Fases de la Segunda República española

Historia de España Contemporánea siglo XX. Gobierno provisional. Constitución republicana 1931. Bienio reformista. Manuel Azaña. Bienio Negro. Gobierno del Frente Popular

  • Enviado por: Juan Pablo
  • Idioma: castellano
  • País: España España
  • 9 páginas
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'Fases de la Segunda República española'

Índice

  • Precedentes Pág. 3

  • El Gobierno provisional

  • El problema catalán

  • Legislación agraria Pág. 4

  • Legislación educativa

  • Reforma del ejército

  • Problema religioso

    • El proceso constitucional

    • El Bienio Reformista: Azaña (1931-33) Pág. 5

  • Cuestión religiosa

  • Reforma agraria

  • Reforma militar

  • El sector laboral

      • Oposición al Gobierno Azaña Pág. 6

    • El Bienio Negro (1933-35) Pág. 7

      • La revolución de octubre

      • Crisis final y balance

      • Las elecciones de 1936 Pág. 8

    • El gobierno del Frente Popular Pág. 9

      • La conspiración contra la República

    Precedentes

    Los años 30 fueron para España una de las décadas más agitadas de su historia contemporánea. Comenzó con una dictadura militar, dirigida por Primo de Rivera, y terminó con otra, personificada en Franco. Entre ambas se desarrolló una experiencia democrática y después una cruenta Guerra Civil. La II República significó para España el igualarse en términos constitucionales con las potencias europeas, y la Guerra civil, una preparación para la 2ª Guerra Mundial, que se produciría poco después.

    La decadencia de la Restauración acabó con el triunfo del golpe de Estado de Rivera en septiembre del 23. Sin embargo no fue respaldado por los conservadores, contra los que se había dado el golpe de Estado, ni por los liberales. El sector enfrentado a la dictadura se fue ampliando constantemente hasta alcanzar a aquellos que habían apoyado y sostenido el golpe. Alfonso XIII retiró la confianza a Primo de Rivera y éste presentó su dimisión en enero de 1930.

    Al período de Primo de Rivera le siguió otro que, en comparación con el anterior, fue conocido como la dictablanda. Pero el estilo de gobierno sigue siendo el mismo, realizándolo por decreto y sin contar con las Cortes. Esto significó el definitivo golpe de gracia a la monarquía, pues la oposición no se organizó sólo en contra del gobierno sino con el objetivo de derribar el régimen monárquico.

    Los distintos partidos acabaron firmando el Pacto de San Sebastián; el compromiso era la proclamación de la República, pero no queda claro la forma en que se hará. Hubo una primera intentona golpista que fracasó, lo cual a pesar de todo fue beneficioso para la república, al crear los primeros mártires de la causa.

    El Gobierno pretendió entonces celebrar elecciones generales, pero se opusieron a ellas todas las fuerzas del Pacto de San Sebastián. La mala respuesta recibida aconsejó al rey la sustitución del Gobierno y se formó un nuevo gabinete de concentración monárquica. Primero se celebraron elecciones municipales; los partidos del Pacto decidieron participar, pero dándole a los comicios una intencionalidad muy distinta, presentándolos como un referéndum sobre la persistencia de la monarquía. Las elecciones se celebraron el 12-4-1931 y fueron ganadas por los partidos monárquicos; sin embargo, en las grandes ciudades fue rotunda la victoria de los partidos del Pacto de San Sebastián. Al conocerse mucho después el resultado de los votos rurales, en los cuales ganaba la monarquía, se creó un clima de euforia republicana.

    Los acontecimientos se precipitaron y el poder del Gobierno se desmoronó. Alfonso XIII decidió abandonar España, sin haber abdicado. El 14 de abril de 1931 fue proclamada la República y el Comité Revolucionario pasó directamente de la cárcel a dirigir de nuevo el Gobierno, presidido por Niceto Alcalá-Zamora.

