Gobierno militar en Chile

Dictadura chilena. Papel de la Iglesia Católica. Cardenal Silva Henríquez

  • Enviado por: Anakkin
  • Idioma: castellano
  • País: Chile Chile
  • 17 páginas
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INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia de la humanidad, la religión, y más precisamente la Iglesia Católica, ha sido una de las grandes orientadoras en la parte espiritual del ser humano. Pero, para que el espíritu del hombre esté satisfecho, deben converger la armonía, la parte social, política, amorosa, entre otras cosas. Esto ya lo tenían claro los patriarcas de la Iglesia desde un principio, por lo que nunca se mantuvieron al margen de tan importantes detalles, Chile no fue la excepción.

A finales de la década del '60 y '70, Chile experimentó muchos cambios, políticos, sociales, etc. Por ejemplo, la reafirmación de la clase media, la reforma agraria, la reforma universitaria, entre otras. En todas ellas y en muchas más la Iglesia tuvo injerencia, tanto en la aprobación como el rechazo de algunos proyectos de los gobiernos de turno.

A lo largo del gobierno de Allende, la Iglesia católica a pesar del apoyo a ciertos proyectos, no estuvo de acuerdo con muchas de sus políticas, lo cual fue gatillando poco a poco el deterioro en la relación Estado-Iglesia, disminuyendo con ello su poder de influencia. Esto fue un duro golpe para la Iglesia, que al visualizar la posibilidad de apoyar un gobierno de facto, no duda en hacerlo, con la implícita condición de recuperar el poder tanto social como político de otrora.

Este trabajo pretende mostrar tal situación y cómo la Iglesia nuevamente incómoda con la violación de ciertos derechos se coloca en contra de tales acciones protegiendo a los perseguidos y desamparados, sin perder la influencia que tiene sobre el Estado; y, manifiesta el doble estándar que persigue a la imagen de la Iglesia católica en Chile durante el gobierno militar hasta el día de hoy, aunque algunas personas de ésta pretendan desmentirlo.

MARCO HISTÓRICO

Para entender el periodo de Chile 1973-1990, es fundamental tener en cuenta la situación imperante en Chile al 11 de septiembre de 1973, que se puede describir como una aguda crisis en la vida nacional.

El conocimiento de esta crisis se hace indispensable, para entender la gestación de las posteriores violaciones a los derechos humanos, esto no debe entenderse en el sentido de que la crisis de 1973 justifique ni excuse, en ninguna medida tales violaciones.

Los acontecimientos del 11 de septiembre de 1973 significaron un profundo cambio en el régimen del país: principios, estructura e instituciones, ideologías, etc.

Situación al 11 de septiembre de 1973:

Existía una fuerte divergencia entre la oposición y los partidos de la unidad popular, que se hacían cada vez más irreconciliables.

Según la oposición, prácticamente ya no quedaba actividad alguna que no se sintiera perjudicada o amenazada de posible toma, expropiación o estatización.

Además existía el problema de desabastecimiento de artículos de primera necesidad y un control por parte del gobierno en la producción y el precio de los productos, lo que llevó a un mercado negro y descontento de la ciudadanía. Este último se hacía notar con las frecuentes protestas de las mujeres.

El 11 de septiembre de 1973, se produce el golpe militar para destituir al gobierno del presidente Allende. Posteriormente la nación queda a cargo de la Junta de Gobierno, integrada por: Comandante en Jefe del Ejército, general Augusto Pinochet, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, general Gustavo Leigh, y dos personas desconocidas hasta esa fecha, el nuevo Comandante en Jefe de la Armada, almirante José Toribio Merino y el general César Mendoza, nuevo general de carabineros.

Posteriormente ésta Junta fue facultada para expulsar del país, durante el estado de sitio y por decreto fundado, a chilenos y extranjeros “cuando así lo requieran los altos intereses del estado”.

