INTRODUCCIÓN

Diez años después del golpe de Estado que llevó al poder a Onganía, y a sólo tres años de la recuperación democrática de 1973, las Fuerzas Armadas volvieron a ocupar el gobierno, el nuevo Pte. fue Jorge Videla, comandante del Ejercito, quién abrió las puertas a una extremada violencia de dictaduras militares impuestas en el país, la cual se prolongó por ocho años y causó grande problemas a este, sobre todo la desaparición de miles de personas.

Este gobierno inauguró una etapa la que se denominó “Proceso de Reorganización Nacional”, que tuvo como principal objetivo la transformación de la sociedad Argentina y se baso sobre todo en la REPRESIÓN: como la ocupación militar de grandes fábricas y empresas estatales, la prohibición partidos políticos, etc.. Todo esto tuvo una gran cantidad de víctimas inocentes y durante esos años primo en toda la sociedad Argentina las “cultura del miedo”

DESARROLLO

EL GOLPE DEL 24 DE MARZO

El golpe del 24 de marzo de 1976, sin mayor resistencia, derrocó a la PTE Isabel Perón. Esta junta militar estaba integrada por lo comandantes de las tres armas, el Gral. Jorge Rafael Videla, el Almirante Emilio Eduardo Massera, y el Brigadier Orlando Ramón Agosti.

El nuevo PTE fue Videla, comandante de ejercito. Comenzaba de este modo la mas violenta de la dictaduras militares instauradas en el país, que se prolongó por 8 años y cuya gestión incluyó desde la desaparición de miles de personas hasta la entrada de la Argentina en una guerra intencional.

La dictadura inauguro una etapa que se denominó PROCESO DE REORGANIZACIÓN NACIONAL e hizo públicas sus normas fundamentales y sus objetivos, que eran la transformación de la sociedad Argentina de raíz. Ante una sociedad en crisis, el proceso pretendía convertirse en la “salvación de la Nación” , y no establecía limites temporales para llevar a cabo esta tarea.

Los 1eros 3 meses constituyen un autentico infierno. Estallan bombas y se cometen numerosos secuestros y atentados.

Mientras, el gobierno actúa erráticamente, cambiando ministros y haciendo declaraciones que nadie cree. La policía obtiene un importante éxito con la detención de Roberto Quieto, uno de los máximos dirigentes de Montoneros, que delata a muchos de sus compañeros, permitiendo arrestos y allanamientos de locales clandestinos de la organización

En seguida, el nuevo gobierno toma las medidas previsibles: disolución del congreso y de los partidos políticos, destitución de la corte suprema de justicia, intervención de la CGT y de la Confederación Federal Económica.

El golpe de 1976 fue, como lo definió el propio Videla en mayo de ese año, una “respuesta institucional”. Esta caracterización no impidió que en las fuerzas armadas siguieran existieran divisiones internas a causa de rivalidades entre las tres armas o de intereses prácticos. Por el contrario, desde 1976, durante los años de vigencia de la dictadura, una de las características de la acción de gobierno fue la fragmentación del poder en dos aspectos. En 1er lugar, existió durante el proceso un estado que se regia según las normas que el mismo gobierno había fijado y otro ilegal o clandestino, cuya única ley era la voluntad de los jefes militares. Por otra parte, el ejercito, la marina y la aeronáutica se habían repartido los cargos importantes de a administración publica y las tensiones entre las tres armas fueron frecuentes.

Incluso los oficiales respondía a los mandos de su fuerza más que al Presidente de la Nación.

LA REPRESIÓN

A pesar de las diferencias internas en el mando militar, hubo una acción que involucro el conjunto de las Fuerzas Armadas cuando ejercieron el poder: la represión.

La represión incluyo una serie de medidas públicas, como la ocupación militar de grandes fabricas y empresas estatales; la prohibición de partidos políticos y sindicatos, los despidos de activistas políticos de sus puestos de trabajo; la prisión de dirigentes, algunos conocidos e importantes; la censura de intelectuales y argentinistas que pasaron a integrar las llamadas “listas negras” .Como sucedió durante la dictadura de Ongania, los militares intentaban controlar la sociedad y a sus miembros aun en actitudes que eran francamente inofensivas, como la vestimenta de los estudiantes secundarios y los jóvenes en general.

Al mismo tiempo se llevo adelante una intensa represión semiclandestina e ilegal, planeada en detalle por los mandos militares incluso desde antes de la toma del poder. Esa represión, que se desarrollo con mayor intensidad entre 1976 y fines de 1978, tuvo como resultado la desaparición forzada de entre 9.000 (según los casos probados por la CONADEP) y 30.000 (según cálculos de diferentes organismos de derechos humanos) y gran cantidad de detenidos y exiliados. Esta acción del terrorismo de estado concebida por los comandantes fue ejecutada por las 3 fuerzas, que solían dividirse el territorio de operaciones, contando con el auxilio de miembros de la policía federal, de las diferentes policías provinciales y de los servicios de inteligencia.