    El Gobierno provisional

    La proclamación de la República había sido conseguida por el esfuerzo conjunto de una serie de partidos del Pacto de San Sebastián. Sin embargo el consenso se fue reduciendo según se entraba al detalle de qué clase de República se trataba de fundamentar. La República que habían traído juntos no respondía a la idea que muchos tenían.

    En él encontraban representación los integrantes del Pacto de San Sebastián, desde antiguos monárquicos hasta radicales, socialistas, o nacionalistas.

    El Gobierno, en el que se encontraban representación los integrantes del Pacto de San Sebastián, desde antiguos monárquicos hasta radicales, socialistas, o nacionalistas, se comprometió a la convocatoria de Cortes constituyentes, la defensa de los derechos individuales, y el desarrollo de una reforma agraria. Al mismo tiempo, el gobierno se reservaba la posibilidad de ejercer sus funciones por decreto.

    El primer problema importante al que debió hacer frente fue el surgido en Barcelona.

    El problema catalán (Estatutos de Autonomía)

    Incluso antes que en Madrid, el dirigente de Esquerra Republicana proclamó la República desde el Ayuntamiento de Barcelona. Pero momentos después Francés Maciá, establecía una República Catalana que se integraría en una futura "Confederación ibérica". Los grupos nacionalistas catalanes se habían sumado al Pacto de San Sebastián con el compromiso de los otros firmantes de encontrar una solución al problema catalán. Los nacionalistas catalanes renunciaron a su Estado a cambio de recrear la Generalitat. El Gobierno republicano la reconoció y aprobó el anteproyecto de Estatuto, que concedía a la Generalitat amplios poderes económicos, culturales y de orden público. Siguiendo el ejemplo catalán, se produjeron en diferentes territorios diversos encuentros para alcanzar estatutos autonómicos. Los más trascendentes fueron los desarrollados en el País Vasco, Galicia y Valencia.

    La obra principal del Gob. Provisional fue la Constitución de 1931, sin embargo a ésta se le unen varias reformas:

    Legislación agraria

    Entre otras reformas, se instituyó la jornada de 8 h, y el salario mínimo; se creó una serie de jurados mixtos (patronos y obreros) para resolver conflictos, y se obligó a los patrones a contratar jornaleros del mismo municipio y a labrar obligatoriamente sus tierras (laboro forzoso). Estas medidas no fueron bien aceptadas por los patrones.

    Legislación educativa

    Se crearon 6500 escuelas nuevas y 7000 plazas de maestro. Se propuso la secularización de la enseñanza eliminando la religión como materia obligatoria y se pretendió hacer llegar la enseñanza a los adultos. A Iglesia se mostró muy descontenta con el Gobierno debido a estas medidas.

    Reforma del ejército

    Se impuso a los soldados un juramento de fidelidad a la nueva República. Se redujo el número de divisiones y grados del escalafón, retirando a 10000 altos mandos con el sueldo íntegro. Se igualaron los escalafones y se suprimieron los ascensos irregulares acaecidos en el transcurso de la Dictadura.

    Problema religioso

    Las relaciones Iglesia-Gobierno se hacen cada vez más ásperas. Los religiosos protestan por el espaldarazo del Gobierno a la Iglesia Católica y forman un partido católico. En respuesta a esto, nace un movimiento anticlerical, con la quema de más de 100 conventos en todo el País. Esto daña la imagen del Gobierno.

    El proceso constituyente

    Las elecciones generales para la formación de Cortes constituyentes tuvieron lugar el 28 de junio, una vez reformada la ley electoral para hacer desaparecer el caciquismo en las zonas rurales, propio del sistema Canovista. Como la derecha que apenas se había adaptado a la república, el centro radical y las izquierdas ganaron las elecciones.

    La Constitución fue un fiel reflejo de las Cortes, haciendo muestra de un radicalismo democrático.

