1. Introducción

La realidad histórica de Guatemala se ha caracterizado por un sistema económico que ha privilegiado a ciertas regiones y poblaciones en detrimento de otras, con una alta concentración de tierra y capital en manos de la oligarquía. La población indígena, que constituye aproximadamente el 60% de la población actual, ha sido particularmente discriminada. En 1954, en plena Guerra Fría, el gobierno democrático de Jacobo Arbenz fue derrocado por medio de un golpe de Estado respaldado por la CIA. La trayectoria política del país a partir de entonces se ha caracterizado por: excesiva violencia estatal, abuso generalizado de los derechos humanos e impunidad; debilidad de la institucionalidad estatal; militarización del Estado y de la sociedad y desigualdades económicas, sociales y culturales. Durante décadas, para la mayoría de los guatemaltecos el Estado ha sido sinónimo de militarismo, violencia y corrupción, y no de protección, servicios y justicia.

La lucha armada se inició en Guatemala el 13 de noviembre de 1960 tras un fallido levantamiento de militares nacionalistas en contra del poder instaurado por la contrarrevolución de 1954. En 1962 se fundaron las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), una coalición de movimientos rebeldes que incluía a oficiales disidentes del Ejército y a estudiantes y activistas políticos de la izquierda. Las FAR adoptaron la teoría guevarista del foquismo y empezaron a construir su base social en las comunidades campesinas no indígenas del oriente del país. Después de 1966, el ejército guatemalteco, asesorado por militares norteamericanos, lanzó su primera campaña contrainsurgente contra las FAR, que arrojó unos 8.000 muertos, la mayoría de ellos civiles. Sin embargo, la guerrilla sobrevivió a esta primera derrota y se formaron nuevas organizaciones. En los años setenta se hizo pública la existencia del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y la Organización del Pueblo en Armas (ORPA). El EGP, el grupo más numeroso, tuvo su base de apoyo en Huehuetenango. La presencia de la ORPA se centró en el occidente del país, especialmente en San Marcos y alrededor del lago de Atitlán. Mientras tanto, las FAR se habían reestructurado y establecieron su base de apoyo en El Petén.

En su momento de auge, en 1978-1980, el movimiento guerrillero contó con aproximadamente de seis a ocho mil combatientes y alrededor de medio millón de simpatizantes activos en todo el territorio nacional. En 1982 los grupos guerrilleros y el comunista Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) se unieron para formar un comando único bajo el nombre de Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Sin embargo, ya para 1982 la guerrilla había sido fuertemente golpeada por la represión militar y no fue capaz de proteger a sus simpatizantes en el altiplano rural, quienes se convirtieron en el blanco principal de la contrainsurgencia militar.

2. Los Militares

El conflicto armado en Guatemala tuvo su mayor impacto en la población civil no combatiente. En los años ochenta la campaña contrainsurgente utilizó un alto nivel de violencia, particularmente en las áreas mayoritariamente indígenas del altiplano pero también en contra del movimiento popular en el área urbana. Aproximadamente 150.000 personas murieron como consecuencia del conflicto, y entre ellos hay de cuarenta mil a cincuenta mil desaparecidos, la mitad de todos los desaparecidos de América Latina. Comunidades enteras fueron arrasadas en los años ochenta; centenares de aldeas y caseríos fueron quemados y sus habitantes asesinados o forzados a exiliarse. Más de un millón de personas fueron desplazadas (hoy en día existen todavía unos treinta mil refugiados guatemaltecos en México) y aunque no existen cifras confiables, se estima que aproximadamente 500.000 personas fueron desplazadas dentro del país, muchas de las cuales se vieron obligadas a trasladarse de las áreas rurales a los centros urbanos, particularmente a la capital.

3. Estrategias Militares

La estrategia contrainsurgente del ejército se basó en la desorganización social primero y luego en la reorganización y control de la población rural para erradicar la base de apoyo de la guerrilla. Se militarizó el campo creando los llamados "Polos de Desarrollo" (centros militarizados de concentración de población donde funcionaban las "aldeas modelo" y donde se aplicaban programas de "reeducación" a las personas desplazadas capturadas mientras se escondían en las montañas). Asimismo, centralizaron los proyectos de desarrollo e infraestructura, que fueron administrados por el ejército por medio de las Coordinadoras Interinstitucionales. Todas las autoridades civiles locales fueron puestas bajo la autoridad del ejército, lo cual debilitó y distorsionó enormemente las estructuras de gobierno local. El ejército se apropió también de grandes extensiones de tierra en las zonas de conflicto, muchas de las cuales habían sido abandonadas previamente por los desplazados. Además, dirigió intensas campañas para repoblar estas áreas abandonadas y para finales de 1985 había otorgado aproximadamente 2.000 títulos de tierra en las áreas más afectadas por la guerra. Los fenómenos de desplazamiento y repoblación agravaron la situación que existía antes del conflicto sobre la distribución desigual de la tierra y las disputas acerca de los títulos.

