España en el siglo XIX

Historia de España. Restauración. Industrialización. Desamortización eclesiástica. Mujer

  • Enviado por: Malaga
  • Idioma: castellano
  • País: España España
  • 64 páginas
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Análisis y valoración de las medidas desamortizadoras.

  • Introducción

  • En España durante el siglo XIX la agricultura fue la actividad económica más importante. Mas de la mitad de la renta nacional procedía del sector agrícola y ganadero, que ocupaba también un lugar destacado en el comercio de exportación.

    Tres notas caracterizan la agricultura española en este siglo:

  • Una ancestral tecnología.

  • Un escaso espíritu innovador.

  • Una tradicional estructura de la propiedad.

  • España seguía aferrada al arado romano y al cultivo de año y vez; este estancamiento agrario explica claramente el retraso de la modernización económica del país.

    Por otro lado, España venía sufriendo, desde hacia ya mucho tiempo, una desigual distribución de las tierras. Un pequeño numero de familias de la aristocracia y entidades eclesiásticas poseían grandes latifundios en la mitad sur de la Península; mientras grandes extensiones de tierras, propiedad de la Iglesia o de la Corona, permanecían incultas por falta de capital o iniciativa empresarial, un número muy elevado de braceros y jornaleros aspiraba a un trozo de tierra propia y sufría todo el rigor de las calamidades del campo. La preocupación por mejorar la agricultura y remediar las circunstancias del campesinado se pusieron de manifiesto desde el siglo XVIII.

  • Antecedentes históricos

  • La agricultura fue sin duda uno de los temas que llamo mas la atención a los ilustrados, sobre todo por el aumento demográfico, la elevación de los precios agrícolas, el incremento de la renta en los arrendamientos y al descrédito de la Mesta, junto a las doctrinas fisiocráticas en auge.

    Fruto de aquella preocupación fue el expediente ley agraria de 1766, en la que se pedía a los intendentes que expusieran sus ideas respecto a los problemas del campo. Las respuestas emitidas constituyeron la base sobre la que debía redactarse la deseada Ley Agraria, que al final nunca llegaría a nacer. El pensamiento de la época era que las tierras estaban al poder de la Iglesia, así como las de los municipios o de otras “manos muertas”, y que estas rendían poco, estaban al margen del libre comercio y no tributaban a favor de la hacienda Real.

    Hombres importantes como Olavide o Jovellanos coincidirán en la conveniencia de convertir tierras concejiles en bienes de propiedad privada, aunque ambos diferían en los procedimientos. El plan de Olavide o “Código de Agricultura” solo se refería a la desamortización de las tierras de baldíos, mientras que el plan de Jovellanos aconseja la reducción de todas las fincas a bienes de propiedad privada.

    • Legislación desamortizadora de Carlos III (1767-1770)

    Esta legislación sola concierne a los bienes municipales y tiene su raíz en la crisis agraria y en los motines de 1766. Aranda mandaba que los baldíos y las tierras labrantías propias de los pueblos de Extremadura se dividiesen en arrendamiento entre los vecinos mas necesitados, atendiendo en primer lugar a los braceros y a los jornaleros. Esta medida se entendió a todo el reino en 1767. su principal beneficio era común, el fomento de la agricultura y el facilitar a los braceros un terreno propio que cultivar. Pero la vigencia de estas reales provisiones duró poco, fueron derogadas en 1770 y las tierras que quedaban por repartir se decidió que se entregasen, en primer lugar a los labradores de una, dos y tres yuntas y en segundo lugar a los braceros y jornaleros. Con estas modificaciones se abandonaba la finalidad primitiva de las reales provisiones y su preocupación por una reforma social agraria.

    • Leyes desamortizadores de Carlos IV (1798)

    A la crisis fiscal progresiva, Godoy se vio obligado a arbitrar medidas buscando una solución. En 1798 mandó que se enajenasen a beneficio de la Real Hacienda de los bienes pertenecientes a hospitales, hospicios, casas de misericordia, de reclusión, de expósitos, cofradías y patronatos de legos, bajo el interés anual del 3% a los desposeídos. Se iniciaba así la desamortización tal como seguirá realizándose en el siglo XIX, es decir, mediante la apropiación por parte del Estado, y por decisión unilateral de este, de bienes inmuebles pertenecientes a “manos muertas”, venta de los mismos y asignación del importe obtenido con las ventas a la amortización de los títulos de la deuda.

    • Desamortización eclesiástica

    En 1811, se planteó en las Cortes de Cádiz el problema de la deuda publica. Una de las soluciones que se propusieron fue la de declarar la bancarrota. Pero unos grupos de diputados se opusieron a ello, consiguiendo mediante un decreto en 1813 que se ratificara el reconocimiento de la deuda que se pagaría con cargo a las rentas de tierras afectadas para tal fin: las de los jesuitas, las pertenecientes a las órdenes militares, conventos y monasterios suprimidos o destruidos durante la guerra; las de la recién abolida inquisición... y la mitad de los baldíos y realengos. Las fincas se cederían en publica subasta. Este decreto constituye la primera norma legal general desamortizadora del siglo XIX, pero apenas pudo aplicarse debido al inminente retorno de Fernando VII. Durante el trienio liberal, de 1820 a 1823, se restableció la legislación desamortizadora de las Cortes de Cádiz. Por decreto de 1820 se suprimían todos los monasterios de las órdenes monacales. Con este decreto, uno de las más radicales en este sentido, la desamortización eclesiástica ya no se reduce a medidas parciales, sino que se acomete de forma decidida.

  • Las desamortizaciones

  • Toda desamortización es un intento de sanear la Hacienda. Para que haya un Estado fuerte debe haber una Hacienda saneada, y para que haya una Hacienda saneada es necesario que los contribuyentes puedan pagar sus impuestos. Es el principio liberal de que la suma de las riquezas particulares es la riqueza de toda la nación. Durante la Ilustración se tomaron varias medidas para intentar enriquecer la nación por medio del fomento del comercio y de la industria. Estas medidas fallan por no haber consumidores posibles: la inmensa mayoría de tales consumidores serían los campesinos que están sometidos a una economía de subsistencia. La tierra es, pues, el factor desencadenante. Los labradores no pueden contribuir a Hacienda por esta economía de subsistencia en la que viven a la que se añade una doble fiscalidad: la que les impone la Iglesia, por una parte, y la que les imponen los señores feudales o el Estado. Si le añadimos a esto los grandes gastos a los que deben hacer frente (herramientas y materiales cada equis tiempo y semillas y abonos de forma anual), entenderemos que no tiene ningún sentido pretender que sean consumidores de los bienes que esa industria posible pudiera ofrecerles. Para que puedan entrar en la economía nacional, los labradores deben convertirse en empresarios; en consecuencia, el Estado debe, en primer lugar, quitar los obstáculos de todo tipo con que cuentan para ello y, en segundo lugar, convertirlos en propietarios de sus propias tierras. En el siglo XVIII, un enorme porcentaje de las tierras de España era o bien improductivo (es decir, no cultivable) o bien de bajo rendimiento: pastos, cotos de caza, tierras abandonadas... En 1766 se abre un expediente para intentar obtener datos que permitan elaborar una Ley agraria. El resultado hacía evidente la necesidad de un cambio en la propiedad de las tierras que entonces se hallaban en poder de las llamadas "manos muertas". Estas son tierras el poder de una serie de instituciones (señoríos, Iglesia, Ayuntamientos, el propio Estado) que no pueden vender las tierras por estar vinculadas a ellas. Estas tierras ni son cultivadas ni pagan impuestos de ningún tipo, por lo que no generan riqueza alguna. La solución era evidente: era necesario que el Estado se apropiara de estas tierras y las pusiera a la venta libre a través de la subasta al mejor postor.

    Las desamortizaciones son procesos políticos y económicos de larga duración en España (1766-1924), en el cual la acción estatal convirtió en bienes nacionales las propiedades y derechos que hasta entonces habían constituido el patrimonio amortizado (sustraído al mercado libre) de diversas entidades civiles y eclesiásticas para enajenarlos inmediatamente en favor de ciudadanos individuales. Las medidas estatales afectaron a las propiedades plenas (fincas rústicas y urbanas), a los derechos censales, y al patrimonio artístico y cultural de las instituciones afectadas. Con las desamortizaciones se pretendió la formación de una propiedad coherente con el sistema liberal, es decir, la instauración de la propiedad libre, plena e individual que permitiera maximizar los rendimientos y el desarrollo del capitalismo en el campo. La entrada de esta masa de bienes en el mercado se efectuó, en general, a través de dos procedimientos: la subasta al mejor postor como fórmula preferente y más extendida en el caso de propiedades plenas, y la redención por el censatario cuando se trataba de derechos.

    * Una primera etapa (1766-1798) comprende la venta de bienes de los jesuitas y la denominada desamortización de Manuel Godoy (bienes raíces pertenecientes a hospitales, hospicios, casas de misericordia, cofradías).

    * La segunda fase (1808-1823) corresponde a la desamortización impulsada durante la guerra de la Independencia por la administración bonapartista y por los legisladores reunidos en Cádiz (bienes de la Inquisición y reducción a un tercio del número de monasterios y conventos).

    * En la tercera etapa (1834-1854), conocida como desamortización de Mendizábal y Espartero, se procede al sistemático despojo patrimonial de la Iglesia, y a la desaparición de monasterios y conventos.

    * La cuarta fase (1855-1924) se inaugura con la Ley General de 1 de mayo de 1855 o Ley Pascual Madoz y es por duración y volumen de ventas la más importante. Se completa la enajenación de los bienes de regulares y de seculares.

    La privatización de fincas rústicas afectó a una extensión equivalente al 25% del territorio español. El cometido financiero fue cubierto satisfactoriamente, a juzgar por las cantidades que Hacienda percibió en títulos y en metálico por la venta de los bienes desamortizados (14.435 millones de reales). La extracción social de los compradores, restringida inicialmente a los círculos más acaudalados, se diversificó a medida que se cubrían las etapas del proceso.

    En conjunto, no obstante, fueron los miembros de la burguesía (comerciantes, hombres de negocios, profesiones liberales y campesinos acomodados) quienes capitalizaron las fincas más preciadas y de mayor extensión. Por el contrario, tanto el campesino pobre como el colono dispusieron de menores posibilidades de acceso a la propiedad. La desamortización de fincas urbanas (casas, edificios conventuales) contribuyó a la transformación del modelo de ciudad del siglo XIX: de la ciudad conventual, marcada por el predominio del caserío amortizado y el tono hegemónico de los edificios religiosos, a la ciudad burguesa, caracterizada por la desaparición del viejo caserío, su crecimiento en altura, la apertura de nuevas vías, la presencia de los edificios públicos y los ensanches. La legislación previó para los edificios conventuales destinos tan diversos como la conservación para uso parroquial o público (conversión en museos, cuarteles, hospitales), la demolición para la apertura de nuevas calles o el ensanche de las existentes, o su mera inclusión entre los bienes nacionales sujetos a la privatización. El patrimonio mueble corrió la misma suerte: fue reservado como parte de la memoria histórica nacional (creación de museos).

    • Desamortización de Mendizábal

    La primera preocupación de Mendizábal, desde que llegara al gobierno en 1835, era el problema financiero.

    Las arcas del estado estaban vacías, la deuda publica había alcanzado proporciones gigantescas y el gobierno tenia que hacer frente a una costosa guerra civil que había desorganizado totalmente la administración, por lo que procedió a una liquidación de la deuda mediante la venta a gran escala de los bienes nacionales.

    Con anterioridad a su llegada al poder ya se habían promulgado dos decretos en los que se suprimían la Inquisición y la Compañía de Jesús, que habían sido restablecidas, destinándose sus bienes a la extinción de la deuda publica. Ese mismo año, 1835, mediante otro decreto, también se suprimían los conventos y monasterios religiosos que no tuvieran un mínimo de doce individuos profesos, aplicándose sus bienes al mismo fin.

    La primera ley desamortizadora: en 1836 se aprobó la venta de bienes raíces que hubieran pertenecido a corporaciones y comunidades religiosas, y la supresión de institutos monásticos, menos los bienes destinados a servicios públicos o monumentos nacionales de los cuales publicaba el gobierno relación de medidas, que supuso la ruptura de relaciones diplomáticas con el Vaticano.

    En el mismo decreto se anunciaba la formación de un reglamento para la venta de los bienes, que se hacía, según el decreto, para disminuir la deuda publica consolidada. Mendizábal sabia que favorecer el acceso de los campesinos a la tierra facilitaría una mayor estabilidad social. La medida despertó entusiasmo y muchos capitales estériles en las arcas de sus dueños entraron en circulación, pero la subasta de las tierras no alcanzó las cotas esperadas por Mendizábal, en parte por la condena pontificia, que consideró un robo la medida unilateral del gobierno.

    La segunda ley desamortizadora: las esperanzas de Mendizábal de sanear la Hacienda Pública no se cumplieron, por lo que en 1837 promulgó una segunda ley desamortizadora, concebida más bien como una reforma tributaria. En ella se suprimían los diezmos y se declaraban bienes nacionales sujetos a enajenación casi todos los del clero secular. Pero la aplicación práctica de esta ley fue casi nula, pues la enajenación año debía comenzar hasta 1840 y en este año fue derogado el artículo referente a dicha enajenación.

    • La oposición a Mendizábal

    Entre las raras voces de los sectores progresistas que se opusieron a Mendizábal destacó la de Flórez Estrada. En un articulo publicado en el Español, en febrero de 1836, se declaraba partidario de la desamortización, pero contrario al sistema propuesto por el ministro de Hacienda.

    Su preocupación reformista era fundamentalmente social. Admitía la desamortización para mejorar la condición de las clases rurales y estaba preocupado por favorecer al proletariado agrario. Flórez Estrada volvió a enlazar con el espíritu de los ilustrados: desamortizar para reformar la estructura agraria.

    Su propuesta era arrendar en “enfiteusis” por 50 años a los mismos colonos que las estaban trabajando a la Iglesia, con la posibilidad de renovación del contrato al expirar dicho plazo.

    Esta propuesta era ventajosa para el Estado, que no perdía la propiedad de los “bienes nacionales” y podía invertir el importe de las rentas en el pago de las deudas. Al mismo tiempo advertía que con las ventas todas las clases de la sociedad saldrían perjudicadas y solo ganarían los especuladores.

    • Resultados de la desamortización de Mendizábal

    Al no ser concebida la desamortización como una revolución agraria, las regiones de pequeña y mediana propiedad subsistieron con esta misma estructura, pero en las regiones donde las condiciones geográficas e históricas favorecían el cultivo y la propiedad a gran escala, la propiedad se fue concentrando aun más; este era el caso de la España meridional.

    Los grandes propietarios y los miembros de la burguesía, poseedores de títulos de la deuda publica, eran los que tenían la posibilidad de hacerse con las fincas subastadas.

    Surgen ahora nuevos propietarios locales que se incorporan al latifundismo y que, como los burgueses de la cuidad, arrendarán sus nuevas tierras, lo que explica las revueltas por “el reparto de la tierra” del siglo XIX, como la que tuvo lugar en Málaga en 1840.

    No obstante, la desamortización contribuyó a un incremento de la productividad rural, a hacer frente a los crecientes gastos de guerra y a asegurar unos ingresos regulares en los años siguientes.

    Pero los gastos eran tan crecidos que la deuda publica aumentó aun antes de que terminara la guerra.

    • La desamortización de Madoz

    La enajenación de las tierras de propios de los pueblos era algo que se estaba gestando desde la época moderada. No es extraño que los progresistas al llegar al poder con la revolución de 1854, decidieran emprenderla. Las circunstancias eran distintas a las de 1836, pues no había guerra civil y los presupuestos se iban cubriendo. La ley de 1855 de Pascual Madoz iba dirigida a la desamortización general de los bienes del clero, del Estado, de los municipios y de otras “manos muertas” de menor entidad. Hubo resistencia a esta ley. La reina no quiso firmarla por el perjuicio que ocasionaba a la Iglesia. La ley, al infringir lo establecido en el concordato de 1851, hizo que las relaciones diplomáticas entre España y el Vaticano se enturbiasen. El importe de las ventas se destinaría a nivelar el presupuesto del Estado, a amortizar la deuda interior y a financiar obras publicas. Pero el dinero recaudado sirvió, en gran medida, para subvencionar a las compañías ferroviarias. El gobierno presidido por Narváez suspendió la ejecución de la ley de Madoz en 1856, pero vuelto O'Donnell al gobierno en 1858 la volvió a restablecer, aunque excluyendo los bienes de la Iglesia. En la ley de 1860 el gobierno español prometía a la Santa Sede no hacer en adelante por decisión unilateral ninguna venta ni comunicación de bienes eclesiásticos y reconocía a la Iglesia capacidad para adquirir, retener y usufructuar en propiedad y sin limitación toda clase de bienes, igualmente declaraba derogada la ley de Madoz en tanto y cuanto se opusiera al texto del convenio.

