Franquismo exultante

Gobierno. Desarrollo. Reformismo. Monarquía. Crecimiento económico. Cambio social. Conflictividad. Oposición. Iglesia católica. Crisis de gobierno

  • Enviado por: Juan
  • Idioma: castellano
  • País: España España
  • 40 páginas
publicidad
publicidad

IV EL FRANQUISMO EXULTANTE, 1961-1969

Los gobiernos del «desarrollo»

Iniciada la década de los sesenta las expectativas de futuro para Franco y los principales dirigentes políticos que le rodeaban no podían ser más halagüeñas: los más graves problemas económicos asociados a la fase de estabilización ya habían sido superados y, desde 1961, la economía española crecía a buen ritmo. Sin embargo, en el horizonte aparecían nuevos problemas; la primavera de 1962 sintetizó en buena medida la dinámica político-social que caracterizaría los años venideros: por un lado, se produjo una importante movilización obrera para conseguir mejoras materiales en un contexto de fuerte crecimiento económico; por otro, se puso de manifiesto la diversificación de la contestación al régimen, obligándolo a asegurarse el mantenimiento de apoyos y a intentar atraer a sectores incipientemente críticos con algunas tentativas reformistas sui generis.

El cambio de década se había caracterizado por una fuerte crisis de trabajo, que impulsó una importante emigración al extranjero; aquella coyuntura frenó las reivindicaciones obreras. Pero en 1962 la situación económica era otra, y entonces estalló el malestar acumulado en los años anteriores. La movilización se produjo en parte en torno a la negociación colectiva; la Ley de Convenios Colectivos se había aprobado en 1958, pero fue en 1962 el primer año en el que la negociación de convenios colectivos alcanzó un nivel significativo, porque fue entonces cuando afectó a sectores y provincias con una fuerte concentra­ción obrera y una larga tradición reivindicativa. La protesta obrera empezó en abril en la minería asturiana, ampliándose después a otras zonas mineras; en el mes de mayo los conflictos se extendie­ron a Vizcaya y Guipúzcoa, donde miles de trabajadores meta­lúrgicos exigieron incrementos salariales. Ante aquel panorama, y en un intento de hacer abortar las protestas, el gobierno esta­bleció el estado de excepción en el País Vasco y Asturias, aun­que no consiguió que se extinguieran; contrariamente las huel­gas aparecieron en Cataluña. Así la conflictividad obrera adquirió una dimensión política importante y el propio Franco dedicó gran atención a los conflictos pues, según afirma Franco Salgado­ Araujo, en mayo «el Caudillo [estuvo] muy ocupado con el asunto de las huelgas mineras».

Sin embargo, para los dirigentes franquistas más preocupante fue lo que oficialmente se denominó el «contubernio de Munich». El afianzamiento de la Comunidad Económica Europea después del Tratado de Roma de 1957 había impulsado al equipo eco­nómico del gobierno a solicitar oficialmente, el 9 de febrero de 1962, la apertura de negociaciones para la incorporación espa­ñola a la CEE, con lo que pretendía mejorar las expectativas eco­nómicas al tiempo que aumentar su legitimación internacional. Fue en ese marco donde adquirió la mayor relevancia la resolu­ción del IV Congreso del Movimiento Europeo reunido en Munich el 7 y el 8 de junio.

El Movimiento Europeo era un organismo paraoficial que coordinaba diferentes organizaciones que propugnaban la profun­dización de la unidad europea. A la reunión de aquel año fue invitada una delegación española, compuesta por 118 personas pertenecientes a las corrientes antifranquistas demócrata-cris­tiana, liberal, socialdemócrata y socialista, tanto del interior como del exilio. Dicha delegación escenificaba ante las cancillerías europeas el acercamiento entre distintos personajes conservado­res que habían apoyado el régimen en su etapa inicial, y distin­tos sectores de la oposición antifranquista; su objetivo de ase­gurar que el congreso aprobara una resolución de apoyo a la democracia en España se vio cumplido y, dado que en aquel momento la CEE era considerada como el símbolo político de Europa, en la declaración final se afirmaba que «la integración, ya en forma de adhesión, ya de asociación de todo país a Europa, exige de cada uno de ellos instituciones democráticas». El mani­fiesto no podía ser más moderado, sin embargo, la respuesta gubernamental no pudo ser más furibunda.

El mismo día 8 estuvo reunido el Consejo de Ministros y deli­beró sobre la reacción adecuada ante lo que consideraba tina conspiración de «enemigos y traidores» contra el régimen. El gobierno decidió suspender el artículo 14 del Fuero de los Espa­ñoles, que garantizaba la libre residencia, para poder desterrar a una parte de los participantes del interior; otros fueron dete­nidos y, ante ello, algunos más optaron por el exilio. Por otro lado, en los días siguientes el gobierno desató una virulenta cam­paña de prensa que culminó una semana después cuando el pro­pio Franco, en un discurso en Valencia, hizo alusión al trato que la prensa extranjera dedicaba a España, calificando a aquélla de «lacaya del comunismo internacional». Con aquel episodio el lenguaje utilizado retrocedió veinte años, y entonces la prensa extranjera tuvo nuevos argumentos para descalificar el régimen franquista. Los embajadores españoles en Europa y los Estados Unidos, en los informes que remitieron, coincidieron en señalar que en poco tiempo se había destruido una parte de su laboriosa tarea para presentar el franquista como un régimen respetable.

No obstante habría que señalar que, ciertamente, los diri­gentes franquistas mostraron escasa templanza y dieron al aconte­cimiento mayor significación de la que en otro caso hubiera tenido, pero que el nerviosismo que se adueñó de algunos de ellos es explicable. La «aparente reconciliación que, cual nuevo "Pacto de Munich"», según ABC, firmaron el monárquico conservador José María Gil Robles y el socialista Rodolfo Llopis mostraba, en la escena internacional, que estaba conformándose en España una oposición moderada que «tan sólo» planteaba la instauración de un sistema democrático equivalente al asentado en la mayor parte de Europa. El discurso franquista, según el cual en España toda la oposición era «subversiva», no era por tanto sostenible formalmente. Por otro lado, el gobierno de Franco supo desde entonces que no obtendría la homologación que hubiera supuesto algún tipo de acuerdo con el Mercado Común, lo que debilitaba su posición y frenaba de alguna manera el proyecto de aumentar la legitimación política por la vía de la participa­ción en la integración económica europea.

Después del «error» de junio fue imprescindible recomponer la imagen internacional de la dictadura, profundizando la renova­ción ministerial iniciada en 1957. El cambio de gobierno de julio de 1962 fue destacable desde distintas perspectivas. Por primera vez se nombró un vicepresidente, cargo que fue ocupado por Agustín Muñoz Grandes, uno de los dos capitanes generales del ejército español; el otro era el mismo Franco. La función de vice­presidente para sustituir a Franco en caso de «ausencia o enfer­medad» era a aquellas alturas imprescindible, dado que aquel mismo año el dictador cumplía setenta años. Pero la posición des­tacada de Muñoz Grandes en el gobierno respondía a otros ele­mentos. Muñoz Grandes era visto como la plasmación de la importancia del ejército en el régimen -era el jefe del Alto Estado Mayor y, desde julio de 1962, también «coordinador de los depar­tamentos afectos a la Defensa Nacional»-. Por otro lado, su con­dición falangista compensaba la ascensión de los tecnócratas pro­tegidos por Luis Carrero.

Aunque continuaron en el gobierno muchos ministros del gabinete de 1957, varios ministerios cambiaron de titular, entre ellos los militares que fueron ocupados por Pablo Martín Alonso -Ejército-, Pedro Nieto Antúnez -Marina- y José Lacalle -Aire-; y el de Educación, confiado a Manuel Lora Tamayo. Sin embargo, la imagen de renovación estuvo asociada al protagonismo de tres figuras principales: Gregorio López Bravo, Manuel Fraga y José Solís. Gregorio López Bravo, miembro del Opus Dei que había colaborado con distintos ministerios económicos desde 1959, fue nombrado ministro de Industria, ámbito en el que desplegó una gran capacidad de iniciativa y cultivó una imagen de eficacia que le permitió estar presente en los medios de comunicación con una intensidad desconocida por los anteriores titulares de la cartera. Con López Bravo eran cinco los ministros vinculados a la Obra, todos ellos en responsabilidades económicas. Los falangistas no estaban presentes en igual número, aunque dos de ellos -Fraga y Solís- imprimieron a sus carteras un activismo inusitado, canali­zando hacia sí una gran atención aunque generando también una hostilidad de la misma o mayor envergadura.

Sin duda, Manuel Fraga Iribarne fue una figura central en la dinámica del poder franquista de la década de los sesenta. Fraga, siendo muy joven, había ocupado distintas responsabilidades a lo largo de los años cincuenta, entre ellas la de secretario general técnico del Ministerio de Educación y en 1962 era director del Instituto de Estudios Políticos. A Fraga le fue encomendado el Ministerio de Información y Turismo, dirigido los anteriores once años por Gabriel Arias Salgado bajo el axioma integrista «toda la libertad para la verdad, ninguna libertad para el error», de manera que su política informativa había sido de un sectarismo cerril, lo que quedó palmariamente en evidencia en la campaña contra el «contubernio de Munich» del mes anterior. Fraga era, incluso vitalmente, la antítesis de Arias Salgado. Su paso por el ministerio estuvo marcado por dos principios fundamentales: una defensa incondicional del régimen combinada con una propuesta de reformas, autocalificadas de «aperturistas», indispensables, desde su perspectiva, para asegurar la continuidad de aquél. El protagonismo de Fraga se debió, por un lado, a la importancia de sus propuestas, teniendo en cuenta el marco en el que se desa­rrollaban; la resistencia en particular a una nueva ley de prensa le obligó a ejercer una gran presión, lo que, como se verá, generó importantes tensiones dentro del aparato político franquista; por otro lado, su protagonismo derivó del hecho de que, en los años sesenta, los medios de comunicación -en especial la televisión- adquirieron una presencia social destacable, y fue Fraga el res­ponsable de la propaganda política.

José Solís Ruiz fue también capaz de mantener su espacio político más allá del que Luis Carrero, el poderoso vicesecretario de la Presidencia, hubiera deseado. Aunque la entrada de Solís en el gobierno se había producido en 1957, fue desde 1962 cuando pudo impulsar sus propuestas para intentar asegurar el protagonismo político del Movimiento o, corno mínimo, evitar su pérdida de posiciones, como en la práctica estaban procurando los asesores de Carrero.

Si bien en julio de 1965, se produjo la sustitución de algunos ministros, el nuevo gobierno puede considerarse la prolon­gación del de 1962 por cuanto existió una continuidad en los pro­yectos fundamentales y en sus impulsores. Los antiguos titulares de los ministerios de Agricultura, Hacienda, y Comercio fueron sustituidos por los también tecnócratas Adolfo Díaz Ambrona, Juan José Espinosa y Faustino García Moncó respectivamente. La cartera de Obras Públicas la ocupó el militante de la Acción Católica Federico Silva Muñoz; Antonio Oriol y Urquijo, de pro­cedencia tradicionalista, sustituyó a Antonio Iturmendi al frente del Ministerio de Justicia. La novedad más destacada de 1965 fue la incorporación al Consejo de Ministros de Laureano López Rodó, que añadió el rango de ministro sin cartera a su cargo de comisario del Plan de Desarrollo. Con ello Luis Carrero preten­dió reforzar la posición del que estaba ejerciendo como su par­ticular «eminencia gris».

Así, podría afirmarse que el decenio de los sesenta estuvo presidido por una tensión latente entre los distintos sectores pre­sentes en el personal político franquista, tensión que se hizo evidente en la segunda mitad de la década. Todos ellos acepta­ban y defendían que eran necesarias distintas reformas para ade­cuar el régimen a los nuevos retos internos e internacionales -crecimiento económico, cambio social, integración económica europea-, aunque tenían diferencias importantes sobre las características de las reformas. No obstante y progresivamente, las proclamas reformistas fueron quedando exclusivamente en eso, en proclamas, porque los propios cambios sociales, más el incremento de la oposición política a la dictadura, fueron dis­minuyendo la capacidad de elección de los dirigentes franquis­tas. Si en la primera mitad de la década los instrumentos políti­co-represivos todavía fueron suficientes para mantener el control social, al acabar la década condujeron la política gubernamen­tal a un callejón sin salida. Se mostró entonces la imposibilidad de cambios sin desnaturalizar el régimen.

El «reformismo» franquista

Antes de explicar los proyectos reformistas conviene recor­dar que la represión no perdió protagonismo a lo largo de los años sesenta. El régimen era consciente de que sin la represión la contestación era incontrolable. En julio de 1959 se había aprobado la Ley de Orden Público, que en el artículo segundo tipificaba como delito cualquier acto «que atente a la unidad espiritual, nacio­nal, política y social de España»; el ámbito de aplicación de la ley era, por tanto, amplísimo, penalizándose desde los paros obre­ros a las reuniones públicas ilegales, o cualquier acto «que alte­rase la convivencia social». Además continuaba vigente la mayor parte de la legislación represiva que ponía en manos de la juris­dicción militar a los opositores políticos.

Si comparamos la represión de los años sesenta con la de la inmediata posguerra, era evidentemente mucho más selectiva, por cuanto en los cuarenta fue avasalladora, pero continuó siendo extraordinaria. Además en los primeros sesenta se produjeron dis­tintos acontecimientos que la hicieron más visible dentro y fuera del territorio nacional. Si en 1962 las represalias contra los participantes en el Congreso de Munich habían tenido gran reper­cusión en la prensa europea, mucho más eco tuvo en 1963 la deci­sión franquista de juzgar y condenar a muerte a Julián Grimau por hechos de la Guerra Civil. En los meses que transcurrieron entre la detención (noviembre de 1962) y el fusilamiento del diri­gente comunista (abril de 1963) se desarrolló una intensa cam­paña internacional en la que se denunció la indefensión que sufrían los detenidos en España, especialmente los procesados por la jurisdicción militar, y las múltiples irregularidades, entre ellas -como sucedió en el caso de Grimau- que el fiscal no tenía ni titulación jurídica para ejercer como tal, según se supo pos­teriormente. La campaña que emprendieron distintas organiza­ciones tuvo como consecuencia que importantes dirigentes euro­peos -desde Willy Brandt a la reina británica Isabel II, pasando por el futuro Papa Pablo VI- solicitaran clemencia a Franco, a lo que éste se negó. Consciente de las consecuencias que ten­dría la ejecución, el ministro de Asuntos Exteriores Fernando María Castiella aconsejó igualmente el indulto. Pero el espíritu de revancha tuvo más fuerza que las consideraciones políticas; ese mismo año se produjeron dos nuevas ejecuciones: dos militantes anarquistas -Francisco Granados y Joaquín Delgado ­fueron ejecutados por garrote vil, condenados injustamente por atentar contra edificios oficiales en Madrid.

