Gobierno militar en Perú 1968-1980

Historia. Sudamérica. Perú. Régimen totalitario. Crisis económica. Conflictos sociales. Levantamiento armado. Dictadura militar

  • Enviado por: Guillermo Soto Garrido
  • Idioma: castellano
  • País: Chile Chile
  • 3 páginas
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'Gobierno militar en Per 1968-1980'
UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN

FACULTAD DE EDUCACIÓN

CARRERA DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES

RAMO: AMERICA SIGLO XX

CRISIS ECONÓMICA Y CONFLICTOS SOCIALES: EL GOBIERNO MILITAR DEL PERÚ 1968-1980

Nombre: Guillermo Soto Garrido

Introducción

El presente trabajo tiene por objetivo dar a conocer los principales aspectos del régimen militar que gobernó en Perú entre 1968-1975 y en su segunda etapa, que dista en algunos aspectos de la anterior, entre 1975 y 1980.

Otro punto a tratar es de alguna manera conocer los antecedentes, previos al gobierno militar peruano, que surgió de un golpe de estado ejecutado por los militares, ante el fracaso en la dirección del Estado por parte de Belaúnde Terry.

En lo que respecta al régimen militar en sí, se darán a conocer principalmente los aspectos políticos del Régimen liderado por el General Juan Velasco Alvarado, la relación que este tenia con la oligarquía y partidos políticos, además de las relaciones que existían con los sindicatos y la clase obrera y campesina, y la gente de izquierda.El gobierno de Velasco Alvarado, concibe al estado y al gobierno como una institución que esta por sobre los partidos políticos, que para el régimen de Velasco conformaban una verdadera lacra para gobernar los destinos de la nación peruana.

El derrocamiento del gobierno anterior se dio mas que nada “con el fin de llevar a cabo desde una posición de fuerza, las reformas que el débil gobierno civil derrocado por ellos había sido incapaz de poner en práctica”

La dependencia externa del Perú, la fracasada reforma agraria y nacionalización de la IPC, fueron alicientes suficientes para un golpe de Estado.

En la segunda etapa del gobierno militar, existen aspectos más conciliatorios, y se busca una mayor estabilidad entre el gobierno, los partidos, sindicatos y los distintos sectores sociales con un Francisco Morales Bermúdez, bastante débil en comparación al aristócrata y personalista Velasco Alvarado.

En fin no es la intención desarrollar el tema aquí, sino solo entregar los aspectos fundamentales de ambos regímenes, su relación con los diversos sectores de la sociedad y sobretodo la constante pugna y reticencia hacia la clase política por parte de los militares.

Dentro del contexto político existieron actores colectivos importantes como el AP y el APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana) cuya dirección estaba a cargo de don Víctor Raúl Haya de la Torre, personaje de importancia en la política del Perú a partir de 1930 y que encabeza uno de los partidos con mayor tradición política hasta esa fecha en Perú. Por otro lado estaba el AP, de Belaúnde Terry presidente derrocado por el régimen y que tras el termino de este volvería al poder. No podemos dejar de mencionar a los diversos movimientos sindicales y estudiantiles, que mas que cumplir un papel activo y decisivo en la dirección de la política, si alteraban el orden social y en cierta forma confluyeron al termino del régimen militar, como factor importante del orden social que se veía alterado y que resulta trascendente para la continuidad de un gobierno.

Por lo tanto, el desempeño esencialmente político del gobierno militar, sin desdeñar los aspectos sociales y económicos, y la relación del gobierno con los diversos sectores sociales, sindicales y políticos, son los puntos y temáticas esenciales que se presentan a continuación en este trabajo.

El Régimen Militar del Perú: Antecedentes previos, El gobierno de Belaúnde Terry

Durante la década del 60' en Perú, se puede advertir el protagonismo adquirido por las fuerzas militares, en la política, concretamente en la preocupación por la dirección del aparato estatal y el gobierno de la nación por parte de estas, las cuales se inmiscuyeron cada vez mas en los diversos problemas que afectaban a los gobiernos civiles, que para los militares los únicos culpables de tales afecciones, era la clase política y los partidos.

Las fuerzas militares considerando la inoperancia de los gobiernos de turno, comenzó a actuar sucediéndose una serie de golpes de estado y derrocamientos de gobiernos, reemplazándolos por la dirección de los militares.

Ya en 1962 se puede apreciar el primer golpe de estado de la década de los 60' aunque la toma de poder por parte de los militares seria breve y transitoria. Se había derrocado al presidente Prado y ya se anunciaban las elecciones para presidente por lo que las fuerzas militares se adelantaron e hicieron posesión del poder, ante el inminente triunfo de Haya de la Torre, líder de izquierda del APRA, el cual causaba cierta repugnancia en las fuerzas militares, y aprovechando la dubitativa legitimidad de las elecciones, debido a las constantes constataciones del comercio peruano respecto a la ayuda mutua entre el gobierno y el APRA, por un pacto de “coexistencia”, el poder militar ascendió al poder.

