea de una monarquía templada y de un príncipe justo, se afirma también la obediencia y la fidelidad a los súbditos.

    El juramento al rey tiene su recíproco: el compromiso de regir al pueblo con justicia, de defender la religión y la iglesia y similarmente, la fidelidad y la obediencia de la comunidad.

    Si éste se desvía o tuerce de este recto ejercicio, si viola la justicia la ley divina, la ley natural, etcétera, el pueblo queda desligado de la obediencia prestada.

    Son pactos en mutuo juramento cada parte debe hacer lo suyo, de lo contrario el vínculo se rompe.

    Nicolás de Cusa:

    Los reyes deben su poder y su existencia al pacto general de la sociedad. El gobierno se basa en el consentimiento de los súbditos.

    El juramento real se apunta religiosamente, el monarca lo presta en nombre de Dios y muchas veces ante los obispos.

    La paz, el orden y la libertad son elementos esenciales en la estructura política de la Edad Media.

    El poder del rey se dirige a garantizar el orden la paz y la libertad.

    Orden: Cada uno ocupa su lugar en la sociedad y cumple la función que le está asignada.

    Libertad: Ser libre significa estar liberado de algo concreto: de una carga, de una obligación, de una persona. Es el derecho de cada uno.

    La paz: significa tranquilidad y seguridad dentro del orden y de la libertad.

    La Edad Media continua la línea de elaboración del derecho natural, heredada de los Estoicos, y de Cicerón.

    Santo Tomás:

    Va a adoptar el pensamiento de San Agustín al considerar que existe una ley eterna que rige todo el universo con sus criaturas, y una ley natural que es la parte de la ley eterna aplicable a los hombres.

    La ley natural es natural porque responde a la naturaleza del hombre. Es un orden y se manifiesta en la conciencia del hombre.

    La ley señala lo justo y lo injusto no por voluntad o decisión de los hombres, sino por imperio de la naturaleza y de Dios. El hombre debe obedecerlas y cumplirlas.

    Pero la ley natural no se basta a sí misma con suficiencia, es necesaria de la ley humana que la determine, precise y complete.

    Santo Tomás arma su jerarquía cuatripartita:

    • Ley eterna (orden establecido por Dios en el universo para dirigir a todas las criaturas)

    • Ley natural. (que es parte de la ley eterna que rige a los hombres)

    • Ley divina (promulgada por Dios, dada a conocer por la revelación a los hombres) Ej. Mandamientos dados a Moisés.

    • Ley humana o positiva. (Es hecha por los hombres, y debe estar de acuerdo con la ley natural y divina)

    El derecho significa lo que es recto, es importante la rectitud porque se apoya y basa en el derecho natural porque no se desvía de lo que él señala como justo y como bueno.

    La palabra fuero o forum, designa a las libertades, los privilegios y los derechos que se conceden o reconocen a determinados hombres o poblaciones y a los documentos escritos en que se consignan.

    El derecho permanece íntimamente ligado a otros tipos de ordenamientos como la religión, la moral y el derecho canónico.

    La religión influye en el derecho.

    Sin defender el bien espiritual no hay bien común temporal. Por eso, los reyes juran proteger a la religión y a la iglesia, prestarle apoyo, y no gobernar en contra de sus prescripciones; por eso la iglesia se mete en lo temporal cuando esta de por medio la salud de las almas, la salvación de los hombres.

    El derecho canónico, como ordenamiento jurídico de la iglesia sirve de base en común con el derecho romano para dar origen a los derechos positivos de nuestros pueblos.

    El mantenimiento de un derecho que cada sociedad ha heredado y consolidado a través de usos y costumbres proporciona seguridad y orden.

    A concebir que la distinción entre lo licito y lo ilícito, entre lo justo y lo injusto, es un producto de la voluntad del gobernante que a través de la ley prescribe a los hombres el modo de comportarse.

    La idea del imperio:

    La idea de unidad política de la cristiandad subyace en toda la Edad Media parcialmente realizada en el Sacro Imperio Romano o Imperio Carolingio y con el Santo Romano Germánico.

    Recoger y reestructurar la tradición del desaparecido Imperio Romano de Occidente, ligándola a la cristiandad en la persona de un emperador cristiano. Muchos postulan la noción de un orden temporal totalmente autónomo, que no guarde relación alguna con la iglesia.

    Dante nos habla en su obra “De monarquía” una total independencia con la iglesia.

    El ius resistendi:

    La doctrina del gobierno justo, del príncipe perfecto y de la ciudad rectamente dirigida hacia el bien común, nos dieron la contraimagen del tirano como gobernante injusto.

    El derecho de resistencia pretende liberar a la comunidad oprimida del gobernante tiránico, deponiéndolo del ejercicio del poder que ha convertido en legitimo por su mal uso.

    El rey debe regir al pueblo con justicia, respetando la ley. Cuando se desvía de la justicia y del bien común, degenera en tirano. Y al tirano se lo puede resistir, destituir y matar con una fuerte dosis ética ya que la muerte del tirano se funda en la salvación y defensa del pueblo para preservar la justicia.

    Siendo entonces intolerable la tiranía, la comunidad puede resistir y deponer al tirano, una vez agotados los recursos normales y existiendo posibilidades de triunfo.

    La controversia entre el racionalismo y voluntarismo:

    Aparece un problema de suma importancia en la Edad Media, una controversia entre razón y voluntad.

    Ockam: Dios es todopoderoso, no puede estar sometido a ninguna ley, ni siquiera a la de la razón, y si manda algo lo manda porque quiere. Las cosas son como son porque Dios así lo quiere, Dios podría querer que matar a los niños fuera bueno, y una vez que los mandara sería bueno.

    Cuando Dios manda algo, lo manda porque la razón de Dios sabe que esa cosa es buena.

    Dios prohibe matar porque matar es malo, y no podría mandar matar porque estaría en contradicción consigo mismo, con su razón divina.

    La perfección de Dios consiste en que no puede mandar como bueno lo que su razón señala como malo.

    A Dios hay que amarlo pero no conocerlo racionalmente: la teología no es racional y la filosofía pierde a Dios porque con la razón no puede ocuparse de él; esta se convierte en idealismo.

    Santo Tomás:

    Logra la síntesis doctrinaria más profunda durante la Edad Media. El hombre es naturalmente sociable y se ordena a la convivencia política organizada.

    El Estado entra en el plan divino como institución natural y necesaria para la perfección del hombre.

    El fin del Estado es el bien común; el bien de la comunidad. El hombre se hace parte del Estado siendo el bien de todos más excelente que el bien de cada uno.

    Se preocupa por el mejor régimen político, la unidad de la monarquía como gobierno de uno solo, le parece el más perfecto; pero prefiere un régimen mixto que combine las diversas formas de gobierno.

    En cuanto al origen del poder, todo poder deriva de Dios, pero en concreto Dios no inviste particularmente a ningún hombre ni determina ningún régimen político. La concesión del poder a un hombre es un hecho humano.

    Descalifica a la tiranía y al tirano, porque se apartan del bien común para buscar el bien particular del gobernante.

    El oficio del rey consiste en dirigir a los súbditos de acuerdo con la razón.

    En razón de pecado y para cuidar de la salvación de las almas, la iglesia posee un poder indirecto sobre lo temporal; mediante el cual puede excomulgar al gobernante que viola la ley divina y desligar a los súbditos del deber de obedecerlo.

    Una pendiente ideológica hacia el absolutismo.

    En la Edad Media, en occidente no se conoce el absolutismo, sin embargo encabalgado sobre la disputa ideológica entre el curialismo pontificio y los defensores del poder real, atisba un régimen de doctrinas que acusan la tendencia hacia el poder absolutista del monarca.

    La polémica ya no es doctrinaria sino real, entre el Papa Bonifacio VIII y Felipe el Hermoso de Francia.

    Marsilio de Padua, expositor anticipado y precoz de la soberanía popular, exalta el poder estatal, debe separarse de la iglesia y del papado.

    La edad media española:

    Las doctrinas españolas de la época, dada la proximidad cultural y espiritual con América Latina.

    Dejada de lado la primitiva concepción del rey como dominador, pasa a ser como rector del pueblo para la represión del mal.

    El uso del poder sólo es recto cuando se ejerce para el bien. El rey esta sometido al derecho y no es absolutista ni arbitrario. El mal rey deviene de tirano.

    Para San Isidoro de Sevilla, tirano es quien rige sin haber sido legítimamente designado; careciendo de justo titulo.

    El acceso al trono supone una elección organizada, y el rey debe juramento al pueblo de proteger a la iglesia, defender la fe y el reino y gobernar con justicia. Sólo después de esto, la comunidad presta juramento de fidelidad.

    El poder del rey nace de la conquista, por incorporación de territorios recuperados a los moros. Así ocurre hasta el siglo XI mediante elección, herencia, matrimonio, etc. Los territorios españoles se van integrando en reinos. Encontramos en España los reinos de León, Castilla, Navarra, Aragón, El principado de Cataluña.

    Hasta fines del siglo XI los súbditos no cristianos quedan fuera de la ley, careciendo de verdadero status jurídico.

    Vuelve a tomar curso la idea de que el ejercicio del poder se endereza al bien de la comunidad y no al beneficio personal del rey.

    El poder real es rector de la comunidad para mantener en ella el orden, la paz y la justicia, y lejos de ostentarse como absolutista está limitado por la religión y por el derecho.

    Los asuntos importantes son consultados con todos los grandes y prelados del reino, reunidos en asamblea o concilio, llamados desde el siglo XII curia o corte.

    Durante la baja Edad Media prosigue la unión e integración de territorios en una sola comunidad política, absolutista, incluso territorios musulmanes y de otros infieles. Con respecto a estos últimos, el contracto con ellos es reducido pero se les niega toda personalidad jurídica.

    Solo con el descubrimiento de América el pensamiento político va a ahondar en el tema de la incorporación de comunidades infieles.

    En 1286 la unión de Aragón y Cataluña se denomina Corona de Aragón y Cataluña. La unión definitiva de Castilla y León durante el reinado de Fernando el Santo se denomina Corona de Castilla. Se integran los reinos moros de Córdoba, Sevilla, etc.

    La palabra corona designa la unidad indivisible de todos los reinos y el conjunto que compone una sola unidad política.

    La iglesia y las controversias medievales.

    La Edad Media es teocéntrica y cristiana. Podemos decir cristiana pero no católica; porque todavía no se han producido escisiones fundamentales.

    La ciudad terrena está íntimamente ligada a la iglesia y al cristianismo, que arranca de la progresiva conversión de los bárbaros, los primeros fueron los Francos, no sólo por la influencia política sino por los pueblos cristianizados, antes eran arrianos debido a Arrio de Alejandría que negaba la divinidad de Jesucristo y su igual esencia con Dios padre.

    Al comenzar la alta Edad Media, la iglesia ya está en condiciones de evangelizar a los pueblos no cristianos y de ir extendiendo su influencia espiritual y cultural en Europa.

    Hay un factor externo que hará que el Papa además de jefe espiritual de la iglesia, sea jefe temporal de un Estado que con el nombre de Estados Pontificios durará desde 756 - 1870.

    Durante el transcurso de los cuatro primeros siglos de la Edad Media, la ciudad eterna fue cayendo en poder de los Papas; no porque éstos trataran de apoderarse de ella, sino porque el pueblo romano se acostumbro a considerar a la Santa Sede como la única fuerza temporal y espiritual capaz de defender la ciudad contra el hambre la miseria, las pestes, la herejía y los bárbaros. La relación entre espiritual y temporal no siempre fue pacifica ni armoniosa.

    Al comenzar la Edad Media, la iglesia tiene armado ya su cuerpo de doctrina y dentro de él, también los principios básicos que hacen a lo temporal, ya relacionada con la ciudad terrestre.

    La sociedad se inspirará en el cristianismo.

    Políticamente la ciudad temporal procurará acomodarse a “la tesis” de la iglesia. La ciudad terrena deberá ser cristiana: tendrá sentido, entonces, se puede hablar de una “Res-publica cristiana”.

    La línea de doctrina sobre las relaciones con el poder temporal.

    El primer documento pontificio que suele citarse en el tema de la relación entre Estado e iglesia es la carta dirigida por el Papa Gelacio I al emperador Anastasio. En ella le recuerda que la realeza existía ya antes de Cristo. Pero después de él, ningún rey puede tomar el título de Pontífice. Cristo ha querido que las autoridades que tienen a su cargo procurar la salvación de las almas quedaran equilibradas. Por eso los emperadores cristianos han de dirigirse a los pontífices, y estos podrán disponer de la ayuda de los emperadores en lo que haga a la vida temporal. La tesis gelesiana utiliza dos gobiernos: uno espiritual en orden a la salvación, que incumbe a la iglesia y el otro temporal en orden a la vida terrena, que pertenece al emperador.

    Gelacio dice al emperador: hay que someterse al orden espiritual o religioso más que dirigirlo.

    Es importante afirmar que el gobernante temporal es un brazo de la iglesia para ayudarla a cumplir su misión salvítica, para castigar a los pecadores, para asegurar el reino de Dios en la tierra.

    Sin el bien religioso o espiritual, no hay bien común temporal.

    El bien espiritual es fin privativo de la iglesia. Tiene la función de ministerio y de servicio con la iglesia para cuidar la fe, moral y salvación de los hombres.

    Pedro Damián:

    Cardenal y obispo, concibe al Estado como instrumento para reprimir a los malvados. Cree que el poder temporal es uno de los servicios para colaborar en la salvación de las almas. El príncipe es un ministro de Dios para el bien.

    En resumen, no ha de extraviarse la visión básica de que los siglos XI a XIII significan una supremacía eclesiástica, el triunfo de la iglesia.

    La iglesia expresa la totalidad del mundo.

    Ambos poderes vienen de Dios.

    Bonifacio VIII:

    Afirma que no hay más que una sola iglesia y dentro de ella dos poderes el espiritual y el temporal, ambos al servicio de la iglesia y subordinando el segundo al primero.

    Al Papa le han sido confiadas las dos espadas para la salvación de las almas.

    Hay una sola cabeza, que es el Papa, quien se halla sobre los hombres y los reinos. Poder pleno pontífice.

    Pero en la misma época hallamos la posición contraria. No olvidemos la querella entre el Papa Bonifacio y Felipe el Hermoso de Francia. Juan de París sostiene que el príncipe debe a la iglesia y al Papa pero dice que el príncipe tiene un poder distinto que le es propio y que no le viene del Papa, si no que viene directamente de Dios.

    Los Gibelinos sostenían la independencia del Estado frente a la iglesia, eran los que hoy llamaríamos liberales.

    Dante: El imperio debe velar por la felicidad, y la iglesia por la salvación de los hombres.

    El imperio es el principado único, superior a todos los demás poderes temporales y a todos los seres y cosas que pueden medirse por el tiempo, cree que el género humano debe ser regido por un solo monarca, el emperador.

    Realiza todo tipo de argumento de supremacía pontificia o eclesiástica sobre el reino temporal.

    Marsilio de Padua:

    Es anticlerical. El poder temporal debe ser absoluto.

    El hombre es naturalmente sociable y el Estado surge de esa naturaleza. Pero de ahí en más postula el absolutismo del Estado.

    Afirma la superioridad del Estado sobre la iglesia.

    El pueblo es la fuente y el asiento del poder. La soberanía reside en la comunidad. También el legislador primario es el pueblo. Y el dictar la ley es el primer ejercicio de la soberanía.

    Su concepción se traslada al ámbito religioso, para negar el origen divino de la iglesia.

    La iglesia esta dentro del Estado y sometida a él.

    Ockam.

    No destruye a la iglesia ni al papado. El Papa no es superior al rey, pero inviste mayor dignidad.

    Los príncipes carecen de poder temporal.

    Acepta que lo espiritual esta siempre bajo jurisdicción de la iglesia y que lo temporal lo está algunas veces por razón de pecado y por cuestiones mixtas.

    La querella de las investiduras.

    La línea doctrinaria necesita complementarse con la historia de las relaciones entre ambas potestades.

    Sabemos que la iglesia convierte y civiliza a los bárbaros progresivamente.

    La influencia de la iglesia y de los Papas en los primeros siglos de la edad media. Entramos de lleno en las relaciones conflictivas o querellas medievales entre el poder espiritual y el poder temporal.

    Obispos y pontífices pueden incurrir en pecado y hasta en error, debilitando la imagen humana de la iglesia.

    En 1073 llega al pontificado el monje Gregorio VII y se dedica a la reforma de la iglesia para depurarla de todas las costumbres viciosas y de las ataduras al poder civil.

    Para separar la iglesia de las estructuras feudales y recobrar su independencia, Gregorio prohibe los sacerdotes, obispados o abadías de manos de seglares y sanciona con pena de excomunión a todo emperador, rey, duque, que conceda la investidura de un obispado o de cualquier dignidad eclesiástica.

    Enrique IV, emperador de Alemania, resistió a las tesis reformistas del Papa, quien lo amenazó con excomulgarlo. Tal actitud tuvo su réplica papal. Gregorio VII excomulgó al emperador y liberó a sus súbditos del juramento de fidelidad. La situación se volvió difícil para el emperador, quien acudió al Papa y reclamó su perdón; pero la reconciliación no duró mucho tiempo. Las luchas por las investiduras prosiguieron durante muchos años entre los sucesores de Gregorio VII y el emperador.

    Cuando el Papa Bonifacio VIII emite su bula, levanta la propuesta del rey Felipe el Hermoso, que acusa al pontífice de herético. Bonifacio se dispone a excomulgarlo, pero el monarca se anticipa y envía a Italia a un enemigo personal del Papa, lo hacen víctima de un atentado y lo ponen preso en cautiverio, liberado poco después muere en el mismo año. Pero encontrándose los Papas inseguros en Italia, abandonan Roma y fijan sede en Avignon. (Francia).

    El destierro de Avignon causó mucho mal a la iglesia, aumento la presión política de la monarquía francesa sobre el Papado.

    Unidad III

    El humanismo moderno independiza al hombre de Dios. Dios seguirá siendo objeto de la teología, pero no ya de la filosofía ni de la ciencia.

    En política, la edad moderna se caracteriza por el absolutismo.

    El siglo XVI asiste al surgimiento de España como potencia universal.

    Atrapa toda la política europea con muy escasas excepciones.

    Ideológicamente, la filosofía ha empezado con Descartes y la Ciencia renacentista ha quebrado todo vínculo con la edad media.

    Francisco Bacon ha utilizado el método experimental, y la Ciencia evoluciona mediante la razón y la experiencia.

    Desde la finalización de las cruzadas, se produce una apertura de Europa a través de viajes, comercio y peregrinaciones.

    Los descubrimientos geográficos y técnicos van a hacer su aporte: la pólvora, la brújula, etc. modifican la guerra, la navegación, etc.

    Nuevos conocimientos científicos muestran que la tierra no era el centro del universo.

    Las grandes potencias comienzan a expandirse colonialmente.

    En el renacimiento comienza la crisis donde el hombre va a postular la autonomía, dependencia con respecto a las leyes recibidas de afuera.

    En lo religioso esta posición toma cuerpo y expresión con la Reforma Protestante.

    Problemas políticos de la modernidad.

    La edad moderna empieza en el año 1453 con la caída del imperio de oriente, al ser tomada Constantinopla por los turcos. Se presume que su aparición fue a mediados del siglo XV, su gestación era ya en la edad media cuando las creencias sociales y la organización medieval entraron en crisis.

    Desplazamiento de Dios, se inicia en el hombre una inseguridad y soledad a consecuencia de esto el hombre va a ocupar el centro de las preocupaciones de la mente y las especulaciones de la razón.

    El absolutismo:

    El absolutismo del Estado se encuentra dentro de un marco real, que mediante múltiples factores condiciona la posibilidad de reforzar al poder.

    Según Brinton la tiranía renacentista y el déspota son tipos frecuentes.

    La pólvora, fortalece al poder real al no poder conquistar los castillos, cobro de impuestos y ejércitos permanentes.

    El espíritu renacentista tiene en la política una admiración hacia las formas políticas de la antigüedad de Grecia y Roma, hallamos elaboraciones doctrinarias propiamente modernas que inclinan al pensamiento político hacia el absolutismo.

    La elaboración de las teorías de la soberanía absoluta y de la razón de estado inclinara también la balanza hacia el poder real fuertemente concentrado. Estamos ante la exaltación del Estado, y no olvidemos que ha roto todo ligamiento con la iglesia.

    El siglo XVII es el siglo del absolutismo real, caracterizado por un gobierno unipersonal de un rey que carece de limitación proveniente de otros órganos o instituciones exento de control, de responsabilidad y rendición de cuentas.

    Inglaterra: superadas la guerra de los cien años con Francia y la guerra civil llamada de las Dos Rosas, con Enrique VII se afianza el poder real durante los 180 años que detentan (¿la detentaron?) la corona los Tudor.

    Con Jacobo I, rey defensor de la doctrina del derecho divino de los reyes, Carlos I tuvo un breve periodo de república, tras el cual se restauró la monarquía de los Stewart y se acusa el final del absolutismo inglés.

    Francia: con Luis XI quien con uno de sus sucesores Francisco I se consolida la unidad territorial de Francia. En 1589 comienza la dinastía de los Borbón, con Enrique IV, quien sintetiza “ el Estado soy yo”.

    La revolución francesa encuentra todavía a un Borbón Luis XVI en el trono. Los Parlamentos no vuelven a ser convocados ni a reunirse hasta 1789.

    España: Fernando de Aragón e Isabel de Castilla unidos en matrimonio en 1469 llevan a cabo la unidad española en lo territorial y en lo religioso con la expulsión de los moros y judíos. El nieto de ambos llega al trono de España como Carlos I y en Alemania como Carlos V. Se introduce en España la dinastía de los Habsburgo, llamada también la Casa de los Austria.

    Implantan un absolutismo basado en la centralización política; de la decadencia de las Cortes y la decadencia de los Municipios.

    La llamada “unidad nacional” será consumada más tarde, con el reinado del primer Borbón Felipe V.

    Referente a España a mitad del siglo XVI la “monarquía española” que se había considerado antes como la “Corona”, empieza a presentarse no como unión de reinos, sino como un cuerpo político.

    Se va formando un conjunto de instituciones, consejos, ejércitos, etc., con independencia de los reinos y propio de la monarquía.

    La monarquía española es una forma de unión política de muchos reinos y territorios que son regidos por un mismo rey. A diferencia de la baja edad media, en que reino y monarquía se toman como sinónimos.

    Bajo Felipe V ya no es una unión de reinos sino una unidad.

    El Santo Imperio Romano Germánico o Imperio Alemán entra a la edad moderna con la dinastía de los Habsburgo. En el seno de este surge Prusia; paralelamente Suecia, Dinamarca, Noruega, URSS.

    Situación de Italia: en la época del renacimiento, Italia se halla dividida en múltiples Estados, que confían el poder algún personaje y prestigioso, da lugar al sistema de señorío, establece a importantes familias que se trasmiten el poder hereditariamente.

    Tensiones y luchas animan las relaciones políticas entre dichos Estados. Los jefes de las señorías acceden al poder en el marco de los pequeños territorios donde se proclaman como jefes.

    No faltan invasiones extranjeras.

    La política se lleva a cabo al margen de la ética.

    República de Venecia: mantiene el gobierno del dux como jefe supremo dentro de un régimen aristocrático. La clase patricia detenta de hecho, funciones públicas.

    Florencia: a diferencia de Venecia se organiza como república democrática. Tiene a su cargo la defensa de la ciudad y el mando de su compañía.

    La familia de mayor tradición e influencia social y política es la de los Médicis.

    La historia de Florencia está ligada a la situación de Jerónimo Savonarola, que lo lleva a censurar la corrupción reinante y la inmoralidad de su época. La vida política se agita alrededor de Savonarola. Restaura otra vez la noción del tiranicidio en defensa de la comunidad, y critica la corrupción del alto clero. En 1497, el Papa Alejandro VI lo excomulga del gobierno de Florencia lo defiende contra la ola, termina con su ahorcamiento.

    El descubrimiento de América: uno de los acontecimientos más importantes de la edad moderna es el descubrimiento de América en 1492 con la incorporación de las Indias a la Corona, los pontífices les imponían a los reyes el deber de evangelizar a los indígenas y que las tierras y los naturales de América quedaran sometidos políticamente por la misma concesión a la Corona de Castilla.

    Bartolomé de las Casas: la libertad de los indígenas y su plena autoridad política sobre las sociedades por ellos reformadas. Rechazando la tesis de que pueda sometérselos y atacando de injusta la guerra que se les hace.

    Francisco de Victoria: rechaza muchos de los títulos habitualmente invocados por considerarlos injustos e ilegítimos a la luz del derecho natural, niega todo valor a la concesión pontificia por no admitir el poder temporal del Papa y menos sobre los infieles.

    Encuentra en cambio algunos títulos justos, como la sumisión libre y voluntaria de los propios indios a los reyes de España, el derecho de los españoles de viajar a América y comunicar con sus naturales, el derecho a hacer la guerra a los indios si estos se opusieran a permitir la predicación, o las conversiones logradas por la predicación permitida, etc.

    En definitiva, es fundamental destacar la base ética y religiosa de la preocupación por justificar la presencia de España en América.

    La reforma: la reforma protestante desmorona definitivamente la unidad religiosa y hasta cultural de Europa.

    Martín Lutero es el iniciador de la reforma, dice que el hombre se salva por la fe en Cristo y no por las buenas obras.

    La naturaleza está esencialmente corrompida por el pecado original; la justificación sólo proviene de la fe.

    Separado de la iglesia y excomulgado, Lutero cree en espiritualizar a la nueva iglesia que funda, aboliendo toda autoridad religiosa que no sea la de la propia conciencia de cada hombre; convierte a cada uno en propio interprete de la verdad religiosa revelada en la escritura.

    Políticamente la tesis teológica de Lutero repercute en forma desfavorable para la libertad y consolida el poder absoluto de las monarquías absolutas.

    Las iglesias reformadas van a restaurar a lo último la unión de lo temporal y lo espiritual en el gobernante temporal y a hacer desaparecer el control potencial de la iglesia católica sobre lo temporal en razón de pecado. Los primeros protestantes ni predicaron ni practicaron la tolerancia religiosa; la reforma contribuyó a fortalecer la autoridad del Estado. Tampoco fue el protestantismo un movimiento racionalista.

    Todo lo que significa un intermediario entre el hombre y Dios estropea su intimidad; el hombre replegado en sí mismo, presupondrá que el mundo es solamente una idea por él pensada.

    Política y moralmente decía Lutero que cada hombre que escuchase a algo en su Interior existía; y que desaparece a todo lo que estuviese fuera de sí mismo, leyes, costumbres, tradiciones, toda la herencia cristiana de la Edad Media.

    La tolerancia surgirá cuando la ruptura definitiva de la cristiandad sea un hecho consumado e irreparable.

    Juan Calvino: entre 1541 y 1564 gobierna a la ciudad de Ginebra con un absolutismo severo y dictatorial.

    La teología calvinista gira en torno del dogma de la predestinación. Hay hombres predestinados por Dios para salvarse enteramente, como los hay predestinados para condenarse.

    A los primeros queda reservado como elegidos que son, el gobierno de la ciudad temporal. Y el signo visible de la predestinación en este mundo es el éxito, la riqueza, el poder.

    El gobernante debe gobernar para hacer posible la salvación de sus súbditos, su virtud y su santidad.

    Al gobernante no se lo puede resistir, porque es el lugarteniente de Dios, convertido en jefe, y costaría muchas lágrimas, mucha sangre y ocasionaría cruentas guerras religiosas.

    Reinando en Alemania Carlos V asimismo rey de España fue convocada la Dieta o Asamblea de Señores y Príncipes donde ordenaba quemar sus escritos y lo expulsarle del imperio, donde se refugió y vivió oculto en el castillo de un amigo.

    Políticamente la rebelión Luterana dio pretexto a la secularización de bienes de la iglesia, y a la llamada guerra de los campesinos.

    La pobreza de la iglesia sirvió de motivo al apoderamiento de sus bienes por parte de los señores, caballeros, etc., y a la sublevación del campesinado, los insurrectos que reclamaban abolición de diezmos, de censos y de la servidumbre, asaltaron e incendiaron conventos y castillos, hasta que Lutero, aliándose a los príncipes, logró la exterminación de los rebeldes y su derrota completa en 1525.

    En 1529, el emperador Carlos V reunió otra Dieta que resolvió tolerar al luteranismo en los lugares donde ya estaba propagado, pero impedir su extensión a otros.

    La Dieta de Augsburgo reunida para procurar una conciliación, fracasó en su intento.

    La Dieta concedió a los protestantes un plazo de seis meses para convertirse al catolicismo, anunciando que vencido el lapso, habría una condena emitida a Lutero y sus partidarios. En reacción, los protestantes formaron en 1531 la liga defensiva decidiéndose la lucha por las armas, a través de una prolongada guerra civil.

    La iglesia reformada se implanta en Sajonia y en diversos lugares de Alemania.

    En 1545 el Papa Paulo III convoca al concilio de Trento, mientras Carlos V, ante las amenazas de invasión de los turcos, la guerra con Francia y las luchas civiles, hubo de firmar la paz de Nuremberg y el tratado de Passau donde reconocían temporalmente la libertad religiosa de los reformados.

    En 1555 la paz de Augsburgo autorizó en Alemania a ambas religiones y a los príncipes el derecho de establecer su propia fe en los respectivos Estados.

    Luteros y Calvinistas se unieron en la Unión Evangélica, hasta que en 1618 estalló la guerra de treinta años, que consagró definitivamente la ruptura de la cristiandad y reiteró los principios de paz de Augsburgo, reconociendo oficialmente al protestantismo.

    Por primera vez en Europa, los hombres habían luchado y se habían dado la muerte recíprocamente por cuestiones religiosas.

    También debemos referirnos a las guerras religiosas en Francia. Muerto el rey Francisco I comenzaron las rivalidades entre las familias principales, la reina madre Catalina de Médicis inicia una política de tolerancia, procurando evitar una guerra civil. En 1562 el edicto de San Germán autoriza el culto calvinista en el campo.

    Ocho guerras religiosas cubren el largo periodo entre 1562 - 1593. En las cuatro últimas se disputan cuestiones políticas y dinásticas.

    Durante el transcurso de la lucha ocurrieron episodios siniestros, el partido católico formó en 1576 la Santa Liga o Unión Católica.

    Cuando Enrique IV, Borbón toma la corona, la liga no lo acepta por no ser católico, pero en 1593 el rey deja el protestantismo y es coronado.

    En 1598 el edicto de Nantes garantiza a los protestantes la libertad de conciencia y la de culto en los lugares en que se hallaba instituido con anterioridad a 1597.

    Les reconocen iguales derechos que a los católicos, por ejemplo desempeñar cargos públicos. Estuvo en vigor hasta 1685; en que el rey Luis XIV lo revocó prohibiendo el culto protestante.

    Políticamente logró el odio de los protestantes contra los católicos y el de los Estados de aquella fe contra Francia.

    La iglesia Católica no fue pasiva frente a la reforma. Su contra-reforma se centró fundamentalmente en el concilio de Trento.

    El concilio ecuménico restauró la doctrina, la moral y la renovación de la vida católica.

    Inglaterra: del cisma anglicano a la revolución de 1688

    El cisma reformista se produce con Enrique VIII dando origen al anglicanismo. En un comienzo aparece como teólogo católico, pero una cuestión matrimonial desencadena su rebeldía contra Roma. Se negaba la anulación de su casamiento con Catalina de Aragón en momento en que pretendía unirse a Ana Bolena. Un arzobispo bendijo el matrimonio sin dispensa papal y Enrique VIII es excomulgado en 1533 por el Supremo Pontífice. Entonces hizo sancionar por el Parlamento inglés el acta de supremacía por la que se lo proclamaba Jefe Supremo de la iglesia de Inglaterra y se obligaba a los súbditos a prestarle juramento de fidelidad. Enrique VIII muere en 1547 y le suceden en el trono sus 3 hijos: Eduardo VI, María Tudor e Isabel que oficializa la doctrina religiosa del anglicanismo en la nueva iglesia de Inglaterra; el anglicanismo ha sido la religión protestante menos separada del catolicismo

    Al morir Isabel adviene al trono la dinastía de los Estuardos con Jacobo I que impone anglicanismo a todos los súbditos, provocando la emigración de los puritanos, también protestantes pero de la afiliación calvinista.

    Al morir Jacobo I le sucede su hijo Carlos I (1625). La rivalidad entre el rey y el Parlamento se hace notar ya en el tercer año de su reinado.

    La reacción del monarca no se hace esperar demasiado y disuelve el Parlamento que no vuelve a reunirse durante 11 años hasta que en 1640 se ve obligado a convocarlos. Se conoce con el nombre de Parlamento largo.

    El Parlamento entró enseguida en lucha con el rey. Los parlamentarios sublevados contra el rey obtuvieron el triunfo después de una guerra. El rey se refugió en Escocia, pero fue tomado preso y vendido a los parlamentarios en 1647. Se consiguió que se formara causa contra Carlos I bajo la acusación de tiranía, traición y violación de la Constitución inglesa; culminó con la condena de muerte en 1649.

    Proclamada la primera y única República en la historia política de Inglaterra, Lord Cromwell se proclama gobernante, su gobierno fue una verdadera dictadura que en 1653 lo llevo a disolver el Parlamento.

    Duró solamente once años durante cuyo transcurso se dictó también la primera y única Constitución escrita que ha tenido Inglaterra.

    En 1660 se restablece la monarquía con la restauración de los Stewart en la presencia de Carlos II.

    Se dicta también 1679 el bill de Corpus Corpus.

    Fallecido éste, le sucedió Jacobo II que era católico. Su política de tolerancia, favorable al catolicismo, concitó la reacción del Parlamento que lo depuso del trono reemplazándolo por Guillermo de Orange.

    Es la revolución de 1688 que pone fin al absolutismo monárquico y a las luchas religiosas. Establece el documento de la declaración de Bill of Rights y conduce al sistema parlamentario dentro de una monarquía constitucional (siglo XVII).

    Durante el siglo XVIII, Inglaterra consolida su monarquía constitucional en un sistema de gobierno parlamentario caracterizado por la existencia de un gabinete que con el primer ministro a la cabeza ejerce el Poder Ejecutivo y necesita la confianza del Parlamento para poder gobernar.

    El Parlamento inglés remonta sus orígenes a la edad media donde también existía un gabinete. En Inglaterra aparece en el siglo XVIII cuando el rey Jorge I, sin saber hablar inglés, no va a las reuniones ministeriales, y es sustituido por el primer ministro. Reconoce éste que es responsable ante el Parlamento.

    De este modo, la lucha entre el rey y el Parlamento que desaparece durante los reinados de los Stewart como reacción contra el absolutismo, prepara la supremacía del Parlamento sobre el monarca que se consolida en el siglo XVIII.

    Desde el siglo XVIII data también la formación de dos partidos políticos ingleses, los conservadores, partidarios del derecho divino de los reyes y de una monarquía fuerte y religiosa, y los liberales, inclinados a la tolerancia religiosa y a la limitación del poder real.

    Cuando estas tendencias se delinean ya como partidos dentro del Parlamento, los liberales van a pretender que el rey designe sus ministros entre el elenco que tenga mayoría en el Parlamento.

    El pensamiento absolutista:

    En el viraje ideológico introducido por la modernidad, el pensamiento político se inclina inicialmente al absolutismo.

    Maquiavelo es su primer expositor.

    Hay un absolutismo que calificamos de pagano, porque elimina toda consideración religiosa o teísta. Y hay un absolutismo religioso, que monta su posición sobre supuestos divinos. Los de primera categoría son Maquiavelo, Bodin y Hobbes (dos paganos y uno religioso).

    Los de segunda categoría son Jacobo I y Bossuet. (Ambos religiosos).

    El absolutismo pagano deja de lado toda consideración ética y religiosa, porque la razón del Estado está en el Estado mismo, fuera de la ética.

    Tanto Maquiavelo como Hobbes ignoran a Dios y la ética como soluciones prácticas y positivas en la organización política.

    Nicolás Maquiavelo:

    La edad media ha terminado y con ella el humanismo cristiano, la modernidad irrumpe contra el Renacimiento.

    Las intrigas, la lucha, invasiones exteriores, la guerra con ejércitos mercenarios, el juego político más allá del bien y del mal, etc., crean un clima político en el que Maquiavelo va a hablar, ya separadas, de la política y de la ética.

    Introduce en la ciencia política el método realista, histórico o empírico, y se maneja con la realidad. Ve las cosas tal como son; abdicando de preocuparse por saber cómo deben ser.

    El príncipe y el poder son medios o instrumentos para alcanzar el fin de la política que es la grandeza y el bien del propio Estado. Su defensa conduce a la defensa y conservación del Estado.

    Maquiavelo acuña su catecismo para el príncipe en orden a la conquista, ejerciendo y mantenimiento del poder en bien del Estado.

    Introduce al lenguaje político la palabra Estado con el sentido moderno y actual de organización política de una comunidad y dice que todos los Estados son principados o repúblicas. También hay una clasificación de las formas de gobierno.

    Maquiavelo convierte al Estado en el fin de sí mismo. La actuación política del príncipe ha de encaminarse a formar y fortalecer el Estado. La ciencia política se ocupa de determinar como se forma y se mantiene.

    La salvación del Estado está por encima de toda consideración de justicia o injusticia.

    Según la necesidad, el gobernante deberá ser bueno o malo, justo o injusto. Lo que debe no está regido por la ética ni por la justicia, sino por lo que es necesario para el Estado.

    La política es una lucha, en esa lucha hay que subsistir. El egoísmo, el temor y la fuerza son las armas a emplear para ganar esa batalla.

    Se plantea la trágica pregunta de qué le vale más al príncipe: ser amado o ser temido.

    Por un lado, es más seguro ser temido, lo que no significa ser odiado. Por otro, el príncipe que desea conservar el poder tiene que aprender a ser bueno o malo según la necesidad.

    Después de Maquiavelo los príncipes y líderes de los Estados modernos, al emplear la injusticia para establecer el orden, y al hacer el mal para satisfacer su ambición de poder, tendrán la conciencia limpia y sentirán que cumplen su deber como jefes políticos.

    Juan Bodin:

    El absolutismo de Bodin tiene un sentido diferente al de Maquiavelo y Hobbes.

    El gobernante es absolutista porque está desligado de responsabilidad frente a la comunidad o exento de rendir cuentas al pueblo. Pero su poder reconoce límites.

    Introduce el derecho en la política, busca la justicia, ordena el concepto de la soberanía, y aconseja reformas.

    República: el recto gobierno de varias familias y de lo que le es común con poder soberano, que une a los miembros de un cuerpo.

    Se es ciudadano, no por intervenir en la república, sino por ser súbdito de un poder soberano.

    Quienes son soberanos no están sujetos al mando de otros y pueden dar leyes sin consentimiento de nadie.

    El primer contenido o signo de potestad soberana es la potestad de legislar. Le siguen el poder de hacer la guerra, de juzgar, otorgar gracia, de acuñar moneda, de recaudar impuestos.

    Bodin asigna ciertos límites al poder soberano. La ley divina, las leyes naturales, las leyes fundamentales del reino, los tratados con otros Estados; los contratos con los propios súbditos.

    Su concepción de la soberanía habría servido para afianzar al rey de Francia y superar el dislocamiento interno.

    Tomás Hobbes:

    Vive una atmósfera de absolutismo que a mediados del 1600 sufre los primeros colapsos.

    En 1651 Hobbes publica “El Leviathan”.

    Vivió 11 años voluntariamente exiliado de Inglaterra; residió en París, Francia, y viajó por Europa.

    Arranca el origen del Estado de un pacto o contrato. Antes de él los hombres han vivido en un estado de naturaleza bélico, dominado por el egoísmo y la lucha de todos contra todos.

    Afirma que homo hominis lupus. Y de no salir de ese estado, la especie humana se destruiría.

    Los hombres pactan voluntariamente por miedo, por conveniencia, por interés. Y pactan ellos solos y entre sí, para crear el Estado, y erguir un gobernante.

    El contrato es unánime, lo hacen todos. El gobernante no interviene para nada.

    Admite un contrato único (pacto de unión).

    El objetivo del pacto y de la creación del Estado radica en la seguridad de la vida de cada uno. Pero ello tiene un precio elevado: el compromiso de tener por bueno y justo lo que el gobernante ordene.

    Acá estamos ante un absolutismo crudo, ante un despotismo sin límites, la ley humana es la única medida de la justicia.

    Los hombres no tienen derechos naturales; sólo los que el Estado quiera otorgarles como regalo gracioso.

    No se plantea posibilidad de conflicto entre ley natural y ley humana porque el Estado es el que califica las acciones como justas o injustas. Antes del Estado no hay nada justo o injusto por sí mismo.

    El gobernante, extraño al pacto, no está sujeto a las leyes que dicta, la ley no lo obliga, porque él la hace y la abroga.

    Pero tiene la obligación de cuidar la seguridad de los súbditos, porque estos crearon el Estado para vivir seguros.

    Siendo el pacto irrevocable, porque ha sido realizado por unanimidad, los súbditos carecen de derechos de resistir al gobernante en caso de exceso o tiranía.

    Los súbditos conservan sin embargo el derecho de defender su vida y el de negar la obediencia en el caso extremo de que el gobernante sea incapaz e impotente para mantener la seguridad cuya defensa ha sido el objeto del pacto.

    No hay autoridad espiritual o religiosa que pueda oponerse al Estado.

    Jacobo I:

    Rey de Inglaterra entre 1603 y 1625.

    La doctrina del derecho divino de los reyes había sido producto del protestantismo que opuso el carácter absolutista del rey al carácter absolutista del Papa. Sería inobjetable, porque se sitúa en la afirmación de San Pablo, de que todo poder proviene de Dios.

    El monarca es representante directo de Dios, elegido por él. El poder real no está limitado frente al pueblo y el monarca está exento de toda responsabilidad ante los hombres, porque sólo es responsable directo delante de Dios.

    Sus doctrinas iban encaminadas a respaldar su poder absolutista en el trono.

    Bossuet:

    Obispo y aliado intelectual del rey Luis XIV, piensa en un rey absolutista, pero embebido del espíritu cristiano de justicia y rectitud.

    La política de Bossuet es siempre fundamentalmente católica, y no formula reglas reñidas con al ética, sino inspiradas en ella.

    Una monarquía sagrada, porque el rey es el lugarteniente de Dios.

    Una monarquía paternalista, porque el rey es el buen padre de sus súbditos.

    Una monarquía absolutista, no arbitraria, porque el rey no responde ante el pueblo ni debe dar cuenta a nadie de lo que hace.

    Una monarquía racional, porque el buen gobierno es guiado por la razón y la inteligencia.

    El rey debe gobernar para el bien de su pueblo con humildad y con justicia.

    El único contrapeso del absolutismo, es el temor de Dios.

    El exceso en que incurre el rey no tiene más alivio que la exhortación respetuosa y la oración.

    El pensamiento anti-absolutista:

    Tenemos en la escuela neoescolástica española de los siglos XVI al XVIII, un elevado numero de pensadores componen el llamado siglo de oro de España: Soto, Castro, Molina, etc.

    Los tres fundamentales son Francisco de Victoria, Francisco Suárez y Juan de Mariana.

    Ninguno de sus expositores imaginó un rey absolutista ni tirano.

    Francisco de Victoria:

    Dominico que enseñaba en la universidad de Salamanca.

    No innova en la afirmación tradicional de que la sociedad y el Estado surgen de la naturaleza humana y de que su objetivo es el bien común.

    En cuanto al Papa, no ha recibido de Dios poder en las cosas temporales sino únicamente en las espirituales.

    Le ha cabido el titulo de precursor del derecho internacional público.

    Francisco Suárez:

    Jesuita. Tiene la noción de que la sociedad y el Estado surgen de la naturaleza humana. Concibe al Estado como un verdadero cuerpo místico.

    Cuida bien de no asignar al Estado el cuidado del bien espiritual o religioso, sino el fin de atender al bien y felicidad temporales de la comunidad.

    Como católico recibe la enseñanza de que el poder deriva de Dios. Pero su tesis es que el poder proviene de Dios, pero Dios no elige a quien adjudicarlo, el poder reside en el pueblo.

    Gobernante y gobernados quedan recíprocamente vinculados.

    La ley divina, la ley natural, el bien común, funcionan como límites al poder.

    Si el gobernante atropella esos límites y se convierte en tirano, la comunidad revierte a sí el poder transmitido y puede deponer al gobernante injusto.

    Llega a la resistencia activa con grandes preocupaciones y prudencia, en tanto se trata de un recurso anormal, violento y extremo.

    La comunidad que es titular depositaria del poder recibido de Dios lo transmite al gobernante y lo recupera en dos posibles situaciones: cuando el gobernante deviene en tirano; cuando el poder queda vacante en sus órganos legítimos.

    Suárez se vincula con la emancipación del virreinato del Río de la Plata en 1810, ya que sus enseñanzas impartidas en la universidad de América dieron pie para que, desaparecido el rey de España y la junta central de Sevilla que gobernaba en su nombre, la comunidad estuviera en condiciones de instituir un nuevo gobierno.

    Juan de Mariana:

    Jesuita. No se desprende del enfoque ético y hace de la muerte violenta del tirano nada más que la etapa final del derecho de resistirle, ejecutándolo después del juicio público de la comunidad ultrajada por él.

    Si el rey entrega al robo las fortunas publicas y privadas, viola las leyes y la religión, insulta a Dios con su soberanía, su arrogancia, su impiedad, no se le debe respetar de modo alguno.

    Para despojar al rey es necesario deliberar en grandes reuniones sobre lo que ha de hacerse y amonestar al rey para que enmiende sus excesos, pero sino se corrige, la comunidad puede alzarse en armas, y defenderse hasta el extremo de quitar la vida al tirano.

    Si la atención y la amonestación no resultan no se le reconoce ya como rey.

    Dice que la obediencia prestada por los gobernados fortalece al poder, mientras que la obediencia basada en la fuerza es precaria.

    Dentro del tema de la resistencia a la tiranía cabe citar en conjunto la obra del grupo conocido con el nombre “matadores de reyes” y que se integra fundamentalmente con protestantes.

    Se ubica en la segunda mitad del siglo XVI y admite y elogia a la resistencia afirmando que si el rey viola el contrato, sus súbditos tienen el derecho de sublevarse en armas para obtener que el pacto sea cumplido. La ruptura del pacto por el rey lo convierte en tirano y legitima la resistencia.

    Las doctrinas desde Groccio a Locke.

    Hugo Groccio.

    Holandés posterior a Victoria. Cree en un derecho natural.

    El iusnaturalismo de Groccio es puramente racional, porque si bien se inspira en la ética, se independiza de Dios, hasta afirmar que el derecho natural existiría aunque Dios no existiera.

    El mérito principal de Groccio radica en haber creado un sistema de derechos y obligaciones jurídicas, aplicables a las relaciones de los Estados, bajo la protección y sanción del derecho natural.

    Benito Spinoza:

    Niega la inspiración divina de las sagradas escrituras, y afirma la separación de la teología y la filosofía, de la fe y la razón. El fin del Estado es la libertad.

    Todo hombre en la medida en que obra conforme a las leyes de la naturaleza actúa según el supremo derecho de la naturaleza y tiene tanto derecho como fuerza de que disponga.

    En Inglaterra; la ejecución de Carlos I inicia la etapa doctrinaria que prepara el advenimiento y la elaboración del liberalismo político; defiende la igualdad civil y política.

    Los ciudadanos tienen derecho de aprobar las leyes a través de sus representantes en el Parlamento.

    Pero hay que esperar a Locke para tener acuñado el ideario liberal e individualista.

    John Locke:

    Se convierte en el teórico de la Inglaterra revolucionaria y del constitucionalismo moderno que se inicia en América en el siglo XVIII. Es contractualista.

    El estado de naturaleza previo al pacto es una etapa feliz y pacífica, en la que los hombres son buenos, pero no viven seguros.

    El estado de naturaleza tiene una ley natural que lo gobierna y que los hombres conocen racionalmente. Uno se da cuenta que no debe perjudicar a los demás en su vida, salud, libertad de posesiones. Entrar a formar la sociedad civil es ponerse de acuerdo con los demás para unirse en una comunidad que asegure una vida cómoda, segura y feliz.

    Pactan para crear esa comunidad y organizarla políticamente en forma que les proporcione la seguridad ausente en el estado de naturaleza. Así surge el Estado, con el fin de tutelar y garantizar la libertad y los derechos de los hombres.

    Cuando los derechos individuales dejan de ser protegidos, cesa la razón de prestar una obediencia. Ante un poder absoluto y tiránico, el pueblo tiene el derecho de resistencia.

    Contra la violencia y la fuerza de los gobernantes, el pueblo puede oponer su violencia y su fuerza para recuperar su libertad primitiva, porque el fin del Estado no es la esclavitud sino la libertad.

    Entre los derechos individuales asigna mayor importancia al derecho de propiedad, que tiene su título en el trabajo y el esfuerzo de los hombres.

    Entre los poderes del Estado, cree que el más importante es el legislativo, que no debe estar unido al ejecutivo.

    La división de poderes que organiza es un antecedente de la que luego elaborará sistemáticamente Montesquieu. En materia religiosa proclama la tolerancia.

    Con Locke está ya maduro el pensamiento del liberalismo político en el ámbito de ideología, nos permite hablar del golpe de muerte a la doctrina absolutista.

    Hume:

    Escocés. La razón no puede conocer ni demostrar la existencia de Dios. Tampoco puede crear obligaciones en el campo de la ética o de la política.

    Algunas doctrinas sobre las relaciones de la Iglesia con el Estado durante los siglos XVII y XVIII hacen referencia al Galicanismo, Josefismo, Febronianismo, Regalismo Español.

    El Galicanismo es de origen Francés y concede a la iglesia de Francia y al poder temporal determinados privilegios en relación con la iglesia universal y con la Santa Sede.

    El Galicanismo eclesiástico, afirma que el poder espiritual no tiene como titular exclusivo al Papa, sino a toda la Iglesia.

    El Galicanismo político tiende a dar prevalencia al poder temporal sobre el poder espiritual.

    Según este punto de vista, el rey de Francia puede convocar concilios nacionales, vigilar la administración del Papa, controlar la publicación de Bulas y los viajes de los obispos a Roma, nombrar obispos, etc.

    Toda esa masa de atribuciones que se reservaban los reyes se denominaron “libertades galicanas” y quedo resumida en la “declaración de 1682”, que sostiene la negación de todo poder del Papa en lo temporal, aun a título de poder indirecto; la negación del poder espiritual para dispensar a los súbditos de la obediencia y fidelidad a la autoridad civil; la supremacía del concilio general sobre el Papa; el deber de la Santa Sede de respetar las reglas, costumbres y constituciones concedidas al reino y a la Iglesia.

    El Josefismo es la expresión de una doctrina similar a la del Galicanismo que tiene auge en Austria durante el reinado de José II. No sólo interfirió en las relaciones de la Santa Sede con los obispos y fieles de Austria, sino que los documentos papales quedaron sujetos a los del gobierno; modificó los límites de las diócesis, suprimió monasterios, etc.

    El Febronianismo: una doctrina alemana, que afirma que el Papa es solamente el primero entre los obispos por razón de dignidad, pero no de jurisdicción y que el gobierno de la Iglesia debe ejercerse por medio de los obispos.

    El regalismo español es un conjunto de prácticas que datan del reinado de Felipe IV y se acentúan con Felipe V. Responden idéntica tesitura que el Galicanismo exagerando y aumentando ciertos privilegios que el Papa había concebido a los reyes españoles.

    Todas las doctrinas señalan un retroceso en la gran conquista lograda por el cristianismo.

    Unidad IV

    La península ibérica a fines del siglo XV

    El europeo cristiano del siglo XIII tenía una visión confusa sobre el mundo geográfico que lo rodeaba. Conocía apenas, la existencia cierta de la Europea Occidental. Del resto del mundo, sus conocimientos eran muy vagos. Fue en ese siglo XIII cuando despertó en algunos espíritus inquietos la idea de conocer nuevas regiones.

    Recién en el siglo XV los portugueses exploraron las costas occidentales de África con diversos objetivos y advirtieron la posibilidad de comerciar con el oriente a través del sur de Africa.

    Dos importantes razones aceleraron estas tentativas: el cierre de la comunicación comercial con el oriente por la caída de Constantinopla en poder de los turcos en 1453 y la necesidad de obtener una victoria definitiva sobre los árabes.

    El singular proceso se prolongó hasta el siglo XIX y el descubrimiento de América marcó el primer paso de esa gran carrera: españoles y portugueses la habrían iniciado.

    El actual territorio español estaba dividido en varios reinos, que recorrieron un azaroso camino antes de alcanzar la unidad.

    En el siglo VIII los árabes invadieron y ocuparon casi toda la Península Ibérica, incorporándola al imperio musulmán.

    La dominación musulmana se extendió hasta fines del siglo XV aunque el territorio ocupado fue reduciéndose considerablemente a medida que progresaba el avance de los cristianos peninsulares.

    Pese a la activa resistencia que provocó esta invasión, la influencia quedó reflejada, sin lugar a dudas, en numerosos aspectos de la civilización española.

    En el siglo XV existían cuatro reinos cristianos en la península: Castilla, Aragón, Navarra, y Portugal.

    Dos de aquellos reinos celebraron una unión dinástica de gran trascendencia. Fernando, príncipe heredero de la corona de Aragón e Isabel, heredera de la de Castilla, contrajeron matrimonio en 1469.

    Los dos reinos estaban unidos por los lazos dinásticos, pero cada uno conservaba su personalidad política y administración y su propia legislación.

    En lo relativo a los asuntos externos, la guerra y la diplomacia, actuaban en conjunto.

    El reino de Aragón era pequeño, pero bien organizado donde las personas y las propiedades eran respetadas.

    En su política externa, el interés del reino se inclinaba hacia las conquistas en el mediterráneo

    Castilla, de superioridad geográfica evidente, incorpora en 1492 a Granada, con la expulsión de los árabes de la península, y luego a Navarra en 1515.

    La unión dinástica de Aragón y Castilla y la incorporación a este reino de Granada y Navarra, crearon un verdadero Estado Español, que se afianzó en los descendientes de los reyes católicos, al punto del que el nieto de éstos, Carlos I de España y V de Alemania, recibió no sólo a los reinos peninsulares unidos políticamente si no que por vía paterna heredó el imperio alemán, con muchos territorios en el centro y oeste de Europa, derechos soberanos en Italia y un extenso continente en ultramar.

    Organización política

    Cuando los árabes fueron expulsados de Castilla, se estableció en el reino la monarquía hereditaria sobre la base del hijo primogénito varón o en su defecto los demás hermanos.

    Sólo en caso de faltar éstos le correspondía a las hijas.

    El rey tenía la facultad de dictar leyes e interpretarlas, exigía el pago de los impuestos ordinarios, nombraba los altos funcionarios, políticos, y a quienes gobernaban los distritos, era el jefe supremo del ejército, encargado de administrar justicia y de nombrar los funcionarios judiciales inferiores.

    Sin embargo, el rey debía respetar el derecho sancionado, si había un conflicto con uno de los súbditos, no podía imponer su voluntad antes de que el súbdito fuera oído y vencido de acuerdo a derechos.

    A partir del siglo XIV existió un Consejo Real como cuerpo reglamentado y con funciones propias de gobierno y consulta. Actuó también como tribunal judicial de apelación.

    El establecimiento de las cortes señaló, a partir del siglo XIII la aparición de un importante órgano destinado a moderar el poder real.

    El rey debía convocar a las cortes para todos los asuntos de interés general o de gran trascendencia.

    Aquella atribución de las cortes obligó muchas veces a los reyes, en aprietos económicos, a otorgar concesiones a las ciudades en cambio del voto a las atribuciones extraordinarias.

    También era costumbre convocar a las cortes para consultarles asuntos de guerra y paz.

    Las cortes castellanas decayeron paulatinamente. La autoridad real se fortaleció. El ejercicio del gobierno estaba a cargo de los ayuntamientos o municipios.

    Ordenamiento legal

    Durante los siglos XII y XIII, había alcanzado su apogeo un orden jurídico basado en los llamados fueros municipales o territoriales, que comprendían los privilegios y exenciones otorgados a los habitantes de determinados pueblos.

    Entre las distintas clases cabe destacar a los fueros tipos, llamados así porque su aplicación se extendió a distintas poblaciones o porque sirvieron de modelo para la redacción de documentos análogos, y a los fueros de frontera, con el invasor musulmán, en los cuales se solían conceder grandes privilegios para atraer pobladores.

    A partir del siglo XIII se intentó llegar a la uniformidad legislativa, y como fruto de ello surgió el denominador “fuero real”, que recogía la tradición jurídica castellana.

    Fue sustituyendo a numerosos fueros locales, los que sin embargo no fueron derogados.

    En realidad había cambiado la fisonomía del sistema foral, pues los primitivos fueron breves.

    Se habían convertido en cuerpos legislativos de vasto contenido jurídico.

    También en esa época se redactó otra célebre obra jurídica que recogió la influencia del derecho romano: las partidas, que constituyeron un nuevo avance sobre el sistema foral, sentando la doctrina de que la potestad de dictar leyes pertenecía exclusivamente al rey, y restando valor jurídico a la costumbre popular. Este ordenamiento subsistió hasta 1505. En ese mismo año, las cortes reunidas en Toro, dictaron un conjunto de leyes, especialmente destinadas a conciliar los sistemas foral y romano.

    Evolución social y económica

    Desde el siglo XI se desarrolla en Castilla una cruenta lucha entre el poder real, la nobleza y los municipios.

    Desde la coronación de Isabel se acentuó la tendencia de fortalecer los resortes del Estado. Se buscó la unificación racial y religiosa. Esta aspiración obligó a decretar en 1492 la expulsión de los judíos no conversos, y diez años después se adoptó igual medida para los musulmanes.

    Además, desde 1480 funcionaba el tribunal del santo oficio de la inquisición, cuya misión era conservar la pureza de la religión católica.

    Los reinos españoles servían con pasión a un ideal religioso; en defensa del mismo continuarían apelando a las armas para evitar la infiltración de ideas heterodoxas provenientes de la reforma protestante y en general del movimiento renacentista europeo.

    A fines del siglo XV la iglesia se hallaba en un difícil trance: relajamiento de las disciplinas, indicios de inmoralidad en el clero y predominio de los intereses políticos y económicos. En general existía un estado de desorganización eclesiástica.

    Tampoco era muy edificante el clima que se vivía en la corte pontificia, especialmente a fines del siglo XV y de ahí que los reyes católicos emprendieran con energía un conjunto de reformas destinadas a devolver la pureza de costumbres y a restablecer la disciplina en las comunidades religiosas.

    La cultura se difundió e intensificó con la creación de cátedras y universidades, con la organización de academias y cursos libres, y la educación de la nobleza por destacados eruditos y pedagogos.

    La vida intelectual española de los siglos XV y XVI fue brillante, al punto de que se la conoce como la edad de oro de la literatura y del arte peninsular.

    De esta manera, las existencias sociales eran reducidas, prefiriendo aun los hombres de fortuna, mantener un austero nivel económico, sin pretensiones de elevarlo.

    Este fue el panorama social de la Península Ibérica hasta que el desborde del naciente capitalismo, unido a las riquezas provenientes del nuevo mundo descubierto, señaló el comienzo de su decadencia.

    Cuando Isabel ocupó el trono, en 1470, la economía castellana se encontraba en franca declinación. Con una moneda depreciada y un comercio paralizado, la actividad económica se desenvolvía en torno a una agricultura decadente y una industria larvaria.

    Los nuevos reyes hicieron mucho por revitalizar la economía de sus reinos. En 1500, la agricultura castellana no alcanzaba los niveles de producción. La producción lanera fue considerada en los centros manufactureros de Europa como de segunda orden.

    En cuanto a su desarrollo industrial, la panera no contaba en Castilla con el desarrollo suficiente como para salir a competir en el exterior.

    La producción textil se limitó al abastecimiento del mercado interno, basando su comercio exterior en el suministro de materias primas, pero no de productos elaborados.

    Sin embargo, Castilla tenía una buena marina mercante, favoreció su expansión ultramarina y la formación de un enorme imperio colonial.

    Empeoró la situación de moros y judíos, muchos de los cuales debieron abandonar el territorio peninsular, lo que significó una indudable perdida para la economía española.

    La conquista de América: Títulos

    Toda Nación que aspira a ejercer su dominio sobre determinado territorio debe naturalmente tener y exhibir sus títulos legítimos.

    La participación territorial del mundo constituía por entonces unos de los más arduos problemas de las relaciones entre Castilla y Portugal.

    El 4 de octubre de 1479 por el tratado de Alcaçovas, aprobado por el Papa, se había reconocido a Castilla el derecho a las Islas Canarias y a las tierras africanas adyacentes.

    El descubrimiento de América para la civilización europea reavivó el problema territorial, por lo que la corona castellana se apresuró a solicitar al Papa Alejandro VI una interpretación clara y definitiva del asunto planteado.

    No conformó a los reyes católicos la primera bula del 3 de mayo de 1493, porque si bien concedía y signaba perpetuamente a los reyes de Castilla y León y sus sucesores las tierras descubiertas y a descubrir, siempre que no pertenecieran a otro príncipe cristiano, faltaba la determinación precisa de la jurisdicción otorgada.

    De ahí que en la segunda bula, del 4 de mayo de 1493, se determinase que las tierras debían estar al oeste de una línea imaginaria que corría de polo a polo, y ubicadas a 100 leguas de cualquiera de las islas Azores y de Cabo Verde.

    La donación pontificia recomendaba enviar a las dichas tierras hombres buenos y que enseñen buenas costumbres.

    Otras bulas posteriores complementaron la distribución pontificia del mundo.

    Así se celebraron el 7 de junio 1494, entre Castilla y Portugal, los tratados de Tordesillas. En lo que respecta al territorio Americano, se estipuló que el límite entre ambas jurisdicciones lo constituiría una línea de polo a polo que debía pasar a 370 leguas de las islas de Cabo Verde hacia el poniente.

    El tratado fue aprobado por el Papa, pero persistieron las dificultades técnicas para fijar el límite establecido.

    Para explicar el alcance del poder papal debemos remontarnos a los siglos XIV y XV distinguiendo entonces dos corrientes ideológicas: la cesarista, que postulaba la preeminencia del poder civil sobre el religioso. Y la teocrática que consideraba al Papa como señor universal del mundo, como autoridad suprema.

    La tradición medieval ofrecía en este aspecto varios precedentes de donaciones territoriales efectuadas por el pontífice a favor de príncipes cristianos.

    En la España del siglo XVI la primera de estas tendencias no tuvo eco. En cambio sí la tuvo la segunda, en donde se inspiraron los teólogos y juristas que atribuyeron al Papa la autoridad necesaria para intervenir en los asuntos temporales.

    Estimaban que la donación pontificia constituía el mejor título que poseía España para acreditar su dominio sobre el nuevo mundo.

    Victoria: la jurisdicción del pontífice se extendía sólo a los fieles, no comprendiendo por tanto, a los aborígenes americanos.

    De acuerdo a esta posición, el alcance de la bula papal quedaba reducido a la concesión de un derecho para difundir el evangelio y proteger su predicación, negándoseles valor jurídico como donación temporal.

    Según Victoria, los españoles tenían derecho a viajar y vivir en Indias sin dañar a los naturales y pudiendo comerciar libremente con ellos.

    Si los indios impidieran a los españoles el ejercicio de estos derechos, luego del fracaso de las razones y consejos, se podía llegar hasta a la guerra.