En un intento de responder al rechazo de la opinión pública internacional, al incremento de la contestación, y a los proble­mas derivados del carácter de la propia jurisdicción militar, en diciembre de 1963 se aprobó la creación del Juzgado y el Tri­bunal de Orden Público, que comportó pasar a la jurisdicción ordinaria la represión de buena parte de la contestación políti­ca. El objetivo de la medida era recomponer los mecanismos represivos para hacer frente a los problemas mencionados, no dis­minuir su papel, como se comprobaría en los años venideros. Así, en el año 1968, por ejemplo, el TOP dictó 1.054 sentencias, de las que el 77 por 100 fueron condenas.

La represión continuó siendo esencial para el mantenimiento del «orden» franquista, lo cual no era obstáculo para que, para­lelamente, algunos dirigentes franquistas consideraran posible combinar cierta «apertura» informativa con el control político. Ese era el caso del titular de Información y Turismo. A los pocos meses de ser nombrado ministro, Manuel Fraga tuvo que dirigir la campaña para contrarrestar el descrédito internacional provo­cado por el fusilamiento de Grimau y acusó al dirigente comu­nista de ser «un asesino repugnante». Aquel mismo 1963 tuvo lugar en Asturias un nuevo e importante episodio de protesta obrera, reproducida en los años siguientes. Un grupo de más de cien intelectuales -encabezados por José Bergamín y entre los que se encontraban Vicente Aleixandre, José Luis Aranguren, Gabriel Celaya, Pedro Laín Entralgo y un largo etcétera- escri­bió una carta al ministro de Información protestando por las tor­turas y humillaciones a las que habían sido sometidos los mine­ros y sus familias. Fraga defendió la represión y, decidido a no esconder la cabeza bajo el ala, publicó la carta y la contestó abiertamente, acusando a todos los participantes en las protes­tas de «comunistas» con planes subversivos perfectamente diseñados. Aceptó que quizá se hubiera cometido una arbitrarie­dad al cortar el pelo al cero a dos mujeres, pero añadió que «las sistemáticas provocaciones de estas damas a la fuerza pública la hacían más que explicable».

A partir de 1964 la actividad del ministro de Información y Turismo pudo ser más placentera y uno de sus objetivos centra­les fue orquestar la propaganda franquista en torno a la campaña «XXV Años de Paz». A aquellas alturas ya se empezaban a mate­rializar los efectos del crecimiento económico y el régimen se dispuso a capitalizarlo, presentándolo como la consecuencia directa de la «paz» franquista. Así, por ejemplo, el 1 de abril de 1964 TVE programó una alocución de Carrero Blanco en el que éste señaló que «de la guerra que España tuvo que sostener para defender su Fe y su independencia del poder del Comunismo que estuvo a punto de sojuzgarnos -que lo recuerden y se lo cuen­ten a sus hijos los que vivieron en la zona roja-, España salió pletórica de entusiasmo y de fe en sí misma, pero terriblemente maltrecha en el orden material al quedar desarticulada la ya débil economía nacional». «Todo estaba destruido», pero «gracias a la firme decisión del Caudillo y a la fe en él del pueblo español, la reconstrucción económica se inició inmediatamente y se llevó a cabo sin ayuda de nadie y en las adversas circunstancias impuestas por una II Guerra Mundial que duró seis años y por un aislamiento internacional que se prolongó hasta 1951. [ ... ] Este período de crecimiento, sin precedente en nuestra Historia, es la consecuencia de la paz social lograda por el Movimiento Nacio­nal, que se ha mantenido inconmovible pese a la contumacia de un enemigo exterior que no cesa en sus ataques, gracias a las vir­tudes de un pueblo que se ha encontrado a sí mismo al sentirse bien dirigido y a una Organización Sindical que, asociando a los tres elementos de la producción, empresarios, técnicos y obre­ros, resuelve en su seno, al menos en primera instancia, los con­flictos laborales, sustituyendo la violencia por el diálogo». Y con­cluyó: «[...] si llegamos al convencimiento de que la mejor manera de servir a los intereses de cada cual es servir al bien común y mantenemos la fe y la unidad que hace 25 años nos die­ron la Victoria, el Plan de desarrollo será un éxito rotundo, pese a todos los intentos que nuestros contumaces enemigos hagan para malograrlo». El discurso de Carrero es una muestra exce­lente tanto de la visión del pasado que se reiteraba a la ciuda­danía como de las preocupaciones del gobierno en aquel momento, entre las que destacaban los conflictos laborales, con­tra los cuales se prevenía, presentando la Organización Sindical como el elemento armonizador de los «productores».

Pero al margen de argumentaciones centrales como ésta, en los ámbitos local y provincial hay que destacar que, en general y por primera vez, el discurso de los XXV Años de Paz no se centraba en la cruzada contra el comunismo, el peligro revolu­cionario, los ataques a la Iglesia, en definitiva el recuerdo de la Guerra Civil. Esas referencias reaparecieron posteriormente tan­tas veces como la dictadura se sintió hostigada, pero el tono posi­tivo de la campaña de los XXV Años de Paz -recalificada por el abad del monasterio de Mont:serrat como «25 años de Victo­ria»- es una buena muestra de la confianza que el régimen tenía en sí mismo. El eje del discurso se situó, además de en la cons­tatación del crecimiento, en la mejora de las expectativas vita­les de los españoles y en la exaltación de los valores tradicio­nalistas. El discurso fue acompañado por centenares de exposiciones, donde se mostraba lo conseguido y lo proyectado por el régimen para los años venideros.

Pero sin duda alguna el proyecto más importante de Fraga fue la aprobación de una nueva Ley de Prensa. La ley de prensa vigente era la de 1938, que era en algunos aspectos más restric­tiva que la ley fascista italiana en la que se inspiró. Desde que accedió al Ministerio de Información y Turismo Fraga había apostado por flexibilizar la política de publicaciones y progra­mación cultural, en especial en aquellos aspectos no estrictamen­te políticos. Eso hizo posible que ya en 1963 apareciera una revista como Cuadernos para el Diálogo, promovida por demócrata-cris­tianos progresistas del entorno de Joaquín Ruiz-Giménez. Pero no fue fácil aprobar una nueva ley para regular las publicacio­nes, porque la hostilidad que despertaba dicho proyecto era múl­tiple; en particular tenía la de Carrero Blanco, y la del propio Franco. Finalmente, el proyecto de ley fue aprobado por el gobierno en octubre de 1965, aunque no fue ratificado por las Cortes hasta mayo de 1966. Según ha escrito Manuel Fraga, al aprobar la ley Franco comentó: «No creo en esta libertad, pero es un paso al que nos obligan muchas razones importantes. Y, por otra parte, pienso que si aquellos débiles gobiernos de pri­meros de siglo podían gobernar con prensa libre, en medio de aquella anarquía, nosotros también podremos». Aunque, obvia­mente, en modo alguno la ley admitía una libertad de prensa real.

Los aspectos más destacados de la nueva ley radicaban en la supresión de la censura previa y en la libertad de la empresa edi­tora para nombrar el director de la publicación. Al margen de ello, en la ley se proclamaba la libertad de expresión y el derecho a la difusión de la información, si bien acto seguido se establecían los límites a que estarían sujetos dichos derechos. Así, en el artículo segundo se señalaba que «son limitaciones: el respeto a la ver­dad y a la moral; el acatamiento a la Ley de Principios del Movi­miento Nacional y demás Leyes Fundamentales; las exigencias de la defensa nacional, de la seguridad del Estado y del mante­nimiento del orden público interior y exterior». Afirmado,', los derechos y limitaciones se establecían las sanciones administra­tivas que podrían imponerse a autores y editores, al margen de las civiles y penales a que hubiera lugar. La ley establecía tam­bién el secuestro preventivo de la publicación, medida utilizada profusamente hasta el final de la dictadura.

Aunque las limitaciones de la ley eran muchas, las posibili­dades que abría también. Algunos periódicos y revistas, nuevos o transformados, y, en especial, sectores de periodistas jóvenes intentaron aprovechar hasta el límite las nuevas oportunidades, arriesgándose hasta rozar las sanciones. Como éstas no eran siem­pre previsibles, porque en buena medida dependían de la per­cepción de las autoridades e, incluso, de las tensiones internas de las instituciones gubernamentales, las multas y suspensiones fueron continuadas. Ahora bien, la misma sanción se convertía en prueba evidente de la falta de libertades existente en España, originándose así un tira y afloja permanente entre la presión para ampliar los espacios de libertad y la imposibilidad del régimen de satisfacerla si no quería poner en peligro su misma natura­leza y supervivencia. Esta realidad generó, a su vez, una tensión creciente en el seno del personal político franquista y en parti­cular entre Manuel Fraga y Carrero Blanco y Alonso Vega, aun­que la posición del ya almirante era mucho más decisiva que la del teniente general Alonso Vega. En 1969 Manuel Fraga paga­ría con el cargo su defensa de la ley, así como su discordancia con el almirante.

Pero no sólo Fraga impulsaba unas actuaciones con las que Carrero discrepaba; José Solís también figuraba en la corta lista de dirigentes franquistas enfrentados a Carrero por sus posicio­nes políticas. Como además los sectores «reformistas» del Movimiento propugnaban una cierta tolerancia informativa y una mayor apertura cultural, propuestas que concordaban con las de Manuel Fraga, se estableció una corriente de colaboración entre ellos, que obligaba a Carrero a concentrar muchas energías con­tra ellos. Solís, como ministro secretario general del Movimiento y delegado nacional de Sindicatos concentraba un gran poder en sus manos. Ese poder estaba en contradicción con las posicio­nes defendidas por Carrero Blanco, que se apoyaba en buena parte de los tecnócratas vinculados a López Rodó. Cuando en 1962 emergían propuestas «reformistas», después de unos años en que lo fundamental había sido asegurar el éxito de la estabi­lización económica, José Solís se dispuso a impulsar un nuevo proyecto de institucionalización del Movimiento que supliera al fracasado de José Luis de Arrese. A la retórica pregunta de aque­llos años «Después de Franco ¿qué?», Solís, con el apoyo de buena parte de la estructura del Movimiento y particularmente de la OSE, respondía: «Después de Franco, las instituciones», es decir, el protagonismo del Movimiento Nacional, de la Organización Sindical, de las Cortes orgánicas, sin excluir una monar­quía de nuevo cuño acorde con los Principios del Movimiento Nacional. Esta propuesta era formalmente idéntica a la de Arrese, pero no lo era en su contenido.

Solís no pretendía volver al modelo falangista de los años cua­renta; al contrario, reiteraba que era imprescindible adaptar las instituciones franquistas a los cambios sociales que se estaban operando en el país, siendo necesario un «desarrollo político» de la misma manera que se estaba impulsando un «desarrollo eco­nómico». El desarrollo político pasaba por potenciar la representa­ción dentro de las instituciones ya existentes, por tanto aceptando la estructura orgánica basada en la trilogía «familia, municipio, sindicato». Se trataba igualmente de potenciar unas asociaciones políticas para encauzar el «contraste de pareceres» dentro del Movimiento, lo que implicaba abrir la posibilidad de formalizar «tendencias» dentro del Movimiento, pero aumentando al mismo tiempo las competencias de éste, todo lo cual, en última instan­cia, lo fortalecería. La Ley Orgánica del Movimiento aprobada en 1967 no recogió cambios significativos respecto a la situación preexistente. Sin embargo, el secretario general del Movimiento estaba convencido que la única manera que los falangistas tenían de no perder su espacio político era presentando nuevas plata­formas de participación política. En ese sentido, en diciembre de 1968, el Consejo Nacional del Movimiento aprobó un esta­tuto del Movimiento que hacía posible la creación de asocia­ciones que contribuyesen a la «formación de la opinión pública», y en julio de 1969 el Consejo Nacional aprobó un Estatuto de Asociaciones, el denominado Estatuto Solís, que aunque fue presentado como un triunfo de los sectores reformistas, tenía un alcance tan limitado que las asociaciones no podían denominarse asociaciones políticas, además de quedar bajo el control estricto del Consejo Nacional del Movimiento.

Inicialmente los reformistas falangistas estuvieron dispues­tos a desarrollar más contundentemente sus propuestas de cam­bio en la estructura sindical, que era la baza más importante que tenían los falangistas en sus manos. El aumento de la conflic­tividad obrera y la instauración de la negociación colectiva con­dujeron a los dirigentes falangistas a considerar la ampliación de los mecanismos de participación en la OSE para poder con­trolar la contestación obrera e intentar revitalizar la estructura sindical. Aquél podía ser el mejor ejemplo de sus propuestas de ampliar la democracia orgánica, lo que, si se consolidaba, com­portaría un reforzamiento de los dirigentes de esas instituciones. En 1964 se inició el proceso de reformas sindicales, creándose distintas estructuras horizontales -de empresarios y trabajadores-, lo que a su vez podía ser presentado como una medida de apro­ximación a las organizaciones sindicales libres. En cada sector productivo se crearon Uniones de Técnicos y Trabajadores, por un lado, y Uniones de Empresarios por otro. De la misma manera, en cada ámbito territorial -local, provincial, nacional- se crea­ron Consejos de Trabajadores y Consejos de Empresarios. Como otras medidas, la aproximación sólo era formal, dado que los pues­tos que habrían permitido el acceso de los trabajadores y sus repre­sentantes a los cargos medios y superiores de la OSE estaban «secuestrados» férreamente por los dirigentes verticalistas.

Al margen de esos cambios, en las elecciones sindicales de 1966 sí que los dirigentes de la OSE apostaron decididamente por abrir las estructuras representativas a los trabajadores y obte­ner el apoyo obrero; fue la única ocasión. Se llamó a la partici­pación electoral con el lema «votar al mejor», afirmando implí­cita y explícitamente que la campaña sería limpia y no habría ningún tipo de restricciones para los candidatos no oficialistas. La participación fue, efectivamente, muy alta, pero no por el giro impulsado desde arriba, aunque también la favoreció. El motivo principal radicó en que el movimiento obrero clandestino supo aprovechar las nuevas condiciones para presentar sus militantes y simpatizantes a los cargos de enlaces sindicales, táctica que había iniciado años antes pero que no había podido desarrollar con tanta intensidad, ya que su nivel de articulación estaba avan­zando poco a poco, dadas las limitaciones y la represión a que se veían sometidos los militantes obreros.