Algo característico de las fuerzas militares peruanas, es la distancia que toma de la oligarquía, considerándose el gobierno militar como autónomo, por lo tanto actuó según su pensamiento.

La principal meta del gobierno militar de esa época era la nacionalización de la IPC, algo recurrente en las promesas de los mandatarios del Perú por aquellos años. Además de lo anterior se dedicaron a paralizar la movilización social, reduciendo a diversos líderes campesinos, estudiantiles y obreros entre otros.

Sin embargo el régimen militar seria transitorio para convocar a nuevas elecciones en 1963, debido a las amenazas de EE.UU. de terminar con la ayuda militar. Esto se produjo esencialmente por la autonomía que declaraba el nuevo gobierno ante las clases políticas. Por lo tanto se realizaron elecciones, en las cuales, gracias al apoyo de el PDC ( Partido Demócrata Cristiano), el representante del AP Belaúnde Terry asumió la Presidencia de la República.

Entonces comenzaba un proyecto reformista, por parte de Terry, para satisfacer a los diversos sectores sociales, campesino, obreros, estudiantes y la clase media.

Terry quería nacionalizar al Perú, que el Estado y la Nación fueran protagonistas y dueños del desarrollo económico, social y político del Perú, y disminuir la influencia y dependencia extranjera. Pero los diversos obstáculos que encontró el AP en el congreso por parte del APRA y la UNO, ambas coalicionadas , sin duda dificultaron el gobierno de Terry, considerando que el APRA tenia una fuerza electoral y poder político considerable.

Las dificultades para llegar a un acuerdo entre el AP y el APRA, fue materia de reflexión para el gobierno que ansiaba dicha alianza para un gobierno mas fluido y sin obstáculos. Las dificultades también eran en externas, el AP al aliarse con el APRA perdería el respaldo del ejército y el Comercio. Además las sulfurosas posturas del APRA hacia el AP por considerarlo un ala de las fuerzas militares y del comercio, que habían impedido la elección de Haya de la Torre, eran otro impedimento que hacia imposible la unión entre ambos entes políticos. Finalmente el APRA se unió a sectores oligárquicos y el Odrismo, con lo que se produjo un cisma dentro del APRA, considerando sus raíces izquierdistas. Los mas jóvenes se alinearon a la izquierda mas radical, y la clase obrera y media, que estuvo muchos años bajo la protección e influencia del APRA, tomo distancia alejándose de su circulo.

El congreso, organismo disidente frente al gobierno y obstáculo constante, fue uno de los entes que provocaron la inestabilidad gubernativa de Terry, haciendo un parangón con la Republica Chilena de fines de los 90' del siglo XIX y a inicios del siglo XX, con su parlamentarismo a la chilena, caracterizado por el derribamiento de los gabinetes, las rotativas ministeriales, sucesos acaecidos gracias al poder del parlamento de censurar ministros y rechazar presupuestos, lo que decanto en la inoperancia política tanto del ejecutivo como el legislativo. Por lo tanto Terry se encontraba en una encrucijada y es lo que nos hace rememorar a Balmaceda, en cuanto a que hacer con el congreso, clausurarlo, algo inconstitucional de por si, y requeriría la ayuda del ejercito, para luego ser su subordinado. La otra alternativa era mover a las masas, pero las consecuencias podían ser fatales y haber terminado en una guerra civil, ya que las fuerzas armadas no se habrían quedado de brazos cruzados.

Finalmente se decidió aumentar el gasto público, con esto se podría atraer un mayor apoyo para el gobierno. Se incremento el gasto en educación de sobremanera, y se realizaron exenciones de impuestos a favor de la sustitución de las importaciones, se incrementaron los empleos urbanos, pero pronto el sistema comenzó a tambalear.

Hacia el 65' disminuyeron las exportaciones, debido a la retirada de inversionistas norteamericanos. Pero esto solo seria una antesala, a la serie de deterioraciones en las relaciones entre el gobierno y los diversos sectores sociales.

Se mantuvo el tipo de cambio, no hubo devaluación, con el fin de ayudar a la industria y los precios de los alimentos se mantuvieron, generando la protesta airada de los campesinos, los principales perjudicados al ver que sus ganancias se estancaban y que la agricultura campo ya no era tan viable, se trasladaron a los sectores urbanos. Junto a esto la deuda externa del Perú aumentaba llegando al 18% del valor total de las exportaciones en 1967. Esto provoco la protesta de diversos sectores políticos y dentro del mismo seno del AP había conflictos. El sistema parlamentario, sin duda, era la piedra de tope para cambios profundos en la estructura económica, social y política, del Estado. Las rotativas recurrentes ministeriales afectaban el buen desarrollo del papel del ejecutivo y el parlamento solo se dedicaba a derribar ministros y poner objeciones al ejecutivo tal como ocurrió en Chile años atrás.