    Reconocía también a los españoles el derecho a predicar el evangelio, siendo los naturales libres de aceptar o no sus enseñanzas; pero si éstos impedían la prédica, castigaban o amenazaban a los ya convertidos, que los muelan a palos. El mismo procedimiento se autorizaba cuando los príncipes indígenas intentaran por la fuerza y el miedo hacer volver, a los indios creyentes, a las prácticas idólatras.

    Por último, los indígenas no eran tal vez aptos mentalmente para formar y administrar una república, por lo que los reyes españoles podían tomar a su cargo esa administración para bien y utilidad de los mismos naturales.

    Mientras Victoria se empeñaba en sostener que los indígenas eran seres racionales y debían conservar sus bienes, dignidades, y jurisdicciones en sus reinos, no faltaban las tesis que pretendían justificar el dominio español.

    Teniendo en cuenta la condición humana de esos seres, Juan Sepúlveda sostenía que los hombres rudos y bárbaros nacieron para servir a los mejores dotados, y en caso de resistencia, caían obligados por las armas.

    Agregaba que los pecados, torpezas e impiedades de los infieles justificaban la guerra, y que la conquista previa era el único medio de propagar la fe entre los indios.

    La influencia de las doctrinas expuestas llevó también a la corona a buscar soluciones prácticas, que ratificaran mediante otros títulos su dominio sobre el nuevo mundo.

    Procuró obtener el sometimiento de los indios mediante el famoso requerimiento que fue redactado en 1513 por Juan López de Palacio, y que era leído a los indígenas (qué soretes) a medida que los conquistadores se enfrentaran con ellos.

    En dicho documento se requería a los naturales el sometimiento a la iglesia y a la corona, y su consentimiento para predicar la religión cristiana, imponiéndoseles severos castigos en caso de negativa. El fracaso del requerimiento fue rotundo (por la dificultad idiomática y su formulación jurídica resultaba incomprensible).

    También recurrió la corona en otras ocasiones, a pactos voluntarios de sujeción, celebrados por los conquistadores con los caciques indios.

    Los fines de la empresa

    • La propagación del cristianismo: la religiosidad era una parte integral y vital de la vida española.

    • El deseo de aventura, la guerra, la búsqueda de lo desconocido, la defensa del honor.

    • El ansia de riqueza, el objetivo económico.

    • El mejoramiento o la obtención de un rango social, el motivo que determina el viaje a Indias.

    • El interés científico: el descubrimiento de un continente exige el desarrollo de los medios para comunicarse con mayor facilidad y seguridad.

    • Los fines políticos y fiscales. Político: la formación de un gran imperio constituyó la ambiciosa meta de los monarcas españoles, alcanzada en el siglo XVI. Fiscal: se veía en Indias una suculenta fuente de ingresos fiscales, mediante las regalías y gravámenes establecidos.

    Más bien nos inclinamos a creer que fueron todos esos fines con preeminencia particular o temporal de alguno o algunos de ellos, los que explican de una manera más humana el hecho de la conquista (sanata).

    El carácter de la colonización española

    Resulta peculiar analizar la forma geográfica o territorial en que se llevó a cabo la conquista de América. Se proyectó hacia el noroeste, con la conquista del imperio Azteca (México y Nueva España) y hacia el sur, explorando el litoral marítimo hasta el Perú y luego hacia Chile.

    Estos esfuerzos no se limitaron a la región costera, sino que las expediciones de reconocimiento se internaron en el continente.

    Antes de finalizar el siglo XVI ya se había concluido la conquista del territorio, el conquistador se encontró con una naturaleza hostil y desconocida y sin al fin logró dominarla y colocarla a su servicio, ello fue después de ingentes esfuerzos.

    El encuentro con el indígena ofrecía al español la posibilidad de adoptar diversas posturas. Podía utilizarlo como medio de propagación de la fe católica, como instrumento de explotación económica teniéndolo en servidumbre, y también otras posturas, como ser la exterminación del indígena peligroso o la total indiferencia ante el nativo pacífico. La corona adoptó la primera postura.

    Pizarro adoptó la segunda: “Yo he venido a quitarles el oro”.

    Así es como las luchas por la supervivencia y el predominio político entre los conquistadores, la crueldad en los procedimientos, y la misma muerte, pusieron fin al predominio de algunos jefes expedicionarios y no faltó la participación auxiliar de indígenas armados.

    Las ciudades indianas sirvieron de defensa contra el indígena agresivo (creo que defensivo le quedaría mejor). La explotación rural creció para proveer a las necesidades urbanas y el trabajo de la tierra fue dejado en manos de las clases inferiores.

    Esta diferencia se hizo notable en aquellas ciudades ricas, pero no resulta aplicable a las regiones de escasos recursos mineros, como el Río de la Plata.

    Numerosos miembros de las familias nobiliarias sin posibilidades económicas ni sociales en Castilla, en virtud del mayorazgo vigente, encontraron también en estas expediciones la oportunidad de satisfacer sus deseos de mejoras económicas y de progreso social.

    Predominó el entusiasmo de las clases populares y la aristocracia se sintió atraída, con el tiempo, sólo para cubrir los más altos cargos en el gobierno indiano.

    La corona demostró un particular interés en la discusión de los problemas atinentes a los nuevos territorios. Dispuso a que a ningún integrante de las expediciones conquistadoras se le prohibiese dirigirse directamente al rey, proporcionándole informaciones sobre la vida indiana, un elemento de control para evitar los abusos.

    La condición jurídica de las indias

    Incorporación de las indias a la corona de Castilla

    Aunque desde un primer momento fue Castilla la que llevó a cabo la conquista del nuevo mundo, la formal y definitiva incorporación de estas tierras a la corona castellana solo quedó asentada cuando Carlos I en 1518 ocupó el trono, y expresó “que ahora y de aquí en adelante en ningún tiempo del mundo las dichas islas y tierra del mar océano, descubiertas y por descubrir, ni parte alguna ni pueblo de ellas no será enajenado”. Esta incorporación se hizo a la corona y no al reino de Castilla. Las nuevas tierras no eran ni propiedad particular del rey, sino propiedad pública de la monarquía.

    El nuevo mundo se destacó pronto por su personalidad política e importancia dentro del vasto conjunto que formaba la denominada monarquía universal española. Los pilares de esa monarquía eran, de un lado los reinos peninsulares y del orto, los reinos de Indias.

    La organización política indiana hasta fines del siglo XVII

    Al principio del siglo XVI no se conocía el sistema político de la división de poderes. En el Estado había una diferenciación de funciones que comprendía cuatro grandes categorías: gobierno, justicia, guerra y hacienda. Las dos primeras eran fundamentales.

    La función de gobierno comprendía dos aspectos: el espiritual y el temporal. El gobierno espiritual era una consecuencia de la finalidad religiosa del Estado español y de las atribuciones que le había delegado el papado para la propagación de la religión en el nuevo mundo.

    Quedaban comprendidos en el gobierno espiritual, la organización eclesiástica, la fundación de iglesias y conventos, los impuestos, gravámenes, derechos eclesiásticos, etc.

    Dentro del gobierno temporal, quedaban comprendidas las más amplias y variadas atribuciones: el nombramiento de funcionarios, el trato de los indígenas, el comercio, la navegación, las capitulaciones, las fundaciones de ciudades, etc.

    La función de justicia a su vez, no estaba confiada a un poder u órgano en forma excluyente.

    Había sólo una distinción de fueros, de manera que el funcionario encargado de determinar asuntos de gobierno era también quien intervenía como juez en la materia.

    La función de guerra comprendía la organización militar, la defensa contra los enemigos externos, las campañas contra los indígenas, etc.

    La función de hacienda, la administración financiera de la corona, comprendía el cobro de los impuestos, regalías y derechos que le pertenecían.

    De esta manera cuando se designaba a una persona como virrey, capitán, general y presidente de la audiencia, por ejemplo, se estaba indicando en cada uno de esos títulos los distintos oficios que debía desempeñar.

    Los residentes en España eran de superior jerarquía y en ellos se incubaban las grandes reformas. Los existentes en Indias estaban en última instancia subordinados a lo que resolviesen los organismos superiores.

    El gobierno indiano desde la península

    La dirección suprema de los negocios indianos durante estos dos siglos residió principalmente en el rey y en su consejo de Indias, en la imposibilidad de que aquél se ocupara personalmente de todos los asuntos.

    Un papel importante al principio, secundario después, desempeñó la casa de contratación.

    El rey era quien ocupaba el trono de Castilla y era también el titular de los reinos de Indias.

    A partir de la muerte de Fernando, ocurrida en 1516 y hasta fines de centuria, la corona estuvo en poder de príncipes de la llamada casa de Austria. El primero de ellos, Carlos I de España y V de Alemania (1516-1556).

    Durante su reinado, el imperio alcanzó gran extensión geográfica y consiguió dotarlo de una administración eficiente, que su sucesor, Felipe II se encargó de mantener.

    Los reyes del siglo siguiente abandonaron los problemas de la administración indiana a ministros y favoritos cortesanos ineficaces en sus soluciones políticas.

    Origen del poder político: de acuerdo con las doctrinas desarrolladas en los siglos XVI y XVII, el hombre impulsado por sus necesidades sociales, establecía la comunidad, lo que otorgaba el uso del poder o potestad política al gobernante en determinar condiciones y formas.

    El poder primordial del gobernante o príncipe era atender al bien de la comunidad no pudiendo usar a su capricho de la autoridad conferida.

    Esta potestad o autoridad política era pues, de derecho natural en cuanto respondía a las indicaciones sociales del hombre y procedía de Dios, quien lo entregaba a la comunidad al constituirse ésta.

    El rey recibía el poder de la comunidad, y la sucesión de príncipes en el trono significaba una verdadera renovación del pacto originario, formalizada mediante el juramento del nuevo rey de guardar y respetar las leyes y privilegios vigentes a lo que el pueblo respondía jurándole obediencia.

    El rey es un administrador de la comunidad, un magistrado que ejerce el oficio o cargo de rey que ha de gobernar conforme a las leyes y en beneficio de la comunidad. En caso contrario se convertía en un tirano.

    La doctrina no resultó aplicable desde un primer momento a las Indias, pues el dominio de los reyes católicos sobre estos territorios se había originado en otros títulos y no en la voluntad o concesión de la comunidad indígena.

    Sólo hacia 1540, cuando el número de españoles en Indias era considerable y la conquista del territorio se había efectuado con el esfuerzo de aquellos, puede considerarse que también en Indias el poder del rey sobre los españoles se recibe mediante un pacto de la comunidad.

    La casa de la contratación de las Indias

    Establecida en Sevilla en 1503, fue el primer órgano de gobierno indiano creado en la península. Al principio dependió directamente de los reyes, secretarios y asesores, pero gozó de una cierta autonomía que subsistió hasta la creación del Consejo de Indias en 1524.

    Desde la segunda mitad del siglo también dependió del Consejo de Hacienda. Esta doble dependencia ocasionó permanentes conflictos.

    El Consejo de Indias se sintió molesto por la injerencia de los funcionarios hacendísticos.

    En un primer momento la casa estuvo integrada sólo por tres oficiales: tesorero, contador y factor.

    Desde fines del siglo XVI fue posible ya advertir dos grupos de altos funcionarios: los administradores propiamente dichos y los jueces letrados que constituían el tribunal de justicia, denominado Audiencia de la Casa de la Contratación.

    En sus comienzos la casa era sólo una autoridad intermediaria y administrativa del comercio con las Indias.

    A través del siglo XVI le fueron encomendadas nuevas tareas a medida que surgían los problemas:

    • El control sobre el comercio con las Indias y las expediciones conquistadoras por lo que le correspondía llevar el registro de los bancos, licencia de pasajeros, registro de mercadería, etc.

    • El registro de los despachos que la corona enviaba a las autoridades en las Indias.

    • La administración de los bienes que dejaban los españoles que morían en Indias.

    Durante el siglo XVII al igual que el consejo, la casa experimentó un nuevo aumento de su personal, el crecimiento de los salarios y de las deudas, así como el decaimiento de la fuerza de importancia de su labor.

    El Consejo Real y Supremo de las Indias

    Durante los primeros años los reyes se ocuparon personalmente de los asuntos indianos, presentando colaboración un miembro del Consejo Real de Castilla, Juan Rodríguez de Fonseca.

    Luego de la muerte del rey Fernando en 1519, se creó dentro del Consejo de Castilla una junta para los asuntos indianos. Empezó a conocerse como consejo de las Indias y se ocupaba sólo de los aspectos administrativos.

    En 1524 fue establecido en forma definitiva el Consejo Real y Supremo de las Indias.

    En torno del Consejo se constituyó una burocracia que aumentó en la segunda mitad del siglo XVII. El personal era tres veces mayor.

    Se integraba el Consejo por un presidente, varios consejeros, un fiscal, dos secretarios y un plantel de funcionarios de mayor jerarquía. Unas ordenanzas reglaban su actividad.

    El amplio poder de decisión del Consejo siempre estuvo en los importantes problemas de la administración indiana a consultas con el rey y en cuanto a los negocios hacendísticos, a partir de la segunda mitad del siglo XVI.

    El entorpecimiento se hizo más visible durante el reinado de Felipe II, por la lentitud con que el rey despachaba las consultas y el giro de sus respuestas y en los siguientes reinos por la injerencia, a veces inescrupulosa, de los ministros o secretarios favoritos.

    En 1600 fue creada la Cámara de Indias, constituida por un reducido número de consejeros, a la que se le encomendó lo relativo a los nombramientos civiles y eclesiásticos y la concesión de mercedes.

    Aunque se suprimió en 1609, fue restablecida en 1644 pese a la oposición del Consejo que consideraba disminuidas sus atribuciones.

    En realidad, el nuevo cuerpo resultaba útil a los ministros o secretarios reales para influir más directamente en la designación de los nuevos funcionarios. Estas influencias contribuyeron a restar independencia y fuerza al Consejo de Indias durante el siglo XVII y así quedaron postergados proyectos y tentativas que partían de un conocimiento de la realidad indiana muy superior al que poseían los ministros o secretarios del rey.

    El consejo de Indias residía en la corte del rey, y como ésta era ambulante no tuvo casa oficial hasta 1561.

    El consejo de Indias se comunicaba con las autoridades indianas y con los particulares a través de cédulas reales, firmadas por el rey. Sólo con sus propios funcionarios y en el servicio interno, el consejo lo hacía en su propio nombre.

    Es decir, que desde el punto de vista de la organización política, el consejo de Indias se sumía dentro de la figura del rey, en cuyo nombre actuaba.

    En tal sentido su gobierno era supremo y no sólo le estaban subordinadas las autoridades y órganos, que ejercían el poder en el nuevo mundo, sino la propia Casa de Contratación, establecida en Sevilla.

    Las atribuciones del consejo eran:

    • Asesoramiento: el consejo ponía en conocimiento del monarca los informes precisos y las soluciones que estimaba necesarias para los asuntos indianos. De esta manera, las decisiones eran conjuntas, adquirían mayor fuerza y eliminaban la sospecha de arbitrariedad. Pero los Consejos no fueron, sobre todo en el siglo XVI, sumisos y complacientes a la opinión del monarca, sino que protestaron y reaccionaron ante disposiciones que estimaban erróneas. De ahí la importancia que alcanzó esta función de asesoramiento.

    • Gobierno: la competencia del consejo comprendía tanto los aspectos espirituales como los temporales. Se ocupaba así del ejercicio del patronato en un sentido amplio, estando a su cargo proponer al rey los candidatos para ocupar dignidades y prebendas eclesiásticas, las divisiones territoriales eclesiásticas de las Indias, armonizándolas con las jurisdicciones administrativas. En cuanto al denominado gobierno temporal, el consejo preparaba las leyes y demás disposiciones referentes a Indias, y las expedía en nombre del rey y con su aprobación. El consejo otorgaba también aprobación y licencia para la publicación de obras referentes a las Indias y autorizaba la introducción de libros en el territorio encomendado a su jurisdicción. Por expresas disposiciones reales, el Consejo debía archivar prolijamente la correspondencia que desde Indias enviaban a la corona los funcionarios y los particulares, tanto las de orden administrativo como las de índole geográfica y las relativas a los indígenas. También se le había encomendado el buen tratamiento de los indios y su conversión al cristianismo, ocupándose de los repartimientos y encomiendas.

    • Justicia: ejercía el consejo el control sobre los tribunales judiciales de Indias.

    • Guerra: A partir del siglo XVI los asuntos militares navales fueron encomendados a la Junta de guerra. No obstante, el Consejo continuó encargándose de aspectos financieros de este ramo.

    • Real hacienda: Tuvo a su cargo la administración de los fondos reales, pero a partir de la segunda mitad del siglo XVI el consejo perdió esa facultad, aunque continuó fiscalizando las cuentas de los oficiales reales, y estableciendo y modificando los impuestos y demás contribuciones indianas.

    Durante el siglo XVI y aun después de establecido el Consejo, el rey reunió a juntas de teólogos y juristas a fin de asesorarse sobre determinados problemas especialmente relativos al justo título y al trato a los indígenas. También lo hizo para considerar graves problemas de gobierno.

    La más importante era la Junta de Guerra de Indias, integrada por miembros de los consejos de Indias y de Guerra y cuya función comprendía la organización militar, la provisión de los oficios y cargos del ramo y la defensa de los reinos indianos.

    También cabe mencionar a las Juntas de la Contaduría Mayor y de Hacienda en las que se trataban problemas específicos con intervención de miembros de distintos consejos.

    El gobierno local de las Indias

    El establecimiento de los órganos y autoridades en Indias no respondió a un plan orgánico previamente trazado, sino que fue el resultado de las continuas necesidades que se ponían en evidencia. De ahí que tardara mucho tiempo en establecerse un régimen organizado y se ejerció un relativo Poder Legislativo.

    Esta relativa libertad de acción fue cercenada paulatinamente porque la aspiración de las autoridades peninsulares era ejercer un mayor control sobre las actividades indianas.

    La vigilancia minuciosa sobre los funcionarios procuraba no sólo que se aplicasen los altos fines de la conquista, sino también que se evitase el triste ejemplo de funcionarios deshonestos y despóticos.

    El sistema de gobierno establecido en las Indias suponía un recíproco control de los órganos y autoridades.

    Existía una minuciosa y a veces imprecisa escala jerárquica de funcionarios, pero como el virrey, encontraban serias limitaciones en el desempeño de sus cargos, originándose así una verdadera división de la autoridad y responsabilidad gubernativa.

    El régimen establecido era pesado, lento y trabajoso en virtud de esos mismos controles y de las largas distancias y deficientes comunicaciones que separaban a las distintas autoridades superiores residentes en América y en España.

    El ejercicio del poder real en el nuevo mundo tuvo una trabajosa etapa formativa, se debieron afrontar las consecuencias lógicas de una inexperiencia gubernativa, que provocó, con frecuencia, tensiones, choques y reclamaciones a la corona.

    Además mereció particular atención a Cristóbal Colón en las capitulaciones de 1492 que desencadenó numerosos y complejos pleitos promovidos por su hijo Diego Colón, que no se resignaba a perder tan amplias concesiones. De esta manera, la corona, en parte aceptando sus pretensiones y en parte desconociéndoselas, no pudo imponer definitivamente un sistema de gobierno propio y excluyente hasta mediados del siglo XVI.

    La empresa conquistadora fue dirigida y fiscalizada por la corona, pero costeada por los particulares sobre quienes recaía el riesgo y el trabajo de la misma, pues la ayuda real fue muy escasa.

    Esta peculiar característica dio origen a un régimen especial de convenios, las llamadas capitulaciones. Eran una convención o contrato de carácter público celebrado entre la corona y el empresario, por el cual aquélla concedía permiso o licencia para llevar a cabo una empresa o establecer un servicio público, sujeto a determinar condiciones.

    La corona se reservaba la atribución de otorgar las capitulaciones, pero en el caso de descubrimiento o concesiones menores, otros órganos y autoridades fueron autorizados para celebrar en nombre del rey y sujetar a su confirmación.

    Generalmente comprendían tres partes: la licencia propiamente dicha, la enumeración de las obligaciones del caudillo y de las mercedes concedidas, y se solían condicionar los privilegios otorgados al éxito de la empresa y a la conducta de su jefe.

    Eran obligaciones del caudillo o empresario

    • Cumplir no sólo con los fines específicos de su misión, sino también con los objetivos de la corona en cuanto al buen tratamiento de los indios, buscando conversión al cristianismo.

    • Asegurar la percepción de los bienes y derechos que correspondían a la corona.

    • Llevar a cabo una política de población. No bastaba descubrir, era necesario poblar.

    Las mercedes a su vez consistían en:

    • La concesión de títulos o funciones públicas relevantes en los territorios que descubrieran y poblaran (almirante, adelantado, virrey, gobernador, capitán general, etc.)

    • El repartimiento de tierras tanto para el caudillo como para los demás integrantes de la expedición, con el único requisito de la residencia.

    • El libre aprovechamiento de las minas que descubriese, reservándose la corona la propiedad de las minas y una participación en los beneficios.

    • La participación de las rentas y beneficios de la corona en determinados territorios por un cierto tiempo y aun a perpetuidad, dentro de ciertos límites, o la concesión de una renta fija.

    La forma en que se realizó la conquista del nuevo mundo obligó a la corona a conceder a los jefes de las expediciones amplias facultades y privilegios para interesarlos en la empresa, darles una jerarquía suficiente para reclutar la gente necesaria para integrar la expedición y dotarlos de suficientes atribuciones para enfrentar los distintos problemas que solían presentárseles. Así nació la función y título de adelantado.

    Reunía funciones gubernativas, militares y judiciales, pero no tenía a su cargo la administración fiscal que estaba reservada a los oficiales reales.

    Estos funcionarios designados por el rey, junto con los sacerdotes, ejercían en ciertos modos un control y sus informes a la corona servían para aquilatar la conducta de los adelantados.

    El adelantado en Indias fue nombrado durante la primera mitad del siglo XVI para ejercer sus atribuciones en territorios aún no descubiertos o sin poblar.

    Desde mediados del siglo XVI ya asentada en su mayor parte la conquista española, desapareció la necesidad del adelantado, y sus atribuciones pasaron a ser ejercidas por los órganos y autoridades que conformarían definitivamente el sistema indiano.

    No se extinguió el título de adelantado, que desde entonces fue simplemente una dignidad otorgada por la corona en premio de servicios cumplidos o a cumplir por el beneficiado.

    El oficio de virrey para las Indias fue inicialmente otorgado a Cristóbal Colón en las capitulaciones de Santa Fe en 1492. Luego se convirtió en hereditario, lo que provocó largos y numerosos conflictos, especialmente con el hijo del descubridor.

    Sólo al cabo de enojosos pleitos, que concluyeron en 1535, se dio término a este singular virreinato.

    A partir de entonces la corona consideró el oficio como la más alta magistratura pero dentro de la administración territorial sujeta directamente al rey y desligada de toda capitulación. En tal carácter fueron designados los primeros virreyes para la Nueva España y Perú.

    A mediados del siglo XVIII las necesidades obligaron a la creación de otros dos virreinatos: Nueva Granada y Río de la Plata.

    Al principio los virreyes se designaban sin plazo fijo, a voluntad del rey, pero desde 1629 el nombramiento era trienal aunque podía prorrogarse.

    El virrey saliente debía redactar una memoria, en la que se consignaban no sólo la actividad desarrollada sino también los principales problemas, cuya solución requería el concurso del nuevo funcionario.

    El virrey encontraba también ciertas limitaciones en el desempeño de su cargo, como su deber de informar a la corona en forma detallada sobre la marcha del gobierno. Luego por el sistema de las visitas y juicios de residencia y por el control de la audiencia.

    Precisamente se aconsejaba a los virreyes que las materias más arduas e importantes fueran consultadas en acuerdo con los oidores, aunque siempre reservándose aquéllos la decisión final.

    Muchos de los virreyes pertenecían a familias nobles y distinguidas de la península. Los hubo también nacidos en el suelo americano. Hubo quienes se entregaron al servicio del progreso material, espiritual e intelectual de la religiosidad. Otros, se dedicaron tan sólo a gozar de los beneficios. Los virreyes eran gobernadores, capitanes generales y presidentes de las audiencias de su distrito.

    Se le concedió al virrey una amplia facultad legislativa. Asimismo, el virrey tenía estas otras atribuciones: hacer respetar las leyes protectoras de los indígenas, castigar los delitos que se hubiesen cometido antes de su gobierno, perdonar los delitos y excesos cometidos en su jurisdicción, proveer y ordenar nuevos descubrimientos. Abrir caminos y reparar puentes con la contribución de los que resultasen beneficiados, etc.

    Además de estas atribuciones privativas, que le correspondían por su oficio de virrey, tenía las siguientes:

    • En su carácter de gobernador, ejecutaba las disposiciones reales, dictaba también leyes y ordenanzas locales, efectuaba nombramientos de funcionarios menores e mantenía el orden de su distrito.

    • En materia de real hacienda, debía procurar el aumento y percepción de las rentas fiscales y la clara y diligente administración de las mismas.

    • En calidad de presidente de la real audiencia, la representación del rey como fuente suprema de justicia. Decidía cuestiones de competencia entre magistrados y ejercía control sobre todos los órganos y autoridades judiciales, debiendo informar al rey sobre la forma en que se administra y la conducta privada de los jueces, pero no debía interferir en la resolución de los casos judiciales que no le competían.

    • Como Capitán General, era el supremo jefe militar del distrito. A su cargo estaba el reclutamiento y la provisión de las tropas, la fortificación del territorio, el sostenimiento de cuarteles y hospitales militares, ejercía asimismo funciones judiciales en el fuero militar.

    A la cabeza de las denominadas provincias mayores y menores se encontraba un gobernador.

    Las provincias mayores eran aquellas en las que funcionaba una audiencia por lo que el gobernador era presidente de la misma, a lo que se le sumaban sus funciones de Capitán General. Las provincias menores no tenían audiencias y su más alto funcionario era simplemente gobernador y Capitán General. Los gobernadores eran nombrados por el rey por un período de tres a cinco años, aunque frecuentemente no se cumplió con este plazo. Al igual que los virreyes y otros funcionarios, se les imponían ciertas restricciones durante el ejercicio de su cargo.

    No podían casarse sin licencia real y les estaba prohibido designar a parientes suyos en cargos administrativos. En cuanto a las atribuciones, diferían de acuerdo a la categoría de cada uno de los gobernadores.

    Los corregidores y alcaldes mayores: Ambas clases de autoridades eran designadas tanto para poblaciones formadas por España como para los pueblos indígenas.

    La función de los corregidores era esencialmente de tipo gubernativo, la de los alcaldes mayores era judicial, aunque de hecho se les encomendaba a éstos actividades de gobierno.

    Varias circunstancias llevaron en la época a confundirlos y a considerarlos como un solo oficio con distinto nombre.

    Agregaba a su título el de justicia mayor que implicaba funciones judiciales y militares de orden secundario. Estos funcionarios debían vigilar el trabajo de los indígenas, con la denominación de corregidores, para administrar algunos pueblos de indios, con el fin de que se constituyeran en protectores de ellos, pero en la práctica, pocas veces se cumplió con este objetivo.

    Los alcaldes mayores y los corregidores fueron suprimidos a fines del siglo XVIII, al establecerse las intendencias.

    Si bien existía un control recíproco de carácter funcional entre las autoridades y órganos del gobierno indiano, la legislatura estableció también otros procedimientos para evitar los abusos y excesos de los gobernantes.

    Entre ellos merecen señalarse por la importancia institucional alcanzada, los sistemas de las visitas, las pesquisas y las residencias.

    Las visitas:

    Era una inscripción ordenada por las autoridades superiores y destinada a controlar el funcionamiento de los organismos públicos. El tipo más interesante de visita era la general, que abarcaba todo un virreinato o capitanía general y que se ordenaba sólo en circunstancias excepcionales.

    Al predominar el siglo XVII se abandonó esta modalidad por considerarla infructuosa, prefiriéndose las visitas específicas. Sin embargo, durante el reinado de Carlos III se restableció con éxito.

    La pesquisa:

    Consistía en el envío del llamado juez pesquisador con el objetivo de investigar e informar sobre alguna grave irregularidad, abusos de funcionarios, alteración del orden público, etc. Su función se limitaba a reunir la información.

    Residencia:

    Un procedimiento destinado a determinar la conducta del funcionario en el desempeño de su oficio.

    Para un juicio se designaba un juez especial. Como principio general, el juez residente era designado por el presidente del Consejo de Indias cuando el oficio era de provisión real y por los virreyes, presidentes y gobernadores cuando el empleo era provisto por estos funcionarios. El juicio se tramitaba en el lugar donde el residente había desempeñado su oficio y se exigía la presencia de aquél.

    El juicio constaba de dos partes:

    Una secreta, en la que el juez averiguaba de oficio la conducta del funcionario público, en la que el particular agraviado podía promover demandas y querellas para obtener satisfacción de los agravios inferidos por el residente, pero debía pagar una indemnización si no lograba probar sus acusaciones.

    El juez solicitaba informes a organismos oficiales, revisaba papeles y documentos públicos, recibía denuncias anónimas, examinaba testigos, etc. En esta oportunidad se solía analizar no sólo el desempeño del enjuiciado en el oficio, sino también su vida privada, moralidad y costumbres.

    Esta institución juzgada por algunos como inútil, ha sido valorada por otros no solo por el control que significa porque permitía subsanar los defectos del gobierno indiano y servía también como adecuado freno a la conducta de los funcionarios.

    En el siglo XVIII decayó visiblemente y fue objetivo de una reforma importante.

    Los cabildos y el gobierno de las ciudades

    Al fundar una ciudad, los conquistadores españoles procedían a la constitución del cabildo, que era la unidad local de gobierno político.

    Todas las ciudades indianas tenían su cabildo y también éstos existían en las denominadas villas que eran centros urbanos de menor importancia y jerarquía, pero con vecindad y jurisdicción separadas de la ciudad.

    Los cabildos indianos, en general no tuvieron carácter popular como lo habían tenido sus antecesores, los ayuntamientos castellanos.

    Representaron en realidad a un grupo o clase social que eran los conquistadores y sus descendientes.

    Esta tendencia aristocrática se mantuvo hasta principios del siglo XVII.

    Los cargos en los cabildos quedaron en poder de una clase dirigente que no siempre evidenció aptitudes para el gobierno de la ciudad.

    No obstante, cabe reconocer que como defensores de la producción y del comercio, contribuyeron a mejorar el nivel económico de la población.

    Tres categorías de personas integraban el cabildo: los alcaldes ordinarios, los funcionarios especiales y los regidores

    Los alcaldes ordinarios eran cargos anuales y efectivos. En la mayoría de los cabildos había dos, en los de menor importancia uno solo. Su función era presidir el cabildo cuando no asistían el gobernador o su teniente. En caso de ausencia o muerte del gobernador y su teniente sin dejar reemplazante asumían interinamente el mando político de la provincia. Individualmente ejercían funciones judiciales en material civil y criminal.

    Los funcionarios especiales eran de orden jerárquico. El alférez real, encargado de portar el estandarte real en las ceremonias civiles y religiosas y en las campañas militares. El alguacil, debía ejecutar las decisiones judiciales, dirigir la cárcel y mantener el orden en la ciudad. El provincial de la hermandad, tenía a su cargo la vigilancia de la campaña, así como el conocimiento de los delitos que allí se cometían. El depositario general, encargado de los depósitos judiciales, aunque muchas veces no se proveyó este cargo. El fiel ejecutor, debía verificar la exactitud de los pesos y medidas empleados en el mercado.

    Los regidores eran los miembros natos del cabildo, y su número variaba entre cuatro y doce, de acuerdo a la categoría de la ciudad donde funcionaban.

    No era frecuente que los cabildos tuvieran todas las funciones especiales, por lo que algunos de los oficios fueron habitualmente desempeñados por los propios regidores.

    Durante el reinado de Felipe II se introdujo el sistema de vender ciertos cargos, entre ellos los consejiles, a fin de obtener recursos financieros para el exhausto tesoro.

    Los cargos consejiles debían ser ocupados por vecinos, que eran los españoles que habitaban en el lugar y tenían casa propia y familia.

    Muchos de esos cargos fueron ocupados por criollos y en algunos cabildos se solían repartir entre peninsulares y criollos para evitar recelos.

    Los aludidos requisitos impedían que aspirasen a estos cargos los sacerdotes, los militares en servicio activo fuera de su habitual residencia, los hijos de familia y los dependientes. Tampoco los oficiales reales, los deudores del fisco, los procesados, los extranjeros, los parientes del gobernador o de los propios cabildantes.

    Los cabildos debían reunirse necesariamente en las llamadas casas capitulares y tenían las siguientes funciones:

    • Registro de títulos: a fin de controlar la legalidad del documento. Todos los funcionarios debían presentar sus títulos ante el cabildo local, donde prestaban juramento y ofrecían la fianza exigida. También era el cabildo quien autorizaba el ejercicio de ciertas profesiones.

    • El gobierno comunal: estaba a su cargo la distribución de tierras, el cuidado edilicio y sanitario de la ciudad, la conservación e inspección de cárceles y hospitales, la protección de los pobres, etc.

    • Asesoramiento y control político: a menudo las autoridades superiores consultaban a los cabildos sobre los problemas gubernativos de la comarca.

    • Administración de justicia: tenían funciones judiciales civiles y criminales.

    Los cabildos disponían de los denominados principios y arbitrios, aunque su poder financiero era muy limitado. Los principios eran los bienes de la ciudad, casas y tierras comunales.

    Los arbitrios eran los recursos que se obtenían por la percepción de ciertos derechos e impuestos, multas, introducción de vino y ganado a la ciudad, tránsito de puentes, despacho de bebidas, etc.

    Los cabildos convocaban a los vecinos, altos funcionarios, prelados religiosos y jefes militares a fin de considerar asuntos excepcionales, en los cuales se buscaba el apoyo de la opinión pública para las resoluciones proyectadas por el cabildo, a quien correspondía la decisión final.

    Estas reuniones recibían el nombre de cabildos abiertos.

    Las instituciones de la conquista

    Organización política de España

    Todo el ordenamiento jurídico, económico y político, todo el proceso social y la realidad histórica de nuestro ser nacional, se hallan entroncados al pasado colonial.

    Organizada bajo el sistema monárquico, España como todos los reinados de la época, hace girar toda su estructura en torno al poder absoluto del soberano, investido de sus poderes por mandato divino que se transmite de generación en generación. El rey es puesto en lugar de Dios para cumplir la justicia y dar a cada uno su derecho.

    El rey organiza la administración, crea impuestos, elige funcionarios y delega su autoridad en determinadas personas, modifica y renueva sentencias.

    Tres dinastías ejercen el gobierno del nuevo mundo en América: Los reyes católicos, los de la Casa de Austrias y los Borbón.

    La dominación más breve es la de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón.

    A la muerte de estos reyes, doña Juana (la loca), hija de Isabel y Fernando se casa con Felipe (el hermoso) de Austria. De este matrimonio nace en 1500 Carlos I de España y V de Alemania.

    Con este monarca comienza el reinado más singular de aquellos siglos. Descubrir triunfos y conquistas fortalecen el vasto imperio, que abre sus arcas para que los navíos de ultramar vuelquen el oro y la plata del Perú y de México.

    El absolutismo de este rey consigue crear una estructura rígida en toda América. España logra así sus triunfos más resonantes, es el momento de su gloria.

    La institución tipo de este período de Carlos V y sus sucesores, es el cabildo.

    Felipe II sucede a Carlos V la línea absolutista de los Austrias y se prolonga y tonifica en este monarca, poseedor de un hondo espíritu cristiano.

    Las continuas guerras por mantener su hegemonía hacen debilitar su poder. Una rígida política económica, en especial para América, caracterizó el mandato de Felipe.

    Desde Felipe III, que sucede al místico monarca, la Casa de los Austrias comienza su decadencia.

    Felipe IV sin mayores condiciones de gobernante, ve perderse bajo su reinado a Portugal.

    40 años habrá de reinar posteriormente Carlos II, monarca débil, enfermizo.

    Con Felipe V (1683-1746) se inicia la dinastía de los Borbón, que termina en nuestro siglo con Fernando VII.

    Del absolutismo medieval, la Nación pasará al absolutismo ilustrado y será en las nuevas estructuras donde comenzará también el derrumbe de España.

    El influjo de la ilustración llegara al nuevo mundo, al Río de la Plata especialmente bajo el reinado de Carlos III. El proceso en el Río de Plata y en toda América es similar a la de la península. La ilustración penetra, pero hasta donde, cuando y en la forma en que lo desea el rey.

    Los Borbón son los vehículos para que las nuevas ideas y corrientes ideológicas, económicas, políticas o sociales del siglo XVIII tengan acceso en nuestro Río de la Plata.

    Nos traen toda su ilustración pero instauran un régimen más absoluto que el de los Austrias, lo que apresuró su caída.

    Consejos de Indias

    Los reyes católicos tuvieron que crear desde los primeros tiempos una secretaría especial.

    Quien tiene primero a su cargo los asuntos de Indias es el obispo de Burgos, Juan Rodríguez de Fonseca, a quien le cabe entender en los primeros viajes de Colón y demás problemas creados en torno a ellos.

    Muertos los reyes católicos, el cardenal Cisneros queda encargado del despacho de Indias.

    El 4 de agosto de 1524 se constituye oficialmente el Consejo de Indias. El buen tratamiento a los indios quedó consignado en las generosas leyes, aunque éstas no fueron cumplidas.

    El Consejo tenía atribuciones legislativas, judiciales, administrativas y propias del organismo. Constaba de un presidente y de cinco ministros que formaban la Cámara de Consejo. Integraban el organismo numerosos funcionarios de alta jerarquía.

    Existía un fiscal, para velar por los intereses del Estado y el cumplimiento estricto de las leyes. El alguacil mayor tenía la función de policía.

    En el aspecto económico se puede mencionar la existencia de un tesoro y cuatro revisores de cuentas. Completan el cuadro los abogados.

    El visitador representa al monarca. Se pudieron corregir numerosos abusos y procedimientos americanos que el uso había desvirtuado.

    La Casa de Contratación

    Sus atribuciones son diversas e importantes. Fue creada en 1503. En la primera época controlaba exclusivamente la importación y exportación, especialmente la recepción de todo el oro, plata y piedras preciosas que llegaran de América.

    Primitivamente estuvo integrada por un tesorero, un contador y un factor. Más tarde por un presidente, tres jueces oficiales con los cargos de tesoreros, contador y factor, tres jueces letrados y un fiscal.

    Prácticamente todo lo relacionado con el comercio del nuevo mundo estuvo bajo el control de esta institución.

    Las instituciones españolas en América

    Adelantados: Es ésta la primera forma de autoridad que se da en América. Cristóbal Colón recibe juntamente con el título de almirante, el de adelantado de estas tierras. Numerosas son las facultades que se dan a los adelantados de América: nombraban sus autoridades, trazaban los límites de las provincias y dictaban las ordenanzas necesarias para la primitiva colonización.

    Transcurrido el primer siglo de la conquista, la institución decayó totalmente, pues sus funciones pasaron en manos de los gobernadores, virreyes o capitanes generales.

    El Río de la Plata tiene su primer adelantado en 1534. Firma una generosa capitulación donde se le concede fundar tres fortalezas de piedras y explorar todo el Río de la Plata y el Paraguay hasta encontrar el reino del rey Blanco y una vez encontrado debían repartirse con el monarca de España todos los tesoros hallados. El origen de esta institución es netamente español, proviene de la época de la lucha contra los moros en la península.

    A quien ostenta por delegación la suprema majestad del rey, ejerciendo el gobierno en su nombre, se lo llamaba virrey. Cristóbal Colón fue el primer virrey de América.

    La institución no tuvo vida hasta 1535 en que se organiza como gobierno de América.

    Carlos V es quien institucionaliza este cargo en el nuevo mundo, cuando resuelve crear los virreinatos del Perú en 1544 y de Nueva España en 1535.

    En el siglo XVIII habrían de instalarse los de Nueva Granada y el Río de la Plata.

    Estos altos funcionarios de Indias, los virreyes, ejercieron facultades sumamente amplias, tanto políticamente como judiciales, de hacienda o religiosa.

    El virrey presidía la audiencia radicada en la capital del virreinato. Asistía a todos los juicios de residencia, determinaba los días de reunión, nombraba jueces para causas especiales, inspeccionaba cárceles, etc. Conocía específicamente las causas de los indios y de los militares, en primera y segunda instancia respectivamente, y ponía en vigor todas las leyes y los fallos de la audiencia. En suma, era un supremo juez.

    En cuanto a las funciones militares, era el virrey jefe de las fuerzas de mar y tierra.

    Dentro de sus obligaciones estaba la de reclutar tropas, administrar víveres y municiones, sostener cuarteles, hospitales militares, etc.

    En materia religiosa, el principal poder residió en el ejercicio del regio patronato indiano, colaborando en las obras de beneficencia o de educación.

    Duraban hasta tanto su lealtad y eficiencia para la corona. Al término de su mandato, cada virrey debía redactar su memoria, dando cuenta de todos los actos de su gobierno.

    Los virreyes estaban muy a menudo en conflicto, especialmente con la audiencia y el gobernador debido a la complicada suma de atribuciones comunes que el rey otorgaba a instituciones y gobernantes. La realidad era que de esta forma los monarcas ejercían así una perfecta fiscalización de sus funcionarios, al par que no les otorgaba plenos poderes ni suficiente autonomía. La última y la única palabra era la del rey.

    Los intendentes tienen su verdadero origen en época de Luis XVI en Francia.

    Declaró a las intendencias, dictándole al efecto las ordenanzas. Dicta la ordenanza del 4 de julio de 1718, creando en cada provincia del reino una intendencia que entendiera en los ramos de justicia, hacienda, guerra y política.

    La institución de intendencias en el Río de la Plata persiste, como el cabildo, a través de la época independiente, pero la lucha de los pueblos por su autonomía logra quebrar el sistema en 1820.

    Gobernadores: estos funcionarios existen en América desde los primeros tiempos del descubrimiento y corren a todo lo largo del proceso colonial.

    Su nombramiento emana del rey a propuesta del consejo de Indias por tiempo indeterminado. Su actuación era particularmente política y administrativa.

    Antes de hacerse cargo del gobierno, el nuevo funcionario debía hacer un inventario de sus bienes.

    Al prestar juramento se obligaban a no tener ni celebrar negocios dentro de su jurisdicción, las prohibiciones fueron establecidas por la torcida conducta de estos funcionarios que en muchas épocas y en muchas regiones, se enriquecieron del día a la noche. Las funciones de gobernador eran numerosas. Duró hasta la implantación de las intendencias en que fue suplantado por estos funcionarios.

    A las audiencias podemos clasificarlas en audiencias pretoriales (o autónomas) y subordinadas.

    La primera institución de esta naturaleza fue creada en 1511. En Buenos Aires quedó erigida en 1611.

    Las atribuciones de la audiencia eran numerosas. Políticamente asesoraba al virrey y en caso de ausencia de este funcionario el oidor más antiguo lo reemplazaba.

    En caso de acefalía, debía hacerse cargo de la función. Autorizaba al virrey el libramiento de fondos contra las cajas reales.

    Podía quejarse ante la corona de la conducta de los gobernadores o virreyes, pero no tenía la facultad de levantar informaciones. Los oidores eran los personajes más respetados de la colonia, les estaba prohibido a los miembros de la audiencia casarse dentro de su distrito, ser padrinos, tener amistades íntimas, comerciar, recibir prebendas o dádivas.

    El cabildo tendrá que afrontar todos los problemas, desde el municipal o el establecimiento de las caballerizas, hasta la solución de la paz o la guerra en la lucha contra los piratas o el indio.

    Tendrá que improvisar su vida, enfrentarse contra el hambre, la sequía, la langosta y las pestes.

    Aislado por leguas de la más remota población, conformara su estilo de vida.

    El cabildo colonial estaba fundado una ciudad. El adelantado o fundador designaba a los miembros de su primer cabildo. Los mismos funcionarios nombraban o elegían a los que habían de reemplazarlos, no pudiendo ser reelegidos los que terminaban su mandato. Los cabildantes duraban un año en sus cargos. El número de éstos variaba según la importancia de la ciudad yendo de seis a doce, constituían el gobierno de la ciudad.

    Las funciones que ejercían se pueden dividir en dos ramas: justicia y regimiento.

    Referente a las funciones que ejercía el cabildo, son tan numerosas y complejas que abarcarían todas las actividades de un Estado.

    Convocaba las milicias de la ciudad y designaba sus jefes, atendía todo lo relativo a la edificación, trazados de calles, veredas, establecimiento de la ciudad, dictaba reglamento para los gremios, organizaba la enseñanza, controlaba la calidad de los productos y sus precios, adoptaba medidas represivas contra la vagancia, el juego, la prostitución, etc.

    En época de escasez de algunos productos indispensables, prohibía a los vecinos adquirir más de lo que fuese necesario para el consumo.

    Los llamados arbitrios eran los impuestos propiamente dichos, así como también las multas y derramas.

    Prohibió el jurar y blasfemar contra Dios, la Virgen y los santos, el llevar armas, que personas sospechosas anden juntas, ordenó que los vagabundos y holgazanes que no tienen trabajo y no viven de él salgan de la ciudad, que ningún mercader, tendero u oficial compren a esclavos o a indios de servicios y se persiga al alcahuete y hechicero.

    Composición del cabildo

    El gobernador estaba obligado a dar fianza para responder así de todo delito en el ejercicio de sus funciones. Estaba sometido al juicio de residencia y tanto el rey como todos los habitantes de la gobernación podían pedir cuentas de sus actos. Les estaba prohibido casarse dentro de su distrito, sin la debida licencia, así como también designar en cargos públicos a los miembros de su familia.

    Sus nombramientos dependían directamente del rey. La jurisdicción del cabildo abarcaba la ciudad y todos los campos que le correspondían.

    El cabildo como antecedente de gobierno representativo y republicano

    Se aduce primeramente que los cabildos administrativos no poseían aquel cúmulo de derechos y libertad de los consejos españoles. Perdieron el carácter representativo, ya que al pueblo de estas colonias no les fue dado elegir sus cabildantes, provocaron desigualdades e injusticias. Los cabildos perdieron sus principios democráticos. La institución en América fue desvirtuada.

    Para engrosar las arcas de la corona, los puestos de regidores del cabildo fueron vendidos en subasta pública. Se vendían por una vida, por el tiempo que duraba la vida del comprador. En 1606 se concedió que la venta fuese a perpetuidad, se podía transmitir de persona a persona sin ninguna limitación. El único cargo que jamás fue vendido fue el de alcalde, por ser una función de justicia.

    Vemos como el problema del azúcar, del algodón, de los caballos, de los indios, hospitales, de la guerra, de todo aquello que hace al vivir y trasegar de un pueblo, de una ciudad, se trataba y resolvía en cabildo. Estos gobernadores locales, eran en cierta manera, representativos de los intereses de la comunidad. Para los asuntos de mayor trascendencia y gravedad, se convocaban a todos los funcionarios y vecinos afincados a cabildo abierto y así decidían sobre los más serios problemas que hacían a la existencia de la ciudad.

    Descartamos por supuesto, que se practicara una democracia representativa; los cabildos fueron verdaderos órganos representantes de la opinión de los vecinos y habitantes, no emanaba de un acto expreso y directo de la voluntad popular.

    El cabildo fue así el receptáculo de opinión, donde el pueblo hizo escuchar sus aspiraciones o hizo valer sus derechos.

    El cabildo como antecedente del federalismo

    La falta de espíritu democrático en los cabildos coloniales y su dudosa representación política y diversas corrientes conquistadoras, pueblan el territorio argentino en lo que va del siglo XVI al XVII.

    De esta manera el actual territorio argentino se encuentra por aquel entonces poblado de innumerables ciudades cabildos, que van a comenzar su lucha en medio del desierto.

    Poco a poco se va sometiendo al indio, ya sea por la fuerza o evangelizando a las tribus masas que rodean la ciudad. Desamparado en medio de la pampa o la montaña, cada cabildo hará el ejercicio del gobierno propio, controlará a sus gobernantes y las leyes. De esta clase de vida, nacerá un innegable autoritarismo.

    Pese a todo, los cabildos conservan su espíritu y su estilo de convivencia, y aun cuando toda una organización ataca sus flancos.

    Llegando el período de independencia, los cabildos reclaman la parte de soberanía que les corresponde.

    Cada ciudad, cada pueblo, lucha por sus derechos a fueros. Solamente los cabildos pasarán a la época revolucionaria sin cambiar sus estructuras y lo que fue un localismo comunal en tiempos de la colonia, se convierte ahora en un autoritarismo provincial.

    Los cabildos y la revolución, los cabildos abiertos

    Es en cabildo abierto donde la suerte de la causa revolucionaria, lleva el 22 de mayo de 1810, a leer las actas de la asamblea. Podemos apreciar que la gran mayoría de los votos eran por que la autoridad del virrey pase a manos del cabildo.

    El cabildo de Buenos Aires ya desde la semana de mayo conspiró contra la causa revolucionaria y desde la instalación de la Junta fue factor negativo, manejado por la nueva oligarquía porteña.

    En el cabildo porteño encuentran los diputados del interior su principal enemigo.

    En 1821 durante el gobierno de Martín Rodríguez, siendo ministro Rivadavia, se suprime el régimen de los cabildos, quedando durante más de 30 años la ciudad de Buenos Aires sin gobierno municipal.

    El primer cabildo abierto que se conoce en el Río de la Plata data en 1633.

    En lo que fue el Virreinato del Río de la Plata y directamente vinculado con los antecedentes de la Revolución de Mayo, podemos citar a título informativo el cabildo celebrado el 14 de agosto de 1806, cuando el pueblo de Buenos Aires, a raíz de la huida de Sobremonte, en la primera invasión inglesa, decide reunirse en cabildo abierto.

    Cabildo de villa y cabildos provinciales

    Las regiones de inferior categoría, de menor población o de reciente establecimiento recibieron en el Río de la Plata el título de villas.

    Las villas estaban compuestas por un alcalde ordinario, cuatro regidores, un aguacil, un escribano de consejo y público y un mayordomo.

    En el Río de la Plata hubo muy pocos de estos cabildos. Su vida se desarrolla dentro de una reducida esfera de acción, sin ejercer funciones políticas, sometidos generalmente a la ciudad de su jurisdicción. Entre ciudades y villas hubo siempre una constante puja.

    La primera villa establecida en el Río de la Plata fue la de nuestra Señora del Luján en 1783.

    Los cabildos provinciales consistían en la reunión de los procuradores de varias ciudades, a fin de tratar y resolver problemas de interés común.

    Tuvieron existencia en México y Perú, y en nuestra región, en Salta y Tucumán. Debido a que la monarquía viera en esta institución un posible peligro para su predominio, su vida fue limitada.

    Los cabildos indígenas

    En las ordenanzas de Alfaro de 1611 y 1612, se estableció la creación de cabildos indígenas. Establecía esta ordenanza que para que los indios vayan entrando en política, hubiera en cada pueblo un alcalde indígena. Los alcaldes indios tenían limitadas sus funciones, establecían las ordenanzas que sólo podían prender delincuentes y buscar los que lo fueren y traerlos a la cárcel del pueblo de España, castigar con un día de prisión y seis u ocho azotes al indio que faltare un día de fiesta a misa o se emborrache. Se deja en pie la autoridad de los caciques para realizar el repartimiento de las mitas.

    Estos cabildos desaparecieron paulatinamente.

    Reformas políticas y económicas en el Río de la Plata

    La profunda revolución política, económica, social y religiosa que significa el renacimiento, abrió las puertas al mundo de la modernidad.

    Surge una religión natural, una moral natural, derechos naturales. Aparecieron así los derechos innatos del hombre que tiene por haber nacido, y cuya salvaguarda constituye el primer objetivo del pacto social. Culmina su proceso en el siglo XVIII bajo las formas del liberalismo.

    De la doctrina del liberalismo se nutre la filosofía de la revolución francesa que proclamará los derechos del hombre y del ciudadano, y también de ella surgirá el despotismo ilustrado, el ideal del progreso, el fomento de las artes, las letras y la educación. Comenzó la limitación de los derechos de la nobleza y el clero. América no pudo estar ausente de este movimiento transformador, se ensayaron solamente en las colonias a fin de reestructurar su organización política, social y administrativa.

    Desde la ascensión al trono de Felipe V, España se vio envuelta en numerosas guerras y conflictos internacionales.

    España, aliada con Francia en ese entonces, mantuvo sin embargo su hegemonía en virtud de pactos o tratados ponían fin a guerras o simples conflictos diplomáticos.

    Tratado del asiento de negros

    Inglaterra firmaba con España el tratado de asiento de negros, e hizo que Felipe V se entendiera directamente con Inglaterra y dejara de lado a Francia. Se inicia un considerable tráfico de negros con el Río de la Plata.

    El tratado del asiento tenía una duración de 30 años. Mediante él se autorizaba a Inglaterra a introducir en América cuatro mil ochocientos negros por año, en los puertos de su elección.

    Inglaterra, en atención a los conflictos europeos y para asegurar su predominio comercial comprendió que en Centroamérica y en especial en el Río de la Plata, estaba el centro principal de su futura acción.

    Inglaterra solicitó permiso para enviar cada año un barco de 500 toneladas de productos. La corona accedió y en 1713 firman un convenio donde se establecía que los súbditos de la Gran Bretaña podían comerciar con España y sus dominios. Este tratado no llegó a cumplirse.

    Más adelante, Inglaterra solicita instalarse en el Río de la Plata a fin de poder realizar en forma más efectiva su comercio de negros.

    Consiguen en 1725 que se les permita introducir negros al interior. De esta manera comenzó un verdadero contrabando, ya que en las mismas carreteras que conducían a los esclavos se cargaba toda clase de mercadería y productos manufacturados que saturaron el mercado del interior produciendo su declinación.

    Todas estas medidas y tratados económicos, trajeron indudablemente, un extraordinario intercambio.

    Decayó nuestra incipiente industria provinciana, pero en Buenos Aires supieron sacar provecho a esta situación.

    Las secretarías de despacho

    Con la creación de cuatro secretarías de Estado, la corona española dio un golpe de muerte entre otras instituciones, al tradicional Consejo de Indias.

    La Secretaría de Indias, surgida en 1717, tomó a su cargo las principales funciones que antes realizaba el Consejo en materia de guerra, hacienda, comercio, navegación y provisión de empleos. Esta secretaría fue suprimida en 1790.

    La Casa de Contratación fue suprimida en 1790. Todas estas reformas políticas, económicas y sociales en el vasto imperio español, habrían de traer como consecuencia la implantación en el Río de la Plata de nuevos organismos e instituciones que producirían un profundo cambio en su vieja estructura.

    Las causas que dieron origen a la creación del virreinato en el Río de la Plata fueron diversas.

    La causa directa, el conflicto internacional con Portugal.

    Portugal se dispuso a no ceder sus dominios. Comenzó a través de los años subsiguientes a fortalecer sus tierras militares con el envío de fuertes contingentes armados.

    Envía al Río de la Plata un ejército de 8.000 hombres al mando del veterano gobernador de estos pueblos, don Pedro de Cevallos quien ostentaba el flamante título de virrey.

    De esta manera surge de hecho la creación provisional del virreinato del Río de la Plata organizado definitivamente en 1777.

    Gálvez era ministro de Carlos III. Su claro talento y su profunda visión política hicieron ver al rey la necesidad de afianzar su poder en el Río de la Plata.

    Su tráfico de cueros, sebos, yerba mate y el fuerte contrabando, habían transformado a aquel villorrio que era Buenos Aires y demás ciudades menores en los siglos XVI y XVII en ricos centros de producción. Al promediar el siglo XVIII la balanza comercial se inclinaba hacia el puerto de Buenos Aires.

    Triunfante Cevallos sobre los portugueses, el aspecto militar estaba terminado. Faltaba ahora la ardua tarea de la organización administrativa del virreinato.

    Desde Vértiz en adelante comienza la progresista labor de los Borbón en estas provincias.

    En las memorias que este virrey dejó a su sucesor se pueden apreciar bien las medidas de gobierno que realizó en beneficio de todos los pueblos, en especial Buenos Aires. Instituyó la casa de corrección para mujeres del mal vivir, la casa cuna u hospital de expósito y el hospicio de pobres y mendigos y fomentó la obra de la hermandad de la caridad.

    En materia de tierras, divide las destinadas a la agricultura de las zonas dedicadas a la ganadería. A la gente ociosa y vagabunda la obligó a trabajar en la cosecha.

    Durante su virreinato se instalaron las intendencias y en virtud del reglamento de libre comercio en 1778 realizó numerosas medidas tendientes a fomentar el intercambio comercial.

    Protegió la industria minera, lucho por la elaboración de las carnes saladas y facilitó la introducción de productos extranjeros y de negros, con destino a Chile y Perú.

    Sobremonte, Liniers y Cisneros continuaron la labor en forma más o menos similar.

    El reglamento para el comercio libre

    Unas de las reformas más importantes, la implantación del reglamento y aranceles reales para el comercio libre de España a Indias 1778, conformaron una verdadera revolución económica.

    A mediados del siglo XVIII las relaciones comerciales entre España y América estaban totalmente restringidas (dentro del régimen absoluto que exageraba el proteccionismo) contados puertos americanos podían comerciar con los de la península.

    El reglamento del comercio libre amplía primeramente el número de puertos españoles y americanos facultando a estos últimos a comerciar entre sí.

    A fin de no establecer un verdadero librecambio ni proclamar la libertad de comercio abiertamente, establecen una serie de prohibiciones.

    Con tal objetivo se estipula que las naves que realizaban el tráfico marítimo debían ser propiedad de España y la tripulación estar formada por marinos de dicha nacionalidad.

    Fue inmediatamente burlada, pues los barcos extranjeros que llegaban al Río de la Plata cambiaban la bandera y con los papeles en forma, descargaban en Buenos Aires con la mayor naturalidad.

    Por otra de sus disposiciones se establece que la tripulación de los barcos estará formada por dos terceras partes de españoles y una tercera parte de extranjeros naturalizados para proteger la industria naviera.

    Entre otras de las más interesantes medidas, se aconseja la instalación de consulados en todos los puertos.

    Buenos Aires había empezado a valorar los beneficios de tal intercambio, los barcos neutrales siguen llegando al Río de la Plata.

    Consulados

    Para entender en todos los problemas relacionados con el comercio se crean en América consulados como juntas económicas. Tienen una función similar a la del Consejo de Indias.

    Buenos Aires obtiene su consulado en 1794. Su jurisdicción se extiende a todo el Río de la Plata. En su carácter de junta protectora del comercio tenía la misión de propender al adelantamiento de la agricultura, la mejora en el cultivo y beneficio de los frutos, la introducción de las máquinas y herramientas más ventajosas.

    El más enojoso de todos los pleitos que tuvo que resolver el Consulado fue la lucha permanente entre comerciantes y hacendados.

    Defendiendo unos (los comerciantes) los principios del más absoluto monopolio dentro de un espíritu conservador y fiel a la corona, los otros (los hacendados) sostenían las nuevas ideas económicas propagadas en Europa por los liberales.

    En 1797 el rey, para poner fin a la disputa, ordena que el cuerpo se componga de igual número de representantes de ambas partes.

    Manuel Belgrano fue una de las figuras más destacadas del Consulado.

    Desde la sanción del reglamento de libre comercio, momento en que el Río de la Plata cobró un extraordinario auge comercial, el consulado cumplió una eficaz labor.

    Concepto de derecho indiano

    Existe un órgano supremo y real que junto con el rey gobierna ejerciendo jurisdicción en la totalidad de las Indias.

    Teniendo competencia para crear derecho, mediante disposiciones de variado tipo, el ámbito de vigilancia de las normas que elabora, previa consulta con el rey, puede tener o bien un alcance general o por el contrario, quedar reducido a límites determinados, con lo que nos encontramos ante la nota de particularismo provincialista como carácter fundamental del derecho indiano.

    Se aprecia que las autoridades e instituciones de la administración en Indias podrían a su vez producir derecho aun estando sujeto a una posterior confirmación real, y aquí nos encontramos con la parcela jurídico-indiana que conocemos como derecho indiano criollo, derecho, por otra parte, con una vertiente canónica como puede apreciarse.

    La actividad normativa indiana estuvo orientada al dictado de un derecho que respondiera a las necesidades y problemas cotidianos que pudieran plantearse en los límites de una provincia o de una ciudad. El derecho indiano fue un ordenamiento jurídico con vigencia en las Indias.

    La cuestión de los justos títulos

    Fue desde el primer momento una cuestión polémica, ratificada mediante la bula y con la que se reguló la navegación atlántica en torno a los territorios entonces conocidos.

    Portugal y Castilla se reservaron sus zonas propias y quedó para Castilla solamente la ruta de Canarias y la posesión de este archipiélago.

    Tal dato era el que tenían ante los ojos los reyes católicos cuando firmaron con Cristóbal Colón las capitulaciones de Santa Fe en abril de 1492 mediante las cuales se encomendó oficialmente al genovés el viaje Atlántico que conduciría al descubrimiento de América.

    En principio no se trataba de un viaje de conquista sino de hallar una ruta occidental a las islas de las especias (las Indias).

    Los orígenes de la administración territorial de las Indias

    Los reyes actuaron como quien posee un claro título de legitimidad. Se ve claramente con la simple lectura de las capitulaciones de Santa Fe, primer texto jurídico dedicado a América, de 1492.

    Tal cosa podría valer para las islas y tierras firmes que se descubriesen y ocupasen de las que Colón es investido virrey por los monarcas, en cuyo nombre las descubrirá y ocupará, pero no autorizaría ese título para titularse señores de la mar oceánica, señorío que los reyes se atribuyen. Hay que retomar a un título anterior y no puede ser otro que la bula Aeterniregis, único documento que ratifica la decisión regia portuguesa y castellana de repartirse el océano como señores del mismo.

    De ahí la importancia que en un primer momento hubo de tener el tratado de las Alcaçovas para dar pie a las reclamaciones de Portugal y a la soberanía de Castilla, apenas se tuvo noticias del éxito del primer viaje colombino.

    El rey portugués manifestó su parecer de que las tierras descubiertas por Colón le pertenecían en virtud del precedente reparto del océano, mientras toda la argumentación del descubridor a favor de Castilla parece que se centró en que los reyes le habían ordenado seguir la ruta de Canarias y él así lo había hecho, no violando pues el tratado de las Alcaçovas.

    Una rápida negociación y expedición de las bulas dictadas por Papa Alejandro VI en 1493 dejó de lado la amistad con Fernando. Lo evidente es que la bula estuvo despachada en tiempo récord, lo que hace pensar en una negociación previa.

    El rotundo éxito conseguido por las bulas alejandrinas viene a probarnos que Portugal dudaba inclinándose a creer que las nuevas tierras no eran suyas, de modo que esta bula y el tratado de Tordesillas consagraron el derecho castellano sobre las Indias occidentales.

    El primer reparto del océano lo establecen los reyes de Portugal y Castilla (Alcaçovas) pero estimando carecer de título suficiente para atribuirse y reservarse tal soberanía, piden y obtienen la confirmación papal (aeterni regis). Y el segundo reparto lo estableció el Papa en 1493 y lo aceptan los dos reinos (Tordesillas). En ambos casos el título que opera es el de la concesión pontificia.

