Guerra de la Independencia española

Historia de España del siglo XIX. Guerra entre España y Francia. Napoleón. Fernando VII

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La guerra de la independencia española:

La Monarquía española de Carlos IV había firmado la alianza con Francia en 1796. El Directorio ya se había interesado por las riquezas de las colonias españolas de América y por la lana que se producía en la Península. Napoleón consideraba que España era una pieza esencial para el dominio del Mediterráneo, pero además, como muy bien ha señalado J. R. Aymes, se veía apremiado por la petición de los pañeros franceses que deseaban que los ganaderos españoles le suministrasen toda su producción de lana merina y sus agricultores las variedades de algodón que necesitaban. La destrucción de la flota española que conjuntamente con la francesa, había sido estrepitosamente derrotada en Trafalgar, hizo perder a Napoleón el deseo de mantener una relación equilibrada con su socio español pues, sin barcos, de nada podía servirle ya para hacer frente al poderío naval inglés. Así es que el emperador fue cambiando sus propósitos con respecto a España para pasar a un plan de intervención primero, después a uno de ocupación y por último a otro de sustitución de la Monarquía de los Borbones por otra encabezada por un miembro de su propia familia. Napoleón pensó que la debilidad de la Monarquía española, que estaba dando un espectáculo bochornoso con las disputas entre Carlos IV y su hijo, el futuro Fernando VII, por el trono y que acabaron con la sustitución del primero por el segundo a raíz del Motín de Aranjuez, en marzo de 1808, le facilitarían sus planes. Pero Napoleón confundía la debilidad de la Monarquía con la actitud del pueblo español que no estaba dispuesto a aceptar la presencia francesa en su suelo. El emperador mostró un tremendo error de cálculo cuando declaró: "Si aquello fuera a costarme 80.000 hombres, no lo haría, pero creo que no me harán falta más allá de 12.000". No tardaría mucho en comprobar que no iba a poder conseguirlo ni con un ejército de 200.000 soldados. El promotor de la alianza con la Francia revolucionaria había sido el ministro español Godoy, cuya iniciativa en la firma de la Paz de Basilea y el posterior Tratado de San Ildefonso, le había valido el título de Príncipe de la Paz. Pero Godoy era un ministro intrigante y venal que se vio cada vez más arrastrado por la política expansionista de su todopoderoso aliado. Al darse cuenta de los planes de Napoleón, intentó salvarse proponiéndole al emperador un reparto de Portugal en el que el mismo iba a atribuirse una de las partes. Esa propuesta fue la base del Tratado de Fontainebleau (octubre de 1807) por el que un ejército franco-español penetraría en Portugal, eliminaría a un molesto aliado de Inglaterra y permitiría el engrandecimiento territorial de España y, de paso, se establecería en el sur un pequeño principado para el propio Godoy. El tratado se puso en marcha con rapidez y un ejército francés al mando del general Junot atravesó la Península y ocupó Portugal sin grandes dificultades. La familia real de los Braganza se vio obligada a huir a Brasil, donde fue transportada por una flota inglesa. La necesaria utilización de las rutas españolas por parte del ejército napoleónico era una buena ocasión para convertir la intervención en ocupación. Precisamente cuando acababa de producirse el destronamiento de Carlos IV en Aranjuez y el nuevo monarca se disponía a entrar en Madrid, las tropas del general Murat, que había sido puesto al mando de las operaciones en España, dejaban cada vez más claras sus intenciones de ocupar el territorio español. Napoleón aprovechó la confusión creada por el Motín de Aranjuez y llamó a Bayona a los dos reyes con el pretexto de mediar en la resolución del conflicto que se había producido entre el padre y el hijo. En Bayona, Napoleón actuó con gran habilidad y consiguió que Fernando VII renunciase a la Corona en favor de su padre sin saber que éste había ya cedido sus derechos al propio emperador. De esta forma, Napoleón quedaba dueño de los destinos de España y era libre para establecer un sistema que le permitiese mantener el control sobre aquel país. Con ese objeto obligó á su hermano José, rey de Nápoles, a que aceptara la Corona española, a lo que éste se resistió en un principio. Y para darle la mayor apariencia de legalidad a este cambio de dinastía en España, convocó para el 15 de junio en Bayona a una serie de notables para que, a modo de unas Cortes, refrendasen su decisión. A la ciudad fronteriza acudieron sólo unos cuantos de los 150 convocados, que no tuvieron más remedio que aprobar una Constitución redactada, al parecer, con la intervención directa de Napoleón. La Constitución de Bayona establecía un nuevo sistema político en España, a cuya cabeza figuraba el que a partir de entonces sería llamado José I.Pero Napoleón no había contado con el pueblo español. El 2 de mayo en Madrid, el pueblo, que se sintió traicionado por los presuntos aliados al darse cuenta de que sus intenciones eran las de ocupar por la fuerza la capital y toda la Península se levantó en armas contra las tropas francesas. La historiografía, que no ha discutido la actitud abrumadoramente mayoritaria de los españoles contra la ocupación francesa, se ha planteado la hipótesis de que el levantamiento no hubiese sido tan espontáneo como se ha dicho con frecuencia. En efecto, tanto C. Corona como más recientemente J. R. Aymes, han apuntado la posibilidad de que lo que se puso en