Justamente el éxito participativo acabó con la experiencia de «democracia sindical». José Solís había encabezado una estra­tegia que en último término pretendía permitir la ampliación del protagonismo obrero en la gestión de las reivindicaciones labo­rales, pero sin que se viera afectado el control político de la Orga­nización. La estrategia era ambiciosa pues se proponía aumen­tar el consenso obrero respecto a la OSE, al tiempo que ésta ampliaba su peso en el Estado franquista. No obstante, la tenta­tiva duró poco; en muy breve tiempo, la actividad abierta de los dirigentes obreros antifranquistas hizo ver a los falangistas que sería imposible recluirlos en la negociación de los convenios colectivos, pues continuadamente denunciaban la OSE como una estructura diseñada especialmente para controlar y subordinar a los trabajadores. Un nuevo movimiento, además, había aparecido con fuerza: las Comisiones Obreras. El experimento aperturista se acabó definitivamente cuando en marzo de 1967 una senten­cia del Tribunal Supremo declaró ¡legales las Comisiones Obre­ras por considerarlas «una filial del Partido Comunista de España tendente a la violenta destrucción de la actual estructura del Estado español».

No obstante, José Solís continuó dando la batalla en las Cor­tes a fin de ampliar las competencias políticas y económicas de la OSE, lo cual significó un enfrentamiento abierto con Luis Carrero. Durante los últimos años de Solís al frente de la OSE, así como en los siguientes, la estrategia falangista consistió en intentar ampliar ciertos derechos de los asalariados en las empre­sas pero no en la estructura sindical. Esa estrategia era duramen­te criticada por los empresarios y los dirigentes económicos del gobierno. El vicepresidente Carrero envió reiterados informes a Franco en los que llamaba su atención respecto a las excesivas prerrogativas de la OSE. Por ejemplo, en julio de 1968 Carrero pretendió limitar el papel de la OSE en la fijación de los sala­rios, afirmando que «es indispensable enviar a las Cortes en sep­tiembre una Ley de Régimen Salarial, o como quiera llamársela, que sustituya a la actual Ley de Convenios Colectivos», añadiendo a continuación que «mientras los dirigentes de la Organización Sindical aspiren a dirigir ellos la política económica, será físi­camente imposible que el Gobierno pueda llevar a cabo una labor eficaz y constructiva».

Después de Franco, la monarquía del «18 de Julio»

Atendiendo a las propuestas concretas presentadas por los dis­tintos sectores del gobierno a lo largo de los años sesenta parece evidente que las propuestas presentadas por Carrero Blanco para adaptarse a los nuevos tiempos comportaban menos cambios que las impulsadas por Fraga y Solís. Luis Carrero había recogido de los tecnócratas, y en particular de Laureano López Rodó, la opción de primar la política impulsora del crecimiento econó­mico; se apoyó también en ellos para intentar limitar el prota­gonismo político de los dirigentes falangistas. Se podría decir que los tecnócratas -que rechazaban especialmente las propuestas falangistas de fortalecer el Movimiento y la retórica nacional­sindicalista- consideraban que la continuidad del régimen se ase­guraba mucho mejor por la vía del crecimiento económico y la integración en la economía capitalista occidental. El crecimiento aseguraría la expansión del bienestar, y el aumento de la renta per cápita aseguraría la estabilidad política y añadiría una nueva legitimidad de ejercicio a la originaria de la Guerra Civil. Su dis­curso se presentaba incluso como «apolítico», lo cual era muy valorado por Carrero que recelaba de cualquier contrapoder al del Ejecutivo encarnado en Franco o su sucesor.

Las tensiones entre Carrero y Fraga giraron sobre todo en torno a la Ley de Prensa. La oposición de Carrero a la aproba­ción de la ley había sido muy importante, y en cuanto se origi­naron las primeras tensiones manifestó su hostilidad a una ley que deterioraba «la moralidad, la religión y la política». En la nota ya citada de Carrero a Franco, de julio de 1968, se afirmaba: «[...] el daño que se está haciendo a la moral pública es grave y hay que ponerle fin. Si la legislación actual no permite corregir esta situación, habrá que dictar nueva legislación, pero así no se puede seguir. Primero, porque España es un país católico y segundo, porque el quebrantamiento de la moral del pueblo es la mejor manera de favorecer la acción subversiva que el Comu­nismo fomenta. Ha sido comprobado en varios casos de agitado­res universitarios, su previa ruina moral mediante drogas, etc., antes de iniciarles en el maoísmo. Mucho me temo que el actual titular de Información no sea capaz de corregir ya el estado de cosas señalado».

El enfrentamiento de Carrero con Solís radicaba en que, según el vicepresidente, los falangistas querían un excesivo poder para el Movimiento. Carrero Blanco consideraba fuente de toda legitimidad el 18 de julio y los Principios Fundamentales, pero rechazaba, en cambio, el protagonismo institucional del Movi­miento, que podía debilitar la estructura autoritaria basada en la concentración personal del poder en manos de Franco y en el futuro la monarquía y el gobierno. Carrero, además, apostaba cla­ramente por Juan Carlos de Borbón como sucesor.

A mediados de los sesenta la sucesión de Franco era una pre­ocupación central de todas los sectores del aparato franquista por­que, teniendo el dictador más de setenta años, su muerte se podía producir en cualquier momento. En 1966 se sometió a referén­dum la Ley Orgánica del Estado previa aprobación en las Cor­tes, ley fundamental presentada como la culminación de la insti­tucionalización del régimen. La gestación de la ley había sido larga. En 1958 Carrero ya había presentado un proyecto que era en buena medida una respuesta a las aspiraciones falangistas enun­ciadas por Arrese en 1956, pero también a la necesidad de regu­lar las relaciones entre diversos órganos del Estado y llenar impor­tantes vacíos institucionales que en aquel momento sólo eran solventados mediante el ejercicio, por Franco, de unos poderes excepcionales que no podría ejercer su sucesor. Pero en este tema, como en tantos otros, Franco adoptó a lo largo de los años sesenta una actitud de dilación, provocada tanto por la merma de sus capacidades como por su deseo de no romper el statu quo en el personal político franquista ni de precipitar la confirmación de un plan sucesorio. Aún en febrero de 1963, según su primo Franco Salgado-Araujo, el Caudillo hablaba de la posibilidad de que Juan Carlos le sucediera como una mera hipótesis; decía que «vivir parte del año en España sólo puede tener ventajas para Don Juan Carlos, pues, al estar en contacto con su pueblo, puede éste encari­ñarse con él y de esta forma es posible que llegue a ser rey de España. [ ... ] Quedan otros príncipes [ ... ] que podría[n] ser una solución si no se arregla lo de Don Juan Carlos».

Desde la perspectiva de Carrero se trataba de afianzar la posi­ción de Juan Carlos de Borbón pero también la de la monarquía, siempre pensando en el mantenimiento del carácter del régimen. Aunque, ciertamente, la práctica política posterior reafirmó la posición de Carrero Blanco, la LOE era un híbrido de las pro­puestas procedentes de los diversos sectores del régimen. Así, en el preámbulo, después de afirmar que «es llegado el momento de delimitar las atribuciones ordinarias de la suprema magistra­tura del Estado al cumplirse las previsiones de la Ley de Suce­sión» -es decir, después de la muerte de Franco, que conservó sus poderes extraordinarios mientras vivió-, se señalaba que la ley pretendía «asegurar de una manera eficaz para el futuro la fidelidad por parte de los más altos órganos del Estado a los Prin­cipios del Movimiento Nacional». La LOE reformulaba otrasleyes fundamentales y, en este sentido, cabe destacar que utili­zaba un nuevo lenguaje, mucho menos ideologizado que el de las leyes anteriores. De este modo, el preámbulo del Fuero del Trabajo, donde se realizaba la definición del régimen y una decla­ración de intenciones, fue modificado y en lugar de afirmar «renovando la Tradición Católica, de justicia social y alto sen­tido humano que informó nuestra legislación del Imperio, el Estado Nacional, en cuanto es instrumento totalitario al servi­cio de la integridad patria y Sindicalista en cuanto representa una reacción contra el capitalismo liberal y el materialismo marxista, emprende la tarea de realizar (con aire militar, constructivo y gra­vemente religioso), la Revolución que España tiene pendiente y que ha de devolver a los españoles, de una vez para siempre, la Patria, el Pan y la Justicia», en 1966 se afirmaba «renovando la tradición católica de justicia social y alto sentido humano que informó la legislación de nuestro glorioso pasado, el Estado asume la tarea de garantizar a los españoles la Patria, el Pan y la Justicia». 0 el punto cuarto del artículo III, donde se seña­laba que el Estado fijaría las bases sobre las que se establece­rían las relaciones entre los trabajadores y las empresas, que el texto de 1938 afirmaba se apoyarían en «la asistencia y protec­ción en los empresarios y la fidelidad y la subordinación en el personal», mientras que en el de 1966 se había sustituido por «la subordinación de los valores económicos a los de orden humano y social».

Al margen de las declaraciones políticas la LOE sancionaba, por un lado, la separación de las funciones del jefe del Estado y del jefe del gobierno, que sería designado por aquél entre una terna presentada por el Consejo del Reino; por otro, modificaba la Ley de Cortes para hacer posible la elección por «los cabeza de familia y mujeres casadas» de dos procuradores de representa­ción familiar por cada provincia. A destacar igualmente que se reorganizaba el Consejo Nacional del Movimiento, al que se asignaba la misión de «defender la integridad de los Principios del Movimiento Nacional y velar por que la transformación y desarrollo de las estructuras económicas, sociales y culturales se ajusten a las exigencias de la justicia social», además de «encau­zar, dentro de los Principios del Movimiento, el contraste de pareceres sobre la acción política». Acababa la ley con un título dedicado al «Recurso de Contrafuero», considerando éste «todo acto legislativo o disposición general del Gobierno que vulnere los Principios del Movimiento Nacional o las demás Leyes funda­mentales del Reino», de manera que quedaba establecida la cláusula para impedir que, legalmente, pudieran alterarse las características del régimen. Claro está que era indispensable que aquellos que tenían capacidad para promover el recurso de contra­fuero estuvieran dispuestos a hacerlo.

La LOE, además de su importancia específica, fue destaca­ble por el esfuerzo de movilización y presencia ciudadana que el régimen desarrolló en torno al referéndum que había de otor­garle el apoyo popular. Manuel Fraga fue el encargado de orga­nizar una abrumadora campaña para asegurar la participación y él mismo inició la campaña afirmando que «votar sí es votar por nuestro Caudillo, votar no es seguir las consignas de Moscú». Pero el punto culminante de la campaña fueron los discursos de Luis Carrero y de Franco dirigidos al país por radio y televisión.

Carrero pronunció un discurso que puede ser considerado como prototípico por cuanto los suyos acostumbraban a ser muy reiterativos. Partía habitualmente de la Guerra Civil, punto de referencia del poder franquista; en este caso afirmó que «en 1936, España, tras un siglo de democracia inorgánica, que hace reali­dad la consigna extranjera de "españoles contra españoles" [ ... ] llega al límite máximo de su decadencia. [...] La bondad Divina, conmovida sin duda por los merecimientos de tantos mártires, nos dio un Caudillo ejemplar, sobre el que derramó con largueza la gracia de estado, que no sólo nos condujo a la victoria de la liberación de la Patria, sino que supo calar agudamente en el ori­gen del mal para corregirlo en su raíz, asentando el futuro de España sobre la fórmula salvadora de unir lo social con lo nacio­nal bajo el imperio de lo espiritual. [ ... ] Sin la victoria de 1939 [...] ¿cuál sería hoy la situación de España?». Después de dibu­jar un futuro tenebroso sin la figura de Franco se situaba en la actualidad y se preguntaba: «¿Y cuál es el valor de la Ley Orgáni­ca que nos ofrece? El principal de todos es asegurar la continuidad de la labor realizada al completar la obra institucional. [ ... ] Por ello el día 14 votarán no, o no votarán, los desarraigados de la Patria, porque conscientemente -o inconscientemente que de todo hay en la viña del Señor- están bajo la obediencia de alguno de los totalitarismos extranacionales. Pero los demás, los que que­remos una España unida, grande y libre, los que queremos para nuestros hijos y nuestros nietos una Patria en orden y en paz [...], éstos, con nuestra emocionada gratitud al Caudillo por este nuevo y trascendental servicio a España, votaremos Sí».

Si la devoción por el Caudillo estuvo siempre presente en los discursos de Carrero, Franco, además de practicar la autoala­banza, recordaba sistemáticamente las prerrogativas que le con­cedía «haber salvado la sociedad» e identificaba el régimen con su persona. En diciembre de 1966, después de enumerar larga­mente «las desdichas de un triste pasado» asociadas con la Segunda República, caracterizaba el régimen y afirmaba: «[ ... ] todo esto justifica que una de mis primeras preocupaciones fuera el noble intento de dar una conciencia política a la comunidad española que superase para siempre los antagonismos crónicos de la vida nacional, con nuevas formas de ordenación política y social, irrenunciables en los tiempos nuevos; despejando el camino de unos nuevos sistemas en que el espíritu social preva­leciera sobre el esquema materialista de las sociedades capitalistas y comunistas y abriese amplios cauces a los afanes solidarios de salvación y prosperidad colectiva». Así, el enderezamiento del país le otorgaba una serie de prerrogativas que recordaba: «[ ... ] me bastaba el derecho del que salva una sociedad y la potestad que me conceden las leyes para la promulgación de la ley que tantos beneficios ha de proporcionar a la nación». También recordó sus sacrificios: «[ ... ] nunca me movió la ambición de mando [ ... ] hubiera deseado disfrutar de la vida como tantos espa­ñoles, pero el servicio de la patria embargó mis horas y ocupó mi vida [ ... ]. ¿Es mucho exigir el que yo os pida, a mi vez, vues­tro respaldo a las leyes que en vuestro exclusivo beneficio y en el de la nación van a someterse a referéndum?».

El esfuerzo de movilización fue extraordinario y el éxito con­seguido también, pero, como para el régimen era imprescindi­ble presentar en los ámbitos interno e internacional un extenso apoyo popular, también se produjeron manipulaciones en el censo; mediante la aceptación de la figura de «transeúnte» -per­sona que votaba fuera de su circunscripción por estar lejos de su domicilio- los votantes podían aumentar extraordinariamente. Sucedió en diversos lugares y en algún caso los electores fueron más que los censados, lo que provocó que el censo general se modificara en dos días. Según el diario Ya del día 14 el total de votantes llamados a las urnas era de 19.622.000. Según los datos oficiales habían votado 19.289.472, lo que significaba un índice de participación difícil de creer técnicamente. Ante ello, el día 16 el diario recogía un censo global de 21.709.472, todo lo cual llevó a afirmar al gobernador civil de Barcelona en un informe confidencial que «convendrá afinar bien en los resulta­dos definitivos», porque circulaba el rumor de que «han sobrado dos millones de votos». Aunque en términos globales el 95,9 por 100 de los votos fueron afirmativos y un 1,8 por 100 negativos, en provincias como Vizcaya, Guipúzcoa, Barcelona, Madrid, Navarra, Álava y Asturias las abstenciones, votos negativos y votos en blanco fueron significativamente más elevados que en el resto de las provincias.