    Sin embargo, tal crítica no atajaba el título de soberanía sino el modo de actuación de los conquistadores. Las dificultades en corregir los vicios de la explotación fácilmente habían de conducir a preguntarse si se poseía en verdad derecho sobre aquellas tierras y gentes. Otras potencias quisieron con el tiempo discutirle a España su exclusividad para navegar y colonizar. La polémica sobre los justos títulos y lo que se ha llamado la duda indiana cobran con el avanzar del tiempo carta de natural y se multiplican las teorías y los autores que las defienden.

    El obispo de Chiapas hasta 1542 admitía el poder de los reyes castellanos sobre las Indias como un poder análogo al que tiene todo rey sobre su reino, y no duda en someter a él a los indios, aunque siempre por medios pacíficos.

    Los reyes de Castilla poseen derechos sobre el nuevo mundo en virtud de la concesión de Alejandro VI, pero ya no se trata de un dominio pleno en jurisdicción, sino de un soberano y universal imperio que deja a salvo el poder político y la autoridad de los indios.

    Victoria, dado que poseen señores legítimos y que ninguna potestad puede privar a éstos sin causa de su señorío, la posibilidad de que España someta a su dominio a las Indias radica en un hecho único: en que los indios acepten libremente esa soberanía o actúen de modo represivo y que se les haga una guerra justa.

    La ordenanza de 1573 no formulaba principios, sino que dictan medidas tendientes a procurar la voluntaria sumisión de los indígenas. Prescriben que se le respete y dé buen trato y regulan para caso de hacerse necesario, la represión tanto frente a los indios rebeldes como a los españoles que violasen las normas dictadas por la corona. Se espera así obtener la obediencia de los indígenas a los reyes.

    Solórzano fue un jurista de Indias. Éste se mantuvo fiel ante todo y sobre todo a los títulos últimamente considerados, el descubrimiento y ocupación y la concesión papal.

    El primero porque desde la época romana fue siempre un título jurídico de dominio sin la limitación, de que las tierras descubiertas y ocupadas no se encontrasen habitadas.

    Por el contrario, la concesión papal, la aportación de la cristiandad en la edad media, el tema de las colonizaciones, sobre la base de que la fe es el supremo valor, de que fuera de la iglesia no hay duda de que llevar la fe a los pueblos que la desconocen es el mayor bien que cabe hacerles y una obligación del papado y de los príncipes cristianos, y la conquista es el único medio realmente eficaz de lograr su conversión. El resultado es la recopilación de 1680.

    Después haber dejado expuesto que el título de soberanía favorito de Solórzano es el de la concesión papal, en nada puede sorprender el contenido de la ley primera del título primero del libro III de la recopilación.

    Ley primera: que las Indias occidentales estén siempre unidas a la corona de Castilla y no se puedan enajenar.

    El título de donación pontificia se ha transformado en el título que justifica la soberanía Castellana en las Indias.

    Mediante el descubrimiento, conquista, población y pacificación de las Indias, la corona ha adquirido físicamente las tierras que el Papa les concedió.

    Es cierto que el título de la concesión papal, a estas alturas de la historia, no posee apoyo doctrinal, habiéndose perdido por completo toda huella de aceptación. Sin embargo en España la concesión pontificia siguió considerándose un título indiscutible.

    Dos siglos antes, Victoria se quejaba de que quien negase la validez de tal título era considerado enemigo de los reyes.

    Un siglo antes Solórzano afirmará que a la legitimidad del título de la concesión pontificia se oponen muy pocos, y esos son herejes o al menos enemigos de la potestad pontificia.

    Aceptado el título de la concesión papal como indiscutible, no se mantienen polémicas en el siglo XVIII.

    Se piensa que la corona ha recibido un encargo, el de cristianizar las Indias y como forma de facilitar su cumplimiento ha recibido la soberanía.

    La guerra justa y la polémica sobre los métodos

    Anterior en el tiempo de la crisis del tema de los justos títulos, fue la crisis de los métodos aplicables a la empresa de ocupación y conquista.

    En realidad, el problema es mucho más importante que el de los títulos, en cuanto que nadie puso realmente nunca en duda la legitimidad de la soberanía castellana.

    Denominada como la guerra justa, dio lugar a una legislación constante, rica y muy variada y el conocimiento de los abusos y la experiencia del trato con los aborígenes.

    Bula de 1493: su contenido ha de referirse a la cristianización. Solamente bajo este aspecto se menciona a los habitantes de las tierras, como sujetos de la predicación de la fe. Se da también por supuesto que las tierras y sus habitantes han de ser sometidos a la corona.

    En tales textos no hace referencia a métodos, ni siquiera a que se trate a los indígenas de determinado modo.

    Naturalmente las relaciones fueron muy diversas, desde la aceptación voluntaria a la resistencia.

    En 1511 la reina Juana determina autorizar la esclavitud de los indios que se resistiesen.

    Las leyes de Burgos, fueron las primeras dictadas para proteger a los indios.

    El resultado de los acuerdos de la Junta de Burgos fue sobre todo el requerimiento, documento en que se expone a los indios con detalle todo el tema:

    • La existencia del único verdadero Dios.

    • El papado como representación suya en la tierra.

    • La concesión hecha por el Papa a los reyes de Castilla.

    • El derecho consiguiente de éstos a ocupar las Indias.

    • Los indios deben someterse a la soberanía real y aceptar la fe de Cristo.

    Tal documento debía leerse a los indígenas antes de hacerles guerra dándoles así la oportunidad de una aceptación voluntaria.

    El requerimiento tranquilizó la conciencia real y permitió continuar la conquista, bajo leyes desde luego más favorables para los indios que se sometían a la corona.

    Derecho de patronato

    Los señores que incorporaban nuevas tierras a sus señoríos, bien repoblándolas, bien cristianizando a sus habitantes y los que realizaban una obra de desarrollo y población de sus tierras, fundaban en ellas iglesias y las dotaban económicamente recibiendo a cambio el derecho de proponer los nombres de las personas que habían de regir esas iglesias. Para su nombramiento por la autoridad eclesiástica competente, se llamó a tal derecho, derecho de patronato.

    El 28 de julio de 1508 bajo Felipe II, el patronato era un derecho que había desbordado ampliamente sus límites originarios y bajo el nombre de real patronazgo, se ejercían funciones de gobierno y control que los monarcas consideraron suyas y que la Santa Sede toleró en los términos que han quedado expuestos páginas atrás.

    Una sistematización de tales funciones puede ser la siguiente:

    • Facultades patronales efectivamente concedidas por los Papas o derivadas del patronato.

    • Facultades que se denominan patronales pero no lo son, sino que suponen una interpretación abusiva y extensiva del derecho patronal y lo desbordan.

    • Facultades de control, para la defensa del ejercicio del patronato regio en sus interpretaciones excesivas y abusivas.

    Unidad V

    Fundamentos políticos y jurídicos: El rey cautivo, la junta central disuelta y sólo en funciones la regencia, todo ello era circunstancia critica, de manera que un reflexivo análisis de la situación imponía la adopción de soluciones urgentes.

    La inquietud pública encontró eco en el cabildo, que decidió pedir autorización al virrey Cisneros para convocar un cabildo abierto a la principal parte del vecindario para que exprese la voluntad del pueblo.

    Concedida la autorización, se fijó el día 22 de mayo para su celebración.

    Dos ideas fundamentales contenían este discurso:

    • La caducidad del gobierno legítimo con la disolución de la junta.

    • La reversión de los derechos de la soberanía al pueblo de Buenos Aires y su libre ejercicio en la instalación de un nuevo gobierno.

    La teoría política que influía en el Plata en esa época era que habiendo cesado la autoridad del rey, el poder volvería al pueblo.

    La argumentación de Castelli hacia recaer “los derechos de la soberanía” en el pueblo de Buenos Aires.

    Villota acepto la tesis de Castelli en lo relativo a la soberanía pero alegó que Buenos Aires no tenía sola ese derecho y era preciso oír a los demás pueblos del virreinato antes de adoptar una determinación.

    Otro abogado criollo, Juan José Paso, agregó que Buenos Aires debía establecer un gobierno provisional a nombre de Fernando VII, el cual invitaría a los demás pueblos para que enviasen sus representantes a la formación del gobierno permanente.

    Concluido el debate, se empezó a la votación. La mayoría de los votos se inclinó en que el virrey debe cesar en el mando y recaer éste provisoriamente en el Cabildo hasta la creación de una junta. Esta decisión implicaba que el Cabildo ejerciera la autoridad hasta la designación de una junta y se introducía también la idea de la elección directa por el pueblo de los miembros de la junta (el concepto de que la autoridad o mando provenía del pueblo quedó claramente triunfante).

    La junta se integró con un presidente vocal (el ex virrey Cisneros) y cuatro vocales: dos del partido revolucionario (Saavedra y Castelli) y dos moderados (Solá y Incháustegui). La junta contó con el respaldo de los comandantes de cuerpos de los mismos jefes del partido revolucionario.

    Pero se advirtió el movimiento de una parte descontenta del pueblo que resistió el nombramiento de Cisneros como presidente de la junta y que tuviera el mando de las armas.

    El Cabildo decidió solicitar la renuncia de los miembros de la junta, la que obtuvo de inmediato.

    Ante la exigencia del Cabildo, la petición fue formalizada en un documento. Al recibir la petición, el Cabildo pidió que se congregase el pueblo en la plaza para oír la ratificación de ese escrito. El Cabildo procedió a elegir la nueva junta, precedida por Cornelio Saavedra.

    Las corrientes ideológicas influyentes

    La doctrina escolástica española de los siglos XVI y XVII, que se había conservado a través de la enseñanza universitaria, sus teorías eran acerca del origen del poder.

    Las ideas ilustradas españolas, con particular referencia a la realidad económica y social.

    Las doctrinas de la filosofía racionalista, que conducían a un replanteo del hombre en la sociedad y su influencia tuvo una directa vinculación con el Río de la Plata.

    Las ideas restauradoras y nuevas, que surgían en España, adquirieron tónica especial por la difusión que tuvieron en América.

    Significado de la Revolución de Mayo

    Corrientes liberales: sostienen que la Revolución de Mayo estuvo inspirada en los ideales del racionalismo, la ilustración, la revolución norteamericana y la revolución francesa. Por ende para los liberales el objetivo de la Revolución de Mayo era lograr la independencia y por lo tanto para los liberales el juramento de fidelidad a Fernando VII era una máscara.

    Revisionismo: sostiene que la Revolución de Mayo estuvo inspirada en la doctrina Suareciana y dice que la Revolución de Mayo es una continuidad del orden anterior porque se nombran juntas como en España, porque se jura fidelidad a Fernando VII y porque se lucha en contra de Napoleón.

    Marxista: interpreta a la Revolución de Mayo como una lucha de intereses económicos entre los grupos que se disputan el poder. (cuándo no estos forros...)

    El ejercicio del gobierno propio

    La junta provisional establecida el 25 de mayo de 1810 reemplazo al virrey, manteniéndose los órganos y autoridades del antiguo régimen.

    El Cabildo de Buenos Aires consideró el 25 de mayo que la junta era depositaria de la autoridad superior del virreinato, hasta la reunión de la junta general del virreinato, que establecería la forma de gobierno que se consideraría la más conveniente. Entre tanto, la junta debía proveer a cubrir las vacantes de los empleos, celar sobre el orden y la tranquilidad pública y la seguridad individual de todos los vecinos. No podía imponer contribuciones ni gravámenes sin conformidad del Cabildo, quien se reservó el derecho de deponer a los miembros de la junta y reasumir la autoridad. También se dispuso que los miembros de la junta no debían ejercer el poder judiciario. Por último se dispuso el envío de circulares a los gobiernos del interior para que, por intermedio de los cabildos se eligieran los representantes que debían reunirse en Baires a fin de determinar la forma de gobierno.

    La junta expidió una circular a las autoridades subordinadas del virreinato, dando cuenta de los sucesos ocurridos el 25 de mayo y pidiendo el envío de los diputados que debían ser uno por cada ciudad o villa, los que se incorporarían a la junta.

    El 28 de mayo, al reglamento interno de la junta pública le competía el movimiento de los asuntos de gobierno, guerra y hacienda. A los asuntos de alto gobierno debían concurrir todos sus miembros, pero en los demás bastaban el presidente y cuatro vocales. Se disponía que todo vecino podía dirigirse a la junta o a sus vocales para comunicar a la seguridad pública y felicidad del Estado.

    El mismo día 28, la junta fechó una circular dirigida al ministro inglés, al virrey del Perú, al ministro de la corte española en el Brasil, al gobernador de Cuzco y al presidente gobernador de Chile (esta circular es importante por ser el primer documento de la junta expedido al exterior). Mientras la contestación del ministro inglés fue satisfactoria, las de los demás atacaban el camino adoptado. Esta circular mencionaba que se debió concurrir a la formación de una junta pero también señalaba la fidelidad jurada a Fernando VII.

    La junta gubernamental encontró resistencia en dos principales órganos: la Audiencia y el Cabildo de Buenos Aires.

    Por fin el 8 de junio la junta expresó que debían reconocerla y el 22 de junio la junta dispuso la expulsión de los oidores y fiscales de la audiencia. En su lugar designó a conjueces criollos.

    El Cabildo convertido en árbitro de la situación política, procuró limitar el poder de la junta.

    El 17 de octubre se produjo la destitución de los capitulares, se procedió a designar a nombre del pueblo, los nuevos miembros del Cabildo. Tanto la audiencia como el Cabildo habían buscado la oportunidad propicia para reconocer al consejo de regencia como representante legítimo del rey cautivo. En cambio, la junta no parecía dispuesta a reconocer a quienes se atribuyeran en la península la representación real.

    La junta rechazó al nuevo virrey, desconociendo a la autoridad que lo había nombrado, aunque manteniendo la fidelidad al rey cautivo. Desde entonces la nueva audiencia no tuvo más participación destacada en el quehacer político, limitando su labor al orden judicial. No ocurrió lo mismo en el Cabildo, que tuvo una muy destacada participación en la vida política.

    La guerra por la emancipación había comenzado; inclinadas las ciudades del interior hacia la política de la junta, quedaron dos puntos clave que los enemigos retuvieron con dificultades: La Banda Oriental y el Alto Perú. Por su parte el Paraguay rechazó la junta porteña y permaneció al margen del proceso desarrollado en el Río de la Plata.

    Los diputados de las ciudades del interior reclamaron su incorporación a la junta y de esa manera el 27 de mayo triunfó la tesis de incorporarlos a la junta. A partir del 18 de diciembre de 1810 quedó constituido el primer gobierno representativo del todo el territorio rioplatense, conocido como la Junta Grande.

    Muy lentamente comenzó a elaborarse la idea de que las provincias rioplatenses constituían un verdadero Estado.

    España ha perdido sus derechos, está roto el pacto que la unía a América. Luego ésta entra en posesión de todos los derechos convenientes para atender por sí a su seguridad.

    Hacia la declaración de la independencia

    A partir de 1810 los patriotas coincidían en reclamar y ejercer el gobierno propio. El absolutismo monárquico era repudiado y jamás se aceptaría restaurarlo en América.

    Junto esas ideas también surgían las que estimaban necesario obtener la total emancipación de España, y establecer una monarquía constitucional o una república, ambas independientes. Esta tendencia fue particularmente impulsada por la Logia Lautaro y la Sociedad Patriótica.

    El único problema era si convenía declarar la independencia. Esta idea debía ser tomada con cautela, de manera que para muchos, era un problema de conveniencia. Obró de tal manera en el análisis de los asambleístas que los obligó a postergar la declaración.

    No obstante, la asamblea de 1813 dictó medidas que evidenciaron una inclinación separatista. Así declaró que residía en ella la representación y ejercicio de la soberanía de las Provincias Unidas, adoptó el himno patrio y dispuso la independencia eclesiástica de los superiores residentes en España.

    El Congreso General Constituyente se reunió en 1816 en Tucumán. Volvió a plantearse el problema de la independencia y no fue considerado en los primeros meses de labor. Finalmente el Congreso dio la declaración de la independencia el 9 de julio de 1816.

    La declaración ofrecía un doble significado: era el punto de partida de un nuevo Estado soberano y constituía un verdadero pacto de unión entre los pueblos rioplatenses, pese a que no concurrieron al Congreso, los diputados de la Banda Oriental, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Paraguay. Como no era conveniente hacer pública la idea separatista desde un principio, el 25 de mayo la junta juró fidelidad al monarca cautivo, adoptándose “la mascara de Fernando”, donde esto empieza a abandonarse a fines de 1810.

    El carácter continental de la lucha por la emancipación

    La Revolución de Mayo constituyó la fase final de la designación del imperio hispánico en América y fue la base formativa de numerosos estados.

    No prosperó en América la tesis predominante en España de que todas las provincias y reinos de la monarquía constituían una comunidad y en cambio se impuso en la práctica la división de unidades como grandes divisiones administrativas había en el continente.

    La guerra por la por la emancipación se planteó en proyección continental.

    En el Río de la Plata, esta visión continental de la revolución fue desarrollada por la Logia Lautaro y tuvo su más eficiente realizador en José de San Martín, cuya llegada al país dio nuevo impulso a la idea separatista, especialmente proyectada en el objetivo militar.

    Los planteos de operativos militares mostraban dos puntos clave en poder de los realistas: Montevideo y Perú (el último era el más importante foco porque en él no había estallado ningún movimiento).

    De esta manera, el frente bélico en el norte del territorio virreinal se constituyó en preocupación para ambos bandos, y la ruptura del desaguadero fue escenario de triunfo y derrota para el ejército. Mientras unos pretendían avanzar por ella hacia el sur para unir el foco peruano con el montevideano, los patriotas, a su vez, intentaban marchar victoriosos hacia Lima. Por fin cambiaron de estrategia en la zona, fortificaron Tucumán y se limitaron a mantener las fronteras, impidiendo el avance rival con una guerra de guerrillas.

    Mientras tanto los realistas habían elaborado sus estrategias de represión. La victoria en Chile abría la posibilidad de un ataque sobre el Río de la Plata.

    En ese momento, San Martín, desde Cuyo, incitaba a los congresistas de Tucumán para que declarasen la independencia.

    A principio de 1817 se inició una acción militar encabezada por San Martín. De esa manera se aseguró la independencia del sur del continente.

    En el Río de la Plata, las luchas internas entre centralistas y federales y los problemas de las fronteras Lusitanas obligaron a desatender el operativo militar continental.

    La idea de unidad sudamericana buscó su realización desde 1810 hasta 1826.

    Los grupos políticos en Buenos Aires

    Partido Independencia: Es el más antiguo de los grupos políticos. En 1806 adquiere forma bajo la conducción de Juan José Castelli. Pertenecieron a este grupo Rodríguez Peña, Berutti, Juan Martín de Pueyrredón, Paso y otros. Su objetivo era lograr la independencia en el Río de la Plata y poner fin a la discriminación de que eran objeto los españoles americanos.

    Sus procedimientos: primero la protección británica, segundo, el apoyo de la infanta Carlota de Borbón y por último obtener la independencia sin apoyos exteriores. Su filosofía política no era definida. Desde el punto de vista social, este grupo proponía un cambio de sistema, poniendo fin al predominio de los peninsulares. Son partidarios de una monarquía constitucional, reformista en lo social y conservadora en lo político.

    Partido republicano: Este grupo estaba formado por españoles (en su mayoría, sin excluir a algunos criollos). Tenían un centro de poder en el Cabildo de Buenos Aires. Este grupo perseguía la independencia del Río de la Plata, aspiraban a constituir el nuevo gobierno y el sistema con los españoles europeos, comerciantes y con exclusión de los americanos. El grupo era reformista. Desde el punto de vista político proponían un sistema republicano a realizar por medio de juntas; era conservador en lo social.

    Otro grupo político estaba constituido por los jefes militares y dirigido por Saavedra, pero no llegan a constituir grupo propiamente dicho y con objetivos propios. Sus miembros: Viamonte, Terrada, Balcarce...

    Partido oficialista: constituido por funcionarios, partidarios del orden establecido y de personal permanencia en los puestos de mando, se proponían conservar el orden a toda costa, incluso al reconocimiento de las autoridades peninsulares. Los miembros fueron los de la real audiencia.

    El Cabildo del 22 y las Juntas de Mayo

    El 25 de mayo de 1810 queda formada una junta en Buenos Aires que reemplaza al virrey.

    Un mes antes de la formación de la junta, el regidor del cabildo, Tomás de Anchorena, planteaba el peligroso estado de la metrópolis, considerando necesario adoptar los medios que conduzcan a los derechos del soberano, defensa, conservación, y tranquilidad de la Patria; el derecho se juzgará en torno a la legitimidad de las autoridades peninsulares y la reasunción de las facultades por parte del pueblo. El punto es materia de discusión en el Congreso General o Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810.

    Una idea del pueblo

    El derecho del pueblo de reasumir el poder ante la falta de la autoridad legítima tenía vigencia en las leyes analizadas y aprobadas por los juristas.

    La participación directa del pueblo es limitada a un grupo dirigente. La división de las clases sociales diferentes y con distinta participación en la vida pública, limitaba la intervención popular. En esta época la participación mantenía restricciones. La intervención directa del pueblo en los sucesos de mayo está reducida a una pequeña parte de la población.

    Los cabildos aglutinaban las inquietudes populares. El de Baires llega a reemplazar el poder del virrey. Por decisión de los votos dados el 22 de mayo, crea una junta que preside Cisneros e integrada por Solá, Castelli, Saavedra... y que queda instalada el día 24; aunque esto no era lo que se decidió el 22. En la noche de ese mismo día renunciaban los miembros y en la mañana del día siguiente ocurrió multitud de gente que una pedía nueva junta, sin Cisneros. Algunos representantes manifestaban que ante la renuncia de los vocales había el pueblo reasumido la autoridad que depositó en el Cabildo y daba los nombres de la nueva junta. Se hizo el pedimento por escrito y el Cabildo debió aceptar la nueva integración de la junta.

    La teoría de la reversión y la ilegitimidad de la regencia frente a la legalidad juntista (palabra esta última que tomaremos con pinzas)

    Cinco días después de instalada la junta, el sacerdote Diego de Zavaleta, exhortaba al pueblo de Buenos Aires a obedecer a la nueva autoridad.

    En todo momento se volvía sobre la causa jurídica de la existencia de la junta.

    El enfrentamiento se produce con relación al reconocimiento de la regencia. Montevideo y Córdoba le juran obediencia y con esta actitud desconocen a la junta. En la misma capital y por esta causa, el gobierno debe resolver la expulsión del virrey y los oidores y más tarde remover a los miembros del ayuntamiento que habían jurado en secreto a la regencia.

    El 20 de julio de 1811 se firma en Montevideo, el tratado de pacificación entre la junta ejecutiva de Buenos Aires y el virrey Elío. Por este documento se acordaba terminar con las diferencias en estas provincias y se proclamaba que los firmantes no reconocerán otro soberano que Fernando VII. La junta de Buenos Aires expresaba que el gobierno reconocía la Nación española, de la cual forman parte integrante las provincias del Río de la Plata en unión con la península. Este tratado fue aprobado por el triunvirato de Buenos Aires. La Junta ya no existía porque acusaban a las juntas de infidelidad y separación (eran funcionarios españoles en América). La invocación de Fernando VII era entonces “una máscara inútil a los hombres libres”

    El día 25 de mayo se considera como el origen de nuestra absoluta independencia.

    Los escritos de Mariano Moreno

    Instaladas las juntas americanas, debieron convocar a las ciudades del interior para determinar el camino político a seguir.

    Villota enfrenta la tesis de Castelli, que el pueblo de Buenos Aires no tenía por sí solo derecho a decidir sobre la legitimidad del gobierno de regencia y mucho menos a elegir un gobierno. Por eso el Cabildo comprometió a la Junta para que las ciudades representantes, reunidas en la capital establecieran la forma de gobierno.

    En Buenos Aires los representantes del interior pretendían integrarse a la junta. Mariano Moreno rechaza las decisiones de orden político de Rousseau y distingue el concepto de soberanía separándolo de la persona del monarca.

    El solemne juramento y las bases de su ruptura

    Un bando del gobierno reunía en las plazas públicas a todos los empleados y principales vecinos.

    El alférez real subía a un tablado, juraba allí al nuevo monarca, y los muchachos gritaban: “¡Viva el rey!”, poniendo toda su intención en la moneda, que se les arrojaba con abundancia para avivar la grita.

    La Gaceta de Buenos Aires se transforma en vínculo de difusión de nuevas ideas. El doctor Moreno da fuerza eficaz. Desde 1810 comienza a insertar reflexiones políticas sobre la monarquía española que firma el “Patriota Español”; el patriota reconoce a Fernando como rey pero sujetándolo a la Constitución que la Nación establezca.

    Los restos de las ideas tradicionales y la ineficacia de la nueva mentalidad política

    En los años que siguen de instalación a la Junta se advierten nuevas ideologías que encuentran campo propicio en la libertad.

    En las filas del clero no aparecen rechazadas sobre el poder proveniente de la escuela española. Se las moderniza y se busca dejar de lado la doctrina contractual de Rousseau o los dictados sangrientos de la revolución francesa. En todos estos discursos hay una invocación frecuente del “pacto social” referido a la relación política creada entre el príncipe y los gobernados.

    Monteagudo es un admirador de Rousseau. Si bien no está probado que Monteagudo haya sido el director del periódico, “El grito del Sud”, fue sin duda su mayor propulsor y colaborador. El fin del periódico es instruir a las provincias del Plata sobre la necesidad de declarar la independencia y organizar el país por medio de una Constitución.

    Un joven abogado pretende ilustrar a los ciudadanos sobre los derechos y obligaciones del hombre en sociedad. Reunidos el 30 de octubre, declaran estar bastante convencidos de la necesidad de declarar la independencia pero como no lo estaban demasiado aquella no fue declarada en 1813.

    Las teorías sobre el poder político en el período patrio hasta algo más allá de la declaración de la independencia

    El sistema juntista de gobierno establecido en América entre 1808 y 1810 constituyó el primer paso hacia la independencia. El fundamento jurídico y político invocado por los juntistas fue español.

    Gorriti fue otro sacerdote de influencia en la marcha de la independencia en el Río de la Plata.

    Trae una definición de gran interés. Lo que se ha llamado “leyes fundamentales “ no es otra cosa que las precauciones que en cada país se han tomado para evitar que la autoridad sea la primera en evitarlos.

    Las ideas de Gorriti y Sáenz no expresan la opinión predominante. Reflejan la supremacía de antiguas teorías.

    La tendencia anti - española va acompañada con un sentimiento de irreligiosidad pronunciado.

    Nosotros establecimos nuestra junta de gobierno a semejanza de las de España. Su institución fue puramente provisoria, y a nombre del cautivo rey. Las autoridades españolas en América atacaron a los nuevos gobiernos; el propio rey restituido al trono los declaró amotinados. El resultado de ello es que nos hemos constituido independientes.

    Historia Argentina

    En 1807, el emperador, casi bloqueado en Europa, estrenó la clausura de los puertos del continente al comercio inglés, y la corte de Portugal decidió llevarle la guerra.

    Entró un cuerpo de ejército francés en España y pasó a Portugal y quedó allí.

    Napoleón notificaba que era necesario ceder al imperio la región más septentrional de su reino, o bien un corredor que le pusiera en comunicación con Portugal. Carlos IV trasladó la corte a Aranjuez y Fernando fue arrestado en el Escorial.

    El cambio fue celebrado por todos y Napoleón tenía reservada la corona para su hermano José.

    El 2 de mayo de 1808, ante la noticia de que uno de los infantes era sacado contra su voluntad del Palacio Real, se produjo un levantamiento popular en Madrid en sangre por los soldados franceses.

    En las ciudades se formaron juntas populares para defender el territorio y ese mismo año aunque ganaron los franceses y José Bonaparte pudo instalar su corte en Madrid, perdieron la batalla de Bailén (primera derrota de los ejércitos napoleónicos).

    Inglaterra desembarcó tropas en Portugal y se entabló una lucha entre los imperios.

    España contaba con nueva dinastía; las juntas españolas del primer momento se refundieron en una junta central.

    Las colonias de América presentaron obediencia a la junta y hasta la ayudaron, y esa misma junta había sido reconocida por Inglaterra.

    La situación de las colonias de América con respecto a la nueva dinastía instaurada fue valorada por Inglaterra y por el emperador.

    La Junta Central Española establecida en Sevilla pensó que ya había llegado el momento de asegurar la solidaridad de las colonias, que en tal situación podían fluctuar entre el reconocimiento de José Bonaparte, la idea de emancipación, la adhesión a la junta o el protectorado inglés, y formuló una declaración (1809) que declaraba a las colonias parte integrante de la monarquía española, dirigiéndose a los españoles de América.

    Entre tanto, Portugal rechazó algunos ataques por el norte y derrotó a los franceses.

    En América se produjeron en 1809 numerosos levantamientos, los criollos y españoles empezaban a recelar que las autoridades de América obedecían al nuevo monarca (José I) para conservar sus posesiones, y ellos perderían la mejor oportunidad de liberarse.

    En el Río de la Plata se acentuó el movimiento carlotista (de Carlota) y hubo criollos (Pueyrredón, Saavedra, Belgrano, y otros giles) que ansiaban por llevar la princesa a Buenos Aires para proclamar la independencia.

    El Consejo de Regencia se dispuso a reunir corte para elección de diputados.

    Para América se dio un procedimiento especial, allí no tenían derecho electoral, ni las ciudades con voto en cortes. Tampoco habían de votar los vecinos, sino los ayuntamientos de cada capital de provincias, eligiendo tres individuos de los que sorteado salía el diputado.

    El 13 de mayo llegó al puerto de Montevideo una fragata inglesa con gacetas donde se anunciaba lo acontecido en Andalucía. El gobernador de dicha ciudad (Soria, de Montevideo) mantuvo al buque alejado en la bahía, tomó los papeles y los remitió al virrey Cisneros.

    Escribió también una proclama dirigidas a los pueblos del virreinato en la que explicaba lo sucedido y su propósito en caso de la total pérdida de la península de “no tomar determinación que no sea acordada en unión de todas las representaciones de esta capital a que posteriormente se reúnan las de sus provincias dependientes, entre tanto se establece una representación de la soberanía del señor Fernando VII”.

    Hasta entonces los proyectos de emancipación no eran conocidos sino por un grupo muy restringido de personas que actuaban de incógnita; asegurando el apoyo militar, en que tuvo papel decisivo Saavedra, el mismo Saavedra y Manuel Belgrano pidieron al alcalde un cabildo abierto (es decir, la concurrencia al Cabildo de la parte principal, o sea, ningún croto) para tratar la situación del virreinato.

    El cabildo abierto acordó a pluralidad de votos que debía subrogarse el mando que ejercía el virrey y refundirse en el cabildo hasta que se elija una junta dependiente de Fernando VII. Quien debía nombrar la junta era el mismo cabildo. Acordó que el señor virrey no fuera separado absolutamente del mando sino que habría de gobernar la junta elegida por ayuntamiento.

    El virrey continuaba en el gobierno con otro título, pero así, todo el cabildo recibió el juramento de la nueva junta. La noche del 24 de mayo el cabildo convocó a los comandantes de tropas (quienes confirmaron la necesidad de la renuncia del virrey y de elegir una nueva junta), lo que decidió a los cabildantes a solicitar la dimisión del cargo de Cisneros que el mismo cabildo le había designado. El virrey accedió pero el cabildo se vio enfrentado ante otra situación: la población.

    El pueblo impuso al cabildo una lista con las personas que debían formar la nueva junta y que eran las siguientes: Presidente, vocal y comandante de armas, el señor Saavedra, y vocales José Castelli, Manuel Belgrano, Azcuénaga, Alberdi, Matheu y Larrea. Secretarios: Juan José Paso y Mariano Moreno.

    El cabildo acató la imposición y resolvió mandar a que se eligiese una nueva junta de gobierno compuesta de los señores expresados en la representación.

    El Cabildo se reservó algunas atribuciones y derechos, como el de remover a los miembros de la junta. Los vocales presentaron ante el cabildo solemne juramento.

    El nuevo gobierno había hecho a un lado al virrey y se había comprometido a gobernar a nombre de Fernando VII y el pueblo no estaba en los secretos de aquella minoría que hablaba así, al parecer, por indicación de las autoridades inglesas que organizaban sus mercados en América del Sur. Inglaterra ofreció como muy conveniente la máscara de Fernando.

    La junta obró estrictamente como si en verdad conservara el gobierno para Fernando VII.

    La fidelidad y adhesión al rey Fernando fueron según la junta del día 26 de mayo, unos de los motivos que habían determinado la revolución.

    La junta comunicó su Constitución a Río de Janeiro y al virrey del Perú, Montevideo, Lima, Córdoba, Paraguay, reconocieron a la nueva autoridad. Buenos Aires la desconoció alegando que América no había sido consultada,

    Entre tanto, la audiencia se pronunció por el reconocimiento de la nueva autoridad española; y la junta procedió revolucionariamente, arrestó al virrey Cisneros y a los de la audiencia.

    En junio la misma junta rompió todo vinculo de subordinación con el ayuntamiento. Poco más tarde, serán removidos los cabildos y confiados a las provincias del interior. En cuanto a las autoridades y cabildos del virreinato quedó la junta en expectativa. Al mismo tiempo se recomendó que esos mismos cabildos no debieran ser puramente populares hasta que la junta hable a los pueblos. Tampoco se permitió que los cabildos pobres eligiesen diputados.

    En junio el cabildo de Córdoba había reconocido la autoridad del virrey de Lima en lo político y de la audiencia en lo judicial, con lo que se sustraería a la obediencia de Buenos Aires. Se tomó prisionero a Liniers y 20 días después fue fusilado.

    El terror de la revolución francesa había llegado al Río de la Plata con retardo de 20 años.

    Buenos Aires pudo ser víctima de un serio bloqueo, perjudicaba al comercio de su Nación.

    En septiembre salió Belgrano con un pequeño ejército dispuesto a llevar la revolución hasta aquellas apartadas regiones, pero su campaña del Paraguay fue un fracaso militar. Sufrió una derrota en la batalla de Paraguay en 1811 y fue nuevamente abatido en Tacuarí.

    A principio de 1811 apareció en Montevideo Elío con el título de virrey del Río de la Plata otorgado por la regencia. Venía el virrey dispuesto a llevar un ataque naval y terrestre en caso de no ser obedecido, contra las fuerzas del nuevo gobierno en el Litoral.

    Elío organizó tropas para la invasión de Entre Ríos.

    Artigas sería el caudillo de mayor prestigio en el Litoral argentino, el primer hombre que levantará a las masas y el primero que infundirá un aliento popular a la revolución. Será también Artigas el primero que rechazará la máscara de Fernando VII y pedirá que sea declarada la independencia de las provincias.

    Santa Fe se hallaba en peligro de ser tomada por el enemigo.

    El secretario Moreno había chocado con Saavedra. Según testigos, el primero iba re fumado.

    Saavedra era todo lo contrario a un ideológico y como presidente le había correspondido la comandancia de armas que retenía al virrey.

    Moreno discurría la manera de arrancar al presidente la comandancia militar para disminuir su autoridad e influencia en el gobierno. Logró que los demás vocales firmarán un decreto con el nombre de “ derechos de los honores”. Este decreto tenía como finalidad privar a Saavedra de la comandancia militar y eso se consiguió.

    La junta en unos pocos meses había caído en desconcierto, sus miembros no se entendían.

    La junta afrontó el problema de la incorporación de los diputados de provincia que habían pedido su asociación a la junta de acuerdo a la circular del 27 de mayo, dirigida a los cabildos, que decía que han de irse incorporando a ésta los diputados de la capital, pero los vocales ahora se oponían a la incorporación. Los diputados no debían incorporarse y esperar a que fuera convocado el Congreso.

    El día 18 de diciembre los representantes del interior se apersonaron a la sala de despacho de la junta y expusieron verificar su incorporación. Los vocales no querían consultar al pueblo porque sería peligroso y transaron con que los diputados podían votar en la junta sobre sí formaban o no parte de ella, lo que era lo mismo que sancionar su incorporación. Sólo Paso y Moreno se mostraron intransigentes. Los demás aceptaron la incorporación por conveniencia pública.

    Moreno dejó constancia de que lo creía contrario al bien de los pueblos y a la dignidad de la junta y renunció a su cargo. La junta lo encomendó a una misión en Londres y Moreno murió (¿o lo murieron?) en plenamar. Pero el partido morenista siguió.

    El gobierno armó una escuadrilla y prestó su apoyo al movimiento popular de Entre Ríos y de la Banda Oriental con hombres y armas. Descentralizó el poder tomando las juntas provinciales para inspirar confianza a los pueblos del interior.

    Unidad VI

    La forma de gobierno:

    Rápidamente se impuso en el Río de la Plata la idea de que el poder o la soberanía residía originariamente en el pueblo o en la Nación, siendo inalienable por naturaleza, quedando así desplazada la tesis de atribuir la soberanía al rey.

    La elección de la forma de gobierno no resultó tarea fácil. Si bien en la práctica se orientó hacia el régimen republicano representativo, los intentos por establecer una monarquía moderada o constitucional fueron varios y contaron con la adhesión de figuras representativas.

    República: se extendía como tal la comunidad política organizada sobre la base de la igualdad humana, gobernada por autoridades elegidas periódicamente por el pueblo, que obran en representación de éste con su consiguiente responsabilidad y que ejercían las funciones a través de la división de poderes. La expresión republicana se opuso a la de monárquico y estaba frecuentemente unida al término liberal.

    Las funciones del Estado fueron rápidamente distinguidas en legislativas, ejecutivas y judiciales pero sin establecerse de inmediato.

    Poder legislativo:

    Debe señalarse que las funciones legislativas fueron desempeñadas también por las asambleas y Congresos constituyentes durante el lapso que estuvieron reunidos.

    La existencia de un Poder Legislativo fue prevista tanto en el reglamento del 22 de octubre en 1811 como en las constituciones de 1819 y 1826 pero en ningún caso alcanzaron a funcionar los órganos establecidos.

    El reglamento de 1811 disponía que el Poder Legislativo residía en la propia junta conservadora de la soberanía de Fernando VII y de las leyes nacionales cuyas personas eran inviolables y en caso de incurrir en delitos serían juzgados por una comisión interna designada por la misma junta.

    Las constituciones de 1819 y 1826 establecían como rama legislativa un Congreso Nacional integrado por dos cámaras: de representantes y de senadores.

    Representantes: formada por cada provincia en proporción al número de hombres con independencia de los pueblos o provincias que los elegían. Duraban cuatro años en su puesto, pero se renovaban por mitades cada dos años.

    senadores: en 1819 se estableció que sería un senador por provincia, tres militares, un obispo, tres eclesiásticos, un senador por cada universidad y el director de Estado que hubiere concluido su gobierno. Salvo este último, los demás duraban doce años.

    En 1826 se estableció el más moderno y frecuente sistema de elección de senadores por la capital y por las provincias con un mandato de 9 años.

    Las atribuciones: desde un punto de vista formal, era el órgano encargado de la formación y sanción de las leyes.

    Las principales eran:

    • Declarar la guerra y celebrar la paz.

    • Fijar y equipar la fuerza armada.

    • Establecer impuestos.

    • Crear y suprimir empleos.

    • Demarcar el territorio del Estado y fijar los límites de las provincias.

    Poder ejecutivo:

    Más allá de ser uno de los poderes del Estado, muchas veces su actividad fue entendida como toda la acción del gobierno.

    La función ejecutiva debía ser desempeñada por una autoridad rápida, sin trabas, que procediera a ejecutar las disposiciones legislativas y a cumplir las demás funciones asignadas a esta rama.

    De ahí que fuera siempre aconsejable integrarla con el menor número de personas. En el reglamento del 22 de Octubre 1811 por primera vez se estructuraba el Poder Ejecutivo independiente.

    Era un triunvirato designado por la Junta Conservadora, y tenía un carácter provisional con duración de un año. El estatuto del 22 de Noviembre 1811 carecía de una enumeración precisa de las atribuciones.

    El 27 de Febrero de 1813 la Asamblea General Constituyente sancionó un estatuto dado al supremo Poder Ejecutivo, también provisional, integrada por tres personas.

    Enumeración bastante precisa de las atribuciones:

    • Ejecutar las leyes y decretos.

    • Proveer la seguridad interna y defensa exterior, y mandar a las fuerzas armadas.

    • Mantener las relaciones exteriores.

    • Recibir embajadores.

    • Establecer negociaciones.

    El 22 de enero de 1814 se modificó el estatuto, dando la autoridad ejecutiva a una persona denominada Director Supremo de Las Provincias Unidas, pero creando un Consejo de Estado destinado a moderar el nuevo Poder Ejecutivo.

    El estatuto de 1815 organiza un nuevo Poder Ejecutivo ejercido por un ciudadano con el título de director del Estado. Atribuciones:

    • El cumplimiento y ejecución de las leyes.

    • La protección de la religión del Estado.

    • Organización de las fuerzas militares.

    • Protección a la seguridad individual y tranquilidad pública.

    • Recaudación e inversión de los fondos públicos.

    No se establecía un Poder Legislativo especifico.

    Restricciones: no podía intervenir en las causas judiciales ni alterar el sistema de administración de justicia excepto el conocimiento de las causas de hacienda y contrabando y las militares.

    El reglamento de 1817 mantuvo buena parte del articulado del estatuto anterior.

    El funcionamiento del Congreso General Constituyente significa una novedad que permitía regular de una manera más efectiva y precisa las atribuciones y limitaciones del Poder Ejecutivo.

    El mismo Congreso hacía las veces de órgano legislativo hasta que la Constitución estableciera en forma permanente ese poder del Estado.

    Constituciones de 1819 y 1826. Se insistía en el Poder Ejecutivo unipersonal: director del Estado se denominaba en 1819 y presidente de la república en 1826; la designación en ambas era por 5 años.

    Atribuciones: eran casi análogas y no ofrecían mayores novedades con respecto a las anteriores. Sólo se advierte una mayor precisión en su enumeración.

    Se encargaba al director o presidente la administración general del país, era quien proveía los empleos públicos, designaba los ministros y los removía, nombraba los generales, ejercía el derecho de patronato con respecto a las iglesias, beneficiados y personas eclesiásticas. Era el jefe supremo de las fuerzas de mar y tierra, celebraba los tratados con naciones extranjeras con el consentimiento del Poder Legislativo, recibía a los ministros y agentes de las naciones exteriores y era quien publicaba y ejecutaba las leyes que sancionaba el Poder Legislativo.

    La correlación de las funciones legislativa y ejecutiva

    Correspondía al Poder Legislativo sancionar las leyes, y al Poder Ejecutivo publicarlas y ejecutarlas, pero al igual que los legisladores, éste podía intervenir en su elaboración, presentando proyectos.

    El Poder Judicial era el encargado de aplicar la ley así elaborada a las causas que se suscitaran.

    El Poder Legislativo creaba y suprimía empleos y el ejecutivo designaba las personas para ocuparlos. Al legislativo correspondía declarar la guerra y la paz y al ejecutivo publicar estas determinaciones.

    Requisitos para ocupar la función pública.

    Para ser director del Estado, el estatuto de 1815 exigía que se fuese vecino y nativo de cualquier pueblo del Estado, con los últimos cinco años de residencia inmediata a su elección y 35 años de edad.

    La Constitución de 1819, decía que debía ser ciudadano nativo del territorio con seis años de residencia inmediata y 35 años de edad.

    En 1826 se introdujo una variante en la edad, 36 años. Debía gozar de un capital de diez mil pesos, renta equivalente o profesión científica capaz de producirla.

    Para desempeñarse como senador, se exigía en 1819 la edad de 30 años, nueve años como ciudadano, ocho mil pesos de capital o una profesión “que lo ponga en estado de ser ventajoso a la sociedad.”

    En 1826 se subió la edad a 36 y el capital a diez mil pesos.

    Para ser diputado, se exigía en 1819, tener 26 años de edad, siete de ciudadanía, un capital de cuatro mil pesos o en su defecto profesión u oficio útil y pertenecer al fuero común.

    En 1826 se eliminó el requisito que impedía ocupar esos cargos a los militares en servicio activo y a los sacerdotes reduciéndose la edad exigida a 25 años.

    Tanto a los legisladores como al director o presidente se les exigía independencia material y moral del otro poder.

    Los secretarios de Estado:

    En el reglamento provisional de los secretarios de Estado de 1814 se establecían tres secretarías: la de gobierno, encargada del gobierno interno y de los asuntos exteriores, la de hacienda y la de guerra.

    Los secretarios eran jefes de sus respectivos departamentos.

    Proponían al director supremo los proyectos de mejoras y reformas en sus ramos y autorizaban con su firma los decretos y demás resoluciones del Poder Ejecutivo.

    Órganos consultivos:

    Aunque duraban breves lapsos, existieron órganos consultivos, destinados a asesorar al Poder Ejecutivo en los asuntos de mayor gravedad.

    La Asamblea General Constituyente estableció en 1814 un Consejo de Estado integrado por nueve vocales destinados a dictaminar los negocios de mayor gravedad, que se le sometiera el director supremo, quien debía consultarle obligatoriamente sólo las negociaciones de paz, guerra y comercio con otras naciones.

    Cuatro vocales eran designados por el propio director supremo.

    El vocal presidente del consejo era designado por el Poder Legislativo.

    El Consejo de Estado cumplió una efectiva labor hasta su supresión en 1815.

    Aunque en una forma más limitada, la institución fue recogida en la Constitución de 1826 al establecer “el consejo de gobierno” integrado por los ministros secretarios.

    La idea fue aplicada en otras oportunidades y así en el orden provisional pueden citarse el consejo de gobierno, creado por Lavalle, gobernador de Buenos Aires y el Senado consultivo establecido en la misma provincia por el gobernador Juan José Viamonte en 1829.

    La organización judicial, orígenes del Poder Judicial

    El principio de la independencia de este poder con respecto a los demás se impuso desde el primer momento en los textos constitucionales.

    La revolución Argentina y la forma de gobierno entre 1810 y 1820

    Tres fines aparecen como fundamentales en la revolución:

    • Político: lograr la independencia nacional y crear el gobierno propio.

    • Económico: mejor distribución de la riqueza del país en beneficio del mismo.

    • Social: encaminado a la igualación de los habitantes de las distintas clases sociales en que se divide la sociedad colonial.

    Los tres fines están estrechamente relacionados entre sí.

    En materia de forma de gobierno, se estaba entre la monarquía y la república, pero ocurría que cada una de estas formas fundamentalmente comprendía tipos muy distintos de gobierno.

    Dentro de la monarquía, un tipo constituía la monarquía absoluta, la cual nos había regido bajo la dominación española. El otro tipo es la monarquía limitada de la Gran Bretaña, resultado de la revolución inglesa de 1688.

    La forma republicana tiene tres tipos de gobierno. El de la representación centralizada y unitaria cuyo modelo era la primera representación francesa expresada en sus Constituciones de 1793 y 1795.

    Otra, tradicional de Confederación, cuyos modelos en Europa eran las de Suiza y Holanda. Ambas desaparecidas durante la época ¿papolónica? y en América la forma de los artículos de la Confederación de los Estados Unidos. Y por último, la de la representación federal cuya forma original no hacía mucho que la habían expresado en forma escrita en los Estados Unidos en su Constitución de 1787. Para los directores de la revolución, lo fundamental era lograr la independencia, pero los revolucionarios debían desenvolverse con cautela.

    La independencia era la base para dictarse una Constitución que fijara la forma de gobierno.

    Lord Strangford:

    Ministro de la Gran Bretaña ante la corte portuguesa de Río de Janeiro no vaciló en advertirles que su país no vería con buenos ojos la declaración de la independencia antes de decidirse la suerte de España, de la que era aliada, y que una decisión prematura les enajenaría el apoyo británico.

    Strangford les aconsejó que al adueñarse del gobierno lo ejercieran en nombre de Fernando VII y no dejó de puntualizarles la desconfianza con que la declaración de independencia sería recibida por el gobierno portugués, que instalado en el Brasil, temía que dicho ejemplo repercutiera y amenazara su dominación en este país.

    Los poderes de la corona habían desaparecido con el rey cautivo en manos de Napoleón. La forma de gobierno llevaba a una definición de soberanía y el gobierno provisorio permitía escapar a este riesgo.

    El gobierno centralizado de la revolución y la transformación institucional.

    Hecha la revolución, hasta la Constitución 1819, los actos constituyentes producidos evitan la adrogación de una forma de gobierno y se limitan a organizar los poderes gubernamentales y a definir y asegurar los derechos de la persona.

    Sin embargo, la concepción unitaria del Estado es sostenida por los gobiernos revolucionarios para evitar la disolución de la comunidad constituida por los pueblos del Virreinato, y asegurar por la acción militar y diplomática la independencia nacional.

    El nuevo gobierno debe obtener su reconocimiento por las provincias y vigilar la reacción española.

    La junta exige juramento de fidelidad a corporaciones y funcionarios.

    Dicta un reglamento para el ejercicio de su autoridad organizando dos secretarías de Estado: una de hacienda, a cargo de Juan José Paso, y otra de gobierno y guerra, que asume Mariano Moreno.

    Crea también el ejército nacional.

    El Cabildo dicta un reglamento para la Junta y declara que si dentro del plazo de seis meses no hubieran llegado los diputados de las provincias, procederá a reemplazarla por otra nueva.

    La Junta procede sin vacilar y embarca para Europa al ex-virrey y a cuatro miembros de la audiencia e integra el tribunal con hombres de la revolución.

    La Junta destituye a todos los cabildantes y los reemplaza por revolucionarios.

    Las provincias responden a la revolución, con la contra revolución, es dominada y después de la victoria de Suipacha la junta de gobierno todo el virreinato.

    Destruida la fuerza española con el destierro y separación de sus hombres más representativos, la dirección del gobierno divide a los miembros de la junta y se determinan dos tendencias, una conservadora, temerosa de las Constituciones sociales y de las innovaciones, y otra progresista, que quiere una transformación fundamental.

    En materia de política exterior había que evitar la pérdida del apoyo británico y la intervención portuguesa en el Río de la Plata. En materia de política interior había que conservar la integridad del virreinato. En el orden social, consideraban que la conducción gubernamental debía adquirir la adhesión de la “clase decente de la sociedad” respetando sus legítimos derechos, el mejoramiento de la condición del indígena y la emancipación de los esclavos. Todo debía llevarse a cabo sin comprometer la estabilidad social.

    Cornelio Saavedra personificaba la prudencia en la conducción.

    Mariano Moreno se transforma en el nervio e impulso de la revolución.

    Los antagonismos de ambas tendencias se sentían ya en la Junta cuando entró a jugar un nuevo factor: las provincias.

    Los diputados de éstas llegan a la Capital resueltos a participar en la conducción del gobierno.

    En la Junta no deja de verse el inconveniente que producirá su incorporación al rápido despacho de los negocios públicos.

    La Junta se ve precisada a acceder y el 18 de diciembre de 1810 se reúne en pleno y con la participación de los representantes electos de las provincias considera la cuestión de la incorporación. Los diputados de las provincias sostienen que la capital carece de derechos para elegir exclusivamente los gobernantes de todo el país.

    La incorporación triunfó contra el voto de Juan Paso y de Mariano Moreno renunciando este último a su cargo y alejándose definitivamente del gobierno.

    Los diputados de las provincias se incorporaron a la Junta, formándose así la Junta Grande que reemplazo a la Junta de Mayo.

    Aún en nuestros días se cree que la incorporación fue resultado de una maniobra saavedrista contra Moreno.

    El general Mitre señala con acierto que el paso dado fue una concesión al espíritu federalista.

    Pronto vendría la creación de las juntas provinciales por decreto en 1811.

    El decreto crea juntas provisionales compuestas de cinco individuos que residen y gobiernan en la capital de cada provincia.

    El decreto señala la aplicación del primer sistema electoral orgánico que ha conocido nuestro país y significa una concesión a la autonomía de las gobernaciones, e intendencias, lo que origina la protesta de los Cabildos de los distritos subalternos.

    El espíritu de localidad es también como lo señala Mitre: el tratado de su generación del Paraguay el 12 de octubre de 1811 en cuyo preámbulo se dé el nombre de Provincias Confederadas a las Provincias Unidas y en cuyo texto (artículo 5) se reconoce la independencia de la Provincia del Paraguay de la de Buenos Aires y deben unirse ambas provincias en una federación de alianza indisoluble.

    La salida de Moreno de la Junta hace que sus partidarios constituyan en la capital, “la sociedad patriótica” para adueñarse del gobierno. Con este motivo actúan en forma turbulenta y atacan sin ambages a la Junta Grande.

    El conflicto entre partidarios y adversarios de ésta culmina en abril de 1814, donde quebrantó la autoridad de la Junta, que si bien subsistió, fueron excluidos de ellas todos los morenistas.

    El gobierno se había interesado en la reunión del Congreso Nacional y enviado con tal motivo una circular para que se acelerara el envío de los diputados de las ciudades.

    Saavedra ante el desastre de nuestras armas marcha al norte. El Cabildo, que apoya a la oposición, entra en conflicto con la Junta y la obliga a aceptar la elección de los diputados de la Capital al Congreso y de una junta consultora por intermedio de un Cabildo Abierto de la ciudad.

    Se volvía así al sufragio de la parte principal y más sana de la población, dejando de lado el sistema de elección de todos los vecinos.

    En la elección de septiembre de 1811 resultaron electos diputados por una ciudad de 50.000 habitantes, Chiclana con 783 votos y Juan Paso con 793.

    La elección representa la victoria de la capital contra el partido provinciano y de los morenistas contra los saavedristas.

    La Junta decide entonces desprenderse de la función ejecutiva, la que entrega a un cuerpo colegiado de carácter triunviral del que hacen parte Chiclana, Paso y Sarratea; y tres secretarios sin voto: Pérez, de gobierno, Rivadavia, de guerra, y Vicente López, de hacienda.

    La Junta Grande, convertida en Junta Conservadora, fijó los poderes del Triunvirato en el reglamento orgánico de 1811, documento que hace que el nuevo ejecutivo disuelva la Junta Conservadora.

    A este acto contra saavedristas y provincianos, sigue en diciembre la suspensión de las juntas provisionales, medida que se hizo efectiva entre enero y marzo de 1812, y produjo enorme descontento entre los pueblos.

    El Triunvirato trató de asegurar su autoridad con el estatuto provisional de 1811, extraño documento constituyente que no miraba más que a los intereses del grupo dominante. El Triunvirato crea así una asamblea sui generis, con Charly y Nito a la cabeza.

    No obstante estas preocupaciones, la primera asamblea que se constituyó no se conformó con la función de elegir al nuevo triunviro y pretendió asumir la autoridad suprema, a lo que el Triunvirato respondió disolviéndola. La medida despertó una vigorosa oposición, la que se centró en la Segunda Sociedad Patriótica, creada en enero de 1812, y en la Logia Lautaro, organizada por los jefes y oficiales llegados de Europa (San Martín, Alvear), al servicio de la cual se puso la Segunda Sociedad Patriótica.

    La Logia se organizó para crear en el país una solidaridad revolucionaria e infundir nuevo (sustantivo) a la revolución, cumpliendo como programa el dictado de la declaración de la independencia y de una Constitución republicana democrática. Convocada por el Triunvirato, la asamblea que éste había creado, bajo la influencia del gobierno, rechazaba a los diputados de Mendoza, Salta y Jujuy, y el voto del diputado de Tucumán, y este rechazo provoca la revolución del 8 de octubre de 1812, que derroca al llamado primer Triunvirato, y lo sustituye por el segundo Triunvirato, formado por Paso, Nicolás Peña y Antonio Jonte. El nuevo gobierno dicta un decreto convocando a los pueblos a elegir diputados para la asamblea representante de los mismos.

    El 31 de enero de 1813 se instala la Asamblea, la que declara que reside en ella la representación y ejercicio de la soberanía de las provincias unidas del Río de la Plata, pero lo más importante es la declaración de la independencia.

    Por el estatuto de 1813, se fijan los poderes del gobierno hasta la sanción de la Constitución.

    El Poder Ejecutivo es de carácter colegiado. La presencia del eje triunviral se turna cada mes por orden de antigüedad. El Poder Legislativo es también materia de organización.

    Los diputados son declarados "Diputados de la Nación" y se los declara inviolables.

    La administración judicial había sido organizada por el reglamento de 1812.

    La organización del Poder Ejecutivo no iba a tardar en transformarse bajo la influencia del grupo alvearista.

    El 26 de enero de 1814 se reforma el estatuto de organización del Poder Ejecutivo de 1813, a pesar de la oposición a que se haga la reforma por parte de San Martín y sus amigos, hasta que no se adopte la Constitución.

    Por esta reforma se sustituye el ejecutivo colegiado por el ejecutivo unipersonal, con un director supremo.

    La asamblea hace la afirmación de la soberanía con la adopción de los símbolos nacionales: el escudo de la Nación, el Himno Nacional, la consagración del 25 de Mayo como fiesta cívica, etc.

    La asamblea se preocupó de la destrucción de la servidumbre y de la desigualdad social con la libertad de vientres y de los esclavos que hubieran pisado el territorio de las Provincias Unidas. Con la supresión de la mitad de las encomiendas del yanaconazgo (yanacona: voz quechua. Aplícase al indio que estaba al servicio personal de los españoles en algunos países de la América del Sur), del servicio personal de los indios, y la declaración de éstos como perfectamente libres y en igualdad de derechos a todos los demás ciudadanos.

    La Asamblea sin embargo no declara la independencia ni dicta la Constitución. El dominio de ella había dividido la Logia Lautaro en dos grupos: 1) el de San Martín, que preconiza el cumplimiento del programa original de aquélla; 2) el de Alvear, que se pliega a una política oportunista y se convierte en partidario de la dictadura militar.

    Alvear, dueño de la mayoría de la Asamblea, para conservarla impone el rechazo de los diputados orientales, los que coincidían en su posición con San Martín, y que al incorporarse al cuerpo hubieran concluido con su predominio. Desgarra la Logia y alejado San Martín de Buenos Aires, al partir para hacerse cargo del comando del ejército del Norte, Alvear queda dueño de la situación e impone su voluntad. Creado el Poder Ejecutivo unipersonal, Posadas, tío de Alvear, es elegido Director Supremo.

    Alvear entra en conflictos con Artigas, el caudillo de los orientales, que se niega a subordinarse al gobierno de Buenos Aires, y que en combinación con otras fuerzas, pronto constituyó un grave peligro.

    Entre tanto, San Martín después de haber reorganizado el ejército del norte, obtuvo su relevo y se hizo gobernador intendente de la nueva provincia de Cuyo.

    Alvear consiguió el comando del ejército del norte y resuelto a marchar sobre Lima lo reforzó con las fuerzas que se habían concentrado en Olivos y se dispuso a asumir su nuevo cargo.

    El ejército se había sublevado, en Jujuy lo desconocían como jefe y sólo aceptaban como comandante al Gral. Rondeau.

    Alvear debió regresar a la capital. Posadas renunció entonces a su cargo de director y la Asamblea lo reemplazó con Alvear, el 9 de enero de 1815.

    La situación general tanto interna como externa se hizo sumamente grave. Internamente cundía el desorden político como resultado de los errores del gobierno. En cuanto al orden exterior, ocurría que Fernando VII había sido restablecido con el trono español por el tratado de Valencay, y convertido en rey absoluto reclamó su reclamó su reconocimiento a los pueblos hispanoamericanos.

    El nuevo director no tiene más preocupación que imponer su autoridad recurriendo incluso a la dictadura militar.

    Para subordinar más directamente el ejército a su persona, le dio una particular organización, cuyo resultado inmediato fue la licencia solicitada por San Martín, la que Alvear le otorga sin limitación de tiempo, nombrando para reemplazarlo en la gobernación de Cuyo al Cnel. Gregorio Perdriel.

    Al saberse en Mendoza el reemplazo de San Martín, se levanta y reclama que se deje sin efecto el relevo de su gobernador. Perdriel pretende asumir su cargo, pero los mendocinos resisten la entrega del gobierno y reclaman del director su llamado, a lo que éste se ve obligado a acceder.

    Entre tanto Alvear ha evacuado Montevideo, ciudad de la que se adueña Artigas.

    Alvear, en su afán de avasallar las resistencias entra en conflicto con el Cabildo de Buenos Aires, al que quiere imponerle una proclama contra Artigas y someter a su voluntad, amenazando con derramamiento de sangre, a fin de rescatar Santa Fe de manos de Artigas.

    Alvear envía una división cuya vanguardia al mando de Ignacio Álvarez Thomas se subleva en Fontezuelas.

    Las tropas enviadas para sofocar el movimiento se pliegan a éste, no tardando la capital en entrar en conmoción y viéndose presionado, Alvear abandona su cargo.

    La Asamblea aceptó la renuncia del director y decidió reformar la organización del Poder Ejecutivo, volviendo a la forma colegiada y triunviral (San Martín, Nicolás Peña y Matías de Yrigoyen), pero fue inútil. Alvear debió resignarse a entregar el mando de las fuerzas militares a sus órdenes y embarcarse en una fragata inglesa.

    Antes de caer, desesperado por la situación, había enviado al Brasil a Manuel José García, llevando sendas notas para el gobierno de Gran Bretaña y para Lord Strangford.

    Alvear pedía que la Nación británica acogiera en sus brazos a estas provincias afirmando que las mismas deseaban pertenecer a la Gran Bretaña (qué porquería de persona) y recibir sus leyes y obedecer su gobierno y vivir bajo su influjo poderoso.

    El Cabildo asumió el gobierno de la capital, comunicó a los pueblos la separación de Alvear y la disolución de la Asamblea y dispuso la convocatoria de aquélla a elecciones para constituir un gobierno de carácter provisional.

    Las elecciones tuvieron lugar al día siguiente, discutieron la forma de gobierno a adoptar. Se resolvió mantener el cargo de director pero vigilado por una Junta de Observación.

    La elección recayó en el Gral. José Rondeau y encontrándose éste ausente por hallarse frente al ejército del norte, se designó director sustituto durante su ausencia a Ignacio Álvarez Thomas.

    Los electores y el Cabildo nombran una junta de observación compuesta de cinco titulares y dos suplentes, junta que redactó el estatuto provisional del 5 de mayo de 1815.

    Este estatuto reconoció los derechos de los habitantes, autorizando entretanto a la junta de observación a legislar provisionalmente en los casos necesarios y urgentes y mantuvo el Poder Ejecutivo unipersonal en la persona del director del Estado, dándole un mandato de un año. Organizó el Poder Judicial.

    La parte más importante del estatuto de 1815 fue el sistema electoral. Éste disponía que el director del Estado invitara a todas las ciudades y villas de las provincias del interior para el nombramiento de los diputados que hubiesen de formar la Constitución, los cuales se reunirían en la ciudad de Tucumán.

    Las provincias habían desconocido la autoridad nacional y se manejaban con gobiernos independientes. La disolución estaba en todas partes y se hacía indispensable la reconstitución de un centro de autoridad común.

    Artigas constituía el más vivo obstáculo. Dueño de la Banda Oriental, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe y con influencia en Córdoba, se negó a sacrificar las ventajas alcanzadas y a participar en el Congreso General con lo que las cuatro provincias artiguistas se vieron excluidas del mismo.

    Tras esta hora oscura de nuestra historia, hay que destacar a San Martín por asegurar la independencia nacional.

    La instalación del Congreso de Tucumán es la obra maestra con que restablece el equilibrio del país convulsionado.

    El 24 de marzo de 1816, el Congreso pudo instalarse en la ciudad de Tucumán, pero en su seno no domina la armonía.

    Los diputados altoperuanos piensan en la coronación de un inca, (qué pedo mental), los del norte argentino se muestran poco inclinados por Buenos Aires, los de Córdoba no callan sus aficiones por el federalismo artiguista, los de Buenos Aires desconfían de las provincias y el Litoral ausente del Congreso reclama su disolución.