    • Valoración de las desamortizaciones

    La importancia de las medidas desamortizadoras es una cuestión discutida, no solo por el dinero que aportó al Estado, o por la superficie desamortizada, sino porque fue una medida que afectó a otros aspectos de la vida social y económica del país, como el derecho, la hacienda, la agricultura, las inversiones, las clases sociales, etc.

    La desamortización fue una gran oportunidad perdida para repartir la tierra a los campesinos y transformar las bases mismas de la agricultura española.

    La necesidad de obtener dinero planteó la desamortización de forma beneficiosa para quienes tenían medios para comprar, lo que significaba decretar el despojo de los campesinos, puesto que se enajenaba gran parte de sus tierras comunales.

    Transformaciones agrarias y desarrollo industrial. Valoración del alcance de las transformaciones económicas y sociales.

  • La agricultura

  • Aunque no existe cuantificación fiable de las consecuencias económicas de la guerra de la independencia, así en las Cortes del trienio liberal, antes de la guerra carlista, hubo quien calculó que se producía un sexto de trigo menos, la mitad de aceite y todavía una proporción menor de vino. Todo hace pensar que hasta el año 1840, España vivió en un profundo estancamiento económico por motivos políticos internacionales, pero también por la perdida de las colonias.

    Ha sido habitual considerar a la España de las décadas centrales del siglo XIX cono un país caracterizado por la dualidad entre un mundo rural, anclado en el pasado y un mundo urbano, en el que comenzó una transformación de tipo capitalista. Actualmente se tiende a considerar que aunque existió esta dualidad, tampoco debe exagerarse.

    También el mundo rural presenció cambios importantes, aunque no fueran espectaculares.

    Los cambios técnicos que se produjeron en el medio agrícola fueron lentos. Hasta bien entrado el siglo perduró un tipo de crisis característico del Antiguo Régimen: una mala cosecha podía producir en una región determinada un incremento de la mortalidad ante la imposibilidad de lograr que otras regiones mejor provistas enviaran sus excedentes, dada la situación pésima de los transportes.

    Cada una de estas crisis perjudicaba a los sectores más humildes, mientras que los grandes propietarios se beneficiaban del alza de precios, los braceros tenían menos jornales y los pequeños propietarios deberían recurrir a los prestamos.

    A pesar de estas crisis, la realidad es que la España rural experimento cambios de importancia entre el comienzo del siglo XIX y los años 60. principalmente una mejor articulación del mercado nacional y de las relaciones con el exterior, una mejor adaptación de los cultivos a las peculiaridades de la tierra y un aumento general de la producción cuya consecuencia fue la mejor alimentación de los españoles.

    Se llevó a cabo una cierta especialización de los cultivos según las peculiaridades climáticas.

    En el norte a partir de finales del XVIII se difundió, junto con el maíz, la patata, mientras que los cereales se convertían en el cultivo predominante en las dos Castillas y Andalucía y el viñedo ocupaba cada vez mas espacio en el litoral mediterráneo.

    El sector agrícola empezó a adaptarse al mercado nacional e internacional. Incluso una región caracterizada por el autoconsumo cono era Galicia comenzó a exportar sus cabezas de ganado a Gran Bretaña. De igual forma se adaptaron el mercado las antiguas colonias americanas, con las que se mantuvo una relación comercial a pesar de la independencia política.

    Las nuevas roturaciones en ocasiones se hicieron en tierras marginales, pero lo cierto es que el aumento de la superficie de cultivo produjo también un incremento de la producción.

    Se ha calculado que de 1800 a 1860 el crecimiento de la superficie de cereal cultivada fue del orden del 50% y pudo triplicar la de la vid. El desarrollo de la producción pudo ser del orden del 90% en trigo, mas del doble en vino y esa misma proporción en aceite.

    Como parece que los métodos de cultivo cambiaran de manera significativa, hay que atribuir estos cambios principalmente a tierras cultivadas por primera vez y a una mejor adaptación de los cultivos a las peculiaridades de cada región.

  • Expansión económica e industrialización en Málaga

  • El segundo tercio del siglo XIX fue para Málaga una época brillante y próspera, de gran dinamismo económico, merced a la reactivación de sus tradicionales actividades mercantiles y un despliegue industrial que la va a situar en los primeros puestos de España en lo que a actividades manufactureras se refiere.

    La capital y algunos puntos de la provincia experimentaron notables transformaciones de signo modernizador. Numerosos viajeros que durante estos años llegaron a esta tierra dejaron constancia de los cambios aludidos y creyeron que el progreso económico había echado raíces en el Sur peninsular.

    A partir de 1.834 las ferrerías de Heredia entraron en una fase de gran actividad, que las llevaría a situarse en poco tiempo a la cabeza de la producción nacional de hierro.

    Las actividades mercantiles también tuvieron un importante incremento.

    En transporte y comunicación se desarrolló sobretodo el ferrocarril con líneas como:

    Málaga-Álora, Málaga- Cártama, Málaga-Córdoba.

    Con una economía en expansión todos los sectores necesitaban de un apoyo firme que no fuera el de los prestamistas y en 1.854 se consiguió crear el Bando de Málaga, aunque se configuró como un instrumento d e los grandes capitalistas de ciudad y provincia, bajo cuyo control estuvo en todo momento.

  • Transformaciones agrarias y proceso de industrialización en la España del siglo XIX

    • Agricultura y ganadería

    El proceso de la revolución liberal burguesa se inicia en España en 1808 y concluye aproximadamente treinta años después. Tuvo como protagonistas a la burguesía liberal y a la aristocracia terrateniente. Los intereses de la burguesía y los de la aristocracia eran coincidentes, ya que el nuevo concepto de propiedad que tenía la burguesía la liberaba de las servidumbres del sistema señorial.

    • Bases jurídicas

    La revolución liberal implicaba la adopción de una serie de medidas jurídicas que tienen como objetivo eliminar las servidumbres vinculadas a la propiedad del Antiguo Régimen. La renovación de la titularidad de la tierra sufre modificaciones gracias a las desamortizaciones, la desamortización de Godoy, la desamortización eclesiástica general y la desamortización civil y general. Los objetivos de la desamortización eran: reformar la estructura de la propiedad, obtener recursos para la Hacienda, y lograr el apoyo popular para la causa liberal. Los beneficiarios de la desamortización serán los campesinos ricos y acomodados, la burguesía urbana especuladora y absentista, y la aristocracia terrateniente. Desaparece casi por completo la aparcería y se impone definitivamente el contrato de arrendamiento. La producción agraria, en el régimen señorial, tenía una serie de cargas fiscales a diferentes instituciones, Estado, aristocracia e Iglesia, que consumían la mayoría de los excedentes.

    • El siglo XIX: Expansión y crisis de la agricultura

    La expansión económica del siglo XIX se debe a la integración del consumo interior, gracias a la mejoría de los transportes. Se termina con el policultivo de subsistencia, pasando a la especialización regional. Pero el verdadero impulso de la agricultura española se debe a la desamortización de los montes comunales y a la introducción de la ganadería mular en detrimento del vacuno y el lanar. Además, se consolida el cultivo de la patata y el maíz.

    El sector agrícola entra en crisis a partir de 1880. La crisis económica supone una reducción del consumo. Se mejora la tecnología de la producción de aceite de oliva. El vino sufre la plaga de la filoxera.

    • La industrialización

    La industria en España llega de la mano de las instituciones públicas y del capital extranjero. Los sectores autóctonos recurrieron al proteccionismo para aguantar el empuje de los productos extranjeros.

    Las fuentes de energía: Las fuentes de energía clásicas son la hidráulica y la eólica, pero están limitadas a una localización concreta. El carbón, y la máquina de vapor, liberan a la industria de esta dependencia. El ferrocarril y el barco se hacen imprescindibles para llevar los productos industriales a los mercados.

    El carbón: El carbón es la fuente de energía principal, y se emplea en la siderurgia para producir acero. El carbón desplaza a las pequeñas industrias y al consumo doméstico local, y se desarrollan una serie de siderurgias asociadas como las de Duro, Felguera, Mieres, Asturiana del Zinc o Trubia. En 1891 caen drásticamente los fletes del comercio marítimo, con lo que el carbón británico llega a Bilbao a un precio mucho más barato que el asturiano. También en Andalucía hay un intento de construir una región siderúrgica, pero la dificultad de encontrar carbón a buen precio, y a pie de fábrica, hacen fracasar el proyecto.

    Las industrias extractivas: En 1868 España es la primera productora mundial de plomo, pero las empresas que lo explotan son de capital extranjero, británico sobre todo, que era a donde se exportaba. También se desarrolla la minería del cobre y la de la pirita, y la industria eléctrica y química, con la fabricación de jabón, vidrio, ácido sulfúrico, etc., en las compañías de Río Tinto y Almadén. El principal centro de producción de mineral de hierro es el País Vasco. El sistema empleado para la fabricación de acero es el sistema bessemer, que ahorra mineral y carbón.

    El textil: También la industria textil se desarrolla en España gracias al impulso del capital británico. En 1780 llegan a Cataluña las primeras Spinning Jenny que se perfeccionan para poder aprovechar la energía hidráulica, tan abundante en Cataluña, inventando, así, la bergadana. El arancel de 1891 permite la importación de algodón en rama, lo que supone una ventaja para la producción textil y la superación de la crisis.

    La siderurgia: en la fabricación de hierro en España, se puede diferenciar por regiones: Asturias y Vizcaya. Hacia 1826 la mayoría de las ferrerías tradicionales habían desaparecido, o se habían modernizado. Los primeros altos hornos en el País Vasco se instalan en 1841, año en que se trasladan las aduanas a la costa. Asturias tenía la ventaja del carbón. Para evitar el precio del carbón, en el alto horno de El Carmen, en Vizcaya, se instala un sistema tipo chenot que consume carbón vegetal y hulla. En 1883 la fábrica de El Carmen instala un horno con sistema bessemer, lo que sitúa a la planta a la altura tecnológica de las mejores empresas de Europa, y con unos precios muy competitivos.

    La industria química y eléctrica: La industria química se desarrolla gracias al sector agrícola: a las papeleras, a la industria del jabón y a la industria textil. Sin embargo, esta actividad tiene una gran dependencia exterior, ya que las patentes son extranjeras; y los capitales, en gran medida, también; patentes de Cros, Solvay o Nobel. La electricidad se obtiene de la hulla, en pequeñas centrales que satisfacen una demanda local cercana.

    • La formación del mercado nacional

    El transporte terrestre: Las nuevas tecnologías, que pone a nuestra disposición la revolución industrial, permiten transportar los productos elaborados en grandes cantidades y a largas distancias. El ferrocarril impulsa la industrialización y hace posible unas comunicaciones rápidas y fáciles. Se convierte en la columna vertebral del país, ya que une los centros productores con los consumidores.

    El transporte marítimo: El transporte marítimo también sufre un profundo proceso de modernización. Se mejoran los puertos con nuevas construcciones e infraestructuras, como la red de faros y el aumento del calado. Los barcos comienzan a utilizar máquinas de vapor para moverse. Pero la máquina de vapor ocupa mucho espacio por lo que en principio los barcos de vapor son poco competitivos.

    El comercio: El comercio deja de ser local para pasar a ser nacional, gracias a la reducción del tiempo de transporte, que hace rebajar los precios unitarios y aumenta la seguridad del comercio a larga distancia. Para regular esto, se promulga el Código de Comercio en 1829. También se eliminan las tasas y los impuestos indirectos sobre el comercio.

  • Incorporación de las mujeres al trabajo remunerado: repercusiones sociales y familiares

    • La lucha feminista ha atravesado por diversas fases en los últimos 150 años. Primero se aglutinó en torno al derecho al voto; más tarde a la igualdad legal. Por último, ha insistido en la igualdad real en todos los campos. El primer país que concedió el sufragio a las mujeres fue Nueva Zelanda, en 1893. El dudoso honor de ser el último le correspondió a un país tan "civilizado" en las formas como Suiza, que sólo concedió el voto femenino en 1971. Hay que decir que en muchos países la existencia de este derecho se ve enmascarada por situaciones de control mental y físico que impiden o deforman que pueda llevarse a efecto con libertad. La lucha de las primeras mujeres por sus derechos se inició en las últimas décadas del siglo XIX. Personas como Annie Besant, miembro de la Sociedad Fabiana, que fue privada de la custodia de sus hijos en 1877 por publicar un folleto sobre el control de natalidad. Y lo cierto es que las mujeres se incorporaban al trabajo en numerosos sectores, y no siempre en trabajos que significaran una prolongación de las tareas hogareñas. Así, por ejemplo, sucedía en la fábrica Marconi de Essex, en la que muchas mujeres trabajaban en el montaje de los receptores. O en la industria ligera, altamente mecanizada, de la Alemania de finales del XIX e inicios del XX. Durante la Primera Guerra Mundial también hubo una masiva incorporación de la mujer al trabajo, haciéndose cargo de oficios que anteriormente correspondían sólo a los hombres. Podemos contemplar una muestra en la imagen que encabeza esta página. Esto fue una experiencia que dejó memoria cuando terminó la guerra y los hombres volvieron del frente. La mujer había ganado experiencia social, participaba de manera activa en numerosas organizaciones y ya comenzaban a abundar los ejemplos de mujeres independientes que sabían salir adelante en la vida.

    • Una característica fundamental de la cultura burguesa y liberal fue el establecimiento de una división entre las actividades públicas y la vida privada. En esa división, el espacio publico(la política, los negocios, la educación y la creación) debía quedar reservado a los hombres. Las mujeres quedaban confiadas al espacio domestico o privado: cuidado del marido y de los hijos, ama de casa, defensa de los valores morales de la religión y de la familia. Esta división de espacios se consideraba que era natural(o establecida por Dios) y que respondía a las cualidades esenciales de los hombres(la razón, la acción) y de las mujeres(los sentimientos, la pasividad. La imagen más utilizada para definir a esas mujeres fue la del ángel del hogar un modelo que se formuló y consolidó en el seno de las clases medias y, desde ellas, irradió hacia las clases populares y la aristocracia. Ese modelo de mujer y el culto a la domesticidad femenina era mucho más difícil entre las clases populares, donde las mujeres desde siempre tenían que trabajar, tanto en el campo como en los diversos oficios urbanos o, incluso en las primeras fábricas. Desde el principio del siglo XIX el trabajo femenino estuvo caracterizado por la discriminación salarial y laboral. Los salarios, por el mismo trabajo, eran muy inferiores a los de los hombres y eran las primeras en ser despedidas. En general, las mujeres hicieron actividades poco cualificadas y mal remuneradas, y entre ellas, destacó especialmente el servicio doméstico. En general parece ser que en España se estaba produciendo una complementariedad entre el trabajo de las mujeres en las fábricas y el del marido en el campo. Esta dualidad se daba desde el siglo XVIII y duraba hasta el siglo XX. Los trabajos podían ser en el capo, y no solo en el familiar, sino como trabajo asalariado, especialmente en épocas de gran volumen de trabajo como la vendimia; Criadas, ya en casas acomodadas de la ciudad o en grandes casonas rurales, en el sistema doméstico(en lugar del sistema fabril). El sistema domestico consiste en un trabajo realizado a domicilio y no en factorías; en fábricas de textil. Se supone que fueron los cambios técnicos y organizativos de la producción los que habían cambiado el mercado de trabajo. Concretamente en la industria textil catalana se advierte como mientras el trabajo productivo fue una actividad de todo un grupo doméstico, todos los miembros tenían un papel en el proceso, pero cuando se produjo la asalarización, el trabajo fuera del hogar se dejó a los hombres y a los niños mientras que las mujeres se retiraron al hogar a las tareas domésticas y reproductivas. Hay que añadir la poca retribución de las mujeres. Así, la tasa de actividad femenina se redujo fruto de la división sexual del trabajo impuesta por las nuevas técnicas productivas. Desde otro punto de vista, la utilización de varones en determinados trabajos también podía estar relacionada con el tipo de maquinaria usada. También influyó que la presión sindical de finales de siglo provocó un incremento de los salarios reales por lo que los fabricantes optaron por trasladar fábricas hacia zonas rurales, donde los salarios eran más baratos y por incorporar masivamente a la mujer, que cobraría aun menos. Las mujeres formarán parte de una fuerza de trabajo secundaria que era contrastada en épocas de mayor producción o de mayores salarios. Era una mano de obra que podía crecer y reducirse en función de la demanda. Podía realizar múltiples tareas como el trabajo menos cualificado en procesos más intensivos, que solían realizarse a domicilio. El trabajo de las mujeres solo se registra en raras ocasiones, pero a medida que la economía familiar asalariada era reemplazada por la economía de consumo, el trabajo de las mujeres casadas estaría más centrado en asegurar la armonía del hogar, hasta que las necesidades del mercado de trabajo y los mayores niveles de consumo impulsarían su incorporación al mercado de trabajo. Durante todo el siglo XIX, al igual que en el resto de Europa, la situación jurídica de las mujeres estuvo caracterizada por la exclusión y la subordinación respecto a los hombres. Además de carecer del derecho al voto, de la posibilidad de acceder al funcionariado o las profesiones liberales, las mujeres perdían buena parte de sus derechos civiles al contraer matrimonio: necesitaban la autorización de sus maridos para disponer de sus propiedades, hacer negocios, vender o comprar, aceptar o rechazar una herencia o incluso viajar. La desobediencia podía ser castigada con penas de cárcel y la autoridad legal sobre los hijos correspondía al marido. La infidelidad de la mujer era considerada adulterio, un delito penado, mientras que la masculina era solo un escándalo público. A lo largo del siglo XIX esta situación se convirtió en un elemento de debate público, aunque minoritario. Inicialmente sobre la educación suponía una garantía de su independencia económica y la igualdad de derechos civiles y políticos como los hombres. Pero la lucha fue larga, con la breve excepción de la II República. Las consecuencias afectaron en primer lugar a la familia. La incorporación de la mujer al trabajo remunerado influyó mas en la consolidación de la familia nuclear, y en una mayor independencia de la mujer en el aspecto económico. Esta participación en el trabajo es la base para ir exigiendo mayores cotas de derechos civiles y políticos(sufragismo).