marcha el 2 de mayo fuese un aparato conspiratorio preparado para el derrocamiento de Godoy y que, al no haber sido necesario, quedó intacto para esta ocasión. Fuera espontáneo o preparado, lo cierto es que aquella jornada fue sólo el comienzo de una larga guerra de resistencia que proporcionaría a Napoleón las suficientes preocupaciones como para dedicar una buena parte de su atención y de sus fuerzas a la campaña de España. En un principio, creyendo que sería suficiente, Napoleón situó en España 92.000 hombres repartidos en cuatro cuerpos de ejército, pero la derrota que sufrió en Bailén el general Dupont en el mes de julio, cuando se disponía a ocupar Andalucía al frente del I Cuerpo de Ejército, así como las dificultades con las que tropezó en Zaragoza, Valencia y en Cataluña, le obligaron a tomarse más en serio los asuntos de la Península. El emperador decidió ocuparse personalmente de las operaciones, y concentró en España unos 300.000 soldados, muchos de ellos veteranos de las campañas en Europa, y los mejores mariscales del Imperio, Soult, Victor, Ney, Morder y Lefèbvre. En noviembre se presentó en Bayona y desde allí marchó hasta Vitoria, donde estableció su cuartel general. El 5 de diciembre obtenía la entrega de la capital. Cuando se dirigía a Galicia en persecución de un ejército auxiliar inglés al mando de John Moore, que había penetrado por la frontera de Portugal para atacar por la retaguardia, Napoleón recibió noticias inquietantes de París sobre los preparativos bélicos de Austria y sobre algunas intrigas cortesanas. El 4 de enero decidió volver a Francia y dejó a Soult que terminase la campaña. A comienzos de 1809 la situación en España era la siguiente: la mayor parte de la mitad norte se hallaba bajo el control de las armas francesas y el ejército regular español había sido prácticamente destruido. Parecía que los principales obstáculos para la ocupación del territorio español habían desaparecido y que el avance hacia el sur no tendría ya dificultades, con lo que la Monarquía de José Bonaparte podría ya asentarse definitivamente. Pero fue justamente entonces cuando hizo su aparición la "guerrilla", esa forma tan peculiar de hacer la guerra que los españoles arbitraron para poder hacer frente al formidable ejército napoleónico contra el que no tenían ninguna posibilidad de actuar por los medios convencionales. La guerrilla es un fenómeno de participación popular en la Guerra de la Independencia española que refleja la actitud decidida de toda una nación en armas para liberar al país de la ocupación extranjera. Su origen es diverso, pues los elementos que componen cada "partida", o grupo de hombres armados, son a veces soldados del ejército regular que han quedado desenganchados de sus unidades, campesinos, o incluso contrabandistas y bandoleros que no tienen inconveniente en sumarse a esta "petite guerre" contra los franceses. Requisito indispensable: la existencia de un cabecilla que dirija y organice, aunque en la mayor parte de las ocasiones sea un hombre con poca o ninguna experiencia en las artes militares, pero sí conocedor del terreno y con dotes de mando. Juan Martín El Empecinado, Espoz y Mina, el Cura Merino, y tantos otros dirigentes de la guerrilla se convirtieron en auténticos héroes de la guerra de la Independencia en España.A la eficacia de esta forma de hacer la guerra, con la que se sembraba una constante intranquilidad y desasosiego entre las unidades francesas que no sabían cómo acabar con un enemigo que actuaba con una extraordinaria movilidad y rapidez, tenía que añadir Napoleón la preocupación creciente que le causaba la presencia en la Península de tropas inglesas. Sir Arthur Wellesley, el futuro duque de Wellington, había desembarcado en Portugal y desde 1809 estuvo hostigando a los ejércitos franceses desde Galicia hasta Extremadura. Por otra parte, las operaciones marítimas de la escuadra inglesa en aguas españolas obligaron a fijar 32.000 soldados franceses para la vigilancia de las costas, amén de mantener abierta constantemente la comunicación con Cádiz, la única ciudad española que se había visto libre de la ocupación francesa aunque se hallaba sitiada por tierra. En 1812, Napoleón se vio obligado a sacar tropas de España para formar la Grande Armée que había de emprender la campaña de Rusia. La disminución de la presencia militar francesa, que quedó reducida a 200.000 soldados, inclinó definitivamente la guerra en favor de los españoles. Wellington pasó a la ofensiva para recobrar Ciudad Rodrigo y Badajoz a comienzos de ese año. Las victorias de Salamanca (14-28 de junio), Arapiles (22 de julio), y al año siguiente en Vitoria (21 de junio) y San Marcial (agosto), jalonaron el repliegue francés hasta la frontera de los Pirineos. Así terminaban seis años de guerra en España que, sin duda, contribuyeron de una manera decisiva a quebrantar la fortaleza del Imperio napoleónico. En qué medida contribuyeron a ello la firme actitud de los españoles que se lanzaron a una lucha sin cuartel contra el enemigo invasor, los ingleses con su constante ayuda en ejércitos y dinero, o las propias dificultades que Napoleón estaba encontrando en el frente oriental a partir de 1812, es una cuestión en la que la historiografía de los distintos países no ha conseguido todavía ponerse de acuerdo. Lo que sí parece que está claro es que la Guerra de la Independencia española fue la primera de las guerras de liberación nacionales en que el gran Imperio napoleónico fue vencido y que esa victoria tuvo una enorme resonancia en el resto Europa.