    Definía el régimen como una "República de trabajadores de toda clase", basada en la soberanía popular. Incluía una amplia relación de derechos individuales. Establecía el voto universal a partir de los 23 años, establecía el matrimonio civil y el divorcio, y permitía la expropiación de los bienes personales si el Estado lo creía necesario. El Presidente de la República se elegía cada 6 años y estaba subordinado a las Cortes, que eran unicamerales (Sólo el congreso) También se posibilitó la articulación del Estado en Comunidades Autónomas, cediéndolas una serie de competencias, pero manteniendo en todo momento la unidad del Estado.

    En los aspectos religiosos, la constitución del 31 abordaba algunas medidas como la disolución de la orden Jesuita y de cualquier congregación religiosa de enseñanza, industria o comercio y la eliminación del presupuesto para la iglesia. A todo esto se le une la libertad de culto. Al ser de carácter progresista, esta Constitución fue muy atacada por la derecha y la Iglesia.

    El Bienio Reformista: Azaña (1931-33)

    Aprobada la Constitución el 9 de diciembre de 1931, las Cortes nombraron al primer Presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, quien a su vez designó como Presidente del Gobierno a Manuel Azaña. Azaña gobernó en coalición con republicanos de izquierda y socialistas; lo que permitió que se desarrollara un programa transformador y reformista. Los campos donde mayor trascendencia tuvo esta labor fueron:

    La cuestión religiosa

    En 1931 había en España casi 110.000 religiosos; la Iglesia declaraba poseer doce mil fincas rústicas y más de ocho mil edificios urbanos. Sin embargo, la importancia de la Iglesia iba mucho más allá de sus recursos; su influencia radicaba en la autoridad moral sobre la población.

    Los dirigentes republicanos, pretendieron desde un primer momento reducir la capacidad de influencia del poder eclesiástico. La resolución alcanzada fue la reducción de la presencia de órdenes (expulsión de los jesuitas y congelación del número de eclesiásticos) y la prohibición de ejercer la enseñanza; legalización del divorcio y secularización de cementerios.

    La reforma agraria

    Fue uno de los más ambiciosos proyectos de este período, al afrontar la resolución del problema del campo español. Se presentaron varios proyectos que encontraron la oposición de unos y otros.

    En 1931, el país era fundamentalmente rural, alrededor de 3.900.000 personas tenían su empleo en el campo, aproximadamente el 45% de la población activa. De estos 3.900.000, dos millones eran obreros agrícolas sin tierras (jornaleros) y el resto pequeños propietarios minifundistas.

    La ley de la reforma agraria de 1932

    Constaba de 23 bases y tenía como objetivos la redistribución de tierras y el asentamiento de campesinos.

    Para llevarla a cabo se creó el Instituto de la Reforma Agraria ( IRA), del cual dependían las juntas provinciales y las comunidades de campesinos. Las tierras expropiadas serían las siguientes: Las ofrecidas voluntariamente, las del estado, los señoríos jurisdiccionales, las mal cultivadas, las no regadas pudiendo haberlo sido, las situadas a menos de 1500 metros de los pueblos, las que estaban en régimen de arrendamiento y las mayores de un determinado número de hectáreas.

    Las expropiaciones se llevaron a cabo con indemnizaciones, sin embargo las de señoríos y pertenecientes a la grandeza de España eran expropiadas sin indemnización.

    Las tierras expropiadas pasaban al IRA, que las entregaba a las juntas provinciales, las cuales a su vez las entregabas a los campesinos, los cuales decidían si el régimen de explotación era colectivo o individual.

    Sin embargo la aplicación de esta ley tuvo bastantes trabas, por ser una ley compleja, el lento desarrollo del IRA y el escaso capital disponible para las indemnizaciones.

    Reforma militar

    En 1931 el Ejército español era una institución con graves deficiencias de ordenación, tecnificación e identidad. Las funciones a las que se había reducido su cometido eran la vigilancia del orden público y la ocupación del protectorado marroquí. El Ejército tenía dos graves deficiencias internas: la hipertrofia de la oficialidad respecto al número de soldados y los escasos recursos bélicos con los que contaba, gran parte de ellos obsoletos cuando no sencillamente inservibles.