En cualquier caso los resultados obtenidos eran plenamente satisfactorios para el régimen, así que sus dirigentes se apresta­ron a resaltar el consenso popular. Manuel Fraga, como minis­tro de Información y Turismo, declaró que «vuestro sí ha aumen­tado nuestro crédito internacional», de manera que se había convertido en «un recurso turístico más porque, encima del sol, es nuestra ejemplar vida pacífica y alegre lo que atrae hacia noso­tros millones de visitantes».

En 1967 Carrero Blanco ocupó la vicepresidencia del gobierno en sustitución de Muñoz Grandes, que fue cesado por la incom­patibilidad formal entre este cargo y el de jefe del Alto Estado Mayor que ocupaba, de modo que desde entonces hubo una mayor correspondencia entre las funciones ejercidas por el almi­rante y el cargo que ostentaba. También en 1967 se celebraron las elecciones para escoger los dos procuradores familiares por provincia, en las que, por primera vez, se permitía votar a las mujeres casadas que no fueran «cabeza de familia». Los candi­datos tenían que superar varios obstáculos, entre los iniciales obtener el aval de cinco procuradores o miembros de institucio­nes locales, o bien ser apoyados por el 1 por 100 del censo elec­toral de la provincia. Ello conllevó que la mayoría de los aspi­rantes tuvieran un perfil muy oficialista, y en la mayoría de las provincias la participación fue escasa. En cambio, allí donde hubo candidatos que se presentaban como «independientes» la parti­cipación fue mayor. Por otro lado, las posibilidades de actuación de los procuradores familiares fue muy limitada; eran pocos -no alcanzaban ni el 20 por 100 del conjunto de la cámara-, y los que pretendieron dinamizar su actuación se encontraron con el rechazo oficial. En septiembre de 1968 el ministro de la Gober­nación prohibió las reuniones que un pequeño grupo había deci­dido organizar rotativamente en distintas ciudades para coordi­nar su acción política. Si ése era el panorama respecto a las Cortes, se puede entender que las elecciones locales pasaran casi inadvertidas, dado el ínfimo interés que tenían para la mayoría de la población y el miedo del personal político franquista a que se presentan candidatos molestos si se impulsaba la participación.

En el plano de la vida política oficial la gran cuestión pen­diente en la segunda mitad de la década era ya la del nombra­miento del sucesor de Franco. Los sectores monárquicos partida­rios de don Juan desplegaron el año 1966 una gran actividad y el diario ABC con Luis María Ansón a la cabeza, publicó dis­tintos artículos en apoyo del exiliado en Estoril. Franco reiteraba lo que siempre había afirmado, que en España no se produciría una restauración de la monarquía sino que, cuando él desapare­ciera, el régimen del 18 de Julio estaría encabezado por un monarca. A la altura de 1966 Franco aceptaba de forma más clara que su sucesor sería Juan Carlos de Borbón. Era la figura que permitiría salvar «la dinastía legal», pues era imprescindible que «tengamos un rey que no sea opuesto a los Principios del Movi­miento Nacional y a la ley de sucesión, que sigue siendo la única legalidad política de España».

En 1968 Luis Carrero escribió un largo informe a Franco argumentando la conveniencia de tomar una decisión respecto a la sucesión, y exponiéndole nuevamente la idoneidad de Juan Carlos de Borbón. La resolución de Franco no se produjo, sin embargo, hasta julio de 1969. El día 22 se presentó a las Cortes la proposición de designar a Juan Carlos como sucesor de Franco a título de rey. Franco leyó un largo discurso ante las Cortes rei­terando que «el Reino que nosotros, con el asentimiento de la Nación, hemos establecido, nada debe al pasado; nace de aquel acto decisivo del 18 de julio, que constituye un hecho histórico trascendente que no admite pactos ni condiciones». Aun así, Solís intentó que la votación fuera secreta para que los procuradores falangistas contrarios a la monarquía pudieran expresar libre­mente su posición, pero no lo consiguió. En aquellas circuns­tancias 491 procuradores votaron a favor de la designación, 19 en contra y nueve se abstuvieron. Ya sólo restaba que Juan Car­los de Borbón jurase antes las Cortes lealtad a Franco, a los Principios del Movimiento Nacional y a las Leyes Fundamentales, lo que hizo al día siguiente. Para reafirmar que aquel acto no com­portaba la restauración de la monarquía desaparecida en 1931, Juan Carlos ostentaría hasta el momento en que se produjera la sucesión el título de príncipe de España en sustitución del de prín­cipe de Asturias, que era el tradicional para el heredero de la corona. El acto sancionó la ruptura con la legitimidad dinástica y la afirmación de la legalidad franquista, concluyendo Franco que «cuando por ley natural mi Capitanía llegue a faltaros, lo que inexorablemente tiene que llegar, es aconsejable la decisión que hoy vamos a tomar, que contribuirá, en gran manera, a que todo quede atado y bien atado para el futuro».

El nombramiento de Juan Carlos como sucesor de Franco no resolvió, sin embargo, la mayoría de los problemas que a aque­llas alturas tenía el régimen planteados. El nombramiento había puesto en evidencia, por enésima vez, las tensiones existentes en el personal político franquista. Pero lo que era más importante, la contestación social se estaba haciendo cada vez más extensa y profunda y la incapacidad del régimen para controlar la situa­ción era cada vez más ostensible.

Crecimiento económico y cambio social

La economía española había conseguido, mediados los sesenta, un crecimiento espectacular que había insuflado un gran optimismo a los dirigentes políticos. Asociadas al Plan de Esta­bilización de 1959, se habían iniciado una serie de reformas enca­minadas a la liberalización del mercado y de las inversiones extranjeras, a la eliminación de controles directos sobre la inver­sión industrial y a la reestructuración del sistema financiero. Al margen de dichas medidas la política económica del gobierno se centró en los planes de desarrollo. Para dirigir la política económica se creó un organismo centralizado denominado Comi­saría del Plan de Desarrollo, que desde su creación, en 1962, y hasta 1973 fue dirigida por Laureano López Rodó, con un gran margen de autonomía, consecuencia de la plena confianza que Carrero Blanco había depositado en él.

La planificación indicativa franquista era formalmente una copia del modelo planificador francés, y tenía como objetivo programar la actividad del sector público y ofrecer información y previsión a los inversores privados, aumentando de esa manera la eficiencia de la economía española. En particular, en el marco de los planes de desarrollo se pretendían dos objetivos funda­mentales: por un lado, seleccionar un conjunto de actividades económicas que tuvieran efectos de arrastre sobre otros secto­res, pero que por sus propias características, o por las inversio­nes necesarias, no atraían a los capitales privados. Por otro, los planes de desarrollo pretendían estimular el crecimiento en zonas del país que tenían especiales dificultades para conseguirlo. Para el primer objetivo un instrumento esencial eran las «acciones con­certadas», para el segundo los «polos de desarrollo».

El discurso propagandístico en torno a la planificación indi­cativa fue muy importante. Desde el inicio de los sesenta el régi­men convirtió el crecimiento económico y el aumento del nivel de vida de la mayor parte de la población en uno de los ejes esen­ciales de su discurso, y la consecución de esos objetivos se pre­sentaba como un nuevo elemento de legitimidad. En ese sentido se podría decir que la insistencia en las nuevas oportunidades que se abrían en la economía española ayudaron a generar un clima de confianza que estimuló el crecimiento; igualmente las medi­das tomadas, más la proyección de una nueva imagen de la eco­nomía hispana, influyeron en la llegada de capitales, igual que el flujo de turistas que, ciertamente, ayudaron a la rapidez del crecimiento.

Pero la intervención gubernamental en términos globales fue mucho más negativa que positiva. La planificación indicativa se quedó en poco más que grandes declaraciones y prolija docu­mentación. Los planes de desarrollo -1964, 1968 y 1971- se planteaban grandes objetivos que no iban acompañados de los recursos necesarios para su financiación, y, paradójicamente, la insuficiencia de recursos fue acompañada del despilfarro -al no rentabilizarse las inversiones efectuadas- aunque sí hubo apro­vechamientos particulares. Y es que la ejecución de los planes de desarrollo estuvo siempre subordinada a los intereses de los grandes grupos económicos con capacidad de influencia política. El modelo económico español se caracterizó por la financiación privilegiada y la especulación, una limitada competencia interna y unas escasas inversiones públicas, resultado de un sistema fis­cal regresivo.

Por otro lado, la liberalización económica se había frenado muy pronto, hacia 1964. En ese momento, aunque el crecimiento del PIB había sido muy intenso, por encima del 8,5 por 100 anual, también los problemas irresueltos eran importantes, destacando la inflación y el déficit de la balanza de pagos. Esas dificultades aumentaron la capacidad de influencia de los sectores políticos reticentes a la liberalización económica, así como de las presiones de los grupos económicos instalados, interesados en preservar el statu quo. Desde 1965-1966 se añadieron otros problemas que hicieron que el cre­cimiento fuera menor que en los años anteriores y más irregular. Desde el final de la década de los sesenta el ritmo de expansión y contracción económica que se había hecho característico se com­binó con una cada vez más difícil situación política.

Aunque las decisiones gubernamentales no fueron decisivas para la evolución económica, en los años sesenta en España se vivió una transformación económica de gran magnitud porque la reintegración a los circuitos económicos internacionales se pro­dujo en un contexto muy favorable y el potencial de crecimiento interno era muy elevado. La economía española se pudo bene­ficiar del crecimiento de los países capitalistas desarrollados a través de tres vías fundamentalmente. Por una parte, en distin­tos países europeos existía una gran demanda de mano de obra que atrajo a unos emigrantes españoles, subocupados en sus luga­res de origen, que emigraban con la esperanza de acumular los ahorros imprescindibles para volver y establecerse en una acti­vidad económica que les asegurara la supervivencia. Por otra, en esos mismos países europeos el aumento del nivel de vida y la extensión del tiempo de vacaciones estaba permitiendo que millones de personas pudieran desplazarse a otros países en busca de bienes tan escasos para ellos como el sol y las playas. Emi­grantes y turistas generaron una corriente de divisas imprescin­dibles para compensar el déficit en la balanza comercial. Por pri­mera vez la economía española podía hacer frente holgadamente a un problema que había atenazado la actividad productiva: la necesidad de importaciones. El turismo, además de divisas, gene­raba una amplia actividad a su alrededor. Por último, pero no menos importante, las inversiones extranjeras fueron esenciales tanto por la actividad generada como por su influencia en la modernización productiva, sin olvidar que llegaron a la Penín­sula por la alta expectativa de beneficios que presentaba el potencial mercado español así como el control de la mano de obra y sus bajos costes.

Si el contexto internacional ayudó de forma esencial al cre­cimiento español, el factor clave que explica la transformación experimentada en este período fue la aceleración en el proceso de industrialización nacional, interrumpido por la Guerra Civil y por el período autárquico. Fue en los años sesenta cuando España alcanzó la condición de país plenamente industrial, aun­que los servicios, sobre todo los personales, se expandían tam­bién a gran velocidad. Sintéticamente cabe destacar que el cre­cimiento industrial estuvo vinculado básicamente a la demanda interna. Los sectores que crecieron con mayor intensidad fue­ron los productores de bienes de consumo como electro­domésticos y automóviles, así como otras producciones metáli­cas. Igualmente el sector químico tuvo un gran desarrollo condicionado por las nuevas posibilidades que ofrecían nuevos productos como los plásticos, las fibras artificiales o los deter­gentes para el consumo individual e industrial. Ahora bien, como las inversiones eran básicamente privadas y se dirigieron prin­cipalmente a proyectos que aseguraban una rentabilidad inme­diata, el crecimiento industrial estuvo muy concentrado tanto pro­ductiva como territorialmente, de manera que aquel crecimiento se apoyó en, y agudizó, un extraordinario movimiento migrato­rio, al que se hará referencia más adelante. Ese mismo movi­miento migratorio explica que la construcción se convirtiera en un sector muy dinámico; igualmente cabe destacar para el desarrollo del sector la demanda que desencadenó el turismo así como, con el paso de los años y el aumento del nivel de vida, la construcción de segundas residencias.

Lógicamente, la gran reserva de mano de obra de la econo­mía española estaba en la sociedad rural. La agricultura vivió como consecuencia un cambio destacable; aunque su peso en el PIB se redujo a la mitad en la década de los sesenta, la agricul­tura se modernizó de forma notable en aquellos años, tanto en las formas productivas como en los bienes cosechados, dado que el aumento del nivel de vida hizo posible una diversificación y cualificación de la demanda.

Y, por último, la propia transformación industrial y la urba­nización que caracterizaron el período impulsaron las activida­des terciarias. Evidentemente, dentro de éstas destacaban las actividades vinculadas al turismo, que en los años sesenta creció sobre todo en la costa mediterránea, pero progresivamente se hicieron importantes las actividades vinculadas al transporte y a las comunicaciones, al igual que los servicios de intermedia­ción. Por otro lado, el aumento del nivel de vida y la demanda social, que se expresaba cada vez de forma más exigente, for­zaron la extensión de los servicios públicos, sobre todo educa­tivos y de salud, aunque el déficit fue elemento característico de todo el período.

La transformación económica de los años sesenta fue tan importante que los apologetas del régimen reiteraban que se había producido «el milagro español». Ciertamente el crecimiento fue excepcional, sobre todo si lo comparamos con los países euro­peos más desarrollados, que habían experimentado un gran cre­cimiento en la década anterior y partían de un punto inicial más alto. El caso español no resulta excepcional, sin embargo, si se compara con otros países de la Europa mediterránea que, como España, estaban reduciendo distancias respecto a los países desa­rrollados en un contexto mundial muy favorable. Por ello no exis­tió ningún milagro español. Se recuperó entonces el tiempo per­dido en el primer ventenio franquista.

Desde la perspectiva social, un fenómeno de capital importancia para la transformación del país fueron los movimientos migratorios, iniciados con fuerza desde el inicio de los años cin­cuenta y que no se detuvieron hasta que se hizo evidente la cri­sis económica en 1974-1975. Desde Andalucía, Extremadura, Castilla-León y Castilla-La Mancha, además de Galicia, Aragón y Murcia fueron más de cinco millones las personas que se trasladaron -además de al extranjero- a las zonas tradicionalmente inmigratorias de Cataluña, el País Vasco y Madrid, y después, con menor intensidad, también a la región valenciana. La inmi­gración estuvo muy concentrada y cinco provincias -Madrid, Barcelona, Valencia, Vizcaya y Alicante- recibieron la mayor parte de los inmigrantes, más de dos millones y medio de per­sonas entre 1960 y 1975. Además, el movimiento migratorio se desarrolló en un escenario de intenso crecimiento demográfico, que tuvo lugar en España desde finales de los años cincuenta, una década después del inicio del baby boom europeo y que, lógicamente, se concentró en las zonas de inmigración donde la población era más joven. Ambos factores agudizaron los fuertes desequilibrios territoriales existentes en España, pues mien­tras las áreas de mayor dinamismo económico crecían al borde de la saturación -condicionada por la falta de infraestructuras-, amplias zonas de la Península quedaban despobladas e incapaci­tadas para salir del estancamiento.