Las acciones eran llevadas a cabo por los llamados “grupos de tarea”, y consistían en el secuestro de personas, el traslado a algún centro clandestino de detención, la tortura y, en la mayoría de los casos, la ejecución. Todas estas acciones se realizaban al margen de cualquier norma legal, incluidas las que la propia dictadura había establecido, fundadas a su vez en un arbitrario e ilegitimo poder de facto.

Los secuestro se producían el la calle, en la vivienda o en los lugares de trabajo de las victimas. Los secuestradores también saqueaban las casas y almacenaban sus “botines” depósitos de los centros clandestinos de detención. Las investigaciones efectuadas entre los años 80 y 90 han probado la existencia de unos 340 campos de detención, aunque la dictadura siempre se negó a aceptar su existencia. Los detenidos en estos centros tuvieron varios destinos: algunos pocos lograron sobrevivir, otros murieron, y hubo algunos que pasaron a colaborar con sus captores. Sin embargo, la mayoría de ellos fueron asesinados y muchos enterrados en tumbas individuales o colectivas, e identificados como NN.

Así mismo, como entre los secuestrados se encontraban mujeres embarazadas, hubo nacimientos en esos campos de detención. Los niños nacidos en cautiverio fueron privados de su identidad, y a menudo entregados a matrimonios ligados a las propias Fuerzas Armadas y policiales .Desde 1984 hasta la actualidad, la Organización Abuelas de Plaza de Mayo encontró a alguno de aquellos niños, ya otros que habían sido directamente secuestrados en operativos y se les restituyo su verdadera identidad.

FUNDAMENTOS IDEOLOGICOS DE LA DICTADURA MILITAR

El régimen dictatorial se propuso un disciplinamiento generalizado de la sociedad Argentina. Para alcanzar este objetivo ejerció dos tipos de violencia: sistemática y generalizada: la violencia del estado y la violencia del mercado.

Sobre la base de los principios de la doctrina de la seguridad nacional, a partir de 1976 la violencia del estado avanzó hasta el punto de transformarse en terrorismo de estado. Terrorismo de Estado significa que el monopolio de las fuerzas y la portación de armas que los ciudadanos consienten en un estado de derecho, para que garantice la vigencia de sus derechos individuales, se vuelven en su contra. Es decir, el terrorismo de estado comienza cuando el estado utiliza sus fuerzas armadas contra os ciudadanos y los despoja de todos sus derechos fundamentales y también de la vida. El Estado se convierte en un terrorista cuando hace uso de la tortura, oculta información, crea un clima de miedo, margina al poder judicial, produce incertidumbre en las familias y confunde deliberadamente a la opinión pública. Frente a este estado, los ciudadanos se sienten y están totalmente indefensos y sujetos al arbitrio de la voluntad de quienes se han arrogado la autoridad. En estas condiciones, ser testigo, victima o afectado por una acción del terrorismo de estado crea confusión o parálisis.

Las teorías económicas basadas EN el concepto de libre mercado fueron reformuladas hacia fines de la década de 1970 por la corriente conocida como neoliberalismo económico.

En una economía organizada según los principios de neoliberalismo, es el mercado, y no el estado el que asigna los recursos a la sociedad. Los neoliberales suponen que el libre juego de la oferta y la demanda determina que sectores sociales, y que individuos obtienen los medios que necesitan para satisfacer sus necesidades básicas o mantener sus niveles de consumo y quines no. Las teorías del libre mercado dejan a la libre asignación no solo de el trabajo, sino también otros bienes como la salud o la educación. Según esta teoría, los individuos que se comporten mas eficientemente serán los que obtengan mayores beneficios.

MODIFICACIONES DEL REGIMEN POLITICO Y DEL ORGEN LEGAL CONSTITUCIONAL.

La junta militar que asumió el Gob. El 24 de marzo de1976 disolvió el congreso Nacional, las legislaturas provinciales, los consejos deliberantes y otorgó facultades legislativas al poder ejecutivo. También cambio la composición de la corte suprema de justicia, de los tribunales superiores de provincia y declaro en comisión a todos los jueces.

En esa oportunidad, los jefes militares no solo suspendieron a las funciones legislativas de las cámaras de diputados y senadores, sino que la reemplazaron por una Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL). La CAL estaba integrada por nueve oficiales y se encargaba de redactar los decretos de gobierno, a los que llamaron “Leyes”.

A través de estas modificaciones en el régimen legal constitucional desapareció la división de poderes del sistema republicano. La junta de comandantes concentro, las facultades ejecutiva, legislativa y judicial del gobierno y quedo eliminada la posibilidad de recurrir a la justicia para garantizar los límites del ejercicio de un poder arbitrario.

LA SUPRESIÓN DE LOS DERECHOS Y LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

El gobierno militar también suprimió los derechos civiles y las libertades publicas, anulo las garantías constitucionales y creo nuevos instrumentos jurídicos.

Un hechos que tuvo graves consecuencias fue la suspensión de la vigencia de la ultima parte del Art.23 de la constitución nacional. Este Art. Establece en que condiciones el Gob. Puede declarar el estado de sitio, una medida excepcional autorizada en casos de conmoción interna o de ataque exterior que incluye la suspensión de las garantías constitucionales durante su vigencia.