    San Martín obra sin que nadie note su acción.

    Ha reorganizado la Logia Lautaro, obliga a sus componentes a renunciar a la acción aislada en individual para obrar en solidaridad con los grandes fines nacionales. San Martín acelera la reunión del Congreso y hace que se den las soluciones buscadas.

    La mayoría del Congreso se inclina a elegir a San Martín pero los diputados por Cuyo declaran que no le darán sus votos, pues considera esta elección perjudicial para su provincia.

    Los adversarios de Buenos Aires habían levantado la candidatura directorial de un furibundo antiporteño, el Cnel. José Mades, al que pareció apoyar el gobernador de Salta, Güemes.

    Bastó esto para que los diputados de Buenos Aries reaccionaran alarmados y San Martín lograra que fuera electo director supremo Pueyrredón.

    Faltaba el segundo paso: la independencia. Arrancan la declaración frustrada en 1813. La Constitución debió postergarse, ya que dictarla era adoptar una forma de gobierno y esto en esos momentos sólo podía agravar las querellas internas.

    Entretanto, Álvarez Thomas se ve precisado a abandonar su cargo de director interino y su reemplazante, Balcarce, no tardó también en dejarlo.

    Pueyrredón entra en la Capital y pone orden en ella.

    El Congreso comprende la necesidad de hacer igual cosa, deja Tucumán y en 1817 abre sus sesiones en Buenos Aires.

    El gobierno tiene que afrontar en la Capital una oposición desbordada, en el Litoral, al artiguismo amenazante y en el interior a los localismos en marcha. Los portugueses invaden la Banda Oriental, y los españoles amenazan desde el alto Perú y Chile, en estas circunstancias, San Martín pasa los Andes, triunfa en Chacabuco y libera a Chile.

    Su victoria mejora la situación del gobierno.

    El Congreso dicta el 3 de diciembre de 1817 el reclamo provisorio para la administración y dirección del Estado.

    El Poder Legislativo estaba a cargo del Congreso, el que poseía además el poder constituyente.

    El Poder Ejecutivo unipersonal era ejercido por el director del Estado y el término del director ya elegido duraba hasta la sanción de la Constitución, salvo que el Congreso juzgara conveniente darlo por terminado.

    La Constitución del 22 de abril de 1819 organizó en forma tripartita los poderes gubernamentales.

    Un Congreso compuesto de dos cámaras: Senado y Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes debía componerse de diputados elegidos en proporción de uno por cada 25.000 habitantes. Duraban cuatro años y se renovaban cada bienio.

    El Senado estaba formado por los senadores de provincia, tres militares, un obispo, tres eclesiásticos, y por el director del Estado. Duraban doce años. El ex director permanecía en el Senado hasta su reemplazo por el que le hubiera sucedido en el mando.

    El Poder Ejecutivo era desempeñado por una persona con el título de director del Estado. Duraba en el cargo cinco años y podía ser reelegido una vez con un voto sobre las dos terceras partes de cada cámara.

    Una Alta Corte de Justicia compuesta por siete jueces y dos fiscales, ejercía el supremo Poder Judicial.

    Ejercían su cargo mientras duraba su buena conducta.

    Los derechos de las personas estaban asegurados. El poder constituyente pertenecía al Congreso. La Constitución fue jurada en la Capital y en diversas provincias, pero el gobernador de Santa Fe, Estanislao López, contestó a su sanción con la del Estatuto provisorio de 1814, que proclamaba la autonomía de la misma y la soberanía del pueblo.

    La Forma Federal

    Los principios del federalismo argentino se apoyan en el sentimiento de localidad. La inclinación hacia el federalismo termina por configurarse en el caudillismo cuyo punto de partida está en la Banda Oriental del Uruguay.

    El movimiento revolucionario alcanza a esta región que se levanta contra la dominación española.

    El gobierno de Buenos Aires debe resignarse, pactar con su adversario y levantar el sitio. Los habitantes se muestran disconformes y se congregan alrededor de un jefe cuya personalidad les impone Artigas, al que proclaman jefe de los orientales.

    Las condiciones votadas sirven para redactar las instrucciones de los elegidos. Estas les ordenan entre otras cosas, pedir la declaración de la independencia y no admitir otro sistema de gobierno que el de la Confederación. Como fines, la igualdad, la libertad, la seguridad de los ciudadanos y de los pueblos, y la existencia e independencia de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Limitar las atribuciones del gobierno supremo, hacer que se reconociera que el territorio de la Banda Orienta con la jurisdicción territorial que se señalaba formaba una sola provincia denominada "Provincia Oriental".

    La fracción alvearista de la Asamblea Constituyente hizo que los diputados orientales fueran rechazados. La imposibilidad de reconciliación abrió un conflicto de años. Artigas concluyó en hacerse dueño de la provincia oriental. Dorrego había llegado a la conclusión de que las formas monárquica y la república unitaria no eran más que variantes del despotismo, y de ahí que se decidiera por la democracia federal.

    La Asamblea General Constituyente del Año XIII

    Los proyectos constitucionales, si bien no llegaron a sancionarse, ni siquiera tratarse, dejaron su valioso aporte al proceso constitucional. Las primeras leyes que aprobó la asamblea instauraron de hecho la verdadera independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

    Convocatoria de la Asamblea

    Los (algo) de mayo (nada) de reunir un Congreso General que organizara al poder y que diera sistema constitucional a las Provincias Unidas, parecían concentrarse en la firme decisión del triunvirato (revolución del 8 octubre 1812) convocando a elecciones de diputados para una Asamblea General.

    El triunvirato fijaba las normas fundamentales para la convocatoria, elección de los diputados y poderes de éstos.

    Instalación de la Asamblea

    La Asamblea fue inaugurada el 31 de enero de 1813, en el tribunal del Consulado. El primer decreto que da la Asamblea apenas instalada, proclama que en ella "reside la representación y el ejercicio de la soberanía de las Provincias Unidas del etc.", afirmación ratificada en el juramento de los diputados

    El artículo 4 del referido decreto consagraba la inviolabilidad de los diputados, no pudiendo ser aprehendidos.

    El Estatuto del Supremo Poder Ejecutivo

    Poca importancia se ha dado a este estatuto dictado en 1813. En virtud de lo dispuesto en el artículo 5 del primer decreto de la asamblea, el Poder Ejecutivo debía continuar ejerciéndose por el triunvirato, pero en carácter precario. De acuerdo con tal estipulación nació el Estatuto del Supremo Poder Ejecutivo.

    Durarán seis meses en sus funciones debiendo rotar la presidencia en cada uno de los integrantes por el período de 30 días.

    Facultades: hacer ejecutar puntualmente las leyes y decretos soberanos y gobernar el Estado, mandar el ejército, administrar las rentas del Estado, mantener las relaciones exteriores, ejercer el patronato nacional.

    Reformado el 26 de enero de 1814, con la creación del gobierno unipersonal que habría de regir como sistema hasta 1820.

    Proyectos Constitucionales

    Proyecto de la Sociedad Patriótica

    Es el más importante. Tomaron principios fundamentales de las Constituciones francesas de 1791-93-95, de USA de 1787 y de España de 1812.

    Su falla esencial radica en el total desconocimiento de la autonomía de las provincias.

    Proclama como los otros textos la independencia nacional.

    El Poder Ejecutivo, desempeñado por un presidente, que durará tres años, siendo elegido directamente por el pueblo, además de un vicepresidente y cuatro ministros.

    En los demás aspectos sobre la organización y facultades del presidente sigue a la Constitución de USA.

    Proyecto de la Comisión Oficial

    Es más claro y preciso que el anterior al tratar el problema de la independencia estableciendo que las Provincias del Río de la Plata, forman una república libre e independiente. La forma de gobierno no se precisa, ni define sistema alguno, pero se mueven dentro de los principios republicanos.

    Desconoce igualmente los derechos de las provincias.

    Facultades políticas residen en el Poder Ejecutivo, ejercido por un directorio compuesto por tres ministros elegidos por el Congreso por seis años y amovibles por terceras partes cada dos años.

    El Poder Judicial ejercido por una Suprema Corte de Justicia, Tribunales Superiores en cada provincia, jueces letrados en los partidos y alcaldes en cada pueblo.

    Sistema electoral tomado de la Constitución de Cádiz de 1812.

    Tiene menos originalidad que la anterior, desconocimiento de derechos de las ciudades, las futuras provincias, pues consagra un régimen unitario que se opone al ideal federativo que ya comenzaba a levantarse en los pueblos.

    Proyecto de la Comisión Interina

    Recogió trece artículos de la sociedad patriótica, modificó como 80 artículos de la comisión oficial y creó 35 artículos originales. Consagra la independencia nacional, proclama los principios básicos de la República, adopta el sistema electoral de 3º grado (Constitución española, 1812), establece el sistema bicameral. El Poder Ejecutivo recae en un triunvirato. El Poder Ejecutivo igual que la comisión oficial.

    Adopta la religión católica como oficial, pero reconoce la libertad de cultos.

    Las reformas han ido tomando el modelo de la Constitución de USA y Venezuela.

    Este proyecto padece del mismo centralismo que sus similares.

    Adopta mecanismos impracticables y crea un articulado artificioso que no responde a la realidad histórica.

    Proyecto Federal

    Falta de originalidad. Lo más probable es que haya sido presentado, pero que a raíz de los acontecimientos políticos contrarios a la posición asumida por Artigas, no haya sido siquiera tenido en cuenta o tratado.

    Sus primeros artículos están tomados del Acta de Confederación 1777 (artículos del 1 al 5)

    El error se comprende por la falta de ilustración y de conocimiento en materia constitucional y por la ausencia de información sobre la realidad institucional del país del norte.

    Poder ejecutivo y Poder Legislativo: su fuente es la Constitución de 1787. El presidente dura dos años, no pudiendo ser reelegido. Cada provincia retiene la soberanía tal como el sistema de la Confederación argentina.

    Forma republicana de gobierno, división de poderes, Poder Legislativo bicameral, Poder Ejecutivo desempeñado por el presidente. Los derechos individuales, la igualdad ante la ley, la libertad de imprenta, de trabajar, etc. Proclama el sufragio universal, el régimen representativo.

    En conclusión que ningún saldo positivo dejó este proyecto.

    Falta de formación jurídica e inexperiencia para el manejo del gobierno.

    La obra constitucional y legislativa de la asamblea

    Los fines para los que fue convocada la asamblea del año XIII fracasaron. Sin embargo, su elaboración legislativa hizo un extraordinario aporte.

    En lo que respecta a la independencia del poder español, si bien no la declaró formalmente, es innegable que sus actos y decisiones conformaron legítimas expresiones de soberanía.

    Por eso se puede afirmar que antes de 1816 la independencia argentina estaba resuelta.

    31 de enero de 1913 en el acta de Constitución del Congreso Constituyente, se declara la Soberanía de la Asamblea.

    Se aprueban los símbolos nacionales, el escudo, la escarapela, el Himno Nacional. Se borra para siempre la efigie de Fer VII de nuestra moneda, reemplazada con la nueva inscripción de las Provincias Unidas del etc. Se proclama la libertad de vientres, se prohibe el tráfico de esclavos, y al consagrar los derechos del individuo se prohiben en adelante las mitas, encomiendas y yanaconazgos.

    La labor de la Asamblea fue también intensa. Su error fundamental estribó en no tratar los proyectos que se presentaron, debatirlos o reformarlos si fuera necesario.

    Tentativas monárquicas

    En agosto de 1814, la Asamblea Constituyente resolvió entrar en relación diplomática con España. El débil gobierno de Posadas, la lucha contra Artigas, el evidente fracaso del Congreso, determinaron a los miembros de la Asamblea a buscar el apoyo de Inglaterra y el acercamiento a España con urgencia.

    Motiva esta decisión la noticia de la vuelta al trono de Fernet VII, y los informes sobre una expedición contra el erre de la pe.

    Con el propósito de afianzar la causa revolucionaria, partieron comisionados ante los gobiernos de Inglaterra, España y Portugal. Manuel García fue a Portugal, Rivadavia y Belgrano a Europa (en el original está así... será porque el gobierno de Portugal posiblemente residía en Brasil). También fracasaron. La misión de García llevó varios años concluyendo sus tratativas en 1820, fecha en que caen el directorio y el Congreso.

    El objetivo de estas negociaciones ante el representante de su majestad británica no era otro que buscar una ayuda directa de esa Nación para contrarrestar o detener la posibilidad de una invasión al Río de la Plata, proyectada por Fernando VII.

    La entrevista fue totalmente negativa.

    Alvear dix it: "Estas provincias desean pertenecer a la Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer a su gobierno y vivir bajo su influjo poderoso." (Creo que ya lo había copiado). Esta misión fracasó debido a que Inglaterra y España habían firmado un tratado secreto el 5 de julio de 1814, de amistad y alianza.

    Dicho tratado era desconocido por los miembros del directorio.

    Las tentativas monárquicas continuaron en el Congreso de 1816 y se prolongaron hasta la caída del directorio.

    El pronunciamiento federal

    Precisar en qué momento nace el federalismo es indudablemente problemático.

    Ubicamos los primeros documentos que consagraron la idea federativa en el Río de la Plata al valorar las instrucciones artiguistas al Congreso de 1813.

    El federalismo argentino estuvo latente en las manifestaciones de la existencia nacional. En torno a 1815 ubicamos el pronunciamiento federal ya que en ese año los pueblos Litorales empezaron su lucha autonómica y las ideas de Artigas comenzaron a tomar arraigo por todos los caminos de la mesopotamia, para luego extenderse al interior.

    En la organización colonial se encuentran los gérmenes del federalismo argentino.

    Cada ciudad, cada región, realiza el ejercicio de su vida comunal, adviene a sus necesidades y conforma un estilo de vida propio.

    El federalismo doctrinario va a convertirse en hecho histórico, va a encuadrar todo un proceso de siglos.

    Un federalismo de hecho se va a pasar a través de casi 40 años de luchas hacia el federalismo de derecho, recogido en la Constitución Nacional de 1853.

    Las nuevas provincias

    Al producirse el movimiento revolucionario de 1810, la estructura colonial no sufre inmediatas transformaciones.

    Partiendo de la autonomía meramente comunal o de cada ciudad, se irá formando en torno de ellas la zona territorial, influencia que más tarde será el ámbito definitivo de cada provincia.

    En 1853 ellas conformarán la Nación como verdaderas entidades del derecho público, con sus gobiernos propios, sus Constituciones, sus leyes, su territorio.

    Por eso al comienzo de la revolución argentina no podemos hablar de provincias, sino de ciudades o pueblos.

    Por decreto del 29 de noviembre de 1813, el triunvirato resuelve fraccionar a la intendencia de Córdoba, creando así dos provincias: la de Cuyo, con capital en Mendoza, comprendiendo a San Juan y San Luis, y la de Córdoba, con asiento en dicha ciudad, incluyendo a La Rioja.

    Esta división fue puramente administrativa.

    El decreto del directorio creando la provincia oriental tiene su origen en el Congreso convocado por Rondeau, a fin de elegir diputados a la asamblea del año XIII. Esta reunión obedecía al rechazo que la Asamblea había hecho de los representantes de Artigas.

    Alejado el jefe oriental de este Congreso, está ajeno a la declaración que éste realiza el 10 de diciembre de 1813. Con esta declaración, el directorio crea la provincia Oriental del Río de la Plata, regida por un gobernador intendente en marzo de 1819.

    En consecuencia, el decreto de creación de 1814 fue una de las tantas maniobras del directorio para contrarrestar la poderosa influencia del jefe oriental.

    Ante la asombrosa propagación de los ideales federales proclamados por Artigas en el Litoral argentino, decidió por decreto del 10 de septiembre de 1814, crear las provincias de Entre Ríos y Corrientes.

    Lo cierto es que en ninguna de las dos provincias pudo concretarse la aspiración del directorio.

    En Entre Ríos fue designado gobernador intendente el Coronel Blas José Pico, pero tal fue la resistencia del pueblo entrerriano, que el 18 noviembre escribe al director supremo expresándole que para reducir a los habitantes de esos pueblos era necesario fusilar a los rebeldes que se aprehendieran y sacar de la provincia a 500 familias.

    Imposibilitado de continuar, Pico renuncia a su cargo, siendo nombrado en su lugar el Coronel Viamonte, que más tarde también se retira de la provincia. Entre Ríos logra en los años posteriores su verdadera formación autonómica, eligiendo sus propios gobernantes.

    Corrientes antes de ser creada como provincia por el directorio ya se había proclamado como Estado libre e independiente bajo el protectorado de Artigas.

    Por decreto del 8 de octubre de 1814, fueron separadas también Tucumán y Salta que constituían un solo Estado.

    La creación o separación de estas dos provincias obedeció principalmente a necesidades de la guerra, sostenida contra los realistas en el norte.

    A principios de 1815, el actual territorio argentino se hallaba dividido así:

    • Provincia de Buenos Aires (con la dependencia de Santa Fe)

    • Provincia de Entre Ríos

    • Provincia de Corrientes (comprendiendo los pueblos de Misiones)

    • Provincia Oriental

    • Provincia de Córdoba (abarcando La Rioja)

    • Provincia de Cuyo (San Luis, San Juan y Mendoza)

    • Provincia de Jujuy (comprendiendo Orán, Tarija y Santa María)

    • Provincia de Tucumán (abarcando Santiago del Estero y el valle de Catamarca)

    La política directorial

    Desde el comienzo de su mandato, Posadas no pudo desarrollar una política eficaz que solucionara los graves problemas.

    Durante su mandato cambia el panorama europeo. Napoleón se aleja definitivamente del escenario político, y con el retorno de Fernando VII se cierne sobre el Río de la Plata la amenaza de una poderosa invasión.

    Con esa mala política, el Congreso se convierte en tribunal de persecución, promoviendo juicios políticos a los habitantes desalojados del gobierno por la revolución del 8 de octubre de 1812. Posadas da un decreto de amnistía.

    El problema fundamental del directorio se desarrolla en torno a los sucesos de la Banda Oriental, a consecuencia de haberse negado Rondeau a reunir un Congreso provisional auspiciado por Artigas, donde se eligieron diputados para la Asamblea del año XIII, y por desavenencias entre ambos jefes tras la supremacía de mando.

    Posadas da un enérgico decreto el 11 de febrero del mismo año, donde declara a Artigas fuera de la ley, enemigo de la Nación, ordenando que fuera perseguido y muerto en caso de resistencia por traidor a la Patria. Se lo privaba de todos sus empleos y honores.

    El gobierno de Artigas cuenta con el apoyo unánime de las provincias del Litoral, envía ante éste una comisión de paz. En dicho documento, Artigas exige se restablezca su concepto y honor indignamente infamado y vejado, y se estipula que se reconocerá la independencia de los pueblos de Entre Ríos y de la Banda Oriental.

    La caída de Montevideo, producida en junio consolidó un tanto al gobierno y por sobre todo, afirmó en el manejo de la política general a Alvear, sustituido a último momento a Rondeau (esta así).

    El 9 de julio de 1814, se intenta un nuevo acercamiento entre el directorio y Artigas. A tal fin se suscribe un convenio entre Alvear y los diputados artiguistas, donde se establecía la reintegración de la Banda Oriental a las Provincias Unidas.

    Al igual que el anterior convenio, éste no fue ratificado por Posadas.

    La no ratificación de todos estos intentos de paz respondía a que en ellos se otorgaban derechos a los pueblos o provincias cuya dependencia interesaba políticamente a Buenos Aires. Al iniciarse el año 1815 la situación se torna harto difícil, debido al descontento general por la política que lleva el alvearismo.

    Al llegar a Córdoba a fines de 1814 se entera de la sublevación de toda la tropa del norte, por lo que decide el 7 de diciembre regresar a Buenos Aires.

    Ante la anarquía del ejército, que no respondía al directorio y la falta de apoyo en la mayoría de las provincias, Posadas presenta su renuncia que es aceptada el 9 de enero de 1815. En su reemplazo se designa al general Alvear.

    El 13 de enero de ese año, el flamante director da un decreto dividiendo al ejército en tres grandes cuerpos, asignándose el mando de las fuerzas de Cuyo, por lo que San Martín quedaba bajo su subordinación y dominio.

    San Martín, simulando una enfermedad presentó su renuncia a la función política, la que fue aceptada por Alvear que designó en su reemplazo a Perdriel. Enterado el pueblo de Mendoza, se alzó unánimemente contra el directorio, produciendo un Cabildo Abierto.

    A todo esto, llegado Perdriel, el pueblo se negó a obedecerle.

    Alvear tuvo que dejar sin efecto el nombramiento del nuevo gobernante y desde ese instante comenzó su rápida declinación.

    Dictó un decreto dictatorial, pena de muerte a todos aquellos que de una u otra forma atacaran al gobierno, divulgaran falsas noticias, provocaran la deserción, conspiración contra las autoridades, etc.

    A todo esto, en la Banda Oriental, Artigas cobraba vuelo al derrotar al ejército directorial al mando de Dorrego.

    Desde ese momento, Montevideo y toda la provincia oriental quedaban bajo el absoluto dominio del caudillo.

    La Liga Federal

    Retirado del sitio de Montevideo, Artigas comienza su campaña libertadora y su lucha contra el gobierno porteño, asegura su predominio en Entre Ríos. Insurreccionada Corrientes, se proclama a Artigas como su protector y Santa Fe.

    Después del triunfo sobre Dorrego, llegan diputados de Córdoba, solicitando su ayuda para defender a los gobernantes porteños.

    A raíz de la fuerte presión que ejerce Artigas con sus agentes y con sus oficios conminatorios, el 29 de marzo se celebra en Córdoba un Cabildo abierto, y Ocampo presenta su renuncia.

    Acto seguido se produce la elección del Cnel. José Díaz, que responderá a la corriente federalista.

    La liga artiguista sigue la voluntad irrevocable de los pueblos Litorales de sostener los principios de la federación.

    Subsistió hasta 1820. Le correspondió velar por las incipientes autonomías de las provincias, organizar el Congreso de oriente, soportar la invasión portuguesa y las constantes guerras con el directorio.

    Lo cierto es que Buenos Aires trata de crear y crea provincias y aún ofrece la independencia absoluta de la Banda Oriental.

    Solamente a Santa Fe le hace reparos y le niega toda aspiración a vivir autónomamente.

    Triunfante Artigas en Guayabos sobre las fuerzas de Dorrego e iniciados los movimientos independientes en Entre Ríos y Corrientes, el fermento revolucionario comienza a actuar en Santa Fe.

    El viejo sueño de los santafesinos se veía colmado en el logro de su aspiración autonómica.

    Después de cinco largos años rompía con la humillante subordinación a Buenos Aires y erigía su propio gobierno.

    La caída de Alvear. Fontezuelas.

    La noticia del alzamiento santafesino produjo en Buenos Aires un singular desconcierto, el director convocó a sus fuerzas y organizó un poderoso ejército contra Artigas.

    A poco de marchar de la capital, Álvarez Thomas, que integraba un grupo revolucionario que desde hacía tiempo pensaba derrocar a Alvear, entró en contacto, rumbo a San Nicolás.

    Sublevose el 3 de abril de 1815 en Fontezuelas contra el gobierno nacional.

    Viana, jefe del ejército, es tomado prisionero. Mientras tanto las fuerzas sublevadas marchan sobre Buenos Aires.

    Enterado Alvear de los pormenores de la sublevación, y aún cuando reconoce que tiene poderosas ramificaciones en el mismo Buenos aires, sin descontar que Artigas ha enviado al comandante Vargas en ayuda de los revolucionarios, no se decide a abandonar el cargo.

    Moviliza sus fuerzas, pero ante la imposibilidad de salir airoso, decide aceptar los consejos de sus amigos y presenta su renuncia como director, quedando con la dirección del ejército. A los efectos de considerar la renuncia de Alvear se reúne la asamblea el 14 de abril, resolviendo aceptarla y nombrando a su vez a un triunvirato formado por Rodríguez Peña, San Martín y Matías de Irigoyen.

    El gobernador intendente Soler se presentó ante el Cabildo con los comandantes de los regimientos porteños, solicitando se le quitara a Alvear el mando del ejército y se declarara nulo todo lo actuado por la asamblea.

    Ante estas representaciones, el Cabildo, que se movía también en la trampa revolucionaria, asumió de hecho el gobierno nombrando a una comisión de cuatro miembros (Antonio Sáenz, Acosta, Anchoris y Vera) en carácter de asesores, y puso en libertad a los presos políticos.

    Alvear no aceptó dimitir al mando militar. Las fuerzas de Alvear sufrían constantes deserciones que ponían en peligro el éxito de su empresa.

    Decide Alvear renunciar al mando que entrega en la calera de los padres franciscanos al Gral. Viamonte.

    El Cabildo anuncia la dimisión de aquél y la disolución de la memorable asamblea del año XIII.

    Calmada la situación en Buenos Aires, el Cabildo procede el 8 de abril a convocar a elecciones para elegir un gobernador provisional.

    Eligen en carácter de director al Gral. Rondeau y por ausencia de éste nombran en carácter de sustituto al Cnel. Ignacio Álvarez Thomas. Reunidos inmediatamente en el cabildo y la junta electoral proceden al nombramiento de una junta observación.

    El 6 de marzo de 1815, Álvarez Thomas se recibe oficialmente en su cargo, aceptando el estatuto que la junta de observación ha redactado para el nuevo gobierno. El estatuto carece de interés no sólo constitucionalmente sino en la práctica.

    La traición del directorio

    Cuando Álvarez Thomas asume el poder quema solemnemente el bando dado contra Artigas y lo restituye en sus honores.

    Se proclama jefe de un movimiento federal y envía a los pueblos comunicaciones de paz y concordia.

    Pero asegurado en el poder, no desea perder a Santa Fe ni económica ni políticamente, ni reducir la jurisdicción de Buenos Aires.

    Álvarez Thomas ordena que un poderoso ejército al mando del Gral. Viamonte invada Santa Fe y destituya a sus legítimas autoridades.

    Sin recursos ni fuerzas para defenderse, la desampara ciudad se entrega a la voracidad de los porteños.

    A los pocos días volvía Santa Fe a ser tenencia de gobernación, dependiente de Buenos aires.

    Fue elegido en carácter de teniente gobernador Juan Francisco Tarragona, consecuentemente con la convocatoria para el Congreso a realizarse en Tucumán. Santa Fe elige al Dr. Juan Francisco Seguí.

    De esta manera, la provincia demostraba una vez más su deseo de incorporarse a la vida nacional. Un nuevo incumplimiento y deslealtad de Buenos Aires la forzarían a no concurrir a la solemne asamblea de nuestra independencia.

    Deseoso el pueblo santafesino de rebelarse contra las fuerzas directoriales de ocupación, espera el momento propicio para desalojar a Viamonte de la provincia.

    Alzamiento de Santa Fe contra Viamonte

    Seis meses soportó el pueblo santafesino el gobierno títere de Tarragona. Destituidos los alcaldes y regentes del viejo cabildo que luchó por la independencia de Santa Fe, perseguidos los partidarios de Candioti, y en manos de directoriales los cargos más importantes, poco pudieron hacer por rescatar su perdida autonomía. Sin embargo, la revolución fue tomando cuerpo poco a poco hasta lograr a comienzo de 1816 su madurez. Y así, el 2 de marzo de 1816 se produce el histórico pronunciamiento de Añapiré. Después de ésta, comienza abiertamente la guerra contra el ejército porteño.

    El Cnel. Rodríguez, de las fuerzas artiguistas, con la colaboración de Juan Manuel Santa Cruz, penetraron en la ciudad sin ser sentidos y la tomaron casi por completo.

    Ante la negativa de Viamonte de rendir la plaza, el Cnel. Rodríguez ataca sus baterías, precipitando la retirada de las tropas porteñas, que luego de varias escaramuzas consiguen apoderarse de la aduana.

    Las tropas revolucionarias cercaron la aduana sin que el jefe porteño se rindiera. En este alzamiento hubo muchos muertos de ambos bandos.

    Regresaron los desterrados por Tarragona y Viamonte y a su vez, marcharon hacia el Paraná casi todos los miembros de la junta representante.

    Pacto de Santo Tomé

    A raíz de los sucesos de Santa Fe, el director supremo ordena a Belgrano baje con su ejército de observación hacia la provincia rebelde.

    En cumplimiento de ello baja éste, deteniéndose en Rosario, desde donde envía una comisión a fin de entablar relación con los santafesinos y llegar a un pacífico entendimiento.

    Como resultado de estas conversaciones, surge el histórico pacto de Santo Tomé, firmado el 9 de abril de 1816.

    Como consecuencia de éste, Belgrano hace entrega del mando del ejército de observación a Díaz Vélez, y a su vez el 16 de abril, el director Thomas hace renuncia de su cargo, asumiéndolo provisionalmente la junta de observación.

    Mientras tanto, en Buenos Aires es nombrado en carácter de director supremo Antonio González Balcarce.

    El 12 de abril el comisionado artiguista, Cnel. Rodríguez designa como gobernador a Mariano Vera.

    Los tratados del 28 de mayo

    Se reúnen por fin el 28 de mayo en el cabildo de Santa Fe los representantes de Buenos aires. Se firman dos tratados, uno público y otro secreto.

    Estos siguieron el término de las luchas civiles en el Litoral, la incorporación de dichos pueblos al Congreso de Tucumán, el reconocimiento de la autonomía de la provincia de Santa Fe.

    Pero todos estos empeños por lograr la paz y la unión nacional son en vano. Los comisionados informan al gobernador Vera que el director supremo les acaba de oficiar manifestándoles que ha acordado que para la firmeza, solidez y estabilidad de los tratados, corresponde arranque la sanción del conocimiento previo del Congreso.

    Buenos Aires no deseaba ratificar esta paz ni reconocer la autonomía de Santa Fe. Ante esta decisión del gobernador Vera de declarar nulos los tratados, éste reúne a los jefes militares, cabildantes y demás autoridades a fin de volver a tratar el asunto. Se llega a la conclusión siempre en vista de arribar a una paz definitiva.

    Los comisionados porteños ante el fracaso de sus tratativas y vislumbrando el ensombrecido panorama que se presentaba deciden cambiar el rumbo expresando al director antes de marchar a Buenos Aires que regresan luego de haber pedido al gobernador de Santa Fe sus pasaportes por no poder lograr la confianza que ganaron y que perdieron por la falta de ratificación.

    Pendiente de los tratados del 28 de mayo estaba, nada más ni nada menos que la incorporación de todas las provincias Litorales al soberano Congreso.

    Por lo tanto, la ratificación o reconocimiento de dichos tratados por el Congreso era de indiscutible importancia, no sólo para el completo éxito de la asamblea, sino para lograr la ansiada unión nacional.

    Ante esta actitud mancomunada del director y el Congreso de no ratificar los tratados del 28 de mayo de 1816, Santa Fe y los demás pueblos del Litoral deciden de una manera definitiva no concurrir al soberano Congreso de Tucumán con la honda pena de no poder suscribir la gloriosa acta de la independencia.

    Pero el gobierno de Buenos Aires no se conformaría. Había que someter a la provincia rebelde y sujetarla a la antigua jurisdicción.

    En 1816 invade Santa Fe un poderoso ejército al mando de Díaz Vélez. De aquí en adelante comienza prácticamente la guerra civil argentina. En Córdoba se alzará Juan Pablo Borges, la Banda Oriental será devastada por el invasor portugués, Entre Ríos soportará el atropello de los ejércitos de Montes de Oca y Balcarce, y Santa Fe resistirá bravamente a las fuerzas directoriales de Díaz Vélez, Balcarce y Viamonte.

    Bajo este clima habría de producirse la independencia de las Provincias Unidas del etc. La situación no podía ser más crítica.

    El Congreso de Tucumán

    Si bien el llamado movimiento federal, producido en torno a 1815 en Buenos Aires, no dio mayores frutos en el orden institucional como ya hemos expuesto, una cláusula del estatuto tuvo singular trascendencia histórica.

    Una vez que el director asumiera el mando, invitaría a todas las ciudades y villas de las provincias interiores para el pronto nombramiento de diputados que hayan de formar la Constitución, los cuales debían reunirse en Tucumán. A pesar del fracaso del estatuto provisional y de su rechazo por casi todas las provincias, las ciudades y villas responden al llamado, aceptaron aquella convocatoria y fueron enviando sus diputados.

    La situación era muy crítica.

    • El grave problema de la lucha de Buenos Aires con el Litoral

    • Las disidencias interiores de los grupos directoriales.

    • La derrota del ejército del norte en Sipe - Sipe.

    • La posterior controversia de Rondeau y Güemes.

    • La poco favorable situación internacional, con el afirmamiento de las monarquías y la lucha de España por reconquistar América.

    Presagiaban el fracaso del Congreso convocado en la ciudad de Tucumán. Con excepción de las provincias Litorales, todas las restantes concurren a la Magna Asamblea que inaugura solemnemente sus sesiones el 24 de marzo de 1816.

    Una vez instalada la asamblea, se declara soberana. Se trata de consolidar la paz en el orden interior y asegurarse del ataque externo.

    Ante la renuncia de Balcarce, la Asamblea se ve en la necesidad de nombrar un nuevo director supremo: Juan Martín de Pueyrredón.

    La declaración de la independencia

    En la sesión del 9 de julio, los señores diputados en sala plena aclamaron la independencia de las Provincias Unidas de la América del Sud de la dominación de los reyes de España y su metrópoli.

    Se recogieron después uno por uno los sufragios y resultaron unánimes. Faltaba encarar el problema constitucional: adoptar una forma definitiva de gobierno y dar una ley fundamental que organice a la Nación.

    Mientras tanto, conocida en los pueblos la noticia de la solemne declaración de Tucumán, todos sin excepción, aun los que no habían concurrido, admiraron entusiastas el singular acontecimiento.

    La forma de gobierno

    Declarada formalmente la independencia de los diputados, sin respetar el orden establecido en las notas de materias, se entregaron plenamente a la labor de solucionar el grave problema de la forma de gobierno que habría de adoptarse para la nueva Nación.

    Principios republicanos y monárquicos, sistema federal o de unidad.

    La sesión secreta del 6 de julio de 1816 donde Belgrano hace una extensa exposición sobre los acontecimientos europeos y da su opinión sobre la forma de gobierno a adoptarse.

    Invitaron a tal efecto al destacado militar para que informara a la asamblea la forma de gobierno más conveniente para estas provincias, que sería la de una monarquía temperada, llamando a la dinastía de los Incas (qué pedo mental).

    El diputado Acevedo agregó que cuando las circunstancias lo permitiesen se eligiera Cuzco para sede de gobierno.

    A pesar de haberse recibido un pliego del director interno, donde informaba de la invasión portuguesa a la Banda Oriental, el Congreso continuó.

    Hablaron numerosos diputados que apoyaron, como Ribera, Loria, Pacheco, y Acevedo, el sistema monárquico y la coronación de un inca, insistiendo el último en que debía designarse a Cuzco como capital del nuevo imperio.

    Vanas fueron las discusiones de los congresales en aquellos meses de 1816 por llegar a una fórmula conciliatoria sobre la forma de gobierno que habría de adoptarse.

    El problema de la forma de gobierno se vio directamente complicado con la invasión portuguesa a la Banda Oriental, pues se temió un ataque sobre el resto de las provincias argentinas.

    Reglamento provisorio de 1817

    Proclamada la independencia faltaba una Constitución que organizara en forma integral y definitiva a la Nación.

    Durante 1816 se redactaba un reglamento provisorio que obtiene la aprobación del Congreso.

    Pueyrredón realiza algunas observaciones al reglamento que a la postre no puede ser sancionado en Tucumán por la Asamblea.

    Se designó a los diputados Serrado, Bustamante, Zavaleta, Sáenz y Paso, para que se dieran a la obra de redactar un proyecto de Constitución.

    Los debates comienzan los primeros días de septiembre de 1817, hasta el 3 de diciembre del mismo año, en que se sanciona definitivamente el reglamento provisorio, que no innova mayormente sobre lo establecido en el estatuto de 1815.

    Sus redactores tuvieron como base de su proyecto a este último y con excepción de algunas reformas, las pocas modificaciones que se introducen son para darle un neto carácter unitario.

    Donde más se destaca el tinte unitario es en el Poder Ejecutivo. Asume mayor número de prerrogativas y facultades al suprimirse la junta de observación nacida en 1815, escapando por ende a su fiscalización.

    La nueva Constitución acentuó el exagerado centralismo que venían ejerciendo los gobiernos de Buenos Aires.

    Esta serie de disposiciones, predispusieron en contra la voluntad de los pueblos del interior.

    Este reglamento de carácter esencialmente unitario, rigió provisoriamente hasta la sanción definitiva de la Constitución de 1819.

    La guerra del Litoral

    Mientras el Congreso se debatía en torno a formas de gobierno, en el Litoral la guerra continuaba asolando a los pueblos.

    Luego del fracaso de la expedición de Viamonte sobre Santa Fe en 1816 y en momentos en que el Congreso de Tucumán comenzaba a debatir sobre los problemas fundamentales que hacían a nuestra organización nacional.

    El directorio, ajeno al espíritu de pacificación que trataba de imponer aquella asamblea, arremetía con un nuevo y poderoso ejército al mando de Díaz Vélez sobre la provincia de Santa Fe.

    La invasión de Díaz Vélez trajo sus inmediatas consecuencias en toda la Nación.

    Enterado el ejército de Córdoba del atropello directorial, exige al gobernador Díaz que marche en auxilio de Santa Fe, pero como éste se muestra remiso en dicha ayuda a pesar de responder a la política artiguista, es atacado por las fuerzas que comanda Juan Pablo Bulnes.

    En Santiago del Estéreo, en franca oposición a la política seguida por el directorio, se alza en armas contra el gobernador Gabino Ibáñez.

    Llegada a Buenos Aires la noticia del triunfo del Gral. San Martín en Chacabuco, Pueyrredón, quitándose la máscara y olvidando sus bellas frases de pacificación con los pueblos del Litoral (hay cierta falta de objetividad, o me parece?), arma su ejército para someter a dichas provincias.

    El 15 de diciembre de 1817 era enviado el Cnel. Montes de Oca al mando de más de 600 hombres para expedicionar contra la provincia de Entre Ríos. Ramírez resistió el ataque.

    Montes de Oca tuvo que retroceder y solicitar refuerzos al director supremo. Da orden inmediata al Cnel. Balcarce marchando con más de 500 hombres rumbo a la provincia invadida, siendo derrotada completamente. Francisco Ramírez queda como pancho por su casa en Entre Ríos.

    Decide Pueyrredón a pesar de las derrotas sufridas en Entre Ríos, atacar la provincia de Santa Fe.

    No satisfecho con sus robos, el ejército directorial invadió (o incendió, no entiendo letra) Rosario.

    Atacado por fuerzas de López, Balcarce abandonó la provincia.

    La conducta de los gobernadores porteños es una conducta de verdadera barbarie.

    A principios de 1819 Pueyrredón arma sus ejércitos para someter a Santa Fe.

    Rompe así todo intento de pacificación nacional.

    El Gral. Viamonte, jefe del nuevo y poderoso ejército directorial, compuesto de 5.000 hombres, sigue la misma suerte que su antecesor.

    Estanislao López decide contestar un armisticio de común acuerdo con Viamonte, realizándose éste el 5 de abril de 1819.

    Santa Fe era tumba de invasores.

    La Constitución de 1819

    Luego de varios meses de labor, el 31 de julio de 1818, comenzó su tratamiento. El 20 de abril se dieron por terminados los debates, quedando sancionada la Constitución al día siguiente.

    La Constitución de 1819 es la primera de las tres Constituciones que se han dictado en el país. Se inicia con ella la era de las Constituciones argentinas.

    La Constitución del 19, significó la muerte de las autonomías provinciales, del gobierno propio del federalismo histórico, de las aspiraciones democráticas y republicanas por las que había luchado sin desmayo el pueblo argentino.

    El repudio de las provincias cuando les fue presentada, ni te cuento.

    En la sección primera consagra a la religión católica apostólica romana como religión del Estado.

    El Poder Legislativo compuesto por dos cámaras: representantes y senadores.

    Los diputados eran uno cada 25.000 habitantes, durando cuatro años en el cargo, renovándose la cámara por mitades cada bienio.

    La crítica fundamental a esta Constitución se muestra en la integración de su Senado, formado por los senadores de provincias cuyo número será igual al de las provincias.

    Tres senadores militares, elegidos por el director del Estado, un obispo y tres eclesiásticos, elegidos por sus pares. Un senador por cada universidad. Un director del Estado.

    La constitución del Senado era una nueva negación de los principios de mayo.

    Era la nueva lucha entre elites nacidas de la oligarquía porteña y el común, vejado por el centralismo prepotente.

    El Poder Ejecutivo reúne la suma de poderes. Es elegido por muchas cámaras.

    Un acierto en esta Constitución lo encontramos en la organización del Poder Judicial. Por primera vez se habla de una Alta Corte de Justicia compuesta de siete jueces y dos fiscales.

    Sus miembros son designados por el director, con acuerdo del Senado.

    Forma de gobierno no adopta ninguna.

    Rechazo de la Constitución Unitaria, y causas del alzamiento nacional

    Conocidos los principios de la nueva Constitución, las provincias del Litoral se levantan contra las autoridades nacionales.

    Es la consecuencia directa de una errónea política dirigida por los grupos centralistas porteños en torno a regímenes o sistemas de unidad a u menor precio por los derechos de los pueblos interiores y a un desconocimiento de la realidad histórica.

    Las causas directas de la revolución de 1820 son los proyectos de instauración de una monarquía con el coronamiento de un descendiente de las familias reales europeas en nuestro país.

    Igualmente los diarios de Buenos Aires opositores al régimen directorial iniciaron desde mediados de 1819 una terrible campaña contra el gobierno.

    Frente a la Constitución unitaria, los manejos políticos del director, el avasallamiento de las autonomías provinciales, la invasión portuguesa (consentida y apoyada por el gobierno de Buenos Aires) y la noticia de los planes monárquicos, los pueblos del Litoral se levantan en armas contra el gobierno nacional.

    Rondeau, director supremo reemplazante de Pueyrredón desde junio de 1819, decide arrasar definitivamente a las provincias rebeldes; con sus fuerzas locales no podía vencer ni a López ni a Ramírez, y llama en su ayuda al ejército auxiliar del Perú y requiere del Gral. San Martín donde este no concurre.

    Estatuto de Santa Fe

    Después de firmado a principios de 1819 el armisticio de San Lorenzo entre Buenos Aires y Santa Fe, la provincia entró temporalmente en una época de paz.

    En julio de 1819 encarga a la junta electoral la redacción de un estatuto constitucional.

    El cabildo aprueba el 26 de agosto de 1819 el estatuto, siendo la primera en darse su Constitución:

    • Religión católica.

    • Proclamar ciudadano a todo amigo.

    • Capítulo especial sobre el Poder Ejecutivo.

    • Facultades: declarar la guerra; concertar la paz; nombrar y remover empleos públicos; revocar sentencias de muerte; etc.

    • Cabildo: obtener el mando de la provincia por ausencia del gobernador.

    • Poder judicial guardando el sistema colonial, con alcaldes de hermandad y pedáneos, para los asuntos de mayor importancia, y reservando a los alcaldes de barrios las causas menores.

    • El último capítulo está dedicado a los derechos individuales: igualdad ante la ley, inviolabilidad de la correspondencia, defensa en juicio.

    Es la primera Constitución que se da una provincia argentina desde la Revolución de Mayo.

    Ello sigue el ideal autonómico de un Estado argentino en darse sus propias instituciones, en darse su ley fundamental, organizar sus poderes.

    Sostiene el principio de república, o sea, soberanía popular, la división de poderes, la responsabilidad, etc., y proclama los derechos fundamentales del hombre.

    No era necesaria una ley, pues la ley era el gobernador, lo era la voluntad de todos los caudillos de entonces.

    Esto demuestra que su intención era dar a su provincia una ley fundamental iniciando así la organización autonómica.

    La Constitución fue incompleta doctrinariamente, pero siguiendo la aspiración federal de un pueblo que deseaba constituirse. Es la espontánea manifestación de un pueblo por concretar su vida dentro de la ley, la más rotunda afirmación de fe republicana y federal que se había oído desde 1810.

    El año 20

    La crisis anterior a 1820

    Diez años de política centralista terminan con la revolución de 1810, que derrumba un orden de cosas establecido.

    El pueblo asiste al acontecimiento del primer gobierno patrio, cansado del privilegio de una oligarquía colonial, de un sistema político absorbente, de absolutismos reales y de negación de derechos que hacen a la dignidad del hombre, ven la salvación en el nuevo gobierno.

    Los diputados del interior son incorporados, pero se los cercena en sus facultades con la creación del triunvirato, y se los elimina definitivamente con el golpe de Estado rivadaviano.

    Se cae de juntas en triunvirato y de éstos en directorios. No se acierta el sistema de gobierno y fracasan los ensayos constitucionales. La oligarquía colonial es suplantada por la oligarquía porteña.

    Los pueblos van proclamando sus propias soberanías, defienden el gobierno propio y el localismo colonial mantenido durante más de 35. (pueden ser: años, generaciones o chorizos, no se especifica)

    Se rechaza esa autonomía de las provincias y se acrecienta el centralismo.

    Se mantiene el sistema de intendencias que gobiernan a las provincias por medio de pro cónsules enviados desde Buenos Aires.

    Se invaden las provincias federalistas para su sometimiento definitivo. Se observan numerosas tentativas monárquicas.

    La misión de Valentín Gómez, la invasión de la Banda Oriental, fomentada por el gobierno argentino, la Constitución unitaria y aristocratizante de 1819, la concentración de los ejércitos de los Andes y del Perú para aniquilar a las provincias del Litoral, y el ahogo de todo intento autonómico, llevaron a la anarquía de año XX.

    Consecuencias de esta crisis

    Participación del pueblo: había participado activamente en la Revolución de Mayo, ya sea en las jornadas del 22 como en los días posteriores. Pero luego, el pueblo desaparece de escena. Es ahora una elite la que toma decisiones. Es recién en 1820 cuando el pueblo vuelve a tomar el pulso de la Revolución de Mayo y decide los destinos.

    Ruptura definitiva con la estructura colonial: producida la revolución, el pueblo espera que caiga la estructura colonial. La organización intendencial y virreinal centralizó todos los resortes del gobierno. La legítima obra institucional la realizan los pueblos que luchan por su autonomía, su gobierno propio, sus leyes, su organización integral.

    En 1820 se quiebra la estructura colonial y cada provincia ejerce su propia autonomía. Se dice que en 1820 se produce la auténtica revolución.

    Triunfo del federalismo: las provincias van adoptando los principios federales. Sus principios son ostentados por los caudillos como López, Artigas, Bustos, Ramírez, que son expresión genuina de sus pueblos.

    Con el movimiento de 1815, los ideales del federalismo se afianzan y se propagan por todas las provincias hasta llegar a ser doctrina nacional.

    La política directorial se encamina hacia gobiernos de unidad manifestados en los diversos ensayos constitucionales, especialmente en la comentada Constitución de 1819.

    El Congreso con sus tentativas monárquicas agrava el asunto. El centralismo porteño lucha por derrumbar el sistema. En 1820 se produce el triunfo del federalismo.

    En el pacto de Pilar se establece que el voto de la Nación se ha pronunciado a favor de la Federación.

    Se consolidan las autonomías provinciales al mismo tiempo que se consolida la idea de nacionalidad.

    Derrumbe de los organismos: se produce la caída del Congreso y el directorio y surge Buenos Aires. El cabildo asume la autoridad y crea la junta de representantes.

    En 1821 desaparece el cabildo. Buenos Aires logra su autonomía como provincia y se integra como verdadero Estado particular, el más hegemónico constituido por los demás Estados federales.

    Anhelo de autonomía económica

    Producido el movimiento revolucionario se inicia el proceso independiente con el apoyo del librecambio.

    Navíos de todo el mundo llegan a Buenos Aires trayendo sus mercaderías y la pequeña ciudad ve multiplicar sus arcas en el beneficioso tráfico ultramarino.

    Las provincias del interior (de pobre industria) no pueden competir con la producción de Europa.

    Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y demás pueblos a raíz del régimen de intendencias todavía dependen de Buenos Aires, que no les permite desarrollarse económicamente. Entonces la lucha por la autonomía política es paralela a la lucha por la autonomía económica.

    Contra esa posición centralista de Buenos Aires y una mal entendida política librecambista que aumentaba desmesuradamente la cabeza y debilitaba el resto del cuerpo, se levantaron los pueblos.

    La anarquía federal

    Cuando las tropas de López y Ramírez marchan a Buenos Aires, después de haber derrotado a las que comandaba el propio director general Rondeau, el director sustituto Pedro Aguirre advierte al pueblo sobre los vencedores.

    De esta manera, el pueblo espera el avance de las montoneras federales. Se aprestaban las milicias, se escondían niños y mujeres, se presagiaba el incendio de la ciudad, etc.

    Se acercaba el vandalismo y todo era de esperar.

    Al llegar éstos a la ciudad, hicieron lo que nadie esperaba y todos los habitantes fueron respetados en su vida y hacienda. Dieron también plena libertad al pueblo de Buenos Aires para que eligiera sus genuinos representantes.

    De este primer acto surgió la provincia de Buenos Aires en la posesión de su legítima autonomía y su primera junta de representantes.

    Por último, tratando con su primer gobernador firmaron uno de los pactos más trascendentes de la historia argentina, reafirmando allí los principios federales que abrazaban los pueblos como implícito mandato de la realidad histórica.

    La Crisis de 1820

    El 9 de julio de 1819 el Congreso, frente a la decisión inquebrantable de Pueyrredón de retirarse del cargo, acepta la renuncia y en su lugar designa al Gral. Rondeau.

    Los caudillos Estanislao López y Francisco Ramírez rompen las hostilidades contra el gobierno nacional y marchan sobre Buenos Aires.

    El ejército nacional comandado por el director supremo, Gral. Rondeau, es derrotado en Cepeda por Ramírez y López.

    Frente a la actitud de los vencedores, el Cabildo de Buenos Aires intima al Congreso para que se disuelva.

    Los vencedores de Cepeda se niegan a tratar con el Cabildo porteño, declarando que sólo lo harán con la autoridad que el pueblo de Buenos Aires elija en entera libertad. Se convocó a un Cabildo abierto. Los elegidos, constituidos al día siguiente en junta de representantes del pueblo, eligieron a Manuel de Sarratea como gobernador de la provincia, elección hecha en forma provisional.

    El nuevo gobernador suscribió el 23 de febrero de 1820 con los gobernadores de Entre Ríos (Ramírez) y Santa Fe (López), el tratado de Pilar, ratificado al día siguiente por la Junta de Representantes de Buenos Aires.

    Este tratado reconoce a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe como comunidades autónomas, pero como integrantes de la Comunidad Nacional Argentina y declara la forma de gobierno federal.

    El Estado centralizado ha desaparecido, la monarquía ha sido definitivamente rechazada por los pueblos, la República ha quedado consagrada y la forma federal de gobierno es una aspiración con la que hay que contar para organizar definitivamente el país.

    Los acontecimientos del año XX

    En la batalla de Cepeda (1 de febrero de 1820) triunfan las fuerzas federales. Ramírez envía una nota al Cabildo de Buenos Aires comunicándole que en el plazo de ocho días deberán decidir su suerte y comunicar a los jefes vencedores. Cumpliendo el plazo se actuaran las operaciones del ejército. El Cabildo elige una comisión para que traten de llegar a un acuerdo con Ramírez y López.

    Les comunican a los ciudadanos que no van en plan de conquista sino a salvaguardar sus instituciones dejándoles en plena libertad para que elijan el gobierno provisorio que les convenga. Y sólo cuando los porteños se gobiernen libremente abandonarán el territorio.

    El día 11 renuncia el director (Rondeau) y los miembros del Congreso y reasume el mando interino el Cabildo.

    El 13 (de febrero, obvio) el cabildo nombra a Irigoyen como gobernador, siendo su sucesor Paso, y López como comandante de las fuerzas.

    A partir de 1820, cada provincia comienza a ejercer su propio gobierno, erigiendo sus instituciones, nombrando libremente sus gobernantes y dándose sus Constituciones.

    El 15 de febrero Ramírez se reúne con los comisionados porteños que intentan un acuerdo.

    López y Ramírez deciden no aceptar la reasunción del mando por parte del Cabildo, ni las designaciones hechas por éste.

    Los federales hacen saber al gobierno de Buenos Aires que juzgaban y creían oportuno y necesario que el pueblo de Buenos Aires nombrase libre y espontáneamente de un modo público o por Cabildo Abierto, el gobierno provisorio.

    Enterado el Cabildo, instala la Asamblea popular, elige directamente a Juan Aguirre como gobernador, pero se deja sin efecto y se procede a votar por doce electores para designar el gobernador de provincia.

    Estos electores constituyeron la junta de representantes. Resulta elegido Sarratea.

    El mismo día de la designación, Soler consigue un armisticio por tres días con López y Ramírez con el objeto de concluir un convenio definitivo.

    Tratado de Pilar

    El 23 de febrero de 1820 en Pilar se reúnen Sarratea (Baires) López (Santa Fe) y Ramírez (Entre Ríos) para terminar con la guerra entre estas provincias y proveer a su seguridad concentrando sus fuerzas y recursos en un gobierno federal.

    Anarquía de Buenos Aires

    Después de finalizado el tratado de Pilar, el grupo directorial no convencido de su derrota inicia sus hostilidades contra el gobierno de Sarratea.

    El pueblo de Buenos Aires contra Sarratea por haber ayudado a las provincias de Santa Fe y Entre Ríos con la entrega de armas estipulada en un pacto secreto adicional al tratado.

    La verdad es que los directoriales deseaban volver al gobierno esperanzados en el regreso de las tropas de Soler y sobre todo el ejército de Balcarce.

    Con la llegada de Balcarce, los porteños se refuerzan y elevan un petitorio a Sarratea expresándole que el pueblo ha perdido toda la confianza y que debe reemplazárselo.

    El 6 de marzo de 1820 se destituye a Sarratea, se elige al Cnel. Balcarce. Enterados López y Ramírez, responden inmediatamente a Sarratea.

    Comenzada la breve tregua, se eligen nuevos miembros de la junta de representantes. Como presidente, Ramos Mejía. La nueva junta obliga a Sarratea a incorporar a nueve miembros que habían sido expulsados.

    La junta inventa que Sarratea está enfermo y lo reemplaza Ramos Mejía. Merece destacarse por parte de la junta, la sanción de la primera Constitución de la provincia de Buenos Aires, o reglamento donde se limitan las facultades del gobernador. Para Ramos no fue fácil la tarea de gobernador, una total anarquía en las tropas impide la presencia de Ramos al frente de las provincias.

    Entonces el Cabildo intimidado por los oficiales de Soler reconoce a éste como gobernador de Buenos Aires.

    20 de junio, Ramos Mejía renuncia a su cargo y la junta queda disuelta. La anarquía institucional es completa.

    Enterados López & Ramírez de la destitución de Sarratea, el primero marcha con su ejército a Baires.

    Soler trata de detenerlo diplomáticamente diciéndole que va a solucionar todo, y a poner en práctica el pacto de Pilar.

    López no le cree ni ahí. El final de todas estas incidencias es la derrota de Soler por parte de López en la batalla de Cañada de la Cruz, el 28 de junio de 1820.

    El Cnel. Pagola destituye a Balcarce y se nombra en su lugar.

    López convoca en Luján a una junta electoral y proclama gobernador en nombre de los pueblos libres de la campaña a Alvear.

    El Cabildo de Buenos Aires convoca a elección y es elegido Dorrego gobernador. López lo vence en la batalla de Gramonal y ofrece la paz otra vez a los porteños.

    Reunidos los gobernadores no llegaron a un acuerdo. Luego de varias sesiones del Cabildo y gracias a los mediadores de Córdoba y Mendoza, se logra una nueva reunión en la estancia de Benegas, firmándose el 24 de noviembre de 1820, el tratado definitivo de paz entre las provincias beligerantes.

    El Congreso de Tucumán

    Según el artículo 2 del tratado de Benegas, los representantes de los pueblos debían reunirse en dos meses en Córdoba.

    Se ve satisfecha la aspiración del general Bustos de convocar un Congreso.

    López estuvo a favor del Congreso aunque no se hiciese en su provincia. Buenos Aires puso trabas desde un principio a la posible reunión de un Congreso. Lo más importante del proceso preliminar a este Congreso son las instrucciones que da la junta de Buenos Aires.

    En dicho documento se revela la política porteña y la desenfrenada posición que adopta su gobierno ante la futura asamblea.

    Buenos Aires no debía olvidar que era el movimiento federal el que había triunfado en 1820 y que el Congreso de Córdoba era su Constitución.

    Los partidarios de la unidad y del directorio no debían olvidar que habían sido derrotados y desalojados del gobierno y que todas las provincias deseaban la organización nacional bajo el sistema federal.

    Artículo 1: de las instrucciones: Buenos Aires con gran temor previene de una posible agresión por parte de los portugueses y solicita se tomen las medidas necesarias para combatirlos.

    Artículo 2: ya establecido el Congreso, los diputados de Buenos Aires, deben solicitar el restablecimiento de la unidad de gobierno.

    Artículo 5: prob. (¿?) de representación proponiendo un gobierno federal. Los diputados al Congreso federativo a crearse serían elegidos proporcionalmente a la población de cada provincia. De esta manera los porteños se asegurarían aún en una Asamblea Federal.

    Artículo 10: se daban órdenes a los diputados porteños para que aquellos hombres que lucharon contra el régimen depuesto, disolviendo el orden nacional, fueran llamados a juicio en cualquier parte donde se hallen.

    El juicio político del tratado de Pilar ahora se daba vuelta en contra de los caudillos. En otra de las instrucciones se pedía la dependencia de Santa Fe y su reintegración a Buenos Aires, de la que se había sustraído. De nada valía su autonomía si estaba regada de sangre.

    Una hábil política fue dilatando la apertura del Congreso.

    En agosto de 1821 se nombra a Rivadavia como ministro de gobierno de Martín Rodríguez.

    Rivadavia expresó a los diputados que la reunión del Congreso era inoportuna, en su lugar, les propuso en pacto general entre las provincias de carácter ofensivo - defensivo donde se concentrara las base para la instalación de un futuro Congreso.

    No deseando el Congreso tratar las proposiciones porteñas dadas por Rivadavia a sus diputados, éstos se retiraron definitivamente.

    Difícil era continuar, llevaban estérilmente (por no decir al pedo) un año en Córdoba.

    Organización de la provincia de Buenos Aires

    Es con el gobierno de Martín Rodríguez, elegido por la junta de representantes, el 26 de septiembre de 1820, que comienza la verdadera organización de Buenos Aires.

    Rivadavia, ministro de Rodríguez, llevó a cabo numerosas reformas en todos los ámbitos.

    Rodríguez gobernó con las facultades extraordinarias otorgadas por la junta de representantes.

    Proyecto de Constitución

    El 25 de junio de 1821, a propuesta del diputado Agüero, la junta de representantes designa una comisión encargada de redactar una Constitución para la provincia de Buenos Aires. Estaba integrada por Rivadavia, García y Paso.

    A pesar de sus facultades constituyentes, la voluminosa junta (47 miembros) no llegó a sancionar ninguna Constitución.

    Supresión del Cabildo

    Vecinos de Luján peticionan al gobierno que la villa fuese incorporada a la jurisdicción de Buenos Aires, lo que importaba la supresión del Cabildo. Rivadavia paso esto al estudio de la Junta. La gran mayoría se opuso a la supresión del Cabildo.

    Rivadavia expresó que este organismo no daba ningún servicio a la sociedad y por la presión de éste, la junta tuvo que suprimir el Cabildo. Esto serviría de ejemplo para las demás provincias.

    Ley electoral

    Implementación del sufragio universal: todo habitante libre, natural del país o avecinado en él, desde la edad de 20 años si fuera emancipado es libre para votar.

    Podía votarse por todo ciudadano mayor de 25 años que tuviera alguna propiedad inmueble o industrial.

    Reformas económicas

    Se contrató con Londres un empréstito por el valor de tres millones de pesos, que serían destinados a la construcción de puertos, establecimiento de pueblos en la nueva frontera y provisión de agua corriente en la capital. Esto contribuyó al quebramiento de la economía de la provincia y produjo una deuda y fuertes intereses (mirá desde dónde viene...).

    Se crea un Banco de emisión y descuento.

    El 20 de junio de 1822 se aprueba la ley de instalación, y el Banco comienza a funcionar con dificultades, ya que no se le colocó ni la tercera parte del capital que el estatuto aseguraba al establecimiento.

    El banco fue perdiendo confianza y termina su existencia con el gobierno de Las Heras.

    A la falta de circulante, Rivadavia manda a acuñar moneda a Londres, monedas de cobre de valor reducido y ajustado al sistema decimal de Francia.

    Esta medida siguió el mismo camino de las anteriores.

    Durante el gobierno de Rivadavia, la emisión de billetes ascendió a cinco millones y medio.

    Las minas de Famatina

    Por iniciativa de Rivadavia se logró concretar la explotación de las minas del Río de la Plata. Firmó un tratado con capitalistas ingleses.

    Esta medida también fue desatinada porque chocó con los intereses de la ¿Riga? que defendía celosamente su patrimonio.

    Reformas educacionales y culturales

    Saez (¿o será Sáenz?) estructuró la nueva universidad creando cinco departamentos (Ciencias Preparatorias, Cs. Sagradas, Cs. Exactas, Medicina, Jurisprudencia) y redactó un reglamento que fue aprobado por el gobierno de Martín Rodríguez.

    En 1823 se crea también el colegio de Ciencias Morales (¿dónde habrá ido a parar?). En lo cultural se destaca la fundación de la Sociedad Literaria de Buenos Aires.

    Como consecuencia de esto se crearon también dos periódicos: "El Argos de Buenos Aires" y "La Abeja Argentina". Se crea también el Museo Público.

    Reforma militar

    Se crean las leyes de retiro y de premios militares, de acuerdo a los años de permanencia en el ejército. Se sanciona la ley que crea la milicia de infantería, artillería y caballería de la provincia de Buenos Aires.

    Todas estas medidas fueron completadas con la provisión de vestuarios, armamentos y caballada, y la creación de cuerpos auxiliares, conformando un ejército imp. (importante, imponente, impotente, no sé) y organizado.

    Reforma eclesiástica

    Estas reformas tuvieron dos objetos:

    Incautarse los bienes de las congregaciones religiosas para disminuir la influencia de los sacerdotes regulares y hacer efectivo el control del Estado sobre la Iglesia nacional.

    Se decreta que todas las casas de esta orden quedan bajo la protección del gobierno.

    A la vez quedan incautados los bienes del santuario de Luján y de otras órdenes religiosas.

    Hay una inferencia del poder civil en los barrios privados de la Iglesia. El 21 de diciembre de 1822 se sancionó la ley de reforma, que prohibe el diezmo y cambiaba el nombre de diversas instituciones religiosas.

    Se reducían a fondos públicos las propiedades de las órdenes religiosas, no se aceptaba convento con más de 30 sacerdotes o monjas, etc.

    Como consecuencia de estas reformas se produjeron tentativas revolucionarias como la más importante, de Gregorio Tagle, la conspiración fracasó y Rivadavia hizo sentir su dura mano. La horca y la prisión fueron la respuesta de los cabecillas.

    El tratado del cuadrilátero

    Se pactaron los tratados de paz y armonía, sancionados por las nueve provincias desde el 15 al 25 de enero de 1822. Se reconoce la autonomía de cada una de las provincias signatarias: Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba.