Los cambios económicos y los movimientos demográficos comportaron alteraciones importantes en la estructura social. El proceso de desruralización afectó en primer lugar y sobre todo a los jornaleros del campo meridional y a los campesinos muy pobres. Estos nuevos trabajadores urbanos ocuparon habitual­mente los puestos menos cualificados de la construcción, la industria y los servicios urbanos, y se convirtieron en un com­ponente un fundamental de una nueva clase obrera. La clase obrera se convirtió en el sector más voluminoso de la población activa española, más de cuatro millones de un total de doce millones y medio en 1970, lo que representaba un tercio del total de activos y la mitad del conjunto de asalariados. Junto a los sectores menos cualificados, integraban la clase obrera las franjas con una cualificación y especialización mayor. Así, se puede hablar de una nueva clase obrera porque su composición se alteró pro­fundamente tanto en términos cuantitativos como cualititativos. Era, además, en términos globales muy joven, lo que influyó tam­bién en sus actitudes y pautas de acción colectiva.

Las migraciones internas comportaron un proceso de intensa urbanización; para algunas ciudades sin previa tradición indus­trial, ello significó un cambio de primera magnitud. Al margen del componente obrero, dentro de las ciudades la estructura social también se hizo más compleja; la clase media experimentó un proceso de diversificación importante y, mientras algunos sec­tores tradicionales, como el artesanado, entraban en crisis, otros adquirían relevancia; el fenómeno de carácter general más desta­cado fue la aparición de una «nueva» clase media, una capa social heterogénea vinculada a las actividades terciarias y tecnocráti­cas, de alta y mediana cualificación y generalmente asalariada.

La «nueva clase media» tenía también entre sus rasgos comu­nes un nivel educativo relativamente alto en términos compa­rativos. Fueron estos sectores los principales protagonistas del cambio cultural que se vivió en España en los años sesenta y setenta, y se convirtieron en el modelo social urbano de referen­cia. Aunque la «nueva clase media» era un sector en expansión, respecto al conjunto de la población urbana no representaba por­centajes muy amplios. Sus pautas de vida -consumo, ocio, activi­dad social- estaban bastante por encima de la media; su influen­cia procedía, sobre todo, de su mayor presencia pública, fuera porque a ellos se destinaba en buena medida la publicidad consu­mista, omnipresente desde entonces, fuera porque en el activismo sociopolítico característico del período tuvieron un protagonis­mo superior a su significación cuantitativa.

El crecimiento económico, el aumento de la población activa y, evidentemente, los incrementos salariales posibilitaron que, en términos reales, el poder adquisitivo de los trabajadores aumen­tara una media del 70 por 100 entre 1958 y 1968, según los datos oficiales. Esa mejora significaba un cambio radical en la pers­pectiva vital de buena parte de la población española. La mayo­ría había sufrido en los años cuarenta un retroceso sin parangón en sus condiciones de vida; después, en los cincuenta, apenas recuperaron el poder adquisitivo existente antes de la guerra; pero entre 1962 y 1968, el ritmo de crecimiento fue espectacular y parecía imparable. La expectativa vital mayoritaria se alteró. Aunque en una sociedad con tantas desigualdades sociales y terri­toriales es difícil trazar un perfil evolutivo medio respecto al con­sumo, para un segmento amplísimo de la población los gastos en y para la vivienda absorbieron buena parte de los ingresos. Para los inmigrantes lo más urgente era la propia vivienda; para todos, los electrodomésticos que suministraba la industria y que convertían las tareas domésticas en más sencillas y cómodas. Pero hasta 1969, estadísticamente, no se puede hablar de «sociedad de consumo» en España; en aquella fecha disponía de frigorí­fico y televisión algo más del 60 por 100 de la población y un 27 por 100 de automóvil.

Para la mayor parte de la población adquirir ese conjunto de bienes que, rápidamente, se consideraron indispensables, comportó alargar la jornada laboral tanto como fuera posible y, aun así, le fue imprescindible entrar en un proceso de endeudamiento que condicionaba sus actitudes respecto al trabajo. Para los sec­tores más acomodados de clase media el horizonte consumista estuvo vinculado al ocio, que en estos años se mercantilizó en buena medida. La compra de un coche facilitaba los despla­zamientos en los fines de semana y en vacaciones. Según la ela­boración de Venancio Bote sobre cifras del Instituto Nacional de Estadística, el 63 por 100 de los que viajaron al extranjero en 1973 tenían estudios superiores, cuando los licenciados repre­sentaban en torno al 2 por 100 de la población adulta en aque­lla fecha.

Otro de los cambios destacables de aquellos años fue la exten­sión del período formativo de la población española, que afectó al conjunto de la población aunque todavía no con la misma intensidad. El aumento del poder adquisitivo de las familias hizo posible que una buena parte de ellas alargara la permanencia de sus hijos en los centros educativos, en la perspectiva de que pudieran acceder a ocupaciones de mayor remuneración y sta­tus. Mención especial exige la incorporación femenina a los ciclos educativos tanto medios como superiores, que fue muy intensa en estos años.

Nuevas pautas de consumo, nuevas condiciones de trabajo, distintos ámbitos de socialización influyeron decisivamente en la extensión de nuevas actitudes y valores sociales. Durante más de veinte años los ámbitos de socialización pública habían que­dado reducidos a los proporcionados por el Movimiento y, sobre todo, por la Iglesia, pues el régimen franquista había destruido los marcos asociativos que consideraba contrarios a sus valores. El control de la opinión pública había sido igualmente muy rígido, y una estricta censura había mantenido España bastante al margen de los flujos culturales internacionales. Pero en los años sesenta la capacidad de control estatal se redujo aceleradamente, tanto por los cambios sociodemográficos que se esta­ban experimentando como por las propias contradicciones en los intereses de la dictadura.

Los sesenta se convirtieron en la década de la televisión por excelencia. Si bien el control informativo continuó siendo exhaustivo y el régimen utilizó la televisión para penetrar coti­dianamente en todos los hogares, la programación tenía que ser mínimamente diversificada y, a pesar de la censura estricta, los gobernantes no pudieron evitar que a través del cine, la música o la publicidad se filtraran nuevos valores vitales, que tenían tina potencial carga de contestación sociopolítica. El turismo, por otro lado, se había convertido ya en una actividad económica de primera importancia, incentivado públicamente, sobre todo por los beneficios que generaba, pero también como un instrumento para combatir el aislamiento internacional. Sin embargo, el contacto con extranjeros permitía conocer otras pautas de comportamiento, igual que el retorno temporal o definitivo de los emigrantes per­mitía la comparación entre la realidad española y la de otros paí­ses democráticos. De la misma manera, los viajes cada vez más frecuentes de los españoles al extranjero hacían posible conocer los movimientos políticos y culturales que se estaban desarro­llando más allá de las fronteras.

El régimen tenía que responder a esa nueva realidad, y cómo hacerlo se convirtió en uno de los elementos de tensión política más importante. La posición representada por el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, era abrir los canales infor­mativos y la permisividad cultural hasta el límite soportable para los intereses del régimen y sus valores fundamentales. La con­cepción de Luis Carrero sobre los límites era mucho más res­trictiva que la del ministro. Pero si Fraga venció las resistencias y pudo poner en práctica la Ley de Prensa de 1966 fue porque incluso Franco y Carrero estaban convencidos de que era impres­cindible impedir que sectores relativamente amplios de la opi­nión pública que para ellos eran importantes -no toda lo era-, llegasen a la conclusión que el régimen podía convertirse en obso­leto dados los cambios que se estaban produciendo en el país. De aquí, como ya se ha señalado, que las prácticas políticas oficiales de los años sesenta fueran muchas veces contradicto­rias y que los discursos conectaran poco con la realidad social.

El resurgimiento de la conflictividad social

A lo largo de la década, y sobre todo en la segunda mitad, la contestación fue creciendo hasta convertirse en un elemento de preocupación esencial para el régimen. La conflictividad obrera y estudiantil fueron las principales manifestaciones de contes­tación de los sesenta.

La movilización obrera fue creciendo de forma ininterrum­pida desde 1966 aunque las fluctuaciones fueron significativas, debido sobre todo a la presión gubernamental y, en menor medida, a las tensiones internas que provocaron los debates entre los activistas sobre la estrategia a seguir en un contexto de repre­sión continuada. Así en la segunda mitad de 1966 y la primera de 1967 fueron destacables las huelgas en la minería asturiana y la de la empresa Bandas en Frío, en Vizcaya, que se convirtió en un punto de referencia para el movimiento obrero vasco y en un momento importante de su articulación. El conflicto, que se había iniciado por la disminución de las primas establecidas por la empresa, duró seis meses. La empresa se mostró intransigente y despidió a casi la totalidad de la plantilla, lo que desencadenó otras huelgas de solidaridad, sobre todo en el País Vasco -pero también en otras zonas de España- que llevaron al gobierno a decretar el estado de excepción en Vizcaya en abril de 1967. Sin embargo, en la segunda mitad de 1967 las consecuencias sobre el empleo del ajuste económico que los ministerios económicos esta­ban realizando frenaron la movilización obrera; en 1968 ésta fue menor aunque el gobierno suspendió por decreto la negociación colectiva e impuso la congelación salarial, lo cual no significó una disminución del malestar obrero, sino al contrario, siendo los con­flictos en aquel año menos pero mucho más duros. Al iniciarse 1969 las huelgas se extendieron por las provincias de mayor con­centración y tradición obrera a pesar de la declaración del estado de excepción en todo el territorio español y la dureza represiva que implicó, por lo que se puede afirmar que sin el estado de excep­ción la conflictividad había alcanzado una elevada cota.

Aunque los dirigentes franquistas insistían en la intenciona­lidad política de las huelgas, lo cierto es que la mayor parte de los conflictos se originaban por la voluntad obrera de obtener mayores salarios con los que hacer frente a las necesidades fami­liares, entre las que se contaban de forma creciente los bienes de equipamiento doméstico básico, que la industria ofrecía y la publicidad presentaba como la panacea de la felicidad y la rea­lización personal. Particularmente en la industria, se concentra­ban distintos factores que facilitaban el conflicto pues si, por un lado, los salarios eran bajos, las condiciones de trabajo duras y los beneficios empresariales elevados, por otro, la disponibilidad para la movilización era alta porque los trabajadores eran, en términos relativos, jóvenes y existía facilidad para encontrar empleo. Además se fue extendiendo una cultura del conflicto, porque los trabajadores comprobaban cotidianamente que sólo con la protesta colectiva conseguían sus objetivos, para lo cual no tan sólo tenían que vencer la resistencia de los empresarios sino también, con mucha frecuencia la actuación de los dirigentes de la OSE.

Por otro lado, la radicalización de buena parte de los con­flictos era el resultado de la acción o la legislación guber­namental. El Tribunal Supremo dejó sentado en 1967, después de la larga huelga en la empresa Bandas en Frío, que las huel­gas continuaban siendo todas ellas ¡legales, al margen de sus cau­sas y de los procedimientos administrativos seguidos. Corno eran ilegales, debían reprimirse. Así, incluso cuando las huelgas se hicieron habituales, para el régimen continuaban siendo un pro­blema de orden público y como tal eran tratadas, lo que provo­caba tina inevitable politización de los conflictos. El proceso habitual era que la represión sobre los trabajadores y, como era más frecuente, sobre los dirigentes obreros se añadía a las cau­sas originarias del conflicto, siendo usual que muchos de ellos, iniciados por reivindicaciones laborales, desarrollaran una segunda fase en «solidaridad» con los trabajadores sancionados por haber encabezado la acción reivindicativa. Evidentemente el ritmo alcista de la conflictividad laboral no puede entenderse sin la acción de la militancia obrera, pero las condiciones generado­ras de la conflictividad no las creó dicha militancia, y por tanto aquél era un círculo que la dictadura difícilmente podía romper, dadas sus características.

El resurgimiento de la conflictividad obrera en los años sesenta estuvo profundamente asociado al crecimiento de las Comisiones Obreras, que se nutrió en sus inicios de las expe­riencias laborales de la década anterior. El apoyo que obtenían las comisiones qUe se formaban para resolver problemas o plantear reivindicaciones laborales concretas hizo ver a muchos militan­tes antifranquistas la obsolescencia de los sindicatos clandesti­nos, que tan sólo eran capaces de atraer a los trabajadores con previa militancia política. Evidentemente, la puesta en marcha de la negociación colectiva aumentó la necesidad obrera de dotarse de algún tipo de organización a través de la cual hacer llegar sus reivindicaciones a empresarios y dirigentes vertica­listas, pero la aparición de Comisiones no estuvo vinculada exclu­sivamente a la negociación.

Desde el inicio las Comisiones Obreras tenían como elemento distintivo respecto a las organizaciones históricas el ser un movi­miento y no un sindicato. Las CC.OO. se definieron como un movimiento sociopolítico -tenía un horizonte de transformación social-, unitario, democrático e independiente. Esta definición era esencial para su objetivo de agrupar al conjunto de los tra­bajadores, que podían simpatizar con corrientes ideológicas diversas o con ninguna en particular, siendo esto último lo más frecuente. Justamente para hacer frente a los impedimentos lega­les franquistas y a la necesidad de corresponsabilización obrera en las propuestas reivindicativas, los activistas de Comisiones propiciaron las asambleas como órganos soberanos, lo que fomentó tina cultura de participación que impregnó los valores obreros de la época. Las Comisiones Obreras se extendieron para­lelamente al ciclo de conflictividad abierto en 1962, pero se con­solidaron con las elecciones sindicales de 1966, cuando José Solís intentó aumentar el peso político de la Organización Sindical, dinamizando y ampliando la base sindical, para lo cual se eli­minaron muchas restricciones a la utilización de los edificios sin­dicales por parte de los trabajadores. Como ya se ha dicho, el propio éxito de participación y el apoyo que obtuvieron los can­didatos a enlace sindical propuestos por las Comisiones Obre­ras acabó con la apertura, dado que era imposible para la OSE subordinar al nuevo movimiento obrero pues, como se señalaba en tina nota de la Brigada de Investigación Social de Barcelona, de octubre de 1966, «las Comisiones Obreras y el Partido Comu­nista continúan sin desmayo en su labor de captación obrera, moviéndose al amparo de distintos Centros Parroquiales y con tina sistemática propaganda de desprestigio para la Organización Sindical, a la que acusan de inoperante y de estar al servicio del Estado "franquista"».