La suspensión de esta garantía individual se vio agravada porque el poder ejecutivo, en virtud de las facultades que emanan del estado de sitio, decidió poner a su disposición una numerosa cantidad de detenidos. El uso de esta facultad significo, la imposición de severas condenas sin formulación de cargos ni juicio previo, violando sistemáticamente el derecho a justa defensa.

El gobierno militar suspendió las actividades de los partidos políticos y de los sindicatos. Disolvió la CGT y la CGE e intervino sindicatos y fundaciones obreras. También suspendió los derechos y las garantías constitucionales de los trabajadores, como el derecho de huelga. La desarticulación de las organizaciones obreras fue considerada un requisito necesario para la aplicación de un plan económico inspirado en los principios de libre mercado.

El gobierno militar también estableció un duro control sobre los medios de comunicación y la vigilancia de todas las manifestaciones artísticas. L acción coactiva del estado terrorista silencio cualquier tipo de opinión o información considerada como peligrosa para el gobierno.

CORRUPCION EN LAS INSTITUCIONES MILITARES

La junta militar sabia que la implementación de una estrategia clandestina de represión generaría ruptura en la cadena de mandos y corrupción en el interior de las instituciones militares. Con el propósito de prevenir estas consecuencias en el mediano plazo, en Mayo de 1978 el ministro del interior, Gral. Harguindeguy, anuncio un plan de saneamiento institucional. En esa oportunidad advirtió a los jefes de las policías provinciales.

Sin embargo, el plan de saneamiento institucional fue interrumpido al poco tiempo. El motivo fue la intensificación de los conflictos entre las fuerzas, originados por las disidencias que provocaban los proyectos de algunos jefes militares de llevar adelante un plan político para asegurar los objetivos de las fuerzas armadas en el mediano y largo plazo. Durante 1978 aumentaron las tensiones entre los cuadros militares operativos y los altos oficiales que cumplían funciones burocrático-políticas; y también entre los que apoyaban la necesidad de la estrategia clandestina de represión por razones políticas y aquellos que la aprovechaban para el lucro individual. En ese contexto, un efecto imprevisto del accionar clandestino fue la incorporación de la violencia como método de resolución de los conflictos internos de poder en las instituciones militares: a través de operativos de tipo comando los grupos enfrentados llegaron a eliminar físicamente a los miembros o a los aliados del bando opuesto.

EL DIALOGO POLITICO Y LAS PROPUESTAS DE “BLANQUEAR” EL PASADO

A fines de 1977, el gobierno reconoció haber alcanzado la victoria militar en su “guerra antisubversiva”. Desde entonces, en el interior de las diversas fuerzas surgieron varios proyectos que tenían como propósito diseñar las bases del orden político futuro. Uno de ellos se propuso promover un “dialogo político” con algunos sectores de la sociedad civil. Pero para iniciar este dialogo político, las fuerzas armadas necesitaban que los sectores civiles aprobaran pública y manifiestamente lo realizado en la represión y, se comprometieran a no revisar el pasado.

El objetivo del dialogo político impulsado por algunos sectores militares era acordar la creación de un nuevo régimen político. Desde el punto de vista militar, “la victoria en la guerra antisubversiva” les otorgaba derechos y legitimaba su voluntad de formar un nuevo orden político en el cual las fuerzas armadas debían tener un rol institucional relevante y permanente. La propuesta militar sostenía, que las fuerzas armadas conservarían la capacidad de tutelar los limites del disenso de una futura democracia y que una fuerza política a fin, surgía de la unión de diversos partidos provinciales de derecha, garantizaría la continuidad de sus políticas y la presencia militar en el gobierno. Finalmente, advertía que para participar del nuevo orden era preciso acordar con ciertas condiciones: era preciso acordar con la política represiva desarrollada. Para los militares, el grado de acuerdo o desacuerdo con los métodos utilizados permitía diferenciar a los “aliados” de los “adversarios”y los “enemigos”.

Para las fuerzas armadas, el acuerdo con la política represiva era una condición fundamental para identificar a las fuerzas políticas que podrían participar en el nuevo orden. Consideraba al “combate contra la subversión” como el elemento fundante de una nueva legitimidad histórica. Pero la temprana preocupación militar por eliminar el tema de la violación de los derechos humanos de la agenda política de la transición a un régimen civil contribuyo a darle centralidad

LA VISITA DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Las estrategias adoptadas por la junta para cerrar el tema de las violaciones de los derechos humaos provocaron importantes conflictos intra militares, que llegaron a derivar en una sublevación militar.