  • la incidencia del proceso de industrialización en Andalucía

    • La revolución industrial andaluza

    En 1856, Andalucía era la segunda región española en cuanto a grado de industrialización. Un siglo más tarde estaba ya prácticamente a la cola, con un índice de industrialización inferior al 50 por 100 del nivel medio español. Mientras que entre 1856 y 1900 Andalucía tenía un índice de industrialización superior a la media nacional en las ramas de alimentación, metalurgia, química y cerámica, a partir de 1915 esta supremacía se redujo a las ramas de alimentación y química. Según los defensores de la llamada teoría de la dependencia, las causas fundamentales del fracaso de la industria y de la economía andaluza a finales del siglo XIX habrían sido las siguientes: en primer lugar, la agricultura andaluza más productiva habría estado siempre vinculada a exportaciones con demanda muy elástica, con lo que nunca habría podido servir como motor de desarrollo, agotándose definitivamente sus posibilidades durante la crisis agraria de la penúltima década del siglo; por otra parte, la minería, que pudo haber servido también como potentísima fuente de acumulación, tampoco lo hizo por su condición de minería de pendiente y de saqueo; en tercer lugar faltó una estructura financiera capaz de canalizar recursos hacia la industria, prefiriendo siempre actividades comerciales, e incluso enterrando cuantiosos recursos en la construcción del ferrocarril; en cuarto lugar, la integración de Andalucía en el mercado nacional, cuando el trazado del ferrocarril estuvo totalmente terminado, había supuesto un duro golpe para la economía de la región al convertirse en una pequeña parte de un territorio mucho más amplio; por último, la Restauración borbónica habría hecho de la oligarquía industrial andaluza una oligarquía fundamentalmente política y residente en Madrid que había potenciado un crecimiento desequilibrado, en el que Andalucía se había especializado definitivamente en actividades agrarias exportadoras, con salarios bajos y altos beneficios para terratenientes, que posteriormente habían sido invertidos en actividades industriales en el centro, en altos salarios y elevada capacidad adquisitiva.

    Hipótesis, en síntesis, para explicar el subdesarrollo económico andaluz:

    Crecimiento poblacional en el siglo XIX que presionará a la baja los salarios en el mercado de trabajo y contribuirá a impedir la sustitución de dicho factor por capital físico.

    Desigualdad en la distribución de la riqueza y renta que desalentará la inversión en industria de bienes de consumo.

    Proteccionismo arancelario que evitará, en la agricultura latifundista, la transformación de los métodos de cultivo y de la propia producción tradicional -salvo los casos del olivar, cítricos y otros cultivos minoritarios respecto al cereal- con lo cual se perpetúa un sistema económico basado primordialmente en la agricultura extensiva y en el empleo de mano de obra.

    La política proteccionista que se fortalece a finales del siglo XIX y comienzo del XX favorecerá la industrialización de las regiones del Norte y desalentará, a la vez, la inversión en regiones cuya ventaja comparativa reside en un capital humano potencialmente productivo.

    Sin embargo, este capital humano empresarial, en el caso de Andalucía, está situado, de forma preferente, en la agricultura, sobre todo por razones de rentabilidad, y el capital humano técnico y laboral en los sectores secundario y terciario es escaso en la medida en que el bajo nivel de renta de la mayor parte de la población se traducía en bajo nivel formativo.

    A los anteriores factores hay rendimientos de la agricultura tradicional en la mayor parte de las provincias orientales, donde el régimen minifundista de propiedad era el dominante.

    • La industrialización andaluza

    Los orígenes de la industrialización andaluza se remontan a la primera guerra carlista(1833-1839)que, al paralizar las forjas pirenaicas y cantábricas, estableció las condiciones necesarias para que surgiera la industria siderúrgica en el sur de la península. En 1833 se encendieron los primeros altos hornos en Marbella, próximos a los excelentes criaderos de hierro magnético de Ojén, y se montaron las primeras forjas de afinación en Málaga. El montaje fue acometido por M. Agustín Heredia, cuya fortuna procedía de la extracción del grafito de la serranía de Ronda durante la guerra de la Independencia, en sus fábricas de “La Concepción” en Marbella y “La Constanza”en Málaga; posteriormente adquirió la fundición de plomo llamada San Andrés en Adra convirtiéndose en 1840 en “el principal ferretero español”. Su ejemplo cundió, Juan Giró creó en 1841 la ferrería “El Ángel” con altos hornos en Marbella y talleres de afinación en Málaga. En 1856 Orueta va a fundar en la Garrucha la fábrica de San Ramón, dedicada a la fundición de hierro y bronce, construcción y reparación de clavos. También en Sevilla, por los años 1833 y 1834, se instalan los altos hornos en el Pedroso, y posteriormente los talleres de construcciones mecánicas Portilla Hermanos and White.

    La minería tuvo una gran importancia, un ejemplo lo constituye la minería del plomo, en lugares como Linares, Granada, Almería,, Jaén, Córdova, etc.

    El proceso industrializador no solo se extendió a los sectores mencionados, sino que abarco diversas actividades industriales. Según la estadística administrativa de la contribución industrial y de comercio, de 1856, Málaga ocupaba el segundo lugar, detrás de Barcelona, en cuanto a importancia industrial, mientras que Sevilla y Cádiz respectivamente, el cuarto y el noveno lugar de clasificación provincial española, excluidas las provincias vascas que en esta época no habían alcanzado su desarrollo industrial posterior.

    Por sectores, Málaga ocupaba el primer lugar según la contribución en las fabricas de jabón y cola y aguardientes; el segundo en los de productos químicos, el tercero en las de fundición de mena de hierro y otros metales, Sevilla ocupaba el primer puesto en vidrio, cristal y loza, Cádiz el cuarto en curtidos.

    Las restantes provincias andaluzas ocupaban destacados lugares en las fabricas de fundición de mena y otros minerales, de productos químicos, de jabón y de cola.

    Paralelamente surgen en los años cuarenta los primeros establecimientos de la industria algonodera en Algeciras y Cádiz. En 1847 se escrituraba la Industria Malagueña S.A., empieza a funcionar en 1846 con capital de las familias Heredia y Larios. En 1858 se crea la empresa La Aurora, vinculada a los Larios. A principios de los setenta Málaga figura como la segunda industria textil.

    A finales del XIX este panorama industrializador había cambiado, aunque subsisten actividades industriales, las industrias base que Andalucía necesitaba para su desarrollo ya no existen.

    Dos tipos de reflexiones cabe hacer a propósito del análisis de las causas que colaboraron en el proceso de desindustrialización y declive económico de Andalucía: De un lado la rotura del equilibrio de la sociedad tradicional en el sector agrario y a la política de liberalización económica llevada a cabo paralelamente a la consolidación del mercado nacional.

    • el fracaso de La industrialización andaluza

    La industria textil en Sevilla, la sociedad formada por Calzada, Munilla y De Stop tenía instalada en 1849 una fábrica al vapor, con 3.720 husos de hilar y 2.648 de torcer, así como 17 telares mecánicos. En Cádiz, se sabe de una importante "Fábrica Gaditana de Hilados y Tejidos de Algodón al Vapor" que, con un capital de tres millones de reales y una plantilla de 250 obreros, funcionó de 1847 a 1869. En Málaga, Heredia y Larios unieron sus esfuerzos para crear, en 1846, la razón "Industria Malagueña, S.A.", que ha permanecido hasta los años 1960. De 1886 en adelante, toman un signo regresivo, las dificultades de los años ochenta, que en Cataluña traen la desacelarión industrial, originan en Málaga la decadencia pura y simple.

    La siderometalúrgica: En 1826, Manuel Agustín Heredia, formó una sociedad para explotar los criaderos de hierro magnético de Ojén, no lejos de Marbella, la factoría a orillas del Río Verde, se proponía la obtención de flejes y planchas para pipería. Como la magnetita de Ojén presentaba muchas dificultades a la fusión por el método tradicional se adopto el método ingles, obtención del lingote al carbón vegetal en Río Verde (fábrica "La Concepción"), afinado y laminado a la hulla en la playa de Málaga (fábrica "La Constancia"). Los altos hornos, hornos puddler y hornos de reverbero de "La Concepción" y "La Constancia" han sido los primeros, con fines civiles, instalados en España. Debido a la primera guerra carlista, hubo paralización de las forjas septentrionales, la demanda se desvió hacia las fabricas del Sur, incluida la fabrica de "El Pedroso", estas fabricas aportaron en 1844 el 72 por 100 de toda la fundición española, la causa de que se cerraran estas y otras fundiciones andaluzas, fue principalmente el fuerte proteccionismo al carbón asturiano.

    El sector agroalimentario: La industria agroalimentaria de la región estaba muy por encima de los niveles medios de la nación. A finales del siglo XIX, perdidas las oportunidades de la siderurgia, del textil y con la minería casi agotada y en manos extranjeras, Andalucía parece volver la vista a las actividades agrarias. Estas son principalmente cuatro, los vinos de Jerez, la uva de Almería, el aceite de Córdoba y Jaén y el azúcar de Málaga y Granada.

    El "sherry”: Entre 1823 y 1873 se multiplicaron por cuatro las exportaciones de sherry. Al final de este periodo se destinaban al cultivo del viñedo unas 7.800 hectáreas, que empleaban entre 8.000 y 10.000 personas, un 20 por 100 de la población de la comarca. La dependencia del sherry de mercados extranjeros, por razones a veces tan fútiles como las reiteradas campañas de prensa desatadas en Gran Bretaña sobre los efectos perjudiciales de su consumo, provocaba con demasiada frecuencia hundimientos de los precios, como los ocurridos en 1863 y 1890, hacían imposible pensar en una base exportadora suficientemente sólida. Su producción se hallaba organizada sobre la base de tres grandes grupos económicos: los cosecheros, los almacenistas y los exportadores que era el grupo mas fuerte en el que apenas cinco casas, Garvey, Domecq y González, exportaban más del 50 por 100 del total. Este ultimo grupo, que hubiera sido el único capaz de desencadenar un proceso de diversificación industrial a partir de una acumulación previa, tampoco pudo hacerlo a causa de que el sistema de crianza exigía dedicar sumas muy cuantiosas a la construcción de grandes bodegas.

    El azúcar: En 1845 se inicia una nueva etapa de florecimiento del cultivo de caña de azúcar en las costas de Málaga y Granada, que alcanza su punto culminante a finales de siglo, coincidiendo con la pérdida de las últimas colonias americanas. Sólo en Granada llegó a haber seis fábricas con una capacidad de molturar 1.280.000 arrobas diarias de caña. En 1900 la totalidad de la Vega de Granada estaba dedicada al cultivo de la remolacha, con una producción anual de 20.000 toneladas de azúcar. Un exceso de capacidad productiva dio lugar a una crisis de sobreproducción que se saldo con la creación en 1904 de la Sociedad General Azucarera, constituida por más del 90 por 100 de las fábricas azucareras de toda España. Después de 1904, la Vega de Granada, la comarca más rica de toda la provincia, fue disminuyendo de importancia progresivamente, de un 95 por 100 en 1885, al 93 por 100 en 1890 y al 60 por 100 1895.

    El sistema político de la restauración: fundamentos doctrinales, funcionamiento y bases sociales e institucionales.

  • El sistema político de la restauración

    • Las bases del sistema político de la restauración

    Para entender el nuevo marco político que surgió en España el 29 de diciembre de 1874, a raíz de la Restauración de la Monarquía Borbónica en la figura de Alfonso XII, debemos retroceder hasta la revolución liberal de 1868. En ese año, la Coalición de Septiembre (formada por unionistas, progresistas y demócratas) destronó a Isabel II y acabó con la oligarquía constitucional en la que se había convertido el sistema político español. Como afirma Fontana, la revolución de 1868 fue un plan perfectamente definido y ejecutado por una serie de políticos ligados al poder económico que querían, con ella, poner remedio a una aguda crisis económica y eliminar los obstáculos que impedían el inicio de una nueva etapa de crecimiento. Sin embargo, la revolución despertó un sentimiento en favor de las libertades democráticas que, para algunos sectores de la sociedad, era incómodo y amenazante. Era necesaria, por tanto, una rectificación, un golpe de timón que recondujera la situación. Con la Restauración, “Cánovas completaba y perfeccionaba la obra iniciada por los Prim, Serrano, Sagasta y compañía. Y el propio Sagasta le ayudaría decisivamente en esta tarea. Al fin y al cabo, revolucionarios de 1868 y restauradores de 1874 (ni muy revolucionarios, los unos, ni muy restauradores, los otros) se sentaban juntos en los consejos de administración de las mismas compañías y tenían unos intereses comunes”.

    En esta misma línea se expresa Gómez Ochoa, para quien “la Restauración no constituyó una operación de signo contramodernizador ni dio paso a un régimen de talante reaccionario. Se trató de un sensible y significativo paso atrás con respecto al orden del Sexenio democrático”. Cánovas intentó encauzar la peligrosa inercia revolucionaria que, en su opinión, se había generado desde 1868, reestableciendo una estructura más conservadora pero, a su vez, adaptable a los nuevos tiempos. En definitiva, pretendía restaurar un conservadurismo moderno que no cayera en los errores del excluyente sistema isabelino. Sin embargo, para muchos ese conservadurismo evolutivo se estancó, e incluso se radicalizó, “describiendo un periplo degenerativo que estuvo en la raíz del Desastre de 1898”. Una vez restaurada la monarquía y frenados los impulsos revolucionarios, Cánovas, desde su ministerio-regencia que ostentaba desde el 31 de diciembre de 1874, puso en marcha los resortes que consolidaran y ayudaran a perpetuar el nuevo status quo, comenzando por convocar, en diciembre de 1875, elecciones a Cortes. En ellas, Cánovas mantuvo el sufragio universal, aprobado en la reforma de 1870, pero aleccionó a los gobernadores en forma poco sutil en el arte de manipular las elecciones: “los agentes y delegados de la administración pública serán neutrales y se abstendrán de intervenir en la lucha electoral con el influjo político que podrían ejercer en otros casos, siempre que aquella se entable entre partidos de la dinastía y del régimen monárquico constitucional”. Con estas premisas, el resultado de las elecciones no distó, como es lógico, del esperado: victoria abrumadora, con el 85% de los escaños, del partido liberal-conservador. Cánovas tenía las manos libres para diseñar su nuevo sistema.

    Uno de los objetivos centrales de Cánovas era aunar a todas las facciones políticas bajo una monarquía constitucional, el mecanismo político que, en su opinión, menos podía dividir a España. Su deseo, en definitiva, era ampliar al máximo “la zona de aquiescencia” a la monarquía constitucional, y qué mejor forma que un sistema bipartidista. En su opinión, el sistema inglés de partidos era el único mecanismo eficaz para una monarquía parlamentaria estable. Sin embargo, los más críticos a este nuevo sistema acusaron a Cánovas de crear artificialmente dos partidos (liberal y liberal-conservador) que, mediante unos “pactos hipócritas se turnarían el poder. Estos pactos apoyados por la manipulación electoral, constituyeron el turno pacífico, que dominó la vida política y la historia de los gobiernos de la Restauración”.

    El sistema bipartidista diseñado por Cánovas necesitaba, como es obvio, un segundo aliado político, de ahí su empeño en reconstruir el partido progresista del Sexenio sobre su base más moderada, personificada en Práxedes Mateo Sagasta, al que deberían unirse los demócratas y los radicales que no comulgaban con el giro republicanista de Zorrilla.

    Por otro lado, Cánovas, partidario de la libertad frente a la igualdad, impregnó al nuevo sistema de su escepticismo en cuanto al papel de la economía de mercado y la tecnología en la generación de riqueza, lo que le llevaba a subestimar “las posibilidades de cambio social que conllevaban la libertad económica y política. Un enfoque (...) que, con toda probabilidad, estuvo en la base de su posterior giro proteccionista de los noventa”. Asimismo, pensaba que las desigualdades sociales eran la prueba más evidente de la libertad. Con estas ideas “era difícil que Cánovas sintiera precisamente entusiasmo por el sufragio universal”. Su aplicación supondría, según su modo de ver, dejar en manos de una mayoría inexperta la suerte de los más capaces.