Poco a poco la masa obrera y de campesinos se iba politizando, inclinándose por la izquierda mas radical. A ello se le sumaban los jóvenes estudiantes y la clase media e incluso los más intelectuales. Los militares se mostraban cada vez más aprensivos con el gobierno y la situación les parecía caótica.

Ante la situación caótica, Haya de la Torre, se alineo con el AP, para otorgar un nuevo gabinete con mayores poderes extraordinarios, separándose el APRA del odriísmo.

Lamentablemente la solución no complacería a todos y parte del AP, en constante pugna con el APRA, se distancio del gobierno y se alineo con El Comercio y el Ejército en constantes ataque al gobierno de Terry.

En lo económico el régimen de Terry se dedico a incrementar el gasto publico y reformas fiscales, reforzó el papel del estado peruano y de los industriales y nacionalizo el Banco central, además intento reducir el gasto militar, medida recalcitrante para el ejercito cada vez mas nacionalista.

La gota que rebalso el vaso fue el acuerdo entre el gobierno y la IPC, para la continuación de la exploración y explotación de petróleo, algo que Terry había prometido, como un negocio del Estado, el control de la IPC, finalmente no se cumplió.

El escándalo mayor fueron los trascendidos sobre el precio que supuestamente (este no estaba estipulado) fijaba la compañía del Estado por la compra de petróleo por parte de la IPC, lo que degenero en diversas acusaciones. Con lo anterior el APRA se alejo de Belaúnde Terry. El Comercio incentivo al Ejercito a que tomara control de la situación y fue así como el 3 de Octubre de 1968, es derrocado Terry por un golpe militar, golpe que se venia gestando desde un buen tiempo ante el estado de cosas establecido.

La primera etapa del gobierno militar peruano: Juan Velasco Alvarado 1968-1975.

La revolución desde arriba, las reformas desde el Estado y el acaparamiento de toda la actividad gubernamental y estatal por parte de las fuerzas armadas, como un ente autónomo y reticente a la oligarquía, los partidos políticos y el sistema parlamentario, fue encabezada por el general Juan Velasco Alvarado. El Nacionalismo como un componente intrínseco dentro de las fuerzas militares suramericanas, se cristalizo en la economía de la nación, el papel que debía cumplir el Estado como órgano rector de la producción industrial y la economía, todo esto traducido en la nacionalización de las diversas industrias, entre ellas la IPC, la nacionalización de la producción de hidrocarburos, minerales, la pesca, electricidad y trasportes. La reforma agraria era un anhelo de varios gobiernos y de los campesinos mas desposeídos, con ella se formaron cooperativas agrícolas, y se erradico a la gran lacra de los campos, la decaída oligarquía de carácter rural. Aumento la actividad sindical y la autonomía de los obreros en sus respectivas compañías con la “comunidad de trabajo”.

Otro punto a solucionar era la dependencia del exterior del Perú, esencialmente de EE.UU., además de la gran presencia de inversionistas extranjeros, algo que iba en contra de la filosofía de Estado del régimen, en la cual se remarca el carácter nacionalista y se refleja en el control del Estado en los negocios de la nación.

Perú comenzó trazarse diversos caminos y comenzó a establecer relaciones con el bloque socialista, China por ejemplo. Comenzó la nacionalización de empresas privadas norteamericanas en Perú con empréstitos de EE.UU. y lentamente comenzó a plasmarse, un capitalismo de Estado y nacional, mezclado con cierto populismo debido a su antioligarquismo y su más reconocida inclinación y simpatía por las clases media y baja. Intelectuales que habían pertenecido al APRA eran lo principales caudillos de la ideología del régimen, el cual consideraba justa las demandas de los sectores sociales mas deprimidos. El Nuevo gobierno peruano planeaba “Un proceso de integración masiva en el aparato estatal, de las clases sociales”

Lamentablemente para el nuevo régimen, comenzaron a activarse políticamente elementos del campesinado y de la clase obrera, los cuales tenían un carácter bastante virulento e incrementaban aun más el movimiento de masas que una vez tomada su consistencia real, tuvo que ser reprimido físicamente, por los militares.

El movimiento sindical cayó bajo la influencia del PC, por medio del CGTP , el cual velaba por la obtención de ventajas para lo trabajadores y que mantuvieran cierto control sobre estos, en cuanto no se formaran marchas o huelgas, algo recurrente y que no se pudo controlar a pesar de la orientación del gobierno, respaldado por la URSS o Cuba. La exigencia de las reformas por parte del gobierno requerían de huelgas al parecer, y poco a poco los movimientos de masa se fueron radicalizando, virando hacia la Ultra izquierda, grupos que incluso, ya eran, independientes del PC y la CGTP.