El 1er. Camino elegido por el Gob. Para blanquear la política represiva involucró a un organismo internacional, la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. En mayo de 1979, la decisión de invitar a la CIDH genero enfrentamientos entre los miembros de la junta. Testimonios posteriores señalaron que el Gob. Argentino acepto invitar a la comisión una vez que el vicepresidente de los EE.UU. , Walter Móndale, le aseguro que a cambio de la invitación su Gob. Levantaría las trabas que le impedían el otorgamiento de un crédito del Eximbank destinado a la construcción de la represa de Yacyreta. Videla, en cambio declaraba que la visita debía servir para mostrar al mundo y al país no solo que la represión en la Argentina había sido producto de una guerra necesaria pero acotada, sino también que esa guerra ya era una cuestión del pasado.

Sin embargo, el informe de la comisión tuvo consecuencias distintas de las deseadas por el Gob. Militar. El informe, que se conoció en abril de 1980, fue mucho mas critico de lo esperado y no pudo ser utilizado para cerrar el caso. Por el contrario, el informe termino legitimando en los planos nacional e internacional los reclamos de los organismos de derechos humanos.

LA CRISIS FINANCIERA DE 1980

Desde fines de 1979 se venia agudizando el enfrentamiento entre los miembros del equipo económico y los directivos de alguno de los bancos.

En marzo de 1980, el Gob. Decidió cerrar el Banco de Intercambio Regional (BIR), este hecho provoco una profunda crisis financiera. A los pocos días, dispuso el cierre de otros grandes bancos (como el banco Los Andes, el banco Oddone y el banco Internacional), esta política de liquidación continuó durante todo el año. Estas medidas provocaron un pánico entre los inversores y una ola de demandas especulativa de divisas.

Frente al retito de depósito de los bancos y de las entidades financieras y la salida del país de cuantiosas sumas, el equipo económico decidió restablecer la garantía oficial de la totalidad de los depósitos. Durante todo 1980, utilizo una gran parte de las reservas en devolver los depósitos garantizados a los clientes de las entidades quebradas o intervenidas y también adelanto fondos a las que entraban en crisis por los temores del publico que retiraba sus ahorros.

La creciente demanda de divisas, y la fuga de capitales al exterior continuaron durante 1980 y se profundizaron a partir de febrero de 1981, cuando el equipo económico, finalmente anuncio una nueva devaluación.

Debido a esta fuerte crisis, en marzo de 1981 Videla fue reemplazado por el Gral. Viola como presidente y Martínez de Hoz dejo el ministerio de economía.

TERRORISMO DE ESTADO Y LA SOCIEDAD CIVIL

En marzo de 1976, una gran parte de la sociedad Argentina vivió el golpe militar como el inicio de una nueva intervención de las fuerzas armadas que interrumpía una vez mas el orden legal constitucional. Los argentinos se habían habituado a que las fuerzas armadas se apoderaran del gobierno cada vez que los militares consideraban que el país vivía un “estado de excepción” que justificaba y hacia necesaria la presencia de una “autoridad superior” para reordenar una situación a la que se referían como de “desgobierno”.

El nombre “Proceso de Reorganización Nacional” llevaba a considerar esta intervención como una reedición de experiencias anteriores. La mayoría de la población pensó que como había ocurrido antes, las fuerzas armadas iban a controlar las instituciones del Estado y aplicar medidas de corte autoritario con el fin de “reorientar” el proceso político y corregir las que eran entendidas como”desviaciones”.

Esta vez la intervención de las fuerzas armadas tuvo características inéditas, superando los límites que la sociedad Argentina podía imaginar. El golpe militar de marzo de 1976 significo el punto de partida de a construcción de un nuevo tipo de estado: un estado terrorista que oriento sus acciones y fundamento su poder en la aplicación sistemática del terror sobre los habitantes del país.

Desde 1976 el estado controlado por los militares empleo sistemáticamente el terror desde las instituciones públicas y también desde estructuras clandestinas, creadas especialmente para una represión más “eficiente”. A través de esta violencia institucional, las fuerzas armadas lograron desarticular a la sociedad civil.

El terrorismo de estado origino a las organizaciones guerrilleras y al sindicalismo combativo, neutralizo a la mayoría de las organizaciones populares y disuadió a pospotenciales opositores. También se transformo en un extendido mecanismo de control social de toda la población. Por la metodología empleada el ataque focalizado sobre algunos grupos se extendía y se proyectaba sobre el conjunto de la sociedad civil. Las acciones del estado terrorista lograron infundir un temor (algunos lo llamaron el “gran miedo”) que paralizo durante mucho tiempo todo cuestionamiento al régimen militar.

DESARTICULACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

El conjunto de las acciones políticas y militares de las fuerzas armadas tuvieron como consecuencia. La desarticulación de la sociedad civil. La metodología y los efectos diciplinadores de la política económica y social lograron disgregar y destruir a las organizaciones populares y debilitaron profundamente los lazos de solidaridad y las formas de cooperación entre individuos o grupos. Los militares y grupos civiles que la apoyaban consideraban que las causas de la crisis social política que atravesaba la sociedad Argentina era la “subversión y la corrupción instalada en las instituciones del Estado.

Durante los 1eros años de dictadura, la prohibición absoluta de cualquier tipo de actividad pública significó también la “desaparición” de la política. En este escenario vació de sociedad civil, la lucha de las militares contra la guerrilla no tuyo las características de una guerra, ya que no hubo enfrentamientos sino secuestros, torturas y asesinatos.