La criminalización de Comisiones Obreras por sentencia del Tribunal Supremo de 1967 dificultó el crecimiento del movi­miento pero no lo paralizó. Aunque después de tensas discusio­nes, a partir de aquel momento CC.OO. combinó la actuación legal y abierta, apoyándose en las figuras de enlaces sindicales y jurado de empresa, y la actuación clandestina organizando a aquellos trabajadores que estuvieran dispuestos a asumir un com­promiso militante. Hasta esa fecha los activistas de CC.OO. más comprometidos habían tenido militancias diversas y muchos no tenían ninguna. En cualquier caso, predominaban los militantes comunistas y católicos de la HOAC y la JOC. Después de la sen­tencia del Supremo y del aumento de la represión, la hegemo­nía comunista aumentó aunque, dado que Comisiones fue siem­pre un movimiento, se mantuvo la diversidad en la militancia, en un grado que varió según el momento y el lugar. Pero si CC.OO. fue capaz de crecer y convertirse en un dinamizador fun­damental de la oposición al franquismo se debió a que incluso en los momentos más difíciles de finales de los sesenta se generó un círculo virtuoso entre conflictividad laboral y organización obrera. Los conflictos evidenciaban ante los trabajadores con más claridad la necesidad de una organización obrera autónoma, y el reforzamiento de ésta permitía articular mejor las reivindi­caciones y plantear nuevos conflictos con mayores posibilida­des de éxito.

Las formas adquiridas por el nuevo movimiento obrero fue­ron un acicate para la organización estudiantil, que consiguió en la segunda mitad de los sesenta un protagonismo destacado. Desde 1965 la revuelta estudiantil se convirtió en una verdadera obsesión para el régimen franquista por diversas razones. En esa década las protestas estudiantiles alcanzaron especial relieve en Madrid y Barcelona, pero ello no limitó su impacto, dado que sobre el poder político tenía una gran resonancia todo lo que ocu­rría en la capital, más si era en un lugar tan visible y centralizado como la universidad y teniendo en cuenta la composición social del alumnado. Además, en España el movimiento estudiantil con­siguió una presencia social más importante que en otros países europeos, porque a la revuelta generacional y la contestación cul­tural se añadía la lucha contra la dictadura.

Desde los acontecimientos de 1956, en las grandes universi­dades españolas uno de los hilos conductores de la actividad de los estudiantes antifranquistas fue la lucha contra el SEU. A la altura de 1965 los dirigentes franquistas ya habían dado por per­dida esa batalla, aunque crearon unas inertes Asociaciones Pro­fesionales de Estudiantes para articular a los estudiantes adictos y mantener algún tipo de organización oficial con la que impe­dir la implantación de cualquier otra. El conflicto tomó fuerza de nuevo en la Universidad de Madrid. Distintos grupos de acti­vistas habían impulsado varias iniciativas que se habían encon­trado sistemáticamente con la prohibición oficial. Ante aquella actuación obstruccionista se fue fraguando una protesta estu­diantil que contó con el apoyo de algunos prestigiosos profeso­res, y que culminó el 2 de marzo de 1965 en una manifestación callejera. La respuesta gubernamental fue la habitual, la repre­sión, que en esta ocasión no sólo afectó a los estudiantes sino también a algunos profesores, como José Luis Aranguren, Enri­que Tierno Galván o Agustín García Calvo, que fueron separa­dos de sus cátedras. La resonancia del hecho fue grande, tanto en el ámbito interno como en el internacional, pues en distintas universidades europeas, y singularmente en Francia, renombra­dos intelectuales y profesores firmaron distintos documentos en solidaridad con los represaliados y de denuncia de la falta de libertades en España.

En el interior, las dificultades del régimen para encontrar figu­ras intelectuales dispuestas a defenderlo públicamente aumen­taron de manera considerable. Si en los años cincuenta la ten­sión política entre el profesorado universitario se centró en torno al debate entre «comprensivos» y «excluyentes», desde la década de los sesenta los sectores más reaccionarios perdieron la capa­cidad de influencia intelectual -aunque conservaron el control sobre las plazas docentes-; desde entonces el profesorado con mayor capacidad de influencia social fue aquel que impulsaba un proceso de apertura intelectual. Fueron su compromiso pun­tual en determinados acontecimientos así como su tarea docente los que explican la obcecación, fuera de la realidad, con la que el gobierno analizaba la situación universitaria, de la que son ejemplo expresiones como las que Carrero Blanco utilizó ante las Cortes, durante el estado de excepción de 1969, cuando afirmó que «el gobierno tiene la obligación de defender a las familias españolas que tienen hijos cursando estudios superiores, de la tremenda tragedia de que la Universidad les devuelva a esos hijos sin saber nada, porque ni han estudiado ni les han dado clases, pero envenenados de cuerpo y alma quizás para toda su exis­tencia».

La segunda mitad de los sesenta se caracterizó por una movi­lización continuada, que impulsaron los Sindicatos Democráti­cos de Estudiantes. Los SDEU desarrollaron una estrategia equivalente a la de Comisiones Obreras en el ámbito laboral. Tra­taban de aglutinar cuantos estudiantes fuera posible, para lo que planteaban reivindicaciones asumibles por la mayoría y desarro­llaban políticas unitarias, al margen de poner el énfasis en acti­vidades estrictamente intelectuales y universitarias. En este pro­ceso tuvieron especial protagonismo los universitarios barceloneses. En marzo de 1966 crearon el Sindicato Democrá­tico de Estudiantes de la Universidad de Barcelona en el convento de los Capuchinos de Sarriá. El acontecimiento adquirió una gran repercusión pública por el hecho de que la policía sitió el edificio, lo que provocó el encierro durante dos días de los más de 450 delegados estudiantiles y otras 50 personas, entre las que se encontraban significados intelectuales y algunos, periodistas. De la misma manera que en 1965 en Madrid, la represión poste­rior a la llamada Caputxinada fue un nuevo elemento de distan­ciamiento entre el franquismo y algunas capas sociales y la opi­nión pública europea, a la que llegó una información detallada del hecho.

Durante 1967 y 1968 lit movilización estudiantil se convirtió en una preocupación central para el régimen, que se veía incapaz de normalizar la vida universitaria. Se sucedieron las discusiones en las Cortes en torno al tema, y el ministro de Información, tras distintos Consejos de Ministros, dio cuenta de que la situa­ción universitaria era objeto de debate constante en su seno. En enero de 1968 informaba que «el Gobierno está dispuesto resuel­tamente a [ ... ] acabar cuanto antes y de una vez para siempre con los lamentables excesos que minorías subversivas están provo­cando en los medios estudiantiles», creándose el 30 de enero una «policía universitaria» para actuar dentro de los recintos de los Campus.

Aunque no todos los sectores del régimen compartían la visión simplista de que la movilización estudiantil era el resultado del éxito de la Internacional Estudiantil Comunista con sede en Praga, como había escrito el ministro de Educación en un texto leído en las Cortes en abril de 1968, la incapacidad guberna­mental para hacer frente al cuestionamiento global al que se veía sometido en el ámbito universitario, hizo que cifrase toda su res­puesta en la represión. La incapacidad ministerial para contener la contestación estudiantil provocó que, en abril de 1968, Manuel Lora Tamayo fuera sustituido por José Luis Villar Palasí, miem­bro del Opus Dei, El cambio al frente del Ministerio de Educa­ción no afectó a las protestas estudiantiles, que continuaron siendo intensas. Pero en enero de 1969 el gobierno declaró el estado de excepción, lo que permitió practicar una represión sis­temática que consiguió acabar con los Sindicatos Democráticos de Estudiantes, porque la acción policial más la clausura siste­mática de los centros universitarios impedían la acción abierta y masiva que les había dado fuerza en los años anteriores. Pero además las minorías politizadas ya habían iniciado previamente un proceso de radicalización que se agudizó a continuación, influido decisivamente por los acontecimientos internacionales.

En resumen, en la segunda mitad de los años sesenta el régi­men franquista fue dando muestras de incapacidad de dar res­puesta a la contestación social más allá del recurso a la repre­sión. Aunque el origen de la conflictividad era rnuy distinto según el ámbito en el que se desarrollaba, todos los movimientos con­fluían en su rechazo de la dictadura y la reivindicación de un régimen democrático.

Una oposición con capacidad de iniciativa

La «pedagogía» que relacionaba las demandas sociales con la exigencia de democratización política fue obra principalmente de la militancia antifranquista, aunque, ciertamente, la propia extensión de distintas manifestaciones de conflicto ayudó al ensanchamiento de la oposición política. La oposición política fue mayoritariamente de izquierdas, si bien en aquellos años fue­ron conformándose otros núcleos de oposición democrática vin­culados en su mayor parte a la democracia cristiana.

El Partido Comunista de España y su homólogo catalán, Par­tit Socialista Unificat de Catalunya, fueron las organizaciones clandestinas que en mayor medida articularon la oposición al régimen franquista. La importancia de dichas organizaciones derivó de la presencia de sus militantes en distintos movimien­tos sociales y entidades profesionales y culturales de diversa naturaleza, en definitiva de su presencia en la sociedad civil. Desde el «cambio táctico» de 1948 los militantes comunistas par­ticiparon e impulsaron cualquier movimiento susceptible de cana­lizar reivindicaciones sociales y políticas de signo democrático. Así la relevancia de la organización no procedía de los análisis del comité central ni de la lucidez de sus dirigentes -lo que no significa menospreciar ni lo uno ni lo otro-, sino de la capaci­dad de atracción que ejercieron sus activistas con sus propues­tas democratizadoras y de su dedicación para la consecución de los objetivos marcados. Sus militantes, y en ese sentido compar­tieron la actitud con los activistas obreros católicos, tuvieron la vocación permanente de actuar para cambiar la situación existente, con una gran flexibilidad, propuestas escasamente ideo­logizadas y una considerable capacidad de iniciativa.

Evidentemente, las organizaciones comunistas se pudieron beneficiar del atractivo intelectual que en los años sesenta ejer­cía el marxismo entre amplios sectores cultos de la sociedad, de la misma manera que la paranoia y retórica franquista, que con­sideraba fruto de la conspiración comunista cualquier manifes­tación de protesta y disentimiento, conducía hacia aquellas orga­nizaciones a muchas personas bien predispuestas para la movilización política antifranquista; igualmente, la debilidad organizativa de otras corrientes opositoras llevó hacia la orga­nización comunista personas que quizá se habrían comprome­tido con otras corrientes políticas si hubieran percibido que eran alternativas serias de oposición. Parece, sin embargo, que lo esen­cial fue que unos militantes rígidamente disciplinados a la hora de oponerse al franquismo practicaron políticas muy flexibles y descentralizadas a la hora de llevarlas a la práctica. En este sen­tido existía una gran distancia entre las grandes declaraciones formuladas en los documentos del PCE, desbordantes de opti­mismo y, a veces, con retórica revolucionaria, y la acción de buena parte de la militancia, vinculada a la cotidianidad. Sin embargo, no hubo contradicción entre el discurso y la práctica. En el VI Congreso, en el que Santiago Carrillo había sido ele­gido secretario general, se ratificó la prioridad de la política de «reconciliación nacional», por lo que el partido «está dispuesto a hacer todas las concesiones necesarias -que no impliquen deja­ción de sus principios- para lograr de una u otra forma el enten­dimiento de todas las fuerzas antifranquistas de derecha e izquierda»; ese frente democrático unitario resultó atractivo para aquellos individuos predispuestos a oponerse al franquismo aun­que no compartieran plenamente los objetivos socialistas que se planteaban a largo plazo. Justamente la prioridad de los objeti­vos democratizadores del partido -que para algunos militantes suponía la subordinación de los objetivos socialistas- fue la causa de tensiones internas que acabaron en escisiones de distinto signo y de diversa repercusión en el conjunto de la organización.

Si el PCE se convirtió en el eje de la oposición al franquismo en la mayor parte de España, el protagonismo del PSUC fue, en términos relativos, todavía mayor, dada la mayor presencia social del antifranquismo en Cataluña. El PSUC fue capaz de articular unas propuestas de política unitaria que se materializaron en la Taula Rodona, creada en 1966 y que puede ser considerada la primera manifestación importante de una política unitaria que culminaría en la Assemblea de Catalunya.

Junto a los comunistas, compitiendo pero a la vez colabo­rando, tuvieron una destacada presencia en los movimientos sociales de los años sesenta los socialistas del Frente de Libe­ración Popular. El FLP era sobre todo una organización univer­sitaria, mientras que su homólogo catalán -el FOC- consiguió tener entre su militancia un componente obrero minoritario pero significativo. En los años sesenta esta cuestión era importante para dichos grupos, que se concebían como organizaciones que iban a dirigir la revolución socialista en España. En ambas orga­nizaciones, muchos de cuyos miembros procedían del apostolado católico, los debates ideológicos tenían mucha importancia, lo que los llevaba a frecuentes tensiones internas que, después de 1968, comportaron varias rupturas. Al final de la década surgieron de su seno nuevas organizaciones, incluidas en la denominada «nueva izquierda» por su confluencia con los planteamientos que distintos grupos con esta denominación tenían en Europa.

Por el contrario, los socialistas históricos tuvieron muy escasa presencia en la oposición al franquismo a lo largo de los años sesenta. La dirección del PSOE en el exilio continuó optando por una política centrada en las relaciones con los otros sectores exi­liados, excluyendo los comunistas, y por la inactividad de la orga­nización interior para preservarla de la represión, lo que difi­cultaba la renovación generacional y dejó el partido al margen de los movimientos sociales que estaban creciendo en España. Junto con los núcleos clandestinos vascos, solamente la organi­zación madrileña tuvo una cierta actividad, sin lograr evitar la formación de un nuevo grupo socialista, el Partido Socialista del Interior, surgido en torno a la figura de Enrique Tierno Galván. Una de las principales diferencias del PSI respecto al PSOE en el exilio era su rechazo del profundo anticomunismo que impe­día a éste participar en cualquier política unitaria en España. La misma cuestión planteó graves problemas al Moviment Socia­lista de Catalunya, que no pudo eludir una grave crisis interna en 1966 por la oposición que en el exilio despertaba la política de colaboración con el PSUC, que en cualquier caso continua­ron manteniendo los militantes del interior.

Junto al creciente activismo de las organizaciones de izquierda se produjeron manifestaciones crecientes de distanciamiento y de oposición de algunas personalidades relevantes de tendencia liberal o demócrata-cristiana, que articulaban en torno a sí a otras figuras menores. Para todos estos sectores el Congreso de Munich, en 1962, significó un punto de inflexión importante, por­que plasmó la posibilidad de tina oposición moderada en la que dichas personalidades y sus propuestas tuvieran un protagonismo sobresaliente, Sin embargo, no fue hasta 1969 cuando se produjo una nueva actuación coordinada de la oposición. En diciembre 131 personalidades de casi todo el espectro político enviaron tina carta abierta a Franco en la que planteaban prácticamente las mis­mas reivindicaciones que en Munich.