Ante este escenario el gobierno militar planteo una participación de la sociedad, en forma corporativista, contrario a todo partido político, que desdeñaban del poder al pueblo. De esta forma el gobierno comenzó a reconocer a diversos organismos formados por estudiantes, campesinos y obreros, con el fin de conocer sus exigencias e integrar y solucionar los problemas sociales, todo esto bajo el amparo del SINAMOS,(Sistema Nacional de Movilizaron Social)

Lamentablemente la poca la fructificación de las conversaciones, la insuficiencia de las soluciones para estas organizaciones que representaban a vastos sectores de la sociedad provocó un malestar general y una cierta hostilidad hacia los militares, por parte de los sectores sociales mas compungidos, por lo cual estos organismo se comenzaron a distanciar del Ejecutivo, ante el intento de este de invalidar tales organizaciones.

Algunas consideraciones económicas de esta primera Etapa

Ante la arremetida del movimiento sindical y campesino, en parte alentado y aceptado por el gobierno, el sector inversor privado comenzó a irritarse y a temer frente a este orden de cosas, con un gobierno bastante ambiguo, caminando por los senderos del socialismo o el comunismo, por lo cual poco a poco la ayuda al Estado por parte de los privados comenzaría a caducar.

En lo que respecta a la política económica del gobierno, las reformas en la posesión de tierras, la división de estas, con el fin de aumentar la productividad la cual ayude al desarrollo de la industria, la cual seria controlada esencialmente por el Estado que incentivaría la producción para sustituir las importaciones, son los parámetros mas importantes dentro del pensamiento económico del régimen. En forma paulatina comenzaban a decaer las entradas por las exportaciones, aumentaba la demanda interior reforzada con el alza de los salarios que alcanzo un máximo histórico hacia 1974, se incremento el número de empleados públicos y el gasto público, sobretodo para fines militares. La compra de armas se incremento hacia 1973, ante el temor de un inminente conflicto bélico con Chile, y la URSS seria su gran socio vendedora.

El gasto publico, se incremento a pesar de la negativa de EE.UU. para empréstitos al Perú. El gobierno peruano continuo con las políticas de subvención de importaciones de carburantes y alimentos, además de mantener los precios de los productos agrícolas de forma fija, lo cual se repetía con lo sucedido en el gobierno anterior, la pauperización del sector campesino, además de un incremento en el déficit fiscal..

Velasco, se mostró optimista y que todo se solucionaría encontrándose petróleo, dejando de lado mediadas más razonables, coma la reducción de importaciones y la reducción del gasto fiscal, sobretodo en armas, esto ultimo casi imposible para Velasco que premeditaba un conflicto con Chile.

El comienzo del ocaso del régimen de Velasco

Paulatinamente Velasco comenzaba a actuar en forma personalista sin consultar a los altos regentes de la Armada y muchas medidas las dictamino sin la complacencia de esta.

Las constantes peticiones de los sectores medios, obreros y campesinos, rara vez eran escuchadas y el gobierno, Velasco primordialmente hizo caso omiso de estas.

Volviendo con sus reformas radicales Velasco promulgo la creación del sector de la propiedad social. Su función seria introducir a la propiedad colectiva, en la industria con la ayuda de fondos fiscales. Los capitalistas reaccionaron censurando tal medida, utilizando los medios de comunicación, acusando al gobierno de ejercer un comunismo casi total. Ante esto Velasco censuro a los medios de prensa, a pesar del rechazo de la Armada a tal medida. Ante la oposición de la Armada, Velasco dio de baja a oficiales de alto rango. Este hecho denota la extensión nimia de la potestad del gobierno que solo recaía en las manos de Velasco y en su sequito personal, el cual conformaba los mas altos rangos del Ejercito y el gobierno.

Pero lo anterior solo era una parte del gran cisma al interior de las fuerzas armadas que se configuro de mejor forma, con la unión a los movimientos huelguísticos , de la policía que demandaba mejoras salariales y un poder independiente de las fuerzas armadas, en el gobierno.

Con la adhesión de la policía, el statu quo estaba totalmente quebrajado. En realidad desde bastante tiempo, no existía un statu quo definido y solo existía un desorden generalizado, con trabajadores, campesinos y estudiantes descontentos por las calles, y ahora se sumaban los guardianes del orden, la policía.

Los medios de comunicación quedaron en manos de agentes del gobierno y muchos se distanciaron de los pensamientos del gobierno y de las fuerzas armadas y expusieron en los medios escritos las exigencias de las masas, fomentando el incremento de movimientos sociales.

Velasco con todo lo anterior comenzó con la represión con el fin de detener la protesta social, comenzando por la deportación de los líderes mas carismáticos de los movimientos sindicales, partidos de izquierda y medios de comunicación de la oposición. Ante el caos total, intento otras medidas que podrían en cierta parte mejorar la imagen del régimen como la expropiación un empresa minera norteamericano, determinación que solo sirvió para tener conflictos con EE.UU. y no para mejorar una imagen bastante desgastada ante las masas.

La situación en la que se encontraba el gobierno no podía ser peor, y existía casi un pleno acuerdo en que este orden de cosas no podía continuar. Esencialmente Velasco no podía continuar rigiendo los destinos del Estado, con un gobierno personalista, represivo e impopular, por lo cual se debía hacer un cambio rápido, para que no se continuara desgastando la imagen de las fuerzas armadas.