    Fue Azaña quien desarrolló una profunda reforma militar que perseguía los objetivos de funcionalidad (reducción del desproporcionado número de oficiales), y la inversión en nuevos equipamientos. Sin embargo esta reforma no alcanzó sus máximos objetivos. La exigencia del juramento de fidelidad a la República fue acatada por gran número de oficiales sin grandes convicciones, pero los obstáculos más importantes fueron la falta de tiempo y, sobre todo, de recursos financieros.

    El sector laboral

    La actuación de Largo Caballero estaba unida a la estrategia de conquista social de la UGT. En consecuencia, la línea reformista perseguía los siguientes objetivos: una mejora rápida de las condiciones de los asalariados, en especial los agrícolas, que impidiera la radicalización de los sectores más bajos; un fortalecimiento de la representación de los trabajadores (en especial de UGT, marginando a la CNT) al tiempo que se favorecían mejores condiciones de negociación; y finalmente una campaña de extensión de los seguros sociales. Creó las delegaciones provinciales de trabajo para hacer un seguimiento más puntual de la política laboral; se crearon los Jurados Mixtos, para solucionar los problemas laborales rápidamente. A la labor de Largo al frente del ministerio se le puede echar en cara la ausencia de un plan general contra el paro. La patronal mostró un gran descontento con estas medidas llegando a pedir la dimisión de Caballero.

    Oposición al Gobierno Azaña

    La dinámica política republicana y la ambiciosa reforma emprendida hizo que la oposición a la gestión gubernamental creciera en dimensiones y capacidad ejecutoria. Extrema derecha y monárquicos radicales participaron en distintas conjuras fallidas y conspiraciones militares. La más importante de ellas fue la que tuvo a la cabeza a los generales Sanjurjo y Barrera; el fracaso de la sanjurjada produjo efectos contrarios a los buscados: la rápida respuesta al levantamiento y la conmutación de penas a los inculpados reforzaron mucho la figura política de Azaña.

    La extrema izquierda, realizó tres oleadas revolucionarias que aprovecharon la radicalización del campesino; en enero de 1932, el escenario fue Cataluña, en febrero de 1933, Andalucía y Cataluña y, a finales de ese año, en el valle del Ebro. Las Revoluciones anarquistas trataban de instaurar el comunismo libertario, realizar la colectivización de las propiedades, e implantar un nuevo modelo de sociedad. Actuaban sin ninguna vinculación o sincronización con otras unidades, lo que favorecía su represión por las fuerzas de orden público. La actuación de éstas, generó más problemas que las propias sublevaciones. El caso más trascendente se produjo en la Casas Viejas, en Cádiz, en enero de 1933, donde guardias de Asalto incendiaron una choza donde se habían refugiado unos campesinos; la muerte de los labriegos fue completada con la ejecución posterior de catorce detenidos. Esta represión desproporcionada fue aprovechada por la oposición parlamentaria para dañar la imagen popular del gobierno.

    La oposición más fuerte procedía de los radicales de Lerroux; del gran grupo de la derecha en formación, la CEDA, liderada por Gil Robles; y por la misma Presidencia de la República, pues el enfrentamiento de Alcalá-Zamora y Azaña se había incrementado desde la discusión de la cuestión religiosa en la redacción constitucional. Finalmente, la oposición tuvo una gran repercusión social, cuyo extremo más grave fueron los diversos equipos conspiradores y el intento de ejecución de golpes de Estado.

    La primera señal del desgaste del ejecutivo se produjo cuando en abril de ese año se celebraron elecciones municipales, en las que los azañistas quedaron reducidos a una pequeña minoría.