Con el paso del tiempo estos pequeños núcleos, que siempre disfrutaron de cierta tolerancia gubernamental, fueron adqui­riendo mayor protagonismo. En primer lugar porque su activismo aumentó a la vista de las dificultades que el régimen tenía para asegurar el control social. En ese sentido fue destacable la ayuda que algunas figuras prestaron a militantes antifranquistas repre­saliados, sobre todo asumiendo su defensa ante los tribunales. En segundo lugar porque, desde la aprobación de la Ley de Prensa, muchos de ellos estuvieron vinculados a distintas publi­caciones que recogían puntualmente sus opiniones y manifesta­ciones, asegurando su eco en la opinión pública. Y también por­que las propias organizaciones de izquierdas, y singularmente los comunistas, estaban interesadas en resaltar la existencia de esa oposición moderada para mostrar el aislamiento que sufría el régimen. Fue en Cataluña y en el País Vasco donde la oposición socialmente moderada tuvo una presencia más importante debido a la centralidad de las reivindicaciones nacionalistas.

En el País Vasco la movilización nacionalista se recuperó en 1964, centrándose en particular desde entonces en la conme­moración anual del Aberri-Eguna -día de la patria-. Política­mente el fenómeno más relevante fue, sin embargo, el creci­miento de ETA a lo largo de los años sesenta. Durante los primeros años los debates intelectuales consumieron buena parte de las energías de los jóvenes militantes etarras, emergiendo cada vez más nítidamente entre ellos una hegemonía de los plantea­mientos socializantes y tercermundistas y, lo que en términos políticos fue más importante, la opción de la lucha armada. Como ha observado Gurrutz Jáuregui, el nacionalismo tercermundista llevó a ETA a analizar la realidad vasca en términos de poder colonizador y país colonizado y, en consecuencia, la liberación pasaba por la expulsión violenta del colonizador. Dado que 1,1 acci0n del franquismo hacía casi real el «espejismo colonial», dicho análisis ganó adeptos entre los sectores nacionalistas. En agosto de 1968 el atentado contra el jefe de la Brigada de Inves­tigaci0n Social de San Sebastián, Melit0n Manzanas, significó e¡ inicio de la trayectoria violenta de la organización etarra.

En Cataluña la oposición exclusivamente catalanista fue muy distinta y fundamentalmente parapolítica, destacando en parti­cular un potente movimiento cívico-cultural que alcanzó un amplio apoyo social. En ese movimiento los sectores católicos tuvieron un protagonismo notable, aunque, paulatinamente, fue combinando catalanismo y crítica social.

La Iglesia católica en crisis

La protesta obrera de 1956, y la presión de los movimientos seglares como la HOAC y la JOC, habían convencido al epis­copado español de la conveniencia de publicar aquel año tina carta colectiva «Sobre la situación social en España», y en 1960 la jerarquía católica volvió a reclamar tina mejor distribución de la riqueza en otra carta colectiva en la que se hacía referencia al plan de estabilización y al desarrollo económico. Desde enton­ces la jerarquía eclesiástica se sintió obligada a hacer declara­ciones sobre distintos problemas sociales, dejando algo de lado las instrucciones «Sobre la moralidad pública», como todavía había hecho en mayo de 1957.

Fue, sin embargo, el breve pontificado de Juan XXIII el que sacudió la tranquilidad de lajerarquía eclesiástica española. Las encíclicas papales Mater et Magistra de 1961 y Pacem in Terris de 1963 tuvieron un gran impacto entre los católicos progresis­tas, y muchos otros no claramente definidos políticamente. En palabras de Joaquín Ruiz-Giménez, la primera era la encíclica de la justicia -ponía el énfasis en el discurso social de la Igle­sia-, y la segunda era la encíclica de la libertad; así, algunos sec­tores fueron desde entonces más sensibles a la exigencia de res­peto y protección de los derechos humanos y las libertades públicas. Igualmente el Concilio Vaticano II, convocado en 1959 poco después de ser elegido Papa Juan XXIII, y clausurado en 1965, tras largos debates entre un sector «reformista», que resultó mayoritario, y un sector minoritario que defendía el statu quo, renovó profundamente el discurso eclesiástico y desplazó el cen­tro de la acción pastoral: la Iglesia tenía que impulsar el «diá­logo con el mundo», priorizar las políticas sociales, aceptar la libertad religiosa, etc. El nuevo discurso se tenía que adaptar a una realidad nueva para la Iglesia que era la secularización. Las sociedades europeas, y especialmente las de cultura católica, ya no eran tan anticlericales como antes, entre otros motivos por­que prescindían notoriamente del discurso eclesiástico.

La jerarquía española no estaba preparada para un cambio ofi­cial tan radical, de manera que los sesenta fueron años difíciles para el episcopado; por un lado, el Concilio Vaticano II creó un nuevo marco de referencia que una estructura tan jerarquizada como la católica tenía que acatar y, por otro, las posiciones contestatarias de una parte del clero y de los laicos se vieron reforzadas tanto dentro de la Iglesia como ante el conjunto de la sociedad. La seguridad de la jerarquía en sí misma y de sus posi­ciones se debilitó y, en un intento de no perder legitimidad social, se fue distanciando respecto al régimen franquista, lo que para éste fue un problema de primera magnitud.

El Servicio de Información del Ministerio de Información y Turismo elaboró en 1966 un documento titulado «El problema religioso en España», en el que afirmaba: «El Concilio Vaticano II, que tan magnífica ordenación ha dispuesto para el futuro cató­lico teóricamente, está produciendo en la práctica, a la hora de las realizaciones sobre todo en España, un estado de crisis que no es lo más aconsejable en la presente coyuntura de nuestra Patria». Ciertamente, desde mediados de los sesenta la crisis fue evidente en el seno de la Iglesia española, porque ésta dejó de ser monolítica como lo había sido durante el primer franquismo. Apareció entonces una distinción clara entre la jerarquía -al frente de la cual continuaba Pla y Deniel- y buena parte de los eclesiásticos, que siguieron apoyando al régimen y defendiendo unos principios autoritarios para la propia organización eclesial, y amplios sectores de clérigos jóvenes y de seglares, que pre­tendían renovar el discurso católico -apoyándose en el Conci­lio-, distanciarse del régimen y, en el caso de Cataluña y el País Vasco, apoyar las reivindicaciones nacionales. Así, desde la pers­pectiva general conviene tener presente que se produjeron dos fenómenos paralelos: por un lado las tensiones internas, y, por otro, el distanciamiento entre la Iglesia y el Estado franquista.

Hay también que tener en cuenta que, desde el inicio de la década de los años cincuenta, intelectuales católicos y activis­tas de los movimientos seglares siguieron con atención el movi­miento de renovación católico europeo, sobre todo el que se desarrollaba en Francia. Varias revistas aparecieron o reformu­laron su discurso impulsando el aggiornamento: El Ciervo, Cua­dernos para el Diálogo, Serra d'Or, Mando Social, etc. El Con­cilio lo que hizo fue reforzar esas posiciones, que la jerarquía ya no podía presentar como marginales, pues estaban bendeci­das por la autoridad suprema católica, el Papa. Desde entonces se podía reivindicar la libertad religiosa, o criticar el clericalismo y utilizar las palabras de Juan XXIII o Pablo VI como citas de autoridad, ya que ¿quién podía censurar las encíclicas papales? En ese marco de extensión del «compromiso temporal» y defensa de los derechos humanos se entienden episodios de una gran carga simbólica, como fue una manifestación de sacerdotes en Barcelona en 1966, para entregar una carta protestando por las torturas policiales en la Jefatura de Policía, disuelta violenta­mente por la policía.

Más trascendencia estaba teniendo la evolución de las orga­nizaciones apostólicas seglares y el discurso de algunas órdenes religiosas, entre las que se destacaban los jesuitas. Los militan­tes de la HOAC y de la JOC fueron hasta mitad de los sesenta uno de los puntales del nuevo movimiento obrero que se estaba reorganizando en España. Sus propias conclusiones sobre las cau­sas de la condición obrera en España, los referentes externos procedentes de los movimientos de liberación nacional, más su convencimiento de que su discurso de justicia social procedía del Evangelio y, por tanto, no era perseguible por la dictadura, hacía a aquellos militantes especialmente combativos. A todo ello, cir­cunstancialmente, podría añadirse la competencia entre distin­tas corrientes de activistas que pugnaban por conseguir el apoyo de los trabajadores para sus propuestas. Según se argumentaba en el informe del Ministerio de Información y Turismo antes citado, «la clave de las expresiones revolucionarias, de los ata­ques a las instituciones, en que abundan las revistas, las conferencias y las reuniones de la HOAC y la JOC, es el miedo de que­darse atrás, de parecer blando ante los demás grupos obreristas, de ser calificados de "clericales" y, en consecuencia, caen en el riesgo de usar expresiones, modos, que tienen un extraño pare­cido con los empleados por los comunistas. El peligro de la con­taminación se hace realidad siempre en el sector obrero».

La autonomía y libertad de reflexión que distintas entidades eclesiásticas entendían que el Concilio Vaticano había impulsado chocaron, sin embargo, con la actitud de la jerarquía, dispuesta a impedirlas y sobre todo a que fueran expresadas públicamente. Los obispos españoles pretendieron que los seglares no critica­ran el régimen y sus políticas, amparándose en el principio del respeto al poder temporal. Cuando, en 1966, la Acción Católica intentó discutir y aplicar los nuevos principios conciliares, la intervención de la jerarquía fue taxativa e impidió las manifes­taciones contrarias al régimen.

En marzo de 1967 la Conferencia Episcopal discutió y aprobó un texto que, con una retórica ambigua, destacaba dos cuestio­nes que la jerarquía consideraba fundamentales: la negativa a la colaboración con las organizaciones marxistas y la supeditación de la Acción Católica a las directrices de la jerarquía. Ante lo primero, los obispos reiteraban «para España el aviso que el Santo Padre dirigió el año pasado a las asociaciones cristianas de tra­bajadores frente a las invitaciones insidiosas a un entendimien­to, práctico hoy, ideológico mañana, de los movimientos socia­les y políticos que toman su origen y su fuerza del marxismo y fomentan el ateísmo y la lucha de clases como sistema». Para afirmar la subordinación a la jerarquía, «el Episcopado español confía en que todos los miembros de la Acción Católica sepan interpretar justamente su propia condición. Sin mengua de las atribuciones que, al igual que los demás seglares, tienen como fieles y ciudadanos, se adscriben libremente a una asociación con la jerarquía, por la que se comprometen a ejercer sus iniciativas y la propia labor rectora bajo la dirección superior de la misma jerarquía». Al margen, y para asegurar que así sucedería, pro­cedieron a un cambio en la cúpula dirigente que tuvo como con­secuencia la paralización de la Acción Católica hasta el año 1972. En estos años los problemas de la dictadura con la Iglesia no pro­cedían aún del distanciamiento de la jerarquía católica, sino del hecho de que esa jerarquía no podía controlar ya buena parte de su base apostolar -fuera clerical o laica- que defendía postula­(los sociales y políticos progresistas, que se habían visto reformados por el nuevo discurso vaticano. La jerarquía española se había quedado en minoría.

Por otro lado, el Vaticano inició un proceso de alejamiento acelerado respecto a la dictadura para el que era imprescindible renovar la jerarquía española, lo cual además de perjudicar al régimen debilitó las posiciones más reaccionarias dentro del cato­licismo español. Las relaciones entre el régimen franquista y el Vaticano experimentaron una tensión creciente desde 1967. En Junio de aquel año entró en vigor la ley sobre el derecho civil a la libertad religiosa, inaplazable toda vez que el Concilio había proclamado su apoyo a tal medida. Luis Carrero tuvo entonces que aceptar una ley que había impedido aprobar en distintas oca­siones. La llegada a Madrid del nuevo nuncio, monseñor Dada­glio, supuso un cambio importante en las relaciones entre ambos Estados. En particular, el Vaticano pretendía que el régimen fran­quista renunciara al derecho de presentación. Pablo VI envió una carta a Franco, en abril de 1968, en la que afirmaba: «[...1 hace­rnos un llamamiento a Vuestra Excelencia y al Gobierno Espa­ñol, que justamente se glorían de sus sentimientos católicos para que quieran dar un ejemplo luminoso de plena uniformidad con las enseñanzas y peticiones de la Iglesia renunciando [ ... ] a pri­vilegios [...] que ya no corresponden al espíritu ni a las exigen­cias de los tiempos». Mes y medio más tarde Franco contestó a Pablo VI, con retórica cuidada, que si se revisaba el derecho de presentación también sería necesario modificar los puntos del Concordato favorables a la Iglesia, argumentando que la opinión pública española «estoy seguro de que no aprobarían una renun­cia unilateral por parte del Estado sin que al mismo tiempo se revisen aquellos otros puntos que, siguiendo las orientaciones de la Gaudium et Spes, pueden constituir impedimentos para el tes­timonio cristiano que reclama la sensibilidad del mundo actual».

Evidentemente, todos eran conscientes de los altos benefi­cios económicos y de presencia social que la Iglesia había obte­nido por su plena implicación en el régimen y por los apoyos explícitos ofrecidos a la dictadura en los momentos más difíci­les de su instauración y consolidación. El Vaticano, sin embargo, lanzó una ofensiva que dinamitaba el privilegio de presentación franquista a la vez que limitaba el conservadurismo de la jerarquía española. En 1965 casi el 70 por 100 de los obispos era mayor de 60 años, lo que influía decisivamente tanto en sus carac­terísticas ideológicas como en su capacidad de adaptación a los nuevos requerimientos vaticanos. La vía de renovación utilizada se apoyó en la figura del obispo auxiliar, nombramiento en el que no intervenía el poder político, que en el momento de jubilación o muerte del titular podía ocupar la plaza vacante.

En ese contexto de impulso vaticano a la renovación de la Iglesia en España resultó definitiva la constitución de la Confe­rencia Episcopal en 1966, organismo en el que los obispos jóve­nes pudieron tener mayor influencia. Fue el inicio de una nueva etapa en la relación Iglesia-Estado, que fue vivido por los dirigentes franquistas con profunda y creciente irritación y dramatismo.

1969: del estado de excepción a la crisis del gobierno

Franco había afirmado ante las Cortes que el nombramiento de Juan Carlos de Borbón como sucesor aseguraba la continui­dad del régimen después de su muerte, sin embargo, en el año 1969 se manifestaron distintos elementos de tensión que, desde la perspectiva de Carrero Blanco estaban torpedeando la gober­nabilidad del país. Uno de ellos era la contestación social a la dictadura.