Los efectos de la aplicación del terrorismo de Estado se hicieron sentir en todos los planos de la vida social. Aun cuando en el discurso militar el objetivo de la represión aparecía a una guerra “contra la subversión” .

La definición de los potenciales enemigos fue tan amplia que, además de los miembros de organizaciones guerrilleras, entre lasa victimas se contaron los sindicalistas, políticos, sacerdotes monjas, empresarios, profesionales, periodistas, novelistas, estudiantes, niños, parientes o amigos de las víctimas, un obispo y hasta un embajador nombrado por el propio gobierno militar. La represión tuvo un carácter sistemático metódico, para el conjunto de la sociedad civil las acciones represivas aparecían como hechos arbitrarios e incomprensibles y, por eso, reforzaban el temor y el miedo. Como no había reglas que permitieran discriminar entre las conductas “permitidas” y las “desviadas”, la mayoría de los ciudadanos pasaron a percibirse como potenciales víctimas.

METODOLOGÍA CLANDESTINA DE LA REPRESIÓN

Entre los jefes militares golpistas circuló un documento de carácter secreto denominado

“Orden de batalla del 24 de marzo de 1976”. Este documento contenía la concepción operativa del Estado terrorista finalmente por lo militares argentinos.

La modalidad de estrategia represiva a adoptar en la “lucha contra la subversión” había sido discutida desde septiembre de 1975, según testimonió años después el entonces general Camps. Los jefes militares acordaron que además de los cambios en la normativa legal era necesario desarrollar una estrategia clandestina de represión y que los opositores no sólo debían ser “neutralizados” sino también “exterminados físicamente”.

La posibilidad de que la “lucha antisubversiva” tuviera un carácter abierto y legal fue evaluada pero finalmente descartada por los altos mandos militares. Ellos contaron con el asesoramiento de oficiales de inteligencia de los ejércitos de los Estados Unidos y Francia que les transmitieron sus experiencias en las guerras de Vietnam y Argelia. Además tomaron en cuenta la experiencia cercana de la dictadura del general Augusto Pinochet, instalada en Chile desde septiembre de 1973.

Los militares argentinos que secuestrando y matando a sus opositores clandestinamente evitarían protestas de los organismos internacionales y la critica del Vaticano; también consideraban que la mayor pare de los detenidos políticos era “irrecuperable”, por lo que no resultaba conveniente encarcelarlos legalmente. De acuerdo con este razonamiento, no quedaba otra solución que su exterminio físico. Esta modalidad de represión incluyó la “destrucción de las pruebas”, lo que dificultaba cualquier intento futuro de revisión de lo actuado. Para justificar esta política de exterminio, que estaba incluso al margen de la legislación represiva que había elaborado la misma dictadura, los militares argumentaron que se trataba de una “guerra sucia”. Esto significaba, que luchaban contra un enemigo que actuaba ilegalmente, contra fuerzas insurgentes irregulares, no podían combatir respetando las normas y los acuerdos que rigen una guerra convencional.

LOS GRUPOS DE TAREAS Y LOS CENTROS DE DETENCIÓN CLANDESTINOS.

El resultado de la aplicación de esta metodología por parte de las Fuerzas Armadas y policiales fue un genocidio, concretando a través del secuestro, la tortura y el asesinato de miles de personas.

La mayor parte de las víctimas no fue reconocida por los militares. Los grupos que comenzaron a organizarse para defender los derechos humanos de las víctimas de represión empezaron a denominarlos “desaparecidos”.

La metodología que le permitió a la dictadura a realizar este genocidio fue planeada y aplicada del mismo modo en todo el país. Se trató de una esquema que respondía a una cadena de mando vertical cuyo vértice era la junta de Comandantes, por su carácter ilegal y clandestino, los grupos operativos que realizaron la represión actuaron con una relativa autonomía. A estas bandas de represores se los llamo grupos de tareas. Su función era capturar a los ciudadanos a quienes los servicios de inteligencia ( SIDE y otros) identificaban como “guerrilleros”, “izquierdistas”, “activistas sindicales” o, más genéricamente, “zurdos”. El grupo de tareas los secuestraba y los recluía en un centro de detención clandestino o “chupadero”, por lo general una comisaría, un establecimiento militar o un edificio acondicionado a tal efecto, en donde se los torturaba para que proporcionaran información que permitiera reliar nuevas detenciones.

Los centro de detención clandestinos funcionaron como verdaderos campos de concentración y exterminio. En el que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) los secuestrados eran mantenidos como vida durante meses, hasta que los secuestradores recibían la orden de realizar su “traslado”. Esto significaba que el detenido era asesinado y su cadáver ocultado en un fosa común sin identificación, como NN o incinerado o arrojado vivo desde un avión al ría de la Plata o al océano Atlántico, luego de recibir una droga que lo inmovilizaba. De este modo, se consumió la “desaparición” de miles de detenidos.