Las cortes de Cádiz:

La guerra y al mismo tiempo la Revolución. Este es el otro plano, y sin duda el de mayor trascendencia por su proyección en los años posteriores, que resulta necesario analizar en este periodo que transcurre entre las abdicaciones de Bayona y la vuelta de Fernando VII en 1814. Parece obvio señalar que sin guerra no hubiese habido revolución, o al menos ésta hubiese tomado una forma diferente. Las condiciones excepcionales que propició un conflicto tan intenso como generalizado, favorecieron el proceso revolucionario que culminó con la reunión de las Cortes de Cádiz.
El vacío de poder que se originó como consecuencia de la salida del rey legítimo de España desencadenó un proceso mediante el cual terminarían por asumir el poder unas instituciones inéditas, surgidas de abajo a arriba, capaces de satisfacer las aspiraciones populares que se habían visto defraudadas por la actitud contemporizadora de las autoridades del régimen con respecto a los franceses. El proceso comenzó con el nombramiento de una Junta de Gobierno por parte de Fernando VII cuando éste tuvo que acudir a Bayona para atender a la convocatoria de Napoleón. Dicha Junta estaba presidida por su tío, el infante don Antonio e integrada por cuatro ministros de su gobierno. En ella quedaba depositada la soberanía, que no sería capaz de ejercer en los momentos críticos del dos de mayo.


El Consejo de Castilla, el máximo organismo existente entonces en España, sufrió una paralela pérdida de prestigio, al no saber tampoco atender las expectativas de la mayor parte de los españoles que demandaban una actitud firme frente a los invasores, e incluso una incitación a la lucha armada, sino que por el contrario trataban de transmitir recomendaciones pacifistas. Tampoco las autoridades provinciales se mostraron decididas a encabezar el levantamiento contra las tropas de ocupación y así, de esa forma, se fue produciendo un deslizamiento de la soberanía desde las instancias superiores hasta el propio pueblo que asumió su responsabilidad mediante la creación de una serie de Juntas, cuya única legitimidad -como afirma Artola- es la voluntad del pueblo que las elige.