La Junta expresó que asumía “el poder por el sólo lapso que las circunstancias lo exijan, con el patriótico compromiso de restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantadas”.

Sin embargo, los hechos nos demostraron que tanto los principios como, los valores que sustentaban la construcción de un nuevo orden normativo, no se encontraban en torno a un ideario respetuoso de la dignidad de las personas y de los derechos humanos.

Durante todo el periodo militar existió una gran alteración del sistema imperativo que se estableció en la Constitución de 1925. La Junta militar de gobierno asumió el ejercicio de los poderes constituyente, legislativo y ejecutivo, sin considerar al judicial, el cual actuaba en coordinación con la Junta por la gran simpatía que este poder tenía hacia los militares. Sin embargo, mantuvo sólo en apariencia sus atribuciones y autonomía.

En 1976 se comenzaron a dictar las actas constitucionales con las cuales se intentó crear una imagen de avance de la nueva institucionalidad, tratando de difundir en el extranjero la creencia de que en Chile se respetaban los derechos humanos, a la par que el poder judicial era efectivamente independiente.

En el periodo del 78-90 ocurren varios hechos importantes entre los que se destacan:

  • La aprobación de la Constitución de 1980, la cual incluía 29 disposiciones transitorias, destacándose la siguiente: “si se producen actos de violencia destinados a alterar el orden público o hay peligro de perturbación de la paz interior, el Presidente de la República debe declararlo, asumiendo por seis meses renovables, las atribuciones de arrestar hasta por cinco días en las propias casas de los afectados o en lugares que no fueren cárceles, prohibir el ingreso al territorio nacional, disponer la permanencia obligada de determinadas personas en localidades en urbanas del país hasta por tres meses y restringir el derecho de reunión y la libertad de información”.

  • En 1987, SS Juan Pablo II, pisa y besa tierra chilena.

  • En 1989 se efectúan reformas institucionales introduciendo cambios a las normas relativas a derechos humanos.

  • También en 1989, finaliza el periodo presidencial del general Pinochet, al perder el plebiscito y no ser reelegido para un nuevo periodo. De acuerdo a lo dispuesto en la Constitución de 1980 y sus artículos transitorios, iniciando así el año final de su gobierno, que terminó en marzo de 1990. De esta forma se pone fin al gobierno militar.

PRIMERAS REACCIONES DE LA IGLESIA CATÓLICA

La máxima autoridad eclesiástica en ese momento era el cardenal Raúl Silva Henríquez, quien fue considerado como la principal fuente de preocupación para el gobierno militar, ya que se le vinculaba a corrientes teológicas socialistas y a una gran colaboración con el Presidente Allende.

Sin embargo, la Iglesia expresó claramente su oposición a las ideas socialistas y en consecuencia a las políticas de la UP en especial después de conocerse el proyecto de la ENU; tanto así que el primero de mayo de 1973, el cardenal Silva Henríquez se negó a participar de la ceremonia oficial, argumentando “la dolorosa división que se ha creado en seno del mundo obrero”.

La Iglesia estaba lejos de aparecer como un bloque unido, por un lado, estaban aquellos que querían provocar un acercamiento entre los grupos opositores (DC) y la UP, entre los que se destaca Silva Henríquez; por otro lado, los que definitivamente estaban en contra de la UP, entre los que se encuentra Raúl Hasbún, quien el día 4 de septiembre justo una semana antes del golpe de estado hizo la siguiente intervención: “es el pueblo todo que no acepta más ser crucificado a una sacrosanta ideología que viola el auténtico patrimonio humanista y cristiano con una obsesión totalitaria y la lógica de la mentira y la violencia... De todas maneras, Dios no nos dejará solos. El será capaz de darnos gobernantes cuya única razón de ser consistirá en servir y amar a su pueblo más que así mismo”.