    De una manera resumida, y siguiendo a Miguel Artola, se podrían identificar dos grandes preposiciones doctrinales del nuevo sistema político diseñado por Cánovas. En primer lugar, la idea del “turno”, con la que el político conservador pretendía no caer en el exclusivismo isabelino que había sido el germen de su propio destrucción. Había que incluir en dos grandes partidos políticos al mayor número posible de opciones políticas, siempre y cuando todas ellas compartieran unos valores fundamentales -el respeto a la monarquía y el capitalismo-. En segundo lugar, la Corona, “mecanismo de seguridad, destinado a contrarrestar cualquier posible intento del partido alternante de prolongar su poder más allá de lo que las circunstancias considerasen correcto”. Todas estas ideas tomaron forma en la Constitución de 1876, “un producto híbrido de la teoría política de los moderados de mediados de siglo y de las prácticas del parlamentarismo inglés” que no fue reformada en los 47 años que duró el régimen político de la Restauración a pesar de ser un texto bastante flexible -o quizá o por ello- donde podían tener cabida reformas democratizadoras.

    La Constitución de 1876 supuso “la vuelta a la fórmula moderada de 1845”, abriendo un proceso de divergencia respecto a las tendencias políticas de los países europeos más desarrollados, y convirtiendo al régimen español en un sistema rígido, basado en un malentendido bipartidismo, representado por una Cortes a la medida de los dos partidos monárquicos, los cuales estaban, a su vez, controlados por la Corona. En este sentido, la nueva Constitución otorgaba amplios poderes al Rey, mucho más allá de su labor moderadora: era la cabeza del poder ejecutivo -aunque de facto era ejercido por el gobierno-, asumía las funciones diplomáticas así como el mando de las fuerzas armadas, compartía, junto a las Cortes, la potestad legislativa, todo ello, además, sin una responsabilidad directa frente a ambas Cámara. En cualquier caso, la Constitución canovista fue un repertorio de derechos y libertades muy lejano al que correspondería a un verdadero Estado social de derecho, con una clara apuesta por el centralismo y el bicameralismo, y con el objetivo básico de garantizar la estabilidad después de “más de medio siglo de pronunciamientos, insurrecciones y guerras civiles”. Pretendía, en definitiva, ser un marco no excluyente en el que se pudieran identificar todos los partidos liberales y monárquicos, con una sola condición: no cuestionar ni al Rey ni a la monarquía.

    2. Los partidos dinásticos: conservadores y liberales

    El nuevo escenario político de la Restauración estaba sustentado en dos grandes pilares: de un lado, el Partido Conservador, donde se agrupaban las principales figuras del centro y de la derecha de liberalismo español; de otro, el Partido Liberal donde se congregaban “personajes del unionismo, del progresismo y la democracia, muchos de los cuales habían destacado (...) en los hechos revolucionarios del Sexenio anterior”. Ambos partidos compartían no sólo su incuestionable apoyo a la monarquía y a la Constitución, sino también unas formas organizativas similares basadas en tres grandes ejes: en primer lugar, una dirección central, radicada en Madrid, donde se esbozaban las líneas maestras y las tácticas políticas; en segundo lugar, una red caciquil jerarquizada que tenía como objetivo conseguir el poder; en tercer lugar, un vehículo de expresión para trasladar sus “programas” al cuerpo electoral y crear una imagen del partido. Tanto conservadores como liberales carecían, sin embargo, de una verdadera estructura de partidos políticos, así como de una organización interna efectiva y de una auténtica ideología que vertebrara sus decisiones, las cuales estaban guiadas, en la mayoría de los casos, por los puros intereses particulares. Eran, en definitiva, partidos de notables, donde las decisiones no se tomaban, ni podían tomarse, en al ámbito de una base orgánica inexistente, sino a iniciativa de sus dirigentes que actuaban en la capital del Estado. Todo ello les hacía aparecer ante la sociedad como los mantenedores de una ficción constitucional basada en el caciquismo. La consolidación de ambos partidos como ejes del sistema político de la Restauración tuvo lugar en la década de los ochenta del siglo XIX. A lo largo de esos años, tanto conservadores como liberales trataron de atraer hacia sí el mayor número de facciones independientes. Los conservadores lograron integrar en su partido a los moderados históricos, herederos de la Constitución de 1845, y a la Unión Católica. Por su parte, los constitucionalistas de Sagasta trataban de acercar posturas con las fuerzas de izquierdas. El primer paso fue el acuerdo con los constitucionalistas de Alonso Martínez que daría lugar al Partido Fusionista, creado en 1880. Más difícil fue el acercamiento a las distintas facciones democrático-progresistas (encabezas por Moret, Cervera y los disidentes reunidos en torno a Cristino Martos). En octubre de 1882 las tres facciones se unieron formando el partido Izquierda Dinástica bajo la jefatura de Serrano. No obstante, la vuelta de los conservadores al poder en 1884 aceleró el proceso de integración entre fusionistas e Izquierda Dinástica, que daría como resultado el nacimiento del Partido Liberal. La muerte de Alfonso XII, sin embargo, hizo tambalear al recién estrenado orden político, y puso en guardia a los partidos monárquicos, conscientes de la amenaza de un levantamiento carlista y de que los republicanos no iban a dejar pasar la oportunidad. La tensa situación se zanjó en el mes de noviembre de 1885 con un acuerdo político entre liberales y conservadores, conocido como El Pacto del Pardo. Según afirma Varela, éste no fue “un acuerdo por el cual los dos Partidos decidieran turnarse en el poder automáticamente en los años siguientes. Fue una tregua que duró exactamente hasta el otoño de 1888. Cánovas se comprometió a aconsejar la entrada de un gobierno Liberal y a prestarle el apoyo de la mayoría Conservadora hasta tanto se hiciesen nuevas elecciones. Por su parte, el Partido Liberal defendería las instituciones monárquicas. El acuerdo se cumplió”. El regreso de los liberales al poder en 1885 hizo posible la plasmación en leyes de buena parte de las conquistas liberales de 1869. A la restauración de la libertad de imprenta dictada el 26 de julio de 1883 por el primer gobierno fusionista, se le unirían, bajo el gobierno largo de Sagasta, la Ley de Asociaciones, de 30 de junio de 1887, que propició el desarrollo del sindicalismo y “creó las condiciones para la incorporación del movimiento obrero en el sistema político”, el restablecimiento del sufragio universal a partir del 26 de junio de 1890 o la ley de juicio por jurado. Como señala Raymond Carr, “fuera de la libertad religiosa, los revolucionarios de Septiembre no podían pedir nada más”. Tras el quinquenio liberal, el partido conservador se hizo con el poder en 1890. En ese año, Cánovas nombró a Silvela ministro de la Gobernación, circunstancia que a la larga supondría un cambio trascendental en el contexto político. Silvela representaba el regeneracionismo dentro del partido conservador y, por extensión, la oposición natural al continuismo de Cánovas. La corriente regeneracionista entró en el partido conservador de la mano del General Polavieja -integrado a las filas conservadoras por el propio Silvela-, quien firmó un manifiesto el 1 de septiembre de 1898 que propugnaba un “cambio del sistema político, basado en la destrucción del caciquismo, la descentralización y la participación de los intereses industriales en las decisiones políticas”. Estas nuevas ideas regeneradoras, unidas a los nuevos problemas que acuciaban al país -tensiones sociales crecientes, regionalismo, la crisis del 98, etc.- avivaron el ritmo político en el último decenio del XIX. La muerte de Cánovas abrió la primera batalla interna por la jefatura del partido conservador. A ella optaban el propio Silvela, con un talante más ético y “sensibilizado ante la realidad del sufragio universal”, y Romero Robledo, bastante menos escrupuloso con las prácticas electorales. La victoria del primero puso de manifiesto la receptividad del partido conservador frente a los nuevos valores que estaban emergiendo en la sociedad española, fundamentalmente desde el movimiento intelectual y el movimiento obrero. Sin embargo, la retirada de Silvela de la escena política en 1903, tras una breve legislatura caracterizada por los continuos y duros enfrentamientos con la oposición, reabrió el problema de liderazgo en las filas conservadoras. En esta ocasión, dos facciones se disputarían la jefatura: de un lado, los afines a Maura y, de otro, los villaverdistas (encabezados por García Alix, González Besada, Bugallal y Alba). La falta de conexión de estos últimos con las bases del partido dejó en manos de Maura la jefatura conservadora. Antonio Maura, que se haría con el poder por primera vez en diciembre de 1903, intentó seguir la línea regeneracionista iniciada por Silvela. Ambos políticos conservadores tenían varios puntos en común pero el principal, quizá, era su creencia en la necesaria y profunda reforma del sistema político vigente, enraizado en un caciquismo endémico que sustentaban unos “partidos parásitos”. Ambos abogaban por una reforma desde arriba. Había que cambiar las reglas del juego político, y a ellos les correspondería esa tarea. Su programa social, en cambio, era mucho menos ambicioso. El gran objetivo de Maura era conseguir el buen funcionamiento del sistema monárquico-parlamentario de la Restauración, para lo que era imprescindible, en primer lugar, acabar con el caciquismo (lo que pasaba por la reforma de la administración local), en segundo lugar, moralizar el régimen y, por último, ampliar selectivamente sus bases. El propósito era, en definitiva, blindar el sistema de la Restauración, sentando las bases que perpetuaran su dominio, evitando así el peligro de una revolución desde abajo abanderada por anarquistas y libertarios. Para ello, no dudo en intentar “ampliar la base de la Monarquía: hacia la derecha, tratando de incorporar al partido conservador el catolicismo y los grupos de presión económicos; hacia la izquierda, buscando las bases del republicanismo o, simplemente, las clases sociales marginadas del juego político”. El problema estribó en el estricto encorsetamiento a que sometió tal objetivo: la Constitución de 1876. No obstante, para llevar a la práctica su plan regenerador, Maura necesitaba el apoyo de la Corona -con el que pudo contar, en un principio, fundamentalmente porque al Monarca le sedujo la idea que le propuso el propio líder conservador de participar más activamente en el juego del poder- y el de los liberales. Estos últimos, por su parte, además del problema sucesorio que se había abierto con la muerte de Sagasta en enero de 1903, tenían la urgente necesidad de dar contenido a su nuevo programa una vez que sus aspiraciones tradicionales habían sido logradas en el gobierno largo. En este sentido, la movilización de los electores y la acción social constituyeron dos de los principales pilares del nuevo programa liberal. Por lo que se refiere a la jefatura del partido, ésta se disputaba entre Montero Ríos, de postura más conservadora, y Moret, partidario de un acercamiento a los republicanos. La posibilidad de retomar el poder, tras la dimisión de Maura en 1905, aceleró el consenso entre monteristas y moretistas. El acuerdo entre ambas facciones se basaba en la aceptación como jefe indiscutible del Partido Liberal a aquel a quien el rey otorgara su confianza para sustituir a los conservadores. El elegido fue Montero Ríos. Sin embargo, su negativa a promulgar una ley que facultara a los tribunales militares para juzgar y sancionar los delitos contra la bandera, la patria y las instituciones -a raíz de los rebrotes catalanistas- precipitó su dimisión dejando el poder en manos de Moret. El enfrentamiento de Moret con el rey, al negarle éste el decreto de disolución, propició la caída del político liberal. El monarca decidió entonces agotar el crédito del partido liberal nombrando como jefes del Consejo de Ministros primero a López Domínguez y después al marqués de la Vega de Armijo. Tras estos dos fugaces gobiernos, y con un partido liberal descompuesto en luchas intestinas entre Moret y el nuevo aspirante, Canalejas, Alfonso XIII decidió entregar el poder por segunda vez a Maura en enero de 1907.

    De nuevo en el poder, Maura retomó su reforma desde arriba, que incluía la modificación de las conquistas liberales en aras del orden público. La reacción de Moret fue inmediata, ofreciendo a los republicanos una alianza liberal para derribar a Maura. El resultado del tal ofrecimiento fue el nacimiento, en noviembre de 1908, del Bloque de Izquierdas, que nació con el único objetivo de desalojar a Maura del gobierno. Sin embargo, el origen de la caída del segundo gobierno de Maura debe vincularse a los acontecimientos ocurridos en la Semana Trágica, y más concretamente a la negativa de éste a conceder el indulto a Francisco Ferrer y Guardia, director de la “Escuela Moderna”. Con una crisis ministerial imparable, y con la popularidad de Maura bajo mínimos por los sucesos de Barcelona, el líder conservador elevó una cuestión de confianza al Rey que, para su sorpresa, fue interpretada por el monarca como una oferta de dimisión. Alfonso XIII vio en los liberales la posibilidad de restablecer la calma y parar la creciente violencia social y el peligro de revolución que Maura, con sus actuaciones, estaba generando. Maura no dudó en acusar a los liberales como causantes de esa ofensa monárquica. La intermediación de Dato para aplacar la animadversión de Maura contra los traidores liberales fracasó estrepitosamente y acabó por enfrentar a ambos políticos conservadores. Se formaban así dos facciones conservadoras irreconciliables: los partidarios de Maura y los conservadores ortodoxos partidarios de Dato. El gobierno conservador fue sustituido por un nuevo gabinete liberal presidido por Moret, quien tan pronto llegó al poder planteó una estrategia de acercamiento a las filas republicanas. Sin embargo, sus socios en el Bloque de Izquierdas, una vez conseguido el objetivo de desalojar a los conservadores del poder, declinaron el ofrecimiento de Moret constituyendo, el 7 de noviembre de 1909, la Conjunción Republicano-Socialista. Además, la estrategia del líder liberal de acercamiento a las filas republicanas incomodó al rey, quien decidió retirarle la confianza entregándole el poder a Canalejas, aún cuando su grupo parlamentario (el partido democrático-monárquico escindido del liberal en 1907) contaba sólo con un número exiguo de votos en el Parlamento. Con el aval del monarca, Canalejas logró la mayoría gracias al apoyo de los liberales que no dudaron en abandonar a Moret. Tras el fracaso de Moret, Canalejas tuvo que “recomponer el Partido Liberal”, poniendo en marcha una política intervencionista -con vistas a proteger al trabajador- y anticlerical. La llegada de Canalejas supuso un cambio en la política liberal de la Restauración, un viraje hacia el intervencionismo y las reformas sociales con el objetivo de que el Estado garantizara la igualdad en las relaciones individuales (a diferencia de Cánovas para el que primaba la libertad sobre la igualdad), como única forma de evitar una nueva revolución social: “Canalejas era el mejor representante del neoliberalismo que, en nombre de la justicia y el miedo a la revolución, justificaba el deber del Estado de intervenir en pro de los más débiles y su derecho a restringir el derecho de propiedad individual. Pero no era el único y, al igual que en toda Europa, el movimiento fue común a liberales y conservadores”. Asumiendo esas nuevas ideas, Canalejas intentó renovar el Partido Liberal con el objetivo de alejarle del tradicional individualismo económico pero siempre dentro del sistema, pues pensaba que esos nuevos principios tenían cabida en la Constitución de 1876 y en el marco político de la Restauración, razonamiento que no era en ningún caso compartido por las fuerzas políticas de izquierdas (republicanos y socialistas) a las que iba dirigida la oferta de reformismo social del político liberal. La estabilidad alcanzada en el trienio 1910-1912 hizo pensar en la posibilidad de una segunda etapa de turno pacífico, personificado ahora en el binomio Maura-Canalejas. Sin embargo, el asesinato del líder liberal por un anarquista el 12 de noviembre de 1912 volvió a remover los fantasmas del pasado, dando paso a la quiebra definitiva del sistema bipartidista.

    3. Las otras fuerzas políticas

    El entramado político de la Restauración no se reducía, sin embargo, a la convivencia de dos grandes fuerzas políticas (liberales y conservadores), que se alternaban pacíficamente en el poder, sino que se completaba con otras fuerzas o movimientos ideológicos que representaban una alternativa al sistema monárquico-constitucional canovista y trataban de recoger las nuevas aspiraciones de una sociedad en plena transformación.