De esta forma los jefes de las regiones militares depusieron a Velasco, nombrando como jefe de Estado al ministro de Guerra, Francisco Morales Bermúdez, quien protagonizaría la segunda etapa del régimen militar, de la revolución desde arriba que nuevamente fue un fracaso. De esta forma con Morales se desgasta totalmente la imagen de las fuerzas armadas como un posible órgano rector, desde el gobierno.

La segunda fase del gobierno militar y la transición al gobierno civil, 1975-1980

El control del estado traspasado a la junta militar dio paso a la segunda fase de la revolución militar, que estaba compuesta en su mayoría por los jefes de las FFAA. Con el fin de legitimarse como tal, la junta mantenía informada a la oficialidad de todo acto que se llevara a cabo, por otro lado redujo notablemente el poder del jefe del estado y aisló a los miembros del grupo militar. Los objetivos de esta junta tenían un carácter mas inclinado a las FFAA que a la sociedad en general, ya que sus preocupaciones se centraban en problemas de defensa y seguridad nacional.

Cuando se destituyó a Velasco Alvarado, todos pensaron que se volvía al gobierno constitucional, siendo los más contentos los grupos izquierdistas y las agrupaciones de clase baja, regresando los deportados y finalizando el control de los periódicos, empezando la segunda fase con una gran aceptación. Morales Bermúdez reflejaba una imagen titubeante entre los diferentes intereses del régimen y plasmado en diversos problemas importantes como la crisis económica, provocando la oposición de las masas sobre todo cuando se puso en práctica dos paquetes de medidas para la crisis económica. El gobierno trató de ayudarlo pero esto no resultó suficiente, y se limito a llevar a cabo su política de “represión selectiva”. Sin embargo, por otro lado esta segunda fase se caracterizó por el énfasis a la economía abriéndose a los intereses capitalistas y apoyando un programa de recuperación económica, dando pasos a la liberalización.

A principios de 1976 el gobierno puso el primero de nueve paquetes de recuperación económica. Por otro lado, el general Jorge Fernández Maldonado fue ascendido a comandante en jefe del ejército y ministro de guerra y primer ministro pero esto fue opacado al destituir a los directores de designación estatal de los medios de comunicación, de carácter autónomo. Morales Bermúdez pidió en esos momentos que la gente aceptara una tregua política para evitar conflictos con características similares a los del resto del Cono Sur, fomentando el nacionalismo y llevando a cabo estrategias para buscar el apoyo del APRA y dividiendo a la oposición. Pro otro lado Haya de la Torre respondía sugiriendo elecciones generales y la vuelta del gobierno constitucional reencontrándose así con el apoyo popular.

Toda esta situación fomentó la aparición de la política de partidos en el país y por otro lado, el regreso de Beleaúndez fue para aumentar el apoyo de Haya de la Torre. El rechazo de los esfuerzos de Morales y Fernández por buscar un consenso entre los militares y las fuerzas políticas fueron propiciados por grupos derechistas que buscaban una “tercera fase”.

En 1976 el régimen inició los pasos para la obtención de empréstitos internacionales principalmente de Bancos Estadounidenses, con las condiciones que estos impusieran, entre ellas, la apertura a inversiones extranjeras, sobre todo en la pesca y la minería.

A mediados del mismo año, se declaró que todas las huelgas, sobre todo minería y pesca, eran ilegales lo cual fomentó la unificación de sindicatos y grupos izquierdistas con el propósito de convocar a una huelga general. El gobierno respondió con medidas represivas hacia estos sectores a la vez que buscó resolver los problemas de la deuda externa.

En julio del mismo año, se produjo otro incidente en el que oficiales liderados por Bobbio, se levantaron en Lima y exigieron la destitución de Maldonado y otros generales velasquistas de la primera fase. El mando militar dejo todo bajo control destituyendo a los oficiales rebeldes.

Por otro lado, la izquierda y el movimiento social siguieron creciendo y protestando en desacuerdo con el gobierno. Buscaban el regreso del gobierno constitucional tratando de acusar de distintas faltas a los militares. Morales Bermúdez, para calmar esta situación devolvió la industria pesquera a empresas privadas y permitió la libertad de prensa.

Al cumplir los requisitos que se le habían pedido, el gobierno pudo recibir 400 millones de dólares pero al comprar aviones soviéticos provocó la intervención del Fondo Monetario Internacional. El país tuvo dos problemas principales en ese momento: enfrentar una crisis económica internacional y enfrentar los conflictos sociales internos. Los oficiales discutían sobre cómo solucionar el problema de la crisis económica y hacer frente a la oposición. Morales propuso entonces una solución institucional que permitía la transición al gobierno civil y la retirada de los militares en el conflicto político. En 1977 se presentó el Plan Tupac Amaru con el cual se plasmarían estos acuerdos. El mismo año, la esposa del presidente Carter de EEUU en su visita a Perú señala que apoyaría a los militares si estos restauran la democracia.