Se comprendera, entonces que el dia del golpe de estado, la iglesia haya finalmente optado por los militares y que la conferencia episcopal del 13 de septiembre haya expresado su confianza “en el patriotismo y desinterés manifestado por quienes han asumido la dura tarea de restaurar el orden institucional y la vida del país, gravemente alterado”. Algunos obispos de reconocidas ideas conservadoras, no reprimieron al expresar públicamente su satisfacción, inclusio su felicidad. El prelado de Osorno, monseñor Francisco Valdés Subercaseaux es autor de esta oratoria: “la noche oscura nos sumía en una pesadilla aparentemente sin salida. Todo me recordaba el infierno y no un mero capricho del paraíso. Hoy ha nacido un nuevo día, te escucharemos señor y la verdad nos ha liberado”.3

Y no fue el único. Otros obispos tomarían partido por la junta, incluso monseñor Juan francisco fresno, obispo de La Serena y futuro cardenal de Santiago, quien declaró, un año después del golpe, en octubre de 1974: “con los ojos cerrados puedo decir que, tratándose de nuestras fuerzas armadas, no hubo un golpe de estado fascista, nosotros los amamos y los respetamos”.4 Se dice que era tanto el fanatismo de algunos que por ejemplo el obispo de La Serena, monseñor Alfredo Cifuentes, hace donación de su anillo pastoral de oro como un aporte para la reconstrucción nacional que están llevando a cabo las fuerzas armadas.

Sin embargo, al lado de la corriente de los incondicionales a la junta, se perfilaría rápidamente otra tendencia, que tras la figura del cardenal Silva Henríquez llegaría a ser mayoritaria y tomaría distancia de los militares discreta y silenciosamente.

La primera acción conjunta del gobierno militar con la Iglesia católica se produce a escasos días del pronunciamiento: la realización del TE DEUM del 18 de septiembre, en conmemoración de la independencia nacional, que debe ser oficiado por la máxima autoridad del momento (monseñor Silva Henríquez).

Se dice que por la desconfianza hacia el cardenal y la tensión del momento se solicita el 13 de septiembre por razones de seguridad que el TE DEUM sea realizado en una unidad castrense: un regimiento o el recinto de la escuela militar. Además, se invita a monseñor Silva Henríquez a efectuar una visita formal a los comandantes en jefes.

El cardenal concurre a la reunión en el ministerio de defensa, mas rechaza categóricamente efectuar el TE DEUM en un recinto militar, aduciendo que ello sería dañino tanto para la Iglesia como para los militares. En cambio, el prelado ofrece como alternativa el templo de la Gratitud Nacional por las Glorias Militares, frecuentemente utilizado para ceremonias cívico-militares. Además Silva Henríquez dice no efectuar nada excepcional sino más bien seguir la tradición.

El 18 de septiembre se oficia el TE DEUM en el templo acordado, con toda la solemnidad tradicional, en el cual se destaca la presencia de grandes personalidades del momento.

Pocos días después se produce una nueva situación en la que la Iglesia tiene que actuar con mesura. El sumo pontífice, respondiendo acerca de la información sobre la cuasi guerra, envía una carta al episcopado chileno, a través de la nunciatura, instándolo a intervenir, impidiendo el derramamiento de sangre y además a procurar un régimen democrático. El Papa hizo entrever su preocupación de la situación de Chile ante la prensa internacional el 7 de octubre de 1973.

Más tarde accediendo a una petición de Pinochet, el cardenal Silva Henríquez hace una declaración (...)5; la carta enviada por el Papa es retenida por monseñor Sótero Sanz quien invita a Silva Henríquez a deliberar sobre dicha carta, ya que para el nuncio esta carta era sinónimo de alentar la subversión armada lo que podría transformarse en un recrudecimiento atrós de violencia y un obstáculo para la Iglesia de amparar y abogar por los perseguidos.

Silva Henríquez participó el 6 de octubre de 1973 en la creación del Comité pro Paz, y en su labor de ayuda a los perseguidos por la dictadura. Luego lo haría públicamente, cuando por primera vez y en forma solemne enviaría una carta al general Pinochet, el 23 de agosto de 1974, denunciando las violaciones a los derechos humanos perpetuados por la junta. Claro que sin separarse, en especial durante los primeros meses de 1974, de lo que se puede llamar una política ambigua.

Otra declaración de la conferencia episcopal de abril de 1974 si bien denuncia los atentados contra los derechos humanos, también elogia a la junta al explicar que “su inspiración explícitamente cristiana es preciosa” y que “a pesar de ciertas insuficiencias en la formulación del ideal cristiano para la vida social y política, ella constituye una base de orientación para la acción cívica y social en esta situación de emergencia”.

Si esto se analiza se puede ver que esa política corresponde exactamente al papel histórico que siempre cumplió la Iglesia católica desde la conquista. Ella siempre tuvo, en el transcurso de su larga historia en el continente, ese doble e incesante discurso: por un lado, legitimar el orden social y la dominación que esta implica, mientras, por otro, exige calma y maduración de parte de los poderes encargados de velar por su preservación.

Siempre habrá lugar para las innovaciones, las evoluciones e iniciativas a veces remarcables. Silva Henríquez, con el Comité pro Paz y más tarde con la Vicaría de la Solidaridad, defenderá a quienes la dictadura, a través de la DINA, perseguía, torturaba o hacía desaparecer. Hubo incluso muchos religiosos y sacerdotes que cayeron bajo los golpes de la dictadura en los primeros tiempos. Pero, la profundidad de su compromiso a nivel de los derechos humanos aumentará sobre todo a partir de 1975, en un relativo silencio a nivel político, como si hubiese llegado al límite de las acciones que en aquel contexto podría permitirse conducir la Iglesia.

CRONOLOGÍA DE LAS REACCIONES DE LA IGLESIA

  • Meses inmediatamente después al 11 de septiembre de 1973:

La única reacción verdaderamente significativa frente al cuadro de violaciones a los derechos humanos que se estaban produciendo, por tener los medios y la disposiciones para aquello, provino de las iglesias.

La Iglesia Católica se manifestó en dos frentes: a nivel magisterial, a través de diferentes declaraciones del Comité Permanente del Episcopado, y en la labor concreta de socorro y amparo a favor de las víctimas. Para ello formó parte del Comité de Cooperación para la Paz en Chile, junto con las iglesias Evangélica Luterana, Evangélica Metodista, Ortodoxa, Pentecostal y la comunidad Hebrea de Chile; y de la Comisión Nacional de Refugiados, también de carácter ecuménico.

  • Periodo enero de 1974 y agosto de 1977:

La Iglesia Católica mantuvo, al igual que en el periodo anterior, los dos frentes: el magisterial y el de la labor de acción concreta de socorro y amparo.

En la labor ecuménica de socorro y amparo a las víctimas, actuaron fundamentalmente el Comité pro Paz, el que tuvo que intensificar su acción, razón por la cual el gobierno detuvo entre septiembre y noviembre de 1975 a 10 de sus funcionarios y el 3 de octubre de 1975 prohibió el regreso al país del presidente del Comité, el Pastor luterano Helmut Frenz. Finalmente, el general Pinochet le pidió al Cardenal Arzobispo de Santiago la disolución del Comité pro Paz, lo que ocurrió el 31 de diciembre de 1975.

El 1 de enero de 1976, la Iglesia Católica creó la Vicaría Episcopal de la Solidaridad, con objetivos análogos a los contemplados por el Comité pro Paz.

El 1 de abril de 1975, nació la fundación de ayuda social de las Iglesias Cristianas, como una institución de carácter ecuménico con la finalidad de prestar apoyo a los presos condenados.

La labor ministerial de los sacerdotes y pastores ejercidas especialmente en los sectores marginales, fue orientada a la labor de promoción y defensa, tanto teórica como práctica de los derechos humanos.

  • Septiembre de 1977 a mayo de 1983:

Las Iglesias, especialmente la católica, continuaron desarrollando su acción de defensa de los derechos humanos en tres frentes: la labor magisterial, expresada en declaraciones, cartas y mensajes del Comité Permanente del Episcopado y de los Obispos. La acción concreta de socorro y amparo, en que destacó el trabajo de la Vicaría de la Solidaridad, en especial la celebración del año 1978 como el año de los derechos humanos y las acciones que llevaron al primer descubrimiento de fosas masivas de restos de personas detenidas desaparecidas en la localidad de Lonquén. Y el trabajo de la Comisión Nacional de Justicia y Paz que tuvo, entre otros objetivos, el análisis de la coyuntura nacional y la preparación para los obispos de documentos que le sirvieran de base para la acción magisterial

  • Mayo de 1983-marzo de 1990:

La Iglesia Católica mantuvo su preocupación por la promoción y defensa de los derechos humanos y continuó su labor magisterial y de acciones concretas.

En la Declaración del 7 de abril de 1986 de la Conferencia Episcopal “Justicia o violencia”, la cual trató la situación de los detenidos desaparecidos, se señaló que “no es suficiente afirmar que la justicia tarda pero llega. La justicia que no se ejerce cuando corresponde ya es injusta”.

En este periodo la Vicaría de la Solidaridad sufrió un acoso permanente por parte del gobierno. En 1984, su Vicario, Ignacio Gutiérrez, fue expulsado del país; se inició un proceso en una Fiscalía Militar contra un médico y un abogado de dicha institución, por atender profesionalmente a un supuesto implicado en un acto terrorista. Estas personas fueron detenidas, sometidas a proceso y encarceladas. El 29 de marzo de 1985 el funcionario de la Vicaría José Manuel Parada fue degollado. En enero de 1989, la Fiscalía Militar pretendió incautar las fichas de atención de la Vicaría, cuestión que no consiguió debido a la valerosa oposición del Obispo Sergio Valech.

Por otra parte, en lo que dice relación a la labor ministerial de los sacerdotes, fundamentalmente en los sectores marginales, estos fueron hostigados por parte de las autoridades. De este modo, se expulsó del país a los sacerdotes católicos Pierre Dubois, Daniel Caruette y Jaime Lancelot, el 10 de septiembre de 1986, bajó la absurda acusación de estar vinculados al atentados contra el general Pinochet.

Más tarde, se produjo la muerte del sacerdote André Jarlan, en la población La Victoria de Santiago, por una bala disparada por carabineros.

Al Cardenal Arzobispo de Santiago, Juan Francisco Fresno, le correspondió una importante participación en la gestación del Acuerdo Nacional, que logró un amplio respaldo de la comunidad nacional y uno de cuyos postulados principales era la defensa de los derechos humanos.

El 1 de abril de 1987 llegó a Chile en visita oficial Juan Pablo II. En su intervención en le Estadio Nacional se refirió especialmente a las violaciones de los derechos humanos ocurridos en ese lugar, en los siguientes términos: “este estadio, lugar de competiciones, pero también de dolor y sufrimiento en épocas pasadas”.

CAMBIOS ESTRUCTURALES DE LA IGLESIA CATOLICA

En 1983, se registran importantes cambios en la Iglesia Chilena. Una tercera parte de la jerarquía episcopal es removida de sus cargos. En junio de ese año, el cardenal Raúl Silva Henríquez, debe dejar el cargo de pastor de la Iglesia de Santiago, al haber cumplido 75 años de edad. En su lugar es designado el Arzobispo de La Serena, monseñor Juan Francisco Fresno Larraín.

Este cambio es bien recibido por las autoridades de gobierno, especialmente por la esposa del general Pinochet quien declaró “parece que Dios nos ha oído”. La línea de la iglesia permanece inalterada.

En un documento dado a conocer a partir de la protesta de mayo, el Comité Permanente del Episcopado apoya el derecho a disentir y rechaza la violencia. Dentro del documento los obispos señalan que los gobernantes “necesitan escuchar a los gobernados, explicarles lo que hacen y por qué lo hacen”.

El Papa apoya públicamente la posición del Episcopado Chileno.

En otro documento aparecido ese mismo año, denominado “un camino cristiano”, los obispos puntualizan 10 situaciones preocupantes dentro de la convivencia nacional:

  • Se priva de la comunión a los torturadores.

  • Se urge una reforma en los organismos de seguridad

  • Se establece el derecho de los exiliados a vivir en su patria.

  • Se establece el diálogo como camino del evangelio frente a la violencia y el terrorismo.

  • Se pide la honestidad en los negocios y austeridad de la vida ante la crisis económica y la pobreza.

  • Se reclama el derecho a una información objetiva.

  • Se reclama el derecho de los trabajadores a ser respetados y tomados en cuenta en las decisiones que lo afecten.

  • Se urge la creación de nuevas fuentes de trabajo.

  • Se urge la apertura de caminos para los jóvenes

  • La paz con nuestros vecinos.

CONCLUSIÓN

Durante siglos la Iglesia Católica ha cumplido un rol preponderante en la historia de los estados en todo el mundo. Ha apoyado a muchos, con otros no se ha pronunciado, sin por ello cometer más de algún error.

No obstante, siempre ha tenido la oportunidad de reivindicarse, ya sea dentro de estos gobiernos de turno o una vez que estos terminan, como es el caso de la gran masacre de Hitler contra los judíos, que si bien es cierto no lo apoyó, tampoco lo rechazó, tan sólo se mantuvo al margen.

De acuerdo a lo que se ha visto en este trabajo, Chile corrió la misma suerte que otros países, respecto a la Iglesia, primero apoyó de acuerdo a su conveniencia un gobierno de facto, para luego retractarse, debido a la violación de los derechos humanos. Si bien es cierto, no estamos de acuerdo con este doble estándar al igual que muchos otros autores investigados. Errar humano es.

BIBLIOGRAFÍA

  • Comisión Chilena de Derechos Humanos, Fundación Ideas, “Nunca más en Chile”, LOM ediciones, Santiago de Chile, 1999.

  • “Movimientos sociales en Chile 1973-1990”

  • Alejandro Concha Cruz y Julio Maltés Cortés, “Historia de Chile”, Bibliográfica Internacional S.A., España, 1998.

  • Teresa Donoso Loero, “Historia de los Cristianos por el Socialismo en Chile”, Editorial Vaitea, Santiago de Chile, 1975.

  • “Espejo retrovisor”

  • Arzobispado de Santiago de Chile, “14 años de magisterio de la Iglesia Chilena: Marxismo, clericalismo y violencia”, Editorial Salesiana, Santiago de Chile, octubre 1976.

  • Diario El Mercurio, Santiago de Chile, 1973-1975.

ANEXOS

ÍNDICE

Pág.

  • PORTADA 1

  • INTRODUCCIÓN 2

  • MARCO HISTÓRICO 3

  • PRIMERAS REACCIONES DE LA IGLESIA 6

  • CRONOLOGIA DE LAS REACCIONES DE LA IGLESIA 10

  • CAMBIOS ESTRUCTURALES DE LA IGLESIA CATOLICA 13

  • CONCLUSIÓN 15

  • BIBLIOGRAFÍA 16

  • ANEXOS 17

Artículo 24 transitorio, Constitución Política de 1980

El Mercurio, Santiago 5 de septiembre de 1973.

3 El Mercurio, Santiago, 30 de septiembre de 1973.

4 El Mercurio, Santiago, 10 de octubre de 1974.

5 La Iglesia en Chile prestará a la junta de gobierno la misma colaboración que había otorgado al gobierno de Salvador Allende, y que espera recibir en reciprocidad la misma libertad de acción que gozó en el régimen anterior.

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