    • Los Republicanos

    A lo largo de los primeros años del siglo XX el republicanismo se va a convertir en el principal contrincante político del sistema canovista de turnos, a pesar de contar con dos grandes inconvenientes que le impidieron adoptar un protagonismo político más notorio y alcanzar un mayor arraigo social. El primero de esos pasivos lo constituyó su asimétrica implantación geográfica. La ideología republicana encontró su mejor, y casi único, acomodo en las clases medias urbanas, ya que la reducida importancia que tenían las reformas sociales en sus programas impidió contar con el apoyo de la clase obrera. Además, la ausencia de una auténtica política nacional, impidió la difusión de las ideas republicanas fuera de las ciudades. El segundo aspecto que limitó en gran medida el desarrollo político y social de la ideología republicana lo constituyeron las notorias disensiones internas que se producían habitualmente en sus filas. A finales del XIX existían tres grandes facciones republicanas: los centralistas de Salmerón, los progresistas de Ruíz Zorrilla y los federalistas de Pi y Margal. La muerte de los líderes de las corrientes progresista (en 1895) y federalista (en el año 1901) dejó a Salmerón como el único representante de un republicanismo unitario que, sin embargo, excluía a las facciones disconformes representadas por el federalismo y por el progresismo. Esta aparente unidad quedó rota, a pesar del éxito electoral de 1903, por la decisión de Salmerón de coaligarse con Solidaridad Catalana -en 1906-. Algunas de las principales figuras del republicanismo, como Lerroux, Azcárate o Melquiades Álvarez se distanciaron de la dirección puesto que “no estaban dispuestos a seguir a Salmerón en una alianza sin principios”. Esta circunstancia, unida al estancamiento republicano fuera de las ciudades, propició una nueva escisión dentro del partido, surgiendo dos nuevas tendencias: por un lado, el republicanismo revolucionario, heredero del progresismo de Zorilla y personificado en Lerroux, y, por otro, el republicanismo evolucionista moderado bajo la jefatura de Azcárate y Melquiades Álvarez. Esta otra cara del republicanismo, que repudiaba la retórica revolucionaria de Lerroux, dará lugar, en 1912, al Partido Republicano Reformista. Los dos líderes del Partido Reformista “pretendían una democratización de la Monarquía desde dentro, porque a la inversa de los republicanos y socialistas creían posible la democracia dentro de la Monarquía de Alfonso XIII: de ahí que la corriente fuera denominada nuevo posibilismo”. En otras palabras, siguiendo a Antonio María Calero, la ideología reformista de Melquiades Álvarez y Azcárate creía compatibles, al igual que los ideólogos que inspiraron la Constitución de 1869, la monarquía y la democracia. Los reformistas abogaban por la reforma de la Constitución, a diferencia de los republicanos y socialistas que veían necesaria una nueva que condujera al establecimiento de la República, con el objetivo de favorecer un cambio de rumbo político que adecuara el sistema de la Restauración a los vertiginosos cambios que se estaban produciendo en la realidad española, fundamentalmente a raíz de la primera guerra mundial. El Partido Reformista representaba una corriente monárquico-democrática que defendía la soberanía nacional efectiva, reservando a la corona un papel de moderador en la vida política. La reforma agraria, la mejora de la situación de la clase trabajadora -para frenar la lucha de clases- y un programa moderado de reforma política y social constituían los puntos clave de su programa.

    • El movimiento obrero

    El movimiento obrero se va a convertir, fundamentalmente desde finales del XIX, en la oposición política de más alcance desde un punto de vista ideológico y programático, ya que no sólo va a cuestionar el sistema de la Restauración, como podían hacer los republicanos, sino también la estructura de relaciones de producción existente en aquellos momentos. Siguiendo a Miguel Martínez Cuadrado, tres son los hechos con los que se podría relacionar más directamente el tardío surgimiento del movimiento obrero en España: en primer lugar, la llegada al poder del primer gobierno liberal-fusionista en año 1881; en segundo lugar, la ley de prensa, adoptada en 1883, que dotó al movimiento obrero de un importante instrumento de acción y de movilización de masas; en tercer lugar, la aprobación de la ley de Asociaciones en 1887, que reconocía el derecho a la libertad sindical.

    En nuestro país, el movimiento obrero estuvo representado por dos grandes corrientes ideológicas: el anarquismo y el socialismo. El anarquismo arraigó con fuerza en la región andaluza, quizá porque era el único movimiento que se atrevió a asumir como suyas las reivindicaciones de los trabajadores agrarios andaluces, que no eran otras que la desaparición del trabajo a destajo, el incremento de los salarios y el reparto de las grandes fincas. Aún así, el gran centro neurálgico del anarquismo español, y quizá europeo, de aquellos años fue Cataluña. La extensión del anarquismo en la región catalana, aunque en este caso quizá sería más correcto hablar de anarco-sindicalismo, tuvo su más claro exponente en el sindicato C.N.T. (Central Nacional de Trabajadores). Nacida en 1911, la C.N.T. consiguió dotar al anarquismo de la doctrina sindicalista de la que carecía y, a la vez, logró que los militantes anarquistas se sintieran identificados con el sindicalismo. Sin embargo, las profundas diferencias de fondo entre ambas corrientes limitaban en gran medida la capacidad de acción social del movimiento anarco-sindicalista, cuya unidad se resentía frecuentemente perdiéndose en debates estériles sobre tácticas huelguísticas. Solamente “la intransigencia de los patronos y la imprevisible represión gubernamental” actuaban como nexo de unión entre ambas facciones, limando los problemas derivados de la difícil convivencia entre sindicalismo y anarquismo que exigía la C.N.T.

    Por su parte, el arranque del socialismo en España debemos situarlo a finales de la década de los setenta del siglo XIX. En el primer congreso del recién creado Partido Socialista, celebrado en el año 1888, que hizo las veces de constituyente dadas las especiales condiciones de su creación, se establecieron las líneas programáticas del partido, marcándose como objetivo “la completa emancipación de la clase trabajadora, es decir, la abolición de todas las clases sociales y su conversión en una sola de trabajadores dueños del fruto de su trabajo, libres, iguales, honrados e inteligentes”. El movimiento socialista alcanzó un gran desarrollo a finales del siglo XIX y durante el primer lustro del XX, entrando en una etapa de crisis a partir de 1905 debido, fundamentalmente, tanto a su falta de planificación -como muestra el hecho de que un buen número de huelgas auspiciadas por los socialistas acabaran en fracaso- como a su incapacidad para hacerse oír en el sistema caciquil de principios de siglo. El renacimiento del movimiento socialista tuvo lugar a partir de 1909, coincidiendo con su alianza con los republicanos para combatir a Maura. Además, la postura abiertamente contraria a la guerra con Marruecos que mantuvo su figura más destacada, Pablo Iglesias, se tradujo en un notable incremento de la popularidad social del Partido Socialista.

    • Movimientos nacionalistas, el catalanismo y el nacionalismo vasco

    El catalanismo fue, sin duda, el principal movimiento nacionalista que surgió en la España de la Restauración. Se trató de un movimiento heterogéneo en el que tuvieron cabida tanto las derechas como las izquierdas, que sentó sus bases en las doctrinas trazadas por Almirall, quizá la figura más importante del catalanismo a finales del XIX, en su fracasado intento de crear un gran partido catalán. El catalanismo, en sus orígenes, bien podía confundirse con las reivindicaciones del regionalismo moderado. Sin embargo, con el cambio de siglo, básicamente a raíz de los desastres de 1898, “se convirtió en un instrumento del nacionalismo radical”. Ese nuevo catalanismo, cada vez más nacionalista y menos regionalista, se basaba en dos grandes premisas: de una parte, la creencia de que España era un Estado decadente dirigido por unos políticos que únicamente se preocupaban por sus intereses particulares y, de otra, el rechazo al sistema liberal, afrancesado y obsesionado por el centralismo y la uniformidad. La aparición, a finales del XIX, de una nueva figura dentro del catalanismo, Enric Prat de la Riba, supuso el comienzo de una nueva etapa dentro del movimiento nacionalista catalán. Su objetivo, como el de Almirall, era crear un gran partido catalán para evitar que el catalanismo se quedara reducido a una lucha marginal de un grupo minoritario de intelectuales. Su propósito, en definitiva, era acercar la ideología catalanista al pueblo y, para ello, contó con la ayuda inestimable que le proporcionó el desastre de 1898. La entrada en política del catalanismo se produjo a través de la puerta del gobierno conservador de Silvela, lo que provocó el disgusto y el consiguiente boicot de la izquierda catalana. Los partidarios de acercarse a la política por la derecha, cansados del bloqueo izquierdista, se unieron en vísperas de una elecciones en las que obtuvieron una amplia mayoría. De esta victoria electoral nació la Lliga Regionalista, presidida por Prat de la Riba y con Cambó como su representante a escala nacional. Desde entonces, la lucha política de Cataluña se limitó al enfrentamiento entre la Lliga y los republicanistas radicales de Lerroux (izquierdistas). La presencia de Cambó en la Lliga, cuyo programa se sustentaba en una campaña propagandística y de acción política en favor de la autonomía regional, convirtió a esta nueva fuerza política en un importante instrumento de presión, bien organizado y respaldado económicamente. Sin embargo, la estrategia del propio Cambó de pactar con Maura en el año 1904 una autonomía regionalista acabó por escindir a Lliga. En cualquier caso, el reconocimiento entre todas las facciones catalanistas de que sus aspiraciones sólo alcanzarían el éxito esperado mediante una concentración de fuerzas llevó, en febrero de 1906, a crear Solidaridad Catalana que, no obstante, también fracasó en su intento de obtener una autonomía regionalista para Cataluña. A pesar del fracaso de Solidaridad Catalana, la Lliga seguía siendo el único instrumento eficaz del catalanismo, dada la escasa cohesión de la izquierda catalana (representada por Lerroux y el recién creado Unió Federal Nacionalista). Ante la imposibilidad de conseguir de un golpe la autonomía regional, la Lliga comenzó una guerra de trincheras, cuyo primer objetivo era alcanzar el poder político a escala local. Esto se logró con la concesión de la Mancomunidad (Real Decreto de diciembre de 1913), la principal -y quizá única- victoria de la Lliga. En cualquier caso, el programa del catalanismo moderado que propugnaba la Lliga, sustentado en la defensa de una lengua y cultura catalanas, no llegó a cuajar entre la clase obrera -muchos trabajadores ni siquiera hablaban catalán-. Esta circunstancia posiblemente tuvo mucho que ver con su fracaso.

    Para terminar, no podemos dejar de citar el otro gran movimiento de autogobierno de finales del XIX: el nacionalismo vasco. El nacionalismo vasco, que tenía a Sabino Arana como figura más representativa y al Partido Nacionalista Vasco, fundado en 1894, como su representante en la escena política, fue mucho más radical que el catalán -llegaba incluso desaconsejar el matrimonio con los no vascos-, y propugnaba una independencia completa de un Estado español completamente indiferente a sus problemas. Además era “violentamente católico” y anti-liberal.

    • El movimiento intelectual y las fuerzas antiparlamentarias

    El grupo de contrarios y disconformes con el sistema de la Restauración, considerado por todos ellos como caduco, inviable y causante de todos los problemas, se completaba con el movimiento de los intelectuales y con las fuerzas de la extrema derecha. El máximo representante del regeneracionismo radical de los intelectuales fue Joaquín Costa. Su programa abogaba por la involución del sistema por parte de las clases neutras para favorecer la implantación en España de la democracia parlamentaria, intento en el que los liberales, guiados por oligarcas y caciques, habían fracasado. El objetivo último de Costa era crear un tercer partido independiente para poder plasmar en el campo político sus ideas regeneradoras. En este sentido, su primer paso fue la creación, en febrero de 1899, de la Liga Nacional de Productores que, a comienzos del año siguiente, se adheriría a la recién creada Unión Nacional. Con la creación de la Unión Nacional se pretendía movilizar a las clases productoras contra los oligarcas, incapaces, según ellos, de poner en marcha la necesaria modernización del país. Sin embargo, la falta de cohesión interna de la Unión Nacional precipitó su fracaso, puesto que los comerciantes de Paraíso y los agricultores de Costa apenas sí tenían puntos en común como para guiar un movimiento de regeneración. Asimismo, el movimiento intelectual apenas caló en la vida social y política de principios de siglo, por lo menos hasta el comienzo de la dictadura de Primo de Rivera, básicamente por dos razones: de un lado, por su heterogeneidad, si bien todos compartían la necesidad de un cambio profundo para solucionar el problema de España (aunque las soluciones caminaron más por el campo de la teoría que por un programa práctico que pudiera incorporar a las masas) y, de otro, por la indiferencia de la sociedad española ante las cuestiones intelectuales. Por último, y para completar el espectro político de la Restauración, deberíamos añadir a las fuerzas de la extrema derecha, esto es, el carlismo, el catolicismo político y el maurismo más radical. Estos partidos representarían los movimientos políticos “donde más eco encontraron las diatribas antiparlamentarias”, todos ello con el denominador común de su carácter minoritario, de su defensa a ultranza del catolicismo y su pánico a la revolución social.

    Caciquismo

      Las palabras «cacique» y «caciquismo» parecen haberse aplicado desde época muy temprana para designar el dominio ejercido por las oligarquías locales sobre sus convecinos. Que estas oligarquías influyeran en el desarrollo del mecanismo electoral era la consecuencia lógica de tratar de imponer una superestructura política nueva a una sociedad que no se había transformado en lo esencial. El control ejercido por los caciques sobre los votantes (o sobre las votaciones, que en ocasiones se fraguaban sin preocuparse por los votantes) llegó a tal perfección que hizo posible montar en España el sistema de partidos turnantes de la Restauración, fingir las apariencias de una democracia parlamentaria que no era más que «paisajes de papel pintado» y llegar a implantar el sufragio universal, en 1890, sin perder los resortes que permitían fabricar los resultados de las elecciones desde el ministerio de Gobernación.

    El sistema empezó a perder eficacia a medida que determinadas zonas (en especial las ciudades) se desarrollaban económicamente, rompían sus viejas estructuras sociales y cobraban conciencia política. Así sucedió en Barcelona a partir de 1901, con la toma de conciencia de la burguesía industrial, o en Asturias, feudo tradicional de la familia Pidal, en donde los mineros y el proletariado industrial consiguieron enviar a las cortes a una serie de diputados socialistas. El período de inmovilidad de la dictadura de Primo de Rivera fue fatal para el mecanismo caciquil, que acabó enmoheciéndose y se hundió estrepitosamente en las elecciones de abril de 1931, mostrándose incapaz de controlar ya ninguna gran ciudad española.

    La estructura de la maquinaria caciquil era bastante sencilla: en la cima se hallaban los «oligarcas» de Madrid, los jefes de facción parlamentaria y sus lugartenientes; grupos que fingían ser partidos políticos, pero que no eran más que asociaciones de intereses, y en ocasiones poco más que grupos familiares (en las cortes de 1912, once familias reunían 56 diputados, un 15% del total, sin contar a sus amigos y allegados). Se dirigía desde el ministerio de Gobernación y por conducto de los gobernadores civiles, que servían de elemento de relación entre Madrid y los caciques «de mayor y menor cuantía, locales, cantonales, provinciales y regionales».

    El cacique propiamente dicho solía contentarse con cargos municipales o provinciales, desde los cuales mantenía el control directo de su cacicazgo, gracias al apoyo incondicional de las autoridades, la fuerza pública y el poder judicial, que eran la contrapartida que el gobierno le ofrecía por su sumisión electoral. Los cacicazgos podían estar enfeudados a un prohombre político (generalmente un gran propietario de la región) o estar a libre disposición del gobierno, que determinaba mediante el «encasillado» los puestos que debían recaer en los candidatos de su grupo y los que debían cederse a la oposición, cuyos derechos eran caballerescamente respetados. Normalmente las elecciones se desarrollaban sin violencias, ya que los votantes rurales se prestaban a seguir las instrucciones del cacique: así, en las elecciones de 1907, mientras en Madrid el porcentaje de votantes resultaba inferior al 40%, en el distrito de Illescas ascendía a más del 90%, lo que permitía al duque de Alba salir triunfante por 10.382 votos a favor y cuatro en contra. Sólo si la persuasión se mostraba insuficiente se recurría a la fuerza (intimidación o encarcelamiento de los votantes disconformes), al fraude (falsificación de actas, votación masiva de los muertos) o a la compra de votos. Sin embargo, por regla general bastaba con el temor a hacer frente al cacique, quien tenía a su favor al gobernador, a la guardia civil y a los jueces, y podía castigar duramente a los disidentes.

    La naturaleza meramente superestructural del sistema hizo posible que los mismos hombres que lo empleaban se desahogaran cómodamente contra él, haciendo hermosas frases de moral política, que les permitían eludir el análisis de los problemas económicos y sociales de base. En época tardía, ya en plena dictadura, Romanones confesaba que «el caciquismo es el resultado de la estructura social antes que de la política» y sugería que en él tenía una influencia decisiva «el régimen de la propiedad», lo que le constaba por propia experiencia, ya que su dominio político sobre Guadalajara se basaba en sus grandes propiedades en aquella provincia. Más lúcido aún, Sánchez de Toca señalaba en 1911 que las fuerzas operantes de auténtica importancia debían buscarse en las alturas, en los grupos económicos que influían directamente sobre los gobiernos, aunque lo que impresionase más la imaginación popular fuera la oligarquía caciquil «que los enfeuda sobre todas las cosas de su vida cotidiana, disponiendo de juzgados, audiencias, gobernadores civiles, diputaciones provinciales, alcaldías y reales órdenes de la administración central como de instrumento suyo».