    Es el sustituto legal del Congreso de Córdoba, desviado por Rivadavia hacia Buenos Aires con el propósito de debilitar la influencia de Bustos desde Córdoba, apagar el anhelo ferviente de federalismo que ostentaban las provincias y preparar el Congreso de 1824, que comenzaría su labor en la ciudad capital.

    El problema económico: Buenos Aires conservaba la aduana del puerto único y el control de los ríos. Buenos Aires renuncia a toda indemnización y reclamos por la guerra desatada por Ramírez. Lógicamente, poca falta le hacía la contribución de las provincias.

    Si hay una invasión extranjera se sumarán los ejércitos. La muerte definitiva del Congreso de Córdoba, queda consagrada en el artículo 13.

    El Congreso Nacional (1824/1827)

    Desbaratado el Congreso de Córdoba de 1821, Rivadavia pretende realizar la organización nacional desde Buenos Aires.

    Rivadavia, de política centralista y absorbente, deseó la organización nacional pero erró el camino, por eso decimos, que meó afuera del tarro, desconociendo la realidad histórica.

    La poderosa influencia de Rivadavia hace que en 1821, Mendoza solicite al gobernador de Buenos Aires, la reunión de un Congreso Nacional.

    Al principio de 1823 el gobierno de Baires cree que es el momento de convocar el Congreso. Primero deseaba conocer el pensamiento de las provincias, y resuelve enviar a los respectivos gobiernos a Cossio y Zavaleta.

    Exitosa la misión, Buenos aires apresura la reunión del Congreso.

    Motivos de carácter internacional hacen necesaria en forma urgente la convocatoria.

    Cada vez más grave el conflicto con Brasil y la necesidad de asegurar el reconocimiento de nuestra independencia con respecto a los países europeos, en la cual es preciso presentar una república organizada constitucionalmente en todos sus poderes.

    La apertura del Congreso

    A principio de 1824 todo estaba preparado. La mayoría de los diputados se encontraban en Baires, con excepción de los representantes de Santa Fe y San Luis.

    La iniciación de las sesiones y las primeras deliberaciones de la Asamblea provocaron entusiasmo en todas las provincias.

    Acto continuo se dio cuenta a la Asamblea de cinco comunicaciones remitidas por el gobernador Las Heras.

    Se informa además en el mensaje sobre el estrechamiento de relaciones con las naciones del continente que combaten por la causa común y se manifiesta el agradecimiento hacia USA por haber reconocido la independencia argentina.

    Contrariamente se resalta la conducta del Brasil en el conflicto de la Banda Oriental por las apariencias de legalidad en que se pretende esconder la usurpación.

    La ley fundamental

    La primera medida tomada por el Congreso fue la sanción de la llamada ley fundamental, proyecto presentado por el diputado por Corrientes, Francisco Acosta. Surge la esencia de un legítimo pacto de Confederación, consolidando las soberanías particulares y creando un gobierno central. Consta de 18 artículos.

    Base de una futura organización nacional, cimentada en el respeto por las autonomías provinciales.

    Tuvo su fuente principal con excepción de ciertos artículos adaptados a la realidad nacional, en el pacto de Confederación de los USA. Su reforma fue casi sustancial.

    En los debates podemos advertir ya, la puja entre los habitantes del interior y el grupo centralista porteño. También entre los autonomistas porteños y unitarios, en breve tiempo. Las luchas civiles desatadas durante más de una década habían hecho imposible un pacto general donde se afirmaran los principios de nacionalidad.

    Cada provincia conservaría y se regiría por las mismas instituciones que había elaborado durante los años de su gestación autonómica.

    El Congreso expedirá progresivamente las disposiciones que se hiciesen indispensables sobre los objetos mencionados en el artículo anterior.

    La Constitución que sancionare el Congreso será ofrecida oportunamente a la consideración de las provincias y no será promulgada ni establecida en ellas hasta que haya sido aceptada.

    Por ahora y hasta la elección del Poder Ejecutivo nacional queda éste provisoriamente encomendado al gobierno de Buenos Aires.

    Sobre la base de este pacto de provincias había de intentarse todo esfuerzo tendiente a la organización nacional.

    El Poder Ejecutivo nacional permanente

    El conflicto surgido a raíz de la ocupación de la Banda Oriental, el manejo de las relaciones exteriores, convenios y tratados internacionales, el mantenimiento de las relaciones con las diversas provincias y los problemas subsiguientes, fueron concretando poco a poco el viejo anhelo del grupo unitario de consolidar en forma permanente el ejecutivo nacional ejercido provisoriamente por Buenos Aires.

    La comisión encargada de la redacción de la ley de presidencia presenta a la consideración de la asamblea el siguiente proyecto:

    Artículo 1: el Congreso procederá al nombramiento de la persona en quien debe hacerse tan alta confianza.

    Artículo 3: tendrá el nombre de Presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

    Artículo 5: la Constitución establecerá su duración en el ejercicio.

    Artículo 6: las facultades del presidente serán las que se han transferido por leyes anteriores al gobierno de Buenos Aires.

    Con la ausencia de la mayoría de los diputados del interior se aprueba la ley de presidencia, presentada en el momento oportuno y defendida por los hombres del unitarismo.

    La ruptura con el interior estaba declarada. Antes de darse una Constitución y organizar los poderes, se constituía un poder en forma permanente, violando los principios de la ley fundamental y el espíritu de la convocación de aquella memorable Asamblea. La disolución nacional era un hecho.

    Se sancionó el segundo de los proyectos presentados, referente a la creación de ministerios.

    Artículo 1: habrá cinco ministros para el despacho del ejecutivo: gobierno, negocios exteriores, guerra, marina y de hacienda.

    Artículo 2: el presidente de la república puede reunir dos departamentos al cargo de un solo ministro.

    Artículo 3: gozarán de $ 6.000 mensuales. Tendrán el tratamiento de excelencia. En la misma sesión se pone a consideración el día en que se ha de proceder a nombrar al presidente de la república. Resulta electo Rivadavia por 35 votos contra 3.

    El día 8 de febrero de 1826 tiene lugar la solemne asunción del mando por parte de Rivadavia

    En su discurso dijo "Es preciso que todo lo que forme la capital sea exclusivamente nacional". El derrumbe de Rivadavia comenzaba desde el primer día.

    La ley de capital

    Proyecto emitido por Rivadavia declarando a la ciudad de Buenos Aires capital de la República. Después de repetidas conferencias la comisión se ha decidido por su adopción en todas sus partes.

    Era necesidad de Estado que tal medida se aprobara, pues consideraba que la república debía tener una capital, y era imposible que la capital exista en otra parte que en Buenos Aires.

    Castro (diputado, no Fidel) encargado de rebatir en primer término el pensamiento de Agüero.

    Hacía referencia a la ley fundamental que aseguraba a las provincias el goce de sus instituciones hasta que fuera sancionada la Constitución Nacional.

    En los días posteriores el debate fue subiendo de tono, se pasó a votación siendo aprobada en general la ley por 25 votos contra 14.

    El 4 de marzo de 1826 quedó definitivamente sancionada la ley capital. La disolución nacional estaba en marcha. Veintiséis largos años haría que esperar para el logro de la ansiada organización nacional.

    Desde ese momento el Congreso entraría en total declinación.

    La forma de gobierno

    Debe darse por el Congreso la forma de gobierno que juzgue más oportuna al país.

    Se debía partir de un acuerdo general sobre la forma de gobierno a establecerse, pues sería trabajo inútil el concluir una Constitución cuyo sistema fuera después repudiado por los pueblos.

    Debiendo ser la consulta sobre la forma federal o unidad nacional ya que las provincias están de acuerdo en el régimen representativo y republicano. Al comenzar 1826, daría comienzo la gran crisis institucional con la sanción de la ley de pres. (¿mmm?) y capital.

    La provincia de Córdoba desconoce en unánime decisión de su legislatura las dos leyes, por estar en violación de la ley fundamental y del pacto de asociación. De lo expuesto se advierte claramente que cinco provincias se inclinaban por el sistema federal de gobierno: Córdoba, Mendoza, San Juan, Santiago del Estero, y tres por el régimen de unidad: Salta, Tucumán y La Rioja.

    Catamarca, San Luis y Corrientes dejan la resolución definitiva en manos del Congreso.

    El proyecto de decreto presentado establecía redactar un proyecto de Constitución sobre la base de un gobierno representativo republicano, consolidado en unidad de régimen.

    Se pasó a votación, resultando aprobado el proyecto presentado por la comisión de negocios constitucionales por 42 votos contra 11.

    Proyecto, discusión y sanción de la Constitución de 1826

    La comisión no rehusa confesar que no ha hecho más que perfeccionar la Constitución de 1819. Las discusiones y debates del Congreso entre 1824 y 1827 no son el enfrentamiento de dos facciones en pugna por conseguir el triunfo momentáneo de sus ideas: son el choque brutal y definitivo de dos fuerzas históricas que hicieron y hacen a la formación del ser nacional.

    Largas y agotadoras reuniones llevó el debate sobre la forma de gobierno. Agüero, Gómez, castro y el grupo rivadaviano eran los mucha de unidad de régimen. Entre los gomías del federalismo se contaban a Dorrego, Cavia y Ugarteche.

    La obra del Congreso está al borde del abismo, próxima a hundirse en el caos provocado por la pasión política, en trance de convertirse en guerra civil.

    El gobierno dice en la sesión que la resistencia que se ofrece a la organización general proviene de los caudillos y no de los pueblos.

    Contrariamente a esto, varios diputados replican que la oposición es de las masas y no de personas y que la causa radica en las leyes que ha sancionado el Congreso, contrarias a los intereses generales de las provincias.

    Recién el 24 de diciembre de 1826 se sanciona en forma definitiva la Constitución. Antes de dar término a su tarea, el Congreso decide enviar representantes ante los gobiernos provinciales para que expliquen e ilustren a los habitantes del interior respecto de las intenciones de la asamblea.

    El interés del Congreso reside en las provincias que sostienen el régimen federal. Fue sancionada bajo la presidencia de Rivadavia y consta de 91 artículos.

    Sección primera: destinada a la nac. (¿nacionalidad o Nación?) y culto.

    Sección segunda: a la ciudadanía, el modo de adquirirla. Artículos 5 y 6: cómo se pierde.

    Sección tercera: la más importante y fundamental: la forma de gobierno: república consolidada en unidad de régimen. Artículo 8: se establece la división de poderes.

    Sección cuarta: Poder Legislativo: dos cámaras: senadores y diputados.

    Los diputados son elegidos directamente por el pueblo, proporcionalmente a la población. Condiciones para serlo, duración, etc.

    El Senado:

    Capítulo 2: dos representantes por cada provincia y la capital. Nueve años en sus funciones, renovándose por terceras partes cada trienio.

    Capítulo 3: destinado a las atribuciones de ambas cámaras.

    Capítulo 4: facultades del Congreso.

    Sección quinta: Poder Ejecutivo: unipersonal, presidente de la república elegido en forma indirecta.

    Poder judicial: Corte Suprema de Justicia, tribunales inferiores. Compuesta por 9 miembros y 2 fiscales.

    Artículo 130: en cada provincia habrá un gobernador, tendrá al menos 30 años y la condición para ser senador. Son nombrados por el presidente a propuesta en terna de los consejos administrativos. Duran tres años en sus funciones y no pueden ser reelegidos.

    Sección octava: es de indudable importancia. Se establecen numerosas disposiciones que garantizan las libertades individuales y es fuente de la primera parte de nuestra Constitución del 53, destinadas a las declaraciones, derechos y garantías.

    Sección novena: trata de la reforma de la Constitución. Se exige que ella sea apoyada por la cuarta parte de los miembros presentes y para ser aprobada, las 2/3 partes de los votos en cada sala.

    La última sección está destina a la aceptación y observancia de la Constitución.

    Es el documento más completo y elaborado y uno de los fundamentales antecedentes de la del 53, que tomó de su texto numerosos artículos volcados casi textualmente. Hay un apasionamiento político, el acierto o desacierto de los unitarios, su forma de maniobrar a fin de obtener > (mayor, más, mayoría, ¿quién sabe?) lo que no se puede negar es su calidad de hombres ilustrados. (¿será porque estaban dibujados?)

    La sanción de la ley unitaria de 1826 significa la muerte de las instituciones provinciales.

    Fue repudiada por la mayoría de las provincias argentinas y su fracaso no fue sólo obra de las circunstancias políticas o influencia de facciones, sino la expresión espontánea y unánime de un pueblo.

    En efecto, las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes, Santiago del Estero, La Rioja, Salta, Mendoza, San Juan y San Luis, firman en mayo de 1827 un tratado de alianza defensiva - ofensiva, se comprometen a organizar el país en un nuevo Congreso bajo la forma federal y a invitar a las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Tucumán y la Banda Oriental a adherirse a la liga.

    Las provincias se obligaban a sostener la integridad del territorio contra el imperio del Brasil, ayudando a los orientales.

    Esta poderosa alianza dejó huérfano de todo apoyo al gobierno de Rivadavia. El Congreso tambaleaba. El problema con el Brasil, fue el golpe de gracia para el desventurado Rivadavia.

    Rivadavia redacta su renuncia, presentada al Congreso y aprobada por éste, por 48 votos contra 2.

    La política de Rivadavia dividía una vez más a la familia argentina. Hacía fracasar una Asamblea Constituyente, extinguía el poder nacional e instauraba la disolución nacional.

    Luego de aprobarse la renuncia de Rivadavia fueron presentados diversos proyectos para solucionar la crisis institucional provocada por la actitud del presidente.

    Asume provisoriamente Vicente López y Planes, este presenta la renuncia pero el Congreso no la acepta. Nombra a Dorrego gobernador. Buenos Aires vuelve nuevamente a ser capital de la provincia, restableciendo sus instituciones y gozando de su plena autonomía. Lo cierto es que la fracasada política unitaria abrió las puertas a la inconstitucionalidad, a la disolución nacional.

    Orígenes y crisis del federalismo argentino

    La tensa rivalidad entre unitarios y federales es originariamente la que separa a porteños y provincianos. La constante oposición entre las dos facciones debe buscarse en la divergencia económica entre la opulenta ciudad del puerto: Buenos Aires y el resto del país al que la primera había sometido a sus intereses.

    Unidad VIII

    Unitarios y federales

    La lucha entre unitarios y federales termina en nuestro país tempranamente. Si bien la lucha áspera por el predominio de una o de otra tendencia se va dando desde 1829/1832, ésta continuaría a través de las llamadas “relaciones contra Rosas” de 1820 cuando se agudizaron las contradicciones.

    Se caracteriza como la época de la Confederación Rosista. “Para diferenciarla de la Confederación”.

    Es la época de la restauración. Las formas de restauración generalmente conformadas en sistemas políticos absolutos.

    El tema de unitarios y federales nos interesa en cuanto a sus proyecciones institucionales. Llegaron a constituirse en enemigos irreconciliables, a punto que la victoria de uno significaba la destrucción del otro.

    Los unitarios constituirían una elite (sin masa) formada por los sectores más cultos principalmente de la ciudad. También pensaban en un país con la incorporación de fuentes de trabajo exterior, creían en el progreso.

    Los federales tendrían sus apoyaturas principales en la campaña, basadas en las masas y en los sectores populares; un ordenamiento del país mediante pactos y desechando las Constituciones nacionales, prefiriendo un ordenamiento de las instituciones en las diferentes provincias y mediante pactos que las coligaran, preferentemente alianzas defensivas, un sistema de descentralización.

    Pensaban al país con los elementos étnicos y raciales que éste poseía.

    La experiencia unitaria

    Ambos llegaron al poder aunque la breve permanencia de los unitarios fue más bien la puesta en marcha de una experiencia muy especial que excedía sus límites. Nos referimos a la época rivadaviana.

    Los federales determinaron el poder por mucho más tiempo, aunque también en ellos no aparecían las notas inherentes al federalismo.

    Los unitarios eran inferiores en número, pero esto se compensaba en la calidad de los dirigentes. Casi todos estaban profundamente convencidos de que el partido unitario era el único que podía conducir al país a un porvenir económico y políticamente mejor.

    Una minoría compacta, homogénea y muy unida.

    La tendencia política unitaria desaparecería de escena al ser vencida por las armas (1831-32).

    Existía en los unitarios un plan de organización económica e institucional.

    La burguesía de Buenos Aires quedaría agraviada con la nacionalización de la capital y la pérdida de los privilegios tradicionales del puerto.

    Echeverría sostiene la legitimidad de ambas posiciones, aunque reconociendo al unitario como partido, en tanto considera al federal como facción. El unitario tendería al logro de la institución mediante la Constitución.

    Los federales significan espíritu de localismo, una especie de egoísmo, una oposición negativa, anárquica, desorganizada.

    Dorrego tiene como ideal a la organización norteamericana, aunque se queda allí, pues en los hechos es un caudillo federal.

    Para Echeverría, Dorrego deviene caudillo de una facción, siendo víctima sus propias culpas. Como gobernante no llegó a comprender los aspectos positivos del federalismo.

    El mismo Moreno también olvidaría los principios que invocara en el Congreso, dejando de lado una institución que para Echeverría era fundamental: el poder municipal, el municipio como célula viva de la democracia.

    El balance que formulaba coincidía con algunas pautas del plan rivadaviano.

    • Sistema republicano, realizado por el sufragio universal.

    • Creencia en las garantías individuales, libertad de enseñanza, de imprenta, de comercio, de cultos, reservando para el Estado la religión y el culto católico.

    • Extirpar la raíz, las tradiciones coloniales.

    • La regulación de la administración, asentar el impuesto y la renta.

    • Pretendía la libertad, el progreso y la civilización para su país.

    Pero al mismo tiempo reconoce sus errores:

    • Dio la lanza y el sufragio al proletariado.

    • No mejoró las industrias locales.

    • Suprimió los cabildos y no estableció la representación municipal.

    • No atendió la organización de la campaña, fuente de riqueza de la provincia de Buenos Aires.

    Heterogeneidad de la cuestión

    No se llegó a organizar una federación ni tampoco una Confederación en el país en un sentido institucional o jurídico correcto.

    Porque es evidente que no podía llamarse federalismo el sistema que desembocara hacia 1830/31 en la designación de Rosas por parte de los gobernadores de provincias como jefe absoluto de la Confederación, con facultades extraordinarias y la suma del poder público.

    Los principios federales, encarnados por Dorrego, se habían transformado en los de una Confederación con características muy especiales.

    Cada provincia quedaba segura en su soberanía, libertad, seguridad, y derechos individuales.

    El federalismo tuvo así su auge aunque fue prontamente liquidado por el centralismo porteño, y por la política directorial. En Fontezuelas también se haría sentir la reacción federal, pero era más que nada, una reacción de las provincias en contra del centralismo porteño.

    Federalismo significa provincialismo y lucha contra Buenos Aires. Buenos Aires hace su ingreso como provincia federal a regañadientes y es obligada a ello por las circunstancias, ya que era la única forma de poder firmar el pacto del Pilar.

    La oligarquía porteña, directorial y centralista firmaría el pacto del Pilar y tomaría el disfraz del federalismo.

    Ferré, como ya lo veremos, alertaba la necesidad de una verdadera federación. Las provincias imputaban a Buenos Aires dar preeminencia a sus intereses localistas.

    Las provincias no podían vivir aisladas y por lo tanto, la solución federalista se atuvo a las realidades provinciales. El federalismo se daba en un doble aspecto: político y económico.

    Observamos que en el período de los principios de la restauración, el federalismo llega a tener características muy peculiares, un principio autoritario y absolutista.

    De allí las características peculiares que adquiría la lucha entre unitarios y federales. En el Pacto Federal se determinaba la consolidación del país bajo la forma federal de gobierno. El pacto funcionó como un estado de Confederación provisional hasta el logro de la federación.

    El problema de la organización nacional fue enfocado con criterio distinto en algún momento por Quiroga y Rosas.

    La organización constitucional significa un límite a los privilegios porteños. Su gobernador, Rosas no podía consentirla.

    Las ideas políticas de Quiroga con relación a la organización de la Constitución oscilaban entre la convocatoria a un Congreso como arma dirigida contra Rosas, hasta despreocuparse del problema para al fin adherirse a la política rosista, lo que demuestra la victoria definitiva de Rosas.

    Rosas se opondría tenazmente tanto a la organización del Congreso como al dictado de la Constitución.

    Rosas achacaba todos los males del país a la experiencia unitaria.

    Los unitarios habrían destruido la religión, que es para Rosas, el vínculo más sagrado de todos (ref. rivadaviana).

    Artigas pretendía una Confederación regida por una Constitución de carácter nacional y constitucional, con un territorio para cada estado.

    Tenía profunda raigambre democrática, proponía la libertad de cultos y buscaba un equilibrio entre los derechos individuales y los sociales.

    Rosas se oponía al dictado de una Constitución y se declaraba contrario a la celebración del Congreso general federativo.

    El Congreso no podía celebrarse:

    • Por no haberse logrado la paz y tranquilidad públicas, los pueblos se encontraban en estado de agitación; se debía a los unitarios, legistas, y agentes secretos de otras naciones.

    • Por el estado de pobreza provocado por esas agitaciones políticas.

    • Por falta de fondos para costearlo.

    • Por falta de hombres capaces para dirigir los destinos de la Nación.

    En ciertos planos, las argumentaciones son parecidas a los de los unitarios para oponerse al sistema federal en el Congreso 1824/27, por falta de población, de fondos, de cultura, o a las esgrimidas por Rivadavia para oponerse a la reunión del Congreso de 1821 en Córdoba.

    El Congreso no debía ser deliberante sino meramente convencional.

    El Congreso se reuniría para formular cuestiones previas, no para resolver acerca de la organización definitiva del país.

    Existían otras razones:

    • Buenos Aires se rehusaba a abonar cualquier contribución y corría por cuenta de las provincias pagar a sus diputados.

    • Se debía determinar el punto de reunión y la formación del fondo común.

    • Habría también dificultades en la elección de los representantes.

    Hay otro punto que explica las ideas de Rosas, en lo referente al problema del fondo nacional. Se relaciona directamente con el de la aduana y los derechos de aduana sobre el comercio de ultramar.

    Rosas quería mantener el status quo y consecuentemente el centralismo bonaerense por sobre su pregonado federalismo.

    Existía una especie de federalismo empírico no doctrinario, basado en las ideas políticas propias del autoritarismo antiliberal y de forma paternalista.

    Lucha entre dos formas de vida y dos ideologías diferentes. Rosas encarna el orden de ideas al principio del período de la restauración, atenido a la realidad y reacio a toda transformación.

    Este federalismo preconizado por Rosas resultaría la cúspide de un sistema de pactos que bajo un común denominador, el Pacto Federal, adquiere las notas de provisionalidad.

    Se trataría de un estado de compromiso provisorio y ese estado se denomina “Confederación Argentina”. Es provisorio por cuanto en principio, el pacto determina que una vez que se adquiriera en las provincias la paz y la tranquilidad necesarias, se procedería a la reunión de un Congreso para dictar una Constitución. La Confederación funciona provisoriamente hasta lograrse la federación.

    El Congreso Federal y la Constitución se postergaría al no lograrse las condiciones necesarias.

    El gobernador de Buenos Aires tenía facultades extraordinarias, y si bien el encargado provisorio no tenía derechos de intervención en las demás provincias, llegaría por la fuerza de las circunstancias, al ejercicio de una dictadura en todo el territorio.

    Con motivo de la reelección de Rosas el 7 de marzo 1850, estamos en presencia de una verdadera jefatura suprema. Le ofrecen la suprema jefatura nacional.

    A Rosas lo llamaban el rey de los gauchos, por la influencia que tenía sobre la gente del campo, pero al mismo tiempo su sentido absoluto y señorial hacía que despreciara a este elemento del cual se valía.

    Una lucha frontal en contra de todo lo que apareciera como lo contrario a las ideas de orden, nacionalidad y religión (masones, ateos, apátridas, unitarios). No existía la idea de progreso social.

    Rosas distinguía entre dos sectores bien definidos: la gente ilustrada y los hombres de las clases bajas de la campaña: unos representa la moral, otros lo físico.

    Una gran sequía que duró tres años, imposibilitó la carrera de las postas, lo que originó enormes gastos.

    En cuanto a los indios, una política de conciliación permitía el logro de una pacificación: castigar a los indios enemigos.

    Desde el punto de vista social, Rosas fue el representante más conspicuo del grupo ganadero y saladerista, con principal base de operaciones en la provincia de Buenos Aires. Se observa la existencia de carrera militar.

    Es indudable que exista una clase dominante por sobre todas las demás: la de los estancieros y saladeristas.

    Los comerciantes minoristas, artesanos, profesionales, agricultores, ocupaban posiciones secundarias, no podrían competir con los de Buenos Aires, que eran dueños del poder y riqueza compartida en reducidas proporciones por las provincias.

    Señalaremos un aspecto muy importante y es el de la ley de aduana de 1835.

    Lucha entre los intereses de Buenos Aires y los provincianos, el efectivo poder político que se le otorgaba a Rosas, la plenitud de los poderes, hacían que en él se encontrara también el poder económico. Existía un control absoluto desde Buenos Aires.

    Los derechos de aduana resultaban la mayor fuente de ingreso de la provincia. La aduana es el único factor de capitalización de rango con que cuenta el país, la situación era vivida más intensamente por el Litoral, cuya producción estaba ligada a la exportación realizada por el Río de la Plata, lugar de salida único.

    Alberdi

    El autor de bases sería el único inspirador de los constituyentes de 1853 y su proyecto de Constitución. Fijó la corriente de las ideas.

    La mayoría de las ideas fundamentales de bases, libertad de comercio y tránsito fluvial, poblamiento, inmigración, habían sido ya expuestas por Florencio Varela en las columnas de comercio del Plata desde 1845, por Sarmiento, en Facundo.

    La edición originaria de bases consta de 28 capítulos.

    Dichos medios son la inmigración libre, la libertad de comercio, los ferrocarriles, la industria sin trabas, fomentar la inmigración y el poblamiento, analiza nuestros antecedentes federales y unitarios y concluye por sostener la imposibilidad de un régimen federal puro. La solución ofrecida es la de un gobierno mixto.

    Gorostiaga: su proyecto está vaciado en el molde de la Constitución norteamericana, único modelo de federación que existe en el mundo.

    El modelo norteamericano no habría de tardar en buscar su adaptación. Se debe reconocer que el plan de la Constitución de 1853 descansa sobre el proyecto de Alberdi. Se inspiró en la del Estado de Massachusetts.

    La Confederación Argentina y las atribuciones nacionales 1831/37

    Mientras el General Paz al establecer una liga unitaria con centro en Córdoba, quebraba la unidad del poder nacional, las provincias Litorales con una pequeña desventaja cronológica buscaban constituir un frente federal. Estaba ampliamente compensado con la mayor importancia política y económica y especialmente con la participación de Buenos Aires.

    El gobernador Rosas procuraba concentrar los poderes generales en el gobierno local de Buenos Aires y se resistía tanto a la formación de órganos o cuerpos interprovinciales como a la inmediata reunión de un Congreso Constituyente.

    Ferré extendía sus enunciados fundamentales a la cuestión económica, en defensa de la industria y en contra del monopolio aduanero de Buenos Aires. De este choque de las fuerzas Litorales salió triunfante la política de Buenos Aires.

    Las provincias reconocían recíprocamente su libertad, independencia, representación y derechos. Alianza ofensiva y defensiva de las provincias firmantes contra cualquier invasión exterior, pero al mismo tiempo se expresaba un alto sentimiento nacional al obligarse a colaborar contra una invasión exterior a cualquiera de las provincias, sin distinción de color político. Se comprometían a ayudar a la provincia atacada.

    Se comprometían a no celebrar tratados con ningún otro gobierno sin el previo consentimiento expreso de las demás provincias.

    A respetar los derechos de los habitantes de una de las provincias en las otras provincias litorales, los derechos de exportación e importación y la extradición de criminales.

    El pacto fue celebrado originalmente entre tres provincias con la posterior incorporación de Corrientes. No tenía sentido alguno si quedaba circunscripto a la región Litoral del país.

    Las demás provincias podían ingresar a esta liga, siempre que se aceptase el sistema federal.

    Constituida la liga federal y establecida la comisión representativa, de inmediato se procedió a declarar la guerra al Gral. Paz.

    La comisión de las provincias tenía solo atribuciones en los asuntos internos. Pese a que le había reconocido el poder exterior, el gobierno de Buenos Aires no podía sentirse satisfecho, pues tenía sobre sí el acecho permanente de la comisión representativa.

    De ahí que el gobernador Rosas se empeñase en disminuir el carácter de la comisión, considerándola como una simple reunión diplomática de reducidas facultades.

    Mientras unos buscaban el funcionamiento previsto a la comisión representativa y el cumplimiento estricto de su misión, los otros obstaculizaban su marcha y acechaban su disolución.

    En este último objetivo trabajó activamente el gobierno de Buenos Aires y logró cumplidamente su propósito.

    El retiro del diputado porteño, entre otras causas, fue un golpe mortal para la fracasada comisión.

    El gobernante porteño se empeñaría en postergar indefinidamente la reunión del Congreso federativo.

    Era posible advertir entonces como el problema del poder nacional separaba a los federales rosistas de Buenos Aires de los federales del Litoral e interno. Mientras aquéllos no se resignaban a la eventual posibilidad de perder el control político del país, las demás provincias deseaban una organización sobre la base de igualdad de todos sus miembros. Ambos grupos sabían que en una organización federativa, el poder de Buenos Aires quedaría seriamente dañado.

    La adhesión al pacto federal por parte de las provincias desvinculadas de la liga unitaria llevaba consigo la necesidad de delegar el manejo de las relaciones exteriores.

    Rosas apresuró las gestiones para obtener una delegación por parte de todas las provincias.

    Los habituales e influyentes corresponsales de Rosas eran López y Quiroga. El gobernador de Buenos Aires buscó los contactos necesarios para llevar a cabo su pensamiento.

    Para llevar a cabo una política nacional, Rosas buscaba presentar a Buenos Aires unificada ante las demás provincias. Esta unidad local no pudo obtenerse durante el primer período de gobierno (1829/32) y de ahí que al terminar el mandato, Rosas planteara esta disyuntiva: gobierno fuerte o retiro absoluto de la vida pública. La legislación escogió lo segundo.

    Esta actitud no significa sin embargo una derrota definitiva, según se vería luego, pues al mismo tiempo que realizaba su famosa expedición al desierto, durante más de dos años (1832/35), Buenos Aires vivía un clima de desorden y caos político que sirvió para demostrar a los amigos de Rosas que sin un gobierno fuerte con el caudillo al frente, era imposible restablecer el orden.

    Una conmoción política en el norte del país, y el posterior asesinato de Quiroga, terminó por convencer a los remisos acerca de la existencia de un clima de conspiración general contra las principales figuras del partido federal. En 1835 la legislación de Buenos Aires nombraba gobernador con la suma del poder público a Rosas. Se había consagrado la dictadura.

    No hay duda de que al asumir el segundo gobierno, la actitud de Rosas había cambiado radicalmente, y así como en el orden local se empeño en la implementación de un severo régimen de presión sobre los ciudadanos, buscó dar a su obra una significación nacional.

    El director de Buenos Aires buscaba, sobre la base de la Confederación de 1831, la unión estrecha de las provincias en torno a su figura.

    El asesinato de Quiroga significó una grave pérdida para su política sobre si tenemos en cuenta que el caudillo riojano había sido lentamente atraído hacía el sistema de Rosas.

    Ciertas regiones del país comenzaron a estrechar relaciones comerciales con los países limítrofes para esquivar el largo y costoso viaje a Buenos Aires. Así, Cuyo comerciaba con Chile, el norte mantenía un importante comercio con Bolivia y corrientes con el Paraguay.

    La ley de aduana significa el cumplimiento de uno de los objetivos de Rosas, tendía a la protección industrial y al desarrollo de la agricultura.

    Unidades IX, X y XI

    Constitución 1853

    El procedimiento de Urquiza

    En 1850, Rosas fue elegido por tercera vez gobernador de Buenos Aires con la suma del poder público. El final de su tiranía estaba próximo.

    Urquiza dictó un decreto declarando que el pueblo entrerriano reasume el ejercicio de las facultades inherentes a su territorial soberanía: se entenderá directamente con los demás gobernadores del mundo hasta que, congregada la Asamblea Nacional, sea definitivamente constituida la República.

    Dictó otro decreto contra los salvajes unitarios: ¡Viva la Confederación Argentina, mueran los enemigos de la organización nacional, carajo!

    Los gobernadores y legisladores de Santa Fe, La Rioja, Santiago del Estero, Catamarca, Córdoba, Salta, Mendoza, San Luis y Tucumán repudiaron en términos violentos el pronunciamiento de Urquiza. Buenos Aires adoptó como lema: ¡Muera el loco traidor, salvaje unitario Urquiza, carajo!

    En 1851 Urquiza concertó un tratado con el gobierno de la defensa de Montevideo y el Imperio del Brasil con el objetivo de mantener la independencia y pacificar la República Oriental del Uruguay haciendo salir del territorio de ésta al general Manuel Oribe.

    Oribe no ofreció resistencia, poniéndose así fin a la guerra en territorio oriental. En su artículo se declaró que no hay vencedores ni vencidos.

    El encuentro definitivo con el ejército de Rosas se produjo en Caseros, el 3 de febrero 1852. Las fuerzas de Urquiza dirigidas por los coroneles Lagos y Chilavert (que ya entonces andaba metido en quilombos) obtuvieron un triunfo decisivo.

    Rosas hizo un alto en el camino para redactar una nota elevando a la legislación, su renuncia al cargo de gobernador. Horas después, en una nave británica, se embarcó hacia su exilio definitivo.

    Al día siguiente de Caseros, Urquiza designó gobernador provisorio a don Vicente López y Planes. Formó su gabinete con Alsina, Gorostiaga, Luis de la Peña, Vicente Fidel López, Escalada.

    A fin de integrar la sala de representantes porteña se realizaron elecciones el 11 de abril, triunfando la lista amarilla que venció a la blanca.

    Para la elección de gobernador propietario, la sala aceptó la sugerencia del libertador y nombró a Vicente López y Planes.

    El 6 de abril, reunidos en Palermo los gobernadores de Buenos Aires y de Corrientes (Virasola) con el delegado del gobernador de Santa Fe, Manuel Leiva.

    Delegaron en el gobernador de Entre Ríos la representación de la Confederación ante los Estados extranjeros.

    Quedó investido así Urquiza de la dirección de los asuntos exteriores y convertido en el sucesor de Rosas. El protocolo autorizó a Urquiza a disponer de las rentas que producía la aduana de Buenos Aires

    Para conseguir la colaboración de los gobernadores provinciales, Urquiza se puso en comunicación con ellos a través de un representante personal: el doctor Bernardo de Irigoyen.

    Irigoyen debía también proponer la reunión de los gobernadores en San Nicolás de los Arroyos sintetizando el plan político de Urquiza con estas tres frases: fusión de todos los partidos, unión de todos los argentinos, olvido del pasado.

    La misión tuvo éxito y el 29 de mayo se inauguraron las sesiones en San Nicolás con la asistencia de todos los gobernadores de las provincias con excepción de los de Córdoba, Salta y Jujuy.

    El acuerdo de San Nicolás reconoce el Pacto Federal 1831 como ley fundamental del Estado y fija las bases para la convocatoria del Congreso Constituyente en la ciudad de Santa Fe.

    Cada provincia estará representada por dos diputados, la Constitución se sancionará por la mayoría de los votos. En el acuerdo se establecieron las atribuciones del gobierno provisional, ejercido por Urquiza, quien de modo expreso quedó investido de cargo de director provisional.

    Al director le corresponderá instalar y abrir el Congreso, promulgar la Constitución que se sancione y disponer su cumplimiento hasta tanto se designe al primer presidente constitucional. A Urquiza se le encomienda también el mantenimiento de la paz y defensa de las autoridades constituidas, la conducción de la política interna y externa de la Confederación, el mando de las armas de la Nación, la percepción de las rentas nacionales integradas por el producido de las aduanas exteriores y la administración del Estado.

    El país se organiza bajo el sistema federal.

    La resistencia porteña

    La legislación comunicó a Manuel Pinto, gobernador delegado, que el acuerdo no debería ser cumplido en tanto no fuera aprobado por la sala de representantes.

    El 21 de junio comenzó el debate, el primero en usar de la palabra fue Mitre. Se opuso en forma terminante a la autoridad conferida por Urquiza por considerarla una dictadura irresponsable.

    Le replicó Juan Gutiérrez, procurando sin éxito tranquilizar los espíritus a fin de que prevalecieran los supremos intereses de la Nación.

    Vicente López y Planes, que había renunciado el 23 de junio, fue nombrado nuevamente el 25.

    Reasumió Urquiza haciéndose asesorar por un consejo consultivo.

    En agosto se realizaron elecciones para designar los representantes de Buenos Aires ante el Congreso de Santa Fe. Resultaron electos del Carril y Lamitte.

    Urquiza delegó el gobierno de Buenos Aires en el general Galán (si lo sabe, cante). Urquiza se embarcó hacia Santa Fe.

    Anuncia la insurrección del 11 de septiembre, cuyo jefe militar fue el general Pirán.

    Se inspiró en el propósito de que Buenos Aires recupere la autonomía perdida. La revolución triunfó sin derramamiento de sangre. El general Galán aceptó los hechos consumados y se alejó sin resistencia del poder.

    El general Pinto asumió como gobernador provisional con Valentín Alsina en el ministerio de gobierno; Carreras de hacienda y Pirán de guerra.

    El 30 de octubre de 1852, la sala de representantes nombró gobernador al apasionado doctor Alsina, en sustitución de Pinto, hombre de carácter moderado y pacífico. Integró su gabinete con Mitre en gobierno y José María Flores de guerra.

    Las expediciones militares contra Entre Ríos y Corrientes fracasaron por completo como fracasó la comisión encomendada a Paz para extender la insurrección a las demás provincias, no pudiendo pasar los límites de Buenos Aires.

    La Sala de Representantes el 19 de septiembre resolvió no reconocer ningún acto emanado del Congreso y ordenó el regreso de los diputados porteños.

    El 22 de septiembre decidió reasumir las relaciones exteriores que hasta entonces estuvieron a cargo de Urquiza. Aunque los porteños desconfiaban de Urquiza, compartieron con los partidarios del caudillo entrerriano el anhelo de restaurar la unidad nacional.

    Instalación del Congreso

    En noviembre 1852 comenzaron las sesiones preparatorias, quedando oficialmente instalado el Congreso en Santa Fe el día 20.

    El primero de diciembre 1852, Lagos se sublevó contra el gobierno porteño y levantó la bandera de adhesión al director provincial de la unión nacional.

    Alsina renunció el 6 de diciembre. Asumió Pinto.

    El 22 de enero el Congreso autorizó a Urquiza a adoptar medidas tendientes a hacer cesar la guerra civil, y a obtener el asentamiento de Buenos Aires al acuerdo de San Nicolás.

    Fuentes e ideología de la Constitución 1853

    Los congresistas reunidos en Santa Fe no elaboraron el texto constitucional sobre la base de esquemas ideológicos desarraigados de la realidad nacional. Fueron muchos las vertientes ideológicas:

    • Estados Unidos.

    • La generación del 37.

    • Echevarría y Alberdi.

    • Reglamento orgánico, el estatuto provisional, el estatuto de 1815, el reglamento de 1817, la Constitución Nacional de 1819 y la de 1826, los decretos de la asamblea del año XIII, las Constituciones sancionadas por las provincias, los proyectos unitarios y federales presentados ante la referida asamblea 1813.

    • Los pactos preexistentes, el Pacto Federal y el acuerdo de San Nicolás.

    • Los pactos antecedentes, Pilar, Cuadrilátero, Benegas, etc.

    Echevarría murió en Montevideo el 20 de enero 1851 a los 45 años. En 1846 le escribió a Urquiza una carta que resulto profética. Propone superar la radical oposición existente entre las dos grandes corrientes ideológicas y buscar una nueva síntesis que permita vivir en paz y armonía.

    Alberdi afirmaba: mi proyecto es aceptado en su mayor parte por los diputados reunidos en Santa Fe.

    De allí que en las páginas de las bases puntualice que la Constitución que no es original es mala.

    Puntualizaba la importancia relevante de las fuerzas morales y religiosas y la necesidad de conciliarlas con el progreso económico. Alberdi exterioriza sus profundas convicciones religiosas.

    En su proyecto de Constitución asumió posiciones religiosas, el desarrollo económico constituyó para Alberdi el problema más acuciante.

    Hay en Alberdi tolerancia civil, en el sentido enseñado por la doctrina social de la iglesia, que permite el ejercicio de las diversas prácticas religiosas

    Para sancionar una Constitución que sea fiel a la tradición y que exprese los principios representados por la Revolución de Mayo.

    Alberdi propone el abandono de todo sistema exclusivo y la fusión de las dos grandes tendencias argentinas en un régimen mixto.

    La Constitución Federal propiciada por Alberdi estaba concebida para dar paz, orden y libertad, la forma republicana y asegurar un Poder Judicial honorable e independiente.

    El 18 de abril de 1853, la comisión de negocios constitucionales presentó al Congreso el proyecto de Constitución.

    La comisión expresaba que el proyecto es la obra del pensamiento actual argentino. La influencia de Alberdi resulta visible en el párrafo referido a la política inmigratoria; la convicción de que la unión nacional es indisoluble queda expresamente proclamada en el informe.

    En momentos en que Buenos Aires está escindida y carece de representantes en el Congreso, el proyecto de Constitución fue sometido a votación. Resultó aprobado y aclamado por una mayoría de 14 votos contra 4.

    El preámbulo y el artículo 1 fueron aprobados por unanimidad.

    La consideración del artículo 2, en el que declara que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano significó el comienzo de una controversia religiosa que resurgió varias veces en el curso de los debates.

    En la sesión del 22 de abril se planteó una ardua cuestión al debatirse el texto del artículo 3 que declaraba a Buenos Aires capital de la República.

    Buenos Aires al sentirse decapitada por un Congreso en el que ni siquiera tiene representación, sacará fuerzas hasta de sus flaquezas, transformando en ilusorio el triunfo de las armas que rodean su capital.

    Del artículo 14 reconoce a todos los habitantes el derecho de profesar libremente su culto, pone nuevamente sobre el tapete la cuestión religiosa.

    En la sesión del 25 de abril, el Congreso aprobó varios artículos.

    El Congreso sancionó la ley que declara a Buenos Aires capital de la Confederación. Con cierta ingenuidad la provincia de Buenos Aires fue invitada a examinar y aceptar la Constitución y la propia ley capital.

    El 25 de mayo Urquiza promulgó la Constitución nacional y el 9 de julio fue solemnemente jurada en todas las provincias.

    Rechazó la ley de capitalización de Buenos Aires. Esta actitud indicaba que incluso en el sector adicto al Congreso no se aceptaba la federación de Buenos Aires.

    Del Carril, Zapata y Gorostiaga fracasaron en su intento de entrar en negociaciones con las autoridades porteñas. Fracasaron también las gestiones de paz que Urquiza propuso a Buenos Aires por intermedio de los representantes diplomáticos de Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Estas gestiones quedaron inconclusas porque Urquiza se embarcó hacia Entre Ríos con la fuerzas Armadas de su provincia.

    El general Lagos resolvió dar por terminado el sitio de Buenos Aires.

    Buenos Aires al rechazar la Constitución ahondó la secesión.

    En sustitución de Pinto fue nombrado gobernador Anchorena quien no aceptó. La sala designó a Pastor Obligado.

    La Constitución fue sancionada por el Congreso reunido en Santa Fe a la que se adherirá más tarde Buenos Aires, luego de la convención de 1860.

    Lo esencial de la Constitución para quienes la redactaron no fue la parte orgánica, preferida a las autoridades de la Nación.

    Lo fundamental se encuentra en su parte dogmática en la que se definen declaraciones, derechos y garantías.

    La organización constitucional

    La larga dictadura de Rosas no parecía ser el camino adecuado para alcanzar la Constitución tantas veces postergada. Así lo entendió el gobernador de Entre Ríos que en 1851 inició decididamente la campaña destinada a promover la demorada organización constitucional.

    El 5 de abril dirigió una circular a los demás gobernadores invitándolos a cooperar en la lucha por el derrocamiento de la dictadura.

    El 1 de mayo expidió un decreto por el cual la provincia reasumía las facultades delegadas en el gobernador Rosas para la dirección de las relaciones exteriores.

    Urquiza sostuvo que la delegación de facultades dadas a Rosas había sido con el objeto de constituir la Nación, y ello no se había cumplido.

    El pronunciamiento de Urquiza solo encontró adhesión en la provincia de Corrientes, la que reasumió los poderes nacionales delegados a Rosas. Las demás provincias condenaron oficialmente la actitud de Urquiza.

    Urquiza celebró una alianza militar múltiple el 29 de mayo de 1851. Se suscribió el tratado de alianza ofensiva y defensiva contra Oribe, entre la provincia de Entre Ríos, el imperio del Brasil y el gobierno de Montevideo. Luego de obligarlo a capitular y de obtener el ingreso oriental en la alianza Urquiza volvió a Entre Ríos.

    Rosas redactó su renuncia a la legislación de Buenos Aires en su carácter de gobernador de la provincia, aunque no aludió por entonces a su cargo de jefe supremo del Estado.

    El general vencedor reorganizó el gobierno de Buenos Aires designando gobernador interino al doctor Vicente López. Al quedar acéfala la autoridad que ejercía los asuntos nacionales, debió también resolver acerca de su destino.

    A fin de explicar a los gobernadores del interior su política, Urquiza comisionó al doctor Irigoyen y como resultado de ello, las provincias de San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y Salta reasumieron las facultades acordadas a Rosas y encargaron a Urquiza la conducción de las relaciones exteriores hasta la reunión del Congreso General Constituyente.

    Las provincias Litorales, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes procedieron en forma análoga.

    Quedó Urquiza provisionalmente a cargo de las relaciones exteriores.

    Quería llegar inmediatamente a la sanción de la tantas veces postergada Constitución Nacional.

    El 8 de abril el general Urquiza dispuso el envío de una circular a los gobernadores de las provincias, invitándolos a una reunión que forme el preliminar de la Constitución nacional, celebrada en la ciudad de San Nicolás.

    Respondiendo a la invitación, concurrieron la mayoría de los gobernadores provinciales. Sólo faltaron los de Córdoba, Salta y Jujuy, quienes adhirieron posteriormente a lo resuelto en esta conferencia, y el de Catamarca, cuya representación fue confiada al propio Urquiza

    En este acuerdo se estableció:

    • La observancia del pacto de 1831 en todas sus cláusulas.

    • La reunión de un Congreso General Constituyente.

    • La abolición de los derechos de tránsito sobre las mercaderías que circulasen de una provincia a otra.

    • La formación de una autoridad de carácter nacional, bajo la denominación de director provisorio de la Confederación Argentina y que ejercería sus funciones hasta que se sancionara la Constitución Nacional.

    Atribuciones del director provisorio:

    • La conducción de las relaciones exteriores.

    • La ejecución del Pacto Federal en todo el territorio nacional.

    • Velar sobre el cumplimiento del propio acuerdo.

    • Paz interior.

    • El mando de todas las fuerzas militares existentes en las provincias.

    • La reglamentación de la navegación de los ríos interiores.

    Podía también constituir un Consejo de Estado para consultarlo en los asuntos que juzgare graves.

    El acuerdo fue aprobado en los meses siguientes por todas las provincias, a excepción de Buenos Aires, en donde se produjo un grave conflicto.

    Los términos del acuerdo acrecentaron la desconfianza y el recelo con que en Buenos Aires se miraba a Urquiza, teniendo en cuenta que era sólo una autoridad provisional y que muchas de las funciones encomendadas correspondían al Poder Legislativo.

    Durante varias sesiones, celebradas en el mes de junio de ese mismo año (1852), la legislación de Buenos Aires debatió el contenido del acuerdo.

    (Mitre) Los diputados habían expresado en el periódico los debates, los fundamentos que obligaban a rechazar el acuerdo:

    • Porque legaliza mayores facultades que las que ha tenido ningún poder de la República Argentina, incluso el de Rosas, que de derecho no tuvo jamás sino el encargo de las relaciones exteriores.

    • Porque da al director mayores facultades que las que tendrá por cualquier Constitución que se sancione, el presidente de la República.

    • Da mayores atribuciones que las que el Congreso Nacional va a tener.

    • Concede facultades que son privativas del Congreso Nacional, tales como reglamentar la navegación de los ríos y disponer de las rentas nacionales.

    • Porque restablece una dictadura irresponsable, sin contrapeso y sin antecedentes.

    Calificó entonces a la autoridad establecida como dictatorial, irresponsable, despótica y arbitraria, aclarando que atacaba el principio en sí y no la persona de Urquiza.

    Vélez Sarsfield sostuvo que los gobernadores reunidos carecían de poderes para legislar en materias que eran propias del poder constituyente, por lo que el acuerdo resultaba ilegal.

    Las deliberaciones no pudieron terminarse pero a través de la opinión expresada por la mayoría de los diputados el acuerdo aparecía rechazado.

    Urquiza, quien expatrió a los principales diputados opositores, clausuró la legislación y asumió provisionalmente el gobierno de la provincia.

    Pero basto su ausencia física para que estallase el 11 de septiembre un movimiento militar.

    Pocos días después, el día 22, una ley dispuso retirar a Urquiza el encargo de las relaciones exteriores otorgado en el protocolo de Palermo, con lo que Buenos Aires quedó separada de las demás provincias, y en condiciones de ejercer directamente la conducción de los negocios internos y externos.

    Buenos Aires intentó extender a las demás provincias los efectos de la revolución de septiembre, pero fracasó.

    La Constitución nacional de 1853

    El Congreso General Constituyente convocado por el acuerdo de San Nicolás se instaló solemnemente en la ciudad de Santa Fe el 20 de noviembre 1852 con la representación de todas las provincias, a excepción de Buenos Aires. A fin de redactar el proyecto de Constitución, se designó una comisión integrada por los diputados Colodrero, Zapata, Campillo, Leiva, Terré, Gutiérrez y Gorostiaga, quienes el 18 de abril de 1853 presentaron el proyecto a la consideración del Congreso.

    El proyecto fue puesto a discusión en general y en particular.

    Los congresistas aprobaron la mayoría de los artículos sin discusión introduciéndose en otros algunas modificaciones.

    Hubo también varios puntos especialmente controvertidos, como los referentes a la religión, la libertad de cultos, la cuestión capital y el juicio político a los gobernadores.

    Las discusiones finalizaron el 30 de abril.

    Fue promulgada por el director provisorio el 25 de mayo de 1853, disponiéndose que fuese jurada en todo el país el 9 de julio siguiente.

    Tres fuentes principales:

    • La Constitución de Estados Unidos, único modelo de verdadera federación que existe en el mundo.

    • La Constitución de 1826 en lo relativo a la organización de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo.

    • Bases de Alberdi.

    También de régimen de las autonomías locales, pactos interprovinciales, de las delegaciones provinciales, del pacto de 1831, del acuerdo de San Nicolás.

    Formación del estado de Buenos Aires

    El recelo personal a Urquiza, las amplias atribuciones que se le concedieron a éste en el acuerdo, la pérdida inminente de las rentas aduaneras y del mando militar, unido todo ello a la intervención violenta de Urquiza contra los poderes públicos porteños y el fracaso de los planes expansivos de los revolucionarios de septiembre, constituyeron las principales causas determinantes de la separación absoluta de Buenos Aires el 11 de abril 1854.

    No era, sin duda, tan sólo la actitud rebelde de una de las catorce provincias argentinas, sino que era también la oposición de la principal de todas ellas, fuente inagotable de dinero, hombres y capacidad intelectual. De allí que la unión nacional sin Buenos Aires constituía un resultado insatisfactorio para quienes luchaban por este ideal.

    Finalmente resuelta la Confederación a obtener la reincorporación de Buenos Aires, y luego de fracasar nuevas mediaciones de diplomáticos extranjeros, los ejércitos al mando de Urquiza y Mitre, se enfrentaron sobre la Cañada de Cepeda (por la razón o por la fuerza).

    Mitre quedó en inferioridad de condiciones, tanto desde el punto de vista estratégico como militar, así que optó por retirarse.

    Entretanto el ejército de la Confederación continuó su avance sobre la ciudad. El 10 de noviembre de 1859, se firmó el pacto de unión en San José de Flores.

    Las principales cláusulas del pacto disponían:

    • Buenos Aires se declaraba parte integrante de la Confederación Argentina.

    • Efectuaría un libre examen de la Constitución Nacional de 1853, mediante la convocatoria de una convención provincial. Si esta convención proponía reformas al texto constitucional, las mismas debían ser sometidas a la decisión final de una convención nacional, con participación de todas las provincias, incluso Buenos Aires.

    • Buenos Aires no podía ser dividida sin consentimiento de su legislación.

    • Buenos Aires se abstendría en adelante de mantener relaciones diplomáticas con otras naciones, continuarían bajo jurisdicción de Buenos Aires las propiedades y establecimientos públicos de la provincia, con excepción de la aduana por corresponder ésta a la Nación. Sin embargo, para cubrir sus gastos se garantizaba a Buenos Aires su presupuesto de 1859 hasta cinco años después de la incorporación.

    • El ejército de la Confederación se retiraría del territorio bonaerense.

    La reforma de 1860

    Examinada la Constitución de 1853, Buenos Aires propuso algunas reformas importantes orientadas hacia una protección de sus intereses y de su autonomía, pues debía ingresar a una organización nacional no controlada por porteños.

    Las principales reformas votadas por la convención provincial fueron:

    • Supresión de la ciudad de Buenos Aires como capital de la Confederación.

    • Modificación del régimen de las intervenciones federales procurando una mayor protección contra la amenaza latente de la intervención del gobierno central.

    • Supresión del requisito de revisión de las Constituciones provinciales por el Congreso nacional antes de su promulgación.

    • Supresión del juicio político a los gobernadores provinciales por parte del Congreso Nacional.

    • Agregar al texto que el Congreso Nacional no dictaría leyes que restringieran la libertad de imprenta o establecieran sin ella la jurisdicción federal.

    • Prohibición de suprimir las aduanas exteriores existentes en cada provincia al tiempo de su incorporación y de conceder preferencias a un puerto respecto a otro por medio de leyes o reglamentos de comercio.

    La orientación reformista estaba signada por el temor de Buenos Aires de ser avasallada por un gobierno central que fuera adverso.

    La Convención Nacional aprobó sin modificaciones sustanciales las reformas propuestas.

    La unión de todas las provincias bajo un solo texto constitucional no podía suprimir las profundas diferencias ideológicas y de predominio político, económico y financiero que se habían delineado durante la separación entre Buenos Aires y la Confederación.

    La elección de Santiago Derqui como presidente de la Confederación complicó el panorama aunque no disponía de toda la autoridad efectiva, pues continuaba aún Urquiza dominando muchos aspectos de la conducción política de la Confederación.

    Urquiza también buscó la amistad de Buenos Aires.

    Bien pronto afrontaron nuevamente las divergencias, las diputas, los intereses encontrados, que en realidad, nunca habían desaparecido, sólo estaban disimulados.

    La lucha quedó circunscripta principalmente a Buenos Aires (digamos Mitre) y a la influyente personalidad de Urquiza, en cuyo derredor giraba el partido federal del interior. Derqui no tenía la fuerza suficiente para oponerse a cualquiera de ellos.

    Fueron varias las cuestiones que sirvieron de excusa para romper nuevamente la unidad. La intervención a la provincia de San Juan y el asesinato de su gobernador fueron los motivos para que se lanzaran recíprocas inculpaciones. Pero la batalla principal se libró en torno al dominio del Congreso Nacional, que funcionaba en Paraná, capital de la Confederación desde 1852.

    Los diputados bonaerenses habían sido elegidos mediante el sistema electoral vigente en la provincia.

    La cámara de diputados rechazó a los representantes bonaerenses, disponiendo que debían efectuarse nuevas elecciones de acuerdo con la ley nacional vigente, y si bien los senadores porteños fueron aceptados por la cámara respectiva, aquéllos dispusieron no incorporarse hasta que se resolviera definitivamente la situación de los diputados.

    El dominio del Congreso fue definido a favor de Urquiza, pero a costa de un nuevo conflicto con Buenos Aires que quedó nuevamente separada de la Confederación.

    El presidente Derqui se acercó nuevamente a Urquiza distanciándose de Buenos Aires.

    El apoyo de las provincias al gobierno de la Confederación era total. Ahora las simpatías se hallaban divididas, habiéndose formado en la mayoría de las provincias núcleos de liberales que apoyaban a los porteños ya sea desde el propio gobierno local o desde la oposición, Estos núcleos recibieron el constante estímulo e incluso la ayuda financiera de Buenos Aires.

    El estado financiero de la Confederación se había agravado. No contaba con el crédito y las rentas provinciales de Entre Ríos y tampoco recibía de Buenos Aires la pactada subvención.

    Pronto la Confederación adoptó la decisión de reincorporar a Buenos Aires por la fuerza si era preciso.

    Designado Urquiza como jefe del ejército, trató reiteradamente de acordar una solución pacífica. Lo llevó a enfrentar al ejército porteño, al mando de Mitre. La batalla se libró en los campos de Pavón en 1861.

    Se repetía aunque en forma inversa, el resultado de la batalla de Cepeda entre los mismos rivales.

    Luego de largas tramitaciones, la situación se resolvió al declararse en receso el ejecutivo nacional y quedar reducido a Entre Ríos el poder de Urquiza. De esta manera, Mitre pudo llevar a cabo sus planes de reorganización nacional bajo la égida porteña.

    Buenos Aires contó con una alianza poderosa. Su aduana, fuente de inagotables recursos y llave fundamentalmente de la economía Argentina y su inmenso poder se impusieron por fin en Pavón.

    En mayo de ese año se reunió finalmente el Congreso Nacional y en octubre fue elegido Mitre como presidente de la Nación unificada.

    Se alcanzó al cabo de una década la unión efectiva de todas las provincias, bajo la vigencia de una Constitución general.

    Para llegar a ello había sido preciso que el poder nacional volviese a Buenos Aires.

    Aspectos económicos y financieros de la organización constitucional

    No bien cayó la dictadura de Rosas, las viejas rivalidades económicas entre Buenos Aires y las demás provincias trataron solucionarse en el acuerdo de San Nicolás.

    Se pacto allí la libre circulación de los artículos de producción o fabricación nacional o exterior, se otorgó al general Urquiza en su carácter de director provisorio la facultad de reglamentar la navegación de los ríos interiores de la república, a procurar la apertura y conservación de caminos públicos y de postas de bueyes para el transporte de mercaderías.

    Se trató de solucionar el problema de la casi imposible llegada de los artículos de fabricación internos al puerto de Buenos Aires, no sólo por el encarecimiento que significaba el pago de los distintos derechos de tránsito al pasar del territorio de una provincia a otra, sino también por el deficiente estado de los caminos y los anticuados sistemas de transporte.

    La libre navegación de los ríos fue una preocupación constante de las provincias Litorales.

    Rosas había guardado celosamente las puertas del Río de la Plata y por ende las del Paraná y Uruguay, reservando el control de estos ríos a los porteños, que los mantuvieron clausurados.

    La libertad fue siempre relativa y sujeta a las restricciones que Buenos Aires imponía. La navegación fluvial quedó reservada a los nacionales, previo pago de los derechos correspondientes a Buenos Aires.

    Celebrado el acuerdo de San Nicolás, Urquiza dictó sendos decretos reglamentando la navegación de los ríos. Establecían que la navegación de los ríos Paraná y Uruguay sería permitida a todo buque mercante. La Constitución 1853 dispuso que la navegación de los ríos interiores de la Confederación era libre para todas las bandas.

    Este sistema de libre circulación fluvial y terrestre de los productos y mercaderías nacionales y exteriores, con la abolición de las aduanas interiores, importó en la práctica, un motivo más para agravar el empobrecimiento de las economías provinciales. Sólo las provincias Litorales encontraron beneficios con la libre navegación pudiendo intensificar el comercio entre sí y con el puerto de Buenos Aires.

    Las provincias del Cuyo y del norte mantuvieron la vinculación comercial con Chile, concertada durante épocas anteriores ante la imposibilidad de competir en el puerto de Buenos Aires.

    Factores económicos en la separación de Buenos Aires

    Además de las causas de orden político, existieron también otras de índole económica. Una de las más importantes fue la nacionalización de la aduana porteña, ya que era la única de verdadera importancia.

    Luego del rechazo del acuerdo de San Nicolás, de la disolución de la legislación porteña y de la intervención de Urquiza en los negocios provinciales, Buenos Aires debió soportar el decreto de libre navegación de los ríos y supresión del derecho diferencial del 25 % que los porteños cobraban desde 1836 a los efectos ultramarinos llegados de Montevideo por reembarco o transbordo.

    Días después estallaba la revolución de septiembre y Buenos Aires se separaba de la Confederación.

    Las finanzas de la Confederación

    La secesión de Buenos Aires produjo un importante impacto en las finanzas de la Confederación.

    La Constitución de 1853 nacionalizó las aduanas provinciales, pero Buenos Aires se mantuvo firme en su posición separatista.

    A pesar de estos y otros inconvenientes, la Confederación, sin el curso de la provincia bonaerense, se puso a la tarea de organizar las finanzas nacionales.

    La tarea era difícil. Era necesario aunar los intereses de trece provincias pobres para poder formar con ellas una entidad comercial capaz de subsistir y de enfrentarse económicamente a la poderosa Buenos Aires. Las finanzas de la Confederación amenazaban una total ruina.

    En enero 1855 se celebró entre la Confederación y Buenos Aires un acuerdo de convivencia pacífica. Poco duró este acuerdo, que fue denunciado por la Confederación ante la invasión de su territorio por fuerzas armadas porteñas.

    En junio de 1856 se debatió en las cámaras un proyecto de los diputados Lucero y Rueda, quienes propiciaban establecer derechos diferenciales a las mercaderías que no arribasen directamente a los puertos de la Confederación. Luego del agitado debate, en 1857 comenzó a regir el nuevo sistema.

    La ley de los derechos diferenciales procuraba desviar el comercio de Buenos Aires hacia los puertos de la Confederación, pero produjo más inconvenientes que beneficios.

    No había allí ni capitanes ni productos en cantidades suficientes como para llenar los retornos de la producción manufactura proveniente de Europa.

    Por otra parte los buques de ultramar miraban con recelo la invitación a internarse por el río Paraná, absolutamente desconocido.

    Vana fue la clausura de los caminos que llegaban al arroyo del medio, pues el contrabando se realizó permanentemente.

    Buenos Aires, por el contrario, se sintió poco perjudicada con el nuevo régimen.

    Los derechos diferenciales tuvieron una sola consecuencia positiva y duradera: el progreso de Rosario, que desde entonces pasó a ser una de las ciudades portuarias de mayor empuje dentro de la Nación.

    Las penurias continuaban en la Confederación, los impuestos aduaneros, trabajosamente recaudados, significaban una tasa del 12% para los artículos de importación general y de 30% para aquellos que podían fabricarse en el país.

    Algunos productos, a instancias de las provincias del interior, se veían recargados especialmente, como el algodón y el ají, los vinos y la harina, cuyos derechos oscilaban entre el 50% y 80% de su valor.