    En septiembre de ese año una nueva cita electoral supuso una nueva derrota gubernamental. Alcalá-Zamora decidió entonces retirar su confianza a Azaña. En lugar de disolver las Cortes pretendió reformar la coalición de apoyo al gobierno; nombró a Lerroux como Presidente de Gobierno y éste pretendió ampliar la coalición añadiendo a los apoyos anteriores el de su grupo, el Partido Radical, ORGA y algún independiente, pero apartando a los socialistas.

    En el balance de este bienio reformista destaca la resolución de las cuestiones nacionalista y militar, frente a los problemas ocasionados por el fracaso de la reforma agraria y la cuestión religiosa. Pero la gestión del gabinete de concentración dirigido por Azaña debe contemplarse como un esfuerzo por aplicar a todos los temas una nueva dinámica e implicar a la sociedad en los conflictos más trascendentes. Que no triunfara fue debido al corto período de trabajo permitido, y a la carencia de una serie de prioridades en la realización de los diversos proyectos llevados a cabo.

    El Bienio Negro (1933-35)

    Si la crisis anterior había evidenciado la imposibilidad de sostener una República de centro-izquierda, las elecciones de noviembre de 1933 significaron un vuelco completo al panorama político parlamentario: la derecha católica y el centro radical alcanzaron una amplia mayoría absoluta.

    Las dos principales fuerzas políticas eran la CEDA, liderada por Gil Robles, y el Partido Radical de Lerroux; del entendimiento de ambas dependía que la república conservadora se asentara.

    La oposición más radical la llevaron a cabo no sólo los partidos de izquierda, sino también grupos de centro y derecha catalanes y vascos, que veían peligrar sus estatutos de autonomía.

    Esta oposición tuvo como resultado la gran inestabilidad del nuevo Gobierno; en apenas dos años hubo ocho crisis ministeriales. Ante esta inestabilidad su gestión se redujo a reformar políticas y medidas anteriores, razón por lo que este período es también conocido como bienio contrarreformista. En su programa, La CEDA en julio del 35 presentó un proyecto contra la ley agraria del 32, que posteriormente se convirtió en ley. Éste planteaba la reducción del área expropiable y se limitó el presupuesto del IRA en un intento de suprimir la reforma agraria, ya que la lentitud era tal que no se podría completar ni en 150 años.

    En el campo religioso, se permitió de nuevo la enseñanza por parte de la Iglesia, se suprimieron el matrimonio civil, el divorcio y el control civil de los cementerios, y la Iglesia volvió a estar presente en los presupuestos del estado. A pesar de esto, la actitud eclesiástica hacia la República no varió.

    En octubre de 1933, una nueva crisis gubernamental hizo retornar a la Presidencia de Gobierno a Lerroux. Al día siguiente de la constitución del nuevo gabinete, que incluía a varios miembros de la CEDA, todos los partidos de la oposición declararon su incompatibilidad con el Gobierno hasta que la CEDA no hiciera pública declaración de fe republicana y acatamiento a la Constitución. Sin embargo, sin dar tiempo a nada, estalló la revolución de octubre.

    La revolución de octubre

    La protesta de los grupos políticos se vio completada con la declaración de una huelga general. Esta huelga resultó un fracaso en la mayor parte de España. Sin embargo, en dos lugares el desarrollo de la huelga tuvo grandes consecuencias.

    En Barcelona el Presidente de la Generalitat, Lluís Companys proclamó nuevamente el Estado Catalán dentro de una República Federal Española, cuya rebelión fue rápidamente sofocada. En represalia por este pronunciamiento el estatuto de autonomía catalán fue suspendido, y Companys condenado a muerte, aunque fue indultado.

    En Asturias la huelga alcanzó categoría de revolución social. La crisis minera favoreció la unión de todos los sindicatos bajo la consigna UHP (Unión de Hermanos Proletarios). Se hizo precisa la declaración del estado de guerra y la intervención del ejército, dirigiendo la campaña el general Franco. El ejército, y en especial la Guardia Civil, desató una represión durísima con ejecuciones sumarias y torturas.