    El cacique se convirtió en una especie de chivo expiatorio de la sociedad y la política españolas, y las diatribas contra el caciquismo (sólo unas pocas voces trataron de defenderlo, diciendo que no falseaba la opinión, sino que la fingía allí en donde no existía) vinieron a encubrir hechos y realidades muy diversos. El verdadero estudio del caciquismo ha de hacerse dentro de un estudio general de la economía, la sociedad y la política españolas; considerándolo como su consecuencia y no como causa determinante.

      

    Alcalá Zamora, Niceto

     (Priego de Córdoba 1877-Buenos Aires, Argentina, 1949) Abogado y político español. A los 22 años era oficial letrado del Consejo de estado y desde su juventud militó en el Partido liberal monárquico. Diputado en 1905, en 1917 fue ministro de Fomento del gobierno de García Prieto y cinco años después ministro de la Guerra en el gabinete de concentración liberal encabezado por el mismo presidente. Si bien acogió con cierto beneplácito la llegada de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, luego se enfrentó a ella y en abril de 1930 declaró su fe republicana en un discurso pronunciado en Valencia que atrajo hacia las filas del nuevo régimen la adhesión de amplias masas burguesas y conservadoras. Asimismo, participó en la reunión que dio pie al pacto de San Sebastián y presidió el comité revolucionario que, tras las elecciones celebradas en abril de 1931, se hizo cargo del poder a la caída de la monarquía. Sin embargo, su acérrima oposición a los artículos insertos en el proyectado texto constitucional relativos a las relaciones del estado con la Iglesia determinó su salida del gobierno en noviembre de ese mismo año, decisión en la que le secundó Miguel Maura. Un mes después, con la intención de apartarlo de su anunciada campaña revisionista, fue elevado a la presidencia de la república, pero no supo obrar con la necesaria independencia de criterio que exigía el cargo y, en medio del caos reinante, se enfrentó primero a la izquierda y más tarde a la derecha y remató su política intransigente con la disolución anticonstitucional de las segundas cortes republicanas. Finalmente, el triunfo electoral del Frente popular supuso un fracaso en la estructuración de un grupo «neutralista» en el que había puesto todas las esperanzas de su futuro político. Una vez reunidas las nuevas cortes, éstas decidieron la destitución de Alcalá Zamora por haber rebasado el número de disoluciones contemplado en la constitución para un solo mandato presidencial. Emigró a Argentina y allí escribió varios libros.

       

    Maura, Antonio

      (Palma de Mallorca 1853-Torrelodones 1925) Político español. Hijo de una modesta familia de comerciantes de Palma, se trasladó a Madrid (1868) para cursar estudios de derecho. Se inició en la vida política bajo la protección de su cuñado Guzmán Gamazo, una de las principales figuras del Partido liberal, y en 1881 fue elegido diputado por Palma. Desde este momento, aparte de consolidar su prestigio como abogado, participó activamente en las luchas políticas.

    Vicepresidente del congreso en 1886, se forjó como orador y expuso las directrices básicas de su futura actuación durante la etapa del gobierno liberal que acabó en 1890. Siempre unido a Gamazo en sus maniobras de enfrentamiento y aproximación respecto a Sagasta, en 1892 fue encargado de la cartera de Ultramar. Presentó un proyecto de autonomía de Cuba y Puerto Rico, para asimilar y desarmar al creciente movimiento secesionista, pero chocó con la oposición de los conservadores y de un amplio sector de los liberales y, al no prosperar, dimitió.

    De nuevo, en 1895, participó en el gabinete de Sagasta como ministro de Gracia y Justicia, pero la rápida caída del gabinete le impidió impulsar sus reformas. Ante la crisis del 98, adoptó una actitud de crítica y censura contra las prácticas políticas de la Restauración y elaboró un programa reformista, en el que consiguió incorporar buena parte de las propuestas del regeneracionismo. Predicó una moralización radical y una honestidad política que dieran vitalidad a las corrompidas estructuras de la administración y que convirtieran en realidad la ficción de un estado liberal. Confiaba en que todas estas reformas podían realizarse mediante una amplia labor legislativa realizada por un gobierno que supiera mantener enérgicamente el principio de autoridad. Mostraba asimismo la urgencia de esta política reformista, que formuló como "revolución desde arriba", si se quería evitar el desencadenamiento de un proceso revolucionario.

    A pesar de los elementos utópicos y contradictorios, este programa, en el que sobrevaloraba la capacidad transformadora de reformas estrictamente jurídicas, fue eficaz instrumento de movilización de los grupos conservadores, y Maura se convirtió en una figura capital de la vida política del país durante la primera década del siglo XX. Escindido el grupo gamacista del Partido liberal y fallecido poco después Gamazo, Maura se erigió en jefe de este grupo.

    Tras el acuerdo con Francisco Silvela, se incorporó con sus partidarios en el Partido conservador (1902) y formó parte del gabinete presidido por aquél como ministro de Gobernación. Encargado de dirigir las elecciones de 1903, la suspensión de las sesiones de cortes, las formas autoritarias con que quiso terminar con las bases locales del caciquismo, sustituyéndolo por otro de signo maurista, y la brutal represión de las agitaciones estudiantiles desencadenaron una violenta oposición en contra de Maura. A pesar de los esfuerzos realizados para garantizar la sinceridad electoral, de hecho se fabricó la acostumbrada mayoría del partido gobernante, aunque en las principales ciudades triunfaron las candidaturas republicanas.

    A fines de 1903, al dimitir Silvela como jefe del gobierno y del Partido conservador, Maura fue aclamado como líder del partido y, poco después, era encargado de formar gobierno. Intentó iniciar su programa reformista, pero las intromisiones de Alfonso XIII en las cuestiones de gobierno lo enfrentaron con el monarca y dimitió a fines de 1904. Llamado de nuevo en 1907, durante su larga permanencia en el poder, conocido como "gobierno largo", llevó a cabo una amplia reforma legislativa (ley electoral, ley de comunicaciones marítimas, ley de huelgas, ley de colonización interior, etc.) en la que destaca el proyecto de reforma de administración local, una de cuyas consecuencias fue provocar la ruptura de Solidaridad catalana. Creó una serie de instituciones de asistencia social, fomentó las relaciones internacionales en vistas de garantizar la penetración española en Marruecos, pero todo ello no hizo más que poner en evidencia los límites de estas reformas al no enfrentarse con los cambios estructurales.

    En las elecciones de 1907, para garantizar una amplia mayoría, no dudó en utilizar las tradicionales formas corrompidas, y el autoritarismo empleado en numerosas acciones de gobierno desencadenó un amplio malestar que afloró a la superficie con motivo de la aprobación de la ley del terrorismo. La brutalidad y dureza con que castigó a los supuestos responsables de la Semana trágica barcelonesa (julio 1909) provocó una violenta reacción nacional e internacional contra Maura, que le obligó a dimitir (octubre) y significó su ruina definitiva como político (campaña del "¡Maura, no!").

    Ante el reto de la izquierda, se vio apartado sistemáticamente del poder y se produjo el fraccionamiento del Partido conservador. Sólo una pequeña minoría aceptó de forma incondicional su jefatura, pero ante la insuficiencia de aquella batalla como instrumento del gobierno, se retiró de la política activa. A pesar de ello, en 1918 presidió un gobierno de concentración nacional y, al año siguiente, un gabinete conservador; todavía en 1921, ostentó la presidencia del gobierno, pero su gestión, de escasos resultados y sin la convicción y energía de sus primeras etapas de gobierno, se vio envuelta en la crisis total del sistema que a comienzos del siglo había intentado regenerar (Real academia española, 1902).

    • La constitucion de 1876

    La gestación de la Constitución se inicia ya en 1875 al margen de las Cortes. Una asamblea de ex senadores y ex diputados monárquicos, elegidos por el propio Cánovas, encargó en mayo la elaboración de un borrador a una comisión encabezada por Manuel Alonso Martínez (1827-18911 fue un eminente jurista y experto en legislación que inició su carrera política en 1855 como ministro de Fomento. Apartado de la política durante el Sexenio, en 1876 encabezó la comisión que elaboró el texto constitucional. Más tarde fue ministro en los gobiernos de Sagasta, y participe en la redacción de algunas de las más importantes leyes de la época, como ladel jurado o el Código de Comercio. También lue presidente del Congreso de Diputados)

    Ni que decir tiene que el texto recogía el proyecto político de Cánovas; de hecho, la reunión de notables fue el origen del Partido Liberal Conservador, inspirado por él mismo. En diciembre se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes . Por sufragio universal, tal como establecía la carta vigente de 1869, en Un nuevo intento de respetar al máximo la legalidad. En la práctica, sin embargo, las elecciones fueron ya manipuladas desde el Ministerio de la Gobernación por el ministro Romero Robledo, para asegurar una amplia mayoría canovistas e inaugurar así lo que seria la práctica electoral típica de la Restauración. Con una elevadísima abstención, superior al 45%, 331 de los 391 diputados elegidos eran gubernamentales. No es extraño que el texto presentado por Cánovas fuera aprobado sin grandes cambios.

    El camino hacia la pacificación se consolida en 1875 con el aumento del esfuerzo militar en el Norte, que permite primero la caída de la zona carlista catalana y, a lo largo de 1875, el estrechamiento del cerco del núcleo navarro y vasco, hasta concluir con su rendición en marzo de 1876 (Manifiesto de Somorrostro).

    • Las organizaciones obreras y campesinas

    El socialismo español:

    El Partido Demócrata Socialista Obrero Español reclamará la desaparición de las clases sociales y la emancipación de los obreros, pero también la toma del poder político por parte dela clase trabajadora. Su influencia no alcanzará la del anarquismo.

    Los socialistas quieren vincular desde el principio la acción sindical con la política. Tras el congreso de Barcelona se nombra un comité nacional y envía un delegado al congreso de París del que surgirá la II Internacional.

    La Unión General De Trabajadores

    La UGT en un principio cuenta con un escaso número de afiliados y se propone como objetivo principal mejorar las condiciones de trabajo.

    No dispone apenas de medios para que aparezca regularmente su periódico La Unión Obrera.

    El auge del Partido Socialista y de la UGT

    El aumento de la población obrera y su desarrollo es evidente en las regiones donde el socialismo naciente ha experimentado sus primeros éxitos, constituyen una primera ampliación del número de afiliados del PSOE y la UGT. Pero este crecimiento nunca es enorme. En 1911 la cifra total no superaba los 70.000, su acción electoral es muy limitada.

    Será en el año 1909 el que marque el primer cambio de orientación. Los acontecimientos de la semana Trágica llevan a los socialistas a combatir el régimen y a buscar la alianza con los republicanos, mejorando sus resultados electorales.

    La llegada de intelectuales como Julián Besteiro convertirá al PSOE en partido de vanguardia política.

    La UGT tiene un gran crecimiento participando activamente en las huelgas de 1910-1014.

    Anarquismo. Comunismo libertario

    El primer fracaso de los anarquistas provoca la radicalización del movimiento, llevando al rechazo de cualquier tipo de autoridad, preconizando una iniciativa revolucionaria individual que justificaría la propaganda por los hechos y , eventualmente la acción terrorista, siempre que vaya unida a una propaganda ideológica y a una educación de las masas populares. Tiene mas difusión este anarquismo en el campo andaluz, por la existencia de un subproletariado analfabeto y miserable.

    Se producen sucesos como el de los Desheredados-sociedad secreta- hay una gran escalada de violencia social y de la represión. Culminando con el asesinato de Canovas.

    Anarquismo. Anarco-sindicalismo

    Entre muchos sectores del anarquismo se considera peligrosa la táctica de los libertarios. Por ello tanto en Madrid como en Barcelona se gesta la idea de crear una organización nueva para impulsar el movimiento, se crea la Sociedad Obrera; sin embargo tras los hecho de la semana trágica en Barcelona con el fusilamiento de Ferrer Guardia nace la Confederación Nacional del Trabajo, encauza sus esfuerzos hacia la lucha sindical y predica la huelga como medio para conseguir sus objetivos. Entienden que la lucha sindical y no política debe ser la base de la nueva sociedad. Pero siguen el terrorismo y la represión.

    LOS AÑOS PREVIOS A LA CONSTITUCION DE 1931.

    BREVE VALORACION DE ESTA CONSTITUCION

     

    • Los fundamentos del nuevo sistema político

    El nuevo régimen fue recibido por la población española con entusiasmo y alegría generalizados. Miles de personas abarrotaron las calles de todas las ciudades para celebrar el nacimiento de la República, ese día nadie acudió a fábricas, oficinas y aulas.

    Los elementos fundamentales del sistema político de la II República son los partidos y la Constitución de 1931.

     

    • Las fuerza políticas

    El panorama aparece complicado por el gran nº de partidos políticos que existieron durante este período. Muchos de los grupos eran de reciente creación, pero movilizaron a enormes masas de afiliados  simpatizantes.

    a)    Grupos fascistas

    -          JONS (Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista).Surgida en 1931.dirigida por Enésimo Redondo y Ramiro Ledesma.

    -          FALANGE. Fundada en 1933 por José Antonio Primo de Rivera. En 1934, Falange y JONS se unieron, pero no dejaron de ser un grupo minúsculo.

    b)    Fuerzas políticas de derecha

    -          CARLISTAS. Monárquicos tradicionalistas, encabezados por Manuel Fal Conde, organizaron grupos de choque paramilitares formados por cientos de hombres armados y entrenados.

    -          RENOVACIÓN ESPAÑOLA. Grupo creado en 1933 que reunía a los monárquicos alfonsinos. Algunas de sus características ideológicas posteriormente inspiraron al Estado franquista: voluntad de acabar con la República recurriendo a un golpe de fuerza; rechazo de la democracia y del sufragio universal; defensa del autoritarismo cuasi fascista, exaltación de la grandeza de España y tradicionalismo  católico.

    -          CEDA (Confederación Española de Derechas autónomas).Encontramos 3 puntos básicos en su programa político: el conservadurismo y la defensa de la Iglesia católica, la educación religiosa, el Ejército y la familia; la oposición a la reforma agraria y los avances del socialismo que amenazaba el sistema capitalista y a la propiedad privada; rechazo de las reivindicaciones de los nacionalistas catalanes y vascos.

    c)     Centro político

    -          PARTIDO REPUBLICANO RADICAL. La defensa del orden, el temor al movimiento obrero revolucionario y la voluntad de frenar cualquier reforma socioeconómica excesiva o profunda eran sus señas ideológicas principales. Sus apoyos sociales se encontraban entre la media y pequeña burguesía. Lerroux continuaba siendo su líder y llegó a convertirse en jefe de gobierno varias veces entre 1933 y 1935.

    d)    Grupos de izquierda

    -          PARTIDO RADICAL SOCIALISTA. Dirigido por Marcelino Domingo.

    -          ACCIÓN REPUBLICANA. Este partido progresista y pacifista alcanzó acuerdos políticos en el PSOE para impulsar ambiciosos programas de reformas.

    Su principal dirigente era Manuel Azaña. Fue ministro de Guerra en el Gabinete provisional de 1931, jefe de Gobierno entre 1931-33 y presidente de la Reubica desde 1936.

    Acción Republicana recibía el apoya electoral de las clases medias de las grandes ciudades. En 1941 este partido político y el P. Radical-Socialista se fusionaron formando IZQUIERDA REPUBLICANA.

    e)    Partidos proletarios

    -          PSOE. Muy poderoso en estos años, obtuvo 116 diputados en las elecciones de 1931, 58 en 1933 y 99 en 1936.Largo Caballero, Prieto y Besteiro eran sus máximos dirigentes.

    -          PCE. Revolucionario, pero soviético e insignificante numéricamente.

    -          ANARQUISTAS. Indiferentes a la legalidad democrática republicana y dispuestos siempre a la insurrección revolucionaria y al enfrentamiento contra derechistas y fuerzas de orden público.

    f)      Partidos nacionalistas y regionalistas

    -          PARTIDO NACIONALISTA VASCO. José Antonio Aguirre se convertiría en 1936 en el 1º lehendakari del gobierno vasco.

    -          PARTIDO GALEGUISTA. Autonomista de izquierda.

    -          LLIGA CATALANA. Conservador.

    -          ESQUERRA REPUBLICANA De CATALUÑA. Partido izquierdista y nacionalista exaltado que dominaba la escena política catalana. Liderado por Maciá y Companys.

     

    • La constitución de 1931

    La Constitución de la II República española se propuso hacer del país una democracia formal y real; por 1ª vez en la Historia d España, se reconocía el derecho de sufragio universal, tanto masculino como femenino.

    La República española no sólo quiso ser democrática internamente, sino también en sus relaciones con el exterior; por eso fue el 1º país del mundo en recoger en su Constitución la renuncia a la guerra que se había establecido en pacto Briand-Kellog.