Las conversaciones entonces, del gobierno, el APRA y el PPC reanudaron sus conversaciones. Los grupos izquierdistas y obreros por otro lado, presionaban para abolir las medidas económicas que afectaban a las clases bajas. El APRA y el PPC aprovecharon estas circunstancias para promover su campaña a favor de la democracia recibiendo un amplio apoyo.

Sin embargo el traspaso no fue inmediato, por lo que los militares trataron de seguir con las medidas de recuperación económica, para quedar con una buena imagen después de dejar sus cargos. En 1977 el ministro de Economía es reemplazado y Piazza toma su lugar pero no pudo reducir las compras de material bélico por tanto no pudo disciplinar a los ministros militares. Como consecuencia, el 19 de julio de 1977 se establece una huelga general que contó con el apoyo del APRA y parte del mundo empresarial. El gobierno reaccionó permitiendo el despido de los obreros instigadores de las huelgas y eliminó la estabilidad del empleo; esto lo aprovecharon los privados para eliminar a los obreros conflictivos.

Después de realizar estas medidas, el gobierno convocó a elecciones para una asamblea constituyente en mayo de 1978.

La convocatoria de las elecciones alentó la movilización política, la rivalidad entre los partidos y de la división de los que se oponían al gobierno militar al principio pareció que la iniciativa de los militares se vería saboteada por la abstención de Belaunde Terry y los grupos izquierdistas. Pero el acceso que se dio que se dio a los partidos políticos y a los medios de comunicación controlados por el gobierno, los debates entre viejas y nuevas figuras políticas con diferentes puntos de vista y programa para resolver los problemas del país, lo que hicieron que la población se interesara en forma creciente por las elecciones.

Bajo Luis Bedoya Reyes, el PPC se presento como representante de probada eficacia y capacitado del mundo empresarial. Debido a la importancia a las medidas económicas de estilo pinochetista Bedoya adquirió una imagen decididamente derechista. En el otro extremos los grupos izquierdista competían intensamente unos con otros, proponiendo soluciones que iban desde el retorno del camino nacionalista-populista de la primera fase de la revolución militar hasta la sovietización tanto del ejercito como de los medios de producción. Haya de la Torre aceptaba la condiciones de los militares para el traspaso del poder y limitaba el debate a las formulas jurídicas del nuevo orden constitucional y que aplazaba la resolución de los problemas económicos y sociales. A este efecto, llego aliarse con el gobierno, aislando a los sindicatos y a la izquierda.

Después de una serie de conversaciones entre el general Morales Bermúdez y el departamento de Tesoro norteamericano, Estados Unidos accedió a negociar con el FMI para ayudar a restablecer sus relaciones con Perú con la condición de que el gobierno peruano cumpliera su promesa de dar los pasos necesarios para efectuar una transición política. El resultado fue la firma de un acuerdo con el FMI a fines de la década del 70 en donde el gobierno limeño se comprometía a empezar a pagar su deuda exterior y establecer medidas para estabilizar la economía. A raíz de esto y como compensación el FMI concedió al gobierno militar un crédito de cien millones de dólares.

Un cuarto conjunto de medidas se dictó a inicios de 1978 provocando huelgas generales y movilización de las masas en protesta por un supuesto ataque contra los medios de vidas de las masas, a la ves que exigían la readmisión de los obreros que en 1977 habían sido despedidos por participar en la huelga general de ese año. Esta huelga se aplazó hasta febrero producto del aumento de las tensiones fronterizas contra Ecuador. En ese mismo año, el representante del FMI abandona el país indignado por el no-cumplimiento de las medidas con las cuales se condiciono el crédito facilitado; básicamente por la autorización de sete dinero para campañas electorales.

En la situación económica del país se volvió insostenible haciendo muy probable que el gobierno no pudiera pagar sus deudas externas. Un tiempo antes de las elecciones de mayo un grupo de funcionarios del gobierno viejo a Washington para reanudar las negociaciones con el FMI. El FMI pidió a cambio que se propusiera un quinto paquete de medidas para estabilizar la economía.

Las nuevas medidas de ajuste de mayo de 1978 fueron las que tuvieron mas efectos desde las que se impusieron en julio de 1976, y provocaron otra huelga general de dos días, el 22 y 23 de mayo, que se siguió en todo el país.

A pesar de los acontecimientos turbulentos que tuvieron lugar entre mayo de junio de 1978, y en un clima de creciente conflictos sociales y políticos, se celebraron las elecciones de las que debían salir los cien representantes que redactarían la nueva constitución que remplazaría a la de 1933.