    Estas tarifas eran en general proteccionistas, ya que sólo las provincias litorales eran partidarias del libre cambio. A pesar de los recargos arancelarios, los efectos exteriores habrían de llegar irremisiblemente a Buenos Aires para que, almacenados sin pago de derechos en los depósitos porteños, fuesen a dar a las ciudades del interior del país por la vía siempre beneficiosa del contrabando.

    La Confederación volvió al expediente del crédito. Volvieron a elevarse las tarifas de aduana para el año 1858, alejando aún más la posibilidad de un trato directo con las potencias marinas. Las rentas de la Confederación disminuyeron en su crecimiento a pesar de los derechos diferenciales.

    La situación resultaba insostenible, determinando el enfrentamiento de los ejércitos de ambos bandos en Cepeda.

    Incorporada Buenos Aires por medio del pacto de unión, terminaron los apuros del gobierno confederado.

    Buenos Aires conservó su banco y sus instituciones financieras, la aduana quedó nacionalizada, pero hasta tanto se incorporase definitivamente la provincia, sería administrada por ella misma.

    La Nación garantizaba el presupuesto provincial de 1859 durante 5 años más, a contar desde la efectiva incorporación.

    Se levantaron las interdicciones y se suprimieron las leyes de derechos diferenciales.

    Derqui, presidente de la Confederación al suscribir el convenio del 6 de junio 1860, según el cual la aduana porteña y demás establecimientos financieros provinciales seguirían en manos de Buenos Aires, pero no ya hasta su efectiva incorporación, sino hasta que, producida ésta, el Congreso reunido con los representantes porteños, resolviera al respecto.

    Por decreto del 3 de noviembre, este convenio resolvió que en lugar de la suma fija mensual, Buenos Aires entregaría tan sólo el sobrante de sus rentas, una vez cubierto el presupuesto de 1859 que garantizaba la Confederación.

    Las diferencias entre Buenos Aires y el resto de las provincias continuaron, la tensión hizo crisis y el Congreso, sin la representación porteña, dispuso derogar el decreto de Derqui del 3 de noviembre restableciendo la suma fija con que Buenos Aires debía contribuir al tesoro nacional y hasta tanto no se incorporase definitivamente la provincia segregada, se la consideraba potencia exterior a los efectos fiscales.

    Ante la negativa de los porteños de aceptar estas medidas, se declararon rotos los compromisos de junio.

    Volvieron los apuros para las arcas de la Confederación.

    Se intentaron varios empréstitos, se sancionaron adicionales sobre las exportaciones, se emitieron bonos de la deuda pública. Todas ellas eran medidas desesperadas.

    Derqui renunció luego de la batalla de Pavón. El vicepresidente Padernera intentó resistir. Hipotecó el palacio de gobierno de Paraná a su ministro de hacienda, del Castillo, en garantía de un préstamo.

    Los bancos de la Confederación

    Creación del Banco Nacional de la Confederación. Actuaba como contaduría y tesorería de la Nación, quedando facultado para emitir billetes, recibir depósitos, conceder préstamos y demás operaciones bancarias que lo transformaban en una oficina administrativa del Estado.

    Apenas cuatro meses duró su vida, siendo liquidado en 1854.

    Sus billetes, sin garantía ni respaldo, fueron rechazados por el comercio. Fracasado el intento de lograr un banco oficial, la Confederación procuró obtenerlo de los particulares. El 3 de abril de 1855 autorizó a José de Buschenthal para establecer en Rosario un banco de descuentos y depósitos.

    Buschenthal no logró nada de lo previsto y el banco, el empréstito y los ferrocarriles fracasaron.

    En 1855 se autorizó la fundación de un banco privado a los financistas franceses, con especial encargo de adelantar dinero al gobierno, pero tampoco obtuvieron éxito alguno.

    Las finanzas del estado de Buenos Aires

    El Estado de Buenos Aires debió también pasar por trances difíciles ya que sus finanzas a pesar de no ser precarias como la de la Confederación, sufrieron los inconvenientes de la guerra y la crisis general de 1857. Pese a ello podía considerarse relativamente estable.

    Buenos Aires contaba con un excelente banco y con una poderosa aduana, una vez dictada la Constitución en 1854, se dictó la ley de octubre de 1854 que reorganiza la casa de moneda, transformándola en banco y casa de moneda. Adquirió gran importancia y su giro representó muchos millones de pesos.

    Depositario de la confianza pública, se consolidó y logró una posición firme dentro y fuera del país.

    El Estado sufría permanentes déficits provocados sobre todo por mantenimiento del presupuesto militar, que representa el 50% del total de los gastos de administración.

    Los billetes de banco y los bonos de la deuda pública salvaron la situación financiera de la provincia, apoyados en la aduana, siempre productiva.

    Esta posición financiera era una ventaja importante en la lucha con la Confederación y en definitiva, fue un factor decisivo para lograr el triunfo de Buenos Aires.

    El sistema político constitucional

    Según Alberdi, hay dos períodos esencialmente diferentes que comprenden la historia constitucional de nuestra América del Sud.

    Uno que principia en 1810 y concluye con la guerra de su independencia contra España. Y otro que data de esta época y acaba en nuestros días.

    La independencia y la libertad exterior fueron los vitales intereses del primer período.

    Los del segundo período debían buscar los medios para hacer realidad esos fines, y así debía fijarse la atención en la inmigración libre, la libertad de comercio, los caminos de fierro, la industria sin trabas.

    La Constitución establecía para el gobierno de la Nación la forma representativa y federal. La adopción de este sistema implicaba la existencia de un doble gobierno: uno nacional cuya jurisdicción se extendía a todo el territorio y de cuya integración y atribuciones se ocupaba especialmente la Constitución, y otro provincial o local, autónomo, que conservaba todas las atribuciones no delegadas a aquél.

    Las provincias quedaban pues en condiciones de regirse por la Constitución local que dictasen, pero ajustarse a ciertos principios indicados en el mismo texto constitucional.

    El gobierno de la Nación estaba reservado exclusivamente a las autoridades establecidas por la Constitución, ya que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución.

    Esas autoridades tenían explícitamente señaladas sus atribuciones y deberes. Los constituyentes sancionaron este artículo tan categórico: “el Congreso no puede conceder al ejército nacional ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías.”

    En el texto de 1853 se estableció que las reformas sólo se introducirían transcurridos 10 años desde que hubiese sido jurada por los pueblos, pero la necesidad imperiosa de alcanzar la unidad nacional obligó en 1860 a infringir esta cláusula.

    La igualdad fue consagrada en el categórico artículo 16: todos sus habitantes son iguales ante la ley.

    La igualdad era ahora absoluta, aunque la idoneidad continuaba siendo un factor de natural desigualdad.

    Siendo una tradición legislativa no siempre cumplida, se dispuso en lo tocante a la seguridad individual, que ningún habitante podía ser penado sin juicio previo, ni juzgado por comisiones especiales, ni separado de sus naturales.

    Tampoco podía ser obligado a declarar contra sí mismo, ni arrestarlo sin orden escrita de la autoridad competente. (artículo 18)

    El domicilio era también inviolable.

    Se abolió la pena de muerte por causas políticas y también toda clase de tormentos.

    Quedó establecido que las cárceles debían ser sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, mismo artículo.

    El derecho de propiedad como inviolable, perpetuo, exclusivo, amplio y sólo limitado por la propia Constitución.

    Todo habitante podía usar y disponer de sus propiedades, según el artículo 14.

    La Constitución no enumeraba los deberes de los habitantes en forma similar a otros textos precedentes. Exigía de ellos la obediencia a las leyes, el respeto a las autoridades legalmente constituidas y la contribución al sometimiento del Estado. Artículo 21: “todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución”.

    La Constitución otorgaba a los extranjeros los derechos enunciados.

    Uno de los medios para lograr el ansiado progreso material era el fomento de la inmigración. Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano. Pueden ejercer su industria, comercio y profesión, navegar los ríos y costas, ejercer libremente su culto, testar y casarse conforme a las leyes. Artículo 20.

    No estaban obligados a pagar contribuciones extraordinarias. Podían nacionalizarse con una residencia continua de dos años en el territorio.

    El Poder Legislativo nacional era desempeñado por un Congreso integrado por dos cámaras: una de senadores de las provincias y de la capital y otra de diputados de la Nación.

    La cámara de senadores, dos senadores por cada provincia, elegidos por la respectiva legislación y dos de la capital, elegidos por un colegio electoral formado al efecto. Se renovaban por tercios cada tres años, el mandato duraba nueve años. El número de senadores era igual por cada provincia.

    La cámara de diputados se formaba con diputados elegidos directamente por el pueblo de las provincias y de la capital a razón de un representante por determinada cantidad de habitantes.

    Las regiones más densas demográficamente tenían una mayor representación en esta cámara.

    Duraban cuatro años y eran reelegibles, renovándose la cámara por mitades cada dos años.

    Requisitos eran: tener un sueldo mínimo de dos mil pesos y ser naturalmente de la provincia que lo eligiera, o al menos tener dos años de residencia en la misma, artículo 47.

    Las atribuciones del Congreso, artículo 67, eran las que tradicionalmente la doctrina encomendaba al Poder Legislativo.

    Deben legislar sobre las aduanas exteriores.

    Deben establecer los derechos de importación y exportación e imponer contribuciones directas, contraer empréstitos, establecer un banco nacional con facultad de emitir billetes, arreglar el pago de la deuda interna y externa, reglamentar la libre navegación de los ríos interiores, habilitar puertos, crear y suprimir aduanas, legislar sobre postas y correos nacionales, arreglar los límites de la Nación, proveer a la seguridad de la frontera, conservando el trato pacífico con los indios, crear y suprimir empleos, considerar la renuncia del presidente y vicepresidente, declarar el estado de sitio.

    No se agotan en esta extensa enumeración las facultades legislativas.

    Ya en el inciso 16 del mismo artículo se encomendaba al Congreso “proveer a lo conducente a la prosperidad del país y bienestar de todas las provincias y al progreso de la ilustración, y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la introducción y establecimiento de industrias, la importancia de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores”. Esto sólo significaba un ambicioso plan de gobierno que recogía en buena medida el pensamiento de Alberdi.

    También había algunas atribuciones particulares de cada cámara. A la de diputados correspondía el derecho de acusar a los funcionarios superiores por mal desempeño de sus cargos o por delitos cometidos.

    Al Senado le competía el juramento de los acusados por la otra cámara y también autorizar el Poder Ejecutivo para decretar el estado de sitio en caso de ataque exterior.

    Era el encargado de prestar acuerdo a las designaciones de ciertos funcionarios públicos, magistrados, diplomáticos, militares y eclesiásticos.

    La actividad del Poder Legislativo se evidenciaba principalmente a través de la sanción de leyes. Los proyectos de tales leyes podían ser presentados en cualquiera de las cámaras.

    Una vez aprobado en ambas cámaras, quedaba sancionado como ley y pasaba al Poder Ejecutivo para su promulgación.

    Se estableció que ningún senador ni diputado podía ser acusado, interrogado judicialmente ni molestado por las opiniones emitidas en el desempeño de su mandato. Tampoco podía ser arrestado salvo en el caso de ser sorprendido infraganti.

    El Poder Ejecutivo nacional, era desempeñado por un ciudadano con el título de Presidente de la Nación Argentina, artículo 74.

    Duraba seis años y no podía ser reelegido sino con intervalo de un período, artículo 77.

    Los requisitos: ser nativo o hijo de ciudadanos nativos, si hubiese nacido en el extranjero. Pertenecer a la religión católica, 30 años de edad y disfrutar de una renta anual de 2.000 pesos fuertes o ingresos equivalentes.

    En caso de enfermedad, muerte, renuncia o destitución lo reemplazaba el vicepresidente.

    En 1868 determinan que el Poder Ejecutivo sea desempeñado por estos funcionarios, en orden sucesivo, a la falta de los precedentes: presidente provisional del Senado, presidente de la Cámara de Diputados y presidente de la Corte Suprema de Justicia.

    Presidente y vicepresidente eran elegidos por el pueblo en forma indirecta, votando por electores.

    Sus principales atribuciones, según el artículo 86 eran:

    • Nombrar los jueces de los tribunales nacionales con acuerdo del Senado.

    • Ejercer los derechos del patronato nacional.

    • Recaudar las rentas nacionales e invertirlas de acuerdo con el presupuesto aprobado por el Poder Legislativo.

    • Firmar tratados con naciones exteriores.

    • Recibir a sus enviados diplomáticos.

    • Ejercer el mando de todas las fuerzas de mar y de tierra.

    • Ser comandante en jefe de las mismas.

    • Proveer a los empleos militares.

    • Declarar la guerra o negociar la paz con autorización del Congreso.

    El inciso primero del artículo 86 dice: “Es el jefe supremo de la Nación y tiene a su cargo la administración general del país”.

    Su actividad se manifestaba a través de los decretos. También participaba en la formación de las leyes mediante proyectos.

    El vicepresidente no tenía función activa mientras el presidente ejercía el cargo. Ocupaba sólo la presidencia del Senado, donde no tenía voto, salvo en caso de que hubiera empate en la votación, artículo 49.

    Los ministros secretarios, eran designados y removidos por el presidente. Tenían a su cargo el despacho de los diversos asuntos nacionales que competían al ejecutivo.

    No podían por sí solos adoptar resoluciones, salvo las concernientes al régimen económico y administrativo de su ministerio.

    Fijó la Constitución en cinco el número de ministros: Interior, Relaciones exteriores, Hacienda, Justicia, Cultura e instrucción pública, Guerra y marina.

    En 1898 se aumentó a ocho, que quedó librada a una ley especial, la ley 3727: Interior, Relaciones exteriores, Culto, Hacienda, Justicia e instrucción pública, Guerra, Marina, Agricultura, Obras públicas.

    Con respecto al Poder Judicial, la justicia ordinaria era ejercida por los jueces y tribunales establecidos en cada uno de las provincias. En algunos casos especiales, se consagró la competencia de la llamada justicia nacional o federal.

    El Poder Judicial nacional se integraba con la Corte Suprema de Justicia, residente en la capital.

    Todos los magistrados judiciales eran designados por el Presidente de la Nación. Conservaban sus cargos mientras durase su buena conducta, (artículo 96), y gozaban de independencia en el ejercicio de sus funciones. El Presidente de la República no podía en ningún caso ejercer funciones judiciales.

    También eran jueces y tribunales nacionales los que administraban la justicia ordinaria en la Capital Federal y en los demás territorios sujetos en forma directa a las autoridades nacionales.

    La Corte Suprema de Justicia constituía el más alto tribunal del Poder Judicial de la Nación.

    Después de la reforma de 1860 se integró con cinco miembros y un procurador general.

    Para ser miembro de la Suprema Corte se exigía ser abogado de la Nación con ocho años de ejercicio, treinta años de edad, con seis años de ciudadano y una renta anual de 2.000 pesos fuertes.

    La designación de los miembros la efectuaba el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.

    La Constitución de 1853 estableció que la corte se integraba con nueve jueces y dos fiscales.

    La corte suprema ejercía la superintendencia sobre los demás tribunales y jueces nacionales y tenía las siguientes atribuciones:

    • Originaria “ los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules exteriores”, artículo 101.

    • Por aplicación ordinaria, en causas tramitadas ante la justicia federal, según lo indicado en el artículo 100.

    • Para dirimir cuestiones de competencia entre los magistrados judiciales que no tuviesen un tribunal superior común.

    • La corte se ha apartado de su modelo norteamericano, reduciendo por propia voluntad el papel de guardián e intérprete de la Constitución

    Los gobernadores de las provincias, dándose sus propias instituciones locales y rigiéndose por ellas, artículo 105.

    Cada provincia dictaba su Constitución, la que debía consagrar el sistema representativo y republicano. Debían asegurar la administración de justicia, el régimen municipal y la educación.

    No podían ejercer las atribuciones delegadas al Gobierno Nacional. Ninguna provincia podía declarar la guerra a otra provincia.

    Sancionada la Constitución en 1853, todas las provincias a excepción de Buenos Aires dictaron nuevas constituciones. Las constituciones provinciales se ocupaban especialmente de la organización del gobierno local.

    Las atribuciones de las legislaciones provinciales eran las siguientes:

    • Organizar el régimen municipal.

    • Legislar sobre aperturas y cierre de caminos, policía urbana y rural.

    • Reglamentar los derechos constitucionales.

    • Promover la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles, canales, etc.

    • Crear y suprimir empleos.

    El gobernador a su vez tenía estas atribuciones:

    • Reglamentar y ejecutar las leyes.

    • Nombrar los funcionarios y empleados de la administración local.

    • Recaudar las rentas.

    • Celebrar tratados con otras provincias sobre administración de justicia o de interés económicos.

    • Participaba en la formación y sanción de las leyes.

    Era también el agente natural del gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación. Al establecerse que los diputados se elegían en proporción al número de habitantes, la integración de la respectiva cámara quedó librada a los movimientos migratorios. La población del país fue recostándose sobre el Litoral y en consecuencia disminuyó la proporción de los habitantes del interior.

    La política nacional se ejerció como una esgrima superior reservada a la clase dirigente, en donde los partidos políticos eran meras desmembraciones que respondían a los intereses o a las pasiones de sus líderes, quienes se consustanciaban perfectamente con sus seguidores y con la necesidad del país.

    Los partidos políticos de esta época carecían de contenido ideológico.

    Las variaciones más importantes fueron dadas hasta 1890 por las corrientes católicas que pugnaban por lograr una legislación menos laica.

    La Unión Cívica Radical inició una nueva característica al propiciar la pureza del sufragio, que por entonces era más o menos fraudulento.

    Para ser presidente de la República, aparte de los requisitos constitucionales, las costumbres políticas habían impuesto condiciones suplementarias: “Debe ser jefe de partido o disponer de fuerzas políticas poderosas”. Era de particular importancia también el apoyo del presidente saliente.

    Los presidentes de esta época respondieron con reconocido patriotismo y realizaron grandes esfuerzos para el progreso del país.

    El sistema de elección presidencial cada seis años y la renovación parcial del Congreso daban como resultado que cuando se elegía al presidente, también se renovara la mitad de la cámara de diputados y la tercera parte del Senado.

    Tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo tenían medios de reprimirse mutuamente.

    El presidente tenía el recurso de vetar las leyes y de que prevaleciera su decisión, si ambas cámaras no reunían los dos tercios de los votos para insistir en la sanción. También podía el presidente dejar de convocar al Congreso durante el período de receso, y con ello imposibilitar su reunión durante siete meses del año, pues las cámaras no podían convocarse a sí mismas durante este período.

    El Congreso tenía también diversos recursos para enfrentar al Poder Ejecutivo, como desechar sus proyectos, negarle fondos, no aprobar el presupuesto anual o someter a juicio político al presidente.

    Desde 1862 a 1930 no fue alterada la vigencia del régimen constitucional, y los órganos y autoridades se renovaron periódicamente sin motines o golpes militares. Aunque se produjeron algunos movimientos revolucionarios (1874, 1880, 1890, 1893, 1905) ninguno de ellos alcanzó a quebrar el orden constitucional, y a lo sumo obtuvieron, como el de 1890, la renuncia del presidente.

    La política centralista triunfante estaba apoyada en el prestigio político, intelectual y social de Buenos Aires y en su poderío económico.

    Esa orientación se impuso por gravitación, y en esa línea colaboraron incluso los propios provincianos que atraídos por el brillo intelectual de la capital o por las mejores perspectivas económicas se radicaban en ésta, abandonando sus provincias natales y privándolas de su concurso.

    El artículo 6 de la Constitución de 1853 autorizaba al gobierno federal a intervenir en el territorio de las provincias. En la reforma de 1860 se modificó este artículo. Esta modificación estuvo inspirada en el deseo de acentuar la defensa de la autonomía local, pero ello no se logró.

    Durante los primeros años de vigencia constitucional, las intervenciones pretendían sólo restablecer o sostener a las autoridades locales amenazadas o depuestas por motines.

    A fines del siglo pasado se acrecentó el envío de intervenciones a las provincias. La autonomía provincial, enfáticamente proclamada un siglo atrás y ardorosamente defendida a través de tantas décadas, fue así paulatinamente avasallada por el centralismo y abandonada por los propios provincianos.

    Las tendencias políticas predominantes

    Una vez lograda la unión definitiva, se sucedieron en la presidencia de la Nación: Bartolomé Mitre, Domingo Sarmiento y Nicolás Avellaneda.

    Mitre inició en nuestro país un gobierno liberal y progresista. Luego de Pavón estructuró las fuerzas políticas que bajo el nombre de mitrismo actuaron prácticamente hasta su muerte en 1906.

    Los consejos de Mitre, sus enseñanzas y sus directivas, fueron utilizados por propios y extranjeros, con la certeza de que siempre estaban inspirados en un afán de bien público.

    En febrero de 1862 dirigiéndose a Marcos Paz, señalo su política de paz y organización nacional. Mitre había logrado imponerse a Urquiza y ello importaba la supremacía porteña sobre el resto del país.

    Cuando Mitre concluyó el período presidencial, en el célebre testamento público, dirigido a José María Gutiérrez, desde su campamento de Tuyú-Cué, terminó por indicar más o menos veladamente sus simpatías por Elizande.

    Mitre no contaba ya con la unanimidad anterior a Pavón. Su partido, el liberal, se había quebrado con motivo de su posición nacionalista.

    Los grupos más localistas, que pretendían una revisión general de la Constitución y aún la separación absoluta de Buenos Aires del resto de las provincias, se fusionaron en el partido autonomista con Alsina, y del lado de Mitre se formó el partido nacionalista.

    Alsina era gobernador de Buenos Aires y desde allí dirigía con mano firme su política de oposición a Mitre.

    El testamento político que rechazaba la candidatura de Adolfo Alsina, lanzó a éste a buscar una alianza positiva que destruyese la que propiciaba el partido nacionalista de Mitre. Sarmiento fue el personaje elegido, y la fórmula Sarmiento-Alsina logró vencer a la de Elizande-Paunero en las elecciones de 1868. Sarmiento cumplió sus seis años de gobierno.

    Las fuerzas políticas que apoyaban a Mitre trataron de lograr nuevamente para éste la primera magistratura nacional.

    Avellaneda reunió a los elementos provincianos que se oponían a la hegemonía porteña, entre los que se encontraban importantes sectores del partido federal, (que había quedado desecho con el asesinato de Urquiza), formando con ellos el partido nacional.

    Se adhirieron, creando en 1874, Partido Autonomista Nacional. Llevó a las elecciones presidenciales de ese año la formula integrada por Avellaneda - Acosta.

    Esta coalición se impuso sobre la formula Mitre - Torrent.

    Los mitristas se habían levantado en armas, denunciando fraude en las elecciones de legisladores, pero fueron derrotados por Julio Roca en Santa Rosa y por José Arias en La Verde.

    Con Avellaneda llegaba al poder la llamada liga de gobernadores. Avellaneda gobierna en medio del encono y la oposición subversiva del partido nacionalista de Mitre, quien intentaba destruir el gobierno por medio de una revolución.

    Esta tensa situación política y económica decidieron al presidente a proporcionar, junto con el gobernador de Buenos Aires, Carlos Casares, una política de conciliación, llamando a colaborar en el gobierno a los grupos opositores.

    Con el apoyo de Adolfo Alsina y la colaboración de Mitre, ingresaron en el gabinete nacional los mitristas José Gutiérrez, en la cartera de Instrucción Pública y Rufino Elizande, en Relaciones Exteriores en 1877.

    Muere de Alsina el 29 de diciembre de 1877 y es elegido Carlos Tejedor como gobernador de Buenos Aires, al término del período de Casares.

    La época de Roca

    Al finalizar la presidencia de Avellaneda, las fuerzas políticas se polarizaron hacia dos figuras: Julio Argentino Roca, que se había prestigiado con la batalla de Santa Rosa y la exitosa conquista del desierto y Carlos Tejedor que desde la gobernación de Buenos Aires acaudillaba a los porteños.

    Roca contaba con la adhesión de la liga de gobernadores, que le acercó el concurso de todas las provincias, con excepción de Buenos Aires y Corrientes.

    En esta última provincia el gobernador Cabral brindaba su apoyo a Tejedor, quien en Buenos Aires había creado el partido liberal. El seguro triunfo de Roca determina el lanzamiento de la provincia porteña.

    Pero las armas de la Nación vencieron a las de la provincia y luego de largas y enojosas tratativas, se federalizó la ciudad de Buenos Aires deshaciéndose las aspiraciones de Tejedor.

    Roca inició una nueva etapa de nuestra vida nacional. Hasta entonces la Argentina conservaba muchas de las características de la antigua sociedad virreinal.

    Pero al influjo de los enormes contingentes de inmigrantes y de una nueva época de progreso, el país se transformó.

    Se valió del Partido Autonomista Nacional para crear con él un grupo compacto y homogéneo, una elite con la que dirigió el país. Reservó para sí y para su grupo las funciones de gobierno.

    Fue necesario terminar con viejas rivalidades y brindar una impresión de orden permanente, de paz, de tranquilidad interna y de firmeza externa, Roca logró esas condiciones.

    Miguel Juárez Celman apoyado por Roca, quien logró sucederle (1886/1890) con Carlos Pellegrini vicepresidente.

    La revolución de 1890

    Juárez Celman a poco de asumir la presidencia se separó de la tutela de Roca y se transformó en el único depositario del poder.

    Las provincias fueron volcadas a su política y los gobernadores Olmos, de Córdoba, Posee de Tucumán, y Benegas de Mendoza, fueron eliminados por revoluciones adictas al primer magistrado.

    La situación económica y social del país asumía características singulares. Una enorme masa inmigratoria había arribado a nuestro suelo. Produjeron una enorme transformación en la vida de la Argentina.

    Los créditos públicos y privados se movían ágilmente, y el gobierno emprendió gran cantidad de obras públicas.

    El país marchaba en pos de un súbito y espectacular progreso material, que lo arrancaba de la austera pobreza en que había vivido hasta entonces.

    El gobierno también se vio arrastrado por la fiebre del oro. Se otorgaban concesiones a manos llenas de ferrocarriles, de tranvías, de subterráneos.

    El primero de septiembre de 1889 los grupos opositores se reunieron en el jardín Florida como respuesta a un banquete en que jóvenes cordobeses se declaraban incondicionales de Juárez Celman.

    El movimiento encontró el apoyo de Mitre, Irigoyen, Del Valle, Alem y muchos otros.

    De esta reunión surgió la Unión Cívica de la Juventud, que proporcionaba la pureza del sufragio y la vuelta a las prácticas republicanas de honradez y austeridad. La crisis había hecho pordioseros a los millonarios, delincuentes a los pobres y desequilibrados a los demás. El obrero se encontraba sin trabajo, el comerciante sin ventas o quebrado.

    Tan sólo el gobierno parecía no aceptar o comprender la terrible situación.

    En esos momentos, el oro se encontraba al 300% de su valor en papel moneda y los bancos oficiales, cerraban sus puertas y cesaban en sus pagos.

    En 1890 La Unión Cívica de la Juventud se transformó en la Unión Cívica.

    Los oradores fueron Mitre, Alem, Del Valle, Navarro Viola, Goyena, Estrada. Todos los grupos políticos opositores se unieron a esta nueva agrupación.

    El gobierno entró en crisis y sólo a fuerza de grandes cabildeos logró Juárez integrar su gabinete. El 26 de julio estalló la revolución armada.

    En definitiva la revolución fracasó, pero Juárez, sin el auxilio de Roca y distanciado de Pellegrini, debió renunciar.

    Manuel Pizarro, senador por Córdoba, llevó la revolución a la Cámara: “La revolución, señor presidente, está vencida, pero el gobierno está muerto”.

    Las finanzas están arruinadas, el crédito público y privado perdidos, el comercio agonizante, la libertad política suprimida.

    La política del acuerdo

    Pellegrini asumió la presidencia de la Nación (1890-1892) y Roca fue su ministro del interior en 1891. Roca se encargó personalmente de la dirección del Partido Autonomista Nacional, dejando la cartera ministerial.

    Al acercarse el término del período de Pellegrini, la Unión Cívica proclamó la candidatura de Mitre, pero éste se unió a Roca, formalizando el acuerdo que aunaba las fuerzas políticas de ambas personalidades.

    La Unión Cívica se divide a causa de ello y al lado de Mitre se formó la Unión Cívica Nacional, mientras Alem y Del Valle fundaban la Unión Cívica Radical, que se mantuvo intransigente con todo acercamiento al régimen roquista.

    Las fuerzas de Roca y Pellegrini, el P.A.N., encontraron un escollo serio en la candidatura del doctor Roque Sáenz Peña levantada por el gobernador de Buenos Aires, Acosta, quien formó el Partido Modernista. Para destruirla propició la candidatura del padre del candidato modernista, Luis Sáenz Peña.

    De esta forma se logró el triunfo con el retiro de la candidatura de Roque Sáenz Peña, que aconsejó votar a su padre.

    Irigoyen propiciado por la U.C.R. obtuvo escasos votos.

    El nuevo presidente (1892-1895) anunció un gobierno prescindente de todo partidismo, presidencia en la que sólo él creyó.

    El roquismo y el mitrismo, desalojados por Sáenz Peña del poder y dueños del Congreso, dificultaron permanentemente la acción del presidente.

    En 1893 Hipólito Yrigoyen se alzó contra el gobernador de Buenos Aires, Julio A. Costa y en San Luis y en Santa Fe se produjeron situaciones alarmantes. Sáenz Peña despidió entonces a su ministerio radical y encomendó a Manuel Cantina. Pero los radicales se levantaron en armas.

    En 1853 estalló una revuelta en Tucumán.

    La situación del presidente, cada vez más alejado del Congreso, se hizo insostenible y debió renunciar.

    Su vicepresidente, José Uriburu, entregó al acuerdo la formación del gabinete y la conducción del gobierno.

    La segunda presidencia de Roca

    De esta forma volvió Roca al poder en su segunda presidencia (1898-1904). La elección se desarrolla sin inconvenientes políticos.

    No se presentó oponente alguno al candidato del P.A.N.

    Roca vio dividir su monolítico partido y alejarse de su lado a su viejo amigo y compañero político, Pellegrini.

    El viejo Partido Autonomista Nacional se encontraba dividido en el autonomista que siguió a Pellegrini y que contaba con importantes fuerzas en la capital y en la provincia de Buenos Aires y el nacional, fiel a Roca, quien conservaba el apoyo del resto del país.

    Su hijo, el ingeniero Emilio Mitre, fundó el Partido Republicano de oposición a Roca.

    El partido radical aglutinado alrededor de Yrigoyen, reunía a vastos sectores de la población y aspiraba a alcanzar el gobierno por medio de la acción revolucionaria.

    La terminación del predominio roquista

    Para elegir a su sucesor, Roca reunió una convención de notables, en donde surgieron con fuerza las candidaturas de Pellegrini, por el autonomismo, Avellaneda por el nacionalismo y Quintana, auspiciado por los opositores de Pellegrini. El presidente volcó el peso de su autoridad hacia Quintana, y así fue éste quien le sucedió.

    Quintana señala la distancia que lo separaba de Roca, y la firme decisión de gobernar sin su consejo.

    Una nueva revolución radical estalló en 1905, dirigida por Yrigoyen. Se extendió por el interior y logró tomar prisionero en Córdoba al vicepresidente.

    Vencidos los revolucionarios, quedó claro que el régimen de gobierno vigente hasta entonces, llegaba a su fin.

    Cuando en 1906 murió Quintana, Alcorta asumió la presidencia. El gobierno se dedicó a terminar con las fuerzas roquistas que permanecían aún en pie.

    La situación político social del país se tornaba día a día más amenazante.

    En febrero de 1912 se sancionó la ley electoral a través de la cual llegó al poder el radicalismo. Esta forma electoral señaló el fin de una clase gobernante, que había servido al país, creando una sociedad organizada constitucionalmente.

    La formula radical Hipólito Yrigoyen - Pelagio Luna en los comicios presidenciales de 1916 significa el advenimiento de nuevos hombres y nuevas formas de gobernar la cosa pública.

    Yrigoyen fue un hombre público y caudillo singular.

    Desde la muerte de Alem, se convirtió en el jefe del radicalismo y mantuvo a su movimiento en la abstención revolucionaria hasta obtener las garantías del sufragio libre.

    Demostró reiteradamente su desinterés por los cargos públicos y la riqueza. Rara vez hablaba en público y evitaba el contacto con las multitudes. El radicalismo se proponía sobre todo reformar las prácticas políticas.

    Llegó Yrigoyen a la presidencia con un Congreso Nacional dominado por la oposición y con la mayoría de los gobernadores provinciales de tendencia conservadora.

    Se caracterizó por su absoluto personalismo, muy respetuoso de los derechos y libertades constitucionales y dejó obrar con independencia al Poder Judicial. Se caracterizó por su prolijidad en el manejo de los fondos públicos. No aportó, en cambio, soluciones sustanciales en los problemas sociales y económicos.

    En las elecciones de 1922 triunfó Alvear, fervoroso militante del radicalismo. La decisión de Yrigoyen fue interpretada como un deseo de contar con un hombre fiel a sus ideas y a sus designios. Desde un principio el presidente Alvear puso distancias con su antecesor.

    El gobierno de Alvear se desenvolvió en una época extraordinariamente favorable tanto en el orden internacional como interno.

    Nada ni nadie suponía por entonces la tremenda crisis económica mundial que estallaría en 1929 un año después de haber dejado Alvear la presidencia. A medida que transcurría el período presidencial se fue acentuando una división dentro de la U.C.R., la elite intelectual que acompañaba a Alvear constituyó una fracción disidente del absolutismo de Yrigoyen, la que inspirándose en sus objetos se llamó antipersonalista.

    La masa radical permaneció fiel a Yrigoyen como lo demostró el aplastante triunfo que éste obtuvo al postularse nuevamente para el período presidencial de 1928-1934.

    La revolución de 1930

    Yrigoyen volvió a la presidencia con 76 años.

    Su deseo de resolverlo todo hizo que esta vez los problemas se acumulasen sin llegar la solución.

    La revolución que estalló el 6 de septiembre de 1930 contó con el entusiasta apoyo popular. Dos meses después de la revolución fue elegido presidente el Gral. Justo.

    No fue sencillo, pues vastos sectores de la población se mantenían fieles a sus sentimientos radicales y el candidato oficial no era más que una nueva edición del régimen tan combatido por Yrigoyen: Julio Roca ocuparía la vicepresidencia.

    El Partido Socialista fue fundado entre nosotros por Juan Bautista Justo y se dio su carta orgánica en 1895.

    La sanción de los códigos nacionales

    En 1864 el presidente Mitre nombró al doctor Dalmacio Vélez Sarsfield para la redacción del código civil.

    Luego de cinco años de intenso trabajo, Vélez Sarsfield concluyó su proyecto. En 1869 fue convertido en ley, el 25 de septiembre, disponiéndose que empezaría a regir en 1871. Ha sufrido escasas reformas fundamentales. Constaba de 4.051 artículos.

    Las principales materias contenidas en el código son: de las personas jurídicas y de existencia visible, del matrimonio, de los hombres y de la tutela y curatela, de las obligaciones, de las sucesiones, derecho de retención.

    Las fuentes principales son: la legislación castellana, el código civil francés, el código civil de Chile, la doctrina francesa, la anglosajona, los romanistas y los antiguos comentadores españoles.

    Dice Becú que este código fue uno de los más mejores del mundo por su método, el acierto de sus disposiciones, la riqueza de su contenido.

    El proyecto del código penal, encomendado al doctor Tejedor fue presentado al Poder Ejecutivo, en 1865 la parte general y en 1868 la parte especial.

    En 1886 se sancionó el primer código penal nacional, con importantes reformas introducidas por las comisiones revisoras. Fue sustituido en 1921, cuyo autor principal fue el doctor Rodolfo Moreno.

    El código de 1886 constaba de 299 artículos.

    El libro primero (disposiciones generales) se ocupaba de la voluntad criminal, de la tentativa, de la culpa o imprudencia, de los autores, cómplices y encubridores y de las penas en general.

    El libro segundo (de los delitos y sus penas) trataba de los delitos contra las personas, contra la honestidad, la propiedad particular, de las calumnias e injurias, de los delitos contra la seguridad interna y orden público. Sus fuentes: Código de Baviera, el de Lousiana, el de España y la legislación romana.

    El código de minería, fue encargado por el Poder Ejecutivo el 26 de febrero de 1876, el doctor Enrique Rodríguez, y sancionado, con modificación, el 8 de diciembre de 1886, entraría en vigencia en 1887. Constaba de 335 artículos con 17 títulos. Se ocupaba de la adquisición, enajenación, venta, prescripción y arrendamiento de las minas y demás cuestiones vinculadas a la explotación y ejercicio del derecho sobre esas riquezas metalíferas.

    La cuestión capital

    El problema de lograr un territorio que sirviese para capital de la República fue preocupación. Quien primero intentó lograrlo fue Rivadavia durante su período de presidencia.

    En 1826 remitió un proyecto de ley al Congreso Constituyente, declarando a la ciudad de Buenos Aires capital de la República. Luego de un agitado debate, el 4 de mayo de ese año el proyecto quedó convertido en ley.

    Las divergencias entre Rivadavia y el gobernador Las Heras, y el fracaso de su gestión presidencial, impidieron que la misma se hiciese efectiva y de esta forma la cuestión quedo postergada.

    Cuando Urquiza, vencedor en Caseros, preparaba el acuerdo de San Nicolás, se pensó en resucitar esa ley, pero la oposición de los porteños hizo fracasar el proyecto.

    Los constituyentes de 1853 volvieron sobre el tema, y resolvieron que fuese Buenos Aires la ciudad elegida, aún cuando la provincia no había concurrido a Santa Fe.

    Los porteños alegaban que la Constitución cercenaba parte del territorio de una provincia que no participaba de la convención y que por lo tanto no había hecho oír sus objeciones.

    Durante el tiempo en que Buenos Aires se mantuvo separada de la Confederación, las autoridades nacionales residieron en Paraná, que fue designada capital provisoria de la Confederación por decreto del presidente Urquiza.

    Cuando tocó a Buenos Aires revisar la Constitución en1860, una de las reformas propuestas consistió en suprimir la designación de capital.

    La convención reformadora de ese mismo año aceptó la enmienda, y de este modo una vez más el problema de la capital quedó postergado.

    Luego de Pavón, instalado nuevamente el Congreso Nacional, Mitre remitió al Congreso de 1862 un proyecto de federalización de la provincia de Buenos Aires.

    El proyecto logró sanción del Congreso y con algunas modificaciones, quedó convertido en ley, pero la legislación porteña la rechazó. Mitre propuso un acuerdo a la provincia.

    El acuerdo se conoce como ley de compromiso y fue celebrado por el término de cinco años a partir de 1862, quedando la Nación con jurisdicción sobre las aduanas, correos y otras reparticiones de orden federal.

    Vencido el término de la ley y hasta 1880, las autoridades nacionales y provinciales continuaron conviviendo sin mayores problemas en la ciudad de Buenos Aires.

    Una ley dictada en 1869 declarando capital a la ciudad de Rosario, fue vetada por el presidente Sarmiento.

    En 1880 se ventilaba la sucesión presidencial de Avellaneda y los candidatos con mayores probabilidades eran Tejedor y Julio Roca.

    La lucha electoral se anunciaba tormentosa y Tejedor, convencido de que las urnas no le harían presidente, apeló a las armas para conseguirlo, adiestrando y pertrechando a sus partidarios para arrancar el triunfo de Roca.

    En el ánimo del gobierno nacional no cabía duda de que había que terminar de una vez por todas con la incómoda situación de las autoridades de la Nación y era necesario para ello federalizar Buenos Aires, única ciudad que se consideraba conveniente para el asiento del gobierno central.

    El Congreso, dominado por Roca, presionó al presidente, que se debatía en largas y complicadas negociaciones de paz con el vicegobernador José Moreno ya que Tejedor había renunciado.

    El Congreso permaneció firme con el apoyo de Roca y Avellaneda y debió ceder luego de rechazar la renuncia que presentara el presidente.

    Disuelta la legislatura e intervenida la provincia, se renovaron los mandatos.

    En 1880 Avellaneda remitió la ley de federalización a la legislación porteña “la ley que declaraba a Buenos Aires capital de la República”.

    La provincia de Buenos Aires debió designar una nueva ciudad para establecer su capital, que llevaría el nombre de La Plata.

    Los territorios nacionales

    A partir de esta época, apareció la preocupación por deslindar los territorios que estaban bajo el dominio de las provincias de los que se hallaban desiertos u ocupados por los indios salvajes.

    La ley básica de la organización de los llamados territorios nacionales fue la dictada el 10 de octubre de 1884 bajo el número 1532. Se establecieron nueve gobernadores.

    Al frente de cada una de ellas estaba el gobernador, que era nombrado por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado por un período de tres años, pudiendo ser reelecto.

    Dependía directamente del ministerio del interior y sus atribuciones y deberes lo convertían en un funcionario con pocas posibilidades de ejercer el gobierno con independencia administrativa.

    Estos territorios se preparaban para cuando llegase la oportunidad de convertirlos en nuevas provincias. Ello ocurriría cuando su población alcanzara las 60.000 almas y competía al Congreso nacional elevarlos a esa categoría.

    El sistema electoral

    La evaluación electoral se encontraba en dos etapas: el régimen anterior a 1912 y el que surgió de la célebre ley directa en ese año.

    El régimen anterior a 1912, para ejercer el sufragio exigía: ser ciudadano argentino o naturalizado, tener 18 años, hallarse inscripto en el registro civil nacional: Quedaban excluidos los menores de 18 años, los dementes, los sordomudos que no supieran hacerse entender por escrito, los eclesiásticos regulares, los soldados, cabos y sargentos de tropas de línea, los condenados por ciertos delitos. En cada sección electoral se formaba un registro único en el que se recibía la inscripción de todos los ciudadanos hábiles que quisieran hacerlo. Se renovaba cada cuatro años o cada dos.

    En 1902 se estableció un registro o padrón cívico permanente que se ampliaría cada cinco años. A los ciudadanos inscriptos se les otorgaba la partida cívica, que los habilitaba para la concurrencia a las asambleas electorales. Eran otorgadas por los jefes del registro civil.

    Se dispuso que la mesa receptora de votos debía colocarse en lugar accesible y no podían estar más que los funcionarios electorales, el votante de turno, y un representante de cada partido electoral para que formasen las observaciones que sean justas.

    Las mesas receptoras se integraban por sorteo de una lista de ciudadanos que supieran leer y escribir.

    Poco duró el sistema de voto público. En 1905 se introdujo ya el voto secreto al establecerse que el elector debería presentar al presidente de mesa junto con su partida cívica, una boleta en papel blanco, que el presidente introduciría en la urna respectiva.

    La necesidad de reprimir las distintas formas de fraude llevó a las mencionadas leyes orgánicas a ir elaborando un verdadero sistema represivo de los delitos electorales. Las penas, según los casos, consistían en prisión, arresto, multa y además, la privación del derecho de sufragio y la pérdida del empleo para el funcionario público responsable.

    La ley de Sáenz Peña

    El 13 de febrero de 1912 se sancionó la ley 8871, conocida con el nombre del presidente Roque Sáenz Peña.

    Las reformas principales introducidas fueron: la obligatoriedad del voto, el carácter secreto del voto y el sistema de lista incompleta, que permitía la representación de minorías, ya que el lector votaba solo por las dos terceras partes del número de candidatos a elegir, quedando de esa manera el tercio restante para los candidatos de la lista que seguía en número de votos a la triunfante.

    YrigoyenUnidades XI (segunda parte), XII y XIII

    Crisis institucional

    Segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen

    Aunque Yrigoyen obtuvo cantidad de sufragios, por lo cual los radicales personalistas se creyeron autorizados para hablar de un plebiscito, el Congreso no fue controlado totalmente por el partido triunfante.

    En la cámara de diputados, la mayoría era personalista, pero en el Senado, debido al procedimiento de renovación, la mayoría militaba en la oposición.

    Los proyectos de ley presentados por el ejecutivo durante 1929, sólo fueron aprobados por el Congreso: jornada legal de trabajo, jubilaciones para bancarios, disponiendo el censo ganadero nacional.

    El Senado detuvo el proyecto que no llegó a concretarse: el proyecto de estatización del petróleo, invertir mil millones de pesos en la construcción de nuevos caminos, en obras de aprovechamiento hidráulico, sistema ferroviario, en el fomento de la Patagonia.

    En cambio, por no ser exigida la intervención del Congreso, el Poder Ejecutivo dispuso la construcción de mil setecientas escuelas, y la realización obras portuarias en Barranqueras y Formosa.

    Durante 1929 se hizo efectiva la intervención de las provincias de Mendoza y San Juan, disponiéndole por decreto, intervenir también Santa Fe y Corrientes.

    En materia de política externa, la visita al país del presidente electo de los Estados Unidos Herbert Hoover.

    La situación interna del país era cada día más difícil. Un clima desusado de violencia se extendió por todo el país. Primero fue San Juan.

    El asesinato, en Mendoza, de Carlos Washington Lencinas, crimen cometido por un afiliado radical, oscureció aún más el panorama. En 1929 se produjo también un atentado criminal contra el presidente Yrigoyen.

    Fue una época de amenazas a los opositores, de insultos y de exhibición de armas y atropellos por parte del llamado clan radical. Se buscó intimidar y se evitó el diálogo.

    Yrigoyen no hizo nada para frenarlo, de impedir el creciente malestar político. Ello se debía a su avanzada edad (78 pirulos), la cual había disminuido tanto su capacidad de trabajo como su autoridad partidaria. (estaba medio gagá)

    Más no todas fueron culpas del radicalismo. La crisis económica que afectaba profundamente a la Argentina no era propia del país, sino del mundo entero.

    Esa crisis mundial de 1929 repercutió en la Argentina durante 1930. Las exportaciones de carne y cereal disminuyeron notablemente.

    No era únicamente el Senado adverso, fue también que nuevos vientos políticos soplaban en el mundo occidental.

    La difusión de las ideas totalitarias y ultra nacionalistas venidas de Francia, Alemania e Italia prendieron en algunos sectores de la vida política Argentina que cuestionaron la democracia.

    Prolegómenos de una insurrección

    En la insurrección del 6 de septiembre de 1930 coincidieron fuerzas de distintos signos políticos. Mientras unos grupos, integrados por los partidos opositores al radicalismo Yrigoyenista persiguieron la separación del presidente, por considerarlo inhábil para el ejercicio del mando, y la inmediata convocatoria a elecciones, otro sector, que se nucleó en torno al general José Félix Uriburu, aspiraba también a reformar las instituciones argentinas.

    En 1929 comienzan sus trabajos conspirativos los grupos que atacan la jefatura del general Uriburu. No existe más salida, movimiento revolucionario.

    Todavía muchos dirigentes políticos creían evitable el movimiento armado.

    Hacía 16 años que el radicalismo siempre obtenía la mayoría en la capital y ahora sólo obtuvo la minoría compartida con el socialismo.

    Poco tiempo después ambos sectores, el que seguía al general Uriburu y el que tenía como jefe militar al general Justo, coincidieron en la idea de recurrir a la insurrección. Los legisladores que integraban el bloque conservador y los socialistas independientes firmaron un documento llamado el manifiesto de los de los 44, en el cual luego de enjuiciar muy severamente la gestión de Irigoyen, resolvieron hacer pública su decisión de coordinar en las cámaras la acción parlamentaria y fuera de ellas la acción opositora.

    Las declaraciones en contra del presidente se hicieron oír hasta en las universidades. El 4 de septiembre se produjo un incidente en una manifestación de estudiantes, seguido de un tiroteo en el cual murieron un agente de policía y un manifestante.

    Creció el clamor pidiendo la renuncia de Yrigoyen. Al día siguiente Yrigoyen delegó el mando en el vicepresidente Enrique Martínez, quien inmediatamente declaró el estado de sitio en la Capital Federal por el término de treinta días.

    Estalla la insurrección:

    El 6 de septiembre 1930 se produjo el levantamiento militar en el que inicialmente sólo participaron el colegio militar y un batallón de comunicaciones.

    Pese a ser tan reducidas, llevando a su frente a los generales Uriburu y Justo, entraron a la Capital Federal por las calles Córdoba, Callao y Avenida de Mayo sin oposición alguna.

    Sólo se produjo un corto tiroteo frente al Congreso Nacional, llegando Uriburu a la casa de gobierno. Exigió y obtuvo la renuncia del vicepresidente doctor Martínez.

    El presidente se trasladó a La Plata, pensando organizar la resistencia con los efectivos militares bonaerenses. Pero al plegarse éstos a la revolución debió renunciar ante el jefe militar del regimiento 7° de infantería.

    Primer gobierno de facto del siglo XX

    Comunicada la formación del gobierno de facto a la suprema corte de justicia de la Nación el 10 de septiembre de 1930, ésta resolvió reconocerlo.

    La acordada se hizo pública el 12 de septiembre.

    El mes terminó con un importante manifiesto de Uriburu, que para muchos fue una respuesta a la formación, tres días antes, de la federación democrática, agrupación cívica integrada por socialistas independientes y conservadores.

    Quedaron así enfrentadas las dos tendencias que si bien coincidieron en el hecho revolucionario, desde un comienzo mostraron sus divergencias. La representada por los partidos políticos de oposición al presidente Yrigoyen y la inclinada hacia una reforma institucional de un tipo corporativo.

    Así llegó el 5 de abril de 1931, fecha para la cual había sido convocado el electorado de la provincia de Buenos Aires a fin de integrar los poderes ejecutivos y legislativos de ese Estado.

    Este resultado provocó una crisis ministerial, alejándose entre otros, el ministro del interior. Mientras se convocaba a elecciones generales para el 8 de noviembre 1931, se anularon las elecciones bonaerenses.

    Proyecto de reforma constitucional

    En 1931, el gobierno hace conocer su proyecto de reforma constitucional, la cual consiste en que las intervenciones provinciales deben ser resueltas por la suprema corte de justicia de acuerdo con un procedimiento sumarial.

    La designación de los miembros de la corte y demás tribunales inferiores nacionales será hecha por el presidente con acuerdo del Senado entre los miembros de una terna a presentar por la misma corte al ejecutivo.

    No se pretendía en ese proyecto de reforma constitucional imponer un tipo de gobierno de carácter corporativo. Fue el cumplimiento de lo acordado con la federación democrática.

    Al mes siguiente, julio, hubo un levantamiento militar en la provincia de Corrientes, acaudillado por el ex edecán del presidente Yrigoyen.

    Dio pretexto al gobierno para cometer el error de ordenar nuevamente la detención del anciano ex presidente y de otros dirigentes del partido radical, entre ellos el ex presidente Alvear. Por decreto del gobierno provisional se ordenó a las juntas electorales no oficializar listas de candidatos en las que figurasen nombres de personas que hubieran actuado en el gobierno de Yrigoyen.

    El 12 de septiembre de 1931 proclamaron su fórmula los socialistas y demócrata progresistas. Congregaron bajo la común de Lisandro de la Torre y Nicolás Repetto (que ya por entonces hacía programas de boludeces). Esta alianza conformaba la conjunción de fuerzas de izquierda y tomó el nombre de Alianza Demócrata Socialista.

    El radical eligió su fórmula partidaria, Marcelo Alvear- Adolfo Güemes, la cual fue inhabilitada por el gobierno de Uriburu.

    Los socialistas independientes que reconocían como líderes a los doctores De Tomaso y Pinedo, mantuvieron aun su estructura partidaria.

    Los distintos grupos de orientación nacionalista que provocaban a Uriburu no tenían una fuerza propia de suficiente magnitud como para que su alianza pudiese significar algo electoral. La candidatura de Justo obtuvo, realizadas las elecciones del 8 de noviembre de 1932, 237 electores frente 122 de La Torre. Para vicepresidente Roca 168.

    Quedó enunciado en la Argentina el programa de un nuevo movimiento político y Uriburu entregó por escrito a Justo el proyecto de sus reformas para que lo remitiese al próximo Congreso Nacional. Pero Justo nunca lo enviará a las cámaras y la temprana muerte de Uriburu en París en 1932 impidió que su figura siguiese nucleando a los partidarios de esas ideas.

    Presidencia de Justo

    El 20 de febrero de 1932 asumió la presidencia. No le era favorable económica ni políticamente.

    En 1932 se descubrió la existencia de una conspiración. Fueron detenidos muchos dirigentes del radicalismo.

    A fines de ese año en Santa Fe, estalló un movimiento revolucionario encabezado por el Cnel. Roberto Bosch y Benjamín Ábalos, que fue sofocado con rapidez.

    El 1 de mayo de 1933 se firmó el tratado sobre comercio de carnes con el gobierno británico y de inmediato se produjo la renuncia del ministro de hacienda, Alberto Hueyó, disconforme con su contenido. Justo designó a Federico Pinedo, socialista independiente.

    Quedaron como testimonio de sus conocimientos financieros varias leyes y decisiones fiscales de importancia, la creación del Banco Central de la República, la ley de unificación de impuestos internos, revaluación del oro.

    Una crisis en el año 32 redujo la producción industrial del mundo entero (excluida Rusia) a 63% de lo que había sido tres años antes.

    El ministro de agricultura, de Tomaso, se encargó de la creación de las juntas nacionales de carnes, reguladoras de granos, reguladora de la industria lechera, reguladora de vinos. Se creó la Corporación Argentina de Productores de Carnes (C.A.P), cuya función era la defensa de los precios en el mercado a favor de los productores.

    Se declaró obligatorio el descanso en la tarde del sábado, de despido y vacaciones de los empleados de comercio, estableciendo el seguro obligatorio de maternidad.

    De la obra administrativa, el programa de construcción de caminos

    En política exterior debe destacarse la mediación Argentina en la guerra del Chaco, obteniéndose la cesación del conflicto entre Bolivia y Paraguay.

    Nadie, ni los mismos partidarios del general Justo se atreven a elogiar el fraude, las violaciones y las artimañas que se utilizan en los comicios.

    Se hizo fraude en las elecciones provinciales y presidenciales. Al acercarse a su fin la presidencia del general Justo, se convirtió en tema de actualidad el de las candidaturas presidenciales. La fórmula oficialista la integraron Ortiz y Ramón Castillo.

    Presidencias Ortiz y Castillo

    Al comenzar su mandato el 20 de febrero de 1938 Ortiz inició una política opuesta a la de su antecesor. No vaciló en romper con sectores que habían hecho posible su presidencia y apoyándose en la opinión pública, imprimió un nuevo rumbo a la política interna.

    La preocupación presidencial por ir a prácticas electorales correctas se puso de manifiesto en la intervención a la provincia de Catamarca. En el mismo propósito intervenir en Buenos Aires luego de los comicios del 25 de febrero de 1940 que llevaron a Alberto Barceló a la primera magistratura provincial. Esta actitud de Ortiz le trajo la ruptura con el Congreso, debiendo afrontar la oposición franca de ambas cámaras.

    La enfermedad que padecía el presidente permitió que el Congreso, con el apoyo de Castillo, trabase la política interna del doctor Ortiz.

    El estallido de la segunda guerra mundial obligaba a una decisión del gobierno nacional. Castillo se inclinó por la neutralidad, igual que en la primera guerra mundial.

    También en defensa del interés nacional, se impugnó el criterio británico sobre contrabando de guerra.

    En septiembre de 1940 por enfermedad de Ortiz, Castillo se hizo cargo de la presidencia de la República. En 1941 el ministro Pinedo, apoyado por el canciller Roca y el ministro del interior Culaciati, decidió enfrentarse con el doctor Marcelo T. de Alvear para tratar la vuelta a la normalidad electoral.

    Pero resultó lo inesperado. Reunidos los jefes del partido demócrata nacional, en las salas del Senado, atacan violentamente la gestión del doctor Federico Pinedo. Se alejó del gabinete y poco después renunció el ministro Roca.

    El fraude electoral volvió a practicarse sin tapujos en las elecciones santafecinas de diciembre de 1940, lo mismo en Mendoza. Hubo elecciones correctas en Catamarca. En San Juan fueron peores que las mendocinas. Buenos Aires quedó en medio de un escandaloso fraude, nadie se sorprendió.

    El 12 de diciembre el Poder Ejecutivo declaró el estado de sitio (y van...). Las elecciones realizadas en la Capital Federal fueron correctas en ellas triunfaron los candidatos socialistas.

    Castillo adoptó dos decisiones de gran importancia: la organización de la flota mercante nacional y la creación de la dirección general de fabricaciones militares.

    La preocupación presidencial por asegurar a la Argentina transporte y armas estaba vinculada con la dificultad que generaba por nuestro país la guerra mundial. Las armas llegaron a ser pedidas a Alemania. Por entonces se atribuía a Castillo simpatía por Alemania e Italia. Esta política exterior condujo al alejamiento de nuestro país de los Estados continentales, favorables a los aliados y de nuestros tradicionales amigos europeos. 1943 será año de elecciones presidenciales.

    Castillo pensaba en dos neutralistas para sucederse: Carlos Ibarguren y León Scasso. Los radicales se aproximaban a los demócratas progresistas y a los socialistas y en su convención nacional aprobaron las bases de la Unión Demócrata Argentina.

    Su fórmula la encabeza el ex ministro de Alvear, José Tamborini.

    Ante la debilidad de los opositores y la pretensión de Castillo de ser él quien imponga su sucesor, las fuerzas armadas buscaron una salida política por la vía del alzamiento militar. Esta vez la solución transitoria desembocará en la etapa más oscura de nuestra historia.

    La revolución del 4 de junio de 1943

    Estalló un movimiento. Sus objetivos habrían sido evitar que se consagrara la fórmula Costas-Iriondo.

    Cuando se produjo en la mañana del 4 de junio esa insurrección, las tropas sublevadas, al mando del Gral. Arturo Rawson marcharon desde Campo de Mayo a la Casa Rosada. Castillo decidió renunciar. Rawson asumió de facto la titularidad del Poder Ejecutivo por lo cual debió renunciar, asumiendo a la presidencia Pablo Ramírez.

    El 27 de octubre de 1943 el Cnel. Juan Domingo Perón asumió la presidencia del departamento nacional de trabajo. En octubre el Gral. Farrell ascendió a la vicepresidencia en remplazo del contralmirante Sueyro, fallecido en julio 1943, aunque volvió después para escribir un libro sobre los ángeles.

    En 1944 el gobierno Argentino rompió relaciones con las potencias del eje. El 25 de febrero, Ramírez delegó el mando en Farrell, que quedó como presidente y a partir de julio 1944 Perón ejerció la vicepresidencia.

    Un grupo de civiles preocupado por la gestión gubernamental orientada hacia ideas totalitarias ajenas a nuestra tradición histórica resolvió organizar una marcha. El 19 de septiembre se realizó y congregó una impresionante multitud de personas que desfilaron pacíficamente.

    El 17 de octubre y sus consecuencias

    El buen éxito de la Marcha de la Constitución provocó por parte del oficialismo una violenta reacción. 1.500 opositores fueron arrestados, pero nada detuvo a los civiles democráticos que intensificaron su acción para derrocar a Perón.

    El 9 de octubre Perón renunció a los tres cargos que ocupaba, ministro de guerra, vicepresidente y secretaría de trabajo y previsión.

    Luego acompañado de Eva Duarte se refugió en una isla del delta. El 12 de octubre el Almirante Lima, jefe de la Armada, ordenó la detención de Perón, quien fue llevado hasta la isla Martín García.

    Argumentando que estaba enfermo, Perón fue traído al hospital militar. Sus partidarios fueron a verlo y se movieron con plena libertad para preparar una maniobra en su favor, para buscar el modo de liberarlo y restablecerlo en el poder.

    En la mañana del 17 de octubre miles de obreros, llegaron desde Avellaneda y demás ciudades del cinturón suburbano de Buenos Aires para dirigirse a la plaza de mayo.

    Todos pedían la liberación de Perón. El Gral. Farrell y el Gral. Ábalos se apresuraron a acceder a este pedido y resolvieron que Perón se presentara en la casa de gobierno y desde sus balcones hablase a la multitud.

    Perón salió del hospital demostrando que no estaba enfermo, se trasladó a la casa de gobierno y recibió el aplauso de la multitud.

    Los manifestantes volvieron a sus casas. Farrell nombró un gabinete peronista y llamó a elecciones presentando todo su apoyo a la candidatura presidencial del Coronel Perón, y Quijano como vice.

    Los opositores radicales, socialistas y demócrata progresistas, bajo el rótulo de Unión Democrática sostuvieron una misma fórmula integrada por Tamborini y Mosca. La Unión Democrática aceptó en sus filas a los comunistas y en cambio no quiso aceptar a los conservadores, lo que quitó los votos para la fórmula Tamborini - Mosca.

    El tren que conducía a los integrantes de la unión democrática fue apedreado y tiroteado debiendo suspender la gira en el interior del país. Perón pudo desarrollar su campaña electoral con facilidad y recursos de toda especie.

    El país había optado electoralmente por una corriente política de clara orientación totalitaria.

    A fin de neutralizar la resistencia que durante dos años habían opuesto al totalitarismo, resolvió intervenir las universidades nacionales, por lo que quedaron separados de sus cátedras, unos cesantes, otros renunciando, 1246 profesores.

    Primera presidencia de Perón

    Asumió el 4 de junio de 1946.

    En la cámara de diputados la U.C.R. se nuclearon bajo la dirección de Ricardo Balbín y Arturo Frondizi, los partidos oficialistas que apoyaban a Perón y que lograron el control de todas las provincias menos la de Corrientes. Se constituyeron en lo que se denominó Partido Unión de la Revolución, y en 1947 pasó a llamarse partido peronista.

    En 1946 comienzan a producirse los excesos y arbitrariedades que jalonan todo el gobierno de Perón.

    Perón puso en claro la vocación totalitaria del gobierno.

    Perón completó la destrucción del Poder Judicial, dejando cesantes a numerosos jueces y funcionarios judiciales a quienes consideró no suficientemente identificados con su gestión de gobierno.

    Corrientes fue intervenida en 1947 sin ningún motivo. Hasta la sociedad de beneficencia quedó absorbida y destruida, los negocios comenzaron a proliferar al amparo de estructuras normativas que se pusieron al servicio del favoritismo. Personas vinculadas con el régimen amasaron fortunas colosales. La enseñanza quedó contaminada en todos sus niveles.

    En 1848 bajo la presencia del diputado José Visca, se clausuraron diarios, revistas, periódicos, hasta “La Nueva Provincia” y el diario “La Prensa”, cayeron bajo la furia del gobierno peronista.

    En lo económico, una política estatista llevó el país a la ruina. Fueron “nacionalizados” los ferrocarriles.

    En 1949 se dispuso la reforma de la Constitución Nacional. El motivo real era autorizar la reelección del presidente. La Constitución histórica quedó pues modificada no obstante la nulidad de la convocatoria en razón: el pretexto era incorporar a su texto el decálogo del trabajador y los derechos de la ancianidad.

    Se considera ilegítima por no haber sido resuelta la necesidad de la reforma por los dos tercios de los miembros de la cámara de diputados. Por no haber participado las masas en la elección de convencionales. Por faltar en el Senado la representación de la provincia de Corrientes.

    En 1951 se celebró en la Plaza de la República el Cabildo Abierto del Justicialismo. Allí se proclamó la fórmula Perón- Eva, pero debió retirar Eva su candidatura. En septiembre Menéndez encabezó un levantamiento armado en la Escuela de Caballería.

    Segunda presidencia de Perón

    El movimiento fracasó, sus responsables fueron reducidos a prisión o marcharon al exilio.

    Perón dictó el decreto declarando el estado de guerra interna. La represión de los opositores se intensificó.