    Encontramos 6 puntos esenciales en este texto Constitucional:

    a)    El reconocimiento del derecho al voto d la mujer. Los adversarios de la extensión del sufragio universal a las mujeres alegaba que a éstas no se les podía conceder el voto porque su dependencia económica de los padres o esposos y su analfabetismo les haría ser muy influenciables. Al final se impuso la razón y tal derecho fue reconocido.

    b)    El tema autonómico. La Constitución incluía una fórmula para posibilitar las autonomías regionales con carácter particular y no general. Una o varias provincias limítrofes con características históricas y culturales comunes podía solicitar un Estatuto d autonomía. En el articulado se fijaban 3 pasos para el establecimiento de una autonomía regional:

    -          Iniciativa municipal.

    -          Plebiscito, al menos 2/3 de los electores de la región debían votar a favor de la solicitud d autonomía.

    -          Aprobación definitiva por las Cortes.

                   Cataluña consiguió en 1932 su Estatuto d autonomía, y durante la Guerra Civil se aprobaron  los        

                   Estatutos del País Vasco (1936) y Galicia(1938).

    c)     El tema religioso. El Estado republicano se declaró aconfesional, suprimió toda ayuda económica a la Iglesia católica y prohibió a las órdenes religiosas ejercer la enseñanza. En el texto constitucional quedó sólo autorizado el culto privado; para celebrar cualquier otra ceremonia religiosa pública se exigía la autorización gubernamental.

    d)    Los derechos del ciudadano. El reconocimiento sin limitaciones de los derechos individuales se completó con una serie de derechos sociales al trabajo, a la educación, a la salud y a una vivienda digna.

    e)    La limitación del derecho d propiedad privada. Se recogía la posibilidad de realizar expropiaciones para nacionalizar y socializar las propiedades por motivos de interés general.

    f)      La nueva organización de poderes. El poder legislativo quedó depositado en un Parlamento unicameral. El Presidente de la República ocupaba la Jefatura del Estado. Su mandato duraba 6 años y sus atribuciones eran reducidas. Por vez 1ª se creó un Tribunal de Garantías Constitucionales, cuya función principal era decidir sobre la inconstitucionalidad de las leyes.

     

    • El Bienio republicano-socialista: Las reformas

    Republicanos de izquierda y socialistas, formaron un gobierno de coalición que emprendió un extraordinario esfuerzo reformista cuyo propósito era afrontar los graves problemas irresueltos en España.

    a)    La reforma militar.

    La necesaria transformación de las Fuerzas Armadas fue impulsada por Azaña con un doble objetivo: someter el Ejército al poder civil gubernamental y reducir el nº de oficiales para ajustarlo a las necesidades reales y a la capacidad presupuestaria del país.

    b)    La reforma educativa.

    Ésta era considerada la cuestión clave para conseguir la modernización en España. Ya en la Constitución se había declarado la escuela primaria obligatoria, gratuita y mixta, esto último para escándalo de la derecha. El gobierno republicano socialista construyó 13500 escuelas para luchar contra el analfabetismo, mejoró la enseñanza secundaria y potenció la investigación en los niveles universitarios.

    c)     La reforma agraria

    Los problemas principales de la agricultura nacional seguían siendo el latifundismo y el elevado nº de jornaleros sin tierra. Los 3 objetivos fueron:

    -          Objetivo social. Entregar tierras a los campesinos a fin de obtener su apoyo para afianzar el recién nacido régimen republicano y evitar conflictos y revueltas sociales en las zonas rurales.

    -          Objetivo político. Eliminar el poder económico de los grandes terratenientes, mayoritariamente, enemigos de la República

    -          Objetivo económico. Incrementar la producción total del sector agrario y elevar el nivel de renta del campesinado, que aumentaría sus niveles de consumo y estimularía así el desarrollo de las actividades industriales y comerciales españolas.

    En 1932 se aprobó en el Parlamento la Ley d Reforma Agraria tras largas, lentas e intensas discusiones y debates a causa del obstruccionismo realizado por los partidos de derechas, opuestos a esta reforma en representación de los intereses de lo terratenientes.

    El contenido de esta ley se resume así:

    -          Las tierras pertenecientes a la extinguida Grandeza de España quedaron expropiadas sin indemnización.

    -          Todos los latifundios, terrenos sistemáticamente arrendados y tierras incultas o abandonadas se declararon expropiables a cambio de una indemnización del Estado.

    -          Las tierras expropiadas se destinarían al asentamiento de campesinos, que explotarían las fincas de forma colectiva o cultivarían parcelas individuales, según ellos mismos decidieran.

    La aplicación de esta ley y el ritmo de puesta en marcha de la reforma agria fueron excesivamente lentos, se expropiaron pocos terrenos y sólo habían sido asentados unos 8 mil campesinos en 1934. Los jornaleros hambrientos de tierra quedaron decepcionados con la República y se inclinaron hacia las soluciones revolucionarias propuestas por los anarquistas.

    d)    La reforma religiosa

    En este aspecto la actuación del gobierno republicano-socialista fue inoportuna, pues se agredió torpemente a los católicos. El nuevo régimen político se creó muchos y poderosos enemigos que identificaron a la república con el ataque a Dios y consideraron inaceptables el reconocimiento constitucional del divorcio, la supresión de la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en los colegios, la eliminación de lo crucifijos de las aulas y la disolución de la orden Jesuita.

     

    • El Bienio Derechista (1934-36)

    Tras su victoria en las elecciones generales de noviembre-diciembre d 1933, la derechista CEDA y la centrista Partido Radical iniciaron una colaboración parlamentaria y gubernamental, cuyo evidente propósito consistía en rectificar la labor del gobierno anterior y detener las reforma iniciadas. Durante los 2 años de gobierno radical- cedista se adoptaron decisiones de tono reaccionario:

    a)    Aprobación de una Ley d Amnistía que favoreció a los militares y monárquicos encarcelados por participar en fallido golpe de Estado antirrepublicano de agosto de 1932, encabezado por el general Sanjurjo.

    b)    Puesta en marcha de una auténtica contrarreforma agraria que significó el bloque del proceso iniciado por el gobierno precedente. El gobierno derechista paralizó la reforma incrementando exageradamente la cuantía de las indemnizaciones que debían ser percibidas por los antiguos propietarios, recortando drásticamente el presupuesto estatal dedicado al sentamiento de campesinado sin tierra y devolviendo a los Grandes de España las propiedades que les confiscara el gobierno republicano-socialista. Todos estos hechos agudizaron los conflictos campesinos.

    c)     Medida ordenando el mantenimiento económico del clero católico en zonas rurales.

    d)    Ralentización del programa de construcción de escuelas públicas.

    e)    Suspensión del Estatuto de autonomía de Cataluña tras los sucesos de octubre de los años 1934.

     

    La revolución de octubre de 1934

    Durante el mes de octubre d 1934 se produjo un intento de conquista del poder por medio de una insurrección armada. En su preparación y realización intervinieron coaligados comunistas, anarquistas y socialistas, aunque fueron estos últimos los verdaderos protagonistas y promotores de la acción revolucionaria.

    Las fuerzas proletarias contemplaron la victoria electoral de las derechas en 1933 como el fin de la República democrática y optaron por el recurso a la rebelión violenta. Observaban con temor el avance del fascismo en Europa, por lo que se lanzaron a la insurrección al anunciarse la entrada de varios ministros de la CEDA  en el nuevo gobierno.

    Esta revolución desorganizada improvisada e iniciada con armamento insuficiente comenzó el 5 de octubre con una huelga general en numerosa ciudades. Todo el País Vasco y Madrid quedaron paralizados durante casi una semana, teniendo lugar algunos tiroteos entre obreros insurrectos y fuerzas de orden público. En Cataluña y Asturias la revolución adquirió mayor fuerza.

    En Cataluña, los sectores nacionalistas e independentista se unieron a la acción revolucionaria proletaria. Compays reaccionó contra los intentos del gobierno radical-cedista de obstaculizar el desarrollo autonómico y proclamó el Estado catalán. El Ejército liquidó con rapidez el problema y Companys fue encarcelado.

    En Asturias, millares de obreros y mineros bien armados se adueñaron de extensas zonas de a provincia. Este levantamiento fue brutalmente reprimido por tropas trasladadas desde África y dirigidas por Franco.

     

    El Frente Popular

    A las decisivas elecciones de febrero d 1936 se presentaron unidos los partidos republicanos de izquierdas y las fuerzas obreras. Esta alianza electoral, denominada Frente Popular, fue una coalición circunstancial para derrotar a la derecha que había gobernado durante los 2 años anteriores.

    En la gestación del Frente Popular destacaron el dirigente del PSOE Indalecio Prieto y Manuel Azaña, que se proponía consolidar la democracia incorporando a los socialista a las tareas de gobierno y apartándoles de tentaciones revolucionaras.

    Los grupos de derechas concurrieron a las urnas desunidos lo que provocó la victoria del Frente Popular por escasos votos. Los frentepopulistas vencieron en los grandes núcleos urbanos., el índice participación electoral alcanzó el 72%.Incluso los anarquistas abandonaron sus antielectoralismo y algunos de sus líderes pidieron a título personal el voto para la coalición de izquierdas.

    Pocos días después de las elecciones, Azaña fue nombrado jefe de un gobierno compuesto exclusivamente por republicanos d izquierda y centro. Sus decisiones más importantes fueron:

    -          Amnistía y excarcelación d los presos detenidos tras los sucesos revolucionarios d octubre d 1934.

    -          Restitución del Estatuto d autonomía d Cataluña.

    -          Ilegalización d Falange y encarcelamiento d sus jefes x su vinculación con diversos atentados.

    -          Aceleración en la aplicación de Ley de Reforma Agraria, de manera que en algunas semanas fueron expropiadas mas de 500 mil hectáreas q fueron repartidas entre unos 150 mil campesinos.

    -          Alejamiento de los centros de poder en Madrid de aquellos mandos del Ejército que eran considerados peligroso por su aproximación a las tramas golpistas antirrepublicanas. El general Franco fue cesado como Jefe del Estado Mayor Central y enviado a las Canarias con el cargo de comandante general; también el General Goded recibió la orden de trasladarse a la comandancia de Baleares.

    El 10 de mayo d 1936 Azaña pasó a ocupar la Presidencia de la República sustituyendo al anterior presidente que había sido destituido un mes antes x las Cortes. La jefatura de gobierno fue asumida entonces por Santiago Casares Quiroga, un hombre de confianza de Azaña.

    Los gobiernos surgidos tras el triunfo del Frente Popular se enfrentaron a graves dificultades:

    -          La agudización d los conflictos sociales. Se produjeron invasiones masivas d propiedades y unos 80 mil campesinos extremeños ocuparon unas 2500 fincas espontáneas e ilegalmente. Los enfrentamientos entre terratenientes y jornaleros llegaron a ser tan graves, q muchos latifundistas parecían dispuestos a dejar q sus cosechas se pudrieran antes d pagar los salarios q reclamaban unos obreros a quienes consideraban revolucionarios bolchevizantes. Los campesinos respondieron segando los campos sin autorización d los propietarios para pasarles después la cuenta d los jornales.

    -          La enorme cifra d desempleados.

    -          La extensión d las huelgas y los desórdenes públicos.

    -          Los atentados y la creciente violencia política desplegada por los grupos de extrema izquierda y de extrema derecha. Se contabilizaron casi 100 asesinatos políticos en sólo 4 meses y el hecho más grave fue el asesinato del dirigente derechista José Calvo Sotelo por un grupo d policías d ideología izquierdista.

    -          La firme decisión tomada por poderosos grupos socioeconómicos e importantes jefes militares d destruir  la república mediante un golpe de fuerza para impedir el desarrollo de reformas que amenazaban sus intereses. El golpe del Ejército contra la República se produjo en 17 d julio, los españoles se encontraban divididos y enfrentados por diversos motivos estrictamente entrelazados, comenzaba la Guerra Civil.

    La Mujer Trabajadora En La II República

    La mujer ha sido considerada tradicionalmente como un sector atrasado de la sociedad, baluarte de la Iglesia y de la reacción. Este carácter "atrasado" no es innato a la mujer, como nos han querido hacer creer. La explicación a esto no hay que buscarla en aspectos biológicos, sino en la doble explotación que sufre bajo el sistema capitalista, como bien explicaba Bebel : "En su conjunto, el sexo femenino sufre doblemente: de una parte sufre bajo la dependencia social de los hombres (...) y de otra parte, mediante la dependencia económica en que se hallan las mujeres en general, y las mujeres proletarias en particular, lo mismo que los hombres proletarios" (La mujer, A. Bebel).Pero la historia nos ha demostrado que en los períodos revolucionarios, las mujeres han estado siempre en primera línea, y en muchos casos han jugado un papel decisivo en la lucha. En la Revolución Francesa de 1789 las mujeres del Tercer Estado estuvieron en todos los acontecimientos importantes, reivindicando el derecho al trabajo, luchando contra la carestía de la vida; las mujeres de los suburbios de París participaron activamente en la toma de la Bastilla o en la Marcha sobre Versalles. En la Comuna de París en 1871 estuvieron en las barricadas junto al resto de los trabajadores, logrando impedir el avance de las tropas mandadas por Thiers que querían apoderarse de los cañones guardados en Montmartre y Belleville. Lo mismo ocurrió durante todo el proceso que culminó con la Revolución Rusa de 1917. El Día Internacional de la Mujer se celebró en Petrogrado con una manifestación de 10.000 obreras del textil, a la que se fueron uniendo trabajadores acabando en una huelga general: fue el inicio de la Revolución de Febrero. De la misma manera vimos este carácter combativo de la mujer en los acontecimientos que se desarrollaron durante los años 30 en el Estado español.

    A diferencia de otros países industrializados de Europa como Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, etc., en el Estado español la incorporación de la mujer al mundo laboral fue tardía, pero cuando ésta empezó, lo hizo imprimiendo su propio sello. A principios de siglo el Estado español era un país económicamente atrasado con dos tercios de la población dedicada a la agricultura. El hecho de mantenerse neutral en la I Guerra Mundial tuvo como consecuencia el aumento de las inversiones extranjeras que buscaban nuevos y más seguros mercados dentro de una Europa en guerra. Esto favoreció un auge económico que permitió el desarrollo de la industria y su expansión a otras provincias. Pero este auge no repercutió directamente en las condiciones de vida de la clase obrera y el campesinado, sino todo lo contrario.

    La explotación de la mujer

    En 1930 había aproximadamente seis millones de familias de las cuales el 85% eran familias obreras y campesinas. En cinco millones de éstas, las mujeres realizaban las tareas del hogar única y exclusivamente. La incorporación de la mujer al trabajo estaba jalonada de dificultades. Por un lado con una tasa de analfabetismo mayor que la de los hombres, superior al 50%, lo que la hacía estar en inferioridad de condiciones a la hora de conseguir un trabajo, y además sin ningún tipo de infraestructura que facilitase a las mujeres con hijos tal incorporación. No existían escuelas infantiles donde las mujeres pudiesen dejar a los niños durante su jornada laboral, y además se carecía de suficientes plazas escolares para todos los niños, menos por supuesto para los hijos de los trabajadores y campesinos. La burguesía no hacia nada para mejorar esta situación, en la medida que le interesaba mantener a la mujer entre las cuatro paredes del hogar, llevando adelante las tareas imprescindibles para la reproducción de la especie y la reposición de la fuerza de trabajo obrera. A pesar de todas estas dificultades, la población activa femenina fue aumentando progresivamente. Una de las razones era que según se iba desarrollando el proceso de industrialización y urbanización, las mujeres jóvenes y solteras emigraban a la ciudad buscando un empleo remunerado y una independencia económica difícil de encontrar en el campo. Además, el incremento del paro obrero en la agricultura, a causa de las malas cosechas y de la existencia de enormes latifundios sin cultivar, impedía que miles de mujeres pudieran acceder a un puesto de trabajo en el campo, donde incluso los patronos llegaban a prohibir expresamente la contratación de mujeres. En 1930 la población activa femenina era del 24% sobre el total. El 80% de estas mujeres eran solteras y viudas. Cuando el marido moría la mujer se veía obligada a trabajar para sacar adelante a sus familias, porque no existía ningún tipo de pensión de viudedad. Por otra parte las mujeres casadas se encontraban con más dificultades: había leyes que dificultaban su acceso al trabajo, necesitaban tener permiso del marido para poder trabajar, no podían disponer libremente de su salario, y si el marido se oponía a que la mujer cobrase el salario, lo podía cobrar él directamente, e incluso si se separaban judicialmente el marido seguía teniendo el derecho a cobrar el salario de la mujer. Dos tercios de las mujeres asalariadas eran trabajadoras temporales, o estaban en el servicio doméstico (que carecía de todo tipo de derechos laborales), y el otro tercio restante eran obreras cualificadas, fundamentalmente en el sector del textil y vestido (82%). En cuanto a derechos laborales la legislación existente en ese momento concedía pocos derechos a las mujeres por no decir que ninguno.