En cuanto se reconocieron los primeros resultados, la junta militar declaro que reconocería la voluntad del pueblo. A pesar de su tradicional animosidad hacia el APRA, y el ejercito pensó que en las circunstancias del momento el partido era u sucesor apropiado de las fuerzas armadas. Haya de la Torre salió presidente de la asamblea constituyente por que había obtenido el mayor numero de votos, lo que quiso llegar acuerdos con lo que llamaba la izquierda responsable. Lo que la izquierda se negó a colaborar con Haya de la Torre o con el APRA y a limitar su trabajo a redactar la constitución. Además algunos grupos izquierdistas exigieron que se hiciera caso omiso de la junta militar, creando así una situación de poder dual. La mayoría rechazo sistemáticamente esta postura y sumo su vos a la del gobierno para acusar ala izquierda de interrumpir el incipiente proceso legal, con una oleada de huelga cuyo objetivo era agravar las contradicciones y dar mayor impulso a la supuesta situación revolucionaria.

En vista de que la asamblea constituyente no avanzaba debido a los problemas que planteaba la izquierda, su presidente decidió encargar la redacción de la constitución a varias comisiones que en sesiones plenarias especificas debatirían sus propuestas. Sin embargo esta división parlamentaria en el sentido de la labor que realizaban silencio por un lado las exigencias y acusaciones provenientes de la izquierda, por otro lado, la imagen publica de la asamblea se vio empañada ya que permitió que los representantes izquierdistas fomentasen el movimiento de agrupaciones de carácter social y sacaran provecho de la inmunidad parlamentaria de la que gozaban. La asamblea, en contra de las esperanzas del gobierno y sus colaboradores, no fue un campo de batalla adecuado para los conflictos de carácter políticos que se desarrollaban fuera de ella. Tuvo que aminorar el papel económico del estado producto de su dependencia del PPC y el APRA, con lo que las esperanzas de Haya de la Torre deformar su organización corporativista “Congreso Económico Nacional” se vieron esfumadas. A favor de la estabilidad el APRA sin embargo contó con el respaldo de la izquierda apoyando también la estabilidad del empleo, el derecho a la huelga el sufragio universal, el apoyo de derecho humano como principio constitucionales. Finalmente el sistema semi-presidencial fue el resultado final pues concedía privilegios del Ejecutivo al Congreso y viceversa.

En julio de 1979 Luis Alberto Sánchez que había reemplazado a Haya de la Torre pidió que el gobierno convocara a elecciones generales rápidamente y que la nueva constitución entrara en vigor. El gobierno militar rechazó ambas peticiones y sugirió que la junta electoral nacional necesitaba varios meses para inscribir a los electores analfabetos y para revisar el registro. Mientras tanto los militares seguirían gobernando al amparo del estatuto de 1968 y se negaron a probar cuatro de las cláusulas de transición que una de estas eran los Derechos Humanos, por otro lado el gobierno pidió a la Asamblea que modificara algunos párrafos de la constitución que limitaban la jurisdicción militar sobre el orden social, lo que fue rechazado por unanimidad por la Asamblea.

El aplazamiento de las elecciones y la disolución de la Asamblea Constituyente plantearon una interrogante la cual se preguntaba por los pasos que se debían dar para llegar a la Transición. Sánchez propuso que se creara una comisión multipartitaria que llevara a cabo negociaciones con los militares, sin embargo Bedoya Reyes del PPC y Armando Villanueva del APRA, se opusieron a esta idea por que según arguyeron, Sánchez trataba de aprovecharse de ella para fines personales. Los militares también hicieron oídos sordos a las propuestas de Sánchez; los elementos del gobierno partidarios del APRA, encabezados por Morelos Bermúdez, querían dar a Villanueva tiempo para obtener la candidatura presidencial antes de la defunción de Haya de la Torre. En la opinión de los oficiales Anti-Apristas, concentrados en la marina y la fuerza aérea, Bedoya Reyes y Belaunde Terry también necesitaba tiempo para permitir que los conflictos internos del APRA salieran a la luz después de la muerte de Haya de la Torre y presentarse como clara alternativa de poder, en resumen y como resultado final, los militares aplazaron las elecciones hasta 1980 para albergar las esperanzas de que la recuperación económica borrara la mala imagen que tenían los militares y frenaran los avances políticos sin precedentes que había hecho hasta ese momento la izquierda.

Entre mayo de 1978 y julio de 1980 Silva Ruete y Moreyra decretaron cuatro paquetes de ajuste económico que estimularon la recuperación de los beneficios a expensas de los salarios lo que permitió al gobierno reprogramar el pago de la deuda exterior, no obstante la inflación y la recesión continuaron haciendo estragos en la mediana industria y rebajando en nivel de vida de los obreros así como el de la clase media. Además de la oposición de las masas, Silva Ruete y Moreyra tuvieron que afrontar presiones continuas desde dentro del gobierno y las FFAA, que en varias ocasiones parecieron a punto de abandonar su plan monetarista. En primer lugar, tuvieron que enfrentar a los generales y a los almirantes que andaban a la caza de fondos, ya que estaban decididos a incrementar los gastos de defensa en vista de que había dólares en las cámaras del Banco Central. En segundo lugar algunas autoridades militares pensaban que las medidas drásticas que tomaron Silva Ruete y Moreira tenían por único objeto hacer frente a una situación de emergencia, así como se resolvió el problema de la diferencia externa, el ministro de industria propuso una política de varios ámbitos para reactivar la demanda interior por medio de la intervención del Estado con el objeto de atacar la inflación y el creciente problema del pero demostrando así la persistencia de orientaciones reformistas y nacionalistas en el ejército y el gobierno. Ruete y Moreyra insistieron en el vínculo que había en la democracia y la creación de una economía de mercado, logrando superar los obstáculos que rodeaban a las elecciones y el traspaso del gobierno a los civiles.