    Aunque la izquierda salió debilitada, el efecto final fue la percepción de sus líderes de la necesidad de unirse para derrotar al bloque radical-cedista, lo que acabó dando origen a la coalición del Frente Popular. Fue en ese momento cuando se produjo la unificación de distintos grupos de extrema derecha en el partido Falange Española, bajo el liderazgo de José Primo de Rivera

    Crisis final y balance del segundo bienio

    En mayo de 1935 se produjo una nueva crisis gubernamental promovida por la CEDA que hizo que en los ministerios se integraran cinco nuevos miembros de este partido. Entre ellos Gil Robles, Ministro de Guerra, que realizó una contrarreforma militar. Aumentó el presupuesto del ejército y se concedieron altos cargos a los militares africanistas, situando en puestos claves a oficiales militares de claras antipatías con el régimen: Franco fue nombrado director del Estado Mayor Central, y Mola jefe del ejército en Marruecos. Sin embargo, lo más importante fue la presión de la CEDA para alcanzar una reforma constitucional. Ante el desacuerdo con los radicales, la CEDA propició una cadena de crisis institucionales que buscaban llamar a Gil Robles a la Presidencia de Gobierno.

    Alcalá-Zamora pretendió mantener la coalición de gobierno radical-cedista, pero una serie de escándalos producidos por la corrupción (El Estraperlo, etc.) fue debilitando la posición de los radicales. Lerroux estaba desprestigiado para retomar el gobierno, así que la segunda posibilidad aplicada por el Presidente de la República fue la de conformar un nuevo centro político en torno así mismo; pero la operación resultó fallida por las pocas simpatías encontradas entre aquellos que debían integrarlo. Antes de llamar al gobierno a Gil Robles se decide disolver las Cortes y convocar elecciones para el 16 de febrero de 1936.

    El balance del segundo bienio republicano ha sido muy debatido; para los progresistas fue un período reaccionario, de ahí la denominación por la que también se le conoce: el bienio negro; el punto de vista conservador abunda en la escasa actividad desarrollada y sobre todo pone de relieve la pérdida de una gran oportunidad.

    Las elecciones de 1936

    Tradicionalmente se han presentado las elecciones que tuvieron lugar el 16 de febrero como la última oportunidad para la República, como la manifestación de la ordenación política española en dos bloques irreconciliables e incluso como preámbulo electoral de la Guerra Civil que asolaría el país meses después.

    El bloque de derechas no llegó ni siquiera a consolidarse, el centro estaba sustancialmente dividido y sólo entre la izquierda y centro-izquierda se fraguó una coalición electoral, el Frente Popular.

    La derecha, tras la experiencia de su paso por la administración, sufrió un doble proceso de división y radicalización. Miembros de la CEDA, antiguos monárquicos y republicanos independientes se habían reunido en el Bloque Nacional, liderado por Calvo Sotelo, de marcado tono autoritario. Con planteamientos más radicales aún se encontraba la formación dirigida por Primo de Rivera, que definitivamente logró reunir en torno a sí a los grupos de línea explícitamente fascista bajo las siglas de FE de las JONS.

    El Pacto del Frente Popular se alcanzó definitivamente a mediados de enero de 1936 y en él estaban integrados Izquierda Republicana, Unión Republicana, PSOE, UGT, Juventudes Socialistas, PCE, POUM y Partido Sindicalista. El Frente Popular supo reunir todas las candidaturas y presentar un programa único. En caso de triunfo, el régimen debía volver a la dinámica reformista del primer bienio; además de promulgar una amnistía total, se restauraría el estatuto catalán y se concederían al resto de las regiones que lo solicitaran, se relanzaría la reforma agraria, se establecería un plan contra el desempleo y se potenciaría la enseñanza estatal.

    A pesar de la virulencia de la campaña y de los excesos dialécticos, la constitución de las Cortes y el traspaso de poderes se realizó dentro de la legalidad constitucional. Una vez celebradas las elecciones, con la mayor participación social de toda la República, poco hacía presagiar los dramáticos acontecimientos que se avecinaban.