    Esperanzas en la II República

    La llegada de la II República en 1931 trajo enormes esperanzas para los trabajadores y campesinos de este país, y de hecho en el terreno social se dieron pasos adelante, especialmente para las mujeres. En la Constitución de 1931 se reconoció el derecho al voto de la mujer y el derecho a ser elegidas para cualquier cargo público. En 1932 se aprueban la Ley de Matrimonio Civil y la Ley del Divorcio, en ese momento la más progresista de Europa, ya que reconocía el divorcio por mutuo acuerdo y el derecho de la mujer a tener la patria potestad de los hijos. Ambas leyes supusieron un duro revés para la Iglesia que veía recortadas sus funciones e influencia en el seno de la familia, y un gran paso adelante para que la mujer saliese de su órbita de influencia. En 1936 el Gobierno de la Generalitat de Catalunya despenalizó y legalizó el aborto. No es casualidad que esto se consiguiese en una zona donde las mujeres estaban más incorporadas al trabajo industrial. En 1935 se decretó la abolición de la prostitución reglamentada, dado que hasta ese momento el cuerpo de la mujer era considerado legalmente por la burguesía como una mercancía en venta, como lo podía ser un saco de patatas o una silla. En el terreno laboral se dieron algunos pasos adelante para todos los trabajadores, por ejemplo se reconoció el derecho a asociación y sindicación, y el 1 de julio de 1931 se decretó la jornada laboral de 8 horas. Además se regularizó el trabajo nocturno, obligando a los patronos a dar un descanso de 8 horas para dormir, y se aprobó la Ley del Descanso Dominical para todos los trabajadores, excepto para el servicio doméstico donde prácticamente todos eran mujeres. Se prohibió contratar mujeres en trabajos considerados como peligrosos o duros y que pudiesen minar su salud o su futura maternidad. Pero a pesar de todo, las condiciones laborales siguieron siendo duras para los trabajadores, y para la inmensa mayoría de las mujeres trabajadoras no supuso una gran mejora. El tercio que trabajaba en el sector doméstico quedó excluido de la jornada de 8 horas, no tenía derecho a las prestaciones de los seguros sociales, no tenía subsidio de paro, ni de maternidad, ni eran beneficiarias de la Ley de Accidentes de Trabajo; trabajaban casi en régimen de esclavitud para las "damas" de la burguesía. En los otros sectores, por ejemplo, el 35% de los telares incumplía la jornada de 8 horas, y se trabajaban más de 9 horas diarias; además en el textil, vestido, confección, etc., mientras que a los hombres se les pagaba por horas trabajadas, las mujeres tenían que trabajar a destajo, por kilogramos o unidades producidas, lo que las obligaba a trabajar a ritmos mayores si querían conseguir un salario mínimamente digno. En la práctica tampoco podían acceder al subsidio de desempleo. En 1933 cobraban el subsidio 200.000 obreros, de estos 100 eran mujeres (el 0,5%). Para poder cobrar este subsidio era necesario estar afiliados a las Sociedades Mercantiles y a éstas no podían afiliarse los trabajadores eventuales, caso de la mayoría de las trabajadoras de este país. Otro problema constante era la discriminación salarial que sufrían las mujeres, algo que continúa en la actualidad. En 1930, el salario de una jornalera en la recogida de la aceituna era el 50% del que cobraba un jornalero por el mismo trabajo; una obrera metalúrgica cobraba el 41,3%, y en el sector textil la diferencia era de un 47,6%. En todos y cada uno de los sectores, en ningún caso, el salario máximo de una trabajadora alcanzaba el mínimo de lo que cobraba un trabajador por el mismo trabajo. Y además había que unir a esto los trabajos que estaban considerados como "femeninos", fundamentalmente el servicio doméstico, el sector que sufría las mayores jornadas laborales y el que estaba peor remunerado. A pesar de todo, sí que se consiguieron derechos importantes para las trabajadoras con hijos, por ejemplo la Ley de Maternidad, que regulaba por primera vez el período de lactancia, el tiempo de baja por maternidad, etc.

    La mujer participa en las luchas obreras

    En el campo la situación no era mejor; en este sector trabajaba el 24% de la población activa femenina, que en muchos casos no recibían ninguna remuneración, ni tenían ningún derecho laboral, porque este trabajo era considerado oficialmente como "ayuda familiar".Durante todos estos años se sucedieron muchas luchas y huelgas por parte de los trabajadores, para intentar cambiar sus condiciones de vida y mejorarlas, y en todas, las mujeres participaron enérgicamente, por un lado en su condición de asalariadas junto a los trabajadores, reivindicando subidas saláriales, mejora de sus condiciones de trabajo, etc., y por otro, en su condición de esposa, madre, hermana... del trabajador, intentando mantener unas condiciones de vida dignas para sus familias. Por ejemplo en 1932, el 97,1% de las obreras participaron en huelgas junto con el 95,2% de los obreros, y en 1934 más del 50% de las horas perdidas en huelgas, lo fueron en el sector textil, confección, alimentación y tabaco, sectores donde predominaba la mano de obra femenina. Además las amas de casa durante todo este período protagonizaron multitud de luchas y manifestaciones, sobre todo contra la carestía de la vida, una constante en estos años, especialmente cuando subía el precio del pan, que era el alimento básico de las familias obreras, y que, entre 1931 y 1934, fue objeto de numerosos incrementos debido a la escasez de cereales producida por las malas cosechas. No sólo se hicieron manifestaciones, sino que en los primeros meses de 1933 se produjeron asaltos a los vagones, camionetas y tranvías que transportaban alimentos, confiscándolos y repartiéndolos entre las familias obreras, en Vizcaya, Almería, Málaga, Granada, Valencia... y Madrid donde las mujeres asaltaron los mercados de abastos.

    Politización creciente

    La mujer había dejado de tener una actitud pasiva y resignada para empezar a tomar parte activa en la lucha. Al mismo tiempo que aumentaba su incorporación al mundo laboral y a las movilizaciones, iba aumentando su participación en los sindicatos y partidos obreros. Hasta 1930 su afiliación estaba centrada en los sindicatos católicos, que contaban con 35.000 afiliadas, pero, según aumentaban las luchas y la radicalización, estos sindicatos no sólo dejaron de crecer, sino que vieron descender significativamente su militancia, tanto de hombres como mujeres, produciéndose al mismo tiempo un fortalecimiento del sindicalismo de clase. Los sindicatos obreros comienzan a comprender la necesidad de incorporar a la mujer a sus filas y atraerlas a la lucha de clases para conseguir la transformación de la sociedad. En el Congreso de la UGT de 1932 se aprobó bajar la cuota para la mujer como una manera de facilitar su afiliación, debido a la inferioridad de sus salarios, y también se aprobó incrementar la propaganda entre las trabajadoras, que hasta ese momento había sido más bien escasa. Es en este Congreso cuando por primera vez se incluye en su programa la consigna "A igual trabajo, igual salario".Esta orientación hacia las trabajadoras tuvo un rápido efecto: de 18.000 afiliadas que tenía la UGT en 1929, pasó a tener en los primeros meses de 1936 más de 100.000. La CNT siguió el mismo camino y en 1936 tenía más de 142.000 afiliadas. Una de las características más importantes en este proceso de incorporación de la mujer a la lucha, es que en todo momento lo que predominó fueron las reivindicaciones de clase. No hubo cabida para ningún tipo de reivindicación feminista burguesa. De hecho, el país de Europa donde menos eco tuvieron los movimientos sufragistas y feministas burgueses fue en el Estado español. El PSOE empezó muy pronto a incluir en su programa las reivindicaciones propias de la mujer obrera, uniéndolas a la lucha del resto de los trabajadores como la única manera de conseguir la igualdad, y ésta a su vez sólo se podía conseguir a través de la transformación socialista de la sociedad. En 1902 se crearon las Agrupaciones Femeninas Socialistas, pero no como organismos autónomos del partido cuya única función fuese reivindicar los problemas de las mujeres. Eran agrupaciones dependientes del partido y planteaban tres deberes básicos para sus afiliadas: hacer propaganda de los principios e ideas socialistas, leer y propagar la prensa obrera, El Socialista, y participar en todos los actos públicos que celebrase la clase trabajadora. No obstante, en el PSOE existían sectores que tenían una enorme confusión respecto a la cuestión de la mujer, aunque su programa parlamentario publicado en julio de 1931 sí incluía: "La igualdad de derechos entre uno y otro sexo"; defendía la necesidad de "creación de guarderías" y "la consecución de todos los derechos femeninos incluido el derecho al trabajo y esto solo se conseguiría completamente con la implantación de la sociedad socialista", (Programa Parlamentario del PSOE, julio 1931).En lo referente al derecho al voto de la mujer existían serias discrepancias. Indalecio Prieto y Margarita Nelken, entre otros, se oponían, porque pensaban que la mujer aún no estaba preparada para tal responsabilidad y concedérselo sería dar más votos a la reacción. En el movimiento anarquista el proceso fue más difícil ya que había distintos sectores con posturas bastante dispares. Desde aquellos que defendían que el único papel de la mujer era el de apoyar al hombre: "La mujer tiene que desempeñar un papel accesorio de apoyo al hombre militante. Su misión central es la de cuidar a sus hijos y compañero en el seno del hogar y, sobre todo, actuar de apoyo al hombre". (Tierra y Libertad, Delia, 5/12/1931). "Su misión es animar al hombre y actuar como un ángel tutelar". (La mujer y sus ideas, Salvador Majó, Solidaridad Obrera, 18/6/1932).A otros, entre los que destacaba Federica Montseny, que luchaban contra cualquier concepción feminista y negaban que existiese ningún problema específico de la mujer y por tanto no había que prestar demasiada atención a ese tema. También existía otro sector que sí defendía incorporar al programa de la CNT las reivindicaciones específicas de la mujer: defender su derecho al trabajo, al voto, etc.

    La mujer en la Guerra Civil

    El PCE desde sus comienzos tuvo una orientación decidida hacia la mujer, intentando su captación para el movimiento comunista, logrando pasar entre 1936 y1938 de 179 afiliadas a 4.203.Al estallar la guerra civil en julio de 1936 se produce un cambio cualitativo. Al incorporarse miles de milicianos al frente, la mujer tiene que participar masivamente en la producción, ocupando los puestos de trabajo vacantes dejados por los hombres que iban al frente. Esto supuso un aumento importante de su conciencia de clase al integrarse al trabajo fuera del hogar y alcanzar en muchos casos una independencia económica que antes no tenía. Además no dudaron en participar decididamente en el frente, dentro de las milicias, no sólo como enfermeras, lavanderas... sino como soldados. Las primeras mujeres que se incorporaron al combate fueron las militantes anarquistas, las de UGT y las del POUM. Las milicias obreras fueron el segundo ejército del mundo que incorporó a la mujer, tras haberlo hecho el ruso por primera vez en 1917.Es precisamente en este período en el que se produce la mayor afiliación femenina a las organizaciones obreras. Incluso llegaron a existir organizaciones de mujeres de masas que estaban vinculadas y controladas por las organizaciones obreras. Mujeres Libres era una organización de la CNT-FAI. Surgió al principio como portavoz de un pequeño grupo de militantes anarquistas, con el único propósito de sacar un periódico y distribuirlo dentro del movimiento anarquista. En mayo de 1936 contaba sólo con 500 afiliadas, pero según iba avanzando la guerra y la revolución fueron creciendo rápidamente y se convirtieron en una de las organizaciones más importantes, llegando a contar con 30.000 afiliadas en 1938.Sus objetivos eran facilitar a la mujer los medios prácticos para que ésta pudiese incorporarse a la producción, creando para ello guarderías, comedores... que facilitaban las tareas de las mujeres, al mismo tiempo que proporcionaban formación técnica y profesional, para que pudiesen adquirir mayor cualificación en el trabajo.

    La Unión de Mujeres Antifascistas

    La organización femenina más importante en estos años fue la Unión de Mujeres Antifascistas (UMA). Surgió en 1933 como sección española de "Mujeres contra la Guerra y el Fascismo", creada por la Internacional Comunista tras el triunfo de Hitler en Alemania. Comenzaron a tener fuerza en 1934, y tras los acontecimientos de Octubre fue prohibida, aunque siguió existiendo con el nombre de "Pro Infancia Obrera", dedicada a ayudar a las mujeres e hijos de los mineros muertos o encarcelados en Asturias tras la insurrección. En 1936 pasó a denominarse UMA, y se fortalece notablemente cuando el gobierno republicano declara a Comisión de Auxilio Femenino, organización subsidiaria de la UMA, organismo encargado de la organización del trabajo de la mujer en la retaguardia, dependiendo directamente del Ministerio de Guerra. Aunque su militancia era heterogénea, un 80% eran militantes de la UGT, un 16% del PCE y un 4% de la CNT, su política estuvo dirigida en todo momento por el PCE y las Juventudes Socialistas Unificadas, que controlaban el 35% de los comités de la UMA. En este período su presidenta fue Dolores Ibárruri. No obstante, las posiciones políticas del estalinismo, negando la revolución española y sometiendo toda la acción del proletariado español al apoyo a la república democrático burguesa, tuvo sus consecuencias prácticas en la política de la UMA En julio de 1936 tenían ya 50.000 afiliadas, pero en vez de incorporar a las mujeres a la revolución que estaba en marcha, y concienciarlas de que su liberación sólo se podría llevar adelante liberando al conjunto de la clase obrera en lucha por la transformación de la sociedad, basaron su política en limitar la acción de la mujer a un respaldo constante a las acciones y decisiones del gobierno del Frente Popular: Esto se tradujo inmediatamente en la aceptación de la desaparición de las milicias obreras y, por tanto, de la incorporación de la mujer como combatiente. La UMA y el PCE se opusieron a que la mujer luchase en el frente, defendiendo que el papel de la mujer en la lucha contra el fascismo se limitase a las tareas de la retaguardia, haciendo labores de cocina, lavandería, enfermería, producción, importantes sin duda alguna. Por ejemplo en la Columna Pasionaria, las más de 25 mujeres que se encuadraban en sus filas se dedicaban sólo a estas tareas (una continuación de las que hacían en su casa), y se las prohibía coger un arma para luchar. La postura del POUM era distinta. El Secretariado Femenino del POUM no defendía una organización de mujeres aparte y abogaban por un Frente Revolucionario de Mujeres Proletarias que tuviese un contenido revolucionario. Su principal objetivo era atraer a las mujeres al partido y plantear la lucha de las mujeres unida a la de los trabajadores, como la única forma de derrocar al sistema y hacer triunfar la revolución. Su actividad durante la guerra fue hacer propaganda para incorporar a las mujeres al frente, no sólo en labores de enfermería a través del Socorro Rojo, (organización creada por el POUM para proporcionar asistencia sanitaria en el frente), sino como soldado para lo cual daban cursillos de entrenamiento militar, además de otras tareas dedicadas al abastecimiento en tiempo de guerra. Su trabajo no estuvo exento de dificultades. A cada paso se encontraban con el boicoteo del estalinismo: en la Segunda Conferencia Nacional de Mujeres del PSUC celebrada en 1938, se especificó entre los quince intereses principales para las mujeres comunistas, la "lucha contra emboscados, provocadores y trotskistas", en clara alusión al POUM y otros sectores del proletariado revolucionario. (Treball, 4/10/1938).Cuando Largo Caballero, Ministro de Guerra en el gobierno del Frente Popular, apoyado por elPCE, y más tarde por los anarquistas, decretó la prohibición de que las mujeres luchasen en el frente y que su labor se limitase a realizar las tareas domésticas dentro de los batallones, produjo una enorme decepción y frustración entre miles de ellas, que iban al frente reivindicando la igualdad, y veían de nuevo que se las relegaba para las tareas de las que ansiaban salir. Pero no sólo fue una decepción para ellas. Los trabajadores se opusieron a esto y tuvieron que intervenir las direcciones de los sindicatos para poner fin a la situación de descontento que se estaba creando en el frente. Con esta política seguida por los dirigentes del Frente Popular y de los partidos obreros, frenando el ímpetu y la ofensiva revolucionaria, tanto de las mujeres como del conjunto de los trabajadores, no se ganaba la batalla, sino más bien todo lo contrario, se preparaba el camino hacia la derrota. Tras el triunfo de la contrarrevolución fascista más de 400.000 obreros fueron encarcelados o encerrados en campos de trabajo; unos 30.000 fueron fusilados después de la guerra; entre 1939 y 1940 había 30.000 mujeres encarceladas; sólo en la cárcel de Ventas, en Madrid, fueron fusiladas 1.000.Otro castigo reservado para las mujeres por la dictadura, no sólo para las que habían tomado parte activa en la lucha, sino también para las mujeres de los milicianos, para sus hijas, madres etc., fue que eran encarceladas, rapadas al cero y paseadas por las calles de sus pueblos y ciudades. Al mismo tiempo las mujeres retrocedieron más de medio siglo en sus condiciones de vida y en sus derechos, se prohibieron todas sus conquistas: el derecho al aborto, el divorcio, los matrimonios civiles; y además se las prohibió prácticamente el derecho a trabajar por medio del Fuero del Trabajo, quedando de nuevo confinada a las cuatro paredes del hogar

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