Al mismo tiempo se establecieron las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), fuerzas paramilitares a nivel comunitario en las que todos los hombres mayores de 16 años de edad tuvieron que prestar servicio. Aunque las PAC fueron presentadas como organizaciones "voluntarias", quienes no hacían su turno eran considerados casi automáticamente como simpatizantes de la guerrilla. Estos organismos vigilaban todas las aldeas del país, con informes semanales a la base militar de la zona. En las áreas de conflicto, las PAC también fueron utilizadas como primera línea ofensiva en la búsqueda de columnas guerrilleras o de población desplazada que no estaba bajo control del ejército. A mediados de los años ochenta el número de hombres organizados en este organismo paramilitar alcanzó los 900.000, según cifras oficiales. Dado que el rechazo a prestar servicio en las patrullas se convirtió en algo sumamente difícil de lograr sin sufrir las consecuencias de la represión militar, las PAC echaron raíces en muchas comunidades rurales y en algunos casos se convirtieron en una ambivalente organización de defensa comunitaria. Al terminar el conflicto armado, aproximadamente 400.000 hombres todavía prestaban servicio en las PAC, rebautizadas en la Constitución de 1985 como Comités Voluntarios de Defensa Civil (CVDC).

En resumen, la campaña contrainsurgente agravó todas las causas originales del conflicto: se cerraron los espacios democráticos para la representación y expresión ciudadana, el poder se centralizó y militarizó como nunca antes, y la rendición de cuentas por parte del Estado acerca de su funcionamiento se canceló en su totalidad.

Los espacios democráticos se comenzaron a abrir paulatinamente después de la transición a la democracia electoral de 1985-1986, proyecto dirigido por el ejército como estrategia para mejorar la imagen del país ante la comunidad internacional y así asegurar un incremento de fondos externos. Sin embargo, la democracia guatemalteca siguió siendo frágil y limitada: muchos de los elementos institucionales de la contrainsurgencia, como las patrullas de autodefensa civil, fueron legitimados en la nueva Constitución de 1985. Las Coordinadoras Interinstitucionales fueron reemplazadas por los Consejos de Desarrollo administrados por los gobernadores civiles (no electos), aunque el Comité de Reconstrucción Nacional, dirigido por el ejército, mantuvo el control ejecutivo sobre sus funciones.

En estos movimientos políticos, las estructuras militares se mantuvieron impunes. El nivel de abuso a los derechos humanos siguió siendo muy alto y el ejercicio del derecho a la oposición política civil todavía seguía siendo una opción peligrosa. Los secuestros, asesinatos y desapariciones selectivas de activistas civiles fue una táctica muy común. No obstante, en estos años se formaron nuevos movimientos sociales de sindicalistas, familiares de desaparecidos y de pueblos indígenas. A finales de los años ochenta, las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil, como el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) formado en 1984, empezaron a presionar para instaurar una comisión de la verdad en Guatemala. Estas demandas fueron adoptadas posteriormente por la URNG como parte de su plataforma en las negociaciones.

El gradual dinamismo de la sociedad civil se manifestó a principios de los años noventa por medio de una mayor participación política de los indígenas y un incremento en el número de ONG trabajando en distintos campos, tales como los derechos humanos o los derechos laborales. En mayo de 1993, las organizaciones populares, junto con el gobierno norteamericano, las instituciones financieras internacionales, el alto mando del ejército guatemalteco y el sector privado condenaron enérgicamente el intento de "autogolpe" del presidente Jorge Serrano Elías y respaldaron el orden constitucional. Esto fue un acontecimiento clave en la marcha hacia un fin negociado del conflicto armado. También fueron de suma importancia las elecciones de 1995, cuando un nuevo partido de izquierda, el Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG), obtuvo el cuarto lugar en las elecciones presidenciales y el tercero en las legislativas. Esto contribuyó a la transformación de un sistema de partidos que históricamente había sido estrecho y poco representativo a una gama de opciones políticas más amplia. También abrió a la guerrilla la posibilidad de construir una base electoral y reincorporarse a la vida política nacional.

La búsqueda de una solución negociada al conflicto armado duró casi diez años y se puede dividir en tres fases históricas: