Introducción y planteamiento de la hipótesis de partida.

Desde el nacimiento de la democracia se ha postulado la necesidad de establecer comunidades de tamaño reducido para garantizar la participación activa de los ciudadanos en las labores del gobierno.

El nuevo modelo de organización o nuevo localismo democrático, se enmarca dentro de un contexto más amplio como es el de la globalización económica. Con la Unión Europea, se establece una especie de protección, ante el diseño del capitalismo global, ya que desde su seno se aboga por un sistema de libre mercado, pero que contemple la existencia de un óptimo sistema de protección social. Dentro de la UE, el entorno local se dibuja, entonces, como un contrapeso, capaz de neutralizar los efectos negativos ha que pueda dar lugar la globalización.

Ante la presente crisis del estado del bienestar burocrático, la UE se establece como un mecanismo de coincidencia y protección del nuevo modelo o diseño, que se ve caracterizado fundamentalmente por dos aspectos:

El papel de las corporaciones locales cambia porque es el nivel de gobierno que entra en contacto directo con el ciudadano. A este nivel, es donde más se espera tener potenciados los canales de comunicación ciudadano-administración y donde más se espera la transparencia y la rendición de cuentas. Además, las administraciones locales son importantes porque son las únicas instituciones que mediante su mandato, otorgan poder local a los ciudadanos, a la vez que, muchos de los servicios necesarios para la vida cotidiana de penden de ellas, ya sea de manera directa o en paternariado con otras administraciones públicas y organismos públicos y privados.

No obstante, las administraciones locales de este país, están lejos de alcanzar todos los objetivos que su gran potencial les permitiría alcanzar.

El porqué de la necesidad del cambio.

Existe un consenso, bastante generalizado, acerca de que a medida que la escala es más reducida, mayores son las posibilidades de que los ciudadanos participen directamente en las labores de gobierno (Dahl y Tufte, 1973). Se señala al gobierno municipal, como el lugar privilegiado para la puesta en marcha de reformas institucionales que, sin socavar el principio representativo legitimado mediante la competencia electoral, den lugar a una mayor implicación de los ciudadanos en las labores de gobierno, ya sea directamente, o mediante grupos de representación de intereses.

La ciencia política señala la posibilidad de nuevas contribuciones del ámbito municipal a la dimensión política de las sociedades contemporáneas. A saber: las referidas al aumento en la eficacia en la provisión de servicios. Esta apreciación es pertinente en un momento como el actual, en el que los municipios constituyen una de las vías principales por las que se canaliza la provisión de servicios de bienestar, desde los de urbanización a los servicios de atención a grupos específicos. Se postula, que la cercanía existente entre la oferta (gobierno municipal) y la demanda (ciudadanos) facilita una mejor y más flexible adecuación entre ellas, puede ayudar a reducir los costes informativos que toda política pública conlleva, o aumenta las posibilidades de coordinación en comparación con la acción que tiene lugar mediante agencias gubernamentales de carácter social (Clarke y Gaile, 1989).

Hace falta un cambio radical en:

• la forma en como los ayuntamientos se implican en sus comunidades locales y las orientan, mediante un programa radical de renovación democrática.

• la forma en como los ayuntamientos planifican y proporcionan servicios sociales, mediante un best value (una buena o la mejor relación calidad-precio) en el abastecimiento de servicios.

• el régimen de conducta aplicable a los regidores y al personal de las autoridades locales, mediante la adopción de una nueva infraestructura ética.

Paralelamente, hará falta cambiar algunos aspectos del sistema financiero de las administraciones locales para que sea más justo y refleje el tipo de relación que mantienen los ayuntamientos con sus comunidades y con la Admón. Central.

Es necesario que por parte de los gobiernos, se dé la creación de un entorno en el que las administraciones locales modernas y democráticas, que sirvan a su gente, puedan prosperar. Animar a los ayuntamientos a seguir el ejemplo de aquellas corporaciones locales que inician el cambio y que aprovechan al máximo las oportunidades a su alcance, para orientar e implicar a sus comunidades.

En el nuevo localismo democrático se hace especial hincapié, en los avances que se deben realizar en cuatro áreas clave:

Como se ha producido el cambio. Tendencias y estrategias en el nuevo localismo democrático.

El nuevo localismo democrático presenta tantas formas como municipios existen, sin embargo, es posible centrarse en un nivel de análisis más amplio que identifique modelos y tendencias, en los que quede reflejada la diversidad que se encuentra en los casos particulares. Desde esta perspectiva, en el conjunto de experiencias que se han dado, pueden distinguirse dos tendencias básicas, que se articulan en función de las ventajas relativas o potencialidades que ofrece el gobierno local con respecto a otros de mayor escala: la eficacia en la provisión de servicios y el desarrollo de los procesos de democratización. Dentro de cada una de estas tendencias puede describirse, a su vez, diferentes estrategias, vías o mecanismos concretos por los que los actores implicados pretenden alcanzar los objetivos que guían su actuación.

Eficacia y provisión de servicios: consumidores, capacidad de elección y estados permisivos.

Se trata de afrontar los problemas derivados de la crisis de las haciendas locales, así como de ampliar la capacidad e elección de los ciudadanos, de manera que haya un mayor grado de adecuación entre las preferencias individuales y los servicios que provee el gobierno municipal. Durante la década de los 60 y 70, la provisión de servicios se había caracterizado por ser de corte burocrático-paternalista (Blackman, 1995). El rasgo más sobresaliente en su dimensión organizativa era el establecimiento de modelos burocráticos. A mediados de los 70 y de forma más nítida a partir de los 80, se plantea la necesidad de cambiar ese modelo. Ello se debía, principalmente, a tres factores:

• se constata un incremento constante del gasto público, que ha producido la crisis fiscal el Estado, y que incide de forma particular en los gobiernos locales.

• ruptura del consenso anteriormente existente entre todos los partidos políticos acerca de la necesidad de aumentar el volumen y la cobertura de los servicios de bienestar.

• creciente escepticismo entre políticos y ciudadanos acerca de la adecuación entre servicios y necesidades o preferencias individuales.

Las soluciones desarrolladas ante estas cuestiones han sido, por un lado, la incorporación de métodos propios del sector privado en la provisión de servicios públicos, con la intención de potenciar la adecuación entre servicios (oferta) y preferencias individuales (demanda) y, por otro lado, la apertura a otros agentes provisores de bienestar, además del Estado.

Frente al modelo de gestión burocrático-paternalista, tiende a desarrollarse un modelo post-burocrático (Blackman, 1995). Su principal objetivo es la modernización de las administraciones municipales. Este modelo se caracteriza por una tendencia a la desregulación, la flexibilización y la atención a los individuos como consumidores de servicios. Para ello se desarrollan métodos de gestión propios del sector privado, mediante la fijación de estándares y objetivos por parte de las agencias gubernamentales y los individuos interesados. A ello se une el uso e nuevas tecnologías, con el fin de aumentar la eficacia en la comunicación y favorecer el acceso a la información por parte de los individuos. En esencia, se trata de adecuar las estructuras organizativas existentes a modelos de trabajo y gestión propios del sector privado, aunque el proceso de provisión de servicios siga siendo de carácter público.

Esta estrategia ha sido desarrollada en casi la totalidad de los municipios europeos, aunque en mucha menor medida en la Europa Meridional. Ejemplo de ello es la estrategia de modernización desarrollada en la administración pública municipal en Alemania Occidental o las iniciativas desarrolladas a través del programa Free Local Government en los Países Nórdicos y Holanda.

Otra modalidad, propia del Reino Unido, ha sido la redacción de las Cartas Ciudadanas, donde se trata de explicar los derechos de los consumidores de servicios públicos, entre los que se encuentra su participación en los procesos de planificación y control, para con ello aumentar la calidad y el grado de adecuación de los servicios a las necesidades de los consumidores. Se fijan objetivos, estándares, indicadores, financiación y procesos a desarrollar en la provisión de un determinado servicio. Aquí, la diferencia es que, se abre la posibilidad de que otros agentes, además del Estado, se conviertan en proveedores. Esta apertura a otros agentes provisores ha hecho de los gobiernos municipales estados permisivos (enabling states), agentes que promueven el bienestar de los ciudadanos tanto de forma directa como a través de organizaciones no gubernamentales.

En general, esta estrategia parece ser una tendencia común de los gobiernos locales de las democracias occidentales. Suele desarrollarse de tres formas: privatización, contratos con agencias no gubernamentales de carácter lucrativo y a través de organizaciones voluntarias.

La privatización de los servicios municipales ligados a la planificación y urbanización (agua, gas, electricidad, vivienda,...) viene siendo una práctica muy común en la totalidad de los gobiernos municipales. O, cuando menos, lo ha sido la creación de entidades semi-públicas. En cambio, por lo que respecta a los servicios de carácter personal, o más en general, a los servicios sociales (infancia, tercera edad, cultura, deportes,...) la tendencia ha consistido en la diversificación y la complementación entre sectores público y privado, más que la privatización.

Así pues, a nivel macro puede indicarse que la provisión de servicios viene desarrollándose mediante procesos que centran su atención sobre el aumento en las posibilidades de elección de los ciudadanos como consumidores de servicios. Esto se ha intentado lograr mediante la modernización de la administración pública o a través de la diversificación de la oferta. Para esto último se ha recurrido a la privatización o al desarrollo de convenios con entidades privadas, tanto de carácter lucrativo como no lucrativo. La modernización de las administraciones locales ha sido diferente en el norte y el sur de Europa. La privatización se da en mayor medida en Gran Bretaña y Norteamérica. El convenio con entidades privadas aparece ligado a la Europa Central y a los Países Nórdicos, y en menor medida, a la Europa Meridional.

Participación ciudadana: democratización y oportunidades de participación política.

En esta orientación, el objeto fundamental ha sido el desarrollo de iniciativas tendentes a promocionar y favorecer la participación de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones, ofreciendo oportunidades de participación. El desarrollo de este modelo ha seguido principalmente dos estrategias: el establecimiento de procedimientos o canales concretos de participación, o bien, el desarrollo e institucionalización de la participación ciudadana, en el que suelen incluirse los procedimientos anteriores.

Entre estos destacan tres: referéndums y consultas, consejos u órganos facultativos y procesos de descentralización. Los referéndums son una de las formas típicas usadas en Norteamérica, y principalmente en USA (Chandler, 1993). El uso del referéndum es menos común en Europa. Aún así, ha existido alguna experiencia, especialmente en los Países Nórdicos, Suiza y recientemente en Italia (Gustaffson, 1991). Los municipios de Europa poseen, generalmente y a diferencia que en USA, escasa autonomía para convocarlos. Aunque suelen realizarse procesos consultivos de carácter no vinculante mediante encuestas o estudios de opinión.

El procedimiento más extendido ha sido la constitución de órganos de carácter consultivo. Suelen tomar la forma de comités, con funciones de asesoramiento y consulta respecto a los consejos municipales. Se conforman territorialmente por barrios o distritos, o bien funcionalmente, en correspondencia con las competencias de los consejos o agencias gubernamentales existentes. Una de sus características es la inclusión de aquellas organizaciones ciudadanas que abordan el área e trabajo o política que se trate.

En Canadá, por ejemplo, se crearon, a finales de los años 70, los grupos de asesoramiento de residentes, formados por miembros de organizaciones ciudadanas elegidos por los residentes. Su labor consistía en asesorar a los órganos municipales o comités territoriales mediante la organización de reuniones abiertas a todos los residentes.

En Europa es común la constitución de consejos consultivos en relación con las áreas de trabajo de los gobiernos municipales. En Francia, por ejemplo, se ha generalizado la formación de grupos de trabajo, para abordar problemas de urbanismo en ciudades o zonas concretas. En el marco del programa Free Local Goverment, se han creado consejos consultivos en cada uno de los consejos municipales de los municipios noruegos. En Italia han sido creados los Consejos de Circunscripción.

Los procesos de descentralización son comunes en toda la Europa Continental. Su objetivo ha sido acercar los procesos de toma de decisiones a los ciudadanos, sobre todo, en los municipios de gran tamaño.

En el caso español también ha sido generalizada la creación de Consejos de Distritos (órganos de descentralización). Así, por ejemplo, alrededor del 70% de los municipios de 20.000 o más habitantes poseen este tipo de órganos a principios de los 90 (Navarro, 1994, 1997).

La otra estrategia, desarrollada en municipios europeos, ha consistido en la creación de marcos de carácter jurídico-normativo en los que se recogen diversos instrumentos de participación, incluidos los antes comentados. Según estos textos, su principal objetivo es procurar la regulación global de los procesos de participación ciudadana. Esta estrategia ha tenido lugar sobre todo en la Europa meridional, y más concretamente, en España e Italia. En estos dos países la legislación referida a los municipios, además de señalar aquellos instrumentos de participación que deben existir obligatoriamente en ellos, los facultan para desarrollar autónomamente todos aquellos instrumentos que puedan favorecer y fomentar la participación de los ciudadanos en el gobierno local. Se especifican las fórmulas por las que los municipios deben propiciar la participación de los ciudadanos, como, por ejemplo, la elección de miembros de la corporación municipal, la consulta, el referéndum, acción popular, el defensor cívico o la descentralización.

Nuevas aportaciones al localismo democrático: el experimento Tony Blair para la edición del Libro Blanco del Gobierno Británico.

La modernización del diseño de las elecciones locales

Desde el gobierno británico se cree que la celebración de elecciones anuales mejora significativamente la responsabilidad ante los ciudadanos, ya que permite que, cada año, el electorado tenga la oportunidad de dar su veredicto sobre la actuación y las políticas de su autoridad local. Para algunos el hecho de convocar elecciones anuales puede suponer la creación de grupos de partidos en los ayuntamientos que celebran campañas electorales de manera casi permanente, y que las decisiones tomadas serán siempre a corto plazo. También es probable que las elecciones anuales sean más caras que las elecciones cada cuatro años. Por otro lado, las elecciones anuales ofrecen a los ayuntamientos una mayor continuidad y estabilidad, al mismo tiempo que reducen la posibilidad de que una decisión presupuestaria u otras decisiones difíciles se tomen a la luz del ciclo electoral, lo que permite conseguir un planteamiento a largo plazo más coherente.

Se considera que no siempre es positivo que un único partido domine un ayuntamiento, en especial cuando esta posición no es el resultado de una ventaja abrumadora en la emisión de votos.

Las elecciones anuales podrían ayudar a estimular un debate periódico sobre las decisiones presupuestarias de las autoridades. Los ayuntamientos no podrían dejar los argumentos presupuestarios para el año siguiente a la celebración de elecciones, que es lo que pasa cuando todos los miembros de un ayuntamiento son elegidos una vez cada cuatro años. Esto, a diferencia de lo que suele suceder con las políticas de frenada y reactivación (las cuales son viables en las elecciones que se celebran cada cuatro años), podría dar coraje a un planteamiento a más largo plazo y más ordenado en lo que se refiere a la planificación financiera de algunas áreas.

Sólo las personas censadas pueden votar. Por lo tanto, un primer paso hacia una mayor participación en la democracia local consiste en asegurar la más completa cobertura posible del censo electoral. Los ciudadanos, están legalmente obligados a inscribirse en el censo electoral, pero siempre hay personas que, por diferentes razones, son contrarias a la idea de que se les incluya en el censo, o bien que cuestan mucho localizar. Parece ser que la amenaza de procesamiento judicial, funciona bastante bien a la hora de mejorar el índice de registros en los censos. En otros casos un estímulo positivo, podría dar mejores resultados (como por ejemplo tener más facilidades para créditos). Se aboga por un censo abierto y anónimo, que sirva para que se inscriban más ciudadanos. Además, el censo debe ser móvil, de forma que cambios de domicilio, por ejemplo, no sirvan de freno a la participación electoral.

Casi todos los votos se emiten personalmente, es decir, los electores van a votar a los colegios electorales. Según la ley, dichos colegios han de proporcionar a todos los electores tantas facilidades para votar como sea posible. En la mayoría de los lugares hay un colegio electoral cerca de donde vive el elector, pero esto quiere decir, a la vez, que hay un elevado número de colegios para cada elección, con los correspondientes costes administrativos que ello supone. La opción más sencilla sería permitir que los ciudadanos pudiesen votar en cualquiera de los colegios electorales de su área municipal. Una solución innovadora sería el uso de los colegios electorales móviles, los cuales se colocarían en centros de trabajo, tiendas, institutos, estaciones u otros sitios que acojan grandes concentraciones de gente. Haría falta desarrollar un ordenador central que registrase la emisión de votos, de forma que sólo se pudiera votar una vez, a la vez de implantar todas aquellas medidas que prevengan y eviten el fraude electoral. Otra opción sería que los ciudadanos pudiesen votar con anticipación. En Canadá, por ejemplo, los electores pueden votar anticipadamente durante las 24 horas anteriores.

Otras medidas a tener en cuenta a la hora de promover una alta participación en las elecciones municipales, serían la existencia de votación no presencial, que consiste en que un individuo además de poder hacer uso del voto postal, también pueda emitir un voto por poderes o incluso desarrollar la votación electrónica. En Nueva Zelanda se experimentó en unas elecciones municipales con el voto postal universal, pasando la participación de un 31% a un 62% con este nuevo método. En países como Holanda, en las elecciones locales, el ciudadano elige depositar su voto de la forma tradicional o hacer uso del voto electrónico. En otros países como Bélgica, Luxemburgo y en algunas partes de Italia y Australia, se lleva a cabo la opción extrema del voto obligatorio, aunque esa obligatoriedad sería contraria a las tradiciones de democracia y de libertad, aún cuando hace incrementar en nivel de participación en unos porcentajes realmente elevados.

Cómo implicar a las comunidades locales.

Es esencial que las administraciones puedan garantizar que los usuarios reciban las oportunidades necesarias para dar forma a los servicios locales. También hace falta que las administraciones sean abiertas y receptivas, y que garanticen la participación pública de una manera más general, como puede ser en la formulación de políticas. Las autoridades locales tendrán que consultar a los usuarios de servicios, a los contribuyentes locales y a la comunidad empresarial a lo largo de las diferentes etapas de desarrollo de sus actividades. Una mayor compenetración entre las necesidades y expectativas de las comunidades respecto a los servicios que presta la autoridad local, además de unos servicios de mejor calidad, aporta una mayor legitimidad democrática para las administraciones locales y un nuevo tipo de ciudadanía involucrada y responsable.

Es esencial que los mecanismos de consulta diseñados no dejen de ser útiles para el propósito para el cual fueron creados. Es posible que se tenga que recurrir a diferentes formas de consulta según las diferentes etapas el desarrollo de una política o estrategia. Además, es necesario renovar los miembros que forman parte de los equipos consultivos y conseguir mantener el interés de las personas involucradas.

Es muy importante solicitar la opinión de los ciudadanos. Ello se puede conseguir a través de jurados de ciudadanos, los cuales recogen un grupo de 12-16 individuos seleccionados para que sean representativos de la comunidad local. Se encargarán de estudiar en profundidad una determinada cuestión, asesorados e instruidos por expertos en el tema, tras lo cual emitirían un informe con sus conclusiones. Su función no sería el tomar decisiones, sino asesorar o hacer recomendaciones sobre una política determinada.

Otras formas pueden ser la creación de grupos de enfoque (grupos ad hoc informales), los grupos de búsqueda, los forums, las conferencias, e incluso realizar consultas a la totalidad de la población vía referéndums, encuestas y/o sondeos de opinión.

Se trata de dar al ciudadano un rol de vigilancia, investigación e implicación en el diseño socio-económico-cultural de su entorno, a la vez que se le une más a unas nuevas autoridades que se conciben como entidades abiertas.

Muchas autoridades ya han tomado medidas por lo que respecta a esta área. Cada vez es más frecuente que en las reuniones de los ayuntamientos se dedique un espacio de tiempo a las preguntas planteadas por el público. Y cada vez, hay más miembros del público que son elegidos por votación colectiva para que formen parte de las comisiones municipales. E incluso hay autoridades que están ensayando nuevas formas de delegación, desplazando las decisiones de la administración a un nivel más local.

Si cada vez se consulta más a los ciudadanos sobre decisiones que toma la autoridad, lo más probable es que esto genere un sentimiento más fuerte de ciudadanía responsable. Pero lo contrario también es cierto: una mayor aceptación de la necesidad de ser activo como ciudadano puede significar un mayor interés en las administraciones locales. Las autoridades, por tanto, deben estar interesadas en promover la ciudadanía responsable y activa.

Como modernizar el funcionamiento de los ayuntamientos.

La manera en como las administraciones locales están trabajando actualmente es ineficaz y opaca. Los regidores dedican demasiado tiempo a la burocracia municipal, y generalmente esas horas no son productivas. En la mayoría de los ayuntamientos son los partidos políticos los que, a puerta cerrada, toman las decisiones cruciales y significativas. Hay demasiadas decisiones que se toman dentro de una estructura formada por comisiones, donde hasta los regidores pueden tener la sensación de no ser capaces de influir en los acontecimientos y de ni tener conocimiento real y detallado de las necesidades y expectativas de los ciudadanos. Es por esto que se están ensayando maneras innovadoras, para lograr un moderno y racional sistema.

Hay que separar las funciones ejecutivas y representativas de los regidores. El liderazgo y la capacidad de análisis son diferentes. Las dos juntas son necesarias para que una democracia funcione con eficacia. Las dos tienen que ser reconocidas y se les ha de asignar un lugar y los poderes que les corresponden. Esta separación de funciones redundaría en una mayor claridad por lo que respecta a quién es el responsable de las decisiones, una mayor claridad por lo que respecta a quién ha tomado las decisiones y quién tendrá que responsabilizarse de justificar dichas decisiones y una mayor capacidad de análisis de estas decisiones. Así los ayuntamiento tendrían menos posibilidades de funcionar a puerta cerrada sin un debate y una revisión. La responsabilidad delante de los ciudadanos y la acentuada capacidad de análisis, proporcionaría una mejor toma de decisiones, más franqueza y una mayor responsabilidad política, hasta en los casos en los que un ayuntamiento no tuviese partidos de oposición.

La función del ejecutivo sería exigir el liderazgo político, un liderazgo esencial para hacer funcionar la democracia. El liderazgo político traduce los deseos de la comunidad en acción, tomando decisiones difíciles por lo que respecta a los recursos y las prioridades, construyendo coaliciones y trabajando en paternariado con todos los sectores de la economía para conseguir objetivos compartidos.

Se busca una nueva figura para el regidor local, que pasará a ser un defensor del ciudadano que canalizará sus problemas y demandas, incluso defendiendo el interés público ante el propio ayuntamiento.

Es fundamental que las autoridades proporcionen formación y apoyo a los regidores, con el objetivo de que puedan contar con todos los conocimientos y las herramientas necesarias para llevar a cabo su función.

Ser un regidor en estas condiciones, podría exigir una menor inversión de tiempo y, en cambio, se podría obtener un perfil más alto y una mayor eficacia y, por lo tanto, resultaría más gratificante.

Como los ayuntamientos orientan a sus comunidades.

Los ayuntamientos, gracias a su mandato democrático, su capacidad legal de recaudar fondos y una amplia serie de responsabilida- des, disfrutan de una posición única para interpretar las prioridades y las expectativas de la gente local y, por tanto, para traducirlas en acciones. Este liderazgo, base de las administraciones locales modernas, hace que los ayuntamientos se impliquen en cosas como desarrollar una visión estratégica para su localidad, actuar para expresar esa visión estratégica y garantizar servicios de calidad para todo el mundo.

Hace falta un cambio orientado a reforzar la actual capacidad de los ayuntamientos para orientar a sus comunidades y concebir nuevas competencias, un cambio que permita estimular ese rol de liderazgo de los ayuntamientos. Los ayuntamientos tendrán que ser los líderes a la hora de desarrollar un proceso de planificación comunitaria para su área, y que la planificación comunitaria tenga un amplio potencial para mejorar el abastecimiento de servicios públicos. La opinión mayoritaria es que, la mejor manera de conseguir la coalición de intereses necesaria para una planificación comunitaria eficaz es la voluntaria, por lo cual ese papel de líder es indispensable para la corporación local moderna.

En determinados países se está considerando la posibilidad de desarrollar un nuevo entorno que permitiera a las comunidades locales, a través de los ayuntamientos, disfrutar de una mayor responsabilidad en lo que respecta a sus propios asuntos. Las administraciones locales podrían disfrutar de nuevos poderes o de determinadas excepciones en cuanto a la legislación existente, con tal de satisfacer las prioridades y expectativas que se hubieran desarrollado a nivel local. Un poder formulado de esta manera alentaría, prestaría ayuda, gratificaría y liberaría las administraciones eficientes y eficaces. También representa un estímulo para los ayuntamientos con un rendimiento más bien deficiente, para modernizar sus estructuras y fortalecer su capacidad de asumir mayor número de responsabilidades.

Una situación en la que las administraciones locales gozan de unos mayores poderes inscritos en un marco de trabajo más extenso, solamente estaría al alcance de aquellas administraciones que hubieran mejorado su legitimidad democrática, adoptada la política de best value y ejercido correctamente sus responsabilidades financieras y de abastecimiento de servicios.

Conclusiones.

Con el actual proceso de globalización económica y la práctica quiebra del estado de bienestar burocrático, es necesario replantearse la organización y funcionamiento de las administraciones locales. Este proceso de modernización, denominado nuevo localismo democrático ha tenido lugar en casi todos los países desarrollados. Dentro del seno de la Unión Europea, este proceso se caracteriza por la decisión inequívoca de otorgar a las administraciones locales unas nuevas funciones, de forma que se puedan contrarrestar los efectos negativos que pueda provocar el actual entorno económico global, dándole a los ayuntamientos un papel de protección social.

El ciudadano es la palabra clave dentro de este nuevo contexto, ya que se le requiere una mayor participación y un protagonismo que no ejercía antes, con el objetivo de racionalizar y buscar criterios de eficiencia y eficacia en las funciones que las administraciones locales desempeñan: el estado relacional.

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