    El gobierno había conseguido el monopolio de los medios de comunicación social, diarios, revistas y radios rivalizadas en el elogio constante del régimen. La propaganda se extendió incluso a colegios oficiales y privados, retratos, emblemas y bustos de Perón en las calles y edificios.

    Para aspirar a cualquier empleo público era necesario acreditar la afiliación al partido oficial. Varios legisladores de la oposición fueron expulsados del Congreso y muchos opositores encarcelados.

    El 26 de julio de 1952 falleció Eva Perón. Hubo luto en todo el país. Su nombre está en las calles, plazas y ciudades.

    Perón fue proclamado libertador de la república. El 9 de abril de 1953 se produjo el sospechoso suicidio del cuñado del presidente, Juan Duarte y algunos días después, el 15 de abril en medio de una concentración en la Plaza de Mayo explotaron dos bombas que produjeron muertos y heridos.

    Esa misma noche, bandas de forajidos con protección policial incendiaron la Casa del Pueblo, la Casa Radical, el Jockey Club y los locales del comité bonaerense de la U.C.R y del comité del Partido Demócrata.

    El Club Universitario y el Círculo de Armas fueron intervenidos.

    Persecución a la iglesia católica

    Persecución a la iglesia por entender que ella contribuyó a poner de relieve ante el mundo la naturaleza totalitaria y anticristiana del régimen peronista. La persecución sistemática comenzó el 10 de noviembre de 1954.

    El 25 de noviembre tuvo lugar un acto en el Luna Park. El tono de los discursos y los insultos al clero de los asistentes fueron una demostración más de la degradación en que se debatía el régimen.

    En 1954 la policía federal por orden del gobierno nacional prohibió la misa y procesión en Plaza de Mayo. Se sancionó una ley estableciendo el divorcio vincular. La senadora peronista Rodríguez Leonardi, que se negó a votar la ley, fue expulsada del partido.

    En víspera de Navidad, se prohibió a los diarios publicar la sección culto católico.

    El 29 de diciembre quedó clausurado el diario católico “El Pueblo” y al día siguiente se restableció la reglamentación de la prostitución. En febrero de 1955 recrudeció la persecución religiosa, quedó prohibida la entrada en el país de sacerdotes y religiosos que fueran extranjeros.

    El Banco Hipotecario Nacional paralizó todos los expedientes en los cuales se tramitaran créditos para instituciones católicas y varios dirigentes de la acción católica fueron encarcelados.

    Perón dijo, refiriéndose a los obispos: “no hagan caso a todos esos tontos, que se creen buenos, sabios y virtuosos y no son sabios ni virtuosos. Casi todos son malos y mentirosos.” Fueron detenidos 67 sacerdotes.

    El partido peronista auspiciaba la separación entre la iglesia y el Estado. Junio fue un mes crucial.

    El gobierno quemó una bandera Argentina y atribuyó la responsabilidad del atentado a los católicos.

    El 12 de junio se produjo el ataque contra la catedral por elemento del peronismo. La policía se retiró dejando sin protección a quienes asistían a una misa vespertina. Luego reapareció para detener a todos los hombres, incluso a menores de edad.

    El 14 junio el gobierno expulsó del territorio argentino a dos prelados. Apenas llegados a Roma, la congregación consistorial proclamó la excomunión de Perón y sus cómplices.

    Fueron allanados en Buenos Aires y en el interior, parroquias, asilos, colegios, monasterios y centros de acción católica, fueron saqueados e incendiados iglesias y conventos.

    En casi todas las provincias se cometieron iguales arbitrariedades.

    La policía detuvo en masa al clero, en Buenos Aires la brutalidad fue mayor.

    Cerca de mil sacerdotes quedaron detenidos e incomunicados, sin agua ni comida.

    En Bahía Blanca fueron quemadas y saqueadas las iglesias del Inmaculado Corazón de María y Nuestra Señora de Lourdes.

    Cuando llegó la revolución libertadora de 1955, ella significó para el catolicismo argentino el fin de una verdadera pesadilla.

    Otros excesos

    Una ola de inmoralidad y decadencia se extendió sobre los estrados oficiales. Perón vivía amancebado con una menor de 14 años. (este tipo estaba re del orto)

    El gobierno se mantenía recurriendo al temor, a la dádiva y a la mentira, Mediante el medio consiguió la adhesión de quienes temían perder sus empleos o ir a la cárcel.

    Los empresarios habían sido doblegados, algunos que resistieron pagaron cara su valentía.

    Los partidos políticos poco podían hacer. Muchos de sus miembros afrontaron procesos arbitrarios y soportaron la prisión por dar testimonios de sus convicciones políticas.

    De la violencia pregonada por Perón, recogemos de sus discursos y documentos, las siguientes expresiones demostrativas del nivel de brutalidad impuesto por el régimen: “entregaré unos metros de piola a cada descamisado y veremos quién cuelga a quién, levantaremos horcas en todo el país para colgar a los opositores.”

    Reflejaron una mentalidad y un estilo de gobernar encaminado a destruir la convivencia pacífica.

    Ocaso del régimen peronista

    En 1955 el saldo económico era deplorable. El peronismo había descuidado las obras viales y energéticas, había promovido una industria liviana, vulnerable.

    La actividad agropecuaria se encontraba deprimida.

    En 1949 por primera vez desde 1890 el país padecía de una virtual cesación de pagos. La inflación desatada por el peronismo creció de modo incesante.

    Un país rico y floreciente que después de la segunda guerra mundial surgía pujante y con posibilidades económicas múltiples, había sido arruinado por un gobierno irresponsable. El país quedaba empobrecido.

    Lo insólito del peronismo no fue que personas de origen humilde llegaran a los más altos cargos, sino que lo hicieran quienes carecían de la más elemental idoneidad.

    .

    16 de junio

    Destruida la convivencia pacífica, quedo planteada como única alternativa la resistencia activa a la opresión reinante.

    Estalló entonces la insurrección del 16 de junio de 1955. Militantes de los partidos políticos tradicionales y dirigentes de diversos sectores del catolicismo coincidían con integrantes de la marina de guerra, del ejército y de la fuerza aérea en la necesidad de organizar un movimiento armado. Pasado el mediodía comenzó el ataque contra la casa de gobierno.

    Perón se refugio en el ministerio de guerra, mientras en forma criminal los obreros fueron convocados a la Plaza de Mayo, pereciendo muchos como consecuencia del bombardeo que la aviación naval efectuó contra la casa rosada.

    No obstante contar con la adhesión del ministro Contralmirante Aníbal Olivieri, no era suficiente para obtener la victoria.

    La insurrección del 16 de junio de 1955 había fracasado. Perón aún no repuesto del temor que le inspiró esa insurrección procuró ganar también llamando a la pacificación y permitiendo que algunos líderes de la oposición pronunciaran discursos por radio. Perón, una vez pasado el medio, rápidamente cambió el rumbo.

    El régimen estaba evidentemente desgastado y ya no suscitaba entusiasmo ni adhesión, ya pocos en las fuerzas armadas dudaban de la necesidad desplazar al déspota.

    La revolución libertadora

    Alzamiento de las fuerzas armadas

    En 1955 luego de la entrevista del Capitán de fragata Jorge Palma con el general Eduardo Lonardi, éste marchó a Córdoba para comenzar la proyectada revolución. El general Pedro Eugenio Aramburu, a su vez, llegó a Corrientes para sublevar a la guarnición de Curuzú Cuatia.

    El 16 comenzó el movimiento armado. Enseguida inició operaciones bélicas en contra de la escuela de infantería que no aceptó plegarse al movimiento insurreccional. Vencieron. La lucha armada duró cuatro días. Puerto Belgrano, bajo el mando de Arturo Rial, levantó su renuncia y se constituyó una junta militar.

    El 20 la renuncia quedó aceptada. Perón huyó y buscó refugio en un buque paraguayo. Al día siguiente surgió un comunicado de que la presidencia del gobierno provisional sería asumida por el General Eduardo Lonardi.

    El 23 de septiembre una multitud se consagró en la Plaza de Mayo para recibir al nuevo presidente.

    Presidencia del general Eduardo Lonardi

    Una junta consultiva nacional quedó integrada con representantes de todos los sectores políticos excepto los partidos peronista y comunista. El Poder Judicial fue reorganizado.

    Por decreto se creó la comisión nacional de investigaciones. El 1 de noviembre tomó estado público el fallo del tribunal de honor convocado para juzgar la actuación de Juan Domingo Perón.

    El incalificable episodio de la quema de bandera nacional, el sacrílego incendio de las iglesias con la destrucción de tesoros religiosos, históricos y artísticos, la incitación a la violencia más la suma que vulneró los principios constitucionales que había jurado respetar.

    Finalmente por unanimidad el tribunal resolvió que la conducta del encausado configuraba la descalificación por falta gravísima.

    En el mes de noviembre se planteó una crisis política. Los miembros de la junta consultiva nacional, salvo los representantes de la Unión Federal, presentaron sus renuncias. Agitadas reuniones culminaron con la renuncia del general Lonardi presentada el 13 de noviembre.

    Presidencia del general Pedro Eugenio Aramburu:

    Rojas continuaba como vicepresidente. La junta revolucionaria fue integrada con el general Aramburu como presidente. Por diversos actos se dispuso la disolución del Partido Peronista: la intervención de la C.G.T, y la restitución del diario “La Prensa” a sus legítimos propietarios, la liquidación de la fundación Eva Perón, la prohibición del uso de símbolos y leyendas peronistas. El gobierno provisional declaró vigente la Constitución nacional sancionada en 1853 con las reformas de 1860, 1866, 1898 y exclusión de la de 1949.

    Asimismo declaró vigentes las constituciones provinciales anteriores al régimen depuesto.

    El 9 de junio de 1956 se redujo un levantamiento militar que tenía el objetivo de deponer al gobierno provisional y permitir la restauración del peronismo.

    Rojas, en ejercicio de la presidencia por hallarse en Rosario el Gral. Aramburu, decretó y declaró aplicable la ley disponiéndose por imperio de sus normas, la formación de juicios sumarísimos y la posibilidad de aplicar la pena de muerte.

    Juan José Valle, jefe militar de la insurrección, fue ejecutado luego de ser juzgado por un consejo de guerra. Derrotada la rebelión peronista, el gobierno resolvió convocar a una Convención Nacional Constituyente.

    El radicalismo, que en los inicios apoyara sin fisuras a la revolución libertadora, comenzó a dividirse prácticamente desde el día siguiente.

    El cisma se produjo en 1956 al elegir la Convención Nacional la fórmula Arturo Frondizi - Alejandro Gómez.

    Zavala y Ortiz organizaron la U.C.R. del Pueblo. El sector de Frondizi se nucleó con el nombre de U.C.R. Intransigente, en las elecciones para la convención reformadora de la Constitución.

    La U.C.R.P. obtuvo 2.106.524 votos, la U.C.R.I. obtuvo 1.847.603 y hubo 2.115.861 votos en blanco.

    El conservadurismo también se divide en un sector que mantuvo la línea tradicional del partido. Este dirigente del conservadurismo popular se inclinará cada vez más hacia el peronismo.

    El Partido Demócrata Cristiano continuaba una labor de adoctrinamiento iniciada en los días de la resistencia antiperonista.

    El nacionalismo fundó el partido federal, también el socialismo mostró signos de división.

    Reunida la convención constituyente en Santa Fe, los frondicistas impugnaron su legitimidad y se retiraron del recinto. Los conservadores también optaron por retirarse dejando a la convención sin quórum.

    Como resultados de la convención quedan: la ratificación de la Constitución de 1853 con sus reformas, la incorporación del artículo 14 bis, y la modificación del artículo 67. Concluida en octubre de 1957 la labor de la convención, los partidos se prepararon para las elecciones convocadas para febrero de 1958. Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio buscaron la alianza con el peronismo. El segundo se reunió en diciembre de 1957, se convino un pacto o compromiso político, un emisario del exiliado ex presidente llegaba a Buenos Aires con la orden impartida a los peronistas de votar por la U.C.R.I. cuya fórmula integraban Frondizi y Alejandro Gómez.

    Con ellos el Frondizi ganó las elecciones y los votos en blanco quedaron reducidos.

    Presidencia de Arturo Frondizi

    Años confusos

    Asumió en 1958. La política de convivencia con el peronismo tardó en exteriorizarse en hechos concretos.

    Durante los primeros meses de gobierno, Frondizi, adoptó medidas tendientes a dar cumplimiento a su compromiso con el peronismo.

    Pretendió reestructurar masivamente el Poder Judicial de la Nación. En 1958 debió el presidente moderar parcialmente sus propósitos y reintegrar a muchos jueces que había dejado cesantes.

    La C.G.T. fue intervenida, disponiéndose su normalización en el plazo de 90 días.

    La ley cuyo texto significa retornar a la filosofía del decreto dictado por Perón e inspirado en el régimen fascista.

    La política económica de Frondizi resultó contradictoria. Se orientó a partir de diciembre 1958, hacia la economía de mercado auspiciada con énfasis por Álvaro Alsogaray a quien designó ministro de economía. Los resultados fueron excelentes, sobre todo en materia energética. La producción de petróleo se triplicó y en 1962 pudo alcanzarse la meta del autoabastecimiento.

    Las Fuerzas Armadas mantuvieron una actitud de permanente desconfianza hacia el presidente.

    Los planteos y las crisis militares se sucedieron hasta que tres episodios marcaron el final del gobierno de Frondizi. El primero, la entrevista secreta que mantuvo con Ernesto Guevara.

    El segundo, la posición ambigua adoptada por la representación Argentina en la conferencia de Punta del Este donde se excluyó a Cuba de la O.E.A. Frondizi se vio obligado a romper relaciones con Cuba, en febrero de 1962, mediante decreto.

    El tercer motivo fue su posición frente a las elecciones del 18 de marzo. A ellas se presentó el peronismo, sosteniendo a Framini como candidato a gobernador de Buenos Aires bajo las siglas de Unión Popular. Framini representa al prófugo residente en Madrid.

    “El peronismo es un movimiento revolucionario cuyo objeto es la destrucción del régimen oligárquico, la construcción de una sociedad nueva, su finalidad no es ganar una elección, su objetivo fundamental es la toma del poder para realizar una profunda revolución social.”

    El propio ministro del interior, doctor Vítolo, opinó públicamente que la candidatura de Framini era la fachada de un frente castrista y peronista.

    En las elecciones de la provincia de Buenos Aires del 18 de marzo de 1962, el triunfo correspondió a los candidatos de la Unión Popular. También los candidatos del peronismo triunfaron en Tucumán, Santiago del Estero, Río Negro y Chaco. Ante el disgusto de las Fuerzas Armadas por el resurgimiento del peronismo, el Poder Ejecutivo por decreto, dispuso intervenir las provincias en las que éste se había impuesto. Frondizi buscó mantenerse en el poder a todo trance.

    La medida presidencial para contentar a las Fuerzas Armadas no contribuyó a consolidar la precaria posición de Frondizi.

    El decreto de intervención a las provincias únicamente sirvió para desprestigiar a Frondizi. El general Aramburu le advirtió la renuncia. Frondizi no cedió y las Fuerzas Armadas dispusieron que cesara en el cargo, deteniéndolo en la residencia de Olivos y llevándolo a la isla Martín García. El presidente había agotado sus posibilidades de poder, se negó a seguir la vía del alejamiento.

    Presidencia de José María Guido

    La Fuerzas Armadas vacilaron acerca de quien ocuparía la presidencia. El doctor Guido jura como presidente, en virtud de lo dispuesto en la ley de acefalía.

    Rodolfo Martínez (h) renuncia como ministro del interior por no coincidir con su política.

    El reciente proceso electoral demostró que el peronismo, cualquiera sea el nombre que adopte, tiene más vocación de pasado que visión de futuro, un retorno imposible.

    La situación económica era inquietante: el presupuesto arrojaba un déficit de 500 millones de dólares, la deuda externa ascendía a u$s 3.000.000.000 obligando a pagar intereses.

    Alsogaray sostuvo que el país enfrenta la más grave de las perturbaciones económicas de las últimas décadas.

    El Poder Ejecutivo dispuso el receso del Congreso y la reorganización de los partidos políticos. El fin de esta comisión era investigar irregularidades administrativas cometidas en la presidencia de Frondizi.

    En junio nació un movimiento político: La Unión Nacional Argentina, sobre la base de la Unión del Pueblo Argentino que auspiciaba la candidatura del general Aramburu.

    En 1962 se iniciaron las hostilidades que enfrentaron a colorados y azules. Estos últimos contaban con el apoyo de la Fuerzas Armadas. La marina se mantuvo neutral.

    Los colorados pasaron de legalistas a rebeldes, los azules se convierten en legales, finalmente se impuso militarmente el sector azul.

    Luego del triunfo azul volvió al ministerio del interior Rodolfo Martínez (h). El ex ministro de Frondizi, Alfredo Vítolo, sostuvo públicamente la necesidad de integrar un frente con los dos partidos más populares: el peronismo y el radicalismo.

    Ricardo Balbín rápidamente precisó que la U.C.R. del Pueblo no se sumaría a ningún frente. En 1963 la convención Radical proclamó la fórmula Illia - Perette. Simultáneamente se formó un frente con la U.C.R.I, el peronismo, el conservadurismo popular de Vicente Solano Lima y el partido demócrata cristiano.

    La formación de ese frente y el renacimiento del peronismo, inquietaron a oficiales de las Fuerzas Armadas. Los representantes de la marina advirtieron que esa arma no estaba dispuesta a tolerar la vuelta del peronismo al poder. Renunciaron el secretario de hacienda García Belsunce y Rodolfo Martínez (h).

    El 2 de abril se sublevó la marina. El movimiento reconoció como jefe del ejército a Benjamín Menéndez. En la Fuerzas Aéreas lo apoyo Osbaldo Lentino.

    El 10 de abril el Poder Ejecutivo Nacional dispuso por decreto la proscripción del peronismo, los objetivos de la sublevación del 2 de abril parecían cumplirse.

    La coalición denominada Frente Nacional y Popular que contaba con la adhesión del peronismo, tenía por candidatos al conservador popular Vicente Solano Lima y al radical intransigente Begnis, que al incorporarse a la fórmula del frente, renunció a la de la U.C.R.I.

    No era ningún misterio que a través de la estructura del conservadurismo popular, el peronismo procuraba volver al gobierno. Frondizi recomendaba votar por los candidatos del frente.

    Pero, con una decisión sorpresiva, en vísperas de las elecciones, el nuevo ministro del interior, general Osiris Vellegas, anunció que por decreto se había dispuesto inhabilitar cualquier lista electoral en la cual aparecieran afiliados o colaboradores de la neoperonista unión popular. Esta decisión quebró al frente.

    Presidencia de Arturo Illia

    Dos ciclos políticos

    En 1963 la U.C.R.P. obtuvo el mayor número de votos: el 25% de los sufragios.

    Unas de las primeras medidas de la nueva administración fue decretar la nulidad de los contratos petroleros suscritos por el gobierno de Frondizi. Illia cumplió así con las promesas formuladas durante la campaña electoral.

    Aproximadamente entre 120 y 200 millones de dólares, según algunas estimaciones, debió pagar el Estado Argentino a las campañas extranjeras afectadas en concepto de indemnización.

    El virtual autoabastecimiento petrolero se desvaneció al producirse una manifiesta disminución en la producción de hidrocarburos.

    La presencia del peronismo en la vida institucional Argentina en 1963, trajo dificultades al gobierno radical.

    El movimiento orientado por Perón desde Madrid se encontraba en dos sectores: uno francamente izquierdista que procuraba asumir el control partidario y otro de carácter gremial, en el que figura Augusto Vandor.

    Perón decide producir en la Argentina una huelga revolucionaria. Los gremialistas optaron por encabezar la acometida contra el gobierno.

    El gremio metalúrgico en 1963 y luego la Confederación General del Trabajo, bajo la inspiración de Vandor, se lanzaron a la huelga revolucionaria. Transcurridos ocho meses desde la instalación de Illia en la presidencia, la C.G.T. proclamó el segundo plan de lucha. Como complemento de la lucha revolucionaria desatada por el peronismo, se produjo en diciembre de 1964, el viaje de retorno de Perón, escoltado por el propio Vandor. El gobierno radical hizo saber al régimen militar brasileño que la llegada del prófugo podía desatar en Buenos Aires un motín dirigido por la izquierda. Ante esta información autorizó al avión de Perón a reabastecerse en el aeropuerto en Río de Janeiro pero le ordenó regresar a España.

    Para preparar el camino de retorno llegó el 10 de octubre de 1965 a Buenos Aires, Isabel Martínez. Perón la había conocido en Paraná a fines 1955 y posteriormente contrajo enlace con ella en Madrid. En adelante, el Partido Justicialista será manejado por Isabel Martínez bajo la supervisión de Perón. En 1966 se acentuó la soledad del radicalismo.

    No obstante las críticas de los opositores, la administración de Illia en el sector externo, presentaba algunos logros positivos.

    A pesar del lastre derivado de una pesada deuda, ésta fue paulatinamente cancelada sin que disminuyeran las reservas de oro y divisas. Simultáneamente con la destrucción política de Vandor por Perón, se produjo el alejamiento del Comandante en Jefe del Ejército, Gral. Juan Carlos Onganía. El retiro de dicho militar constituyó un grave error político del gobierno de Illia. Onganía y Vandor no tardarán en aproximarse y coincidir en la necesidad de derrocar al presidente.

    Illia, cuya honradez personal se encuentra fuera de toda controversia, no había logrado proyectar una imagen de capacidad y dinamismo.

    Los sectores interesados en destituirlo habían desplegado una hábil campaña a través de los medios de difusión, que contribuía a generar en la población la sensación de que el gobierno marchaba a la deriva.

    El gobierno radical marchó así hacía su inexorable ocaso. Un incidente entre el Comandante en Jefe y el Secretario de Guerra fue el motivo nimio que provocó el desenlace.

    En 1966 las autoridades nacionales y provinciales fueron derrocadas. Con el apoyo de las tres Fuerzas Armadas asumió a la presidencia Onganía. Los objetivos del movimiento militar eran:

    En el ámbito de la política exterior, mantener con firmeza la soberanía nacional defendiendo su integridad territorial, los valores espirituales, el estilo de vida; desarrollar una política exterior inspirada en lo mejor de nuestra historia, que afirme su fe en la grandeza de la misión nacional; el compromiso de participar en la defensa del mundo libre occidental y cristiano; alcanzar el bien común internacional y preservar las vinculaciones amistosas entre los pueblos.

    En la política interna, promover un espíritu de concordia, de solidaridad y de tolerancia entre los argentinos; respeto a la ley y el imperio de una verdadera justicia.

    Política económica: eliminar las causas profundas que han conducido al país a su estancamiento actual; establecer bases y condiciones que hagan factible una gran expansión económica.

    Política laboral: alcanzar un justo equilibrio entre los intereses de la Nación, del trabajo y de la empresa.

    Política de bienestar social: crear las condiciones para un creciente bienestar social de la población desarrolla la seguridad social.

    Política de seguridad: alcanzar la aptitud integral necesaria para asegurar la obtención de los objetivos en otros ámbitos.

    Presidencia del Gral. Juan Carlos Onganía

    Secundado por dos grupos de colaboradores: uno de carácter político, en el que figuraban por un lado hombres de extracción nacionalista y por otros hombres que creían en la necesidad de modernizar las instituciones para restablecer luego una auténtica democracia representativa. El segundo sector, al que Onganía confió el área económica adquirió cohesión luego de asumir el ministro de economía Vasena. Él actualizó el precio del dólar, debió beneficiar a los productores agropecuarios, los salarios se mantuvieron estables durante 18 meses luego de un aumento general del 5 %, importantes obras de infraestructura vial.

    La tasa anual a término de cotización del dólar descendió de 18,3 en febrero de 1967 a 0,25 un mes después. El público dejó de especular con billetes extranjeros.

    El gobierno de Onganía procuró reordenar las universidades nacionales.

    La guerrilla peronista

    El gobierno militar debió afrontar la acción disolvente desplegada por Perón desde Madrid, a través de las diversas agrupaciones guerrilleras.

    El peronismo se orientaba ahora hacia el marxismo. Por el cumplimiento de las instrucciones de Perón, se desató en la Argentina la guerrilla y el terrorismo.

    Ernesto Guevara visitó Córdoba y organizó las bases de la acción subversiva en esa provincia. La muerte del “Che” en Bolivia en 1967 contribuyó a la postergación del estallido peronista marxista en la Argentina.

    Perón asumió como propia la actividad terrorista, pretendiendo liderarla en la Argentina. Hasta fines de 1974 corresponde asignar a Perón y a la guerrilla la responsabilidad derivada de no menos de 533 asesinatos, 320 heridos, 386 ataques por sorpresa a unidades policiales y militares, 166 robos de bancos, 185 secuestros de los cuales se cobraron como rescate aproximadamente 35 millones de dólares.

    El 29 de mayo de 1969 se produjeron gravísimos sucesos en la ciudad de Córdoba. A fin de que los obreros de Córdoba pudieran ganar lo mismo que sus colegas de las demás provincias, se elevó el horario semanal de 44 a 48 horas. Nada justificaba la violencia.

    Las consecuencias políticas del llamado “cordobazo” fueron graves. Onganía modificó su gabinete. En 1969 una banda de asesinos en el local de la Unión Obrera Metalúrgica, dio muerte de cinco tiros a Vandor.

    Asesinato de Aramburu

    En 1970 al cumplirse el aniversario del cordobazo, integrantes del grupo montoneros secuestraron y asesinaron al Gral. Aramburu.

    En 1971 los montoneros escribieron a Perón para rendirle cuentas de lo ocurrido y pedirle que se defendiera frente a dicho magnicidio. La respuesta que los montoneros atribuyeron a Perón fue terminante.

    Renuncia de Onganía

    Una gran comisión sufrió la república al trascender el secuestro del general Aramburu. Los sucesos de 1970 culminaron con la renuncia de Onganía. Así concluyó la primer etapa de la revolución Argentina.

    Presidencia de Roberto Levingston

    El ocaso de la revolución Argentina

    Luego de la renuncia del Gral. Onganía, comenzaron a transcurrir los días sin que la junta militar designara presidente de la república. Finalmente la junta resolvió nombrar a Marcelo Levingston.

    El país desconocía al nuevo primer magistrado, por ello la junta debió distribuir el curriculum y la fotografía de éste. Asimismo declaraba que durante su gobierno sus principales enemigos fueron los yanquis y el imperialismo inglés y que él propiciaba ahora liberar al país como (en Cuba) lo ha hecho Fidel.

    Todas las fuerzas que juegan dentro del peronismo son fuerzas que han sido articuladas sobre una mejor conducción. La alternativa ofrecida por Perón para el caso de que no se le entregare el poder, era de una violencia total. Levingston no estuvo dispuesto a entablar negociaciones con Perón. El presidente puntualizó que el plan político de la República Argentina tendrá como objetivo pasar por encima de las estructuras antiguas.

    En carta del 9 de febrero de 1971, montoneros sometió al juicio de Perón el asesinato de Alonso. La respuesta de Perón habría sido de categórica aprobación declarando ser totalmente falso que haya perturbado plan táctico alguno.

    Destitución de Levingston

    La discrepancia entre Levingston y Lanusse se acentuaba de modo paulatino, los acontecimientos se precipitaron en marzo con motivo del segundo cordobazo ocurrido el día 15. Levingston relevó entonces a Ezequiel Martínez de su cargo de Jefe del Estado Mayor Conjunto, y requirió a Lanusse que renunciara al cargo de comandante en jefe.

    Ante la negativa del Gral. Lanusse, el presidente lo destituyó. La junta resolvió relevar al presidente Levingston.

    Presidencia de Alejandro Lanusse

    En 1971 asumió la presidencia el Tte. Gral. Lanusse. Propuso al país el gran acuerdo nacional. Jorge Paladino, representante de Perón en la Argentina, viajó a Madrid para proponer a su mandante que se adhiriera al gran acuerdo nacional.

    Como era previsible, nada positivo se podía esperar del promotor del terrorismo desatado contra la República. Esa incitación a la violencia formulada por Perón se tradujo en un recrudecimiento de gravísimos hechos terroristas durante esos años. Grave error de Lanusse fue pretender transar con el máximo responsable del caos guerrillero.

    A Eva Duarte la mandan al cementerio de Italia a fin de evitar cualquier profanación.

    Su plan llegar al poder por medio de la violencia.

    Mientras el aparato político y sindical del peronismo actuaba en la superficie, las formaciones especiales, con la sensación de que el enemigo estaba en retirada, incentivaron su accionar.

    Asaltó un camión con armas, quemaron la casa del empresario, atentó con bombas, fue asaltada la cárcel de mujeres de la Capital Federal, fugándose varias reclusas. Para conmemorar el aniversario de la muerte de Eva Perón se colocaron 20 bombas en Córdoba.

    Los guerrilleros asaltaron la cárcel de Tucumán y liberaron a 14 jefes allí detenidos. Prosiguieron durante los meses siguientes los asesinatos y los atentados más salvajes. Los ingenuos de siempre procuraron que Perón condenara públicamente los asesinatos de abril de 1972. Como era previsible se negó limitándose a decir que “la violencia de arriba engendra la violencia de abajo.”

    Se insistió en la negociación con el exiliado. Se pretendía que Perón renunciara a su candidatura presidencial, aunque la negociación fracasó. El ex presidente ganó puntos en esa negociación, al conseguir que el gobierno argentino le reconociera el derecho a percibir los sueldos atrasados correspondientes al grado de Teniente General.

    Persistencia de una línea política

    En el segundo semestre de 1972 disminuyó la acción represora de las fuerzas de seguridad. La universidad sufrió también las lamentables consecuencias del ablandamiento gubernamental.

    Resultaba difícil mantener el orden, dado que las fuerzas de seguridad no querían enfrentar a los agentes de la subversión que buscaban destruir la cultura en los ámbitos universitarios.

    El 8 de octubre de 1971 estalló en Azul un movimiento aparentemente nacionalista, que fue sofocado sin derramamiento de sangre.

    Perón destituyó a Paladino y nombró a Cámpora, que había sido presidente de la Cámara de Diputados. En enero de 1971 se fijaron en las calles de Buenos Aires carteles proclamando su candidatura. Cámpora proclamó la candidatura de Perón.

    El gobierno de Lanusse que había entrado en una pendiente de deterioro irreversible, estuvo a punto de caer.

    El 26 de julio 1972 la guerrilla cometió un atentado feroz, sembrando de bombas una plaza de San Isidro en la que habitualmente jugaban niños, pero la policía advirtió.

    El 15 de agosto de 1972 se produjo una sublevación de presos en el penal de Rawson. 25 procesados, disfrazados de guardias lograron escapar, seis consiguieron huir en avión a Chile. Los 19 prófugos restantes fueron detenidos y trasladados, murieron 16.

    Este hecho determina que la guerrilla formulara acusaciones contra los marinos. Lanusse declaró que Perón no volvería al poder. El 28 Cámpora le replicó, el peronismo no apoyará ningún candidato militar. Era el fracaso definitivo de la línea política que determina la destitución de Onganía y de Levingston. Perón continuaba ejecutando su política dual: apoyó a Cámpora y alentó a la guerrilla. Los atentados prosiguieron.

    En septiembre los radicales, descartada la posibilidad de un binomio compartido con el peronismo, proclamaron la fórmula Balbín- Gammond.

    El 17 de noviembre 1972 llegó al país Perón rodeado de vedettes, futbolistas, boxeadores y adherentes. Algunos días después se fundó el Frente Justicialista de Liberación. Quedaron al margen los radicales, los partidos que se adhirieron a la candidatura de Francisco Manrique, la nueva fuerza orientada por Alsogaray, los socialistas democráticos, etc.

    Perón se alejó de la Argentina y desde Asunción impuso la fórmula Cámpora- Solano Lima. “Yo puse a Cámpora y si pongo a un muñeco lo votan igual”.

    Lo terrible fue que todo estaba armado para el triunfo de la fórmula sostenida por la subversión. Quedaron transitoriamente reformados los artículos 42,45, 48,55 67, etc., de la Constitución Nacional.

    Agonía de un régimen

    Lamentablemente la línea política emprendida no fue entonces quebrada. Cámpora advirtió: Perón lo es todo y seguiré fiel a su persona y a sus ideales. Prosiguieron en marzo y abril los asesinatos y secuestros. El país había sido jugado a cara o seca. El gobierno ya no se sentía dispuesto a reconocer su grave error político. Se resignó a aguardar la sombría jornada del 25 de mayo 1973.

    Presidencia de Cámpora

    En las primeras horas del 25 de mayo 1973 grupos subversivos asumieron el control de la Plaza de Mayo. Desplegaron sus banderas, carteles e insignias, destacándose las fotografías de los guerrilleros abatidos por las fuerzas de seguridad.

    Mientras los amotinados quemaban automóviles e iniciaban los enfrentamientos con la policía, Cámpora pronunció en el Congreso un discurso en el que anunció una política estatista y xenófoba. Ante la imposibilidad de trasladarse a la Casa Rosada por la avenida de Mayo, Cámpora optó por hacerlo en helicóptero. Al llegar a su destino ya los extremistas habían conseguido controlar la situación. Comenzaron a multiplicarse las ofensas que los peronistas infirieron en la plaza a las Fuerzas Armadas. Los regimientos, formados para rendir honores, fueron insultados, escupidos, apedreados y agredidos.

    Se produjo la liberación de los guerrilleros detenidos en varios establecimientos carcelarios. Con tal motivo ocurrieron hechos violentos en distintos lugares del país. Cámpora firmó apresuradamente un decreto de indulto.

    Resultaron así beneficiados 371 detenidos, figurando entre ellos todos los subversivos. La medida también favoreció a varios delincuentes comunes, incluso el célebre narcotraficante François Chiappe. Su liberación plantea complejas incógnitas acerca de las posibles relaciones existentes entre la guerrilla peronista y el tráfico internacional de drogas. (mirá vos...)

    Se disolvió la Cámara Federal en lo penal y se resolvió la inmediata cesantía de sus jueces, fiscales y funcionarios.

    Esta cámara había sido integrada con los mejores hombres del fuero penal. Al cesar en sus funciones se los dejó librados a la acción impune de los terroristas. Los jueces sufrieron atentados mortales. Ese fue el pago que dio la República a esos hombres honorables que habían jugado la tranquilidad de sus honores y sus propias vidas al servicio de sus patrióticos ideales.

    Fábricas, talleres estables, oficinas públicas, hospitales, mataderos, y cientos de instituciones fueron impunemente ocupadas por grupos peronistas. Tomaron como rehenes a médicos y enfermeras.

    El área educativa

    Durante las presidencias de Cámpora, Lastiri, Perón e Isabel Perón, los cuatro titulares del Poder Ejecutivo resultan así responsables de la acción deletérea ejercida por el marxismo en los claustros de nuestra patria.

    Algunas universidades pasaron a ser focos activos de la guerrilla. Como algunos profesores no peronistas no habían renunciado de inmediato comenzaron a producirse situaciones amenazadoras.

    El caos se enseñoreo en las universidades argentinas. Sólo en la facultad de derecho se cometieron hechos incalificables. Las demás universidades sufrieron también la influencia nefasta del peronismo comunista.

    Estadística de la anarquía

    La llegada de Perón a la Argentina el 20 de junio marcó el momento culminante del caos. Luego de llegar aeropuerto de Morón, pronunció un discurso en el que no hizo ninguna referencia a la matanza.

    Presidencia de Lastiri:

    Luego de llegar a la Argentina, los días de Cámpora estaban contados. Previamente le hizo firmar la restitución de su cargo militar mediante un procedimiento reñido con los reglamentos militares.

    Perón nada necesitaba de quien se había constituido en un simple títere de la guerrilla. Raúl Lastiri luego de aceptadas las renuncias de Cámpora y Lima asumió como presidente. Cámpora fue designado embajador en México.

    Durante el breve interinato de Lastiri, la subversión prosiguió su acción implacable.

    La realización de este acto puso en evidencia que el movimiento justicialista se resistía a expulsar de sus filas a los grupos terroristas. La política económica se tradujo en expropiación de Bancos, una fuga constante de capitales. El congelamiento de precios determinó el paulatino crecimiento del mercado negro y el alarmante desabastecimiento. Se deterioró más aún la actividad agropecuaria y el país se encamino hacia la hiperinflación. Sólo los favoritos del régimen podían enriquecerse.

    La política exterior fue también favorable a la subversión mundial.

    Durante la presidencia de Lastiri el país entró nuevamente en vísperas electorales. Perón se guardó cuidadosamente en este período de enfrentar a los grupos radicalizados de izquierda.

    Perón debilitó a su principal oponente: el radicalismo.

    El Congreso devolvió a Perón bienes que le fueron interdictos por la revolución libertadora por u$s 16.000.000.

    En el ínterin la subversión proseguía su acción implacable. Perón visitó la exposición de China y exclamo ¡Viva Mao!. Para todos resultaba ya claro que la tesis peronista, según la cual la violencia había sido engendrada por el gobierno militar, había quedado hecha trizas. El país se debatía en medio del caos, y la incomprensible ingenuidad de muchos ciudadanos los movió a confiar en que Perón podría solucionar la grave crisis Argentina.

    Presidencia de Perón

    Perón no tenía autoridad moral para imponer la paz, simplemente porque había sido el jefe nominal de la guerrilla.

    Los adherentes a las formaciones especiales del movimiento justicialista no estaban dispuestos a cesar en su lucha contra el sistema constitucional argentino, simplemente porque así le convenía tácticamente al nuevo presidente.

    En primer término, el peronismo no había querido romper públicamente con dicha organización guerrillera hasta conocer los resultados de los comicios; del propio decreto se infiere que dicha agrupación a pesar de los graves hechos terroristas que había perpetrado, fue considerada legal hasta la suscripción del decreto.

    Es importante subrayar que no es Perón quien ha tomado la iniciativa de distanciarse de los grupos radicalizados sino que éstos al no obtener la vicepresidencia para Cámpora, fueron quienes lo enfrentaron marchando residencia de Olivos. El país continuó bajo un crecimiento de sangre.

    Entre 1973 y 1974 se produjeron episodios que dejaron como saldo 38 muertes violentas. Lo cierto es que Perón no expulsó de su movimiento a los grupos marxistas, no alejó a los comunistas del control de las universidades argentinas.

    La breve presidencia transcurrió en un país sumido en la violencia. Su régimen sin embargo se encontraba herido de muerte. Además Perón mostraba signos de creciente deterioro en su salud.

    Otro aspecto de la política nacional de Perón, estaba vinculado con el fascismo, fue su criterio sobre el papel de la estructura sindical. La estructura normativa del sindicalismo peronista reconoce desde sus orígenes vinculaciones con el fascismo italiano.

    La revolución libertadora sustituyó dicho régimen por un sistema de libertad gremial.

    El peronismo recobró así la central obrera y contó con fondos inagotables para su permanente acción directa. El gobierno de Illia procuró atenuar los excesos del sistema.

    En el plano internacional continuó el acercamiento hacia los países comunistas, promovido por Cámpora, firmó convenios con Rusia y Rumania.

    Al visitar Cuba en 1974 expresará que el movimiento obrero es un muy afín al de la Argentina y que la composición de la central que los agrupa es muy similar a la C.G.T.

    Continuaba avanzando hacia su ruina económica y financiera.

    Al concluir el primer semestre de 1974, el país vivía horas sombrías. Los secuestros y los asesinatos continuaban produciéndose impunemente. El Poder Ejecutivo se encontraba deteriorado luego de promoverse el alejamiento de la mayoría de sus integrantes para sustituirlos por hombres vinculados con el nuevo régimen.

    Las perspectivas económicas eran pésimas, la actividad agropecuaria estaba deprimida. El presidente Perón se hallaba enfermo, no había podido frenar la avalancha subversiva por él mismo promovida.

    Presidencia de Isabel Perón

    El 1 de junio 1974 murió Perón. (por fin...) Su última decisión como presidente habría sido aceptar la renuncia de Cámpora al cargo de embajador. Asumió Isabel Perón.

    Luego de inhumar los restos de su consorte en la capilla de la quinta presidencial, Isabel asumió la presidencia y mantuvo en los primeros días, el gabinete de su esposo.

    Los terroristas continuaron ensañándose con miembros de las Fuerzas Armadas.

    En 1974 la organización montoneros profanó el sepulcro del general Aramburu. Al mes siguiente aparentemente obedeciendo a una exigencia del mismo grupo subversivo, fueron traídos a la Argentina los restos de Eva Perón. Se cerró el año 1974 sin que se advirtieran posibilidades de que el gobierno mejorara en algún sentido. A la presidenta le faltaba idoneidad.

    En el plano educativo se operó una reacción. Un grupo nacionalista del peronismo asumió la conducción de la Universidad de Buenos Aires. Consiguió atemperar los efectos desastrosos de la gestión montonera. Impidieron que la universidad recobrara su nivel académico.

    A fines de 1974 quedó restablecido el estado de sitio. Se habían producido claros síntomas de anarquía. Isabel Martínez ya no conducía el proceso. El año cerró con 274 movimientos huelguistas.

    En el segundo semestre de 1975 se advirtió claramente que Isabel carecía de aptitudes para rectificar el rumbo. El país estaba a la deriva.

    Comenzaba a hablarse con insistencia de la corrupción existente en el más alto nivel de gobierno y de la diligencia sindical.

    El país había entrado en un declive de anarquía, corrupción y terrorismo que llevaba inexorablemente a la violenta interrupción de la gestión de la presidenta.

    En junio y julio se habían producido huelgas en los tribunales, quedando gran parte de los procesos virtualmente paralizados. La sensación de que la corrupción se había enseñoreado del país creció en muchos círculos.

    La violencia y la corrupción sólo podían ser frenadas mediante la enérgica intervención de las Fuerzas Armadas. La crítica era válida por el Poder Ejecutivo y también el Poder Legislativo que no se mostraban dispuestos a destituir a la presidenta.

    La producción de acero había disminuido 32%, la del carbón 24%, etc.

    Para 1976 la República enfrentaba la perspectiva de tener que hacer pagos financieros que ascendían a u$s 2.500.000.000. Pero el Banco Central tenía un saldo negativo de 34.000.000 de dicha moneda.

    El país se encontraba al borde la bancarrota.

    En el primer trimestre de 1976 la situación del país era caótica, los cambios ministeriales ya nada podían remediar. Un promedio de un ministro cada 25 días y nunca los sucesivos gabinetes pudieron superar la crisis que afectaba al régimen justicialista.

    En las primeras horas del 24 de marzo de 1976, el régimen peronista llegó a su final. A las 0:45hs., la presidenta se retiró de la Casa Rosada. Había concluido su jornada y también su gobierno. El vacío del poder era total. El Poder Ejecutivo se encontraba a la deriva, el Poder Legislativo no tenía autoridad para imponer soluciones, la Corte Suprema estaba desprovista de prestigio, había una virtual parálisis de los tribunales.

    En la madrugada 24 de marzo de 1976 luego de ser conducida al aeroparque en helicóptero, Isabel fue destituida, detenida y puesta a disposición de la Justicia Federal.

    El proceso de organización nacional:

    En 1976 la situación de guerra interna en que se encontraba sumida la República era verdaderamente terrible. En tres años el terrorismo había asesinado a 1.358 personas, a las que debían sumarse 445 militares subversivos, caídos en la lucha: tres muertos cada dos días.

    El fracaso del gobierno de Isabel era aceptado por las figuras más sensatas del peronismo.

    Un empresario peronista expresa que si las Fuerzas Armadas vienen a poner orden, respeto y estabilidad, bienvenidos sean.

    Recibimos con satisfacción que las Fuerzas Armadas en el poder hayan ratificado su voluntad de arribar a un proceso democrático y republicano, que no hayan detenido otros enemigos que los responsables de deshonestidades administrativas y de la quiebra moral, y que hayan reconocido la necesidad de los partidos políticos. Resulta así comprensible que innumerables hombres del radicalismo hayan ejercido funciones públicas durante el gobierno militar.

    En 1975 la situación en la provincia de Tucumán adquirió contornos gravísimos. El llamado Ejército Revolucionario del Pueblo (E.R.P) controlaba gran parte de su territorio.

    En 1975 el Poder Ejecutivo nacional interinamente a cargo de Ítalo Luder, extendió a todo el territorio argentino la orden de aniquilar el terrorismo impartida a las Fuerzas Armadas.

    Las Fuerzas Armadas en cumplimiento de obligaciones constitucionales y convocadas por el gobierno han asumido, junto a las Fuerzas de Seguridad, la responsabilidad de la acción directa contra la acción armada de la subversión; y rotundo éxito, gracias a su acendrado patriotismo, su vocación de servicio, su voluntad de lucha, su espíritu de sacrificio.

    Porque a pesar de estas reacciones normativas, la crisis gubernamental era terminal. El país estaba en guerra pero el poder se encontraba virtualmente acéfalo.

    La junta militar integrada por el Tte. Gral. Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti, expidió una proclama en 1976 explicando que frente a un tremendo vacío de poder las Fuerzas Armadas asumían el control de la República. Luego de agotadas todas las instancias del mecanismo constitucional fijó los objetivos básicos.

    Moralidad, idoneidad y eficiencia eran imprescindibles para reconstruir el contenido y la imagen de la Nación.

    El estatuto fue un simple ordenamiento para regular el funcionamiento del gobierno de facto. Tuvo un sentido similar al de la proclama de 1956 por la que el gobierno provisional surgido de la revolución libertadora declaró vigente la Constitución de 1853 con las reformas de 1860 y la exclusión de las de 1949.

    La junta se reservó algunas atribuciones superiores, así como la designación del presidente, los jueces de la corte suprema y el fiscal general de investigaciones administrativas.

    Presidencia de Videla

    El Tte. Gral. Videla, Comandante General del ejército, fue designado presidente en marzo de 1976.

    La población recibió con esperanza y asentamiento su designación. Había salido ileso de un atentado a su vida. Estos intentos homicidas contra Videla se repitieron varias veces en el curso de la guerra promovida por la subversión.

    El problema internacional de mayor envergadura fue el conflicto con Chile por el canal de Beagle. Las Islas Nueva, Picton y Lennox fueron adjudicadas a Chile, reconociéndose a Argentina aguas propias navegables para acceder a Ushuaia.

    Se iniciaron conversaciones diplomáticas que no condujeron a ninguna solución. La mediación papal aceptada por Chile y Argentina neutralizó finalmente la confrontación armada que parecía un hecho en 1978, enviando al cardenal Antonio Samoré.

    El gobierno chileno las aceptó, el argentino estimó que existían algunos puntos inadmisibles, la contestación negativa de nuestro gobierno, se concretó en 1981, pocos días antes de finalizar la gestión de Videla.

    Su última propuesta fue presentada en 1984, durante la presidencia de Alfonsín.

    Educación: Fueron resultados positivos. En 1980 el 81% de la población comprendida entre los 15 y 24 años tenía primaría completa. Se reduce al 50% entre mayores de 50.

    Asistía a la escuela el 94,6% de los niños de 12 años.

    Significaba un aumento en la matrícula de los establecimientos secundarios.

    Tomaron medidas para mejorar la capacitación y la formación profesional de los docentes.

    En el curso del proceso de reorganización se crearon 166 instituciones y centros de investigación, 20 nuevas unidades académicas, una universidad nacional y se habilitaron 225 nuevas carreras. Un buen ejemplo de todo ello fue la Universidad de La Plata.

    Justicia: Los tribunales actuaron con la independencia consagrada en las constituciones. La Corte Suprema de Justicia de la Nación estuvo precedida por jueces de altísima jerarquía como Gabrielli y Heredia, ambos de larga y prestigiosa trayectoria en el fuero federal.

    El presidente Videla y su ministro de justicia advirtieron que si no se daba cumplimiento a lo ordenado por el más alto tribunal de la República, presentarían en el acto sus renuncias. Se adoptaron numerosas disposiciones tendientes a mejorar la administración de justicia.

    Se sancionó la ley de la abogacía que garantizó la más rigurosa libertad de asociación y creó el tribunal de la ética forense. Se garantizó la más estricta libertad religiosa.

    Económica: El programa económico elaborado para superar la situación caótica en que se encontraba la República en 1976 fue expuesto por el ministro Martínez de Hoz en su discurso. Contenía tres aspectos: la redefinición de las funciones del Estado, la liberalización, apertura y modernización de la economía y la estabilidad anti - inflacionaria

    Para evaluar tales resultados es menester tener en cuenta que el punto de partida fue un contexto hiperinflacionario.

    Terminó 1980 con una tasa de 57% anual sin control de precios, nivel que resultó el más bajo del período 1975-1990.

    De cualquier forma la tasa de interés en términos reales llegó a los elevadísimos niveles que existieron en años posteriores.

    En cuanto al endeudamiento externo, su incremento guardó proporción con el aumento de las exportaciones. Importantes obras como el complejo Zárate - Brazo Largo, la planta de gas de Gral. Daniel Cerri, el puerto de San Antonio Oeste. Durante la presidencia de Videla se inició un vasto plan privatizador.

    Fueron transferidas al sector privado 120 empresas comerciales e industriales que se encontraban intervenidas o administradas por el estado en razón de su falencia.

    La frontera agropecuaria en 1977-1979 se amplió mediante la incorporación de tierras inexplotadas.

    Otra medida de amplia significación que abrió nuevas perspectivas al mercado inmobiliario de alquileres y a la construcción de unidades de vivienda, fue la eliminación, después de 30 años, del sistema de controles por un régimen de libertad de contratación.

    Martínez de Hoz reconoce que el programa económico de 1976 no alcanzó a completar todos los objetivos ni fue perfecto en su realización, cometiéndose errores al adoptar medidas destinadas a lograr modificaciones.

    Presidencia de Viola

    Los partidos políticos democráticos no habían sido disueltos. Los protagonistas con poder de decisión prefirieron prolongar el período de facto.

    El 30 de septiembre de 1980 venció el plazo para designar al reemplazante del general Videla. Fue necesario postergarlo y prolongar en la junta militar un debate interno que rebelaba la existencia de indudables fisuras. El 3 de octubre se anuncia a Viola.

    Los seis meses que transcurrieron entre dicha designación y la asunción del nuevo presidente, sólo sirvieron para deteriorar el proceso militar en general, disminuir la credibilidad de la población y debilitar las posibilidades del nuevo mandatario.

    Todo esto hizo un daño incalculable a la evolución política que venía operándose desde la caída de Isabel Martínez.

    Era evidente que Viola tenía el propósito de alcanzar una salida política reactivando la actividad partidaria y anunciando el advenimiento de una democracia sólida, estable y moderna, pero su posición era muy débil. Los conflictos internos se acentuaron en el curso de 1981.

    El ex comandante de la Armada, Almirante Massera, formuló declaraciones el 2 de octubre de 1981 en las que sostuvo que el proceso no había alcanzado ninguno de los objetivos excepto la victoria armada sobre el territorio.

    En noviembre el presidente Viola se enfermó y los médicos le aconsejaron un reposo de dos semanas. Viola renunció.

    Presidencia de Galtieri

    Lamentablemente la presidencia de Galtieri se frustró desatarse la guerra del Atlántico Sur. El conflicto se precipitó con motivo de la actitud asumida por el gobierno británico ante la actuación de un grupo de trabajadores argentinos que realizaban tareas de desmantelamiento de una factoría en las Islas Georgias.

    En 1982, al desembarcar izaron una bandera Argentina. Algunos científicos británicos formularon la correspondiente denuncia.

    Algunos días después, el 2 de abril 1982, fuerzas argentinas recuperaron las Islas Malvinas.

    Hundimiento del crucero General Belgrano, con numerosas víctimas, por el submarino británico.

    Juan Pablo II llegó a la Argentina en 1982.

    Puerto Argentino tras cruentos combates, fue recuperado por el usurpador británico.

    La derrota de Argentina en el Atlántico Sur significó el fin de la presidencia de Galtieri.

    (N. del A.: ¿Por qué no dicen nada de todos los crímenes y atropellos cometidos por el gobierno de facto, aunque se entra en detalle al referirse a los de Perón, que también era un hideputa? Tal vez esto denote cierto grado de simpatía por parte del autor original (o sea, no yo, que no más lo copio) hacia la extrema derecha. No olvidemos, como decía Aristóteles, que todos los extremos son malos)

    Presidencia de Bignone

    La Fuerza Aérea en 1982 expidió un comunicado en el que sostuvo que durante el último tramo del poder de facto la presidencia debía ser ejercida por un ciudadano civil que cumpla con las exigencias establecidas en la Constitución. Declaró que el ejército argentino asumía la responsabilidad de la conducción política del gobierno designando como titular a Antonio Bignone (1 de julio).

    El 5 de agosto estalló una crisis interna en la Fuerza Aérea.

    Los partidos políticos no fueron disueltos durante el régimen de facto aunque quedaron relativamente invernando.

    La U.C.R fue liderada por Ricardo Balbín hasta su muerte en 1981. Carlos Contín, un hombre moderado le sucedió. Las elecciones generales fueron convocadas para el 30 de octubre de 1983. El radicalismo obtuvo mayoría absoluta.

    Presidencia de Alfonsín

    Raúl Alfonsín asumió el 10 de diciembre 1983. Todo el país aguardaba con enorme expectativa los primeros pasos del flamante gobierno constitucional.

    Política exterior: La posición del gobierno fue marcadamente tercermundista, auspiciando incluso un frente latinoamericano de deudores para negociar en forma conjunta con los grandes acreedores, los Bancos internacionales de U.S.A y Europa.

    El primer gran equívoco se inició en 1983 con la ayuda financiera a los gobernadores marxistas de Cuba y Nicaragua. Se enviaron 39.000 toneladas de maíz, les entregaron 45.000.000. dólares y se les despacharon las famosas brigadas de café. Así el país se colocó en una postura ostensiblemente hostil a los U.S.A. (qué se caguen los USA, ¿cómo no vamos a ayudar a nuestros hermanos?) Ruptura de relaciones diplomáticas con Sudáfrica.

    Un cambio en la orientación de la política exterior. Esta modificación derivó de:

    • La necesidad de una mejor imagen frente a los acreedores americanos.

    • La imposibilidad de concretar la declamada alianza latinoamericana.

    • Que no se tradujo en hechos de entidad significaba la esperada ayuda financiera de los gobiernos social demócratas de Europa.

    • La necesidad de que nuestra política exterior tuviera en el contexto mundial algún grado de credibilidad.

    En el tema específico de Malvinas no se logró ningún avance significativo, por el contrario en 1986, el gobierno británico decretó una zona de jurisdicción económica exclusiva y anunció la adjudicación de licencias de pesca.

    En lo que se refiere a la cuestión del Beagle, el gobierno argentino recibió una nueva propuesta de su santidad Juan Pablo II en 1984, que fue sometida a una consulta popular, triunfando la opción afirmativa. Ambos países reiteran solemnemente su compromiso de preservar, reforzar y desarrollar sus vínculos de paz inalterable y amistad perpetua.

    Política militar: prescindió de que la agresión había sido contra la sociedad y de que las Fuerzas Armadas habían participado en su defensa convocadas por autoridades constitucionales.

    Dictó los decretos de 1983 en acuerdo general de ministros, equiparando virtualmente a los cabecillas del terrorismo con quienes se habían desempeñado como comandantes en jefe entre 1976/1982.

    Las flamantes autoridades constitucionales facilitaron el desarrollo de una amplia campaña publicitaria contra las instituciones militares que defendieron a la Nación en tiempos difíciles.

    Éstas habían cometido errores, pero también habían derramado con generosidad su sangre en una guerra extremadamente compleja. Se vulneró el principio de división de poderes y el sistema republicano de gobierno.

    Videla descalificó desde un principio, con palabras duras, el enjuiciamiento de las Fuerzas Armadas en la persona de sus comandantes en jefe.

    Asumió en plenitud sus responsabilidades políticas y militares derivadas de su condición de comandante en jefe del ejército, negó a los jueces competencia para juzgarlo.

    Destacó asimismo el Tte. Gral. Videla que se ha procurado borrar de la conciencia pública que la defensa frente a la agresión subversiva fue legítima y que el triunfo estuvo signado por la justicia.

    “Quienes favorecieron el auge de un terrorismo salvaje que inmoló a innumerables civiles y militares carecen de autoridad moral para arrojar la primera piedra y pretender infamar a quienes tuvieron el honor de comandar las fuerzas legales que derrotaron al enemigo de la patria. Como cristiano, cualquiera sea la entidad de los agravios recibidos, estoy obligado a perdonar.”

    Videla rechazó la pretensión de igualar a las Fuerzas Armadas con la organización subversiva.

    Declaró: “Siento el mayor respeto por el dolor de los que lloran muertos, heridos y mutilados, caídos en defensa de la patria o de los ideales equivocados. Estoy dispuesto a soportar la injusta condena que en definitiva quede firme.”

    En 1986 se confirmó la condena impuesta por la cámara federal.

    Videla advirtió al alto tribunal que con su actividad había favorecido la revancha de los terroristas. “Asumo mi arbitraria condena como un acto de servicio a mi patria.”

    Los procesos judiciales del gobierno continuaron con la condena de los generales Videla y Viola, de los almirantes Massera, Lambruschini y del general Agosti.

    Crisis en el ámbito militar en 1987. El primer foco rebelde fue en el regimiento 14° de infantería aerotransportada. Alfonsín pronunció un duro discurso, no hay nada que negociar. Pero la rebelión se extendió a la escuela de infantería de campo de mayo, bajo el comando del teniente coronel Aldo Rico. Los sublevados reclamaban que se pusiera fin a la persecución emprendida contra las Fuerzas Armadas.

    Los rebeldes contaban con un número amplio de adherentes, en casi todas las unidades del ejército.

    Alfonsín se dirigió al campo de mayo. Cuando volvió a la Casa Rosada anunció al público el fin de la sublevación. Se trata de un conjunto de hombres, que algunos fueron héroes de Malvinas, que tomaron esa posición equivocada y que han reiterado que su intensión no era la de provocar un golpe de estado. La casa está en orden.

    El gobierno no se mostró dispuesto a solucionar de modo integral el problema militar. Prefirió tomar una vía oblicua enviando al Congreso en 1987 un proyecto de ley de obediencia debida. Sancionada la ley fueron considerados inculpables, presumiéndose sin admitir prueba en contrario en que todos los casos habían obedecido ordenes irresistibles. La impunidad se extendió a los oficiales superiores que no tuvieron capacidad de decidir. Por supuesto el poder militar subsistió después de esta ley.

    En 1988 Rico y otros encabezaron otra rebelión en Monte Caseros. Tuvo menos adhesión. En esta oportunidad, el Jefe de Estado impuso su autoridad y numerosos oficiales fueron arrestados y encarcelados.

    En 1989 se produjo el ataque guerrillero contra el regimiento de infantería 3°, con asiento en la Tablada. Los terroristas finalmente se rindieron, dejando a la vista de todos un espectáculo desolador.

    Poco días después comenzaba para Alfonsín la cuenta regresiva. Superado por los acontecimientos, en febrero de 1989 se precipitaron los sucesos que empujaron a Alfonsín a abandonar el sillón presidencial.

    La reforma constitucional

    En los círculos oficialistas se invocaba la necesidad de adoptar un semiparlamentarismo, con la figura de un primer ministro, para neutralizar supuestos defectos de nuestro régimen presidencial.

    En el trasfondo de este reformismo predominante en el alfonsinismo se encontraba la idea de la reelección presidencial. Se vivía todavía la euforia triunfalista de fines de 1983. Se anunciaba la fundación de una segunda república y la creación de un tercer movimiento histórico (los anteriores habían sido Yrigoyen y Perón)

    Todavía en el discurso que pronunció en 1988 ante la asamblea legislativa insistió en impulsar la modificación de nuestra ley fundamental, pero no pudo concretar un acuerdo político que le permitiera obtener en el Congreso las dos terceras partes necesarias para convocar una convención.

    La cuestión de la capital

    El presidente hizo pública su idea a principios de 1986 y la sometió sugiriendo que la nueva sede de gobierno federal debía instalarse en Río Negro.

    El Senado de la Nación aprobó el proyecto, lo sancionó el 27 de mayo de 1986 y fue apoyado por el radicalismo, la democracia cristiana, el movimiento popular jujeño, el bloquismo, y el movimiento popular neuquino. Votaron negativamente los peronistas ortodoxos e independientes, la unión centro democrático, autonomistas y liberales de Corrientes.

    Este proyecto que consumió inútilmente tantos gastos, tiempo y energías, quedó evaporado en el curso de 1991.

    Política interna

    Se declaró sin validez jurídica a las normas y actos administrativos emanados de autoridades de facto y procesos judiciales y sus sentencias que tengan por objetivo juzgar o imponer sanciones a integrantes de los poderes constitucionales. Esta ley, a la que se denominó de reparación histórica, tuvo por objetivo rehabilitar a Isabel Martínez de Perón.

    Otras leyes importantes fueron la que ratificó la Convención Americana sobre los derechos humanos (pacto de San José de Costa Rica) en cuyo artículo se crea la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que aprobó la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanas.

    La ley de defensa de la democracia por la que se elevan las penas para el delito de rebelión y la iniciativa del senador Fernando de la Rúa, la ley del habeas corpus promulgada en 1985.

    El presidente promulgó la ley de divorcio vincular en 1987.

    Política universitaria

    La euforia triunfante de 1984 permitió que se aplicara un procedimiento, según el cual en muy poco tiempo las universidades pasaron a estar en manos de personas adictas al grupo gobernante.

    Estado de sitio

    El 2 de octubre de 1985, el presidente expidió en vísperas electorales el decreto en que sin mediar estado de sitio, ordenó el arresto, por término de 60 días, del periodista Horacio Rodríguez, los militares en actividad, y los militares retirados. Suscitó enorme conmoción.

    El juez Velasco, decía que la detención de Rodríguez carecía de racionalidad por lo que en consecuencia ordenaba su liberación. Lo grave fue que el Poder Ejecutivo ordenó nuevamente su detención. Esta insólita actitud obligó al juez Ricatta disponer que cesara toda amenaza a la libertad del periodista hasta tanto se pronunciara la Corte Suprema de Justicia.

    La arbitraria detención del periodista se prolongó hasta 1985 fecha en que el Poder Ejecutivo levantó el estado de sitio. Durante su arresto mantuvo una firmeza ejemplar.

    Elecciones 1985 y 1987

    En 1985 todavía el gobierno mantenía algunas expectativas favorables en un sector amplio de la población. El Congreso sancionó la ley que auspiciaba la realización simultánea de elecciones nacionales, provinciales y municipales.

    No obstante mantenerse el estado de sitio decretado por el Poder Ejecutivo se desarrolla el acto electoral. El triunfo fue radical, con 6.580.451 votos. Dos años después, las elecciones arrojaron resultados muy diferentes. El deterioro del alfonsinismo era manifiesto.

    En 17 provincias triunfó el justicialismo. La U.C.R solamente ganó en Córdoba y Río Negro.

    En definitiva el justicialismo ganó 60 bancas de diputados nacionales y U.C.R. 52.

    La inflación, lejos de atenerse, se acentuó hasta alcanzar cifras inéditas, el salario se deterioró y se incremento el costo de vida. Hubo desocupación y mayor recesión.

    El fracaso fue reconocido por el propio Alfonsín. En 1985, los signos de deterioro continuaron manifestándose. Se elevaban las tasas y crecía el costo de vida.

    Alfonsín creyendo consolidar así su gobierno, convocó a una movilización a fines de abril en la que anunció una economía de guerra. Fue el primer indicio de lo que se llamó plan austral. Sus puntos esenciales apuntaban a la eliminación del déficit fiscal, a la creación de un nuevo signo monetario, al congelamiento de tarifas, salarios y precios.