LA SOCIEDAD CIVIL: LA RESISTENCIA Y EL CONSENTIMIENTO

RESISTENCIA OBRERA Y CORRIENTES SINDICALES.

Para el movimiento obrero argentino, el 24 de marzo de 1976 significó el inicio de la mas cruenta persecución a sus organizaciones y militantes. El gobierno militar dictó una inédita cantidad de leyes prohibitivas contra las organizaciones sindicales: suspendió la actividad gremial y prohibió el derecho de huelga; ilegalizó la CGT y las 62 organizaciones e intervino centenares de sindicatos. Estableció una ley de prescindibilidad que permitió dar de baja a cualquier empleo de la administración publica sin necesidad de fundamentación.

La mayoría de los dirigentes sindicales fueron duramente perseguidos y miles de dirigentes intermedios y militantes fueron secuestrados y asesinados. Los dirigentes del sindicalismo combativo del peronismo de izquierda y de los sectores clasistas fueron secuestrados y asesinados masivamente. En cambio, la mayoría de los dirigentes vandoristas fue acusada de corrupción y enviada a prisión, como e l dirigente metalúrgico Lorenzo Miguel. Con estos encarcelamientos, el gobierno militar advertía y marcaba los limites políticos al sindicalismo.

Este plan represivo busco quebrar las bases de las organizaciones obreras, atomizando sus organizaciones y buscando entre la dirigencia sindical colaboradores con los cuales organizar un gremialismo dócil y adicto al régimen .

Como respuesta a las reformas laborales y a la política económica Martínez de Hoz, la mayoría de las organizaciones gremiales opuso una activa resistencia. Desarrollaron huelgas y otro tipos de luchas en los lugares de trabajo. Este movimiento de resistencia obrera tuvo características diferentes de las otras etapas de las historia Argentina. La gran mayoría de las luchas fue de carácter defensivo, consecuencia de la brutal ofensiva que el gobierno y los empresarios habían desarrollado, desde marzo de 1976, para eliminar las principales conquistas de los trabajadores y limitar la influencia de los sindicatos en la vida política del país. La reivindicaciones defensivas comprendían el mantenimiento de los niveles saláriales y las condiciones de trabajo y el cuidado frente a las represalias empresariales en contra de los dirigentes y las organizaciones gremiales.

Los trabajadores hacían oír sus reclamos en distintas ramas de la economía. Los trabajadores ferroviarios, los bancarios, los empleados de Aerolíneas Argentinas y de Y. P. F., entre otros, se sumaron al descontento y ampliaron el proceso de resistencia. Como respuesta a estas luchas, el gobierno militar profundizó las medidas represivas, multiplicando los secuestros y la desaparición de dirigentes y militantes sindicales. En enero de 1977, por ejemplo, 5000 obrero de Luz y Fuerza realizaron una manifestación por las calles contra la dictadura.

A pesar de ello, en marzo de 1977, un plenario de trabajadores de diferentes gremios, algunos intervenidos por los militares, dio origen a dos nucleamientos sindicales: la Comisión de los 25 y la Comisión Nacional del Trabajo (CNT).En los primeros tres años de la dictadura, estos dos nucleamientos, aun cuando hubo dirigentes que pasaron de uno a otro, definieron dos actitudes diferentes frente al gobierno.

La Comisión de los25 -formaba por los gremios de camioneros, taxistas, judiciales, del caucho, cerveceros, portuarios y empleados del tabaco, entre otros- constituyo el primer agrupamiento sindical de oposición a la dictadura.

Entre sus líderes figuraban Saúl Ubaldini, Roberto Digón y Ricardo Pérez. Algunos de sus dirigentes eran de extracción combativa, y otro respondían a gremios tradicionalmente moderados. Su vigencia se prolongó por varios años y cumplió y papel central en el impulso de los movimientos huelguísticos de esa época y en la refundación de la CGT en 1980.

LAS ORGANIZACIONES GUERRILLERAS: REPRESIÓN Y ANIQUILAMIENTO.

Las organizaciones guerrilleras y algunas agrupaciones de izquierda coincidieron en la interpretación de que la intervención militar potenciaría los conflictos que atravesaban a la sociedad Argentina. El origen peronista del gobierno de Isabel, dificultaban la comprensión del pueblo peronista respecto de cual era el rumbo correcto que debía seguir. Los montoneros sostenían que con el golpe de 1976 se abría “una ofensiva generalizada sobre el campo popular apoyada por los oligarquía, los monopolios imperialistas y la alta burguesía nacional”. Frente al gobierno de la dictadura militar, plantearon la estrategia de la defensa activa, destinada a evitar su consolidación y a preparar el terreno político para una contraofensiva popular.

El sector de la izquierda peronista realizó una gran cantidad de acciones armadas con el propósito de demostrar la debilidad del Estado. La mayoría de esas acciones no recibió el respaldo de la población y, tuvieron como consecuencia el alejamiento de algunos sectores.

Al mismo tiempo, buscaron el apoyo de los trabajadores, ya que sólo los obreros eran capaces de ofrecer una verdadera resistencia a los militares.