Conclusión:

El Golpe Militar en Perú en 1968 estuvo inspirado en parte en la hostilidad militar al APRA, cuya victoria en las elecciones presidenciales de 1969 pareció inevitable pero esta vez los objetivos antiapristas gravitaban menos que otros más ambiciosos. El ejército que había vivido de cerca el malestar social de la Sierra, sin dejar de reconocer en la movilización creciente de las masas rurales una amenaza de subversión total del orden vigente, creyó descubrir a la vez en ella una oportunidad para reemplazar con su propio influjo el de otros agentes que ya habían tomado parcialmente a su cargo el encuadramiento de los sectores populares e indígenas. Para lograrlo estuvo dispuesto a promover, a la vez que la movilización y organización de las masas antes pasivas, una radical reorganización de las que en la costa habían sido ya movilizadas bajo los auspicios del APRA.

El medio para lograr lo uno y lo otro era la reforma agraria, que en su dimensión política se ofrecía como un corolario de la doctrina de seguridad y desarrollo. Pero el propósito de la reforma no era exclusivamente político; formaba parte a la vez de un proyecto tan ambicioso como impreciso de transformación profunda de la economía y la sociedad peruana, que debía lograr la maduración y diversificación de la primera y la integración más completa de la segunda. Para que lo uno y lo otro fuera posible era necesaria una redifinición del lazo externo, y en este aspecto el gobierno militar iba a reivindicar una mayor autonomía a la vez diplomática y económica para el Perú: la nacionalización del petróleo, que figuró entre sus primera medidas y pudo entonces parecer un recurso político para consolidar la legitimidad de un régimen que había justificado su instauración invocando el discutible arreglo petrolero negociado por el gobierno de Beleaúnde , iba pronto a revelarse el primer episodio de una redefinición de los objetivos del Estado en un país dependiente que no dejaba de traer reminiscencias de la que el primer aprismo había postulado bajo el rótulo de Estado Antiimperialista.

El régimen que así se perfilaba fue recibido con universal desconcierto por la opinión peruana y latinoamericana. Por una parte aplicó más consecuentemente que ningún otro los postulados de la doctrina de Seguridad y Desarrollo; por otra, aunque no estaba dispuesto a tolerar el desafío a su monopolio legal de la violencia que era la guerrilla, y reservaba para la institución militar la dirección y el control del proceso político y social, se rehusaba a encuadrar su proyecto en el marco de la resurgente guerra fría. En cuanto a ideologías, su apertura simpática a la más intransigentemente revolucionarias, que recordaba a la de los dirigentes mexicanos de la década de 1920, hizo posible a más de un teórico de la guerra popular retornar a la escena pública desde los cuadros burocráticos de los nuevos organismos estatales de promoción social; en el marco internacional, su defensa celosa de la soberanía peruana iba a tener por corolario la restauración de lazos diplomáticos y comerciales con la URSS y una aún más definitoria reconciliación con Cuba, celebrada con ruidoso entusiasmo por Fidel Castro, que para desazón de buena parte de las izquierdas peruanas, se apresuró a proclamar el carácter profundamente revolucionario del régimen militar.

Perú hoy esta atravesando un proceso necesariamente contradictorio y doloroso de unificación social y cultural, en que el éxodo rural y el crecimiento urbano están provocando por fin la íntima confrontación entre la nación india de la sierra central y meridional, y la criolla, africana y mestiza heredera de la colonización hispana en la costa. Esa transición de suyo difícil lo es aún más por que encuentra hoy un estímulo más poderoso en la crisis profunda de la sociedad rural serrana que en la atracción ejercida por un polo urbano e industrial que desde hace más de una década ha perdido mucho de su vigor.

Bethell, Leslie, “Historia de América Latina: Política y sociedad desde 1930” , Editorial critica, Barcelona, 1997 p-307

Bethell, Leslie, “Historia de América Latina: Los países andinos desde 1930” , Editorial critica, Barcelona, 1997 p- 70

Bethell, Leslie, Ibidem,p-71

Confederación General de Trabajadores del Perú

Leslie Bethell “Historia de América latina” editorial Crítica.

Tulio Halperin Donghi “Historia Contemporánea de América Latina” Alianza Editorial.

http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Alberto_S%C3%A1nchez

Francisco Morales Bermúdez

Luis Bedoya Reyes

Víctor Raúl Haya de la Torre, Fundador del APRA

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