Por todas partes proliferaron las Juntas, cuya formación y composición se presentan de forma muy variada. La de Aragón se formó a instancias del general José de Palafox, a su vez nombrado gobernador por el pueblo de Zaragoza. En Valencia también el pueblo nombró a un comandante supremo, Vicente González Moreno, quien a su vez creó una Junta Suprema. En Sevilla, cuando llegaron las noticias de las abdicaciones de Bayona, a finales de mayo, se constituyó una Junta que, bajo la dirección de Francisco Arias de Saavedra, antiguo ministro con Carlos IV, se autodenominó Junta Suprema de España e Indias, y pidió una movilización inmediata de todos los hombres en edad de combatir. En Soria fue el Ayuntamiento el que creó la Junta, y así en la mayor parte de las poblaciones más grandes o más pequeñas, se fueron creando estas nuevas entidades hasta formar un cuadro variopinto y heterogéneo en su composición, con el que resultaba difícil armonizar esfuerzos contra las tropas invasoras. Se impuso, por ello, la necesidad de coordinar a las Juntas locales y a las Juntas provinciales, mediante la creación de una Junta Central para que aunase el esfuerzo bélico y al mismo tiempo mantuviese viva la conciencia de unidad nacional. La Junta Suprema Central Gubernativa de España e Indias se instaló en Aranjuez el 25 de septiembre de 1808 cuando, después de Bailén, los franceses trataban de organizar la contraofensiva y era necesario prepararse para hacerles frente.


Componían la Junta Central 35 miembros iguales en representación. Su presidente era el conde de Floridablanca, que contaba en aquellos momentos con 85 años y presentaba una postura muy conservadora. Pero sin duda su elemento más destacado era Gaspar Melchor de Jovellanos, político y escritor, de un talante reformista moderado, que era partidario de llevar a cabo algunos cambios en España en el terreno político, social y económico. Su propuesta era la de crear un sistema de Monarquía parlamentaria de dos Cámaras, en el que la nobleza jugase un papel de amortiguadora entre el rey y el pueblo. Excepto estos dos miembros y Valdés, que había sido ministro de Marina con Carlos IV, el resto de los componentes de la Junta carecía de experiencia en las tareas de gobierno. La mayoría de ellos pertenecía a la nobleza; había varios juristas y también algunos eclesiásticos. Aunque no puede establecerse entre ellos ninguna división ideológica, en su mayor parte eran partidarios de las reformas para regenerar el país. Esta actitud les granjeó no pocos ataques por parte de las oligarquías más conservadoras y de las viejas instituciones del Antiguo Régimen. Jovellanos se vio obligado a salir en su defensa mediante la publicación de una Memoria en defensa de la Junta Central.
Para resolver el problema de la coexistencia de esta Junta con las provinciales, se decretó la reducción de los componentes de estas últimas y el cambio de su denominación de Juntas Supremas por el de Juntas Provinciales de Observación y Defensa. Asimismo se ordenó su subordinación a la Junta Central, lo que provocó no pocas protestas por parte de estos organismos locales. En cuanto a las relaciones con las colonias de América y Filipinas, que mostraron un apoyo entusiasta a la causa de la independencia española frente al dominio napoleónico, la Junta emitió un decreto el 22 de enero de 1809, mediante el cual se invitaba a aquellos territorios a integrarse en ella mediante los correspondientes diputados. Aunque este gesto no podría materializarse debido a las dificultades de la distancia, sí favoreció el hecho de que muchos criollos enviasen ayuda en dinero para la causa española.


Gran Bretaña, a pesar de la rivalidad que había mantenido con España por el dominio del océano, mostró también una favorable disposición para ayudarla frente al dominio de Napoleón, mediante el envío inmediato de hombres y dinero. Las relaciones diplomáticas entre los dos países se reforzaron por la firma, el 14 de enero de 1809, de un tratado entre el Secretario del Foreign Office, Canning, y el embajador español en la corte de San Jaime, Juan Ruiz de Apodaca. En su virtud, Gran Bretaña se comprometía a no reconocer otro soberano legítimo del trono español que Fernando VII o sus sucesores.