En agosto de 1976, Montoneros trató de integrarse en las luchas obreras a través de otra vía y creó una Confederación General del Trabajo de la Resistencia ( CGTR). Sin embargo, pese a las actitudes de colaboración con las luchas obreras este sector no demostró adhesión a los guerrilleros.

A partir de 1977, la represión sobre la guerrilla fue en aumento. La guerrilla rural había perdido fuerza como consecuencia de la perfección y muerte de sus principales dirigentes. Los mas importantes dirigentes de ERP había sido asesinados.

Las organizaciones guerrilleras funcionaron aisladas del resto de la población y actuaron en una lucha desigual contra las Fuerzas Armadas. El objetivo de terminar con sus acciones permitió a los militares una represión indiscriminada contra el resto de los sectores populares.

LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Durante la dictadura militar los partidos políticos atravesaron situaciones muy diferentes. Muchos dirigentes políticos del peronismo de izquierda fueron secuestrados y luego asesinados, mientras que otros pudieron tomar el difícil camino del exilio. Lo mismo ocurrió con militantes de los partidos tradicionales de la izquierda Argentina. Todos ellos eran considerados como “subversivos”.

Muchos dirigentes de peronismo y el radicalismo fueron encarcelados durante años por la dictadura, bajo acusaciones de malversación de fondos y corrupciones. Pero, al mismo tiempo, hubo dirigentes del mismo partido y agrupaciones que intentaron un acercamiento con los militares. Procuraron establecer fluidas relaciones e incluso ocuparon cargos diplomáticos y funciones en intendencias en muchas ciudades del país. En esta situación estuvieron algunos dirigentes del radicalismo, de la democracia progresista y de socialismo democrático.

El Partido Comunista también declaró un “apoyo crítico” al gobierno de Videla. Los dirigentes comunistas argumentaban que este militar representaba la línea mas blanda y conciliadora de las Fuerzas Armadas, a diferencia de otros Generales “fascistas” o “pinochetistas”, cuya intención era instaurar una dictadura represiva y sangrienta como la chilena. Plantearon, además, la necesidad de integrar un “gabinete cívico-militar” con los militares de ala democrática.

Durante la dictadura, hubo un importare proceso de renovación en el interior de la Unción Cívica Radical. Este fue impulsado por Raúl Alfonsín, líder del Movimiento de Renovación y Cambio (MRyC).

LA IGLESIA CATOLICA

Entre el conjunto de los obispos y los sacerdotes de la Iglesia Católica se diferenciaron dos actitudes: de denuncia y acompañamiento a los familiares de las victimas, por un lado, y de aprobación y colaboración con la política represiva, por el otro.

Muchos de los sacerdotes que integraban el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo y un conjunto de religiosos que desarrollaba su acción pastoral en zonas carecientes fueron victimas directas de la represión del terrorismo de Estado. Los casos mas resonantes fueron la matanza de mojes pertenecientes a la orden de los Palopinos, en el barrio porteño de Belgrano; el asesinato del obispo de La Rioja, Monseñor Enrique Angelelli, mediante un accidente automovilístico simulado; y el secuestro }y desaparición de dos monjas francesas en la ESMA.

La mayoría de los otros obispos adopto, en cambio una actitud pasiva o , en algunos casos, de franca complicidad y apoyo al gobierno militar. La lucha contra el “marxismo apátrida” identificaba a muchos fieles del ala mas conservadora de la Iglesia con los objetivos del “preceso”. En algunos casos la actitud fue mas allá del apoyo en declaraciones públicas en misas y homilías. El pro vicario castrense monseñor Victorio Bonamín declaró que “ cuando derramamiento de sangre hay redención; Dios está redimiendo a través de Ejercito de la Nación Argentina”. Hay testimonios que refieren que algunos sacerdotes confortaban espiritualmente a los miembros de los grupos de tareas, después de que estos practican torturas o ejecutaban a sus prisioneros indefensos. Los miembros de la jerarquía eclesiástica sobre los que recayeron mas denuncias por este tipo de participación en la represión fueron el obispo de La Plata, monseñor Antonio Plaza, y el de Jujuy, José M. Medina.

LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS

El sábado 30 de abril de 1977, a las 11 de la mañana, un grupo de 14 mujeres se reunió en la Plaza de Mayo con el propósito de solicitar una audiencia al Gral. Videla. Querían saber cual era la situación de sus hijos, que habían sido detenidos ilegalmente y de los que no habían tenido ninguna noticia desde ese momento. Videla no recibió las madres de los desaparecidos, pero este encuentro fue el punto de partida de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que comenzó a nuclear a quienes reclamaban por la “ aparición con vida de los detenidos- desaparecidos”.