    Ya a fines de 1985, el plan austral comenzaba a mostrar inequívocos rasgos de fracaso. El fantasma de la inflación reapareció nuevamente en el curso de 1986.

    El dólar aumento el 70% y el costo de vida se elevó por encima del 80%. A los dos años del plan austral las ilusiones se habían evaporado. En 1985 sirvieron para que el gobierno obtuviera discretos resultados electorales. Las elecciones de 1987 marcaron el fin de dichas ilusiones, sustituidas por duras críticas que desde diversos sectores se lanzaban contra el presidente.

    En 1988 el gobierno presentaba signos de deterioro político y económico alarmantes. El Poder Ejecutivo procuró revertir la situación mediante el plan primavera.

    Se trató de un intento desesperado por contener la inflación, el dólar, los salarios, etc.

    El derrumbe del gobierno se produce de modo notorio a partir de la derrota que sufre la U.C.R., el 7 de septiembre 1987. En 1988 el deterioro se acentúa. En 1989 Alfonsín tiene ya en claro que no podrá continuar manteniendo artificialmente bajo el precio del dólar.

    El plan primavera ha costado u$s 1.754.000.000 y los signos de desconfianza y de corrida se acentúan. Creían que iban a recibir apoyo del exterior.

    El dólar remonta en solo seis horas de 17 a 24 australes. Durante los meses de febrero y marzo de 1989 la desvaluación de la moneda Argentina, el deterioro del salario y el incremento de los precios son impresionantes.

    Una inflación acumulada del 10.000%, una deuda externa de u$s 60.000.000.000, una deuda interna de u$s 1.000.000.000, una caída del salario real de 45%, etc.

    La moneda Argentina virtual no existe, los argentinos soportan una de las peores hiperinflaciones de la historia mundial.

    Fracasan las conversaciones que mantienen justicialistas y radicales después del acto electoral.

    Aparentemente Menem no quiere involucrarse en el resonante fracaso del alfonsinismo En la Plaza de Mayo mujeres reunidas golpean sus cacerolas y gritan que se están muriendo de hambre. Como todo esto es incontrolable Alfonsín busca un acercamiento con Menem. La reunión no deja resultados concretos. Un ministro viaja a La Rioja en nombre del presidente para intentar un nuevo acuerdo con Menem. El presidente electo reclama tiempo para organizar su asunción, Alfonsín resuelve entonces abandonar el poder.

    El presidente habla por radio y televisión anunciando que ha resuelto resignar su investidura presidencial el 30 de junio de 1989.

    Presidencia de Menem

    En las elecciones generales del 14 de mayo 1989 gana la fórmula integrada por Menem y Duhalde.

    Después de su discurso, Alfonsín aceptó postergar su abandono del cargo hasta el 8 de julio donde Menem asumió la presidencia.

    El Libro (Leiva - Avásolo)

    Proyectos (1900 - 1916)

    1903: Carlos Olivera propuso eliminar todas las disposiciones constitucionales vinculadas a la religión católica, recomendando la absoluta laicización.

    1909: Juan Argerich: proponía abolir el sistema de los colegios electorales para la designación de presidente, reemplazándolo por el sufragio popular. Proponía excluir del sistema la lista incompleta en la elección de diputados para que las minorías pudiesen contar con una representación y aumentar el número de senadores por cada provincia. Proponía la posibilidad de otorgar la nacionalidad a los extranjeros o expulsarlos. También se manifestó a favor de precisar mejor el régimen de gobierno de la Capital Federal. Propuso ampliar la competencia de la jurisdicción federal. Detallar las características del juicio político y definir la situación del juicio por jurados. Recomendó establecer un régimen penal que garantizase el normal funcionamiento y las prerrogativas del Poder Legislativo.

    1910: un grupo de juristas, entre los que se encontraban Raúl Orgaz, José Nicolás Matienzo y Rodolfo Rivarola, se manifestó a favor de debilitar la figura del presidente instaurando un sistema de gobierno netamente parlamentario.

    1911: Pedro Olaechea y Alcorta declaró la necesidad de que el Congreso Nacional decretase su autoconvocatoria y la de preceptuar la prórroga automática de los presupuestos vencidos, si la ley presupuestaria no hubiese merecido aprobación. En 1912 la comisión de negocios constitucionales del Senado (Joaquín González, Pedro Echagüe y Olaechea y Alcorta) apoyó el proyecto de convocatoria aunque se limitó a la revisión del artículo 37, con lo que la futura convención se limitaría a abordar el tratamiento de la composición de la Cámara de Diputados. En el transcurso del debate parlamentario, Láinez desestimó el proyecto y propuso que la futura convención constituyente se ocupara de dar legitimidad a leyes como la de los impuestos internos, y mencionó que debía reformarse la forma de elección del presidente y de los senadores. La ampliación de la competencia criminal de la jurisdicción federal, y que debía discutir acerca de las facultades del Estado Nacional para mantener un banco hipotecario. Finalmente los reclamos de Láinez fueron desatendidos y el Senado terminó aprobando el despacho de la comisión, pero en la Cámara de Diputados nunca fue atendido.

    1912: Roque Sáenz Peña tenía la idea de estimular el logro de una mayor transparencia en la política electoral de la Nación, por la vía del cumplimiento efectivo de la Constitución. Merced a su paciente prédica, se sancionó la ley 8871, conocida como Ley Sáenz Peña, en virtud de la cual se consagró la representación de las minorías políticas siguiendo el sistema de lista incompleta, así como el voto obligatorio, universal y secreto.

    1913: Carlos Conforti: propuso la separación del Estado y la Iglesia. Según él, la Iglesia se había transformado en un Estado rebelde que amenazaba al Estado. El proyecto propiciaba que se eliminasen de la Constitución las cláusulas referidas al sostenimiento del culto católico, a la conversión de los indígenas al catolicismo, a la exigencia de la confesionalidad del presidente y el ejercicio del patronato nacional.

    1914: Enrique del Valle Iberlucea, socialista, proponía una mayor flexibilidad constitucional. Su idea fue hacer desaparecer toda diferencia esencial entre la Cámara de Senadores y la de Diputados, modificando la estructura de la cámara de senadores para democratizarla. Se manifestó a favor de los sistemas exclusivamente unicamerales. Propuso que los senadores fuesen elegidos directamente por el pueblo, que el número de senadores fuese en proporción a la cantidad de habitantes, que se prohibiese la designación de los gobernadores como senadores, sin dejar pasar al menos cuatro años, que se les suprimiese el requisito de capacidad económica y que sus mandatos duraran seis años. Este proyecto no fue discutido aunque se reiteró en 1916, 1918 y 1920.

    1916: Joaquín Castellanos, radical, propone la elección directa del presidente y el vice, la designación de los senadores popularmente, tres por provincia, durando seis años, el mejoramiento de las prácticas electorales, la atribución de dos nuevos ministerios, uno de industrias y trabajos y otro de correos y caminos.

    Proyectos (1916 - 1930)

    1917: Melo. Su proyecto de reformas combinaba los principios unilaterales de la Constitución de 1853 con elementos del sistema parlamentario, con manifestaciones anticlericales, como terminar con la obligación de convertir a los indios al catolicismo, y con tendencias estáticas y nacionalistas. Aconsejaba que las constituciones provinciales debían ser examinadas y aprobadas por el Congreso Nacional. Éste podía crear nuevas provincias y dictar normas relativas a delitos de imprenta, y para someter a juicio político a los gobernadores de provincia. Además, se autorizaba al Gobierno Federal a intervenir en el territorio de las provincias. Se sometería a la jurisdicción federal el conocimiento de los pleitos suscitados entre una provincia y sus vecinos. Propuso transformar los territorios nacionales en provincias y propuso la participación (sin voto) de los delegados de estos territorios en el Congreso. El Congreso podía censurar la conducta de los ministros y obligarlos a renunciar. Propuso la autoconvocatoria del Congreso y la formación de una comisión legislativa permanente. Se prohibiría a los militares con mando, a los eclesiásticos y a los ex gobernadores sin dejar pasar cuatro años, el ingreso al Senado. Los diputados tendrían un mandato de tres años. Proponía la elección directa de senadores y un mandato de seis años para estos. En caso de renuncia del presidente o muerte lo debería suceder el presidente de la Corte Suprema. Proponía la elección directa del presidente. La Corte Suprema tendría que estar compuesta por nueve miembros. Consagraba el derecho de reunión. Consideraba que el Estado tenía aptitud suficiente para administrar servicios públicos organizados por el Congreso. Este proyecto no fue sancionado.

    1919: José María Zalazar propuso introducir elementos parlamentarios. La autoconvocatoria del Congreso, que éste eligiese al presidente, que pudiera despedir a los ministros, que el mandato de los diputados se redujese a tres años y que se renovara la Cámara totalmente cada tres años. Que el mandato de los senadores se redujese a seis años y que fuesen elegidos directamente por el pueblo, y que el Senado se renovase por mitades, y que las cámaras se autoconvocasen. Proponía la desaparición de la figura del vicepresidente y la fijación del número de ministros por decisión del Congreso. La incompatibilidad entre una tarea ministerial y un cargo legislativo.

    1920: Roberto Parry propuso que aquellos territorios nacionales con más de 16.500 habitantes tuviesen representación en el Senado y en la Cámara de Diputados (sin voto). No fue discutido.

    1922: concluye el mandato de Yrigoyen y asume Marcelo T. de Alvear.

    1923: Marcelo T. de Alvear sugiere al Senado algunas reformas. Proponía el mandato de los diputados de tres años y que se renovase totalmente y que coincidiese con la del presidente y el recambio de un tercio de los senadores. La reelección de los diputados sería por un solo período, al final del cual los interesados deberían dejar transcurrir otro antes de volver a postularse. Propuso la elección popular y directa del presidente, vice y senadores. Se recomendó una mayor flexibilidad respecto de la determinación del número de ministerios a determinación del Congreso. El Poder Ejecutivo podría prorrogar los presupuestos vencidos. Se propuso también modificar la disposición referida al reemplazo del presidente por el vice en caso de ausencia. Acrecentar al protagonismo del Estado en materia de servicios públicos.

    Semanas después, Matías Sánchez Sorondo propuso otra reforma queriendo limitar las excesivas atribuciones del Poder Ejecutivo Nacional. Consideraba que las intercesiones a las provincias sólo debían ser decididas en virtud de la ley. El cuerpo legislativo podría decidir su autoconvocatoria, eximiéndose al presidente de convocarlo en oportunidad de producirse una invasión extranjera. La intervención no podría asumir el gobierno de la provincia intervenida, sólo podría convocar a elecciones. Las cámaras podrían prorrogar sus sesiones. Propuso que todos los años, el Congreso eligiese al funcionario que ante la ausencia del presidente y el vice, asumiera la titularidad Poder Ejecutivo para llamar a elección dentro de los treinta días. Que la resolución de conflictos entre los poderes políticos quedara sometida a la Corte Suprema.

    1922: la bancada democrática progresista recomendaba que sólo la intervención de las provincias se hiciera mediante una resolución del Congreso. Se defendía la neutralidad del Estado en cuestiones religiosas y que se asegurase un régimen municipal. Afianzar la autonomía del Congreso. El voto de censura del Congreso (2/3 partes) a los ministros. La elección directa de los senadores y el número de tres por provincia. El mandato de los legisladores de tres años y el de los senadores de seis. Se recomendaba otorgar mayores atribuciones al Poder Judicial reconociéndose atribuciones para resolver los conflictos entre los poderes nacionales. No prosperó ninguna de las iniciativas planteadas.

    1923: Adrián Escobar: propiciaba introducir elementos parlamentarios, uniendo la función ministerial con el Congreso. No llegó a ser discutido.

    1925: los senadores socialistas Juan B. Justo y Mariano Bravo presentan un proyecto anticlerical y ateo. Se dirigía a eliminar toda expresión mística, a separar definitivamente a la Iglesia del Estado, a impedir que los religiosos pudiesen acceder al Congreso.

    1926: Leopoldo Bard propiciaba la separación del Estado y la Iglesia, la autoconvocatoria del Congreso y propuso tres nuevos ministerios: el de trabajo, comercio e industria, el de higiene asistencia pública y previsión social, y el de comunicaciones, transporte y vialidad. Este proyecto marca la irrupción del derecho social en el debate constitucional. Por su carácter ofensivo, perdió carácter parlamentario y ni siquiera fue discutido.

    1927: Diego Molinari propuso que los senadores debían ser elegidos por el pueblo con un período de cuatro años y la renovación cada dos años, junto a la Cámara de Diputados.

    Los socialistas propusieron sustituir el artículo 15 de la Constitución por un texto dedicada a consagrar los derechos del trabajador. Proponía que el trabajo no fuera considerado como una mercadería. Proponía la creación de una jurisdicción especial en materia laboral, que los trabajadores contaran con un salario digno y suficiente, que la jornada laboral fuera limitada y la concesión de adecuados períodos de descanso, y la indemnización por accidentes y a gozar de pensiones por invalidez. No fue considerado.

    Proyectos (1930 - 1931)

    06/09/1931: Uriburu y sus colaboradores derriban al segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen. Uriburu propone reformar la Constitución siguiendo los siguientes objetivos:

    • Armonizar el régimen impositivo entre la Nación y las provincias.

    • Garantizar la autonomía efectiva de los Estados Federales.

    • Reconocer la independencia del Poder Legislativo y del Poder Judicial.

    • Modificar la ley Sáenz Peña y perfeccionar el régimen electoral.

    En un principio se propició la conformación de un Congreso de naturaleza corporativa integrado por miembros de las fuerzas sociales 8obreros, ganaderos, profesionales, agricultores, industriales, lo que, según la perspectiva uriburiana, permitiría establecer una democracia funcional.

    El proyecto abordaba cuestiones impositivas, recomendando introducir una cláusula que prohibiese al Congreso el aumento de gastos y sueldos previstos en el presupuesto. Se recomendó atribuir funciones de casación a la Corte Suprema de Justicia para unificar la jurisprudencia.

    Proyectos (1932 - 1942)

    Se conocieron tres corrientes de opinión:

  • Una identificada con el pensamiento revolucionario del Movimiento de Septiembre.

  • Otra puede denominarse como corriente clásica y se identificaba con las propuestas hechas entre 1900 y 1916.

  • La última, expresaba el anhelo de que el Estado se encargase de la gestión de nuevos cometidos.

  • 1. La primera se vinculó con el partido demócrata nacional que aglutinaba a la mayor parte de las fuerzas conservadoras. Propician el sostenimiento y difusión del principio de nacionalidad. Defienden los principios que definían al régimen de la propiedad individual. Buscaban garantizar la existencia de municipios electivos y autónomos, la real autonomía política e impositiva de las provincias.

    El partido demócrata buscaba determinar las atribuciones específicas de los poderes del Estado.

    Recomendaba el mejoramiento de la administración de justicia. Proponía la creación de un tribunal de casación. Elección directa de los senadores. Prohibición del Congreso de aumentar el monto que propiciaban los proyectos de leyes presupuestarias.

    1932: Adrián Escobar: proyecto de contenido nacionalista, se orientaba a fortalecer el federalismo, incorporaba elementos del sistema parlamentario, destacaba la posibilidad de que un miembro del Congreso pudiera ser ministro. Que se negase al presidente la facultad de indultar antes del proceso. Que se detallasen las características de la sucesión presidencial en caso de vacancia. Se exigiría a los ciudadanos naturalizados un ejercicio de soberanía de diez años antes de que pudiesen ocupar una banca en el Senado.

    2. 1934: Nicolás Matienzo pretendía instaurar un tenue fortalecimiento del Poder Ejecutivo. Transformar tenuemente la base representativa del gobierno.

    1935: Marcial Zarazaga propuso modificar el artículo 87, aumentar el número de departamentos de Estados e incorporar un ministerio de Higiene, asistencia pública y previsión social.

    1936: Socialismo: se revivió la propuesta de la obra de Juan B. Justo y M. Bravo, de 1925, que consagraba la separación de la Iglesia y del Estado.

    1938: Reynoldo Pastor propuso eliminar del ejercicio de los derechos políticos activos y pasivos a los extranjeros.

    Justo Medina, inspirado en las Constituciones bonaerense, salteña y entrerriana, propuso que el procedimiento del juicio político sólo debería aplicarse al caso de los ministros de la Corte Suprema.

  • Bregó por establecer mayores garantías sociales y potenciar el papel del Estado.

  • Diseñado en 1931 y aprobado en 1937, el programa mínimo de la U.C.R., fue diseñado por Leonidas Anastasi. Éste propiciaba el dictado de unas cuantas leyes especiales y la implementación de una serie de modificaciones a la Constitución. Entre sus propósitos se encontraban:

    • Otorgar derechos políticos a las mujeres.

    • La sanción del proyecto de código civil redactado en 1936.

    • Sanción del régimen de propiedad horizontal.

    • Establecimiento del salario mínimo y familiar.

    • Protección jurídica a los sindicatos.

    • La nacionalización de los yacimientos de los minerales y petróleo.

    • La preservación de la autonomía política de las provincias.

    • Afianzamiento del régimen municipal.

    • Elección directa del presidente y de los senadores.

    • Reducción del mandato de los senadores a seis años.

    • Que el Congreso pudiera autoconvocarse.

    • La incorporación de dos nuevos ministerios, uno de trabajo, asistencia y previsión social y otro de salud pública.

    Proyectos (1943 - 1955)

    1946: Horacio Pérez de la Torre propuso modificar el artículo 87 con el objeto de lograr el establecimiento de un ministerio de salud pública.

    Un grupo de diputados justicialistas liderados por Hernán Jofré, quiso lograr la efectiva armonía entre los poderes del Estado. Propusieron la designación conjunta de presidente y de los senadores y diputados. Estos deberían ser elegidos directamente por el pueblo. El número de ministros debía fijarse de acuerdo a lo establecido por la ley.

    1947: Eduardo Colom propuso que se considerase el trabajo como una función social, y que los habitantes contaran con:

    • Derecho a la ocupación

    • Salario mínimo

    • Condiciones de labor dignas

    • Reposo

    • Asistencia social

    • Derecho a la educación

    • Derecho a la agremiación

    Se preconizaba la estabilidad del empleado público, la elección directa de los senadores, la reelección del presidente y del vice, y se recomendaba ampliar las atribuciones del Poder Ejecutivo, que pudiera orientar la economía, crear trabajo, asegurar los medios de producción, conservar el patrimonio nacional.

    1947: Celestino Valdez, propuso el establecimiento inmediato del juicio por jurados y la elección popular y directa de los senadores.

    1948: Eduardo Colom insiste con un proyecto muy parecido al anterior.

    John William Cooke y Ricardo C. Guardo presentaron un proyecto de reformas generales, recomendando la constitucionalización de los derechos del trabajador, consagración de la figura del Estado empresario, la inclusión del recurso de habeas corpus, la elección directa del presidente, con posibilidad de reelección, y la de los senadores, cuyo mandato se reducía a seis años, así como la transformación de la Corte Suprema en tribunal de Casación.

    José E. Visca proponía reformar aspectos vinculados con la forma de elección de los senadores y con el término de su mandato.

    Luis Atala propuso que el Congreso contase con atribuciones para dictar un código agrario.

    José Villafañe recomendaba la elección directa del presidente, del vice y de los senadores.

    En el curso de 1948, fueron todas las propuestas evaluadas por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Esta comisión emitió despacho favorable a la reforma. El proyecto contó con la media sanción de los diputados y pasó al Senado y fue sometida al estudio de la Comisión Especial de Negocios Constitucionales. Los senadores aprobaron el proyecto de declaración. Poco tiempo después el Consejo Superior del Partido Peronista, aprobó un anteproyecto de Constitución, en el que predominaba la idea de que en la Nación debían imperar:

    • La justicia social

    • La libertad económica

    • La soberanía política

    La Convención Constituyente tuvo su primera reunión preparatoria en Buenos Aires, el 24 de enero de 1949. En febrero de 1949 ingresaron dos proyectos. El primero, del sector oficialista, patrocinando la amplia reforma de la Constitución. Otro de la oposición radical, que impugnaba los títulos de todos los convencionales.

    El bloque radical se retiró de la Asamblea y la Convención aprobó la nueva Constitución.

    Constitución de 1949

    Declaró a la familia bajo el amparo de la Nación (tutelando la defensa del matrimonio, de los bienes familiares y protegiendo a la niñez y a la ancianidad).

    Declaró los derechos del trabajador:

    • Se estableció el derecho a trabajar, a la justa retribución, a la capacitación, a las condiciones de trabajo dignas, a la seguridad social y a la defensa de os intereses profesionales.

    • Se consagró la figura jurídica del abuso de derecho y se estableció la función social de la propiedad y la equitativa determinación de los impuestos.

    • Correspondía al Estado la función de dirigir las fuerzas económicas.

    • El capital privado debía ponerse al servicio de la Nación.

    • Se nacionalizó el Banco Central.

    • Se nacionalizó el comercio internacional.

    • Se nacionalizaron los servicios públicos, los recursos minerales y los energéticos.

    • Se subordinó la economía a los principios de la justicia social.

    • Correspondía al Estado velar por la integridad de la soberanía.

    • El plazo para considerar tácitamente promulgada una ley sancionada por el Congreso se extendió a treinta días.

    • El ejecutivo fue facultado para desechar parcialmente las leyes sancionadas por el Congreso.

    • El presidente podría desplazarse por todo el territorio sin necesidad de ser autorizado por el Poder Legislativo.

    • Podía convocar al Congreso o a una sola de las cámaras.

    • Podía declarar el Estado de prevención y alarma.

    • Podía ser reelegido.

    • Podía participar en las sesiones del Congreso.

    • Se instituyó el tribunal de Casación.

    • Se reservó exclusivamente el poder de coerción al gobierno central.

    • Se habilitó al Congreso para suprimir las aduanas existentes.

    • Se obligó a los tribunales de provincias a aplicar la jurisdicción de la Corte Suprema.

    1954: el diputado radical Manuel Belnicoff propuso posibilitar la elección popular directa del intendente de la Capital Federal. Fracasó, porque no tenían ni un representante en el Senado, así que de paso le tiró unos palos a Perón.

    También se propuso separar al Estado de la Iglesia. Así fue que se puso fin a la enseñanza religiosa en las escuelas, se aprobó una ley de divorcios y se terminó con los feriados por motivos religiosos.

    (1956 - 1965)

    En septiembre de 1955 se produce la revolución libertadora que provocó la renuncia del presidente y del vice, la disolución del Congreso, el reemplazo de los miembros de la Corte Suprema y la remoción de las autoridades provinciales.

    Eduardo Lonardi fue el primer presidente provisional. A mediados de noviembre de 1955, asume Pedro Aramburu.

    Este gobierno creó una junta consultiva nacional y una junta militar consultiva constituida sobre la base de un consejo militar revolucionario, también creó el consejo de gabinete, el consejo económico / social y el estado mayo de coordinación, modificando la estructura ministerial. Durante los primeros meses de gobierno, el aparato constitucional diseñado por el justicialismo permaneció intacto.

    Cuando Aramburu asume el gobierno, comienzan a surgir argumentos que culminan con la derogación de la Constitución de 1949.

    El jurista Germán Bidart Campos sostuvo que las cláusulas de la Constitución tenían un tinte totalitario, que sus cláusulas eran contrarias al Derecho Natural.

    Jorge Walter Perkins sostenía que la revolución libertadora, como todo movimiento revolucionario tenía el objetivo de romper con el pasado institucional

    Bonifacio del Carril sostuvo que de la Constitución de 1949 fluían características totalitarias, las cuales la revolución había querido derribar por lo cual resultaba lógico tener que derogar la Constitución. Afirmó que “la llamada Constitución de 1949 no existe ni ha existido jamás”...

    El 27 de abril de 1956, el gobierno provisional emitió una proclama derogando la Constitución de 1949 y las Constituciones provinciales dictadas en su consecuencia.

    El gobierno declaró que ajustaría su accionar a la Constitución de 1853/60 siempre que no se opusiese a los fines de la revolución enunciados.

    En marzo de 1956, por decreto 4.258 se dispuso que todas las personas que se habían desempeñado en tareas a favor del Justicialismo quedaban inhabilitadas para el desempeño de cargos públicos y para dirigir partidos políticos.

    La junta consultiva nacional propuso que se reformase la Constitución para que se efectuase la elección popular y directa del presidente y la limitación del mandato de los senadores a un período de seis años.

    Aramburu convocó en octubre del 56 a una futura Convención Constituyente. Consideró oportuno:

    • Modificar el sistema electoral.

    • Afianzamiento de los derechos individuales y sociales.

    • Fortalecimiento del federalismo y de las autonomías municipales.

    • Que se compusiera el equilibrio entre los poderes.

    • Que se robusteciera la justicia.

    • Que el Estado pudiese disponer y explotar los recursos naturales de energía.

    En diciembre de 1956 por medio del decreto 22.337 se determinó la creación de la Comisión de Estudios Constitucionales.

    En abril de 1957 se llamó a elecciones para reunir la futura Convención Constituyente. En agosto, la Convención se instaló en Santa Fe.

    Se manifestaron tres distintas tendencias:

    La primera fue la de los que contaban con programas concretos para modificar la Constitución, como la U.C.R. del Pueblo, los partidos Socialista, Demócrata Progresista, Demócrata Cristiano, Bloquista, Comunista, Demócrata y Cívico Independiente.

    La segunda, integrada por los que no sólo se oponían a la reforma, sino que bregaban por la reinstalación de la Constitución del ´49, como el Partido de los Trabajadores, la Unión Federal y el Laborismo.

    Finalmente, la tercera corriente estuvo constituida por los que, prima facie, manifestaron su colaboración con la Convención, pero consideraban inoportuna la reforma. Entre estos estaban la U.C.R. Intransigente, el sector radical sabattinista, y los once convencionales conservadores, que optaron por abandonar la Convención cuando vislumbraron la posibilidad de que se decidiese estatizar la economía.

    Los convencionales fueron abandonando el recinto, por considerar ilegítima la realización de esta reforma.

    Los partidos políticos actuantes en la convención presentaron numerosos proyectos de reformas,

    La U.C.R. del Pueblo proponía reformas tendientes a la igualdad social y a un mayor protagonismo por parte del Estado.

    Jorge Albarracín Godoy, radical, propuso la elección popular y directa del presidente de la Nación.

    Raúl Riva, radical, propuso:

    • Reconocer el papel económico del Estado.

    • Fortalecer el federalismo, mediante el establecimiento de un régimen de coparticipación impositiva transparente.

    • Formulación de un sistema de garantías en materia de intervención federal.

    • Potenciar los derechos de la ciudadanía.

    • Asegurar la autonomía municipal.

    • Establecer derechos sociales, libertad de expresión, educación, salud, trabajo, seguridad social.

    • Hacer coincidir la renovación legislativa con el cambio de presidente y el de los senadores.

    • Que los senadores fuesen elegidos directamente por el pueblo.

    • Establecer una Corte Suprema de dieciocho miembros con atribuciones del Tribunal de Casación.

    El socialismo propuso un modelo de República democrática, social, federal y laica, propiciando:

    • La declaración de los derechos del hombre.

    • Establecía la prohibición de la pena de muerte.

    • Establecimiento del seguro social.

    • Libertad sindical.

    • Impulsaba la constitucionalidad del divorcio.

    • Defendía el criterio equitativo para establecer las cargas impositivas.

    • La nacionalización de los servicios públicos.

    • Propiciaba el reconocimiento constitucional de los partidos políticos.

    • Responsabilidad de los ministros ante el Congreso.

    • Elección de tres senadores por provincia.

    • Reglamentación de la intervención a las provincias.

    • Adjudicación de la casación a la Corte Suprema.

    Bloque Comunista:

    • Separación de la iglesia y el Estado.

    • Reconocer la identidad de las comunidades indígenas.

    • Poner en funcionamiento un régimen con jueces electivos.

    • Disponer la realización de una reforma agraria.

    • Otorgar preeminencia al Poder Legislativo.

    • El Poder Legislativo eligiría al presidente.

    Demócratas Cristianos:

    • Establecer la proporcionalidad de los impuestos.

    • Suprimir el juicio por jurados.

    • Consagrar los derechos de la familia y el trabajador.

    • Igualdad política de la mujer.

    • Incorporar el recurso de amparo.

    • Estimular la creación de cooperativas.

    • Instituir tres senadores por provincia.

    • Elección directa del presidente.

    Democracia Liberal puntana:

    • Limitar la decisión de la intervención federal al Congreso.

    • Diseñar un régimen de coparticipación federal.

    • Obligar a las provincias a contar con un régimen municipal autónomo.

    • Reconocer los derechos de huelga y reunión.

    • Tres senadores por provincia.

    • Autoconvocatoria del Congreso.

    Demócratas Progresistas:

    • Constitucionalizar la función social de la propiedad.

    Conservadores:

    • Crea una Corte de Casación.

    La comisión redactora de la Convención aconsejo aprobar una reforma que incluyese:

    • Al Estado como único productor y prestador de los servicios públicos.

    • Nacionalización de las fuentes de energía.

    • Régimen de coparticipación de impuestos.

    • Limitación de la intervención federal a determinación del Congreso.

    • Que la capital Federal contara con n régimen municipal autónomo.

    • Derecho al proceso y al amparo, al asilo, y a la organización en partidos políticos.

    • Que se estableciera el derecho de los gremios, de los trabajadores, a la seguridad social.

    • Constitucionalidad del sufragio obligatorio, universal y secreto.

    • Obligación del Estado a proveer educación gratuita.

    • Elección popular de tres senadores por provincia.

    • Autoconvocatoria del Congreso.

    • Elección popular y directa del presidente y vice.

    • Exclusión de la reelección.

    • Adjudicación a la Corte Suprema de la efectiva dirección del Poder Judicial.

    Una vez confirmada la vigencia de la Constitución de 1853, la convención sólo hizo muy pocos agregados al texto. Tras la recepción de los múltiples proyectos, el 13 de octubre, se acordó discutir la incorporación de nuevas cuestiones como:

    • Derechos sociales y derechos individuales.

    • Federalismo político, financiero y económico, petróleo y régimen municipal.

    • Organización de los poderes.

    • Régimen electoral y cultural.

    El 21 de octubre se discutió un despacho de la comisión redactora, en el que se condensaba el reclamo de todos los derechos del trabajador, complementando los ya existentes.

    Se recomendó la constitucionalización de los derechos del trabajo, de los derechos gremiales, de los derechos de familia y seguridad social. Todas estas propuestas se transformaron en el actual artículo 14 bis. Además se facultó al Congreso de dictar un Código del trabajo y la seguridad social.

    Esta fue la última tarea de la Constituyente, dado que después quedó sin quórum, para tomar decisiones.

    Hubo después dos proyectos legislativos que se sometieron a la consideración del Congreso.

    1959: Agustín Rodríguez Araya, radical, propuso:

    • Concepción social igualitaria y un mayor intervencionismo del Estado.

    • Derecho al pleno empleo.

    • Equilibrio entre los poderes.

    • Separación de la Iglesia y el Estado.

    • Constitucionalizar el divorcio.

    • Limitar las atribuciones del ejecutivo.

    • Autoconvocatoria del Congreso.

    • Dirección del Poder Judicial a la Corte Suprema.

    • Acrecentar la autonomía de la Capital Federal.

    • Robustecer el régimen municipal en el país.

    1956: Enrique de Vedia, demócrata cristiano, propuso:

    • Elección popular y directa del presidente y del vice.

    • Reconocerle mayores derechos a los partidos políticos.

    La Revolución Argentina (1966 - 1972)

    El 28 de junio de 1966 el gobierno de Illia terminó, acusado de levar al país al desaliento y escepticismo. Los comandantes en jefe de las tres fuerzas armadas unidos en una junta, iniciaron un movimiento revolucionario. Destituyeron al presidente, al vicepresidente, a los gobernadores provinciales, clausuraron el Congreso, la legislatura, separaron del cargo a los miembros de la Corte Suprema y disolvieron los partidos políticos. Nombraron presidente al teniente general Juan Carlos Onganía, quien dictó la normativa de la Revolución Argentina.

    Después de esto, la junta se disolvió. El pueblo consintió pacíficamente el movimiento militar. El gobierno se atribuyó el poder constituyente. La Constitución de 1853/60 reformada en 1957 sólo permaneció en lo que no se oponía al nuevo régimen jurídico. La creación y preservación del orden jurídico se confiaron al presidente de la Nación y a la nueva Corte Suprema de Justicia. El primer mandatario fue elegido por la Junta Revolucionaria, y después ésta se disolvió por los comandantes en jefe de las tres fuerzas. Durante los primeros cuatro años de la Revolución, el gobierno fue una dictadura republicana dominada por le presidente, como consecuencia, el presidente fue responsable del Poder Ejecutivo y del Legislativo, el secretario general de la presidencia tuvo importantísimas funciones, los ministros se redujeron a cinco (Interior, Relaciones Exteriores y Culto, Economía y Trabajo, Defensa y Bienestar Social). Fueron habilitados para funciones legislativas y fueron el único poder alternativo frente al presidente. Todo lo relativo a las provincias y designación de gobernadores quedó bajo la decisión del presidente. Las leyes provinciales debían ser autorizadas por el presidente. En 1966 se firma el Concordato con la Santa Sede, perdiendo vigencia las cláusulas relativas al patronato. Se reconoció el poder espiritual de la Iglesia, la libertad de culto, y el derecho de la Santa Sede para abrir nuevas diócesis y nombrar obispos.

    Por causas diversas, como el inicio en 1969 de una etapa de agudos reclamos sociales y el secuestro y asesinato del Gral. Aramburu en mayo de 1970, fue desplazado Onganía. Las fuerzas armadas tienen un nuevo protagonismo.

    En junio de 1970 asume como presidente el Gral. Roberto Levingston. Se reforma el estatuto de la Revolución Argentina, dando participación a la Junta de Comandantes en el Gobierno Nacional con funciones legislativas. Los ministros junto a los comandantes debían refrendar las leyes y decretos. Así se institucionalizó la participación de la Junta. Estas transformaciones no fueron suficientes y en marzo de 1971, todo el poder político pasó a la Junta de Comandantes, y la presidencia fue ocupada por el Gral. Lanusse. Se modificó el estatuto de la Revolución Argentina. La junta ejercía el gobierno, el presidente sería un representante de la Junta. El gobierno iría rotando entre los comandantes.

    En 1971 se comenzó a reflexionar sobre las formas de llevar al país a la plena Constitución. Se nombró un cuerpo de asesoramiento de juristas, y el 21 de abril se formó la Comisión Asesora para el estudio de la Reforma Constitucional (resolución 412 dictada por el ministro del Interior, Arturo Mor Roig). Esta comisión se dividió en dos subcomisiones; una dedicada a analizara la legislación electoral y los partidos políticos, y otra dedicada a la reforma de la Constitución, presidida por Oyhanarte. Dictaminaron que la reforma era viable y necesaria, sólo se opuso un integrante, Bidart Campos. Se consideró que la reforma sólo debía transformar lo relativo a la estructura y funcionamiento del Estado, dejando inalterable la parte dogmática de la ley fundamental.

    Pese a ello, la Comisión Asesora también habló:

    • De consagrar expresamente los derechos políticos y electorales de los argentinos.

    • Derecho a elegir y ser elegido.

    • Sufragio universal obligatorio, igual y secreto.

    • Reconocimiento a la necesidad del pluripartidismo.

    Se propicio permitir la aprobación de pequeñas reformas a la Constitución, permitiendo así la adaptación paulatina de la ley fundamental. Se consideró necesario unificar la duración del presidente, vice, diputados y senadores, estableciendo el mandato en cuatro años. Se propuso eliminar la renovación parcial del Congreso, impedir la reelección presidencial tres senadores por provincia. Elección directa popular del presidente, autoconvocatoria del Congreso.

    Finalmente los integrantes de la Comisión Asesora, mencionaron la posibilidad de reunir una Convención Reformadora.

    Además de Bidart Campos, hubo otros disidentes, como Alberto Spota, quien manifestó que si bien la transformación constitucional podía favorecer la eficiencia del régimen democrático representativo argentino, ésta no era indispensable y por lo tanto podía efectuarse en otra oportunidad. Pese a ello, Spota, no dejó de asentar su opinión sobre la futura reforma. De este modo recomendó constitucionalizar la función social de la propiedad, consagrar constitucionalmente el sufragio universal, obligatorio y secreto, garantizar el pluripartidismo, reducir a cuatro años el mandato de los senadores, prohibir la reelección del presidente y del vice, facultar a la corte suprema para derogar las normas cuestionadas.

    Las propuestas de la Comisión Asesora fueron duramente criticadas por varios publicistas y estudiosos, como Sánchez Viamonte, Soler, Boffi Boggero, Fassi y Linares Quintana, quienes consideraron que antes de emprender una reforma constitucional, la Ley Fundamental debía ser restaurada en la plenitud de su vigencia, de modo fiel e inmediatamente.

    Otros juristas, en cambio, defendieron la hipotética reforma. Salvador Dana Montaño, no ocultó su apoyo a una eventual revisión constitucional en la medida en que ésta se limitase a modificar el régimen de gobierno, y no alterase la parte dogmática de la Ley Fundamental.

    Así, el 26 de octubre de 1971, la Comisión Coordinadora del Plan Político, elevó a la consideración del presidente Lanusse sus recomendaciones respecto de la reforma de la Constitución.

    Se sugirieron varias reformas. Unificar mandatos del Poder Ejecutivo y del Legislativo. Sobre la reelección hubo dos proyectos: un período de seis años sin reelección, o un período de cuatro años con una sola reelección.

    Para la elección del presidente, se propuso la elección directa de una fórmula indivisible, o la asignación de la fórmula por parte del Congreso.

    No se coincidió en el término de mandato de los senadores, pero sí en que serían tres por provincia. Se recomendó el otorgamiento al Ejecutivo de las atribuciones para enviar al Congreso proyectos de ley con pedido de urgente tratamiento. Eliminación del juicio político para jueces inferiores.

    Para el caso de que se llevase a cabo la reforma, recomendó incluir una cláusula que estableciera la aprobación automática y definitiva al texto Constitucional.

    Finalmente, el 24 de agosto de 1972, la junta en ejercicio del poder revolucionario, estatuyó una serie de enmiendas a la Constitución Nacional. A tono con las moderadas recomendaciones de los asesores jurídicos, dichas enmiendas sólo tocaron discretamente la parte orgánica de la Constitución.

    Las enmiendas dispusieron que los diputados y los senadores, cuyo mandato se fijó en períodos de cuatro años, fuesen elegidos por el pueblo, tres senadores por provincia, autoconvocatoria del Poder Legislativo, que el presidente y el vice fueran elegidos directamente por el pueblo, durando cuatro años y siendo reelegibles una vez. Los miembros del Poder Legislativo y Ejecutivo provinciales duraran en el cargo lo mismo que sus correlativos nacionales y su elección simultánea con la de éstos.

    Para Ricardo Haro, constituyeron un valioso aporte en la búsqueda de una reinserción del Congreso Argentino en la dinámica del poder republicano. Para Alfredo M. Vítolo, la reforma de 1972 fue simplemente una tarea de laboratorio, realizada por expertos juristas, pero alejada de toda legitimación popular. Lo que no puede discutirse es que algunas de las cláusulas defendidas en 1972, como la existencia de tres senadores por provincia, finalmente terminaron por imponerse. Las enmiendas fueron parcialmente olvidadas, poco tiempo después de su aprobación, con la asunción de las autoridades constitucionales. El 25 de mayo de 1973 comenzaron a surgir las primeras dudas en torno a la vigencia de las enmiendas.

    En rigor de verdad, las normas contenidas en la enmienda constitucional de 1972 sólo tuvieron aplicación parcial. Su puesta en práctica se limitó real y efectivamente a la designación y organización de los poderes de la Nación y de las provincias, a la elección de tres senadores por provincia y a establecer la duración del mandato de los integrantes del ejecutivo y del legislativo.

    (1973 - 1975)

    Tras el abandono de poder por parte de las fuerzas armadas, en mayo de 1973 se inició una nueva experiencia constitucional, signada por la vigencia de la Constitución de 1853. Durante el período anterior surgió el auge del extremismo y de la intransigencia de peligrosas facciones políticas armadas, tanto de derecha como de izquierda. Estas minorías incidieron negativamente en el proceso de institucionalización, al hacer de la violencia armada su estilo de vida.

    La sociedad reclamaba justicia social. Las esperanzas de la mayoría se depositaron en la figura de Perón, quien logró asumir la presidencia en octubre de 1973, no queriendo reimplantar la Constitución del ´49.

    Los principales actores políticos sostuvieron la necesidad de modificar la Constitución.

    Un sector de la doctrina consideraba preciso convocar la reunión de una convención que esclareciese las dudas suscitadas en torno a la vigencia del estatuto de 1972.

    A fines de 1973, se comenzó a elaborar un borrador de posibles reformas constitucionales, desde la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. La idea dominante giraba en torno al restablecimiento de los derechos sociales, la reestructuración de todos los poderes del Estado, el traslado de la Capital Federal al interior del país, la formulación de objetivos para los poderes, etc.

    La reforma significativa se vinculaba a la posible introducción de un sistema parlamentario.

    En abril de 1974 se dispuso la creación de la comisión de consulta y estudios para la reforma de la Constitución. Este organismo realizaría consultas a los partidos políticos, a organizaciones representativas de la comunidad, a instituciones especializadas en la cuestión de la reforma y a los profesores universitarios de derecho administrativo y derecho constitucional. Se ordenaba recabar la opinión de las provincias para actualizar el régimen federal.

    En esta época, Arturo Sampay propuso:

    • Reforzar el poder del Estado.

    • Que los factores económicos quedasen sometidos al gobierno.

    • Que se produjera la reforma agraria.

    • Que el Estado debería apoyar a las pequeñas y medianas empresas nacionales.

    • Que se hagan del Estado las instituciones bancarias.

    • Que el Estado controlase la industrialización.

    • Y medidas tendientes a distribuir con equidad educación, medicina, vivienda.

    Ítalo Argentino Luder recomendó:

    • Que se considerara a la propiedad como una función social.

    • Organización de la economía nacional.

    • Protección estatal de los recursos naturales.

    • Reconocimiento de los principios de la justicia social.

    • Reconocimiento de los derechos del trabajador.

    • Establecimiento de la seguridad social.

    Jorge Bengolea Zapata propuso que se imponga a la jurisdicción del Congreso la materia sobre ríos interprovinciales no navegables.

    Otras propuesta, de otros quías, fueron que se caracterizasen ciertos principios jurídicos esenciales del comunitarismo, como los de reciprocidad y de congruencia o la delegación de soberanía en organismos comunitarios.

    Por su parte, el Partido Socialista Popular propuso posibilitar un gobierno popular representativo del pueblo, integrado por los trabajadores, estudiantes, profesionales, etc., con la meta de la concreción de un programa de Liberación Nacional.

    Los socialistas:

    • Defendían la libertad de consciencia, y recomendaban la separación de la Iglesia y el Estado.

    • Defendían el derecho a la libertad de prensa.

    • El acceso a la libertad de información.

    • Se adjudica un papel destacado de un primer ministro y de un gabinete.

    • Creación de un consejo consultivo económico y social

    • Transformamiento de la Corte Suprema en Tribunal de Casación.

    • Que se introdujera la posibilidad de revocar popularmente el mandato de los funcionarios incompetentes.

    El impulso de reforma en materia constitucional pareció extinguirse con la muerte de Perón, ocurrida el primero de julio de 1974 y el acceso a la presidencia de su viuda, María Estela Martínez de Perón.

    El 13 de febrero de 1976 se dictó el decreto 620, que declaró programáticamente prioritaria la reunión de una Convención Constituyente.

    (1976 - 1983)

    En marzo de 1976 las fuerzas armadas asumieron directamente el control de la República, que hasta ese entonces había desempeñado María Estala Martínez de Perón.

    Se conformó una junta militar con los comandantes generales de las fuerzas armadas que asumieron el poder político y declararon caducos los mandatos del presidente, interventores federales, intendente de la capital, se disolvió el Congreso, y los legislativos provinciales y se removieron los miembros de la Corte Suprema y de tribunales superiores provinciales.

    La junta prohibió todo tipo de actividad política, suspendió las labores gremiales, se arrogó facultades para designar al presidente de la Nación, nombró interventores militares en las provincias, etc.

    Dictaron un acta en la que se establecieron los propósitos y objetivos del proceso de reorganización nacional.

    El orden jurídico se estructuró en torno a los objetivos básicos y al estatuto del proceso de reorganización nacional. El orden jurídico se estructuró en torno a los objetivos básicos y al estatuto del proceso de reorganización nacional. La Constitución Nacional también siguió aplicándose en medida en que no se opusiera a sus objetivos. Se suspendió el artículo 23.

    La junta militar quedó instituida como el órgano supremo de la Nación, contando con atribuciones electorales. En ella residía el comandante en jefe de las fuerzas armadas, podía declarar a la república en estado de sitio y estaba encargada de nombrar a los integrantes de la Corte Suprema. Esta junta estaba integrada por los comandantes generales de las fuerzas armadas que duraban un máximo de tres años. En caso de ausencia o imposibilidad, debía ser reemplazados por el oficial superior que los sucediese en la cadena de mando.

    Las sesiones del cuerpo tenían lugar a solicitud de cualquiera de los vocales y para que se considerasen abiertas las sesiones debían estar presentes todos sus miembros. Las decisiones se adoptaban por simple mayoría de votos.

    La presidencia que sólo podía ser desempeñada por un oficial superior de las fuerzas armadas, tenía bajo su cargo la administración general del país, pero no la jefatura suprema de la Nación. El presidente podía alterar la estructura ministerial, fijar el número de ministros y secretarios de Estado, y designar a los gobernadores. En caso de ausencia, el presidente podía ser reemplazado circunstancialmente por el ministro del interior.

    En materia de producción normativa, funcionaba la Comisión de Asesoramiento Legislativo, organismo que intervenía en la formación y sanción de leyes, ejercía el asesoramiento legislativo en representación de las fuerzas armadas. Estaba integrada por nueve miembros, oficiales superiores, formando grupos de tres por cada una de las fuerzas armadas. Para que la comisión pudiese sesionar debían estar presentes los delegados de las tres fuerzas. Las decisiones eran adoptadas por mayoría absoluta de votos. La Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL) podía requerir la presencia de los ministros y de los secretarios de Estado. El procedimiento era el siguiente: en una primera instancia la ley debía ingresar a la secretaría general de la CAL, luego se les enviaba una copia de los mismos a cada una de las fuerzas. Luego la CAL decidía en sesión plenaria. Si la decisión era negativa, podía ser sancionado y promulgado directamente por el ejecutivo. Si el proyecto merecía ser calificado como trascendental, se lo giraba a la subcomisión de trabajo correspondiente.

    Si el Poder Ejecutivo compartía el dictamen, sancionaba el proyecto y lo promulgaba como ley.

    En lo que se refiere a la vigencia de la ley fundamental de 1853/60, la Carta Magna igualó en jerarquía a los objetivos básicos y al estatuto.

    En agosto de 1977 el ministerio de planeamiento presentó un documento de trabajo titulado “Proyecto Nacional” en el que se habla de fundar una nueva República. La propuesta expresaba coincidencias ideológicas con la parte dogmática de la Constitución y a la vez expresaba el deseo de efectuar profundos cambios en los aspectos instrumentales de la Constitución.

    José Caballero propuso modificar el artículo 67, incisos 23 y 26 de la Constitución, a fin de garantizar constitucionalmente la autopreservación del Estado confiriéndole poderes de quema al Congreso para que los aplique en caso de ataque exterior o insurrección y para los supuestos de violentas agresiones del terrorismo.

    Restauración Institucional y Espíritu Reformista (1984 - 1994)

    La derrota de Malvinas aceleró la puesta en vigencia de la Constitución de 1853/60, idea compartida por los principales partidos políticos agrupados en Multipartidaria. Durante la campaña electoral, los seis partidos más importantes querían la reforma. Después que asume Alfonsín (10-XII-1983), se presentaron más de veinte proyectos, algunos para imposibilitar políticamente a las fuerzas armadas y otros para una reforma a fondo como el presentado por Félix Loñ, que proponía integrar el país a organismos supranacionales, elección directa del presidente, participación de la ciudadanía, libertad de expresión, defensa del consumidor, cuidado del medio ambiente, nuevo régimen de designación de jueces. En 1984, los senadores radicales Grass y Vázquez presentaron un proyecto de comunicación y la reducción del mandato presidencial a cuatro años con reelección. En 1985 el diputado Sarquis presentó un proyecto para limitar las fuerzas armadas para repeler agresiones externas, en lo interno admitía la intervención si lo autoriza el Congreso y si las fuerzas de seguridad fueran superadas. senadores justicialistas propusieron declarar nula la proclama revolucionaria de 1956.

    El mayor impulsor de la reforma fue Alfonsín.

    En 1985 se creó el Consejo para la Consolidación de la Democracia, que debió proponer medidas para establecer una democracia tolerante y equitativa. Hizo dos dictámenes, uno diciendo que la reforma era necesaria y debió surgir del consenso, debían superarse al fraccionalismo de la sociedad y modificar el poder, afianzando el federalismo y descentralizando el poder. También reglamentar las intervenciones federales, resistir a los gobiernos de facto, limitar el estado de sitio, permitir la participación popular y garantizar los partidos políticos.

    Proponía un gobierno mixto, un presidente elegido directamente por la mayoría y un primer ministro designado por el presidente, que debía responder ante el Congreso y encargarse de la administración.

    Para el Poder Legislativo, propuso la autoconvocatoria del Congreso y ampliar las sesiones. Para el Judicial, rechazaba la creación del Consejo de la Magistratura y la división de la Corte y el Tribunal de Casación. Propuso un jurado de enjuiciamiento para magistrados inferiores.

    Con respecto a lo electoral, se propuso constitucionalizar el voto secreto y un sistema mixto. Elección directa del intendente de la Capital Federal.

    El Senado debía tener funciones específicas y durar de cuatro a seis años en el cargo. La intervención federal le correspondía al Congreso. Proponía que el Congreso reformara parcialmente la Constitución por medio de referéndum populares. En el segundo dictamen insistió en el sistema presidencialista mixto, en un bicamerato diferenciado y en un Congreso ágil, que pueda delegar tareas en el Ejecutivo. Reservó a la Corte Suprema como último intérprete de la Constitución y de controlar la aplicación de derechos y garantías. La Corte sólo debía intervenir en casos de importancia pública, se debían aceptar sus sentencias y a pedido de la parte interesada podía conocer una causa que estuviera en una instancia inferior. Propuso crear un Consejo Constitucional para resolver conflictos entre los poderes públicos y en lo electoral. Si bien este Consejo fracasó, sus ideas se plasmaron en la Constitución de 1994.

    Repetto y Quintana se opusieron a la reforma, los justicialistas y radicales la avalaron, pero por la crisis de los últimos tiempos del gobierno de Alfonsín se dejó de lado. Después, con Menem en el poder se creó la Comisión de Reformas Institucionales. En 1989, el ex - presidente Alfonsín propuso reformarla, proponiendo que la Asamblea Legislativa actúe como Constituyente, con el voto de las dos terceras partes y con un plebiscito popular. En 1990 el proyecto naufragó, quizás por el fracaso de la reforma de la Constitución Bonaerense.

    En 1992 el gobierno reflotó el tema y el radicalismo se negó. El justicialismo emitió un documento recomendando la reforma por garantizar el gobierno republicano, mejorar la función legislativa, judicial, el control del poder, el federalismo y la integración latinoamericana, el equilibrio de los poderes y la reelección presidencial. En 1993 el gobierno le encargó al Senado la reforma, y el 21 de octubre, le da media sanción. Se habilitó a la Constituyente para discutir los temas.

    Con media sanción del Senado y escasas posibilidades de obtener los dos tercios de votos necesarios en la Cámara Baja, el ejecutivo dispone por decreto una consulta popular. Con la finalidad de analizar temas relativos a la reforma constitucional, el 14 de noviembre de 1993 se reúnen Menem y Alfonsín, consagrando el “Pacto de Olivos”. Se discutió básicamente sobre: la consolidación definitiva del sistema democrático y equilibrio entre los poderes del Estado. Se incorporó un ministro coordinador responsable ante el Congreso y el presidente, elección directa del presidente y vice con doble vuelta o ballotage, reducción a cuatro años del período presidencial y reelección por un solo período, eliminación de la confesionalidad para ser presidente, tres senadores por provincia (dos por la mayoría y un por la minoría), elección directa de intendente de Capital Federal, ampliación de sesiones del Congreso, reglamentar decretos de necesidad y urgencia, reglamentar las intervenciones federales, siendo sólo competencia del Congreso. Independencia de la justicia y fortalecimiento de los órganos de control, jueces idóneos, métodos para remover magistrados, autonomía dl Poder Legislativo y estabilidad de sus integrantes. Régimen federal, reglamentarlo para estimular el progreso de las provincias y regiones. Procesos de integración con Latinoamérica y el continente. También se acordó que las disposiciones a reformar se clasificarían, después de aprobadas por los órganos partidarios, en dos grupos: el de coincidencias definitivas que no se discutirían en la Convención y serían a aprobadas o no en bloque, y otro de proposiciones discutibles. Por esto la consulta popular queda sin efecto. El 13 de diciembre los dos partidos perfeccionan el Pacto de Olivos con la firma del “Pacto de la Casa Rosada”, donde se establece un núcleo de coincidencias básicas, los temas a tratar por la Constituyente y la no alteración de la parte dogmática de la Constitución.

    El acuerdo de Casa Rosada pasó a la Cámara Baja, donde se aprobó y pasó a consideración del Senado, donde se aprobó. Eliminando la reducción del mandato de los senadores y disponiendo que la determinación del número de ministros se hará por ley. Los temas del Núcleo de Coincidencias serán votados por sí o no, sin modificación. Los constituyentes fueron elegidos el 10 de abril de 1994, fueron 303: 136 justicialistas, 75 radicales, 32 del Frente Grande y 20 del MODIN. Comenzó a sesionar el 25 de mayo en Santa Fe y concluyó el 22 de agosto.

    Ley 24.309, sancionada el 29-XII-1993

    En el artículo primero declara la necesidad de reformar parcialmente la Constitución Nacional de 1853 y las reformas de 1860, 1866, 1898 y 1957, y en el artículo dos señala qué artículos se podrán modificar, que incisos se incorporarán y que cláusulas se sancionarán.

    Núcleo de coincidencias básicas

    Atenuación del sistema presidencialista se promueve la creación de un Jefe de Gabinete de Ministros, nombrado y removido por le Presidente de la Nación, tendrá responsabilidad política ante el Congreso el que podrá removerlo por un voto de censura.

    Atribuciones:

    • Tener a su cargo la administración general del país.

    • Nombrar a los empleados de la administración (no así los empleados del presidente).

    • Ejercer las funciones que le delegue el presidente, resolver con el gabinete las causas que le indiquen el presidente o por su propia decisión si es necesario.

    • Preparar, coordinar y convocar a reunión de gabinete, presidiéndolas si no está el presidente.

    • Enviar al Congreso Nacional en acuerdo con el gabinete el proyecto de ley de ministerios y el presupuesto nacional aprobado por el ejecutivo.

    • Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar la ley de presupuesto nacional.

    • Expedir los reglamentos necesarios para llevar a cabo estas facultades o las que pida el presidente.

    • Concurrir todos los meses al Congreso, alternando las Cámaras para informar como marcha el gobierno.

    • Concurrir a las sesiones del Congreso, participar de los debates sin voto.

    • Presentar junto con los demás ministros ante el Congreso una memoria detallada del Estado de la Nación en los negocios de los distintos departamentos.

    • Informar o explicar lo que las cámaras soliciten al presidente.

    • Cumplir con las disposiciones relativas a los decretos de necesidad y urgencia.

    El jefe de gobierno puede ser interpelado por el tratamiento de una moción de censura, por le voto de la mayoría absoluta de los integrantes de los dos cámaras y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de cada una de las cámaras.

    La ley fija el número de ministros y su competencia.

    El Poder Ejecutivo es el jefe supremo de la Nación, jefe de gobierno y responsable político de la administración del país. Nombra y remueve al jefe de gabinete y ministros, supervisa la recaudación de rentas de la Nación, las inversiones o presupuestos de gastos nacionales. Puede pedir al jefe de gabinete, ministros y demás empleados los informes que sean necesarios y están obligados a presentarlos.

    Reducción del mandato del presidente a cuatro años con reelección inmediata por un solo período, considerando el actual mandato como primer período.

    Se eliminará el requisito confesional para ser presidente de la Nación. Basado en el principio de la libertad de culto se reforma el artículo 76, y el artículo 80 en cuanto al juramento.

    La elección directa de tres senadores por cada provincia y por la ciudad de buenos y la reducción de los mandatos de los que resulten electos. Seis años.

    Elección directa por doble vuelta del presidente y del vice. Serán elegidos directamente por le pueblo. El territorio nacional será un distrito único. Se eligirán dos meses antes de asumir el gobierno. No se irá a segundo vuelta si la fórmula ganadora en primera vuelta hubiera obtenido más del 45% de los votos o si tienen el 40% de los votos con una diferencia mayor a diez puntos sobre la segunda fórmula.

    La elección del intendente y la reforma de la ciudad de Buenos Aires. El jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo, y la ciudad de Buenos Aires tendrá un status constitucional especial, ya que será autónoma con facultades de legislación y jurisdicción. Se garantizan los intereses del Estado Nacional, mientras sea Capital de la Nación. Hasta que se constituya lo anterior, el Congreso ejercerá estas funciones.

    Se regula la facultad del presidente para dictar reglamentos de necesidad y urgencia, también se regula el procedimiento para agilizar los trámites para discutir y sancionar leyes.

    El Poder Ejecutivo no puede emitir disposiciones legislativas en lo penal, tributario, electoral o el régimen de los partidos políticos. Si lo hace se decretarán nulas, salvo en casos excepcionales de necesidad y urgencia, que será decidido en acuerdo con los ministros, el jefe de gabinete y los restantes ministros. De ocurrir esto, el jefe de gabinete deberá someter la medida a consideración de una comisión bicameral permanente que respete las proporciones de las minorías, en un plazo de diez días. El ejecutivo sólo podrá legislar en administración o en caso de emergencia pública estableciendo plazos. Si así no se hiciere, caducan a los cinco años salvo que el Congreso lo haya ratificado en una nueva ley.

    Ningún proyecto de ley desechado por una de las cámaras podrá repetirse en las sesiones de ese año. Si un proyecto de la cámara de origen sufre correcciones por la cámara revisora debe indicarse si fue por votación de la mayoría simple o por las dos terceras partes de sus miembros. Vuelve a la cámara de origen la que por simple mayoría puede aprobarlo o insistir en el proyecto original siempre que no haya sido aprobado por las dos terceras partes de la cámara revisora. La cámara de origen no puede introducir correcciones.

    Los proyectos desechados parcialmente sólo podrán ser promulgados en lo no observado si no altera el espíritu o unidad del proyecto. En este caso se sigue el mismo procedimiento que en los decretos de necesidad y urgencia.

    Las sesiones ordinarias del Congreso serán entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre de cada año. Se excluye la sanción tácita de proyectos de necesidad y urgencia o de proyectos aprobados por las cámaras.

    Consejo de la Magistratura: tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial estará integrado periódicamente por jueces de distintas instancias y abogados, académicos y científicos, buscando equilibrio entre los órganos políticos.

    Atribuciones:

    • Seleccionar por concurso público los que se postulan para las magistraturas inferiores.

    • Proponer los magistrados para los tribunales inferiores.

    • Administrar el presupuesto de Justicia.

    • Ejercer facultades disciplinarias, decidiendo si se abren procedimientos para remover a magistrados.

    • Reglamentar la organización de la justicia, la independencia del jueces y una justicia eficaz.

    Designación de magistrados federales:

    Los jueces de la Corte Suprema serán elegidos por el presidente con acuerdo del Senado por mayoría absoluta o por dos tercios de los presentes en sesión pública, los demás jueces serán designados por el presidente, por la propuesta del Consejo de la Magistratura con acuerdo del Senado en sesión pública, se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos. Esto se aplicará a la ciudad de Buenos Aires.

    Remoción de los magistrados federales:

    Por juicio político, por mal desempeño o por crímenes comunes. Los demás jueces serán removidos por las mismas causas, por un jurado integrado por legisladores, magistrados, abogados y personalidades independientes. Igual para la ciudad de Buenos Aires.

    Control de la administración pública, le corresponde al Poder Legislativo regulado por los dictámenes de la Auditoría General de la Nación, organismo autónomo e independiente del Congreso Nacional. Será presidida por una persona propuesta por el principal partido opositor legislativo. Además del control podrá aprobar o rechazar cuentas o inversiones de fondos públicos.

    Se establece que para la sanción de leyes que modifiquen el régimen electoral y de partidos políticos deben haber mayorías especiales. Para su aprobación se necesita mayoría absoluta de cada una de las cámaras.

    Intervención federal: es facultad del Congreso, si está en receso lo decreta el Ejecutivo y convoca al Congreso para tratarlo.

    Fin del núcleo de coincidencias básicas.

    Artículo 3: la Convención Constituyente podrá modificar los artículos 63, 67, 106, 107 y 108, incorporar un nuevo capítulo a la primera y segunda parte de la Constitución Nacional con cuatro artículos y sancionar las disposiciones transitorias necesarias.

    El Congreso habilita a la Convención Constituyente a:

    • Fortalecer el régimen federal distribuyendo las competencias de la Nación y las provincias, en ser vicios, gastos y recursos. Es decir: régimen de coparticipación.

    • Crear regiones para el desarrollo económico social.

    • Darle la posibilidad a las provincias de gestiones internacional siempre que no afecten al gobierno federal y a la política exterior.

    • Autonomía municipal.

    • Incorporar la consulta popular (democracia semidirecta).

    • Establecer el acuerdo del Senado para designar funcionarios de control y Banco Central, excluyendo la auditoría general de la Nación.

    • Establecer el defensor del pueblo.

    • Un ministerio público como órgano de extrapoder.

    • Facultades del Congreso para pedir informes, interpelar y crear comisiones de investigación.

    • Garantizar la democracia regulando la constitucionalidad de los partidos políticos, sistema electoral, preservación del medio ambiente.

    • Crear un consejo económico y social consultivo.

    • Garantizar la identidad étnica y cultural indígena.

    • Defensa del consumidor.

    • Consagración del habeas corpus y del amparo.

    • Tratar de unificar los mandatos electivos en una misma fecha.

    Fin.

    La Convención Constituyente no podrá modificar las declaraciones, derechos y garantías contenidas en único capítulo de la primera parte de la Constitución. 120 días después de promulgada la ley, el Ejecutivo convocará al pueblo para elegir a los convencionales constituyentes que reformarán la Constitución. Cada provincia y la Capital eligirán el mismo número de convencionales que legisladores integran el Congreso. Los convencionales son elegidos directamente por el pueblo, distribuidos proporcionalmente. Para la elección de convencionales se aplicó el código electoral nacional y se autoriza la exhibición de padrones. Requisitos para ser convencional: 25 años, cuatro de ciudadanía en ejercicio, ser natural del a provincia que lo elija o con dos años de residencia. Este cargo es incompatible con el de miembro del Poder Judicial de la Nación y provincias. La convención se instalará en Paraná y Santa Fe y sesionará a los sesenta días después de la elección. Debe termina noventa días después. Se regirá por el reglamento interno de la Cámara de diputados, tendrán sus mismo derechos y un sueldo similar.

    Se autoriza al Ejecutivo a gastar lo necesario para llevar a cabo la ley.

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    XCIII