    El gobierno del Frente Popular

    El 19 de febrero se constituyó el nuevo Gobierno, presidido por Azaña y con miembros de su partido y de Unión Republicana; La labor de este nuevo gobierno azañista se atuvo al programa conjunto del Frente Popular.

    El asunto legislativo más delicado fue el cuestionamiento en las Cortes de la figura del presidente de la República Alcalá- Zamora. El 10 de mayo las propias Cortes nombraron a Azaña como Presidente de la República. Resultó ser un grave error, pues no existía una personalidad comparable a la de Azaña para aglutinar todas las fuerzas del Frente Popular. El Presidente del Gobierno fue finalmente Casares Quiroga, que formó un gabinete continuista con respecto al anterior azañista.

    Si el gobierno y las Cortes, a pesar de las dificultades del momento, mantenían la legalidad constitucional y desarrollaban el programa que les había llevado a sus cargos, en las calles proliferó una actuación radical que llevó a graves altercados de orden público, con el resultado de unos trescientos muertos y mil trescientos heridos de febrero a julio de ese año.

    La agitación callejera alcanzó su apogeo el 12 de julio. Pistoleros falangistas asesinaron al teniente de la Guardia de Asalto José Castillo, de talante socialista; en respuesta, al día siguiente compañeros de ese cuerpo asesinaron al principal dirigente de la extrema derecha, Calvo Sotelo. La conspiración militar que se venía preparando desde hacía meses encontró la excusa necesaria para alzarse contra la República.

    La conspiración contra la República

    A la altura de julio de 1936, existían varios grupos preparando un golpe de Estado que acabara con la legalidad constitucional. El más antiguo de ellos era la trama cívico-militar de carácter monárquico que había protagonizado, en agosto de 1932, el fracasado golpe de Sanjurjo.

    El segundo gran grupo de conspiradores pertenecía a la extrema derecha; Primo de Rivera pretendió organizar un golpe de fuerza en el otoño de 1935, pero la indiferencia de los militares que fueron sondeados paralizó la organización.

    El tercer grupo fue sin duda el más importante, pues contaba con las mejores unidades del Ejército regular; dirigidas por la Unión Militar Española (UME), un colectivo secreto de jefes y oficiales que fue ganando influencia en los cuarteles. A partir de 1935 los altos mandos entraron en contacto con la UME e iniciaron una segunda y rigurosa fase de la conspiración.

    El 8 de marzo de 1936 se celebró en Madrid una reunión de altos mandos que organizaron una Junta Militar secreta para la ejecución de un pronunciamiento que derribara al gobierno, presidida desde el exilio por Sanjurjo y pertenecían a ella los generales Mola, Franco y Goded.

    Por medio de oficiales fieles a la República el Gobierno tenía noticias de las actividades de la UME y el entramado de la Junta Militar. El Gobierno reaccionó pronto ante las noticias de conspiración, detuvo a Orgaz y Varela y destinó al resto de los principales conspiradores a plazas alejadas de Madrid; nada se hizo para investigar y descomponer la trama.

    A comienzos de julio los preparativos estaban ultimados. Mola se había convertido en el principal organizador del golpe. Pretendía que se realizara un golpe de Estado clásico: un rápido golpe de mano militar (con la sublevación coordinada de todas las guarniciones militares) que provocaría una inmediata caída del Gobierno. En caso de que esto no sucediera, Mola, desde el norte, y Franco desde el sur, convergerían sobre Madrid. Si el triunfo no era inmediato, los enfrentamientos durarían unas semanas; dos o tres meses a lo sumo.

    Todo estaba preparado; tan sólo faltaba una ocasión propicia. El doble crimen del teniente Castillo y Calvo Sotelo sirvió como justificación para encender la mecha de la mayor tragedia en la España del siglo XX: La Guerra Civil.

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