La irrupción de la Madres fue la 1era Rta pública que surgió de la sociedad civil frente a la represión de la dictadura militar. En eso momentos, en los que la actividad de los grupos de tareas era fuerte y sistemática, el reclamo de las madres fue realizado casi en total soledad, por mucho tiempo no fue conocido por la mayoría de la sociedad Argentina, tanto porque los medios de comunicación no informaban de su existencia como porque bastos sectores de la población preferían no enterarse de la matanza que se desarrollaba a su alrededor. La presencia de algunos medios de prensa de exterior, que recogieron su testimonio, brindó a las Madres cierta protección para encontrarse en la Plaza. También contaron con la ayuda de algunos sacerdotes que le permitieron reunirse en sus Iglesias.

Además de las Madres. También se formaron otras organizaciones que agruparon a personas que estaban directamente afectadas por la represión, como los Familiares de Detenidos y Desaparecidos por razones políticas y las Abuelas de Plaza de Mayo. Estas ultimas se dedicaron a rastrear la suerte de sus nietos, muchos de ellos secuestrados junto con sus padres o nacidos en los centros de detención clandestina.

El reclamo de los familiares de las víctimas fue acompañado por otros organismos defensores de los derechos humanos que ya existían antes de 1976, como el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y otros que se crearon, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (SELS).

Todas estas organizaciones en las que participaban abogados y otros profesionales, religiosos, gente vinculada con la cultura, desde distintas posiciones político-ideológicas y utilizando diferentes consignas, prestaron su colaboración para realizar denuncias de recopilar datos sobre las acciones represivas, publicar solicitadas en el país y en el exterior y brindar asesoramiento jurídico-legal.

De este modo, el movimiento que iniciaron las Madres fue incluyendo a otros sectores de la sociedad civil. Su denuncias tuvieron una gran repercusión en el exterior, en particular en los países que habían recibido exiliados argentinos, como México y algunos países europeos. También en los Estados Unidos, cuyo presidente James Carter, del Partido Demócrata, había adoptado una política internacional de defensa de los derechos humanos.

Esta repercusión en el exterior y las conclusiones críticas de informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, provocaron la reacción del gobierno militar que acusó a “la subversión” de fomentar una “campaña antiargentina”. En repuesta, la dictadura organizó una campaña publicitaria centrada en la consigna “ Los argentinos somos derechos y humanos”. La gran cantidad de etiquetas adhesivas con esa leyenda pegadas en los parabrisas de automóviles y colectivos y en las vidrieras de los comercios revelaron que muchos argentinos consentían la política llevada adelante por la dictadura.

El 13 de octubre de 1980, un comité noruego otorgó el Premio Nóbel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel, una argentino que actuaba como coordinador general del SERPAJ-una organización defensora de los derechos humanos, de predica no violenta, vinculada con grupos cristianos tercer mundistas-. Pérez< Esquivel era prácticamente desconocido en la Argentina, pero en reconocimiento a su lucha por parte de una institución de indudable prestigio mundial significó un duro golpe para la dictadura en el plano internacional y una legitimación para todos aquellos que, en la Argentina, intentaban resistir la política represiva. Desde entonces los organismo de derechos humanos contaron con un respaldo que le permitió actuar con mas libertad. Sólo en 1981 la mayoría de la población Argentina tuvo conocimiento de personas que se agrupaban pata enfrentar al gobierno militar.-

CONCLUSIÓN

La guerra contra la subversión -también conocida como Guerra Sucia- Fue una enorme tragedia colectiva que le sucedió a la sociedad Argentina entre 1976 y 1983 dado que no se reparó en medios para conseguir los fines propuestos y que significó el fin del exterminio de izquierda.

Hubo alrededor de 10.000 desaparecidos y los hábeas corpus carecían de validez. Un grupo de madres de desaparecidos se movilizó y formó el organismo conocido como “madres de plaza de mayo”; difundieron las características de la represión en todo el mundo, buscando apoyo internacional y encontrándolo en asociaciones civiles y en la prensa extranjera.                                                                     

 En su transcurso se transgredieron las normas básicas que hacen a la humanidad de las personas, y se pervirtieron los más elementales principios morales, que hacen a la dignidad y a la vida.El terrorismo de estado significó volcar todo el poder del estado al aniquilamiento de opositores sin control alguno mediante la descentralización de la represión a cargo de “grupos de tareas” independientes. Nunca hubo antes en la Argentina una matanza sistemática de hombres, mujeres y niños, solo porque diferían en ideas, se agrupaban en empresas solidarias, o simplemente porque eran jóvenes y por lo tanto peligrosos. Nunca antes bebés fueron robados para asegurar que no existiera continuidad de las convicciones de las madres asesinadas. Nunca antes se asesinaron madres para asegurar el futuro de la patria y pensar que todo esto ocurrió porque individuos y organizaciones hicieron uso del asesinato, el sometimiento y el odio, como herramientas para la construcción de una Argentina "acorde a sus ideales".

Con todo esto concluimos que el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 marca un antes y un después en la HISTORIA ARGENTINA.-

BIBLIOGRAFÍA:

• HISTORIA LA ARGENTINA CONTEMPORÁNEA (1852-1999) editorial AIQUE.

• HISTORIA de la Argentina contemporánea editorial Santillana.

• Enciclopedia ESPASA.