Unos incidentes en el rectorado de la Universidad de Barcelona y la muerte del estudiante Enrique Ruano a manos de la poli­cía en Madrid hacían prever al gobierno que la movilización aún sería mayor que la experimentada en 1968, cuando las huelgas obreras y la acción de ETA habían cuestionado profundamente la «paz» franquista. El 24 de enero el gobierno declaró el estado de excepción en toda España durante tres meses, dejando en sus­penso los artículos 12, 14, 15, 16 y 18 del Fuero de los Españo­les. Según Franco Salgado-Araujo, el Caudillo comentó que «la ventaja del decreto es la mayor libertad que tienen las autorida­des para los plazos legales de detención». Ciertamente, el obje­tivo del estado de excepción no era desactivar la movilización estudiantil sino intentar decapitar la oposición al régimen. En el preámbulo del decreto se afirmaba que «acciones minoritarias, pero sistemáticamente dirigidas a turbar la paz de España y su orden público, han venido produciéndose en los últimos meses, claramente en relación con una estrategia internacional, que ha llegado a numerosos países». En esa idea insistió Manuel Fraga después de presentar el decreto a la prensa: «[ ... ] repito que se trata de acciones claramente concertadas para meter al país en una ola de confusión y de subversión mundial [ ... ]; tina estrate­gia en la que se utiliza la generosidad ingenua de la juventud para llevarla a una orgía de nihilismo, de anarquismo y de desobe­diencia». Acabó afirmando en tono amenazante que «quiero hacer aquí, en nombre del Gobierno, una seria advertencia a los incitadores y a quienes les sigan a partir de este momento, por­que caerá sobre ellos (y no son palabras) todo el peso de la ley».

A decir verdad, la amenaza represiva no pudo ser más efec­tiva, pues muchos opositores significados tomaron buena nota de las palabras del ministro y desaparecieron de sus hogares. Por otra parte, el gobierno dio órdenes de evitar en lo posible la arbi­trariedad, dada la repercusión que el estado de excepción estaba teniendo en el extranjero. Los datos reservados conservados entre la documentación del Ministerio de Información y Turismo señalan que a 18 de marzo de 1969, después de sucesivas operacio­nes policiales, quedaban detenidas o en arresto domiciliario 729 personas, de las cuales 301 eran estudiantes y 428 tenían otras profesiones. De los 729 aparecían como «domiciliados» 156 indi­viduos, mientras que de los restantes, 180 estaban a disposición de la autoridad militar, de la judicial 185 y de la gubernativa 208.

Mientras estuvo vigente el estado de excepción el gobierno restableció la censura previa para las publicaciones y los servi­cios informativos de las agencias. Se trataba de evitar que las con­secuencias de la represión llegaran a la opinión pública. Parale­lamente, el gobierno hizo un seguimiento exhaustivo de las reacciones que en todas las provincias y en la prensa extranjera se producían, al tiempo que generaba documentos sobre la pro­blemática del momento y organizaba manifestaciones de apoyo, como la celebrada en Barcelona el 26 de enero, conmemoración del trigésimo aniversario de la entrada de las tropas franquistas en la ciudad. La Vanguardia Española del día 28 reproducía en la portada a toda página la concentración organizada en la plaza delante de la universidad en «Homenaje a la Bandera», a la que, entre otros, fueron convocados los soldados que estaban cum­pliendo el servicio militar. En las fotografías se pueden leer, en las pancartas, consignas como «Comunismo no, universidad sí», «30 años de paz», «Viva el ejército liberador» y, en catalán, al lado de las autoridades civiles y militares, una pancarta que rezaba: «Los padres de los estudiantes queremos que nuestros hijos estudien».

El discurso del 7 de febrero de Carrero ante las Cortes es uno de los mejores exponentes del hilo argumenta¡ del gobierno: el estado de excepción quería defender la paz que unos cuantos irresponsables querían destruir, azuzados por la conspiración internacional. Carrero, después de preguntarse «¿Cuál ha sido la condición básica o indispensable de ese desarrollo económico y social, que es una de las más brillantes realizaciones de nuestro Estado?», afirmaba: «Nadie puede dudar que ha sido el orden y la paz social. Pues bien; para salvaguardarlos y para proteger con ello la tranquilidad y el bienestar de todos y cada uno de los espa­ñoles, es por lo que el Gobierno ha tomado las medidas de excep­ción que nos ocupan». El discurso ante las Cortes estaba clara­mente dirigido a la opinión pública. Hacía hincapié en las algaradas universitarias porque, como afirmaba el Servicio de Inte­ligencia Naval de la Comandancia Militar de Marina de Barce­lona sobre el impacto del estado de excepción, «la reacción de la gente [es] encontrar la detención de estudiantes justificada, mas no la de dirigentes obreros, toda vez que la masa obrera está con­vencida que estos dirigentes arriesgan mucho por defender sus intereses». Carrero afirmaba que «ni se debe hacer deporte en el templo, ni ciencia en el circo ni política en la universidad; [...1 si además la politización es subversiva se convierte en una corrup­ción en el más amplio y dramático sentido. Corrupción por lo que significa de disolución de los hábitos morales. Y éste es el caso cuando en las aulas se atenta contra las creencias religio­sas, contra la moral, contra la conciencia nacional, contra la Patria, contra la disciplina y contra la jerarquía de valores». Como ocurría en todos los momentos difíciles para el régimen, Carrero recordó la Guerra Civil: «[ ... ] pero con ser grave todo esto, más grave es aún lo que hay en el fondo de la subversión. Se trata de que el Comunismo intenta conseguir ahora lo que no pudo lograr hace treinta años con la complicidad de un régimen abyecto y de las brigadas armadas del Comunismo internacional».

Ese tipo de lenguaje muestra claramente que en el llamado «tardofranquismo» los dirigentes del régimen eran incapaces de generar un discurso atractivo para sectores que no fueran ya adictos porque, si bien el miedo y el argumento de la conspiración internacional podían provocar entre los sectores despolitizados recelos respecto la contestación político-social, ante el resto de la sociedad aquellos argumentos aparecían como un vestigio del pasado.

El levantamiento del estado de excepción fue adelantado tinas semanas, pues las medidas ya habían dado sus frutos y el gobierno quería evitar la atención con que la prensa internacio­nal lo había seguido, informando reiteradamente del número esti­mado de detenidos, deportados, etc. La conflictividad social siguió, sin embargo, su ritmo ascendente pues estaba directa­mente relacionada con las necesidades cotidianas de amplios sec­tores de la población.

La contestación social no era, sin embargo, la única preocu­pación del vicepresidente. Carrero hacía meses que presionaba a Franco para que formara un nuevo gobierno. Tres eran los ministros que el almirante quería que salieran del gabinete lo antes posible y a toda costa: Fraga, Solís y Castiella. Como se ha dicho, en julio de 1968 Carrero ya había enviado una nota a Franco haciéndole ver la conveniencia de cambiar dichos minis­tros dado que, desde su perspectiva, buena parte de los proble­mas que tenía planteados el gobierno estaban relacionados con la prensa, la Organización Sindical y la política exterior.

En el perfil político del ministro de Asuntos Exteriores, Fer­nando María Castiella, destacaba un componente nacionalista que nunca dejó de lado a lo largo de su trayectoria vinculada a la diplomacia española; en los años sesenta, con un régimen fuer­temente consolidado, sus directrices en el Ministerio de Asun­tos Exteriores estuvieron marcadas por la voluntad de reafirmar la posición española en las relaciones internacionales, y en ese contexto la reivindicación de Gibraltar adquirió un protagonismo extraordinario. El objetivo de afirmación nacional también condicionó las negociaciones para la renovación de los acuer­dos con los Estados Unidos de 1953. En 1963 Castiella ordenó a Antonio Garrigues, embajador en Washington, mantenerse firme en el propósito de mejorar el nivel de los acuerdos, tanto en lo relativo a la ayuda económica -misérrima teniendo en cuenta otros acuerdos firmados por los Estados Unidos-, como al status, pretendiendo convertir los convenios en un tratado de cooperación o seguridad. También esperaba conseguir que fuera admitida la solicitud española de incorporación a la OTAN. El fracaso de Castiella fue absoluto, pues los norteamericanos eran conscientes de la debilidad franquista y se mantuvieron firmes en sus ofertas; ante ello el gobierno español dio claras instruccio~ nes para que se aceptaran las condiciones norteamericanas.

En 1969 nuevamente se debían negociar los acuerdos, pero para entonces Castiella había decidido mantenerse intransigente en sus pretensiones, contemplando incluso el riesgo de cance­lación de los acuerdos, en contra de otros sectores guberna­mentales y particularmente de Carrero, que los consideraba vita­les para el régimen, por ser su principal aval a nivel internacional. En mayo de 1969 Carrero envió otro memorándum a Franco, en el que le daba nuevos argumentos sobre la necesidad de for­mar nuevo gobierno. Respecto a la política exterior era con­tundente en su oposición al ministro, del que también recelaba por su actuación respecto a la descolonización de Guinea. Carrero afirmaba que «hoy tenemos la enemiga de Inglaterra por el asunto de Gibraltar, sin que nos devuelva la plaza; están dete­rioradas nuestras relaciones con el Vaticano, ¿,es que vamos a romper también con Estados Unidos, que es el único verdadero lazo que nos une con Occidente? ¿,Es que es posible que viva­mos aislados?».

En aquel contexto estalló el caso MATESA, el escándalo polí­tico-económico más importante del período franquista. MATESA (Maquinaria Textil del Norte de España, S. A.) se había creado el año 1956 y se dedicaba a la fabricación y exportación de maquinaria. El principal accionista, Juan Vilá Reyes -miembro del Opus Dei-, obtuvo de la banca oficial miles de millones en ayudas a la exportación, desgravaciones fiscales como incentivo a la exportación, además de ser incluida entre las veintitrés empresas que recibieron cien millones de pesetas para estimu­lar la investigación. El escándalo estalló en agosto cuando la prensa publicó que la mayor parte de las exportaciones eran fic­ticias y tan sólo estaban anotadas en los libros de contabilidad. Pero si el affaire adquirió dimensión política fue por el fuego cru­zado que se generó en las instituciones gubernamentales. El asunto tuvo un amplio espacio en los periódicos, sobre todo en los controlados por el aparato del Movimiento, porque en el fraude aparecían implicados los ministros de Hacienda y Comercio -en manos de los tecnócratas vinculados a López Rodó-, por lo que el tándem Fraga-Solís podía suponer que que­darían debilitados. El gobierno se vio en la obligación de iniciar una investigación sobre la cuestión, embargar los bienes de la empresa y encarcelar a Vilá Reyes.

El asunto MATESA que, según Carrero, era «un incidente desdichado y grave que, aireado con fruición a través de los medios informativos, ha causado un gran revuelo en el país», fue el pretexto que utilizó el almirante para el 16 de octubre enviar una nueva nota a Franco titulada «Consideraciones sobre la con­veniencia de proceder a un reajuste ministerial». El vicepresi­dente recomendaba sustituir a los ministros de Hacienda y Comercio -«cuya honestidad nadie puede poner en duda»- por la «escandalosa resonancia política dada al asunto» MATESA, y a algunos ministros más. Consideraba que sólo por «esta clamorosa campaña de Prensa [que] tuvo un origen y unos cana­les de difusión» vinculados al Ministerio de Información y a la Secretaría General del Movimiento «parece aconsejable la sus­titución» de los titulares de ambas carteras. Pero el asunto MATESA, que ocupaba un reducido espacio en la nota de Carrero, era uno más. Para él eran más importantes las tensio­nes que, desde su perspectiva, generaban la actuación de Solís, Fraga y Castiella.

El cuestionamiento de José Solís lo vinculó a la discusión de la Ley Sindical que consideraba que era el tema político que entrañaba «mayores riesgos para el futuro del régimen». En el informe de mayo Carrero había afirmado que los dirigentes sin­dicales, con José Solís a la cabeza, «pretenden de hecho el asalto al poder». El gobierno había elaborado un proyecto de ley sin­dical que confirmaba legalmente la posición subordinada que la OSE siempre había tenido en la práctica, mientras que los falan­gistas pretendían justamente lo contrario, mantener el protago­nismo que legalmente tenía la Organización Sindical en la estruc­tura política franquista. Carrero estaba alarmado y escribió: «[...] si esto sucede ahora, con unos dirigentes sindicales que pueden ser removidos por Decreto y con un Gobierno que preside nada menos que el Caudillo, ¿,qué no sucedería el día de mañana con un Sindicalismo como el que el proyecto propugna, frente a un Gobierno presidido por un señor cualquiera, nombrado con arre­glo a la Ley Orgánica del Estado?». En octubre señalaba clara­mente que la única manera de impedir que la OSE se convirtiera en una «enorme fuerza política, al margen del control del Gobierno» era «mediante un cambio de Gobierno que permita que el Jefe del Estado separe la Secretaría General del Movi­miento de la Jefatura de la Organización Sindical» y «poner al frente de la Organización Sindical, antes de que comiencen los debates en las Cortes, a un hombre con arraigo en el Sin­dicalismo, y absoltitamente leal, que ofrezca la plena seguri­dad de que va a defenderlo y no a torpedearlo. [ ... ] Resulta, pues, necesario, sustituir al Ministro Secretario General del Movimiento».

La acusación contra Manuel Fraga -además de deslealtad por el caso MATESA- se centraba en la «tremenda lenidad» con que había aplicado la Ley de Prensa. Carrero insistía en que «basta hojear las páginas de periódicos y revistas» para que «cualquier lector normal [saque] la consecuencia de que España es un país políticamente inmovilista, económicamente monopolista y socialmente injusto». En la vertiente cultural se quejaba de que «las librerías están plagadas de propaganda comunista y atea; y [ ... ] en aras de un turismo de alpargata, se protege en los clubs "play boy" el " streap- tease" [sic]... En fin, todos los días, gota a gota, se está lanzando corrosivo sobre la moral de los españo­les y todo lo que éstos están ganando en bienes materiales lo están perdiendo en valores morales».

Sus quejas respecto a la política internacional eran bien cono­cidas por Franco. Recapitulando, en el informe de octubre Carrero afirmó que «temas de la mayor importancia no parecen bien enfocados por el actual Ministro de Asuntos Exteriores: Las relaciones con los Estados Unidos y la política vaticana, que yo entiendo que son los pivotes fundamentales de nuestra política exterior, porque, por lo que respecta a Europa poco podemos esperar». Al margen, proponía otros cambios en el gobierno pro­vocados por la edad de algunos de sus miembros y concluía: «[ ... ] la renovación aparecería de este modo ante los españoles como un reajuste normal de los que periódicamente realiza S. E., en atención tanto al desgaste inevitable de las personas como para atender a los problemas del momento, y resolviéndose con ello el "caso MATESA", no podrá nunca pasar a la Historia como la "crisis MATESA", que representaría un estigma para el Régimen, por afectar a más personas de las afectadas por este lamentable asunto».

Carrero con su propuesta pretendía matar varios pájaros de un tiro. Y al menos, en parte, así fue. Respecto a MATESA los principales responsables gubernamentales del asunto, a los que procesó el Tribunal Supremo, fueron indultados por Franco en 1971.

1

Vídeos relacionados